Este martes 24 de febrero, el presidente Donald Trump pronunciará su discurso del Estado de la Unión desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes a las 9:00 p. m. ET (misma hora en Colombia; 6:00 p. m. PT). La Casa Blanca enmarca el mensaje bajo el lema “America at 250: Strong, Prosperous and Respected”, en referencia al aniversario 250 del país. 

Se anticipa que el presidente aborde asuntos como inflación/asequibilidad, inmigración y política exterior, en un discurso clave de cara al ciclo electoral de medio término. La respuesta demócrata estará a cargo de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien ha señalado que enfocará su mensaje en el costo de vida. 

Como parte del simbolismo por los 250 años, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, exhibirá el mazo de George Washington durante la sesión, según la Sociedad Histórica del Capitolio. En el palco de la primera dama, Melania Trump invitó a una defensora de jóvenes en foster care y a una niña vinculada a iniciativas de educación/IA, de acuerdo con el anuncio divulgado. 

• EE. UU. APRUEBA RECURSOS PARA COOPERACION CON COLOMBIA EN EL MARCO DE LAS APROPIACIONES FY2026

En febrero de 2026, el presidente Donald J. Trump firmó la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026 (Consolidated Appropriations Act, 2026), que proporciona financiamiento para la mayor parte de las operaciones del gobierno federal hasta el 30 de septiembre de 2026, fecha de cierre del Año Fiscal 2026 en Estados Unidos. Esta ley bipartidista cerró un breve cierre parcial del gobierno y permitió restablecer fondos para departamentos y programas clave tras semanas de negociaciones en el Congreso. 

El paquete total de asignaciones fiscales para el FY 2026 se aproxima a USD 1.2 billones en conjunto, cubriendo múltiples áreas del gasto federal (defensa, educación, transporte, salud y seguridad nacional, entre otras), como parte de los doce proyectos de ley de apropiaciones que completan el presupuesto anual. 

Dentro de esa ley de asignaciones, en el título correspondiente al National Security, Department of State, and Related Programs (NSRP), que financia actividades de política exterior, cooperación internacional y seguridad nacional relevante al Departamento de Estado y agencias vinculadas, el Congreso incluyó recursos destinados a prioridades específicas de política exterior. 

Entre estas partidas se encuentran:

• USD 25 millones destinados a apoyar a comunidades afrocolombianas e indígenas en Colombia, incluidas organizaciones comunitarias de base.
• USD 15 millones asignados a iniciativas relacionadas con derechos humanos en Colombia.

Estos recursos están autorizados como parte de programas de inversión en seguridad, desarrollo social y fortalecimiento de capacidades civiles, incluyendo el apoyo a grupos tradicionalmente marginados o que enfrentan vulnerabilidades dentro del contexto colombiano. 

Estos recursos para comunidades afrocolombianas, indígenas y derechos humanos coinciden con informes oficiales de organismos internacionales y de derechos humanos que señalan desafíos estructurales persistentes en Colombia, incluidas violaciones de derechos humanos en zonas rurales, desigualdades y vulnerabilidades para líderes comunitarios e indígenas. 

CBP EMITE GUÍA SOBRE ARANCEL DEL 10% QUE ENTRÓ EN VIGENCIA, CASA BLANCA SIGUE CONSIDERANDO AUMENTO AL 15%

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) emitió la guía oficial de implementación del nuevo arancel global temporal del 10% decretado por el presidente Donald Trump la semana pasada.

En su comunicación formal a los importadores, la autoridad aduanera precisó que, “según la proclamación emitida por el Presidente el 20 de febrero de 2026 (…) vigente con respecto a las mercancías ingresadas para consumo o retiradas del almacén para consumo a partir de las 00:01, hora estándar del este, del 24 de febrero de 2026, todas las mercancías que ingresen a Estados Unidos, independientemente de su país de origen, están sujetas a un recargo adicional del 10% a la importación, a menos que estén específicamente exentas”.

