El plazo para enviar comentarios vence el 19 de marzo de 2026. El anuncio se inscribe en una estrategia más amplia de seguridad económica y nacional. La Casa Blanca pretende reducir vulnerabilidades estructurales derivadas de la dependencia externa.

Según el comunicado, el acuerdo contemplaría compromisos para establecer precios mínimos o mecanismos de referencia acompañados de medidas en frontera, incluidos aranceles u otras herramientas correctivas. El objetivo sería garantizar retornos financieros adecuados que viabilicen inversiones en minería, procesamiento y refinación dentro de las jurisdicciones participantes. La USTR plantea que los mecanismos de precio reflejen costos reales de extracción y procesamiento bajo economías de mercado. Además, se evaluará la frecuencia de ajuste de precios para responder a dinámicas cambiantes.

El trasfondo normativo incluye órdenes ejecutivas y proclamaciones emitidas en 2025 y 2026 que activaron instrumentos bajo la Sección 232 por razones de seguridad nacional. En enero de 2026, el Presidente Trump determinó que las importaciones de minerales críticos procesados amenazan con menoscabar la seguridad nacional, instruyendo negociaciones para ajustar flujos comerciales. El nuevo proceso de consulta busca operacionalizar ese mandato a través de un acuerdo plurilateral. Se pretende corregir distorsiones generadas por subsidios, dumping o prácticas monopólicas en mercados globales. La estrategia reconoce que cada mineral presenta dinámicas propias de oferta y demanda.

Entre los ejes técnicos de la consulta se encuentran la priorización de minerales específicos definidos por el Servicio Geológico de EE. UU., la selección de socios estratégicos y la definición de estándares comunes para evitar arbitrajes regulatorios. También se examinan mecanismos para segmentar cadenas de valor entre mineral extraído, procesado y productos finales. La USTR solicita comentarios sobre cómo prevenir mercados grises o evasión comercial. La coordinación incluiría monitoreo y cumplimiento entre las partes. El enfoque busca construir un mercado “resiliente y no distorsionado” entre países alineados.

Desde una perspectiva económica, la propuesta implica una transición hacia un esquema de gestión coordinada de precios en sectores estratégicos. La introducción de precios mínimos respaldados por medidas arancelarias podría alterar las señales tradicionales de mercado, elevando costos en el corto plazo pero promoviendo inversión en oferta doméstica y aliada. Para las industrias que utilizan estos minerales como insumo —como defensa, semiconductores, baterías y energías renovables— el efecto dependerá del diseño final del mecanismo. Un precio de referencia demasiado alto podría trasladarse a consumidores industriales. Sin embargo, la administración prioriza estabilidad y seguridad de suministro sobre eficiencia de corto plazo.

En el plano geopolítico, el acuerdo plurilateral consolidaría un bloque de países con reglas comunes frente a productores dominantes que operan bajo esquemas no de mercado. Esto podría profundizar la fragmentación del comercio global en cadenas alineadas políticamente. Socios con reservas minerales relevantes podrían beneficiarse de acceso preferencial a un mercado coordinado. No obstante, países excluidos enfrentarían mayores barreras de acceso. El instrumento funcionaría como complemento a investigaciones bajo Sección 232 y otras herramientas comerciales.

Para América Latina, y particularmente para economías con potencial en minerales estratégicos, el desarrollo abre oportunidades y desafíos. La inclusión en un eventual acuerdo requerirá alineamiento regulatorio, transparencia en inversión y estándares ambientales compatibles con el bloque. Países con capacidades en litio, cobre, níquel o tierras raras podrían integrarse a cadenas más estables si cumplen criterios. Sin embargo, la adopción de precios mínimos coordinados podría limitar estrategias de competitividad basadas en costos bajos. La decisión de adhesión implicará cálculos geoeconómicos complejos.

Desde la óptica empresarial, la señal principal es que EE. UU. busca crear condiciones de rentabilidad predecible para proyectos intensivos en capital. Inversionistas en minería y refinación podrían ver reducido el riesgo de volatilidad extrema de precios. Al mismo tiempo, empresas importadoras deberán evaluar posibles ajustes arancelarios y cambios en costos de insumos. La consulta pública indica que aún hay espacio para influir en el diseño técnico.

Por lo tanto, la iniciativa de la USTR marca un cambio hacia una política comercial estructural en sectores estratégicos, combinando seguridad nacional, coordinación plurilateral y mecanismos explícitos de formación de precios. Si se concreta, el acuerdo redefinirá incentivos de inversión, patrones de comercio y relaciones entre economías productoras y consumidoras. El impacto dependerá del equilibrio entre estabilidad, competitividad y compatibilidad con normas multilaterales. El proceso de comentarios será determinante para delimitar su alcance final.

