Estados Unidos confirmó una operación conjunta con Colombia que permitió atacar un narcosubmarino cargado con 10 toneladas de cocaína, como parte de los esfuerzos bilaterales contra el narcotráfico. La acción fue confirmada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL), que destacó el rol de las fuerzas de seguridad colombianas en la ejecución del operativo.

De acuerdo con la información oficial, “las fuerzas de seguridad colombianas ejecutaron una operación conjunta” que permitió la destrucción de 10 toneladas de cocaína, con un valor estimado de US$441 millones, así como la captura de cuatro narcotraficantes. El golpe se dirigió contra una de las principales modalidades utilizadas por organizaciones criminales para transportar grandes cargamentos de droga por vía marítima.

La INL subrayó que este tipo de operaciones buscan debilitar las capacidades logísticas y financieras de las redes de narcotráfico, especialmente aquellas que recurren a sumergibles para evadir los controles de las autoridades nacionales e internacionales. El organismo resaltó que la cooperación con Colombia ha sido clave para lograr resultados concretos en la interdicción marítima.

El operativo se enmarca en el contexto posterior a la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, tras la cual comienzan a evidenciarse acciones de coordinación operativa entre ambos países. La operación refuerza el mensaje de continuidad y fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad y lucha contra el narcotráfico.

ESTADOS UNIDOS Y BANGLADESH ALCANZAN ACUERDO DE COMERCIO RECÍPROCO PARA AMPLIAR ACCESO A MERCADOS

Estados Unidos y la Bangladesh anunciaron un Acuerdo sobre Comercio Recíproco destinado a fortalecer su relación económica bilateral y otorgar un acceso sin precedentes a los mercados de ambos países. El entendimiento se apoya en la relación comercial de largo plazo entre las partes, incluida la firma del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión ‘Trade and Investment Cooperation Forum Agreement’ (TICFA) en 2013, y marca un nuevo paso en la estrategia comercial de la administración estadounidense.

Como parte del acuerdo, Bangladesh se comprometió a conceder acceso preferencial significativo a bienes industriales y agrícolas de Estados Unidos, incluyendo químicos, dispositivos médicos, maquinaria, vehículos y autopartes, equipos de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), productos energéticos, soya, lácteos, carne de res, aves, frutos secos y frutas. El objetivo es ampliar la presencia de productos estadounidenses en el mercado bangladesí y reducir barreras históricas a la importación.

Por su parte, Estados Unidos acordó reducir el arancel recíproco aplicado a bienes originarios de Bangladesh al 19. Además, Washington identificará productos específicos para recibir un arancel recíproco de 0%, en línea con la lista de ajustes arancelarios para “socios alineados” establecida en la Orden Ejecutiva 14346 de septiembre de 2025.

El acuerdo también contempla un mecanismo especial para textiles y confecciones, que permitirá que un volumen determinado de exportaciones bangladesíes de estos productos ingrese a Estados Unidos con arancel 0%. Dicho volumen estará vinculado a la cantidad de exportaciones estadounidenses de insumos textiles —como algodón y fibras sintéticas— hacia Bangladesh, integrando así las cadenas de suministro entre ambos países.

En materia regulatoria, Bangladesh asumió compromisos para reducir barreras no arancelarias, incluyendo el reconocimiento de estándares estadounidenses de seguridad vehicular y emisiones, la aceptación de certificaciones de la FDA para dispositivos médicos y farmacéuticos, y la eliminación de restricciones a bienes remanufacturados. Asimismo, se comprometió a permitir la libre transferencia de datos, apoyar la moratoria sobre aranceles a transmisiones electrónicas en la OMC, modernizar aduanas, fortalecer derechos laborales, elevar estándares ambientales y reforzar la protección de la propiedad intelectual.