De esta manera, desde las 00:01 (hora del este) del 24 de febrero comenzó a aplicarse formalmente el recargo adicional del 10% a todas las importaciones. CBP aclaró que cualquier modificación en la tasa requerirá una nueva orden ejecutiva o proclamación presidencial.

Sin embargo, la Casa Blanca, según información de la agencia Reuters, confirmó que continúa trabajando en la posibilidad de elevar la tarifa al 15%. Un funcionario de la administración señaló al medio que el presidente Trump “no ha cambiado de opinión” respecto a su intención de fijar el arancel en 15%, nivel que había anunciado públicamente días atrás.

No obstante, hasta el momento la única tasa formalmente vigente es la del 10%, y no se ha definido un calendario para una eventual modificación.

El nuevo gravamen fue impuesto bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, mecanismo que permite al Ejecutivo establecer recargos temporales de hasta 15% durante un máximo de 150 días para enfrentar desequilibrios en la balanza de pagos. La medida reemplaza los aranceles globales de emergencia que habían sido adoptados previamente bajo la IEEPA y que fueron anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El recargo tendrá una duración técnica de 150 días, es decir, hasta el 23 de julio de 2026. Cualquier extensión posterior requeriría aprobación del Congreso. Aunque la medida se aplica de manera universal, contempla excepciones específicas.

Entre los productos exentos figuran ciertos bienes agrícolas como carne de res y tomates, medicamentos, minerales críticos y metales para acuñación de monedas, determinados insumos energéticos y aeroespaciales, donaciones y equipaje acompañado. Tampoco se ven afectados los sectores ya gravados bajo otros instrumentos legales, como los aranceles del 50% al acero y aluminio, ni los bienes cubiertos por el T-MEC con Canadá y México.

Paralelamente, la administración confirmó la continuidad de la suspensión de la exención “de minimis” para envíos de bajo valor, lo que implica que los bienes importados vía comercio electrónico, incluidos los enviados mediante el sistema postal internacional, seguirán sujetos tanto al recargo temporal del 10% como a los gravámenes previamente establecidos.

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN EE.UU. SUBE A 91,2 EN FEBRERO, PERO SIGUE LEJOS DEL PICO DE 2024

La confianza del consumidor en Estados Unidos repuntó ligeramente en febrero, aunque se mantiene muy por debajo de los máximos registrados a finales de 2024, según el último informe publicado por The Conference Board. El índice aumentó 2,2 puntos hasta 91,2, desde un dato revisado al alza de 89,0 en enero, reflejando una moderada mejora en las expectativas, aunque en un entorno aún marcado por cautela económica.

El subíndice de Situación Actual, basado en la percepción sobre condiciones empresariales y del mercado laboral,  cayó 1,8 puntos hasta 120,0, lo que indica un deterioro en la evaluación del presente. En contraste, el índice de Expectativas, que mide la visión a seis meses sobre ingresos, empleo y negocios,  subió 4,8 puntos hasta 72 mostrando una leve reducción del pesimismo. Aun así, el indicador general permanece lejos del pico de 112,8 alcanzado en noviembre de 2024.

“Confidence ticked up in February after falling in January, as consumers’ pessimistic expectations for the future eased somewhat”, explicó Dana M Peterson, economista jefe de The Conference Board. No obstante, advirtió que el nivel actual sigue siendo moderado y que los comentarios abiertos de los encuestados continúan mostrando preocupación por precios, inflación y costo de vida, así como por comercio y política.

En términos laborales, la proporción de consumidores que considera que los empleos son “abundantes” aumentó a 28,0% desde 25,8%, mientras que quienes los ven “difíciles de conseguir” también subieron a 20,6% desde 19,0%. El diferencial del mercado laboral mejoró ligeramente a +7,4 p.p. En cuanto a expectativas, el 17,6% espera que las condiciones empresariales mejoren en seis meses, frente a 16,5% en enero, y el 15,7% anticipa más empleos disponibles, frente a 14,8% previo.

