El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió en Caracas con la presidenta interina y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una visita que distintos medios describen como el contacto de mayor rango de la administración Trump con autoridades venezolanas tras los acontecimientos del 3 de enero de 2026 que derivaron en la detención del entonces presidente Nicolás Maduro, según reportes de prensa. La agenda oficial contempla encuentros con autoridades, ejecutivos del sector y visitas a instalaciones energéticas, con el objetivo declarado de evaluar de primera mano el estado de la industria petrolera y las condiciones para su recuperación. 

La visita ocurre inmediatamente después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitiera nuevas licencias relacionadas con Venezuela. En términos generales, estas autorizaciones habilitan —bajo condiciones— el suministro de bienes, tecnología, software y servicios estadounidenses para actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas, además de ciertas actividades vinculadas con crudo de origen venezolano. 

En paralelo, el gobierno venezolano ha impulsado una reforma de su marco legal petrolero para atraer inversión privada y extranjera. De acuerdo con lo reportado, el cambio busca dar mayor certidumbre y flexibilidad operativa a los inversionistas —incluyendo mecanismos como arbitraje independiente— en un contexto en el que la infraestructura energética se ha deteriorado tras años de subinversión, problemas de gestión y restricciones derivadas de sanciones. 

En la comunicación oficial previa al encuentro, el secretario de prensa del Departamento de Energía, Ben Dietderich, señaló que la visita se enmarca en la intención de Washington de “restaurar la prosperidad, la seguridad y la estabilidad para Venezuela, Estados Unidos y el hemisferio occidental” [“restore prosperity, safety, and security for Venezuela, the United States, and the entire Western Hemisphere”]. Tras la reunión en Miraflores, Wright también declaró a la prensa que el presidente Trump está “profundamente comprometido con transformar Venezuela” [“passionately committed… to transforming Venezuela”] y con llevar “comercio, paz, prosperidad, empleos y oportunidades al pueblo venezolano” [“commerce, peace, prosperity, jobs, opportunity to the people of Venezuela”]. 

En cuanto a la hoja de ruta inmediata, los reportes coinciden en que el viaje —de varios días— incluye reuniones con directivos de empresas con presencia o interés en el país, como Chevron y Repsol, así como una visita a Petropiar, proyecto conjunto en la Faja del Orinoco. En términos de posibles entendimientos, se ha mencionado la intención de avanzar hacia un acuerdo marco de suministro valorado en torno a US$2.000 millones y un plan de reconstrucción del sector estimado en US$100.000 millones; no obstante, la información pública disponible no detalla cronogramas, fuentes de financiación ni compromisos cerrados, por lo que, por ahora, se presenta principalmente como un marco de negociación y coordinación. 

Finalmente, el acercamiento se desarrolla en un entorno político que varios medios describen como aún volátil, con señales mixtas en materia de apertura política (incluidos anuncios de liberaciones) y nuevos episodios de detenciones de figuras opositoras. En Washington, analistas y actores políticos también han advertido que, aun con ajustes regulatorios y licencias, la ejecución práctica de una recuperación acelerada enfrenta desafíos técnicos, legales y de seguridad, en la medida en que la infraestructura requiere inversiones cuantiosas y sostenidas.

CÁMARA DE REPRESENTANTES RECHAZA BLOQUEO A IMPUGNACIONES CONTRA ARANCELES DEL PRESIDENTE TRUMP

La Cámara de Representantes rechazó el intento de los líderes republicanos de impedir que el Congreso pudiera impugnar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, en una votación que terminó 217 contra 214. Tres republicanos se unieron a los demócratas para bloquear la medida, que buscaba suspender hasta el 31 de julio cualquier acción legislativa contra esos gravámenes. Con esta decisión, queda abierta la posibilidad de que los demócratas impulsen votaciones para revertir los aranceles, en particular los aplicados a Canadá.

