La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció el inicio de 60 investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para evaluar si distintos gobiernos han fallado en prohibir o hacer cumplir restricciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Entre las economías incluidas en el proceso se encuentra Colombia, junto con algunos de los principales socios comerciales de Washington.

Las investigaciones buscarán determinar si las políticas o prácticas de estos países relacionadas con la falta de controles sobre productos elaborados con trabajo forzoso constituyen acciones “irrazonables o discriminatorias” que puedan afectar el comercio estadounidense. De acuerdo con la USTR, la falta de medidas eficaces contra estas prácticas puede generar ventajas de costos artificiales para productores extranjeros y perjudicar a trabajadores y empresas estadounidenses.

El embajador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que pese al consenso internacional contra el trabajo forzoso, muchos gobiernos no han adoptado o aplicado de manera efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos bajo estas condiciones. Según Greer, esta situación obliga a las empresas estadounidenses a competir con productos que podrían beneficiarse de prácticas laborales abusivas.

Las autoridades estadounidenses explicaron que el proceso evaluará si la ausencia de prohibiciones a las importaciones elaboradas con trabajo forzoso permite que estas mercancías circulen en las cadenas globales de suministro y compitan con productos que cumplen estándares laborales más estrictos. En ese escenario, Washington podría considerar medidas comerciales correctivas si concluye que dichas prácticas afectan negativamente al comercio estadounidense.

El anuncio se produce en medio de preocupaciones globales sobre el aumento del trabajo forzoso. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, alrededor de 28 millones de personas se encontraban en situación de trabajo forzoso en 2021 y las ganancias generadas por esta práctica en la economía privada global alcanzaron cerca de US$63.900 millones anuales.

Las investigaciones forman parte de las herramientas que la legislación estadounidense permite utilizar para responder a prácticas comerciales consideradas injustas. En caso de que la USTR determine que las políticas o prácticas examinadas son accionables bajo la Sección 301, el gobierno estadounidense podría imponer medidas como aranceles adicionales o restricciones a las importaciones procedentes de los países investigados.

Como parte del proceso, Washington buscará consultas con los gobiernos incluidos en la investigación y abrirá un periodo para recibir comentarios del público, empresas y organizaciones interesadas. Además, el Comité de la Sección 301 celebrará audiencias públicas antes de adoptar una decisión final sobre posibles medidas comerciales.

La lista de economías sujetas a la investigación incluye a Argelia, Angola, Argentina, Australia, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Unión Europea, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong (China), India, Indonesia, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malasia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Catar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

Cronograma del proceso (Investigaciones Sección 301 – Trabajo forzoso)

• 12 de marzo de 2026: inicio oficial de las investigaciones por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
• 15 de abril de 2026: fecha límite para enviar comentarios escritos y solicitudes para participar en las audiencias públicas, junto con un resumen del testimonio que se presentará.
• 28 de abril de 2026: inicio de las audiencias públicas del Comité de la Sección 301 en la sala principal de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), en Washington D.C., a partir de las 10:00 a.m.
• 28 de abril – 1 de mayo de 2026: desarrollo de las audiencias públicas, que podrán extenderse durante esos días según sea necesario.
• Siete días después del último día de audiencias: plazo para presentar comentarios de réplica posteriores a las audiencias.

Implicaciones para Colombia

La inclusión de Colombia en la investigación bajo la Sección 301 no implica automáticamente una sanción comercial, pero sí abre un proceso que podría derivar en medidas correctivas si Estados Unidos concluye que el país no cuenta con mecanismos eficaces para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. El eje del análisis no es únicamente si el trabajo forzoso existe dentro del país —algo que la legislación colombiana ya prohíbe— sino si Colombia tiene o no una prohibición efectiva a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y si dicha prohibición se aplica de forma verificable en su sistema aduanero.

En este sentido, el punto crítico es que Colombia, al igual que la mayoría de economías incluidas en la investigación, no cuenta con un régimen equivalente al de Estados Unidos, que prohíbe la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso a través de mecanismos como las Withhold Release Orders de CBP. La legislación colombiana se centra en sancionar el trabajo forzoso dentro del territorio nacional, pero no necesariamente en bloquear la importación de productos producidos bajo esas condiciones en terceros países. Desde la perspectiva de Washington, esta brecha regulatoria permite que productos que no pueden entrar al mercado estadounidense terminen circulando en otros mercados y compitiendo indirectamente con exportaciones estadounidenses.