Las expectativas de ingresos mostraron un leve optimismo: 17,3% espera aumentos salariales frente a 17,2% en enero, mientras que 12,3% anticipa caídas, menor que el 12,7% previo. Las expectativas de inflación a 12 meses permanecen elevadas y los consumidores creen que las tasas de interés seguirán altas durante el próximo año, lo que mantiene presión sobre las decisiones de gasto.

Por grupos demográficos, la confianza aumentó entre los menores de 35 años —el segmento más optimista— y entre la Generación Z en promedio móvil de seis meses, mientras que disminuyó entre mayores de 35 años y en la mayoría de los niveles de ingreso. Por afiliación política, el indicador repuntó entre votantes republicanos e independientes, pero se debilitó entre demócratas.

En cuanto a planes de consumo, las intenciones de compra de bienes durables aumentaron en febrero, especialmente para autos usados, muebles, televisores y smartphones. La intención de adquirir vehículos mantiene una tendencia alcista en promedio móvil de seis meses, aunque los consumidores continúan prefiriendo autos usados frente a nuevos. Las expectativas de compra de vivienda se mantuvieron estables en el mes, pero muestran retroceso en tendencia semestral.

El gasto previsto en servicios se moderó levemente, aunque sigue en niveles saludables. Restaurantes y comida para llevar continúan encabezando las categorías de gasto anticipado, mientras que planes de vacaciones —tanto nacionales como internacionales— retrocedieron ligeramente. Por lo tanto, el informe sugiere que el consumidor estadounidense mantiene disposición a gastar, pero con mayor selectividad y sensibilidad a precios, en un entorno de crecimiento más lento y persistentes presiones inflacionarias.

EE. UU. ADVIERTE A LOS CÁRTELES MEXICANOS DE “GRAVES CONSECUENCIAS” SI DAÑAN A SUS CIUDADANOS

La Casa Blanca advirtió que los cárteles mexicanos enfrentarán “graves consecuencias” si hieren a ciudadanos estadounidenses, en medio de la ola de violencia desatada en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Según informó la secretaria de prensa Karoline Leavitt, hasta el momento no existen reportes de estadounidenses heridos, secuestrados o fallecidos, pero el mensaje hacia las organizaciones criminales fue categórico.

Leavitt señaló que los cárteles “saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente”, en referencia a Donald Trump. La portavoz subrayó que la operación que culminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contó con apoyo de inteligencia estadounidense y calificó el operativo como un éxito de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La administración Trump ha reforzado su postura al designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, ampliando así el margen legal para aplicar sanciones y operaciones extraterritoriales. Además, recordó las recientes “medidas letales” adoptadas contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico con el objetivo de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Washington afirmó que continúa “coordinando, cooperando y presionando” al Gobierno mexicano para intensificar la lucha contra el narcotráfico y contener el flujo de drogas sintéticas por la frontera sur. Esta declaración se produce en un momento de alta sensibilidad diplomática, dado que la escalada de violencia ha afectado a regiones turísticas estratégicas para ambos países.

Tras el abatimiento de Oseguera Cervantes en un operativo del Ejército mexicano en Tapalpa, estado de Jalisco, se desató una ola de violencia en cerca de un tercio de los estados mexicanos, incluyendo Guadalajara y Puerto Vallarta. Las autoridades reportaron la muerte de 25 militares, un vigilante, un agente de la fiscalía estatal y 30 presuntos integrantes del CJNG, además de aproximadamente 85 bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a instalaciones comerciales.

Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en México levantó este martes la alerta de seguridad emitida para sus ciudadanos, al informar que el transporte público y las actividades comerciales comenzaron a regresar a la normalidad tras el operativo militar. En el aviso oficial, la misión diplomática señaló que “el transporte público y los negocios continúan regresando a operaciones normales” y precisó que los ciudadanos estadounidenses “ya no son exhortados a resguardarse en sus hogares”, lo que sugiere una estabilización progresiva de la situación de seguridad en las zonas afectadas.