LEVE AUMENTO EN SOLICITUDES DE DESEMPLEO CONFIRMA ESTABILIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN EE. UU.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron ligeramente la semana pasada, lo que refuerza la lectura de un mercado laboral que continúa estabilizándose tras episodios recientes de volatilidad. Según el Departamento de Trabajo (U.S. Department of Labor, DOL), las peticiones crecieron en 4.000 hasta un total ajustado estacionalmente de 212.000 en la semana finalizada el 21 de febrero, cifra inferior a las 215.000 previstas por los analistas, lo que sugiere que los despidos permanecen contenidos. En este contexto, la tasa de desempleo parece mantenerse estable durante febrero, consolidando la percepción de resiliencia en el empleo.

Las cifras incluyeron el feriado del Día de los Presidentes, factor que pudo incidir parcialmente en el resultado, aunque el nivel general de solicitudes apunta a una recuperación gradual tras la debilidad observada el año pasado. Esa desaceleración estuvo asociada a la incertidumbre generada por los amplios aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, que llevaron a muchas empresas a actuar con mayor cautela en sus decisiones de contratación. Aunque la Corte Suprema invalidó esas medidas, la administración introdujo un arancel global temporal del 10% por 150 días, movimientos que, según economistas, genera incertidumbre de corto plazo pero con impacto macroeconómico acotado.

La cautela empresarial también ha estado influenciada por la rápida adopción de inteligencia artificial, que está reconfigurando decisiones de inversión y necesidades de personal en distintos sectores. En paralelo, las solicitudes continuas de beneficios, consideradas un indicador indirecto del ritmo de contratación, disminuyeron en 31.000 hasta 1,8 millones en la semana terminada el 14 de febrero, período que coincide con la referencia estadística para calcular la tasa de desempleo mensual. Esta reducción sugiere que más personas están encontrando empleo o dejando de recibir asistencia, reforzando la idea de un ajuste ordenado.

En enero, la tasa de desempleo bajó a 4,3% desde 4,4% en diciembre, lo que confirma que el mercado laboral ha retomado tracción, aunque persiste cierta ansiedad entre los consumidores respecto a sus perspectivas laborales. Una encuesta reciente del Conference Board indicó que la proporción de personas que considera que los empleos son “difíciles de conseguir” alcanzó un máximo de cinco años, aun cuando parte de los hogares percibe una mejora en la disponibilidad de trabajo. Esta combinación de estabilidad estadística y cautela subjetiva refleja un entorno laboral sólido pero sensible a factores externos.

Adicionalmente, la duración media del desempleo se mantiene cerca de máximos de cuatro años, lo que evidencia retos estructurales en segmentos específicos del mercado. Los recién graduados universitarios, por ejemplo, enfrentan mayores dificultades para insertarse laboralmente, situación que no se refleja plenamente en las estadísticas de solicitudes debido a su limitada historia de cotización. En conjunto, los indicadores muestran un mercado laboral equilibrado, con fundamentos estables y focos puntuales de vulnerabilidad que continúan bajo seguimiento.

EE. UU. E IRÁN AVANZAN EN GINEBRA Y TRASLADAN NEGOCIACIÓN NUCLEAR A FASE TÉCNICA EN VIENA

Estados Unidos e Irán concluyeron en Ginebra la tercera ronda de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, un encuentro en el que Teherán entregó una propuesta detallada a través del ministro de Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, quien volvió a ejercer como mediador entre ambas delegaciones. Aunque las conversaciones se desarrollaron sin contacto directo entre los equipos negociadores, el balance oficial fue de “progresos significativos”, lo que permitió acordar una nueva fase de discusiones técnicas que tendrá lugar la próxima semana en Viena tras consultas en las respectivas capitales.

Antes del inicio formal de la ronda, el canciller omaní sostuvo conversaciones con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en previsión de un eventual acuerdo que requeriría mecanismos de inspección y verificación sobre las instalaciones nucleares iraníes. La dimensión técnica del proceso adquiere especial relevancia en este punto, ya que cualquier entendimiento dependerá no solo de compromisos políticos sino también de un esquema creíble de supervisión internacional que garantice transparencia en las actividades nucleares.

Las diferencias de fondo, sin embargo, siguen marcando el marco negociador, dado que Washington insiste en la suspensión del enriquecimiento de uranio y en restricciones al programa de misiles iraní, mientras Teherán condiciona cualquier reducción de su actividad nuclear al levantamiento de sanciones económicas. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, reiteró que la República Islámica no busca desarrollar armas nucleares y recordó que el líder supremo, Ali Jameneí, ha prohibido expresamente ese objetivo, una afirmación que busca reforzar la posición defensiva de Irán frente a las exigencias estadounidenses.

