El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba dejará de recibir  petróleo y recursos financieros provenientes de Venezuela, al afirmar que ese apoyo fue durante años la base de la supervivencia del gobierno cubano a cambio de servicios de seguridad para los dos últimos gobiernos venezolanos.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump sostuvo que ese esquema “ya no existe” tras la reciente operación militar estadounidense en Venezuela y señaló que muchos de los asesores cubanos habrían muerto durante el ataque de la semana pasada.

Trump afirmó que Venezuela “ya no necesita protección” de lo que describió como “matones y extorsionistas” y aseguró que, en adelante, la seguridad del país estará respaldada por Estados Unidos.

El mandatario advirtió que no habrá más transferencias de petróleo ni de dinero hacia Cuba y lanzó un llamado directo a La Habana para que “haga un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, en una nueva escalada retórica que refuerza la presión de Washington sobre el gobierno cubano y redefine el equilibrio regional tras los recientes acontecimientos en Venezuela.

SECRETARIO DE ENERGÍA DE EE. UU. DETALLA LA ESTRATEGIA PETROLERA EN VENEZUELA

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, defendió la política del gobierno del presidente Donald Trump hacia Venezuela, afirmando que el control de la comercialización del petróleo es el principal instrumento para estabilizar al país y reducir amenazas a la seguridad de Estados Unidos y del hemisferio occidental.

En entrevista con Face the Nation de CBS, Wright explicó que, aunque el presidente ha hablado de “proteger” a Venezuela, esto no implica por ahora garantías militares directas para las empresas estadounidenses, sino un cambio estructural en el manejo de los flujos de crudo y de recursos financieros.

Según Wright, Venezuela se había convertido en un foco de inestabilidad regional por su relación con Cuba, Rusia, Irán y la presencia de grupos como Hezbollah, además de ser un canal para migración irregular, drogas y criminalidad hacia EE. UU.

Wright señaló que actualmente Washington controla la venta del crudo venezolano mediante un esquema de “cuarentena” que obliga a que las exportaciones pasen por comercializadores estadounidenses.

Los ingresos, explicó, son recaudados y posteriormente canalizados de regreso a Venezuela con el objetivo declarado de financiar funciones básicas del Estado, servicios de seguridad y beneficios para la población.

Aclaró que el gobierno estadounidense no está operando PDVSA como una empresa estatal propia, sino administrando temporalmente la venta del petróleo, mientras se define el futuro del sector energético venezolano en el marco de un proceso de estabilización y transición política.

Sobre la reunión de esta semana en la Casa Blanca entre el presidente Trump y ejecutivos de las principales compañías petroleras, Wright indicó que el encuentro buscó explorar cómo las empresas estadounidenses podrían participar en la recuperación de una industria petrolera que describió como “corrupta y en profundo deterioro tras 25 años de mala gestión”.

Reconoció que, incluso para compañías con presencia histórica como Chevron, aumentar la producción tomará tiempo: estimaciones internas apuntan a que un incremento del 50% podría requerir entre 18 y 24 meses.

Otras empresas, como ExxonMobil, han manifestado que Venezuela sigue siendo “no invertible” sin cambios legales y garantías sólidas.

El secretario también abordó el tema de Citgo, señalando que el proceso de subasta de la refinería responde a mecanismos legales para resarcir a acreedores del Estado venezolano y que su eventual transferencia a manos estadounidenses permitiría aumentar la capacidad de refinación y contribuir a la reducción de precios de los combustibles en EE. UU. Rechazó de manera tajante acusaciones de favoritismo o corrupción y aseguró que los procesos se realizan mediante subastas abiertas y con supervisión institucional.

Wright confirmó que la participación de Estados Unidos en Venezuela no tiene un plazo corto definido. En línea con lo planteado por el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que el plan sigue tres etapas: estabilización, rehabilitación y transición.

La restauración plena de la soberanía venezolana, dijo, dependerá de la conformación de un gobierno representativo y legítimo. “No es un proceso de semanas”, afirmó, “sino de meses o incluso años”, subrayando que la administración Trump considera esta intervención como un punto de inflexión para transformar la dinámica política y económica de Venezuela y del hemisferio.

PRESIDENTE TRUMP EVALÚA OPCIONES MILITARES Y NO MILITARES ANTE LA ESCALADA DE PROTESTAS EN IRÁN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando una serie de opciones de respuesta frente a la creciente ola de protestas en Irán, que ya ha dejado cientos de muertos y miles de detenidos, según informaron funcionarios estadounidenses a CNN.

De acuerdo con las fuentes, el mandatario ha sido informado en los últimos días sobre posibles escenarios de intervención, luego de advertir públicamente que Estados Unidos podría actuar si el régimen iraní recurre al uso letal de la fuerza contra la población civil.

Entre las alternativas presentadas al Presidente figuran acciones militares limitadas, enfocadas principalmente en instalaciones y servicios de seguridad del régimen iraní utilizados para reprimir las manifestaciones.

