Estados Unidos y Ecuador informaron que acordaron un marco para un “Agreement on Reciprocal Trade” y que trabajan en la finalización del instrumento, preparación para firma y formalidades internas necesarias antes de su entrada en vigor. 

De acuerdo con los documentos oficiales, el entendimiento busca fortalecer la relación económica bilateral y establecer compromisos orientados a ampliar oportunidades comerciales, en un enfoque de mayor reciprocidad y previsibilidad para el intercambio. 

En materia arancelaria y de acceso a mercado, se contemplan compromisos de Ecuador para reducir o eliminar aranceles en sectores priorizados para Estados Unidos, incluyendo productos agrícolas específicos. En particular, se menciona la eliminación de un arancel variable aplicado a numerosos productos agrícolas a través del Andean Price Band System. 

En paralelo, se plantea que Estados Unidos otorgue alivios arancelarios para determinados bienes ecuatorianos que, según lo indicado, no pueden ser producidos naturalmente en Estados Unidos en cantidades suficientes, reforzando el carácter recíproco del esquema. 

El marco también incluye compromisos para abordar barreras no arancelarias, con énfasis en facilitación del comercio (por ejemplo, la terminación de mandatos de inspección previa al embarque y medidas asociadas a la ventanilla única), así como referencias a cooperación en propiedad intelectual, trabajo, ambiente y seguridad económica, según los términos difundidos. 

A la fecha, no se cuenta con evidencia pública en el repositorio de USTR de un texto final del acuerdo con Ecuador equivalente a los acuerdos ya publicados con otros países, por lo que corresponde describir el proceso como una etapa de finalización y preparación para firma, más que como un acuerdo ya concluido y formalizado.

Implicaciones para Colombia

Dado que aún no se cuenta con un documento público que detalle con precisión los beneficios y el alcance arancelario del acuerdo, se estima que, si Colombia mantiene un arancel base del 10% para sus exportaciones a Estados Unidos sin obtener una exención y, en contraste, Ecuador logra reducir o eliminar ese arancel, los sectores con mayor exposición relativa serían principalmente la agroindustria y los alimentos procesados.

En particular, el rubro de frutas y frutos comestibles resulta el más relevante, con exportaciones colombianas hacia EE. UU. por US$557,6 millones en 2025 (enero–noviembre), frente a US$657,8 millones de Ecuador; le siguen cacao y sus preparaciones, con US$162,4 millones exportados por Colombia y US$1,1 mil millones por Ecuador, y preparaciones de hortalizas, frutas y otras partes de plantas, con US$139,7 millones por parte de Colombia frente a US$151,8 millones de Ecuador. En conjunto, estos tres rubros concentran una proporción significativa del comercio agrícola colombiano hacia el mercado estadounidense.

En el frente pesquero y agropecuario, pescados, crustáceos e invertebrados acuáticos registraron envíos por US$99,8 millones por parte de Colombia, mientras los envíos de Ecuador registraron US$1,5 mil millones, mientras que hortalizas y raíces comestibles alcanzaron US$17,3 millones exportados por Colombia, mientras que Ecuador exportó US$105,6 millones y preparaciones de carne, pescado o crustáceos sumaron US$8,9 millones para Colombia, y Ecuador con un valor de US$222,6 millones. Aunque de menor magnitud relativa frente a frutas y cacao, estos sectores podrían enfrentar pérdida de competitividad frente a países con trato preferencial.

Otros capítulos con exposición incluyen residuos de la industria alimentaria y alimentos para animales con US$16,5 millones enviados por Colombia, mientras que Ecuador registra un valor por US$24,6 millones, carne y despojos comestibles con US$446 mil por parte de Colombia, mientras Ecuador exportó US$460 mil, y animales vivos con US$422 mil exportados por Colombia y US$631 mil por Ecuador. También aparecen sectores industriales específicos como plomo y sus manufacturas con US$2,6 millones exportados desde Colombia y US$4,2 millones, Cereales con exportaciones por US$125 mil desde Colombia y US$1,2 millones desde Ecuador, tabaco y sucedáneos del tabaco con US$251 mil exportados por Colombia y US$1,1 millones exportados por Ecuador y minerales y cenizas con US$10 mil enviados por Colombia y US$120 mil por parte de Ecuador.

En términos estratégicos, la mayor vulnerabilidad se concentra en los capítulos agrícolas de mayor valor agregado —en particular frutas, cacao y preparaciones vegetales—, donde un arancel del 10% podría reducir márgenes, deteriorar la competitividad de precios y propiciar una desviación de comercio en favor de Ecuador. En este contexto, la discusión sobre eventuales exenciones o tratamientos preferenciales adquiere especial relevancia para resguardar la posición de estos sectores en el principal mercado de destino de Colombia.

