El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que “no hay duda” de que Chevron puede aumentar su producción en Venezuela hasta 300.000 barriles diarios.

Wright afirmó: “Se trata de lograr que los dos acuerdos, político y económico, sean lo más fluidos entre nuestros países, pero no cabe duda de que Chevron pueda aumentar la producción de esta instalación, esta zona, a los 300.000 barriles por día, no hay ninguna duda al respecto”.

La declaración se produjo tras su visita a campos operados por la compañía en la Faja Petrolífera del Orinoco. Según Wright, el objetivo es que los acuerdos político y económico entre ambos países sean “lo más fluidos” posible. Sus declaraciones fueron difundidas por medios estatales venezolanos.

Wright recorrió instalaciones de la empresa mixta Petro Independencia junto a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en la zona de Morichal, estado Monagas.

También participó la encargada de negocios de EE.UU. en Venezuela, Laura Dogu. Durante la visita, se destacó la intención de crear condiciones que impulsen la transformación económica en beneficio de ambos países.

La Faja Petrolífera del Orinoco, que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados en el este venezolano, concentra 87% de las reservas probadas del país, según Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Se trata de una de las mayores reservas de crudo del mundo. Chevron es actualmente la única petrolera estadounidense que opera en Venezuela, con participación minoritaria en empresas mixtas y proyectos tanto petroleros como gasíferos.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EE. UU. APRUEBA ELIMINAR LOS ARANCELES A CANADÁ

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una legislación para eliminar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a Canadá, en una votación que expone crecientes tensiones dentro del Partido Republicano. La medida fue respaldada por 219 votos frente a 211, con seis republicanos sumándose a los demócratas. El resultado refleja inquietud frente al impacto económico de los gravámenes en un año electoral marcado por el debate sobre la asequibilidad. Aunque la decisión tiene un fuerte peso político, su viabilidad legal sigue siendo limitada.

Trump dejó claro, mientras se desarrollaba la votación, que habrá consecuencias para quienes desafíen su política comercial. “Cualquier republicano, en la Cámara de Representantes o en el Senado, que vote en contra de los aranceles sufrirá graves consecuencias en las elecciones, ¡incluidas las primarias!”, escribió en redes sociales. El mandatario defendió que “los aranceles nos han dado seguridad económica y nacional”. La advertencia evidenció la presión interna que enfrenta la bancada republicana.

La aprobación se produce mientras el presidente, según agencias de noticias en EE.UU., evalúa en privado abandonar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo que firmó durante su primer mandato. Cerca de 80% de las importaciones canadienses cumplen con los criterios del tratado y actualmente están exentas de aranceles. Una eventual salida del pacto profundizaría las tensiones comerciales en América del Norte. El escenario añade incertidumbre a las cadenas de suministro regionales.

El proceso legislativo representó además un revés para el presidente de la Cámara, Mike Johnson, aliado clave de Trump. Durante meses bloqueó la discusión de proyectos relacionados con aranceles, argumentando que debía esperarse un fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los gravámenes globales. Sin embargo, tres republicanos se unieron a los demócratas para levantar el bloqueo. El dictamen judicial podría conocerse el 20 de febrero.

En paralelo, el Senado, también bajo control republicano, votó para abandonar los aranceles a Brasil y los derechos globales de emergencia, además de los aplicados a Canadá. No obstante, cualquier resolución conjunta requiere la firma presidencial o una mayoría calificada para superar un veto. Dado que Trump ha amenazado con vetar la medida, es improbable que la legislación se convierta en ley. El alcance inmediato es principalmente simbólico.

La presión política ocurre en un contexto electoral complejo para los republicanos, que buscan mantener el control de la Cámara y el Senado. La caída en la aprobación presidencial en economía e inmigración ha fortalecido a los demócratas en varias contiendas recientes. Entre ellas destacan la alcaldía de Miami y gobernaciones como Nueva Jersey y Virginia. Incluso un escaño estatal en Texas se inclinó hacia los demócratas por un amplio margen.

El representante demócrata Gregory Meeks anunció que impulsará nuevas iniciativas para revertir otros aranceles. “Es hora de poner fin a la llamada emergencia nacional, porque la única emergencia aquí es la económica creada por los aranceles de Trump”, afirmó. Según Meeks, los consumidores están pagando más por atención médica y bienes básicos en medio de una crisis de asequibilidad. La ofensiva legislativa anticipa un debate económico intenso en los meses previos a las elecciones.