EE. UU. Y LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO FIRMAN ACUERDO SANITARIO POR US$1,2 MIL MILLONES

Estados Unidos y la República Democrática del Congo (RDC) firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) de cooperación sanitaria por cinco años en el marco de la estrategia America First Global Health Strategy, con el objetivo de fortalecer la capacidad congoleña para enfrentar amenazas infecciosas y, al mismo tiempo, reducir riesgos de propagación internacional que puedan afectar a territorio estadounidense. El acuerdo articula asistencia financiera, fortalecimiento institucional y mayor corresponsabilidad presupuestaria local, integrando salud pública y seguridad sanitaria bajo una lógica preventiva que busca contener brotes en su origen antes de que escalen regional o globalmente.

En términos financieros, el Departamento de Estado prevé destinar hasta US$900 millones durante el período acordado —en coordinación con el Congreso— para apoyar la lucha contra VIH/SIDA, tuberculosis, malaria, mortalidad materna e infantil y otras enfermedades infecciosas, mientras que el gobierno de la RDC se comprometió a incrementar su propio gasto sanitario en US$300 millones a lo largo del mismo plazo, asumiendo mayor autosuficiencia en la gestión de su sistema de salud. Este esquema de co-inversión apunta a equilibrar asistencia externa con compromiso doméstico, promoviendo sostenibilidad fiscal y fortalecimiento estructural en lugar de dependencia prolongada.

Uno de los pilares del memorando es la creación de un sistema nacional integrado de vigilancia epidemiológica y respuesta a brotes, respaldado por una red de laboratorios con capacidad para detectar e investigar enfermedades infecciosas en un plazo de siete días, lo que permitirá activar mecanismos coordinados de preparación y respuesta rápida entre autoridades congoleñas, Estados Unidos y otros socios internacionales. El componente de seguridad sanitaria busca mejorar la trazabilidad de brotes y acelerar decisiones operativas, reduciendo así la probabilidad de expansión transfronteriza y reforzando la arquitectura de prevención regional.

El acuerdo también prioriza el fortalecimiento del personal sanitario de primera línea mediante la profesionalización de trabajadores comunitarios de salud, combinando capacitación integrada con esquemas de remuneración sostenibles que consoliden capacidades locales, al tiempo que moderniza los sistemas de datos y vigilancia a través de expedientes médicos electrónicos y plataformas interoperables. Asimismo, contempla la introducción y expansión de innovaciones médicas, incluyendo herramientas de diagnóstico rápido para sepsis neonatal, y la ampliación de servicios integrados esenciales en VIH, tuberculosis, malaria, polio y salud materno-infantil, con el propósito de mejorar cobertura, calidad y eficiencia en la prestación de servicios.

Desde la perspectiva estratégica, Washington sostiene que fortalecer la autosuficiencia sanitaria de la RDC reducirá la dependencia estructural de la asistencia estadounidense en el largo plazo, al tiempo que protege la seguridad nacional de Estados Unidos mediante la detección y contención temprana de amenazas infecciosas emergentes. La iniciativa refleja una visión que vincula salud global con estabilidad económica y prevención de crisis, bajo un enfoque pragmático que combina financiamiento, reformas institucionales y objetivos claros de transición hacia mayor responsabilidad local.

EE. UU. OFRECE HASTA US$10 MILLONES POR INFORMACIÓN SOBRE LÍDERES DEL CARTEL DE SINALOA EN TIJUANA

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas de hasta US$5 millones por cada uno de los hermanos René Arzate-García, alias “La Rana”, y Alfonso Arzate-García, alias “Aquiles”, señalados como jefes de la plaza de Tijuana del Cartel de Sinaloa. Las ofertas se realizan bajo el Programa de Recompensas contra el Narcotráfico y buscan información que conduzca a su arresto y/o condena en cualquier país, en coordinación con la División de la DEA en San Diego y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California, dentro de una estrategia conjunta para llevarlos ante la justicia.

Según la DEA, los hermanos Arzate-García han controlado durante aproximadamente 15 años el corredor de Tijuana para el Cartel de Sinaloa, manteniendo su autoridad mediante violencia, alianzas estratégicas e influencia local que incluiría corrupción política y policial. A pesar de disputas internas y conflictos con otras facciones, continúan administrando una ruta clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, incluyendo el envío de fentanilo ilícito, sustancia que la administración Trump ha calificado como arma de destrucción masiva. El año pasado, el gobierno estadounidense designó al Cartel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), elevando el marco jurídico para su persecución.

Ambos hermanos fueron acusados en 2014 en el Distrito Sur de California por delitos relacionados con narcotráfico en procesos separados y permanecen prófugos desde entonces. Además, el 9 de agosto de 2023 fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro bajo la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito global de drogas, lo que implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones financieras adicionales.

