De acuerdo con un análisis realizado por el Brookings Instutute, el llamado One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), firmado por Donald Trump el 4 de julio de 2025, ha generado preocupación sobre su impacto en la economía del cuidado en Estados Unidos. Este sector incluye el trabajo remunerado y no remunerado de proveedores de cuidado infantil, asistentes de salud en el hogar y otros profesionales que atienden a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. En un contexto de envejecimiento poblacional, la demanda de cuidadores continúa en aumento. Sin embargo, estos trabajadores suelen enfrentar bajos salarios, escasas protecciones laborales y alta precariedad.

Los inmigrantes desempeñan un papel central en este sector. Casi uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos nació en el extranjero y una proporción significativa se concentra en servicios de cuidado doméstico y salud. Según datos del mercado laboral, 42% de los asistentes de salud en el hogar y 27% de los asistentes de cuidado personal son extranjeros, frente a 19% del total de trabajadores del país. En ocupaciones como limpieza doméstica, más de la mitad son no ciudadanos y una parte relevante trabaja sin estatus migratorio regular, lo que evidencia la alta dependencia estructural del sector respecto a la mano de obra inmigrante.

La OBBBA introduce cambios sustanciales en política migratoria que podrían profundizar esta vulnerabilidad. Entre sus disposiciones se incluye una ampliación del financiamiento para deportaciones y control migratorio, con más de US$170 mil millones asignados a agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Estas medidas, junto con la expansión de procesos de expulsión acelerada, han generado un clima de temor que afecta la participación laboral y el acceso a servicios públicos por parte de comunidades inmigrantes.

La ley también incrementa de manera significativa las tarifas para permisos de trabajo, solicitudes de estatus de protección temporal y asilo, elevando algunas tasas hasta US$550 por trámite. Estas barreras económicas podrían desalentar la regularización migratoria y aumentar el número de trabajadores sin documentación formal, quienes suelen carecer de protecciones laborales básicas como salario mínimo, pago de horas extras y condiciones seguras de trabajo. En el sector del cuidado, donde los márgenes salariales son reducidos, este efecto puede agravar la informalidad.

En materia de salud, el OBBBA restringe la elegibilidad para Medicaid a ciudadanos y ciertos residentes legales, excluyendo a grupos previamente cubiertos como refugiados y solicitantes de asilo. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026 y se prevé que millones de personas de bajos ingresos pierdan cobertura. Dado que muchos trabajadores del cuidado dependen de Medicaid tanto como beneficiarios como proveedores indirectamente financiados por el programa, estas restricciones podrían reducir la oferta de servicios y afectar la sostenibilidad financiera del sistema.

Cambios similares afectan el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), limitando beneficios a ciudadanos y residentes legales específicos. La exclusión de inmigrantes indocumentados podría intensificar la inseguridad alimentaria en un sector donde una proporción significativa de trabajadores ya reporta dificultades para cubrir necesidades básicas. La combinación de menores ingresos, pérdida de beneficios y temor a deportación crea un entorno de alta fragilidad económica.

Las consecuencias potenciales incluyen escasez de personal en centros de cuidado infantil, hogares de ancianos y servicios de atención domiciliaria, con efectos en tiempos de espera, calidad del servicio y resultados sanitarios. Con aproximadamente 1,2 millones de residentes en hogares de ancianos en el país, cualquier reducción en la fuerza laboral puede traducirse en presión operativa, agotamiento del personal y deterioro en la atención. Las tensiones en la oferta laboral podrían además trasladarse a otros sectores de la economía.

Frente a este escenario, algunos estados han promovido iniciativas como la Carta de Derechos de Trabajadoras del Hogar (Domestic Worker Bill of Rights), que garantiza derechos básicos a trabajadores domésticos independientemente de su estatus migratorio, incluyendo salario mínimo, pago de horas extras y protección contra discriminación. Estas políticas buscan mitigar los efectos adversos de cambios federales y ofrecer mayor estabilidad a una fuerza laboral clave para la salud pública y el bienestar social. La sostenibilidad de la economía del cuidado dependerá en gran medida de la interacción entre política migratoria, financiamiento sanitario y protecciones laborales.