EE. UU. ABORDA UN TERCER PETROLERO EN EL ÍNDICO POR VIOLAR SU BLOQUEO DE CRUDO EN EL CARIBE

Las fuerzas armadas de Estados Unidos han abordado y detenido en el océano Índico a un tercer petrolero sancionado que, según Washington, violó el bloqueo marítimo aplicado a las operaciones de petróleo en el Caribe vinculadas a Venezuela y Cuba, informó el Pentágono. La interceptación se realizó tras seguir al buque desde aguas del Caribe hasta su ubicación en la región del Indo-Pacífico y se produjo sin incidentes significativos, según el comunicado oficial.

El petrolero, identificado como Bertha y navegando bajo bandera de las Islas Cook, fue abordado en una operación de “derecho de visita, interdicción marítima y abordaje” ejecutada por fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico (INDOPACOM). Según el Pentágono, la embarcación intentó evadir el cerco establecido con anterioridad por las autoridades estadounidenses, que califican su comportamiento de desafiante.

Esta acción es parte de una estrategia más amplia iniciada en diciembre de 2025, denominada Operation Lanza del Sur, bajo la cual EE.UU. ha impuesto una “cuarentena” marítima a petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, extendiendo las restricciones incluso a envíos de crudo hacia Cuba. En el marco de esta operación, las fuerzas estadounidenses han interceptado y abordado múltiples buques sancionados en distintos puntos del océano, incluidos el Aquila II y el Veronica III.

De acuerdo con informes de seguimiento marítimo, el Bertha habría utilizado alias y coordenadas falsas para aparentar estar fuera del alcance de la vigilancia, un método similar al observado en interceptaciones anteriores de otros tanqueros sancionados, que buscan dificultar su rastreo y eludir las medidas estadounidenses. Estas tácticas evidencian la complejidad de las redes de evasión y la determinación de Washington por aplicar sus sanciones más allá de las aguas caribeñas.

El Pentágono reiteró a través de sus redes sociales que “las aguas internacionales no son un refugio para actores sancionados” y que el Departamento de Guerra está comprometido a negar libertad de movimiento en el dominio marítimo a quienes, según EE.UU., operan al margen de las normas establecidas. Esta declaración subraya la voluntad de las autoridades estadounidenses de hacer cumplir sus políticas de sanciones incluso en escenarios de largo alcance geográfico.

ADMINISTRACIÓN TRUMP FRENA PLAN PARA CENTRO DE DETENCIÓN DE ICE EN NEW HAMPSHIRE

La administración del presidente Donald Trump decidió no avanzar con la construcción de un centro de detención migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) en Merrimack, New Hampshire, según confirmó la gobernadora republicana Kelly Ayotte. La decisión se conoció tras una reunión entre Ayotte y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), Kristi Noem, en Washington.

Ayotte explicó que trasladó a la Casa Blanca las preocupaciones de la comunidad local, situada a unos 80 kilómetros de Boston, y señaló que, aunque el proyecto fue descartado, las autoridades estatales continuarán cooperando con el DHS para reforzar la seguridad en la frontera norte con Canadá. Desde el DHS confirmaron el encuentro y calificaron a New Hampshire como “un socio fuerte” en materia de seguridad.

El retiro del plan ocurre en un contexto de expansión nacional de centros de detención migratoria, en línea con la agenda de control migratorio impulsada por Trump. La administración ha incrementado redadas y operativos en ciudades como Los Ángeles y Chicago, mientras busca ampliar la capacidad de detención con un presupuesto que supera los US$38 mil millones este año.