ESTADOS UNIDOS RESPALDA LA ERRADICACION DE CULTIVOS ILICITOS CON DRONES EN COLOMBIA

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), manifestó públicamente su respaldo a la estrategia de erradicación de cultivos de coca en Colombia mediante el uso de drones para la aplicación de glifosato. En una publicación en la red social X, INL señaló que esta tecnología podría ser “game-changing” en la reducción de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la seguridad y la disminución del flujo de drogas hacia Estados Unidos. 

El apoyo se produce en un contexto de cooperación bilateral marcado por la agenda antidrogas. De acuerdo con reportes recientes, Estados Unidos adoptó en 2025 una decisión de descertificación/designación de Colombia por considerar insuficientes los resultados frente al incremento de cultivos y producción. 

En el plano interno, el Gobierno colombiano autorizó en diciembre de 2025 la erradicación focalizada de cultivos ilícitos mediante “aspersión terrestre doselar con drones”, bajo controles ambientales y técnicos, subrayando que no se trata de aspersión aérea ni masiva. 

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado una fecha oficial de inicio de operaciones. Distintas fuentes periodísticas han señalado que existen preparativos y coordinaciones institucionales, pero el calendario final depende de definiciones del Gobierno nacional. 

El debate alrededor de esta estrategia ocurre, además, en un entorno político y diplomático sensible. En octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) anunció sanciones contra el presidente Gustavo Petro y lo incorporó a la lista SDN, medida que elevó la tensión bilateral en ese momento. 

En materia de seguridad, el Gobierno y la fuerza pública han señalado riesgos operacionales en territorios con presencia de grupos armados y antecedentes de ataques durante labores de erradicación. En el caso de Amalfi (Antioquia) en agosto de 2025, reportes indicaron inicialmente 12 fallecidos y posteriormente se informó una actualización a 13 víctimas. 

PRESIDENTE TRUMP ANUNCIA QUE VISITARÁ VENEZUELA, PERO SIN FECHA CONFIRMADA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que visitará Venezuela en el futuro, aunque no precisó una fecha para el viaje. Durante declaraciones en la Casa Blanca, respondió a un periodista que “visitaré Venezuela”, y ante la pregunta sobre cuándo ocurrirá, añadió que “no lo hemos decidido”. El anuncio se produjo antes de dirigirse a una base militar en Carolina del Norte para reunirse con efectivos que participaron en la reciente operación en territorio venezolano.

Consultado sobre el reconocimiento de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Trump respondió que “ya lo estamos haciendo”, lo que implica respaldo de Washington a su liderazgo. Además, afirmó que las relaciones con Venezuela son “tan buenas como uno podría desear” y destacó que Rodríguez está haciendo “un gran trabajo” al frente del gobierno.

Durante el anuncio, Trump recordó también su reciente reunión con Colombia, en referencia a su encuentro con el presidente Gustavo Petro, y señaló que ese encuentro “salió muy bien”. En el plano económico, el mandatario indicó que logró en pocas semanas que Venezuela accediera a poner su explotación petrolera bajo control estadounidense, en el marco del nuevo entendimiento bilateral.

Trump ordenó el 3 de enero una operación militar en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, en lo que se considera la intervención más grave en la región desde la remoción de Manuel Noriega en Panamá en 1989. Maduro se encuentra a la espera de juicio en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico.

INFLACIÓN BAJA A 2,4% EN ENERO Y SE ACERCA A SU NIVEL MÁS BAJO EN CASI CINCO AÑOS

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) informó que la inflación interanual se ubicó en 2,4% en enero, por debajo del 2,7% registrado en diciembre y cerca del objetivo de 2% de la Reserva Federal. El dato representa uno de los niveles más bajos desde 2021 y confirma una trayectoria descendente en los precios al consumidor. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se moderó a 2,5% interanual frente al 2,6% del mes anterior. En términos mensuales, el índice general avanzó 0,2% y el componente subyacente 0,3%.

La moderación estuvo impulsada principalmente por la caída en los precios de la gasolina, que retrocedieron 3,2% en enero y acumulan tres descensos en los últimos cuatro meses, situándose 7,5% por debajo del nivel de hace un año. Los vehículos usados registraron una baja mensual de 1,8%, la mayor en dos años, contribuyendo a contener la inflación subyacente. Los precios de los alimentos aumentaron 0,2% tras el 0,6% observado en diciembre y presentan un alza anual de 2,1%. Las tarifas hoteleras disminuyeron 0,1% en el mes y se ubican 2% por debajo del año anterior.

