El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social que se reunirá con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero.

En su mensaje, Trump expresó que espera que el encuentro tenga resultados positivos para ambos países, aunque reiteró que uno de los temas centrales será la necesidad de frenar el ingreso de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. El anuncio se produce tras una reciente llamada entre ambos mandatarios y marca un paso hacia la reactivación del diálogo bilateral de alto nivel.

En paralelo, Trump también se refirió públicamente a una reunión con ejecutivos de grandes empresas petroleras en la Casa Blanca, señalando que el encuentro estaría concentrado “casi exclusivamente” en petróleo venezolano y en la relación de largo plazo con Venezuela, incluyendo consideraciones de seguridad y el objetivo de reducir precios del petróleo para los consumidores estadounidenses. En esa misma comunicación, agregó que un componente “quizás de los más importantes” sería la detención del ingreso de “drogas y criminales” a Estados Unidos, conectando el debate energético con preocupaciones de seguridad y control de flujos ilícitos.

Más tarde, en el intercambio con periodistas durante ese contexto, Trump amplió su lectura sobre Colombia a partir de una pregunta directa sobre el significado del próximo encuentro con Petro. Al confirmarse el país, respondió que había tenido “una muy buena conversación” con el presidente colombiano el día anterior y afirmó que, pese a antecedentes de tensión retórica, Petro habría solicitado el encuentro mediante intermediarios y que para él era aceptable avanzar en una reunión.

En su respuesta, Trump sostuvo que Petro había sido “hostil” en el pasado hacia Estados Unidos, hacia “la nación” y hacia él, y afirmó que lo había llamado “dictador”, además de señalar que Petro habría dirigido comentarios fuertes contra el presidente Biden. Aun así, Trump remarcó que la llamada reciente tuvo un tono positivo, señaló que ha “hecho las paces” con otras personas antes y concluyó que, por tanto, “van a tener una reunión”, reiterando que sería “en un futuro muy cercano”.

Trump también dedicó un segmento a resaltar su valoración del pueblo colombiano, al que describió como “personas increíbles”, y mencionó a Marco Rubio —presente en la sala— aludiendo a su vínculo familiar con una mujer colombiana. En un tono informal, añadió una broma para diferenciar “Colombia” de “Columbia University”, y cerró reafirmando su disposición a reunirse pronto.

De concretarse el encuentro en la ventana anunciada, la reunión podría convertirse en un espacio para ordenar prioridades y gestionar diferencias con un enfoque más operativo: cooperación contra economías ilícitas, seguridad y justicia, coordinación migratoria, y clima para comercio e inversión, entre otros asuntos. En términos diplomáticos, la señal principal por ahora es la intención pública de retomar el diálogo directo, con un énfasis explícito de Washington en resultados sobre control de drogas y crimen transnacional.

PETROLERAS CONDICIONAN INVERSIONES EN VENEZUELA A REFORMAS LEGALES, SEGURIDAD Y RESPALDO FINANCIERO

La reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con ejecutivos de algunas de las mayores compañías petroleras en la Casa Blanca evidenció el interés de Washington por impulsar una recuperación acelerada de la industria venezolana, en un contexto de alta complejidad política y operativa. El encuentro se enfocó en explorar el potencial de inversión y en el papel que empresas estadounidenses podrían desempeñar en la rehabilitación de infraestructura y el aumento de producción.

Durante la parte pública de la reunión, Trump insistió en que el esfuerzo requeriría inversiones del orden de US$100.000 millones para reconstruir una infraestructura energética descrita como deteriorada, y planteó que su administración tomará decisiones sobre qué compañías participarán en el proceso. En su planteamiento, vinculó la estrategia con beneficios económicos —incluida una expectativa de precios energéticos más bajos— y con un esquema en el que la inversión privada tendría un rol determinante, aunque sin detallar aún los mecanismos definitivos de reparto de ingresos, garantías o reglas de operación.

Aun con el impulso político, el tono del sector privado fue marcadamente prudente. En público, los ejecutivos reconocieron la oportunidad que representan las reservas venezolanas, pero evitaron comprometer capital y cronogramas de gran escala, subrayando que el avance depende de condiciones verificables de seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y seguridad física para personal y activos.