No obstante, dentro de la propia administración existen reservas sobre este tipo de medidas, ante el riesgo de que los ataques terminen fortaleciendo al gobierno iraní al generar un efecto de cohesión nacional, o provoquen represalias militares directas de Teherán contra intereses estadounidenses y aliados en la región.

Además de las opciones militares, la Casa Blanca analiza medidas que no implican el uso directo de la fuerza, como operaciones cibernéticas contra objetivos militares o del régimen, nuevas sanciones dirigidas a altos funcionarios y sectores clave de la economía iraní —especialmente energía y banca—, y el suministro de tecnología para mejorar el acceso a internet, como sistemas satelitales tipo Starlink, con el fin de ayudar a los manifestantes a sortear bloqueos informativos. Estas estrategias buscan presionar al régimen y apoyar a los protestantes sin desplegar tropas en el terreno, algo que funcionarios descartan por ahora.

Las discusiones continuarán en los próximos días, con reuniones formales del equipo de seguridad nacional previstas para esta semana. En paralelo, Teherán ha advertido que considerará como objetivos legítimos a bases militares y activos comerciales estadounidenses si Washington interviene militarmente.

Mientras tanto, según organizaciones de derechos humanos citadas por CNN, al menos 490 manifestantes habrían muerto y más de 10.000 personas habrían sido arrestadas en las últimas dos semanas, cifras que reflejan la magnitud de la crisis y aumentan la presión internacional sobre el régimen iraní.

ESTADOS UNIDOS ENVIARÁ CIENTOS DE AGENTES ADICIONALES A MINNESOTA TRAS PROTESTAS

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció el envío de “cientos” de agentes federales adicionales a Minnesota, un día después de que decenas de miles de personas marcharan en Minneapolis para protestar por la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años que falleció tras recibir disparos de un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Así lo confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien señaló que los nuevos efectivos serán desplegados con el objetivo de reforzar la seguridad de los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza ya presentes en el estado.

Actualmente, cerca de 2.000 oficiales federales han sido enviados al área metropolitana de Minneapolis–St. Paul, en lo que el propio DHS ha calificado como su mayor operación de este tipo hasta la fecha.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión social, marcado por la realización de manifestaciones en todo el país durante el fin de semana en rechazo a la política de deportaciones del gobierno federal y al tiroteo ocurrido el miércoles.

ESTADOS UNIDOS PEDIRÁ AL G7 REDUCIR DEPENDENCIA DE MINERALES CRÍTICOS DE CHINA

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instará este lunes a las naciones del Grupo de los Siete (G7) y a otros países aliados a acelerar sus esfuerzos para reducir la dependencia de China en el suministro de minerales críticos, durante una reunión de alto nivel que encabezará en Washington, según informó un alto funcionario estadounidense.

El encuentro reunirá a ministros de Finanzas o miembros de gabinete del G7, así como representantes de la Unión Europea, Australia, India, Corea del Sur y México.

En conjunto, este grupo concentra cerca del 60% de la demanda global de minerales críticos, insumos clave para sectores como defensa, semiconductores, energías renovables, baterías y tecnologías avanzadas.

De acuerdo con el funcionario, el mensaje central de la reunión será la “urgencia”. Bessent ha expresado frustración por la lentitud con la que los países avanzados han actuado desde que, en la cumbre del G7 en Canadá en junio, se acordó un plan para asegurar las cadenas de suministro.

Actualmente, China domina gran parte del procesamiento global de minerales estratégicos (entre el 47% y el 87% en el caso de cobre, litio, cobalto, grafito y tierras raras) y ha amenazado con imponer controles más estrictos a sus exportaciones.

Estados Unidos busca liderar una respuesta coordinada, compartiendo su estrategia para fortalecer la producción doméstica y diversificar proveedores mediante acuerdos con países como Australia y Ucrania.

JUEZA FEDERAL ANUNCIARÁ ESTE LUNES DECISIÓN SOBRE ESTATUS LEGAL DE MILES DE MIGRANTES EN EE. UU.

Una jueza federal de Estados Unidos anticipó que este lunes emitirá una orden judicial temporal para bloquear la decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al estatus legal de entre 10.000 y 12.000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, que ingresaron al país a través de programas de reunificación familiar.

La jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Boston, señaló durante una audiencia que otorgará una orden de restricción temporal solicitada por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que impugnan la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cancelar estos programas creados o ampliados durante la administración Biden. La magistrada cuestionó duramente al DHS por no demostrar que hubiera entregado a los beneficiarios el aviso legalmente requerido antes de retirarles su estatus, subrayando que “Estados Unidos también debe cumplir la ley”.

Los migrantes afectados forman parte de un grupo de aproximadamente 15.000 personas que ingresaron legalmente bajo estos esquemas y que, de no mediar una decisión judicial, habrían quedado obligados a abandonar el país o enfrentar procesos de deportación a partir de esta semana. El gobierno argumenta que los programas fueron “abusados” y que su eliminación responde a una política de “America First”, mientras que los demandantes advierten sobre el impacto humanitario de la medida, señalando que cerca del 30% de los afectados son niños, muchos de ellos actualmente escolarizados en Estados Unidos.