El componente de vivienda, que representa cerca de un tercio del índice total, mostró señales claras de desaceleración. Los alquileres y el costo de poseer vivienda aumentaron 0,2% mensual y los arriendos avanzaron 2,8% frente a enero del año pasado, muy por debajo de los incrementos superiores a 8% observados en 2022. Esta moderación en el mercado inmobiliario ha sido determinante para consolidar la tendencia descendente del índice general. No obstante, los precios al consumidor siguen aproximadamente 25% por encima de los niveles de hace cinco años.

Algunos bienes reflejaron incrementos asociados a aranceles impulsados por la administración de Donald Trump. Los precios de los muebles subieron 0,7% en enero y 4% interanual, los electrodomésticos aumentaron 1,3% mensual y la ropa avanzó 0,3% en el mes con un incremento de 1,7% anual. Sin embargo, estos aumentos no fueron generalizados y quedaron compensados por descensos en otras categorías con mayor peso en el gasto de los hogares.

En servicios también se observaron aumentos puntuales, como el alza de 6,5% en las tarifas aéreas durante enero y el incremento de 4,5% en suscripciones de música en línea, aunque en términos interanuales el avance fue más moderado. Estudios recientes indican que empresas y consumidores están asumiendo cerca de 90% del costo de los aranceles, pero el traslado a precios ha sido menos amplio de lo anticipado por varios economistas. Analistas señalan que la debilidad en la contratación y la moderación salarial limitan la capacidad de las compañías para aplicar incrementos generalizados.

Si la inflación continúa acercándose al 2%, la Reserva Federal podría contar con mayor margen para reducir su tasa de interés de referencia en lo que resta del año. Tras haber alcanzado un máximo de 9,1% en 2022, la inflación comenzó a descender en 2023, se estabilizó cerca de 3% a mediados de 2024 y ahora retoma una trayectoria de moderación. El comportamiento reciente refuerza la expectativa de un entorno de precios más estable, aunque la percepción de pérdida de poder adquisitivo sigue presente entre los hogares estadounidenses.

EE. UU. AUTORIZA A GRANDES PETROLERAS A OPERAR AMPLIAMENTE EN VENEZUELA Y ABRE PUERTA A NUEVAS INVERSIONES ENERGÉTICAS

Estados Unidos flexibilizó de forma significativa las sanciones sobre el sector energético de Venezuela al emitir dos licencias generales que permiten a grandes empresas internacionales de petróleo y gas reanudar y ampliar operaciones en el país caribeño. Con estas autorizaciones, compañías como Chevron, BP, Shell, Eni y Repsol pueden retomar sus proyectos de petróleo y gas existentes en Venezuela y negociar contratos para atraer nuevas inversiones, aunque ciertas restricciones siguen vigentes para transacciones con actores sancionados como empresas o personas vinculadas a Rusia, Irán o China.

Las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) requieren que los pagos de impuestos, regalías y otros tributos relacionados con estos proyectos se canalicen a través de un fondo de depósito controlado por Estados Unidos, manteniendo así supervisión sobre los ingresos vinculados a la producción energética. Además, se habilitó una licencia separada que permite a empresas de todo el mundo negociar contratos con la petrolera estatal PDVSA para nuevas inversiones en petróleo y gas, sujeto a permisos adicionales de OFAC.

Esta flexibilización se produce en el contexto de reformas profundas a la ley petrolera venezolana aprobadas por la Asamblea Nacional, que otorgan mayor autonomía a los productores extranjeros para operar, exportar y gestionar ingresos bajo modelos de contratos de producción compartida. El objetivo declarado por la administración estadounidense es atraer hasta US$100 mil millones en inversiones al sector energético venezolano, fomentar la recuperación de la infraestructura petrolera deteriorada y reactivar la producción, que ha caído drásticamente tras años de sanciones y mala gestión.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, destacó durante una visita a Caracas que las ventas de petróleo bajo esta nueva estrategia ya han superado US$1 mil millones desde comienzos de año y podrían alcanzar otros US$5 mil millones en los próximos meses, con ingresos gestionados por Estados Unidos hasta que se instale un “gobierno representativo”. Asimismo, Wright señaló que empresas como Exxon Mobil están evaluando oportunidades de reingreso al mercado venezolano, pese a no contar actualmente con oficinas en el país.