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA DE EE. UU. MARCA SU MAYOR AVANCE EN CASI UN AÑO

La producción manufacturera de Estados Unidos registró en enero un incremento mensual de 0,6%, el mayor avance en 11 meses, según informó la Reserva Federal. El resultado superó las previsiones de los analistas, que anticipaban un aumento de 0,4%, y representa el repunte más significativo desde febrero de 2025. El dato ofrece un respiro a un sector que ha enfrentado presiones derivadas de aranceles a la importación y tasas de interés elevadas, factores que limitaron la actividad industrial durante gran parte del último año.

El sector manufacturero, que representa 10,1% de la economía estadounidense, mostró además un crecimiento interanual de 2,4% en enero. Aunque desde 2025 la industria ha perdido más de 80.000 empleos, algunos segmentos como el tecnológico han mantenido dinamismo gracias al impulso de la inteligencia artificial. Los aranceles aplicados por la administración de Donald Trump han incrementado los costos para fabricantes y consumidores, pero la reciente recuperación sugiere una adaptación progresiva del aparato productivo.

El avance fue generalizado entre bienes duraderos y no duraderos. La producción de bienes duraderos creció 0,8%, con aumentos en productos minerales no metálicos, maquinaria, equipos informáticos y electrónicos, así como en vehículos de motor, que registraron su primer incremento desde agosto. Por su parte, los bienes no duraderos aumentaron 0,4%, impulsados por el sector papelero, la impresión, productos químicos, plásticos y caucho. Economistas de Wells Fargo & Co señalaron que parte del impulso responde a incentivos fiscales del One Big Beautiful Bill Act, que favorecen la inversión en equipamiento más allá del sector tecnológico.

El informe también mostró una mejora en la utilización de la capacidad industrial, que subió a 76,2% desde 75,7% en diciembre, aunque aún se ubica 3,2 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico. En el caso específico de la manufactura, la tasa de operación alcanzó 75,6%, todavía 2,6 puntos por debajo de su media de largo plazo. Estos niveles reflejan una recuperación parcial que aún no cierra completamente la brecha frente a estándares históricos.

En materia de inversión, el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que los pedidos de bienes de capital no militares, excluidos aviones comerciales, crecieron 0,6% en diciembre, mientras que los despachos avanzaron 1,8%, dato que incide directamente en el PIB. El Banco de la Reserva Federal de Atlanta estima que la inversión empresarial en equipamiento habría aumentado a una tasa anualizada de 2,5% en el cuarto trimestre, en un contexto donde la Casa Blanca ha defendido los aranceles como instrumento para fortalecer la producción doméstica.

EMPRESAS PREVÉN INFLACIÓN MODERADA Y REFUERZAN EXPECTATIVAS DE ESTABILIDAD

Empresas en Estados Unidos anticipan que la inflación se mantendrá contenida durante 2026, según encuestas de bancos regionales de la Reserva Federal que muestran expectativas en mínimos desde antes del repunte de 2022. La encuesta de la Banco de la Reserva Federal de Cleveland ubicó la inflación esperada a 12 meses en 3,1%, por debajo del 3,9% registrado el año pasado. Durante la administración de Joe Biden, esta métrica llegó a superar 7%. El retroceso sugiere que las presiones de precios más intensas quedaron atrás. El dato fortalece la percepción de una normalización gradual del entorno inflacionario.

En paralelo, la encuesta de expectativas empresariales de Reserva Federal de Atlanta indica que las compañías prevén un aumento de apenas 2,0% en sus costos unitarios durante el próximo año, frente a 2,8% a inicios de 2025. En el pico inflacionario de 2022-2023, las lecturas superaban 5%. La convergencia hacia niveles previos al shock inflacionario refleja tanto la distensión de cadenas de suministro como una mayor sensibilidad de la demanda al precio. Las firmas perciben menor margen para trasladar costos al consumidor. La moderación se consolida como tendencia dominante.

El cambio también se evidencia en la estrategia corporativa. PepsiCo anunció recortes de precios en productos como Cheetos, Doritos y Lay’s tras recibir “amplios comentarios de los consumidores sobre limitaciones de asequibilidad”. Su director ejecutivo, Ramon Laguarta, afirmó que la asequibilidad es “la mayor fricción” para los consumidores de ingresos bajos y medios. La compañía había aplicado aumentos de dos dígitos en 2022 y 2023, pero ahora prioriza volumen y cuota de mercado. Este giro refleja un entorno donde el consumidor penaliza incrementos adicionales. La competencia se desplaza hacia accesibilidad más que hacia expansión de márgenes.