En el caso de ExxonMobil, su CEO Darren Woods señaló que la empresa está dispuesta a evaluar un eventual retorno, pero calificó a Venezuela como “actualmente no invertible” en ausencia de cambios sustanciales. Planteó como prioridad la posibilidad de enviar un equipo técnico para evaluar el estado real de la industria y de los activos, condicionado a garantías de seguridad, y enfatizó la necesidad de protecciones duraderas a la inversión y de una reforma de la ley de hidrocarburos. Woods también recordó que Exxon ha sufrido dos expropiaciones en el país, por lo que —según su postura— un reingreso requeriría modificaciones de fondo frente a experiencias previas.

Chevron, representada por su vicepresidente ejecutivo/vice chairman Mark Nelson, se mostró como la compañía con mayor capacidad de acción inmediata dada su presencia histórica y su operación en empresas mixtas con PDVSA. Nelson afirmó que Chevron podría incrementar los “liftings” en 100% de manera inmediata y que, dentro de sus criterios de inversión disciplinada, tendría margen para aumentar la producción cerca de 50% en un horizonte de 18 a 24 meses, siempre que el entorno habilite esa expansión.

Por su parte, ConocoPhillips mantuvo una posición más conservadora. Su CEO, Ryan Lance, planteó que cualquier discusión seria sobre retorno pasa por una reestructuración de PDVSA y por la participación activa del sistema financiero, dado que la rehabilitación de la infraestructura requeriría financiamiento por miles de millones de dólares. En ese marco, mencionó la necesidad de involucrar bancos e instituciones como el Export–Import Bank (Exim Bank). En paralelo, el componente de reclamaciones y arbitrajes sigue pesando: Reuters reporta que Venezuela adeuda más de US$13.000 millones en conjunto a Conoco y Exxon por expropiaciones, y que Conoco busca recuperar parte de esos recursos mediante procesos sobre activos vinculados a Citgo.

En conjunto, el mensaje que deja la reunión es doble. Por un lado, existe interés empresarial en evaluar oportunidades si se abre un marco de operación viable; por otro, las petroleras marcan límites claros: no habrá inversiones masivas sin reglas estables, garantías de protección a la inversión, seguridad operativa y un soporte financiero creíble que permita movilizar capital de largo plazo en un entorno todavía percibido como de riesgo elevado.

ESTADOS UNIDOS DECOMISA NUEVO BUQUE PETROLERO EN EL CARIBE COMO PARTE DE LA OPERACIÓN SOUTHERN SPEAR

Las fuerzas interagenciales de Estados Unidos realizaron un nuevo decomiso de un buque petrolero vinculado a Venezuela, como parte de la intensificación de las operaciones de control marítimo en el hemisferio occidental.

En una acción ejecutada antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, abordaron y aprehendieron sin incidentes el buque Motor/Tanker Olina en el mar Caribe, tras desplegarse desde el portaaviones USS Gerald R. Ford.

De acuerdo con el Comando Sur, la operación contó con el respaldo del Grupo Anfibio de Despliegue de la Armada de Estados Unidos, incluyendo las plataformas USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale. Las autoridades estadounidenses señalaron que este tipo de acciones buscan enviar un mensaje claro de que no existe refugio seguro para actividades ilícitas, en el marco de la Operación Southern Spear, cuyo objetivo es poner fin al tráfico ilegal y restaurar la seguridad en el hemisferio occidental.

Posteriormente, el presidente Donald Trump confirmó el decomiso a través de sus redes sociales, indicando que la incautación se realizó en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela. Según el mandatario, el buque había salido de territorio venezolano sin autorización estadounidense y fue obligado a regresar al país, donde el petróleo transportado será comercializado a través del acuerdo energético impulsado por su administración. Trump destacó que este mecanismo permitirá canalizar las ventas de crudo bajo los nuevos esquemas de control establecidos por Estados Unidos.

EE. UU. ENVIA MISION TECNICA A CARACAS PARA EVALUAR REAPERTURA GRADUAL DE SU EMBAJADA

El Gobierno de Estados Unidos envió a Caracas un equipo reducido de diplomáticos, acompañado por personal de seguridad diplomática, con el fin de realizar una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la Embajada estadounidense. De acuerdo con la información difundida, la delegación llegó el viernes y su propósito es levantar un diagnóstico inicial que permita valorar una eventual reanudación por fases de operaciones, sin que esto implique una decisión definitiva sobre si —o cuándo— se reabrirá plenamente la sede. 