El riesgo principal para Colombia dependerá del resultado de la investigación. Si la USTR determina que la ausencia de controles a la importación constituye una práctica “irrazonable” que afecta el comercio estadounidense, el gobierno de EE.UU. podría considerar medidas comerciales compensatorias, que en el marco de la Sección 301 suelen incluir aranceles adicionales, restricciones de importación o medidas sectoriales. Aunque es improbable que Colombia sea uno de los primeros objetivos de sanciones, dado su menor peso en las cadenas globales de suministro vinculadas al trabajo forzoso, el hecho de que esté incluida en el proceso la coloca dentro del universo potencial de medidas correctivas.

En cuanto a la evidencia disponible, los reportes recientes sobre trabajo forzoso en Colombia se concentran principalmente en sectores informales y en contextos de vulnerabilidad, más que en las principales cadenas exportadoras del país. El Trafficking in Persons Report 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que víctimas de trata y explotación laboral en Colombia han sido identificadas en sectores como agricultura, ganadería, minería, construcción, servicio doméstico y comercio informal, particularmente en zonas rurales o territorios con presencia de grupos armados y economías ilícitas. Estas dinámicas suelen estar asociadas a informalidad laboral rural, debilidad institucional en regiones apartadas y vulnerabilidad de poblaciones como migrantes venezolanos, comunidades indígenas o personas desplazadas, factores que facilitan condiciones coercitivas de trabajo.

Sin embargo, es importante subrayar que Colombia no aparece en las principales listas internacionales de bienes producidos sistemáticamente con trabajo forzoso destinados al comercio internacional, como la List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor del Departamento de Trabajo de EE.UU. En consecuencia, los riesgos identificados se relacionan más con actividades informales o economías ilícitas que con los sectores exportadores formales del país.

De hecho, los principales rubros de exportación colombiana hacia Estados Unidos, como petróleo y energía, flores, manufactura industrial, agroindustria formal y servicios empresariales, operan bajo marcos regulatorios, certificaciones y controles empresariales que reducen significativamente la probabilidad de trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, lo que sugiere que la inclusión de Colombia en la investigación estadounidense responde más a una evaluación regulatoria general que a acusaciones directas sobre los sectores exportadores del país.

Más allá del riesgo inmediato de sanciones, la investigación refleja una tendencia más amplia en la política comercial estadounidense: la integración de estándares laborales en la política arancelaria y en los instrumentos de defensa comercial. Esto implica que las cadenas de suministro globales serán cada vez más evaluadas no solo por su impacto económico, sino también por su cumplimiento de estándares laborales. Para Colombia, que busca posicionarse como socio confiable en el nearshoring y en cadenas de suministro más resilientes, la percepción de cumplimiento en materia laboral y de debida diligencia puede convertirse en un factor competitivo clave.

Desde una perspectiva estratégica, Colombia podría adoptar varias acciones preventivas para mitigar riesgos. Una de las más relevantes sería avanzar hacia un marco regulatorio que prohíba explícitamente la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, alineando su legislación con estándares que ya están siendo adoptados por economías como Estados Unidos, la Unión Europea o Canadá. Este tipo de medidas no solo respondería a la investigación actual, sino que también anticiparía posibles requisitos futuros en acuerdos comerciales y regulaciones de cadenas de suministro.

Adicionalmente, el gobierno colombiano podría reforzar la trazabilidad de cadenas de suministro y los mecanismos de debida diligencia empresarial, particularmente en sectores sensibles. El fortalecimiento de la cooperación entre autoridades laborales, aduaneras y comerciales también sería clave para demostrar que el país cuenta con mecanismos efectivos de control, incluso si estos no están diseñados específicamente como prohibiciones a la importación.

Finalmente, desde el punto de vista diplomático y comercial, será importante que Colombia participe activamente en el proceso de consultas que abre la investigación. La presentación de comentarios técnicos, evidencia de cumplimiento normativo y posibles reformas regulatorias podría influir en la evaluación de la USTR. En un escenario donde Estados Unidos está utilizando cada vez más instrumentos comerciales para abordar posibles sanciones comerciales, la respuesta temprana y técnica de Colombia puede ser determinante para evitar que la investigación escale hacia medidas concretas.