A pesar de esta apertura, persisten condiciones estrictas y controles para evitar beneficios directos a actores sancionados, y cualquier nuevo contrato o inversión queda supeditado a la aprobación de OFAC. Asimismo, transacciones que impliquen a entidades o personas vinculadas con naciones bajo sanciones estadounidenses siguen prohibidas, y las compañías interesadas deben cumplir con criterios legales y regulatorios definidos por Estados Unidos.

Además de las licencias generales anunciadas hoy, las medidas de flexibilización del sector petrolero en Venezuela se inscriben en una serie más amplia de autorizaciones emitidas por la OFAC en las semanas recientes. El 29 de enero, OFAC publicó la Licencia General 46, que permite a empresas estadounidenses comercializar petróleo venezolano con compradores alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos, y exige que los pagos se realicen en condiciones comerciales razonables y sean depositados en cuentas bajo supervisión estadounidense para garantizar transparencia y beneficio al pueblo venezolano.

Posteriormente, el 3 de febrero se emitió la Licencia General 47, que autoriza a firmas a vender diluyentes de origen estadounidense —un insumo esencial para la producción petrolera— a Venezuela, lo que según el comunicado oficial aporta beneficios tanto para la economía venezolana como para la estadounidense.

El 10 de febrero OFAC publicó la Licencia General 48, mediante la cual se permite a empresas estadounidenses proveer bienes, equipos y servicios necesarios para la industria de petróleo y gas de Venezuela, facilitando la reparación y modernización de infraestructura energética que ha estado deteriorada tras años de sanciones y falta de inversión.

Estas tres licencias previas crearon un marco regulatorio más amplio que empezó a abrir la puerta a la participación de compañías estadounidenses en el mercado energético venezolano, pasando de permisos limitados a autorizaciones más operativas. Las licencias anunciadas hoy, GL 49 y GL 50, se suman a ese conjunto y complementan las anteriores al permitir la negociación de contratos de inversión y la expansión de operaciones en petróleo y gas, consolidando así la fase de atracción de inversiones y producción.

MÁS DE SEIS TONELADAS DE MEDICAMENTOS LLEGAN A VENEZUELA DESDE ESTADOS UNIDOS

Más de 6.000 kilos de medicamentos llegaron a Venezuela procedentes de Estados Unidos, informó la encargada de negocios estadounidense en Caracas, Laura Dogu. El envío corresponde a un cargamento inicial de 25 palés con suministros médicos prioritarios y forma parte del plan de estabilización, recuperación y transición impulsado por Washington en el país suramericano. Dogu calificó la jornada como “otro día productivo” y señaló que el objetivo es apoyar la recuperación del pueblo venezolano.

Los medicamentos serán distribuidos a nivel nacional por el Ministerio de Salud interino para atender a pacientes con necesidades urgentes. Las autoridades estadounidenses indicaron que esta es la primera entrega dentro de un esfuerzo más amplio para reforzar el abastecimiento de insumos críticos en el sistema sanitario. No se detalló públicamente el tipo específico de medicamentos incluidos en el cargamento.

Según el comunicado oficial, la asistencia busca estabilizar el sistema de salud, reducir enfermedades prevenibles y salvar vidas, además de contribuir a la recuperación estructural del país. Washington señaló que fortalecer el sector sanitario facilitará la llegada de inversión privada responsable y ayudará a avanzar hacia una mayor autosuficiencia económica bajo un enfoque que privilegia el comercio sobre la ayuda tradicional.

La entrega se produce tras el anuncio del desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos, comunicado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien indicó que los recursos liberados también se destinarán a la compra de equipos hospitalarios, así como a inversiones en el sistema eléctrico y la industria del gas. Este envío marca un nuevo paso en la cooperación bilateral en medio de la reconfiguración de la relación entre ambos países.

EE. UU. ENVIARÁ A SU MAYOR PORTAAVIONES DEL CARIBE A ORIENTE MEDIO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que enviará el portaaviones USS Gerald R. Ford desde aguas del Caribe hacia Oriente Medio, en medio de la renovada presión de Washington sobre Irán y las negociaciones indirectas sobre su programa nuclear. El mandatario indicó que el despliegue dependerá del resultado de esos diálogos y señaló que, si no se alcanza un acuerdo con Teherán, el buque será “necesario”.