El anuncio de las recompensas se complementa con una acusación formal ampliada presentada por el Departamento de Justicia contra René Arzate-García, que incluye cargos por narcoterrorismo, dirección de empresa criminal continuada, apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, así como lavado de dinero. Con estas acciones, Washington refuerza la presión judicial y financiera sobre estructuras clave del Cartel de Sinaloa, en un contexto de intensificación de la estrategia estadounidense contra el tráfico de opioides sintéticos y el crimen organizado transnacional.

NUEVAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS A FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN DE NICARAGUA

La administración del presidente Donald Trump anunció la imposición de sanciones contra cinco altos funcionarios del gobierno de Nicaragua, a quienes acusa de contribuir a la consolidación del poder del régimen encabezado por Rosario María Murillo y Daniel Ortega, así como de fomentar inestabilidad regional. Según el comunicado oficial, las medidas buscan responsabilizar a los individuos que ejecutan políticas de represión y fortalecen estructuras autoritarias dentro del Estado nicaragüense. Washington sostiene que estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo por responder a amenazas contra la seguridad hemisférica. Las sanciones se enmarcan dentro del uso de herramientas diplomáticas y económicas disponibles por parte del gobierno estadounidense.

De acuerdo con la declaración, desde 2018 el gobierno nicaragüense ha reprimido violentamente protestas pacíficas, además de detener, torturar y perseguir a opositores políticos. El texto señala que el régimen ha dirigido acciones contra miembros del clero católico, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil, consolidando un sistema de control político que limita libertades fundamentales. También se destaca la reforma constitucional impulsada por el gobierno para reforzar mecanismos de vigilancia y ampliar la capacidad del Estado para monitorear telecomunicaciones. Estas medidas, según Estados Unidos, han debilitado el pluralismo institucional en el país.

El comunicado añade que el régimen ha incurrido en abusos laborales sistémicos y ha utilizado estructuras de seguridad para silenciar a quienes percibe como amenazas a su permanencia en el poder. Los funcionarios sancionados encabezan entidades estatales señaladas como responsables directas de estas prácticas, lo que, a juicio de Washington, justifica la adopción de medidas restrictivas. Las sanciones buscan aislar financieramente a los individuos designados y limitar su capacidad de operar en el sistema internacional. La estrategia apunta a aumentar la presión sobre el aparato gubernamental.

La administración reiteró su llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua y afirmó que continuará empleando instrumentos diplomáticos y económicos para enfrentar lo que considera amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Con estas nuevas designaciones, Washington refuerza su postura frente al gobierno nicaragüense y envía una señal de continuidad en su política hacia Managua. El movimiento podría generar reacciones diplomáticas en la región. El escenario mantiene elevada la tensión bilateral.

SECRETARIO RUBIO RATIFICA RESPALDO DE EE. UU. A LA SEGURIDAD EN HAITÍ EN CUMBRE DE CARICOM

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó el respaldo de Washington a la estabilidad y la seguridad de Haití durante un encuentro con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, celebrado en el marco de la 50.ª reunión de jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom). Según informó la embajada estadounidense en Puerto Príncipe, Rubio subrayó la necesidad de enfrentar a las bandas armadas que operan en el país y reiteró el apoyo a los esfuerzos de contención, en particular mediante la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), concebida como instrumento clave para recuperar el control territorial.

En ese contexto, Rubio advirtió que Estados Unidos exigirá responsabilidades a quienes respalden o financien a las bandas, incluidos actores políticos implicados en procesos de desestabilización, reforzando así el componente de rendición de cuentas dentro de la estrategia estadounidense. En declaraciones previas a la cadena C-SPAN, el secretario indicó que la GSF “se está fortaleciendo”, aunque reconoció limitaciones presupuestarias y la necesidad de ampliar la base de donantes internacionales para cubrir necesidades operativas, lo que evidencia que el esquema de seguridad aún depende de mayor apoyo financiero externo.

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó además que la GSF operará bajo los auspicios de las Naciones Unidas, un marco que, según señaló, permitirá demostrar la capacidad del sistema multilateral para contribuir a la resolución de la crisis haitiana. El objetivo inmediato sería desplegar capacidades en el terreno que permitan a las autoridades nacionales recuperar zonas controladas por pandillas y restablecer condiciones mínimas de gobernabilidad, en un país que atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente.

Por su parte, el primer ministro Fils-Aimé aseguró ante sus homólogos caribeños que Haití ha logrado avances en la lucha contra las bandas y que mantiene la expectativa de celebrar elecciones este año, destacando la firma del llamado “Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones”, suscrito por la mayoría de los partidos políticos. El acuerdo regula el periodo de transición y prevé una primera vuelta electoral el 30 de agosto, siempre que el gobierno logre garantizar un entorno seguro para la votación, condición indispensable para restaurar la legitimidad institucional.