ACUERDO EEUU & ECUADOR: AVANCE ESTRATEGICO PARA QUITO, APERTURA PROFUNDA PARA WASHINGTON Y COMPETENCIA SELECTIVA PARA COLOMBIA

El acuerdo firmado entre Estados Unidos y Ecuador marca un punto de inflexión en la relación comercial bilateral, pero no debe leerse como un tratado de libre comercio clásico. Más que un TLC integral, el instrumento establece un esquema de comercio recíproco en el que Ecuador asume compromisos amplios de apertura, facilitación y alineación regulatoria, mientras que Estados Unidos ofrece a determinados bienes ecuatorianos un tratamiento arancelario de Nación Más Favorecida (MFN) y la remoción de ciertos “reciprocal tariffs” dentro de la lógica comercial anunciada por Washington. 

La señal política para Ecuador es importante. Estados Unidos ya era su principal socio comercial, y entre los principales productos ecuatorianos exportados a ese mercado figuran petróleo crudo, camarón, banano, productos mineros, atún, cacao y flores cortadas. En ese contexto, el acuerdo fortalece la posición de Quito ante importadores, inversionistas y compradores estadounidenses, y refuerza la narrativa de Ecuador como socio confiable dentro de una agenda comercial cada vez más vinculada a seguridad económica, cadenas de suministro y alineamiento regulatorio. 

Sin embargo, el contenido del acuerdo muestra una asimetría clara. USTR subraya que Ecuador otorgará trato preferencial a más del 90% de su cronograma agrícola para productos estadounidenses y eliminará aranceles para bienes como soya, frutas frescas y procesadas, bebidas alcohólicas, frutos secos y determinados productos lácteos, bovinos, porcinos y avícolas. Además, Ecuador dejará de aplicar el Sistema Andino de Franjas de Precios a productos agrícolas procedentes de Estados Unidos y aceptará una amplia agenda de reducción de barreras no arancelarias, reconocimiento regulatorio y facilitación comercial. 

Esa apertura no se limita al frente arancelario. El acuerdo incorpora compromisos para aceptar bienes remanufacturados de Estados Unidos, reconocer autorizaciones y certificaciones regulatorias estadounidenses en sectores como dispositivos médicos, farmacéuticos, vehículos y autopartes, reformar licencias de importación, eliminar inspecciones previas al embarque, ampliar el programa de Operador Económico Autorizado y mejorar procedimientos aduaneros y digitales. También incluye disciplinas en propiedad intelectual, comercio digital, normas laborales y protección ambiental. En la práctica, se trata de una agenda de alineación regulatoria e institucional mucho más ambiciosa de lo que sugiere una lectura puramente arancelaria. 

Del lado ecuatoriano, el beneficio central está en el acceso al mercado estadounidense, pero con un alcance limitado y técnico. Estados Unidos se compromete a otorgar trato MFN a ciertos bienes ecuatorianos calificados, no a toda la canasta exportadora, y ese tratamiento aplicará a más tardar el 1 de agosto de 2026 o cuando el acuerdo entre en vigor, lo que ocurra después. Esto significa que Ecuador mejora su posición comercial frente a la situación previa —en la que no contaba con un TLC con Estados Unidos—, pero no recibe automáticamente un acceso equivalente al que ya tienen socios con acuerdos integrales, como Colombia. 

Ese matiz es fundamental. Colombia conserva una ventaja estructural porque su acuerdo con Estados Unidos, vigente desde el 15 de mayo de 2012, tiene una cobertura más profunda y estable en bienes, servicios, inversión y disciplinas regulatorias. Además, el nuevo acuerdo con Ecuador no le concede acceso general a arancel cero en el mercado estadounidense: para ciertos bienes elegibles, lo que Estados Unidos ofrece es trato arancelario NMF/MFN, y ese beneficio operará a más tardar el 1 de agosto de 2026 o cuando el acuerdo entre en vigor, lo que ocurra después. Mientras tanto, la Sección 122 sigue siendo una medida separada: impuso un recargo temporal de 10% ad valorem sobre importaciones, salvo productos excluidos en sus anexos. En esa arquitectura, la competitividad colombiana se mantiene porque, una vez entre a operar el acuerdo con Ecuador, Colombia seguirá entrando con la preferencia de su TLC donde corresponda, mientras Ecuador, en los productos cubiertos, volverá al NMF y no necesariamente a cero. 