FED DE NUEVA YORK SEÑALA QUE LOS ESTADOUNIDENSES ASUMEN CASI TODO EL COSTO DE LOS ARANCELES DEL PRESIDENTE TRUMP

Un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que los consumidores y empresas estadounidenses están absorbiendo cerca de 90% de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. El reporte contradice el argumento de la Casa Blanca de que los gravámenes son pagados principalmente por exportadores extranjeros. Según el análisis, el traslado del costo hacia la economía doméstica ha sido amplio y persistente. La evidencia se basa en patrones observados durante el primer mandato de Trump.

El estudio examinó el impacto de los aranceles el año pasado, cuando la tasa promedio pasó de 2,6% a 13%. En abril y mayo alcanzó su punto más alto tras el aumento de los gravámenes a bienes chinos hasta 125%, que luego se redujeron a 113%. Los autores recordaron que en episodios previos “los exportadores extranjeros no redujeron en absoluto sus precios”, lo que implicó un traslado completo del impuesto a los precios de importación en Estados Unidos. Entre enero y agosto, los hogares absorbieron 94% del impacto, proporción que bajó a 86% hacia noviembre.

Los hallazgos coinciden con un análisis reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que advirtió que “los aranceles más altos incrementan directamente el costo de los bienes importados, elevando los precios para consumidores y empresas estadounidenses”. Según la CBO, los exportadores extranjeros asumirían apenas 5% del costo, mientras que en el corto plazo las empresas absorberían 30% mediante menores márgenes y trasladarían 70% a los consumidores vía mayores precios.

La política arancelaria es un pilar del enfoque económico de la administración, utilizada tanto para recaudar ingresos como para incentivar la relocalización industrial y presionar a socios comerciales. Sin embargo, la aplicación ha sido errática, con aumentos abruptos seguidos de suspensiones y ajustes que generaron volatilidad financiera e incertidumbre empresarial. Funcionarios de la Reserva Federal consideran que parte del desvío respecto a la meta de inflación de 2% este año está vinculado a los aranceles. Esto ha complicado el margen para nuevos recortes de tasas tras reducciones acumuladas de 75 puntos básicos el año pasado.

Aunque la Fed espera que el efecto inflacionario sea en gran medida transitorio, reconoce que implicará un aumento permanente en el nivel de precios. El gobernador de la Fed, Stephen Miran, sostuvo que el impacto ha sido “bastante moderado” y que los datos no prueban un traslado total de costos. En paralelo, la Cámara de Representantes votó para poner fin a algunos aranceles de emergencia, mientras la Corte Suprema analiza su legalidad. El debate económico y jurídico sobre la política comercial de Trump continúa abierto.

PRESIDENTE TRUMP IMPULSA BLOQUE LATINOAMERICANO PARA CONTENER EL AVANCE DE CHINA

El presidente Donald Trump convocó a una cumbre presidencial el próximo 7 de marzo en el hotel Doral de Miami con el objetivo explícito de articular un bloque latinoamericano que contrarreste la creciente influencia de China en la región. La Casa Blanca ya cursó invitaciones a mandatarios considerados aliados estratégicos de Washington. La iniciativa busca consolidar una plataforma política alineada con la agenda geopolítica republicana. El encuentro se perfila como un punto de inflexión en la disputa hemisférica.

Entre los invitados figuran los presidentes Javier Milei, Santiago Peña, Rodrigo Paz, Nayib Bukele, Daniel Noboa y Tito Asfura. Todos comparten una sintonía ideológica con Trump y han manifestado distancia frente a la proyección estratégica de China. La convocatoria apunta a formalizar esa convergencia en compromisos concretos de política exterior y económica. El bloque buscaría limitar contratos estratégicos con empresas chinas en sectores sensibles.

La cumbre se enmarca en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada a fines de 2025, donde la administración republicana introdujo el concepto de “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Este enfoque propone restringir la actuación de actores extrarregionales en América Latina, en particular la República Popular China liderada por Xi Jinping. A ello se sumó una nueva Doctrina de Defensa que prioriza mecanismos de disuasión frente a Beijing. El énfasis está puesto en recursos naturales, seguridad alimentaria e infraestructura estratégica.