La propuesta estaba incluida dentro de una regla procesal que permitía debatir otros tres proyectos de ley no relacionados. Sin embargo, el punto central era evitar que se presentaran resoluciones para anular los aranceles. El representante republicano Don Bacon defendió su voto en contra señalando que el Congreso debe poder debatir la política comercial. Afirmó que los aranceles han tenido un “efecto negativo neto” sobre la economía. Además, sostuvo que representan un impuesto significativo que pagan consumidores, fabricantes y agricultores estadounidenses.

El resultado supone un desafío para el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien lidera una mayoría republicana muy estrecha de 217 escaños frente a 214 demócratas. Esto significa que, cuando todos los demócratas votan en bloque, el liderazgo republicano solo puede permitirse perder un voto propio para mantener el control. En esta ocasión perdió tres, lo que fue suficiente para derrotar la medida. La votación evidencia divisiones internas dentro del Partido Republicano respecto al impacto económico de los aranceles. También refleja la dificultad de imponer disciplina partidista en una mayoría tan ajustada.

Los demócratas buscan ahora forzar una votación para poner fin al uso de la declaración de emergencia nacional que Trump empleó para imponer medidas comerciales punitivas a productos canadienses. También han presentado iniciativas para revertir aranceles aplicados a México y otros países. El liderazgo republicano argumentaba que bloquear estos intentos era necesario ante un esperado fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles. No obstante, la falta de consenso dentro de la bancada impidió extender esa restricción. El debate sobre la autoridad ejecutiva en política comercial sigue abierto.

El trasfondo del conflicto es el costo económico de los aranceles. Estudios recientes estiman que el impacto anual para los hogares estadounidenses oscila entre US$1.000 y US$1.400. Estas cifras han alimentado preocupaciones entre legisladores de ambos partidos sobre la carga para familias y empresas que dependen del comercio internacional. La derrota de la medida procesal no elimina los aranceles, pero sí facilita que el Congreso los someta a votación.

AGRICULTORES Y GREMIOS CELEBRAN LOS NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES IMPULSADOS POR EL PRESIDENTE TRUMP

En menos de dos semanas, el presidente Donald Trump anunció una declaración conjunta para un acuerdo comercial con India y firmó acuerdos de comercio recíproco con El Salvador, Guatemala, Argentina y Bangladesh. La Casa Blanca destacó que estos entendimientos fueron alcanzados tras la utilización estratégica de aranceles como herramienta de negociación. Según la administración, los acuerdos eliminan barreras comerciales y amplían el acceso para exportaciones estadounidenses.

Organizaciones agrícolas subrayaron los beneficios inmediatos para productores estadounidenses. El presidente de Asociados de trigo de EE. UU. (U.S. Wheat Associates) calificó el acuerdo con Bangladesh como una victoria para los agricultores de trigo, señalando que refuerza una relación bilateral mutuamente beneficiosa. El Consejo de Granos y BioProductos de EE. UU. (U.S. Grains & BioProducts Council) celebró la ampliación de acceso para el maíz y el etanol en Bangladesh y Guatemala, destacando que se eliminan barreras no arancelarias y se establecen estándares regulatorios basados en ciencia. En el caso de El Salvador, el consejo destacó el aumento significativo en exportaciones de maíz y subproductos. También resaltó el papel de la Oficina del Representante Comercial en facilitar estos avances.

La Asociación Nacional de Productores de Maíz (National Corn Growers Association) enfatizó que el acuerdo con Guatemala garantiza la aprobación automática de productos biotecnológicos estadounidenses y compromete al país centroamericano a adoptar una mezcla E10 de etanol. Se estima que Guatemala importará 50 millones de galones de etanol estadounidense al año, fortaleciendo un mercado que ya adquirió US$275 millones en maíz en 2024. Growth Energy señaló que este volumen equivaldría a 140 millones de bushels de maíz. La Asociación de Combustibles Renovables (Renewable Fuels Association) destacó el liderazgo de la industria del etanol en el mercado global de combustibles renovables. En conjunto, el sector bioenergético celebró la expansión de mercados.