VICEPRESIDENTE VANCE REFUERZA MENSAJE ECONÓMICO DE TRUMP EN DISTRITO CLAVE DE WISCONSIN

El vicepresidente JD Vance visitó este jueves el tercer distrito congresional de Wisconsin, uno de los territorios más competitivos del estado, en un esfuerzo de la Casa Blanca por proteger la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Desde Plover, en el corazón de una región que respaldó a Donald Trump en 2016 y volvió a hacerlo en 2024, Vance adoptó un tono partidista y responsabilizó a los demócratas por el alza de precios iniciada durante la administración Biden, enmarcando la discusión económica como el eje central de la contienda electoral.

El distrito, representado por el republicano Derrick Van Orden, es uno de los dos escaños en Wisconsin que los demócratas buscan recuperar para retomar el control de la Cámara baja, apoyándose en el malestar de parte del electorado frente a la situación económica. Van Orden, ex Navy SEAL y aliado cercano del presidente, ganó su reelección en 2024 por menos de tres puntos porcentuales, lo que convierte la carrera en un objetivo prioritario para ambos partidos. Aunque Trump se impuso allí por siete puntos en las presidenciales de 2024, su aprobación en materia económica se ha deteriorado desde su regreso a la Casa Blanca, situándose en 36% según la encuesta más reciente de Reuters/Ipsos.

Durante un acto en la planta de mecanizado Pointe Precision, Vance reforzó el mensaje económico presentado por Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión, donde el presidente destacó iniciativas en vivienda, salud y costos de servicios públicos, pero evitó profundizar en el impacto persistente del alto costo de alimentos y vivienda. El vicepresidente afirmó que escuchar a los demócratas hablar de asequibilidad es “como oír a un pirómano quejarse del fuego”, subrayando que, a su juicio, las presiones inflacionarias tienen origen en la administración anterior. Sin embargo, algunos estrategas republicanos han advertido que, sin un mensaje más contundente sobre inflación, el partido podría enfrentar dificultades en noviembre.

La visita forma parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para desplegar al presidente y a altos funcionarios en distritos políticamente disputados, con el fin de consolidar apoyo en zonas clave. El presidente Trump tiene previsto viajar a Texas para un evento centrado en energía y economía, ampliando así el énfasis en sectores productivos y manufactura nacional como pilares de su narrativa. Para Vance, se trató de su segunda visita al distrito desde que asumió el cargo, tras un viaje anterior a La Crosse en agosto, lo que evidencia un seguimiento sostenido del terreno electoral.

Mientras tanto, los demócratas han incrementado su inversión en la zona y preparan la elección primaria del 11 de agosto para definir al rival de Van Orden, en una contienda que podría convertirse en termómetro nacional sobre la gestión económica del presidente. El cruce de mensajes entre ambas campañas refleja que el debate sobre inflación y poder adquisitivo seguirá dominando la agenda en este distrito del suroeste de Wisconsin, donde la economía vuelve a situarse en el centro del cálculo político rumbo a noviembre.

ADMINISTRACIÓN TRUMP CONGELA FONDOS DE MEDICAID A MINNESOTA POR PRESUNTO FRAUDE

La administración del presidente Donald Trump anunció la suspensión temporal de US$259 millones en pagos diferidos de Medicaid al estado de Minnesota, al argumentar fallas en el control del uso de recursos federales destinados a programas sociales, en una decisión que fue comunicada por el vicepresidente JD Vance y por el administrador del programa, el Dr. Mehmet Oz, durante una rueda de prensa conjunta en la que sostuvieron que el gobierno estatal no ha tomado medidas suficientes para prevenir el fraude. Según Vance, los desembolsos permanecerán retenidos hasta que Minnesota cumpla con estándares adecuados de supervisión, lo que eleva la tensión entre Washington y los estados gobernados por demócratas en el marco de una estrategia federal más amplia contra el uso indebido de fondos públicos.

El gobernador Tim Walz rechazó la decisión y acusó a la Casa Blanca de utilizar instrumentos federales con fines políticos, afirmando en la red social X que la medida no responde a un problema técnico de fraude sino a una campaña de represalia contra estados administrados por el Partido Demócrata. Walz advirtió que la retención de recursos afectará a familias vulnerables, veteranos y personas con discapacidad que dependen del programa, en una confrontación que refleja la disputa creciente sobre el alcance del poder federal en la asignación presupuestaria y que se inscribe en antecedentes recientes de intentos por restringir financiamiento a gobiernos estatales demócratas.

Funcionarios federales vincularon la decisión a un escándalo surgido durante la pandemia de COVID-19, cuando el Departamento de Justicia acusó a 47 personas de defraudar aproximadamente US$250 millones de un programa federal de alimentación infantil, caso que, según la Casa Blanca, evidenció debilidades estructurales en los mecanismos de control estatales. Oz señaló que Minnesota contará con 60 días para presentar un “plan integral de acción correctiva” que permita restablecer los pagos, mientras la administración reiteró que el combate al fraude constituye una prioridad nacional dentro de la iniciativa que Vance encabeza bajo el concepto de “guerra contra el fraude”.