La misión fue descrita como un ejercicio técnico y logístico orientado a determinar condiciones mínimas de funcionamiento: seguridad del complejo, requerimientos de infraestructura, medidas de protección para el personal, y necesidades operativas para restablecer servicios de forma gradual. En ese marco, las autoridades estadounidenses han insistido en que el envío del equipo no equivale a un anuncio de reapertura, sino a una etapa de verificación previa para sustentar una recomendación institucional. 

Según el reporte disponible, el equipo estaría encabezado por John McNamara, identificado como el encargado de negocios (ad interim) vinculado a la Venezuela Affairs Unit (VAU), la estructura desde la cual el Departamento de Estado ha gestionado los asuntos venezolanos tras el cierre de su embajada en 2019. Esta unidad opera desde la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, y ha servido como plataforma para la interlocución diplomática y la coordinación de asuntos consulares y de política exterior relacionados con Venezuela. 

El contexto en el que ocurre la visita apunta a un movimiento exploratorio más amplio: tanto Washington como Caracas han señalado que estudian vías para restablecer misiones diplomáticas y normalizar canales formales, después de varios años de relaciones degradadas y con la embajada cerrada. Del lado venezolano, el gobierno comunicó la intención de iniciar un proceso exploratorio y de enviar una delegación a Estados Unidos para evaluaciones, mientras que el Departamento de Estado habló de una “posible reanudación por fases” de operaciones. 

En términos prácticos, una “reapertura por fases” suele implicar pasos incrementales: primero, un reconocimiento técnico de riesgos y capacidades; luego, un retorno limitado de personal esencial; y, de manera progresiva, la recuperación de funciones diplomáticas y administrativas, sujeto a condiciones de seguridad, garantías operativas y coordinación con autoridades locales. Por ahora, el mensaje central es de cautela: hay una evaluación en curso, pero no existe una fecha definida ni un anuncio formal de reapertura plena.

“IMMUNIDAD ABSOLUTA” BAJO ESCRUTINIO: EL CASO MINNEAPOLIS, EL PULSO FEDERACION – ESTADO Y EL DEBATE SOBRE LIMITES DEL PODER EN EE. UU.

La muerte de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, ocurrida durante un operativo de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Minneapolis, abrió un debate nacional que combina uso de la fuerza, transparencia investigativa y tensiones entre autoridades federales y estatales. El episodio escaló políticamente cuando el vicepresidente JD Vance defendió al agente involucrado y sostuvo que estaría protegido por “absolute immunity” (inmunidad absoluta). 

El caso se volvió aún más sensible por la circulación de nuevos videos, incluido material atribuido al teléfono del propio agente, que muestran distintos ángulos del momento previo al disparo. En el registro se aprecia una interacción tensa con órdenes verbales, el vehículo intentando retirarse y, en segundos, el agente abriendo fuego hacia el parabrisas. Para el gobierno federal, los hechos se enmarcan en un escenario de riesgo para el funcionario; para autoridades locales y testigos, el material plantea preguntas sobre proporcionalidad y necesidad del uso letal de la fuerza. 

En paralelo, la controversia se trasladó al terreno institucional: autoridades federales informaron que la investigación quedaría bajo conducción federal y que Minnesota no tendría jurisdicción para participar en el acceso a evidencia clave, según relataron funcionarios estatales y fiscales locales. El bloqueo de participación de instancias estatales —y la reacción pública de líderes locales exigiendo un proceso independiente— alimentó el argumento de que se está ante un pulso de competencias entre niveles de gobierno.

Desde el punto de vista jurídico, la expresión “inmunidad absoluta” es particularmente delicada porque no es la fórmula estándar que suele aplicarse a agentes federales en incidentes de uso de fuerza. Lo que típicamente entra en juego es una doctrina asociada a la Cláusula de Supremacía (Supremacy Clause), que puede proteger a funcionarios federales frente a procesos estatales solo si actuaron dentro de atribuciones legales federales y de manera “necesaria y apropiada”; esa protección no opera como un blindaje automático cuando hay alegaciones creíbles de fuerza excesiva bajo estándares constitucionales (por ejemplo, el marco de la Cuarta Enmienda). 