El sector textil también manifestó su respaldo. El Consejo Nacional de Organizaciones Textiles (National Council of Textile Organizations) agradeció a la administración y al representante comercial Jamieson Greer por cerrar acuerdos con El Salvador y Guatemala, países clave en la cadena regional CAFTA-DR. Según el gremio, los acuerdos refuerzan la cadena de suministro textil estadounidense y consolidan la integración productiva en el hemisferio occidental. El Consejo de Exportación de Lácteos de EE. UU. (U.S. Dairy Export Council) subrayó la importancia de asegurar acceso duradero y reglas claras para competir en igualdad de condiciones. El Instituto de la Carne (Meat Institute) y el Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo (National Pork Producers Council) respaldaron especialmente el acuerdo con India, destacando la reducción progresiva de barreras arancelarias y sanitarias.

En el ámbito de bebidas alcohólicas, el Consejo de Bebidas Espirituosas Destiladas de los Estados Unidos (Distilled Spirits Council) expresó expectativa de que el acuerdo con India asegure reducciones arancelarias comparables a las otorgadas recientemente a la Unión Europea y al Reino Unido. El sector tecnológico, representado por la Asociación de la Industria de Computación las Comunicaciones (Computer and Communications Industry Association), celebró las disposiciones concretas sobre comercio digital incluidas en el acuerdo con Bangladesh. Estos elementos amplían el alcance de los pactos más allá del sector agrícola. La administración presentó los acuerdos como evidencia de una estrategia integral de comercio recíproco. El mensaje central fue que los aranceles han servido como palanca para abrir mercados.

Legisladores republicanos también respaldaron los anuncios. El senador Steve Daines calificó el acuerdo con India como un paso clave para fortalecer la relación bilateral. El senador Pete Ricketts destacó las oportunidades para productos agrícolas estadounidenses y valoró el distanciamiento de India respecto al petróleo ruso. Representantes como Lisa McClain, Rudy Yakym, Zach Nunn y Randy Feenstra señalaron beneficios concretos para agricultores de estados como Iowa y Nebraska. Así, la narrativa oficial presenta los acuerdos como victorias comerciales que priorizan a los productores estadounidenses. La administración los describe como avances históricos en su agenda de comercio recíproco.

EMPLEO EN EE.UU. REPUNTA EN ENERO

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró inesperadamente en enero y la tasa de desempleo cayó a 4,3%, ofreciendo señales de estabilidad que podrían dar margen a la Reserva Federal para mantener sin cambios las tasas de interés. El informe del Departamento de Trabajo mostró el mayor aumento de nóminas en 13 meses, sin embargo, revisiones anuales revelaron que en 2025 se crearon solo 181.000 empleos, muy por debajo de los 584.000 estimados inicialmente. Esta cifra contrasta con los 1,5 millones de empleos generados en 2024. El panorama sugiere una desaceleración estructural pese al repunte puntual.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 130.000 puestos en enero, tras una revisión a la baja que dejó el dato de diciembre en 48.000 empleos. El consenso del mercado esperaba 70.000 nuevos puestos, con estimaciones que iban desde una pérdida de 10.000 hasta una ganancia de 135.000. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (Bureau of Labor Statistics) (BLS) señaló que las tormentas invernales no afectaron la encuesta de establecimientos. No obstante, la encuesta de hogares registró una tasa de respuesta inferior al promedio, lo que genera cautela sobre la caída del desempleo. Economistas anticipan que el clima podría afectar negativamente el dato de febrero.

El crecimiento estuvo altamente concentrado en el sector salud y servicios sociales. El empleo en salud aumentó en 82.000 puestos, el mayor incremento desde julio de 2020, muy por encima del promedio mensual de 33.000 en 2025. Servicios sociales sumaron 42.000 empleos adicionales. También hubo aumentos en construcción y servicios profesionales, mientras que otros sectores mostraron debilidad. Esta concentración sectorial plantea dudas sobre la amplitud y sostenibilidad del dinamismo laboral.