Las políticas han generado críticas crecientes por parte de demócratas y organizaciones de derechos civiles, que denuncian condiciones deficientes, problemas sanitarios y presuntas violaciones a derechos humanos en instalaciones administradas por empresas privadas como GEO Group y CoreCivic. Según reportes, al menos ocho personas han fallecido en centros de detención de ICE en lo que va de 2026, tras 31 muertes registradas el año anterior.

El debate político se ha intensificado de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Demócratas en el Senado han bloqueado fondos adicionales para el DHS como mecanismo de presión para limitar las operaciones de ICE, mientras la portavoz presidencial Karoline Leavitt adelantó que Trump instará al Congreso a aprobar el financiamiento durante su discurso del Estado de la Unión.

EE.UU. SANCIONA A RED DE CORRETAJE DE “EXPLOITS” POR ROBO Y VENTA DE HERRAMIENTAS CIBERNÉTICAS DEL GOBIERNO

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (U.S. Department of the Treasury) anunció sanciones contra el ciudadano ruso Sergey Sergeyevich Zelenyuk y su empresa Matrix LLC, conocida como Operation Zero, por la adquisición y comercialización de herramientas cibernéticas robadas que afectaban la seguridad nacional estadounidense. La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), que también incluyó a cinco individuos y entidades asociadas.

Según el comunicado oficial, Operation Zero operaba como intermediario de “exploits”, es decir, códigos o técnicas que aprovechan vulnerabilidades en programas informáticos para obtener acceso no autorizado, robar información o tomar control de dispositivos electrónicos. Entre las herramientas adquiridas por la red se encontraban al menos ocho herramientas cibernéticas propietarias desarrolladas para uso exclusivo del gobierno de Estados Unidos y aliados selectos, las cuales fueron sustraídas de una empresa estadounidense y posteriormente vendidas a usuarios no autorizados.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “si robas secretos comerciales estadounidenses, te haremos responsable”, y subrayó que el Tesoro continuará trabajando con el resto de la administración del presidente Donald Trump para proteger la propiedad intelectual sensible y la seguridad nacional. Paralelamente, el Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) y el Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) investigaron al ciudadano australiano Peter Williams, ex empleado de la empresa afectada, quien se declaró culpable en octubre de 2025 por el robo de secretos comerciales.

Las designaciones se realizaron bajo la Orden Ejecutiva 14306 que faculta sanciones contra actividades cibernéticas que amenacen la seguridad nacional. Además, el Departamento de Estado (Department of State) aplicó sanciones bajo la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual Estadounidense, siendo la primera vez que se emplea esta normativa. La acción también incluyó a Special Technology Services LLC FZ (STS), empresa radicada en Emiratos Árabes Unidos vinculada a Zelenyuk.

OFAC también sancionó a individuos asociados como Marina Evgenyevna Vasanovich, asistente de Zelenyuk, así como a Azizjon Mamashoyev y Oleg Kucherov, este último presuntamente vinculado al grupo de ciberdelincuencia Trickbot. Asimismo, fue designada Advance Security Solutions, firma con operaciones en Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán, señalada como otra intermediaria en la comercialización de exploits contra software desarrollado en Estados Unidos.

Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC. Las regulaciones prohíben transacciones con los sancionados y contemplan sanciones civiles o penales por incumplimiento, reforzando el mensaje de Washington sobre la protección de la propiedad intelectual y la integridad de sus sistemas tecnológicos estratégicos.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DEMANDA A NUEVA JERSEY POR “INTERFERIR” CON LEYES FEDERALES DE INMIGRACIÓN

El Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) presentó una demanda contra el estado de Nueva Jersey y su gobernadora demócrata Mikie Sherrill, al considerar que una orden ejecutiva estatal interfiere con la aplicación de las leyes federales de inmigración. La acción judicial fue impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que sostiene que la medida estatal vulnera la autoridad federal en materia migratoria.