Días atrás, Washington lideró además un encuentro global sobre minerales críticos destinado a contener la expansión china en estos insumos clave para la transición energética y la industria tecnológica. Argentina, Bolivia y Paraguay firmaron acuerdos con el Departamento de Estado para distanciarse de la órbita china y recibir un trato diferencial en inversión. Paralelamente, Trump emitió una orden ejecutiva para ajustar las importaciones de minerales críticos procesados. La iniciativa reconoce que Estados Unidos depende totalmente de las importaciones en 12 minerales dominados por China.

Como parte de esta estrategia, la Casa Blanca anunció la creación de una reserva estratégica denominada Project Vault. El programa combinará cerca de US$1,7 mil millones en financiación privada con un préstamo de US$10 mil millones del EXIM Bank. Los países alineados con Washington tendrían acceso preferencial a estos recursos. La lógica es consolidar cadenas de suministro seguras y políticamente confiables.

La Cumbre de Miami también evidenciará la fractura ideológica regional. De un lado se ubican los gobiernos que respaldan la agenda hemisférica de Trump. Del otro, países como Brasil, Colombia y México mantienen vínculos comerciales fluidos con China y no cuestionan su modelo político. La reunión podría ampliarse con nuevas invitaciones en las próximas semanas. El encuentro consolidará el pulso geopolítico en América Latina.

EPA REVOCA BASE CIENTÍFICA QUE SUSTENTABA LA REGULACIÓN CLIMÁTICA EN EE. UU.

La administración de Donald Trump revocó el llamado informe de peligro “endangerment finding”, la determinación científica adoptada en 2009 que establecía que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud pública y el bienestar. La decisión, formalizada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), constituye el movimiento más agresivo del presidente para desmontar la arquitectura regulatoria climática de Estados Unidos. Esta base legal sustentaba la mayoría de normas bajo la Clean Air Act para vehículos, plantas eléctricas e instalaciones industriales.

Trump calificó la medida como “la mayor acción desregulatoria en la historia estadounidense”, mientras que el administrador de la EPA, Lee Zeldin, describió la determinación de 2009 como “el Santo Grial del exceso regulatorio federal”. La revocatoria elimina el fundamento jurídico para estándares de emisiones de gases de efecto invernadero en automóviles, camiones y fuentes estacionarias como plantas eléctricas y complejos de petróleo y gas. Expertos anticipan una ola de litigios ante tribunales federales.

La decisión desafía precedentes judiciales sólidos. En el caso Massachusetts v. EPA, la Corte Suprema determinó que los gases de efecto invernadero son contaminantes bajo la Clean Air Act. Desde entonces, cortes federales han rechazado repetidamente impugnaciones al “endangerment finding”, incluyendo un fallo de 2023 del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. La determinación ha sido considerada el pilar legal de la política climática federal durante más de una década.

Exfuncionarios demócratas calificaron la medida como temeraria. Gina McCarthy sostuvo que la agencia “prefiere trabajar para la industria de combustibles fósiles antes que protegernos de la contaminación y los impactos crecientes del cambio climático”. Afirmó además que la evidencia científica que respalda la determinación “solo se ha fortalecido” ante eventos extremos como olas de calor, incendios forestales e inundaciones. Organizaciones ambientales describieron la acción como el mayor ataque en la historia del país contra la autoridad federal para enfrentar el calentamiento global.

En paralelo, la EPA anunció que propondrá un retraso de dos años a una norma de la era Biden que restringe emisiones de autos y camionetas ligeras. Zeldin y el secretario de Transporte, Sean Duffy, también impulsan una reducción significativa de los límites de emisiones por tubo de escape y una flexibilización de estándares de eficiencia de combustible. La administración argumenta que las reglas anteriores presionaban a la industria automotriz hacia vehículos eléctricos en un contexto de ventas más lentas.

Grupos ambientalistas advierten que la flexibilización mantendrá en circulación vehículos de combustión por más tiempo, incrementando la contaminación y los riesgos sanitarios, especialmente para niños y adultos mayores. La administración sostiene que los cambios reducirán el precio de los autos nuevos y ampliarán la oferta disponible para los consumidores. El debate combina implicaciones legales, económicas y climáticas profundas, y podría redefinir la política ambiental estadounidense en los próximos años.

ADMINISTRACIÓN TRUMP ANUNCIA EL FIN DE LA OPERACIÓN MIGRATORIA MASIVA EN MINNESOTA

La administración del presidente Donald Trump anunció el fin de la operación migratoria masiva en Minnesota, considerada por el Departamento de Seguridad Nacional como la “mayor operación de control migratorio en la historia”. El operativo dejó más de 4.000 arrestos en el área de Minneapolis–St. Paul y desató protestas durante dos meses. La ofensiva también estuvo marcada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en enfrentamientos con agentes federales.