En construcción se crearon 33.000 empleos, impulsados por contratistas especializados no residenciales, posiblemente vinculados a centros de datos y proyectos relacionados con inteligencia artificial. Servicios profesionales y empresariales añadieron 34.000 puestos. Sin embargo, manufactura apenas rebotó y ha perdido más de 80.000 empleos desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca. El sector financiero eliminó 22.000 empleos adicionales. Transporte, almacenamiento, información y minería también registraron pérdidas.

El empleo federal cayó en 34.000 puestos adicionales, acumulando una reducción de 327.000 desde su pico en octubre de 2024. Las revisiones de referencia mostraron que en los 12 meses hasta marzo de 2025 se crearon 862.000 empleos menos de lo previamente estimado. Además, la actualización del modelo “birth-death” del BLS podría restar hasta 50.000 empleos mensuales en futuras estimaciones. En promedio, el empleo creció apenas 15.000 puestos mensuales en 2025. Estos ajustes refuerzan la percepción de un mercado laboral más débil de lo que sugieren los datos recientes.

Pese a las revisiones, el presidente Donald Trump celebró el dato de enero y reiteró que Estados Unidos debería pagar tasas de interés mucho más bajas. En una publicación en Truth Social afirmó que el país “debería estar pagando la tasa de interés más bajas, por mucho”. Los mercados ajustaron sus expectativas y aumentó a casi 40% la probabilidad de que la Reserva Federal no recorte tasas en junio. Actualmente, la tasa de referencia se mantiene en el rango de 3,50%-3,75%. Tras el reporte, los rendimientos de los bonos subieron y el dólar se fortaleció.

Aunque la tasa de desempleo bajó y más personas ingresaron a la fuerza laboral, persisten señales mixtas. Economistas señalan que la economía necesita generar cerca de 50.000 empleos mensuales para absorber el crecimiento poblacional. En enero, 387.000 personas se sumaron a la fuerza laboral y fueron más que absorbidas por un aumento de 528.000 en el empleo según la encuesta de hogares. Sin embargo, graduados universitarios jóvenes enfrentan dificultades para encontrar trabajo. La incertidumbre en política comercial e inmigratoria sigue limitando los planes de contratación empresarial.

PRESIDENTE TRUMP RECIBE AL PRIMER MINISTRO NETANYAHU Y RATIFICA SU APUESTA POR NEGOCIAR CON IRÁN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y reiteró que su prioridad es mantener abiertas las negociaciones con Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear. Tras el encuentro, Trump calificó la reunión como “muy positiva” y aseguró que la relación bilateral continúa fortaleciéndose, al tiempo que insistió en que el diálogo con Teherán debe continuar para evaluar si es posible un entendimiento. También advirtió que, si no hay avances, las consecuencias podrían ser graves, dejando claro que Washington mantiene todas las opciones sobre la mesa.

La reunión se celebró sin presencia de prensa y se extendió por casi tres horas, en un contexto regional marcado por alta tensión. Según la oficina de Netanyahu, la agenda incluyó el estado de las conversaciones con Irán, la evolución del conflicto en Gaza y otros asuntos estratégicos en Oriente Próximo, con el compromiso de mantener coordinación estrecha y comunicación permanente ante cualquier escalada.

Durante el diálogo, Trump recordó que, tras el rechazo previo de Irán a un acuerdo nuclear, Estados Unidos ejecutó la denominada Operación Martillo de Medianoche, que incluyó bombardeos sobre tres instalaciones nucleares iraníes. El mandatario expresó su expectativa de que esta vez Teherán actúe con mayor “razonabilidad y responsabilidad”, subrayando que el conflicto de junio dejó cerca de mil muertos en Irán y casi 40 en Israel, cifras que reflejan el costo de una confrontación abierta.

La administración estadounidense mantiene como línea roja que Irán no desarrolle armas nucleares ni fortalezca su capacidad balística, mientras que Israel exige que cualquier nuevo pacto incluya restricciones al programa de misiles y al apoyo iraní a grupos armados como Hamas y Hezbollah. Irán, por su parte, ha rechazado esas condiciones y sostiene que solo aceptará limitaciones nucleares a cambio del levantamiento de sanciones internacionales, lo que mantiene amplias diferencias entre las partes.