La encuesta de Cleveland también mostró una caída significativa en la incertidumbre inflacionaria. La desviación estándar de las respuestas descendió a 0,7 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, el nivel más bajo de la serie reciente. Esta reducción implica mayor confianza empresarial sobre la trayectoria futura de los precios. Un anclaje más firme de expectativas es clave para la política monetaria, ya que reduce el riesgo de espirales salariales o ajustes preventivos de precios. El entorno luce más predecible que en los años de volatilidad pospandemia. Para la Reserva Federal, este es un indicador relevante de credibilidad.

Los resultados también desafían la hipótesis de que los aranceles de la administración de Donald Trump generarán un nuevo ciclo inflacionario. En los 12 meses hasta enero, el índice de bienes de consumo básicos aumentó solo 1,1%, pese a ser la categoría más expuesta a comercio internacional. Un estudio reciente sobre aranceles concluye que históricamente los incrementos en derechos de importación se han asociado con caídas en la inflación. Este argumento cuestiona las previsiones más alarmistas de traspaso automático a precios finales. La evidencia reciente apunta a un impacto limitado.

Desde el enfoque fiscal, el economista John Cochrane de la Hoover Institution sostiene que una mayor capacidad recaudatoria puede reducir la inflación al fortalecer el respaldo fiscal del gobierno. Los aranceles impulsados por Trump han generado cientos de miles de millones de dólares y podrían acumular cerca de cuatro billones entre 2026 y 2036. Bajo este marco, el fortalecimiento fiscal contribuiría a un nivel de precios menor que en un escenario sin aranceles. La relación entre política comercial y estabilidad macroeconómica adquiere así una dimensión estructural.

ESTADOS UNIDOS IMPONE NUEVAS RESTRICCIONES DE VISADO A FUNCIONARIOS IRANÍES POR REPRESIÓN

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visado contra 18 funcionarios del régimen iraní y líderes del sector de telecomunicaciones por su presunta participación en violaciones graves de derechos humanos durante las protestas nacionales registradas entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Según el Departamento de Estado, las medidas responden a la represión ejercida contra miles de manifestantes pacíficos y al cierre casi total del acceso a internet en el país, lo que limitó la documentación independiente de abusos y aisló a la población del exterior.

La decisión fue comunicada por el portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, quien indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, actuó bajo la autoridad de la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La política contempla restricciones de entrada para los individuos señalados y sus familiares inmediatos, al considerar que son cómplices o presuntamente responsables de impedir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Con estas designaciones, el número total de personas sancionadas bajo este esquema asciende a 58.

Washington sostuvo que el régimen iraní mantiene restricciones continuas sobre las libertades fundamentales de la población y reiteró que el presidente Donald Trump ha expresado respaldo al pueblo iraní frente a la represión estatal. La administración afirmó que continuará empleando todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas por abusos cometidos por funcionarios y otros actores vinculados al aparato estatal.

El comunicado subraya que Estados Unidos reafirma su apoyo “inquebrantable” al derecho de los iraníes a la libre expresión, así como a sus demandas de paz y dignidad. La medida forma parte de una estrategia más amplia orientada a responsabilizar a individuos específicos dentro del régimen por acciones que limiten derechos civiles básicos. La política de visados se consolida como instrumento recurrente en la agenda de derechos humanos de Washington.

ESTADOS UNIDOS IMPONE RESTRICCIONES DE VISADO AL DIRECTOR DE LA CÁRCEL LA MODELO EN NICARAGUA

El Gobierno de Estados Unidos anunció restricciones de visado contra Roberto Clemente Guevara Gómez, director de la prisión de máxima seguridad La Modelo en Nicaragua, por su participación en violaciones a los derechos humanos. La medida fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que la decisión busca promover la rendición de cuentas por abusos cometidos contra presos políticos bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La acción se inscribe en la política de sanciones individuales que Washington ha venido aplicando sobre funcionarios vinculados al sistema penitenciario nicaragüense, reforzando la presión diplomática sobre Managua.