Trump explicó ante periodistas en la Casa Blanca que si se logra un acuerdo el portaaviones “se irá muy pronto”, pero si no, será utilizado como parte de la estrategia estadounidense en la región. Añadió que ya existe un portaaviones en la zona y que la fuerza está “lista”, describiéndola como “una fuerza muy grande”. El Ford se sumaría al grupo de ataque del USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico.

El Pentágono declinó confirmar las nuevas órdenes y no ofreció detalles adicionales sobre la operación, aunque se espera que el Gerald R. Ford y su grupo de escolta inicien el traslado en los próximos días. El Ford sería el segundo portaaviones desplegado en Oriente Medio, después del Abraham Lincoln, que llegó a la región con sus tres buques escolta más de dos semanas atrás, reforzando la presencia militar estadounidense.

El presidente también aclaró que no habló con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre una posible suspensión del diálogo con los líderes iraníes, pero advirtió que, de no cerrarse un pacto, Washington activará una segunda fase “muy dura” contra Teherán. El despliegue se produce en un contexto de alta tensión diplomática y militar en la región.

El Gerald R. Ford, el mayor navío de su tipo en la Armada estadounidense, inició su despliegue extraordinario en junio pasado y fue trasladado del Mediterráneo al Caribe, donde participó en la campaña de presión sobre el entonces régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Aviones de combate a bordo del Ford intervinieron en el ataque del 3 de enero en Caracas que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y se prevé que la tripulación no regrese a su puerto base en Virginia hasta finales de abril o principios de mayo.

SECRETARIO DE ESTADO RUBIO Y CANCILLER MERZ REAFIRMAN COMPROMISO CON UNA OTAN FUERTE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el canciller alemán, Friedrich Merz, en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde ambos reafirmaron su compromiso con una OTAN fuerte y analizaron la guerra rusa en Ucrania. Rubio señaló en la red social X que discutieron “los esfuerzos compartidos para asegurar las cadenas de suministro, avanzar en los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y fortalecer la asociación entre Estados Unidos y Europa”.

Rubio y Merz abordaron de manera central la situación en Ucrania, el estado de las negociaciones con Rusia y la continuidad del apoyo al país, especialmente en el ámbito militar. También intercambiaron puntos de vista sobre Oriente Medio, en particular sobre Irán, y sobre el próximo viaje del canciller alemán a China.

Rubio recibió el respaldo del ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, quien indicó que el encuentro permitió constatar coincidencias en múltiples temas, incluida la necesidad de una OTAN fuerte y una Europa sólida. Wadephul afirmó que Estados Unidos y Alemania son “amigos cercanos y firmes socios” y destacó que la reunión reafirmó los vínculos transatlánticos basados en intereses y entendimientos compartidos.

Rubio escuchó además la valoración positiva de Merz sobre el papel de Europa dentro de la Alianza Atlántica, mientras que fuentes gubernamentales alemanas señalaron que el secretario de Estado reconoció las medidas adoptadas por Alemania para fortalecer la OTAN. En su discurso previo en la conferencia, Merz se dirigió en inglés a sus “amigos” estadounidenses y los instó a “reparar la confianza transatlántica y a reavivarla juntos”.

Rubio coincidió con Merz en la necesidad de mantener el respaldo a Ucrania antes de la próxima reunión en Ginebra los días 17 y 18, en la que se tratarán las negociaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. En el marco del foro, Merz también se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien intervendrá en la conferencia el sábado, el mismo día que Rubio.

Rubio tiene previsto además reunirse con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, para discutir la situación de Groenlandia, asunto que ha generado tensiones entre europeos y estadounidenses debido al interés de la administración del presidente Donald Trump por la isla ártica. El reciente preacuerdo entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, alcanzado en Davos y que dio lugar a la misión “Centinela del Ártico”, contribuyó a reducir la tensión entre ambas partes.

PRESIDENTE TRUMP AFIRMA EN FORT BRAGG QUE EL OPERATIVO CONTRA MADURO DEMOSTRÓ EL “PODER MILITAR TOTAL” DE EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la base militar de Fort Bragg que el operativo del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro mostró al mundo “todo el poder militar” de Estados Unidos y aseguró que ahora el país es “temido” por sus adversarios. Ante soldados y sus familias, el mandatario elogió la precisión de la operación y calificó a los militares involucrados como “algunos de los mejores soldados que han existido”, mientras describió a Maduro como un “dictador fuera de la ley”.

Trump sostuvo que el despliegue fue rápido y efectivo, señalando que en cuestión de minutos Maduro fue trasladado en helicóptero para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Durante su intervención, reiteró que bajo su mandato el país contará con “la fuerza de combate mejor dirigida, mejor entrenada, mejor equipada y más disciplinada del mundo” y añadió que los potenciales adversarios saben “exactamente a qué se enfrentarían”.