El encuentro se produjo poco después de conversaciones indirectas entre Washington y Teherán celebradas en Omán, lideradas por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, sobre las cuales Netanyahu recibió una actualización detallada. En paralelo, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región con el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln, mientras varios países árabes e islámicos han llamado a la moderación para evitar una desestabilización mayor.

Durante la jornada, Netanyahu formalizó su incorporación a la Junta de Paz promovida por Trump para supervisar el alto el fuego en Gaza, en presencia del secretario de Estado, Marco Rubio. Aunque inicialmente expresó reservas sobre la composición del organismo, finalmente aceptó participar en su gestión, mientras Trump destacó el “enorme progreso” alcanzado en Gaza y anunció que convocará la primera reunión del mecanismo la próxima semana con la intención de consolidar la estabilidad regional.

FISCAL BONDI DEBATE CON DEMÓCRATAS EN AUDIENCIA MARCADA POR LA CONTROVERSIA DE LOS ARCHIVOS EPSTEIN

La fiscal general Pam Bondi protagonizó un fuerte enfrentamiento con legisladores demócratas durante una audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en medio de cuestionamientos por el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. Bondi defendió con firmeza al presidente Donald Trump y acusó a los demócratas de utilizar el caso con fines políticos. En varios momentos elevó el tono y respondió con ataques personales. “Ustedes se sientan aquí y atacan al presidente y no voy a permitirlo”, afirmó ante los congresistas. La sesión derivó rápidamente en un enfrentamiento partidista.

Durante su intervención, Bondi aseguró que “cualquier acusación de conducta criminal será tomada en serio e investigada” y dijo estar “profundamente apenada” por lo que han sufrido las víctimas de Epstein. Con sobrevivientes presentes en la sala, defendió la actuación del Departamento de Justicia en la publicación de los archivos. No obstante, se negó a girarse hacia las víctimas para ofrecer una disculpa directa cuando fue presionada por la congresista Pramila Jayapal. Calificó la solicitud como una “puesta en escena”. Su respuesta generó incomodidad entre varios legisladores.

El intercambio se intensificó cuando el congresista Jamie Raskin la acusó de evadir preguntas sustanciales. Bondi respondió llamándolo “abogado fracasado — ni siquiera un abogado”, en uno de los momentos más tensos de la audiencia. Aunque afirmó que no iba a “rebajarse al nivel” de sus críticos, continuó lanzando comentarios despectivos. El ambiente reflejó un alto nivel de polarización política. La audiencia se convirtió en un escenario de confrontación más que de control institucional.

La comparecencia ocurre tras un año de gestión marcado por acusaciones de politización del Departamento de Justicia. Un día antes, fiscales intentaron presentar cargos contra legisladores demócratas por un video relacionado con órdenes militares “ilegales”, pero un gran jurado en Washington se negó a emitir una acusación formal. Bondi rechazó las críticas y sostuvo que busca devolver al Departamento a sus “misiones fundamentales” después de años de “burocracia inflada y uso político”. Afirmó que su prioridad es reducir el crimen violento y restaurar la confianza pública.

Los republicanos respaldaron su gestión. El congresista Jim Jordan afirmó que bajo su liderazgo el Departamento ha regresado a su función central de “hacer cumplir el Estado de derecho”. En contraste, demócratas denunciaron fallas en las redacciones de los archivos Epstein, señalando que se expuso información sensible de víctimas, incluyendo fotografías íntimas. Revisiones independientes encontraron múltiples ejemplos de omisiones y errores en la protección de datos. Raskin acusó a Bondi de encabezar un “encubrimiento masivo” del caso.