Finalmente, ambas partes destacaron acuerdos comerciales recientes y previstos en sectores estratégicos. Bangladesh contempla compras de US$3,5 mil millones en productos agrícolas estadounidenses, adquisiciones de energía por un valor estimado de US$15 mil millones en 15 años, y la compra de aeronaves. Estados Unidos, a su vez, señaló que evaluará el apoyo a financiamiento de inversiones en sectores críticos a través de instituciones como el EXIM Bank y la DFC, con miras a fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y la alineación económica y de seguridad nacional.

Implicaciones para Colombia

El Acuerdo de Comercio Recíproco entre Estados Unidos y Bangladesh introduce un cambio relevante en la competencia arancelaria en el mercado estadounidense que afecta directamente a Colombia, pese a que el país mantiene un arancel recíproco más bajo (10%) frente al 19% general aplicado a Bangladesh. El principal riesgo no proviene del arancel base, sino del acceso de Bangladesh acceda a arancel 0% en productos incluidos en el esquema PTAAP, lo que altera la ventaja relativa colombiana en sectores donde ambos países compiten en bienes industriales y manufacturados.

En el ámbito químico, Colombia enfrenta una presión creciente en capítulos como químicos orgánicos, donde exportó a Estados Unidos US$68 millones en 2025 (enero–noviembre), así como en productos farmacéuticos, con exportaciones por US$6,7 millones en 2025. Si Bangladesh obtiene acceso libre de arancel en subpartidas químicas o farmacéuticas bajo el PTAAP, el diferencial de 10% que hoy favorece a Colombia podría verse neutralizado, especialmente en productos estandarizados donde el precio es un factor decisivo para compradores estadounidenses.

La exposición colombiana es particularmente elevada en manufacturas intermedias. En plásticos y manufacturas de plástico, Colombia exportó US$251 millones en 2025, mientras que en caucho y manufacturas, las ventas alcanzaron US$37 millones en 2025. Estos capítulos son altamente sensibles a cambios arancelarios y a esquemas de acceso preferencial, por lo que un arancel 0% para Bangladesh implica una pérdida directa de competitividad relativa para Colombia.

Un riesgo similar se observa en productos químicos diversos, donde Colombia exportó US$72 millones en 2025. Aunque se trata de productos con mayor grado de especialización, la entrada de Bangladesh con preferencias plenas podría desplazar proveedores colombianos en nichos donde el costo sigue siendo determinante y los contratos se adjudican con base en precio final.

También se identifican implicaciones en manufacturas de menor valor agregado. En madera y artículos de madera, Colombia exportó US$9 millones en 2025, mientras que en manufacturas de paja, esparto y cestería, las exportaciones alcanzaron US$379 mil en 2025. En estos capítulos, la combinación de preferencias arancelarias para Bangladesh y su mayor posicionamiento y participación en el mercado estadounidense en paja, esparto y cestería podría erosionar la posición relativa de Colombia, especialmente si esos productos acceden a arancel 0% bajo el esquema PTAAP.

Finalmente, aunque en sedas Colombia no registró exportaciones relevantes a Estados Unidos en el período observado, la inclusión de este capítulo dentro de los sectores potencialmente favorecidos para Bangladesh refuerza la asimetría estructural del acuerdo. Así, el nuevo esquema EE. UU.–Bangladesh no elimina la ventaja arancelaria colombiana de forma generalizada, pero sí la relativiza, en la medida en que Colombia, pese a exportar más en la mayoría de los sectores analizados, podría perder participación de mercado frente a Bangladesh accediendo al arancel 0% bajo el PTAAP, generando un desplazamiento efectivo de proveedores en el mercado estadounidense.

FUERZAS DE EE. UU. INCAUTAN SÉPTIMO PETROLERO SANCIONADO VINCULADO A VENEZUELA

Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron y tomaron control del séptimo petrolero sancionado vinculado a Venezuela como parte de los esfuerzos de la administración de Donald Trump por controlar la producción y exportación de crudo del país sudamericano. El operativo se realizó este lunes y, según las autoridades, se desarrolló “sin incidentes”.