Como parte de ese enfoque, el gobierno anunció además una moratoria nacional de seis meses que impedirá que nuevos proveedores de equipos médicos duraderos se inscriban en Medicaid, incluyendo prótesis y dispositivos ortopédicos, al considerar que este segmento ha sido fuente recurrente de irregularidades. Oz citó estimaciones de la Kaiser Family Foundation según las cuales cerca de US$300 mil millones anuales en gasto sanitario serían fraudulentos, abusivos o ineficientes, de los cuales alrededor de US$100 mil millones corresponderían a fondos federales, y adelantó que podrían adoptarse medidas similares en otros estados como Florida, California y Nueva York.

Organizaciones de derechos civiles y críticos del presidente sostienen, sin embargo, que las acusaciones de fraude están siendo utilizadas para justificar una agenda política más amplia, incluida una ofensiva migratoria en Minnesota que ha generado controversia tras incidentes con agentes federales, mientras que en precedentes recientes tribunales federales han bloqueado intentos de la administración de retener fondos a estados demócratas por considerar que podrían tener motivaciones punitivas o debilidades jurídicas. El enfrentamiento actual podría derivar en nuevos litigios y abre un debate sobre los límites de la autoridad federal en materia presupuestaria, al tiempo que introduce incertidumbre sobre la estabilidad financiera de programas sociales en el estado.

PRESIDENTE TRUMP PIDE A LA CORTE SUPREMA QUE TERMINE PROTECCIONES MIGRATORIAS PARA SIRIOS EN EE. UU.

La administración del presidente Donald Trump presentó este jueves ante la Corte Suprema de Estados Unidos una solicitud de emergencia para que el máximo tribunal permita poner fin a las protecciones migratorias provisionales de miles de ciudadanos sirios que residen en ese país, en uno de los esfuerzos más recientes y polémicos dentro de su política migratoria. La petición busca levantar una orden de noviembre pasado, emitida por un juez federal en Nueva York, que había bloqueado la decisión del gobierno de terminar el Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS) para esta población mientras continúan los litigios. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito también rechazó prolongar esa medida, lo que llevó a la administración a elevar el caso al nivel más alto de la judicatura estadounidense.

El TPS es un programa humanitario creado por el Congreso en 1990 para ofrecer protección temporal frente a condiciones extraordinarias en países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis, lo que incluye la suspensión de deportaciones y la autorización legal para trabajar. Siria fue designada bajo TPS en 2012, durante la administración de Barack Obama, debido al devastador conflicto armado que enfrentó el país, conflicto que terminó con la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Bajo la administración de Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó en septiembre del año pasado que la situación en Siria “ya no cumple con los criterios de un conflicto armado continuo que representa una seria amenaza para la seguridad personal de los nacionales sirios que regresan”, lo que sentó las bases de la intención de terminar el estatus.

El gobierno sostiene que la solicitud ante la Corte Suprema es necesaria porque los tribunales inferiores han bloqueado reiteradamente su intento de terminar el TPS, lo que, según el Departamento de Justicia, menoscaba la autoridad ejecutiva para manejar políticas migratorias y hace que el programa haya sido aplicado de manera excesiva. La administración ha señalado que esta es la tercera ocasión en que recurre directamente al máximo tribunal para resolver disputas sobre la terminación de estatus humanitarios, pues en ocasiones previas la Corte concedió alivio a la administración en casos relacionados con venezolanos que estaban bajo protecciones similares y en medio de litigios en tribunales inferiores.

Por su parte, grupos de defensa de inmigrantes y legisladores demócratas han criticado la solicitud, advirtiendo que poner fin al TPS para aproximadamente 6.000 sirios podría obligar a personas que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante años a regresar a un país que aún enfrenta inseguridad, con lo que se generaría riesgo de deportación a condiciones peligrosas y se interrumpiría la actividad laboral de empleadores que dependen de ellos. La Corte Suprema ha pedido a los demandantes sirios que respondan a la petición de la administración antes del 5 de marzo, mientras el caso sigue en desarrollo y mantiene en vilo las posibles implicaciones para la política migratoria estadounidense.

Este movimiento se produce en el contexto de una política más amplia del gobierno de Trump para terminar o reducir el acceso al TPS para titulares de diversos países, incluidos Afganistán, Haití, Honduras, Namibia, entre otros, y marca un punto crítico en el debate sobre la aplicación de protecciones humanitarias, la autoridad ejecutiva en inmigración y la capacidad de los tribunales para revisar decisiones de política migratoria con impacto social profundo.