Según el Gobierno federal, la orden emitida en febrero por Sherrill prohíbe a agentes federales de inmigración realizar detenciones en propiedades estatales que no sean de acceso público, y les impide utilizar dichas instalaciones como “área de preparación o base de operaciones”. Para el Ejecutivo, esta disposición constituye una obstrucción directa a la ejecución de la ley federal.

En la demanda, el DOJ argumenta que la gobernadora busca “obstruir de manera intencional” la aplicación de la normativa migratoria y “frustrar la obligación constitucional” del presidente de velar por el cumplimiento fiel de las leyes federales. La administración solicita al tribunal que declare inválida la orden ejecutiva y conceda cualquier otra reparación que considere apropiada.

En un comunicado, la fiscal general Pam Bondi criticó las llamadas políticas santuario de Nueva Jersey, calificándolas de ilegales y señalando que la falta de cooperación con autoridades migratorias puede derivar en la liberación de personas sujetas a deportación. “Los agentes arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Nueva Jersey y aun así sus líderes implementan políticas diseñadas para obstruir y poner en peligro a las fuerzas del orden”, afirmó.

El caso se suma a disputas similares entre la Casa Blanca y estados gobernados por demócratas. En junio pasado, el Gobierno demandó al estado de Nueva York por políticas que restringen detenciones migratorias en tribunales locales, aunque un juez federal desestimó esa querella en noviembre al considerar que dichas normas no eran inconstitucionales. Hasta el momento, Sherrill no se ha pronunciado públicamente sobre la nueva demanda interpuesta ante un tribunal federal en Nueva Jersey.

CHINA EXIGE A EE. UU. CANCELAR ARANCELES “UNILATERALES” Y PROPONE SEXTA RONDA DE CONSULTAS

China solicitó formalmente a Estados Unidos la cancelación de los aranceles que calificó como “unilaterales” y manifestó su disposición a celebrar una sexta ronda de consultas económicas y comerciales bilaterales, en respuesta a los recientes ajustes arancelarios adoptados por la administración del presidente Donald Trump. El pronunciamiento se produce en un contexto de reconfiguración del esquema tarifario estadounidense tras el fallo de la Corte Suprema que limitó el uso de poderes de emergencia.

El Ministerio de Comercio de la República Popular China instó a Washington a “cancelar y abstenerse de imponer aranceles unilaterales”, reiterando que “la cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas”. Pekín subrayó que las tensiones comerciales no contribuyen a la estabilidad del comercio global ni a la recuperación económica internacional.

Asimismo, la cartera comercial china expresó su disposición a mantener “consultas francas” en el marco de una sexta ronda de negociaciones económicas y comerciales, e hizo un llamado a que Estados Unidos trabaje “en la misma dirección” para garantizar un desarrollo “saludable, estable y sostenible” de la relación bilateral. El mensaje deja abierta la puerta a una vía diplomática, aunque bajo condiciones explícitas de desescalamiento arancelario.

El comunicado chino se conoció después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (U.S. Customs and Border Protection, CBP) dejara de recaudar los aranceles adicionales impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), en cumplimiento del fallo del Supreme Court of the United States. En su lugar, Washington comenzó a aplicar un recargo global del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Según Pekín, los gravámenes adicionales previamente aplicados a China incluían un 10% vinculado al combate al fentanilo y un 34% correspondiente a los llamados “aranceles recíprocos”, de los cuales un 24% fue suspendido, situando el nivel efectivo adicional en 20%. Este cálculo refleja la complejidad técnica del esquema tarifario vigente y la dificultad de determinar la carga real sobre las exportaciones chinas.

China afirmó que seguirá “evaluando de forma integral” las medidas adoptadas por Estados Unidos y que decidirá “en su debido momento” si ajusta sus contramedidas. Pekín advirtió que se reserva el derecho de adoptar “todas las medidas necesarias” para proteger sus intereses legítimos, lo que sugiere que la posibilidad de represalias permanece abierta si no se produce una reversión parcial o total de los nuevos aranceles.