El Comando Sur de los Estados Unidos ‘U.S. Southern Command’ informó que el buque, identificado como Motor Vessel Sagitta, operaba en desafío a la “cuarentena establecida” por Trump para embarcaciones sancionadas en el Caribe. El comando no precisó si la Guardia Costera participó directamente en la toma de control, como ha ocurrido en incautaciones previas, y ni el Pentágono ni el Comando Sur ofrecieron más detalles.

El Sagitta navega bajo bandera de Liberia y su registro indica que es propiedad y está administrado por una empresa con sede en Hong Kong. El buque dejó de transmitir su ubicación hace más de dos meses, cuando salió del mar Báltico, en el norte de Europa. De acuerdo con el Comando Sur, la embarcación había cargado petróleo proveniente de Venezuela.

El petrolero había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en virtud de una orden ejecutiva relacionada con la invasión rusa a Ucrania en 2022. En un comunicado, el Comando Sur afirmó que la captura “demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que esté coordinado de manera adecuada y legal”.

Estas incautaciones se enmarcan en la estrategia de Washington tras la salida de Nicolas Maduro de Venezuela el 3 de enero, cuando la administración Trump se propuso controlar la producción, refinación y distribución global del petróleo venezolano. Funcionarios estadounidenses han señalado que la toma de buques busca generar recursos para reconstruir la industria petrolera y reactivar la economía del país.

CAPTURAN A ALIAS “EL CANTANTE”; AVANZA PROCESO DE EXTRADICIÓN A ESTADOS UNIDOS POR TRÁFICO DE COCAÍNA

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Administración para el Control de Drogas (DEA), fue capturado en Medellín Uriel García Murillo, conocido como alias “el Cantante”, señalado de liderar envíos de droga a gran escala hacia Estados Unidos. La detención se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por una corte distrital del estado de Texas.

De acuerdo con las autoridades, García Murillo es requerido por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. La investigación indica que su rol dentro de la estructura criminal era clave para la coordinación logística y financiera de operaciones de narcotráfico transnacional, con una capacidad operativa sostenida en el tiempo.

Las investigaciones señalan que la organización despachaba mensualmente cerca de dos toneladas de clorhidrato de cocaína. Para ello, utilizaba lanchas rápidas tipo Go-Fast que zarpaban desde puntos estratégicos del Urabá antioqueño y chocoano, una modalidad que facilitaba el traslado de grandes cargamentos hacia Centroamérica y Estados Unidos, aprovechando la velocidad y frecuencia de los envíos para evadir controles marítimos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, resaltó el resultado como un golpe derivado de la cooperación bilateral y afirmó que “no hay refugio para el narcotráfico”. A su vez, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, recordó que el hermano del capturado, alias “el Bendecido”, fue detenido en 2025 en Córdoba por cargos similares, lo que refuerza la hipótesis de clanes familiares al frente de estas estructuras.

La ubicación del detenido fue posible gracias a labores de inteligencia que incluyeron el análisis de rutas marítimas y el monitoreo de comunicaciones. Tras su captura, García Murillo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta los trámites para formalizar su extradición a Estados Unidos, donde deberá responder por narcotráfico internacional.

ESTADOS UNIDOS Y ARMENIA FIRMAN ACUERDO HISTÓRICO DE COOPERACIÓN NUCLEAR

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance y el primer ministro de armenia, Nikol Pashinián, firmaron en Ereván un acuerdo de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear, en una jornada calificada como histórica por ambas delegaciones. El pacto busca fortalecer la alianza energética bilateral, diversificar la matriz energética armenia y reducir la dependencia del país de proveedores tradicionales mediante tecnologías nucleares seguras e innovadoras.

Durante una conferencia de prensa conjunta, Pashinián agradeció el respaldo constante de Washington en materia de seguridad nuclear y manifestó la voluntad de su gobierno de profundizar la cooperación en sectores estratégicos. El primer ministro subrayó que el acuerdo se inscribe en una visión más amplia orientada a promover la paz y la estabilidad en el Cáucaso Sur, en un contexto de cambios geopolíticos acelerados en la región.