El acto incluyó un encuentro privado del presidente y la primera dama, Melania Trump, con familias militares. Trump invitó al escenario a Michael Whatley, candidato al Senado en Carolina del Norte y exdirigente del Partido Republicano, quien agradeció el respaldo presidencial y destacó la oportunidad de representar al estado en las elecciones de noviembre.

En su discurso, el mandatario reiteró que “Estados Unidos vuelve a ser respetado” y sostuvo que el uso de la fuerza puede generar disuasión. “No me gusta decir miedo”, afirmó, “pero a veces hay que tener miedo porque es lo único que realmente resuelve la situación”. También evocó un reciente caso criminal en Carolina del Norte y se refirió al acusado como un “monstruo”, reforzando su mensaje sobre seguridad.

Antes de viajar a Carolina del Norte, Trump celebró los datos económicos divulgados que mostraron una inflación cercana a su nivel más bajo en casi cinco años, calificando el resultado como “una inflación muy modesta”. Aunque dedicó poco tiempo a temas económicos durante el evento, mencionó que un paquete fiscal respaldado por la Casa Blanca incrementará la financiación para viviendas militares.

En el plano internacional, Trump elogió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y afirmó que la relación bilateral es sólida y que la producción petrolera está aumentando. Indicó que grandes compañías energéticas estadounidenses ingresarán al país para extraer y comercializar petróleo, mientras Washington mantiene supervisión sobre el sector. Según el presidente, el flujo de crudo y las nuevas inversiones reflejan un cambio en la dinámica entre ambos países.

INFORME REVELA QUE EL PRESIDENTE TRUMP GASTÓ MÁS DE US$30 MILLONES EN DEPORTACIONES A TERCEROS PAÍSES

La administración del presidente Donald Trump ha destinado más de US$30 millones para deportar migrantes a terceros países que, en muchos casos, no corresponden a sus naciones de origen, según un informe del personal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. El documento señala que en algunas instancias el costo superó US$1 millón por persona deportada, especialmente cuando los migrantes fueron trasladados primero a un tercer país y posteriormente enviados a su país de origen, lo que multiplicó los trayectos y elevó los gastos operativos.

El informe fue liderado por la senadora Jeanne Shaheen, demócrata de mayor rango en dicha comisión, y constituye uno de los análisis más detallados sobre los acuerdos de deportación a terceros países impulsados por la actual administración. El estudio surge en respuesta a cuestionamientos sobre la falta de transparencia en los términos y costos de estos pactos. Según el documento, el Gobierno ha concretado convenios o efectuado deportaciones hacia más de 20 destinos y busca ampliar estos arreglos a decenas de países adicionales.

De acuerdo con el informe, los acuerdos firmados con Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau han costado a Estados Unidos más de US$32 millones. Una parte significativa de esos recursos se entregó mediante pagos únicos y, en algunos casos, antes de que los migrantes llegaran efectivamente a los países receptores. En conjunto, estas cinco naciones habrían recibido montos cercanos al millón de dólares cada una, pese a que solo acogieron aproximadamente a 300 personas procedentes de territorio estadounidense.

El Salvador es el país que más migrantes no originarios ha recibido dentro de este grupo, con cerca de 250 personas enviadas tras una subvención de US$4,76 millones destinada a su encarcelamiento. El Gobierno estadounidense justificó estas deportaciones alegando vínculos con el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales, aunque familiares y allegados han cuestionado dichas acusaciones en varios casos. El informe también señala que el uso de aviones militares de alto costo para trasladar grupos reducidos de personas incrementó de manera considerable el gasto total.

Hasta enero de 2026, solo 51 personas habían sido enviadas a los otros cuatro países mencionados. Ruanda, que recibió US$7,5 millones, acogió apenas a siete nacionales de terceros países, lo que implica un costo superior a US$1 millón por deportado. El documento detalla casos considerados ineficientes, como el de un ciudadano mexicano deportado a Sudán del Sur y posteriormente retornado a México, o el de un jamaiquino enviado a Eswatini con un costo estimado de más de US$181 mil antes de ser trasladado nuevamente a Jamaica semanas después.