Incluso el republicano Thomas Massie criticó la divulgación de información personal de sobrevivientes, señalando que fue “literalmente lo peor que se podía hacer con las víctimas”. Bondi respondió acusándolo de centrarse en el caso solo porque Trump aparece mencionado en los archivos y lo calificó de “hipócrita” con “síndrome anti-Trump”. Funcionarios del Departamento defendieron el proceso alegando que trabajaron bajo presión y con un volumen significativo de documentos. Sostuvieron que los errores fueron consecuencia de la magnitud y rapidez exigida por la legislación que ordenó la publicación.

La controversia se remonta a febrero de 2025, cuando Bondi distribuyó carpetas con documentos del caso a influenciadores conservadores en la Casa Blanca, generando expectativas de nuevas revelaciones que no se concretaron. Posteriormente, el Departamento concluyó que no existía una “lista de clientes” de Epstein y que no había motivos para divulgar más archivos, lo que provocó críticas incluso entre seguidores de Trump. Esta aclaración implicó un retroceso frente a declaraciones previas en las que se sugirió que dicha lista estaba bajo revisión.

FARMACÉUTICAS BUSCAN SUMARSE A ACUERDOS DE PRECIOS DEL PRESIDENTE TRUMP PARA EVITAR NUEVAS RESTRICCIONES

Varias compañías farmacéuticas que no fueron incluidas en los primeros acuerdos de reducción de precios impulsados por la administración de Donald Trump están buscando activamente negociar su propia entrada al esquema. Según fuentes del sector, estas empresas han contactado a la Casa Blanca y a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para explorar alternativas que les permitan evitar eventuales aranceles o nuevos mecanismos de fijación de precios. La incertidumbre regulatoria ha generado presión estratégica dentro de la industria. El objetivo es asegurar condiciones similares a las obtenidas por los grandes laboratorios. Hasta ahora, el gobierno no ha explicado cómo podrán proceder las empresas que no recibieron comunicación oficial.

Un portavoz de la Casa Blanca afirmó que la administración busca negociar acuerdos que “reduzcan significativamente los precios de los medicamentos para los pacientes estadounidenses con cada compañía farmacéutica”. Sin embargo, varias empresas señalan que no han recibido directrices claras sobre cómo acceder al proceso. La falta de lineamientos ha alimentado la preocupación de quedar sujetas a nuevos programas piloto que podrían imponer precios de referencia internacional en Medicare. Dichos programas exigirían reembolsos si los precios en Estados Unidos superan los niveles observados en otros países desarrollados. Este escenario implicaría ajustes sustanciales en ingresos para múltiples actores del sector.

Hasta el momento, 16 de las mayores farmacéuticas, entre ellas Pfizer y Eli Lilly, han firmado acuerdos tras recibir cartas formales de la administración. No obstante, muchas compañías no han sido contactadas. Stefan Oelrich, jefe global de farmacéuticos de Bayer, expresó que sería “muy extraño” que solo las empresas de mayor tamaño reciban trato diferenciado. La expectativa en el mercado es que eventualmente se abra una vía similar para las compañías restantes. Sin embargo, no existe confirmación oficial al respecto.

Ante este panorama, algunas empresas medianas han creado una nueva organización de presión denominada Midsized Biotech Alliance of America. Entre sus integrantes se encuentran Alkermes, BioMarin, Incyte y Alnylam. El objetivo es coordinar una respuesta frente a los esquemas de fijación de precios propuestos por el gobierno. Desde la perspectiva de estas compañías, replicar decenas de acuerdos individuales podría ser complejo. El CEO de Sanofi, Paul Hudson, señaló que podría surgir una “oferta general” del gobierno para gestionar la situación de manera uniforme.

El foco de mayor preocupación es el programa Medicare, mucho más amplio que Medicaid. Aunque los acuerdos actuales afectan principalmente a Medicaid —que representa cerca del 10% del gasto en medicamentos y ya aplica descuentos superiores al 80% en algunos casos—, las empresas sin acuerdos quedarían expuestas a los programas piloto GLOBE y GUARD. Estos introducirían precios estilo “nación más favorecida”, alineando los valores estadounidenses con los más bajos a nivel internacional. Para muchas compañías, esto implicaría recortes más profundos que los contemplados en Medicaid. El impacto potencial en rentabilidad es considerable.