HILLARY CLINTON NIEGA ANTE EL CONGRESO VÍNCULOS CON JEFFREY EPSTEIN

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton compareció a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y negó haber conocido personalmente a Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos cometidos por el financiero. Desde Nueva York, donde se realizó el interrogatorio, Clinton difundió en redes sociales su declaración inicial, en la que aseguró no recordar ningún encuentro con Epstein ni haber viajado en su avión, visitado su isla o acudido a sus propiedades. La comparecencia forma parte de una investigación legislativa impulsada por la mayoría republicana en la Cámara.

Durante su intervención, Clinton calificó el caso Epstein como una tragedia y un escándalo que merece una investigación exhaustiva, aunque cuestionó la decisión del comité de citarla a declarar. Según afirmó, su testimonio responde a un intento de “distraer la atención” y “encubrir” al presidente Donald Trump, a quien vinculó con el entorno de Epstein. Sostuvo que no posee información relevante para la investigación y que su citación busca desviar el foco de los “verdaderos implicados”. La ex primera dama insistió en que no tiene nada que añadir sobre el caso.

El interrogatorio se llevó a cabo en Chappaqua, localidad donde residen los Clinton, un día antes de que el expresidente Bill Clinton también comparezca ante el mismo comité. Aunque inicialmente la pareja se mostró reacia a testificar, la posibilidad de enfrentar cargos por desacato al Congreso llevó a ambos a aceptar la citación. Desde entonces, han solicitado que sus declaraciones se hagan públicas, argumentando que no tienen nada que ocultar y que buscan transparencia en el proceso.

Bill Clinton ha reconocido haber realizado varios viajes a principios de la década de 2000 en el avión privado de Epstein por actividades filantrópicas, aunque niega haber tenido conocimiento de los delitos del magnate. Por su parte, Hillary Clinton admite haber coincidido en eventos de la Fundación Clinton con Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein condenada a 20 años de prisión, pero sostiene que no tuvo relación directa con el financiero. La comparecencia de ambos se produce en medio de renovada presión política en torno a las conexiones de figuras públicas con el caso Epstein.

EMBAJADOR GREER EN LA UNIVERSIDAD DE VIRGINIA: EL DERECHO INTERNACIONAL NO PUEDE LIMITAR LA SOBERANÍA

El embajador Greer habló ante estudiantes de la University of Virginia School of Law y planteó que el derecho internacional debe servir, ante todo, a la paz y la prosperidad, sin convertirse en un sistema expansivo que limite la capacidad de los Estados para actuar en su interés nacional. En su intervención, divulgada este jueves por la oficina del USTR, sostuvo que el propósito fundacional del orden internacional, según referencias como la Carta de la ONU y acuerdos históricos de arbitraje, no era regular todos los ámbitos de la vida pública global sino reducir riesgos de conflicto y facilitar el avance económico. A su juicio, confundir aspiraciones amplias con los cimientos del sistema debilita su legitimidad. El punto de partida es que el derecho internacional es útil, pero estructuralmente limitado. Por eso, insistió en evitar conceptos “insostenibles” que terminen erosionando soberanía.

Greer cuestionó la tendencia de las últimas décadas a empujar el derecho internacional más allá de lo que pueden sostener naciones soberanas con valores e intereses divergentes, advirtiendo que cuando se intenta “tapar” diferencias profundas mediante normas universales el sistema puede sobreextenderse y colapsar. En ese marco, criticó la adhesión rígida al llamado “orden basado en reglas” si esa rigidez conduce a inacción ante emergencias económicas, de seguridad o humanitarias, ya que podría implicar perder tiempo buscando consensos imposibles con países que no comparten el mismo marco de valores. Su formulación fue tajante al afirmar que el derecho internacional no puede convertirse en un “pacto suicida” ni estar por encima de la soberanía. También recordó que Estados Unidos históricamente ha evitado regímenes internacionales que subordinen autoridad interna a instancias externas. Con ello, buscó enmarcar su argumento dentro de una tradición constitucional.

El discurso incluyó una crítica al supuesto de que la posguerra fría inauguró un orden estable y permanente, retomando el debate sobre el “fin de la historia” para sostener que la historia no se detuvo y que las diferencias sistémicas persisten. Greer argumentó que la universalización de la democracia liberal y de la economía de mercado no se consolidó, y que potencias como China y Rusia mantuvieron bases políticas distintas pese a ajustes económicos parciales, mientras nuevas divisiones sociales y geopolíticas fragmentaron el breve momento unipolar. Desde esa lectura, la política internacional sigue condicionada por el poder y, por lo tanto, los marcos normativos deben reconocer límites en vez de prometer soluciones totales. Esto implica privilegiar pragmatismo institucional sobre ambición normativa. Su idea central fue recalibrar expectativas y objetivos. En consecuencia, llamó a repensar cómo se diseña y aplica el derecho internacional.