La visita de Vance, el funcionario estadounidense de mayor rango que ha viajado a Armenia, refleja el interés de Washington en consolidar su presencia diplomática, económica y tecnológica en el país. Además del acuerdo nuclear, el vicepresidente anunció la venta de tecnología de drones a Armenia por US$11 millones y confirmó la disposición de Estados Unidos a exportar chips avanzados e invertir en la modernización de infraestructuras críticas.

En el plano regional, Vance también supervisa la implementación del acuerdo de paz preliminar firmado en agosto de 2025 en la Casa Blanca entre Armenia y Azerbaiyán, auspiciado por el presidente Donald Trump. El texto establece compromisos para renunciar a reclamaciones territoriales y abstenerse del uso de la fuerza, aunque el tratado definitivo aún está pendiente de ratificación parlamentaria en ambos países.

El acuerdo contempla la creación de la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP), un corredor vial y ferroviario estratégico que conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván atravesando 32 kilómetros de territorio armenio. Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos para el desarrollo del corredor, presentado como una medida de fomento de confianza tras décadas de conflicto en la región.

El Departamento de Estado sostiene que la TRIPP reforzará la conectividad regional y abrirá nuevas cadenas de suministro que eviten la dependencia de rutas controladas por Rusia e Irán. La visita de Vance coincidió con protestas de refugiados de Nagorno Karabaj y se produce en un momento en que Armenia ha congelado su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) liderada por Moscú, al tiempo que intensifica su acercamiento estratégico a Estados Unidos y la Unión Europea.

PRESIDENTE TRUMP BUSCA LIMITAR LAS VÍAS LEGALES PARA EMPLEADOS FEDERALES DESPEDIDOS

La administración del presidente Donald Trump busca dificultar que los empleados federales despedidos recuperen sus puestos de trabajo, al proponer cambios que limitarían su derecho a apelar las decisiones de despido ante un órgano independiente. El plan, divulgado este lunes, forma parte de una estrategia más amplia para reducir el tamaño del gobierno federal y reformar los mecanismos de protección laboral.

Según la propuesta, la Oficina de Administración del Personal ‘Office of Personnel Management’ (OPM), oficina encargada de los recursos humanos del gobierno federal, eliminaría el derecho de los trabajadores despedidos a disputar su caso ante la Junta de Protección de Sistemas de Mérito ‘Merit Systems Protection Board’ (MSPB). En su lugar, las apelaciones pasarían a ser revisadas directamente por la OPM, cuyo director reporta al presidente, lo que ha generado inquietudes sobre la independencia del proceso.

La MSPB, que tradicionalmente media en disputas entre empleados federales y sus agencias, registró un fuerte aumento de casos tras el inicio del segundo mandato de Trump. De acuerdo con registros oficiales, su carga de trabajo creció 266% entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior, reflejando el impacto de los despidos y reestructuraciones en el sector público.

De implementarse, la iniciativa ampliaría los esfuerzos previos de Trump para achicar el aparato estatal. El mandatario ha convertido los despidos masivos en una pieza central de su segundo mandato y, en paralelo, ha debilitado los canales a través de los cuales los empleados pueden impugnar sus ceses, incluso mediante la remoción de funcionarios en organismos encargados de hacer cumplir las protecciones laborales.

Según el director de la OPM, Scott Kupor, el gobierno federal redujo su planta en 317.000 empleados durante 2025. Kupor afirmó que solo una fracción fue despedida, mientras que la mayoría aceptó retiros voluntarios o abandonó sus cargos por decisión propia, cifras que no pudieron ser verificadas de forma independiente. Desde la OPM, la portavoz McLaurine Pinover aseguró que la oficina actuará de manera “justa e imparcial” y que el objetivo es permitir correcciones oportunas y una reestructuración “responsable y equitativa”.