El uso político del término también se interpreta a la luz de un contexto más amplio: la Corte Suprema, en Trump v. United States (1 de julio de 2024), adoptó un lenguaje de “inmunidad absoluta” para ciertos actos dentro del “núcleo” de poderes constitucionales presidenciales y “presuntiva” para otros actos oficiales. Aunque esa decisión trata específicamente de la figura presidencial y no de agentes federales, su vocabulario ha permeado el debate público sobre el alcance del poder ejecutivo y la rendición de cuentas dentro del gobierno.

En el trasfondo, diversos análisis señalan que la administración ha incrementado la intensidad y visibilidad de la aplicación federal de la ley migratoria, con especial fricción en jurisdicciones gobernadas por demócratas y en entornos donde existen redes comunitarias de observación. Esto ha venido acompañado de un ecosistema informativo en el que videos, narrativas oficiales y contra-narrativas locales compiten por fijar la interpretación de los hechos, mientras crecen protestas y episodios de tensión entre manifestantes y autoridades. 

Las implicaciones del caso Minneapolis son múltiples. En lo inmediato, se pone a prueba la credibilidad de los mecanismos de investigación cuando existe percepción de cierre de filas antes de una revisión completa de evidencia. En lo institucional, se tensiona el principio de cooperación entre agencias federales y estatales en incidentes que ocurren en territorio local, y se abre la puerta a litigios sobre acceso a pruebas, estándares de uso de fuerza y eventuales responsabilidades. En lo político, el episodio puede acelerar debates legislativos sobre supervisión, protocolos operativos y límites al lenguaje de “inmunidad” aplicado a fuerzas de cumplimiento de la ley. 

Esta discusión sobre límites y contrapesos se observa, además, en otra controversia paralela: el Senado de EE. UU. votó para avanzar una resolución que buscaría impedir nuevas acciones militares en Venezuela sin autorización del Congreso (52-47), un gesto poco frecuente de resistencia bipartidista frente a decisiones del Ejecutivo en materia de fuerza. La convergencia temporal de ambos debates —inmunidad/autoridad en el plano interno y poderes de guerra en el externo— refuerza la pregunta de fondo: hasta dónde puede extenderse la discrecionalidad del poder federal y qué controles se activan cuando estados, tribunales o el Congreso intentan ejercer supervisión.

EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN EE. UU. SE DESACELERA EN DICIEMBRE, PERO EL MERCADO LABORAL MUESTRA RESILIENCIA

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró más de lo previsto en diciembre, con la creación de apenas 50.000 nuevos puestos de trabajo, por debajo de las expectativas del mercado.

Las pérdidas se concentraron en sectores como construcción, comercio minorista y manufactura, reflejando una pérdida de dinamismo en la contratación. No obstante, la tasa de desempleo descendió a 4,4%, lo que sugiere que el mercado laboral no se está deteriorando de manera acelerada.

Durante 2025, la economía estadounidense generó solo 584.000 empleos, un promedio mensual de 49.000 puestos, muy por debajo de los niveles de 2024.

Analistas atribuyen la debilidad del empleo a factores estructurales como las políticas comerciales y migratorias de la administración Trump, la cautela empresarial ante un entorno incierto y el impacto de la inversión en inteligencia artificial, que ha impulsado la productividad sin traducirse en mayor contratación.

A pesar de la moderación en el empleo, los salarios mostraron un crecimiento sólido, con un aumento anual del 3,8%, lo que indica que persisten tensiones de oferta de mano de obra en algunos sectores. Este comportamiento refuerza la expectativa de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas de interés en su reunión de finales de enero, tras el recorte aplicado en diciembre.

Los economistas coinciden en que el mercado laboral se encuentra en una dinámica de “baja contratación y pocos despidos”, lo que podría prolongarse durante el primer trimestre de 2026. Aunque la caída del desempleo responde en parte a una menor participación laboral, el aumento en la duración del desempleo y la revisión a la baja de las cifras históricas de empleo sugieren una fragilidad subyacente que seguirá siendo monitoreada de cerca por las autoridades monetarias y los mercados.