El informe concluye que estos esquemas representan un gasto significativo sin un impacto claro en la seguridad nacional y advierte sobre posibles riesgos para los derechos humanos al enviar migrantes a países con antecedentes de violaciones en esa materia. Se citan casos de venezolanos deportados a una megacárcel en El Salvador, donde, según organizaciones de derechos humanos, habrían sufrido abusos y maltratos. Estas conclusiones han intensificado el debate político sobre la proporcionalidad y eficacia de la estrategia de deportaciones a terceros países.

LA CASA BLANCA UTILIZA FONDOS DE USAID PARA LA SEGURIDAD DE RUSSELL VOUGHT, SEGÚN REUTERS

La Casa Blanca está utilizando US$15 millones de los fondos remanentes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para financiar el esquema de seguridad de Russell Vought, actual director de la Oficina de Administración y Presupuesto. Documentos revisados por Reuters señalan que la Oficina de Administración y Presupuesto destinará esos recursos para cubrir la protección brindada por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos hasta finales de 2026. La asignación proviene de los gastos operativos que aún quedaban disponibles en USAID tras el desmantelamiento de la agencia. La decisión ocurre en medio de la reestructuración del aparato federal impulsada por la administración Trump, que ha implicado recortes de personal y eliminación de programas.

Según una persona familiarizada con el tema, el esquema de protección de Vought incluye a más de una docena de alguaciles federales, aunque Reuters no pudo confirmarlo de manera independiente. El Servicio de Alguaciles declinó comentar sobre personas específicas bajo protección y explicó que normalmente solicita el reembolso a la entidad beneficiaria. Desde la Oficina de Administración y Presupuesto, la portavoz Rachel Cauley afirmó que se seguirán utilizando fondos disponibles de las agencias bajo supervisión del director para garantizar su seguridad. Estas agencias incluyen la propia Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), USAID y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, donde Vought ejerce como director interino.

Documentos internos indican que el 11 de septiembre pasado se firmó un acuerdo para cubrir inicialmente US$1,6 millones en costos de seguridad cuando Vought era administrador interino de USAID. Posteriormente, se presupuestaron otros US$13,5 millones con cargo a fondos de USAID para cubrir la protección durante el resto del año, en relación con su rol como asesor senior de la agencia. Vought ocupó el cargo de director interino de USAID durante casi 90 días antes de que su adjunto asumiera formalmente el puesto en noviembre. Aunque la agencia se encuentra en proceso de cierre definitivo, Vought mantiene funciones de asesoría en la entidad.

La administración del presidente Donald Trump ordenó el cierre de USAID al inicio de su mandato, transfiriendo la mayoría de los programas de asistencia exterior al Departamento de Estado. Más de 10.000 empleados y contratistas fueron desvinculados y miles de programas humanitarios cancelados, mientras un equipo reducido se encarga de cerrar contratos pendientes antes del cierre definitivo previsto para septiembre. USAID dejó de distribuir ayuda en julio y puso fin a operaciones que durante 64 años canalizaron asistencia internacional financiada por Estados Unidos. El uso de fondos residuales de la agencia para seguridad interna se da en este contexto de liquidación institucional.

De acuerdo con la fuente consultada, Vought ha recibido amenazas graves presuntamente relacionadas con su papel como uno de los principales autores de Project 2025, el plan conservador que ha servido de base para varias políticas de la actual administración. Reuters no pudo confirmar de forma independiente la naturaleza de esas amenazas ni su vínculo con ese proyecto. La semana pasada, la policía del condado de Arlington anunció el arresto de un hombre de 26 años por intento de homicidio, aunque no confirmó oficialmente si Vought era el objetivo. La portavoz de OMB señaló que existe un clima de hostilidad creciente hacia funcionarios públicos y justificó las medidas de protección adoptadas.

El Servicio de Alguaciles, cuya función principal es proteger tribunales federales y jueces, indicó que puede brindar seguridad a miembros del poder ejecutivo ante amenazas o por instrucción del Fiscal General. En julio, Vought solicitó además recursos a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor para cubrir US$4,7 millones adicionales en costos de seguridad correspondientes a lo que restaba de 2025, según un correo citado por Reuters.     

JAPÓN ADMITE DIFERENCIAS CON EE. UU. SOBRE INVERSIÓN DE US$550 MIL MILLONES EN ACUERDO COMERCIAL

El ministro de Industria de Japón, Ryosei Akazawa, reconoció que persisten diferencias con Estados Unidos sobre el destino de los US$550 mil millones que Tokio se comprometió a invertir como parte del acuerdo comercial bilateral. En declaraciones realizadas en Washington y recogidas por el diario Nikkei, el funcionario señaló que “todavía hay diferencias significativas” tras reunirse con el secretario de Comercio estadounidense. Japón indicó que buscará acelerar las negociaciones para definir los términos de ejecución de esos compromisos de inversión.