Rubio señaló que la designación responde a la participación de Guevara Gómez “en una grave violación de los derechos humanos de un preso político” y precisó que se adopta bajo la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024. La sanción implica la prohibición de entrada a territorio estadounidense y podría extenderse a familiares inmediatos. El Departamento de Estado reiteró que “Estados Unidos exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua”, dejando claro que el tema sigue siendo prioritario en la agenda bilateral.

Washington ha cuestionado de manera sostenida el proceso electoral de noviembre de 2021 en Nicaragua, en el que Ortega y Murillo fueron reelegidos mientras varios aspirantes opositores permanecían en prisión. Desde entonces, las relaciones entre ambos países se han deteriorado, con un aumento de sanciones y pronunciamientos críticos por parte de la administración estadounidense. La Casa Blanca sostiene que el sistema político nicaragüense carece de garantías democráticas y que el encarcelamiento de opositores constituye una violación sistemática de derechos fundamentales.

VENEZUELA RECIBE 110 MIGRANTES REPATRIADOS DESDE ESTADOS UNIDOS

Un avión procedente de Miami aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con 110 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos, en el marco del acuerdo migratorio suscrito entre ambos gobiernos en enero del año anterior. Según informó EFE, el vuelo se realizó bajo el programa estatal Gran Misión Vuelta a la Patria y fue recibido por autoridades que activaron protocolos humanitarios especiales. La operación se desarrolló pese a los episodios de tensión diplomática que han marcado la relación bilateral en los últimos meses, lo que confirma que el canal migratorio se mantiene operativo.

El Ministerio de Interior y Justicia detalló que en el grupo retornaron 92 hombres, 15 mujeres, un adolescente y dos menores de edad, quienes fueron atendidos por organismos de seguridad ciudadana y entidades de asistencia social. El vuelo fue operado por la aerolínea estadounidense Global Crossing como parte de la logística acordada entre Caracas y Washington, que contempla procedimientos de identificación, chequeos médicos y orientación inicial para los repatriados, dentro de un esquema de acompañamiento institucional desde el momento de llegada.

Con este arribo, la cifra de vuelos organizados desde la firma del acuerdo asciende a 112, aun cuando las relaciones entre ambos países han atravesado momentos de fricción, incluido el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe. Apenas tres días antes, otro avión procedente de Miami trasladó a 109 venezolanos bajo un esquema similar, lo que evidencia la continuidad de un mecanismo que busca facilitar el retorno seguro y voluntario de ciudadanos migrantes en situación de vulnerabilidad.

Las operaciones de retorno asistido han requerido coordinación entre autoridades venezolanas, agencias estadounidenses y compañías aéreas especializadas, permitiendo sostener una dinámica regular de repatriaciones. El Ministerio del Interior sostiene que la Gran Misión Vuelta a la Patria tiene como objetivo garantizar derechos básicos, brindar atención sanitaria y asegurar el traslado interno hasta el lugar de residencia o recepción temporal, reforzando así la dimensión humanitaria del programa.

ADMINISTRACIÓN TRUMP FRENA NUEVOS DESPLIEGUES DE FEMA DURANTE EL CIERRE DEL DHS

La administración del presidente Donald Trump ordenó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) suspender el envío de nuevos trabajadores a zonas afectadas por desastres mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permanece cerrado por falta de financiación. Según comunicaciones internas, el DHS instruyó a FEMA detener todos los viajes oficiales, medida que entró en vigor el miércoles. La decisión afecta a más de 300 respondedores que estaban listos para iniciar asignaciones, incluidos algunos en centros de entrenamiento. A partir de ahora, cualquier nuevo desplazamiento requerirá autorización directa de la cúpula del DHS.

La orden se produce pese a que gran parte de los operativos de recuperación se financian a través del Fondo de Ayuda para Desastres, una partida independiente aprobada por el Congreso que no está afectada por el cierre presupuestario y que contaba con aproximadamente US$7 mil millones disponibles a diciembre. Funcionarios internos señalaron que la restricción no responde a falta de recursos, sino a una directriz administrativa vinculada al cierre. El alcance de la medida genera incertidumbre sobre posibles retrasos en procesos como la validación de daños y la aprobación de ayudas federales.