Para ordenar su tesis, Greer describió tres funciones del derecho internacional comparables a ramas del derecho interno: fijar límites morales básicos, proveer procedimientos de solución de controversias y establecer reglas por defecto para relaciones complejas. Explicó que la primera función se asemeja al derecho penal y se refleja en normas mínimas como las leyes de la guerra, donde puede existir un consenso real; la segunda opera como “reglas de tránsito” que canalizan disputas sin dictar resultados sustantivos; y la tercera funciona como contratos incompletos que requieren flexibilidad, opt-outs y mecanismos de renegociación. Según Greer, el problema surge cuando estas funciones se mezclan, llevando a tratar disputas técnicas como si fueran debates morales absolutos o a convertir árbitros en “jueces constitucionales” globales. Esta confusión, sostuvo, alimenta sobreinterpretación y rigidez. Su propuesta fue volver a una arquitectura que priorice durabilidad. En términos prácticos, eso supone aceptar cláusulas de escape como parte esencial del sistema.

A partir de ese marco, Greer concentró su crítica en el derecho comercial internacional y en la evolución del sistema GATT/OMC, al sostener que el diseño original incluía flexibilidades negociadas para absorber shocks y proteger prioridades internas, pero que con el tiempo se produjo una “sobre-judicialización” que estrechó excepciones y convirtió el sistema en un obstáculo. Argumentó que los órganos de solución de diferencias pasaron a llenar supuestos vacíos normativos como si estuvieran creando una “constitución económica internacional”, reduciendo la utilidad de salvaguardias, excepciones y válvulas de escape que habían sido acordadas deliberadamente. En su lectura, el sistema además falló en disciplinar prácticas no de mercado que distorsionan precios y erosionan bases industriales en economías abiertas. Esto habría alimentado descontento político interno y pérdida de legitimidad. Greer vinculó estos resultados con la necesidad de revisar reglas que se “osifican”. En suma, planteó que el derecho comercial se alejó de su objetivo de paz y prosperidad.

Para ilustrar los límites de un sistema rígido, Greer señaló que incluso victorias legales pueden no resolver problemas estructurales, mencionando ejemplos donde el cumplimiento fue parcial o donde los países ajustaron prácticas sin abandonar el control real de mercados estratégicos. A la vez, sostuvo que la OMC no ha logrado garantizar obligaciones básicas de transparencia y notificación, debilitando su función procedimental. En ese contexto, defendió la decisión de Estados Unidos de bloquear nombramientos al Órgano de Apelación, presentándola como una posición sostenida en el tiempo y orientada a evitar que la adjudicación internacional se convierta en legislación ex post. El argumento apuntó a preservar soberanía y capacidad de respuesta. También enfatizó que “repensar” no equivale a repudiar el derecho internacional. Su línea fue que la flexibilidad es condición de supervivencia institucional. Por ello, propuso concentrar el derecho internacional en áreas de mayor consenso real.

Greer conectó esa evaluación con la estrategia comercial reciente del gobierno, defendiendo que cuando los marcos tradicionales son lentos u obsoletos, Estados Unidos debe estar dispuesto a actuar fuera de ellos para proteger objetivos sustantivos. En ese contexto, resaltó el uso de acciones unilaterales y la preferencia por negociaciones bilaterales o plurilaterales como mecanismos para obtener resultados en acceso a mercados y eliminación de barreras, en contraste con procesos multilaterales prolongados. También señaló que una decisión reciente de la Corte Suprema sobre una autoridad legal específica no cambiaría la orientación de política, sino que desplazaría herramientas de implementación hacia otras bases estatutarias. El mensaje buscó transmitir continuidad y efectividad. La tesis implícita es que el proceso no puede imponerse al resultado. Bajo esa lógica, la política comercial se vuelve un instrumento de seguridad económica. El objetivo declarado permanece en paz y prosperidad.

En el cierre, Greer insistió en que el comercio no es un fin en sí mismo sino un medio para sostener el tipo de sociedad que los ciudadanos eligen, por lo que la política comercial debe alinearse con soberanía, balance y resiliencia. Defendió la idea de revisar acuerdos como contratos, con cláusulas de ajuste y revisiones periódicas para evitar que reglas antiguas limiten respuestas ante cambios estructurales, y presentó esa lógica como condición para la legitimidad política de los arreglos internacionales. Finalmente, subrayó que la nueva generación de juristas operará en un mundo donde el orden internacional está siendo renegociado y donde se requerirá pragmatismo institucional. Concluyó con una fórmula clara: el derecho internacional debe servir a la paz y la prosperidad y nunca convertirse en un obstáculo para ninguna de las dos. Ese cierre resume su enfoque “realista” del derecho internacional. La intervención buscó reencuadrar el debate en términos de fines y no de dogmas. El mensaje, en síntesis, es recalibrar ambición para preservar resultados.