Según el Ministerio de Industria japonés, Akazawa sostuvo “conversaciones en profundidad” con el secretario de Comercio Howard Lutnick sobre la primera ronda de inversiones contempladas en el acuerdo. Ambas partes coincidieron en la necesidad de intensificar la coordinación para avanzar en la implementación. No obstante, sigue sin claridad la estructura específica que adoptarán los desembolsos ni los sectores prioritarios que recibirán los recursos comprometidos.

El objetivo de Tokio es alcanzar un entendimiento antes del viaje oficial de la primera ministra Sanae Takaichi a Estados Unidos el próximo 19 de marzo, cuando tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump. La reunión bilateral será clave para destrabar las diferencias técnicas y políticas que han surgido en la fase inicial de ejecución del acuerdo. El Gobierno japonés busca garantizar previsibilidad en los términos pactados y evitar tensiones comerciales adicionales.

El acuerdo, alcanzado en julio de 2025 tras varios meses de negociación, establece que Japón invertirá US$550 mil millones en Estados Unidos a cambio de un arancel del 15%, inferior al 25% con el que Trump había amenazado inicialmente. La reducción arancelaria fue presentada como un incentivo para reforzar la cooperación económica y atraer capital japonés hacia territorio estadounidense. Sin embargo, la falta de definición sobre el destino y la modalidad de las inversiones ha generado fricciones entre ambas partes.

En paralelo, Trump advirtió a finales de enero que podría elevar nuevamente los aranceles del 15% al 25% sobre algunos productos asiáticos si percibe retrasos en la aprobación o implementación de acuerdos comerciales similares. El mandatario hizo referencia al caso de Corea del Sur, cuyo pacto contempla inversiones por US$350 mil millones y aún enfrenta trámites legislativos internos. Estas señales refuerzan la presión sobre Tokio para avanzar con rapidez y consolidar los compromisos asumidos.

ONU (DD. HH.) SOSTIENE QUE SANCIONES SECTORIALES DE EE. UU. CONTRA CUBA CONTRAVIENEN NORMAS INTERNACIONALES Y AGRAVAN LA CRISIS DE SERVICIOS BASICOS

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) expresó preocupación por el agravamiento de la crisis socioeconómica en Cuba y por su impacto en los derechos humanos, en un contexto que incluye un embargo financiero y comercial de larga data, eventos meteorológicos extremos y medidas recientes de Estados Unidos que restringen envíos de petróleo. 

Según OHCHR, la escasez de combustible ha elevado el riesgo sobre la disponibilidad de servicios esenciales a nivel nacional, dada la dependencia de los sistemas de salud, alimentación y agua de combustibles fósiles importados. La oficina advirtió que unidades de cuidados intensivos y salas de urgencias se ven comprometidas, al igual que la producción, entrega y almacenamiento de vacunas, hemoderivados y otros medicamentos sensibles a la temperatura. 

OHCHR también indicó que los cortes de electricidad afectan el bombeo de agua, mencionando que una parte sustantiva del equipamiento depende de la energía, debilitando el acceso a agua segura, saneamiento e higiene. Añadió que la falta de combustible ha perturbado el sistema de racionamiento y la canasta básica regulada y ha impactado redes de protección social como alimentación escolar, hogares maternos y hogares de cuidado, con un efecto desproporcionado sobre los grupos más vulnerables. 

En paralelo, el Alto Comisionado Volker Türk reiteró el llamado a levantar medidas sectoriales unilaterales por su impacto amplio e indiscriminado sobre la población y afirmó que: “Policy goals cannot justify actions that in themselves violate human rights.” La nota también recordó que el Estado cubano debe gestionar la situación conforme al derecho internacional de los derechos humanos, atendiendo a los más vulnerables y resguardando los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión. 

En declaraciones difundidas por EFE, la portavoz Marta Hurtado sostuvo que este tipo de sanciones sectoriales no se ajustan a la Carta de las Naciones Unidas ni al derecho internacional, al señalar que las sanciones deben emanar del Consejo de Seguridad y no adoptarse de manera unilateral. En ese mismo reporte se alude al “desmantelamiento” de sistemas esenciales y se menciona que la escasez de combustible ha afectado operaciones humanitarias, incluidas respuestas vinculadas al huracán Melissa ocurrido en 2025, un evento que también fue documentado en reportes de Naciones Unidas (UNFPA) sobre necesidades humanitarias en la región.