Los equipos que ya trabajan en misiones activas, como la recuperación en estados del sur impactados por el huracán Helene hace dos años, permanecerán en el terreno hasta concluir sus asignaciones, aunque no podrán ser relevados sin autorización expresa del Departamento de Seguridad Nacional. Funcionarios de la agencia advirtieron que la falta de personal adicional podría demorar la apertura de centros de recuperación y la gestión de solicitudes de asistencia en estados como Florida, Carolina del Norte, Washington y Alaska. Algunos altos cargos consideran que el impacto inmediato es limitado, aunque reconocen que la medida complica la capacidad operativa.

Las restricciones recuerdan una política previa impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que exige su aprobación personal para cualquier gasto superior a US$100 mil, lo que ha generado acumulación de fondos pendientes y críticas de legisladores y autoridades estatales. Antes del cierre, líderes del DHS ya discutían límites a los viajes en el marco de esfuerzos para reestructurar FEMA y reducir costos, según fuentes familiarizadas con el proceso.

El congelamiento de viajes coincide además con la controversia por el derrame masivo de aguas residuales en el río Potomac, donde Trump aseguró que FEMA tendría un “papel clave” en la respuesta federal. No obstante, reportes internos indican que la agencia ha desplegado pocos recursos y mantiene la situación bajo monitoreo. El gobernador de Maryland, Wes Moore, acusó al presidente de desinformar y sostuvo que la infraestructura señalada se encuentra en terrenos federales, lo que añade tensión política en medio del cierre presupuestario.

MÁS DE 20 PAÍSES PARTICIPARÁN EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA JUNTA DE PAZ IMPULSADA POR EE. UU.

Más de 20 países asistirán a la primera reunión de la Junta de Paz promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo inicial de abordar el conflicto en Gaza y eventualmente otros focos de tensión internacional. La Casa Blanca confirmó que el mandatario inaugurará la cita con un discurso antes de viajar al estado de Georgia. La reunión se celebrará en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano. La administración adelantó que existe “mucho interés” internacional en el nuevo mecanismo.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, señaló que próximamente se publicará la lista oficial de participantes y reiteró que el presidente anunciará un compromiso superior a US$5 mil millones para financiar esfuerzos humanitarios y de reconstrucción en Gaza. Además, la Junta enviará “miles de efectivos” para integrar una fuerza internacional de estabilización junto con apoyo a la policía local, con el propósito de mantener la seguridad en el enclave palestino. El financiamiento y la estructura operativa buscan consolidar el alto el fuego alcanzado en octubre entre Israel y Hamás.

Entre los 26 países fundadores figuran Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudí y Egipto. Los presidentes Javier Milei y Santiago Peña confirmaron su asistencia a Washington, mientras que Indonesia, Camboya y Vietnam también enviarán a sus máximos representantes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no acudirá personalmente y será representado por su canciller, Gideon Saar.

Otros países como México, Rumanía, Italia y República Checa participarán en calidad de observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica. En contraste, potencias europeas como Francia, España y Suecia rechazaron integrarse formalmente a la Junta al considerar que podría debilitar el papel de la Naciones Unidas en la resolución de conflictos. La Casa Blanca calificó esas críticas de “profundamente lamentables” y defendió que la paz no debería ser objeto de disputas partidistas.

El estatuto del nuevo organismo otorga amplios poderes a su presidente, incluido el derecho de veto y la facultad de fijar la agenda, además de establecer membresías permanentes para los mayores contribuyentes financieros. La adhesión con carácter permanente implica un aporte de US$1 mil millones, lo que subraya el componente financiero como eje estructural del proyecto. Trump ha destacado el “potencial ilimitado” de la iniciativa, que aspira a ir “más allá de Gaza” y promover acuerdos en otros escenarios de conflicto.

A pesar del alto el fuego alcanzado en octubre como parte de un plan impulsado por Washington, continúan reportándose violaciones al acuerdo en Gaza. La Junta de Paz se presenta, así como un instrumento adicional de diplomacia multilateral liderado por Estados Unidos, con una arquitectura que combina financiamiento, despliegue de fuerzas de estabilización y liderazgo político concentrado en la presidencia. Su efectividad dependerá del grado de adhesión internacional y de su coordinación con actores tradicionales del sistema multilateral.