El anuncio fue realizado por el llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, quien defendió los resultados. “El despliegue está dejando a Minnesota más seguro”, afirmó, al sostener que el estado es ahora “menos un estado santuario para criminales”. Aunque celebró el balance de seguridad, confirmó que el repliegue comenzó esta semana y continuará la próxima. Sin embargo, reiteró que la política de deportaciones masivas seguirá vigente en el resto del país.

La operación, denominada Operation Metro Surge, había comenzado en diciembre y generó fuertes tensiones políticas. El gobernador demócrata Tim Walz sostuvo que el retiro debía producirse “en días, no en semanas ni meses” y calificó la intervención como una “ocupación” y una “campaña de represalia” contra el estado. Tras el anuncio, señaló que “el largo camino hacia la recuperación comienza ahora” y advirtió que el impacto económico, escolar y social no se revertirá de inmediato.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también celebró el repliegue y destacó la resistencia ciudadana frente a lo que describió como tácticas agresivas. “Pensaron que podían quebrarnos, pero el amor por nuestros vecinos y la determinación de resistir pueden superar una ocupación”, expresó en redes sociales. Durante el pico del operativo, oficiales armados enfrentaron protestas constantes en distintos barrios. La intensidad de las manifestaciones comenzó a disminuir en las últimas semanas.

Diversos activistas señalaron que el cierre no pone fin al debate sobre derechos civiles y uso de la fuerza. Lisa Erbes, del grupo Indivisible Twin Cities, afirmó que “la gente ha muerto. Las familias han sido destrozadas”, subrayando que no se puede olvidar el daño causado. Aunque la administración describió a los detenidos como “peligrosos criminales indocumentados”, se reportaron arrestos de personas sin antecedentes penales, incluidos menores y ciudadanos estadounidenses. Estas situaciones profundizaron la controversia nacional.

Si bien 700 oficiales federales comenzaron a abandonar el estado la semana pasada, más de 2.000 permanecían desplegados hasta días recientes. Homan aseguró que permanecerá en Minnesota supervisando el repliegue completo. La decisión ocurre en medio de una encuesta AP-NORC que indica que la mayoría de los adultos estadounidenses considera que las políticas migratorias de Trump han ido demasiado lejos. Aun así, el funcionario reiteró que “el presidente Trump prometió deportaciones masivas y eso es lo que este país va a recibir”.

JUEZ ORDENA AL PRESIDENTE TRUMP PERMITIR REGRESO A EE.UU. DE VENEZOLANOS ENVIADOS A EL SALVADOR

Un juez federal ordenó a la administración de Donald Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de más de 130 venezolanos que fueron enviados en marzo de 2025 al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) en El Salvador. La decisión permite que los afectados retornen al país para continuar sus procesos migratorios, si así lo desean. El fallo representa un revés significativo para la política de deportaciones masivas impulsada por la Casa Blanca. Además, obliga al Gobierno a cubrir los costos del traslado y proporcionar la documentación necesaria.

El juez James Boasberg sostuvo que “esta situación nunca se habría presentado” si el Ejecutivo hubiera reconocido los derechos constitucionales de los demandantes antes de deportarlos. En su orden, instruyó al Gobierno a permitir la entrada de los venezolanos elegibles y garantizarles la posibilidad de una audiencia. Boasberg ya había dictaminado en diciembre que la administración negó el debido proceso a este grupo. Asimismo, certificó una demanda colectiva que abre la puerta a que todos los migrantes enviados al CECOT impugnen su designación como enemigos extranjeros.

La orden también establece que, una vez en territorio estadounidense, los venezolanos quedarán bajo custodia migratoria mientras avanzan sus casos. Muchos de ellos fueron posteriormente enviados a Venezuela en julio como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos Gobiernos. El tribunal busca ahora restituir la oportunidad de que puedan defenderse ante cortes migratorias. El fallo reconfigura el estatus legal de quienes fueron trasladados bajo un esquema extraordinario.

La administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar las deportaciones, acusando —sin presentar pruebas— a los venezolanos de pertenecer al Tren de Aragua, organización designada como terrorista por Estados Unidos. Organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward interpusieron la demanda, argumentando que la expulsión fue ilegal y que El Salvador encarceló a los migrantes a cambio de un pago. El caso se convirtió en uno de los más polémicos dentro de la estrategia migratoria del Gobierno.

La Casa Blanca mantiene además otro litigio relacionado con el envío de inmigrantes a El Salvador, en el caso del salvadoreño Kilmar García, cuya devolución a EE.UU. también fue ordenada por un juez. La decisión de Boasberg intensifica el pulso entre el poder judicial y el Ejecutivo en materia migratoria. El fallo podría sentar un precedente sobre los límites del uso de leyes de tiempos de guerra en contextos migratorios.

PRESIDENTE TRUMP DESAUTORIZA A MAGNATE ENERGÉTICO QUE SUPUESTAMENTE MEDIABA EN VENEZUELA

El presidente Donald Trump desautorizó públicamente a Harry Sargeant III, un magnate energético estadounidense que supuestamente estaba actuando como mediador en Venezuela para reactivar el sector petrolero. Trump señaló que Sargeant no tiene ninguna autoridad para actuar en nombre de Estados Unidos ni representar al gobierno sin la aprobación formal del Departamento de Estado. Esta aclaración se produjo tras publicaciones que vinculaban al empresario con gestiones energéticas en Caracas.

En un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump respondió directamente a un artículo del Wall Street Journal y subrayó: “Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América… Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país”. Con ello, el mandatario dejó claro que cualquier negociación oficial con Venezuela debe pasar únicamente por canales gubernamentales oficiales.

Trump aprovechó la declaración para destacar que, a su juicio, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido “extraordinarias” desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y aseguró que se lleva “muy bien” con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. El presidente también afirmó que “el petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, nunca vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano”.

Sargeant es un empresario con décadas de experiencia en negocios petroleros internacionales y ha mantenido relaciones tanto en Washington como en Caracas. Según reportes recientes, el magnate habría asesorado anteriormente a la administración sobre cómo reabrir la puerta a compañías energéticas estadounidenses en Venezuela tras la caída de Maduro. Sus vínculos incluyen negocios de compra y exportación de asfalto, así como proyectos de desarrollo de campos petroleros junto a la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

La Casa Blanca insistió en que solo funcionarios oficiales autorizados pueden representar a Estados Unidos en negociaciones internacionales, descartando así cualquier intento de intermediación no oficial. El rechazo a la supuesta mediación de Sargeant se da en un momento de cambios en la relación bilateral entre Washington y Caracas, incluidos encuentros de altos funcionarios estadounidenses en Venezuela para abordar temas energéticos.

PRIMERA DAMA MELANIA TRUMP FACILITA NUEVA REUNIFICACIÓN DE NIÑOS RUSOS Y UCRANIANOS

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, logró una nueva reunificación de niños rusos y ucranianos con sus familias, en el marco del conflicto regional entre ambos países. Se trata de la tercera ocasión en la que la primera dama interviene para facilitar el retorno de menores separados a causa de la guerra. La gestión se realizó mediante contactos diplomáticos sostenidos con representantes de Moscú y Kiev. La Casa Blanca destacó el carácter humanitario de la iniciativa.

En un comunicado oficial, Melania Trump expresó su reconocimiento a ambas partes por cooperar en el proceso. “Aprecio que Rusia y Ucrania estén dedicadas a traer de regreso a los niños que han sido desplazados debido a las circunstancias que rodean este conflicto”, afirmó. Aunque señaló que la comunicación entre los actores involucrados ha sido constante, instó a intensificar los esfuerzos para garantizar el retorno seguro de todos los menores afectados.

La primera dama subrayó que mantiene conversaciones activas con autoridades de ambos países a través de su equipo de representación. “Hoy marca la tercera reunificación desde que he estado trabajando estratégicamente con ambas naciones. No tengo dudas de que habrá más avances”, declaró. Según fuentes cercanas al proceso, las gestiones se centran en mecanismos de verificación y coordinación logística para asegurar traslados seguros.

La iniciativa se enmarca en esfuerzos humanitarios paralelos al conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha provocado desplazamientos masivos de población, incluidos miles de menores. Aunque no se detallaron cifras específicas, el proceso refleja una cooperación puntual en medio de un entorno geopolítico altamente tensionado. Washington reiteró su apoyo a soluciones humanitarias que prioricen la reunificación familiar.