Las empresas medianas enfrentan desafíos adicionales, ya que muchas han licenciado la comercialización internacional de sus productos a terceros que no tienen incentivos para aumentar precios en el extranjero. Esto podría forzar reducciones aún mayores en Estados Unidos bajo el esquema de referencia internacional. Además, disponen de menos portafolio para negociar concesiones selectivas frente al gobierno. Según un cabildero del sector, existe temor de que se les impongan condiciones diseñadas para grandes conglomerados que “funcionan para ellos y no para las medianas”. La dinámica redefine el equilibrio de poder entre Washington y la industria farmacéutica.

VUELOS EN EL PASO SE REANUDAN TRAS CIERRE REPENTINO POR ALERTA DE SISTEMA ANTIDRONES

Los vuelos en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, se reanudaron el miércoles luego de que el gobierno de Estados Unidos levantara una prohibición de tráfico aéreo impuesta abruptamente durante la noche por preocupaciones relacionadas con un sistema militar antidrones. La restricción, ordenada por la Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration) (FAA), paralizó operaciones en el que es el aeropuerto número 71 en tráfico del país. Inicialmente se anunció que el cierre duraría 10 días, pero fue levantado tras aproximadamente siete horas. La decisión dejó pasajeros varados y afectó vuelos de evacuación médica. El episodio fue calificado como una acción sin precedentes recientes.

Funcionarios gubernamentales y del sector aéreo señalaron que la FAA cerró el espacio aéreo por preocupaciones de que un sistema láser antidrones, probado por el Ejército estadounidense en Fort Bliss —adyacente al aeropuerto— pudiera representar riesgos para el tráfico aéreo. La restricción fue retirada después de que el Ejército aceptara realizar pruebas de seguridad adicionales antes de utilizar el sistema. La situación tomó por sorpresa incluso a la Casa Blanca, lo que generó una rápida coordinación entre agencias federales para esclarecer lo ocurrido. La discusión se elevó hasta la oficina de la jefa de gabinete Susie Wiles. Poco después de esa reunión, las restricciones fueron eliminadas.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, sostuvo que el cierre respondió a una incursión de drones vinculada a un cartel mexicano de la droga. Sin embargo, funcionarios señalaron que este tipo de incidentes suelen generar pausas breves y no cierres prolongados del espacio aéreo, especialmente en una región donde las incursiones de drones son frecuentes. El contraste entre la explicación oficial y la práctica habitual alimentó cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la medida. Las aerolíneas se vieron sorprendidas por el anuncio y debieron ajustar sus operaciones de forma inmediata. Southwest, United y American Airlines reportaron aeronaves retenidas en tierra.

El aeropuerto de El Paso maneja alrededor de 4 millones de pasajeros anuales, por lo que la interrupción tuvo impacto operativo considerable. El alcalde Renard Johnson afirmó que la FAA no notificó previamente al aeropuerto ni a las autoridades locales antes de ordenar el cierre del espacio aéreo. “Esto nunca debió haber ocurrido”, declaró en rueda de prensa. La administradora interina de la Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration) (TSA), Ha Nguyen McNeill, indicó ante el Congreso que tampoco fue informada. Legisladores como el representante republicano Tony Gonzales señalaron que las incursiones diarias de drones en la frontera son un desafío constante.

El incidente ocurre en un contexto de mayores tensiones regionales, luego de que la administración de Donald Trump reforzara su postura frente a los carteles mexicanos y ampliara el despliegue militar en el Caribe tras operaciones recientes en Venezuela. Trump ha advertido reiteradamente sobre el uso de fuerza militar contra carteles que emplean drones para vigilancia y ataques. La cancelación temporal de vuelos en El Paso refleja la creciente sensibilidad en materia de seguridad aérea en la frontera sur. Aunque el tráfico fue restablecido rápidamente, el episodio deja interrogantes sobre coordinación entre las agencias y protocolos de respuesta ante amenazas con drones.