SECRETARIO DE ESTADO RUBIO MANTIENE CONTACTOS SECRETOS CON LA FAMILIA CASTRO, SEGÚN AXIOS

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha mantenido conversaciones secretas con Raúl Rodríguez Castro, nieto y actual cuidador del expresidente cubano Raúl Castro, según reveló Axios. Los contactos se estarían realizando al margen de los canales oficiales del Gobierno de Cuba y ocurren en un contexto de presión sin precedentes de Washington sobre La Habana. De acuerdo con el medio, la administración de Donald Trump considera que, pese a no ocupar la presidencia, el líder histórico sigue siendo una figura determinante en la toma de decisiones estratégicas en la isla. El movimiento sugiere una diplomacia paralela orientada a influir en el núcleo real del poder cubano.

Un alto funcionario estadounidense citado por Axios precisó que no se trata de “negociaciones”, sino de “discusiones” sobre el futuro político y económico de la isla. La distinción semántica busca evitar la percepción de un reconocimiento formal del régimen, mientras se exploran escenarios de transición o ajustes estructurales. Desde Washington se insiste en que cualquier redefinición dependerá directamente del presidente Trump, quien aún no ha tomado una decisión definitiva. Sin embargo, el hecho de sostener estos contactos indica que la Casa Blanca mantiene abiertos canales estratégicos de comunicación.

Rubio y su equipo consideran que el entorno del joven Rodríguez Castro representa a una generación más pragmática y con mentalidad empresarial, menos identificada con el comunismo revolucionario tradicional. Según las fuentes citadas, este círculo valora un eventual acercamiento a Estados Unidos en busca de alivio económico y mayor apertura. Washington sostiene que “el régimen tiene que irse”, aunque reconoce que la forma concreta de ese cambio aún no está definida. La administración también ha conversado con otros actores influyentes, pero identifica al nieto de Castro como una figura clave para cualquier reconfiguración interna. La estrategia apunta a influir en la arquitectura del poder más que en la retórica oficial.

Una fuente consultada por Axios describió al joven Castro como “la niña de los ojos de su abuelo” y subrayó su cercanía a estructuras vinculadas con el conglomerado militar-empresarial GAESA, eje central de la economía cubana. Las conversaciones han sido calificadas como “sorprendentemente” amistosas, lo que sugiere un clima menos confrontacional en el plano privado que en el discurso público. Este doble carril diplomático refleja una aproximación táctica en la que la presión y el diálogo coexisten. La apuesta parece centrarse en explorar fisuras generacionales dentro del aparato de poder cubano. El resultado dependerá de la voluntad política en ambos lados.

MÉXICO EXPLORA MEDIACIÓN ENTRE WASHINGTON Y LA HABANA EN MEDIO DE LA CRISIS CUBANA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que existen conversaciones para evaluar si su país puede facilitar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Durante su conferencia matutina, explicó que la posibilidad depende no solo de la voluntad mexicana, sino también de las decisiones soberanas de ambos gobiernos. Señaló que “hay pláticas para ver si es factible”, aunque evitó detallar el alcance de los contactos. La mandataria subrayó que cualquier avance requerirá condiciones aceptables para las partes involucradas. El anuncio ocurre en un contexto de presión creciente sobre La Habana.

Sheinbaum reiteró que México continuará enviando ayuda humanitaria a la isla ante la aguda crisis económica, agravada por el bloqueo petrolero de Washington. “Ojalá se sumen más países. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo”, declaró, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a participar en los esfuerzos de asistencia. La cooperación, explicó, no se limita al ámbito gubernamental, ya que también incluye iniciativas ciudadanas. En sus palabras, “México siempre ha sido solidario, siempre, y no va a ser la excepción”. La política exterior mexicana busca proyectar coherencia con su tradición diplomática.

La presidenta enmarcó estas acciones en los principios constitucionales de autodeterminación y no intervención. Sostuvo que “los únicos que pueden decidir el gobierno de Cuba son los cubanos” y que ninguna nación debe incurrir en injerencias o invasiones. Reiteró que la solución pacífica de los conflictos guía la postura mexicana frente a la crisis regional. Este énfasis normativo apunta a diferenciar la mediación de cualquier intento de presión política directa. México busca posicionarse como actor facilitador y no como parte del conflicto.