Las implicaciones para Colombia, por tanto, no son generalizadas sino selectivas. El caso más sensible es el de flores, porque Ecuador y Colombia compiten directamente en el mercado estadounidense y porque el listado de bienes cubiertos incluye flores cortadas, entre ellas rosas y claveles. Sin embargo, el acuerdo no iguala a Ecuador con Colombia en este sector. En rosas frescas cortadas (HTSUS 0603.11.00), la tasa general estadounidense es 6,8%, mientras que Colombia, bajo el acuerdo comercial vigente, accede a la tasa especial Free. En la práctica, mientras siga corriendo la Sección 122, ambos enfrentan la sobretasa temporal de 10% salvo exclusión expresa; pero una vez opere el beneficio acordado con Ecuador, la diferencia estructural se restablece: Colombia permanece en 0% y Ecuador queda en NMF, es decir, 6,8% en rosas. Por eso, en flores el nuevo acuerdo mejora la posición ecuatoriana frente al escenario de sobretasas extraordinarias, pero no desplaza la ventaja arancelaria colombiana. 

En café, el efecto competitivo inmediato es mucho menor. El HTSUS ya muestra que el café no tostado (0901.11.00) y varias líneas de café tostado entran con arancel general Free, y además el café verde aparece entre las exclusiones del Anexo II de la Sección 122. significa que, en este producto, el acuerdo no crea ventaja arancelaria nueva y sustancial para Ecuador frente a Colombia. La competencia dependera de reputación, calidad, trazabilidad, diferenciación y posicionamiento comercial, más que de un cambio efectivo de arancel. 

En banano, frutas y cacao, la lectura también debe ser cuidadosa. En banano, donde Colombia y Ecuador sí compiten directamente, el 0803.90.00 aparece expresamente dentro de las exclusiones del Anexo II de la Sección 122; por eso, en la coyuntura actual ese producto no carga la sobretasa temporal del 10% y el nuevo acuerdo no altera de forma sustancial la cancha arancelaria entre ambos países.

En cacao en grano (1801.00.00), la situación es similar: también aparece excluido de la Sección 122 y el arancel general estadounidense ya es Free. Donde sí puede mantenerse una ventaja puntual para Colombia es en algunos derivados de cacao, porque ciertas líneas tienen tasa general positiva y tasa especial Free para países con preferencia, incluido Colombia. En consecuencia, más que una revolución arancelaria, lo que el acuerdo da a Ecuador en estos sectores es mayor certidumbre política y una mejor señal comercial ante compradores estadounidenses. 

En productos pesqueros y acuáticos, Ecuador parte de una posición exportadora muy fuerte, especialmente en camarón y otras líneas del mar. Sin embargo, para Colombia no es ahí donde la rivalidad bilateral es más directa, como sí ocurre en flores o banano.

En cuanto a los productos industriales, el punto clave es que el beneficio estadounidense para Ecuador no es una liberalización industrial generalizada. El texto establece trato MFN para ciertos bienes ecuatorianos elegibles, pero el grueso de los compromisos industriales visibles recae del lado ecuatoriano: aceptación de bienes remanufacturados de Estados Unidos, reconocimiento de estándares regulatorios estadounidenses para vehículos y autopartes, dispositivos médicos y productos farmacéuticos, además de reformas en licencias, facilitación y procedimientos aduaneros. Por eso, en industria la implicación para Colombia no es todavía una pérdida arancelaria automática frente a Ecuador, sino la necesidad de hacer un mapeo producto por producto de las líneas efectivamente cubiertas por el cronograma estadounidense. 

REVELAN DETALLES DE LA LLAMADA ENTRE PRESIDENTES TRUMP Y PETRO TRAS POLÉMICA POR CUMBRE “ESCUDO DE LAS AMÉRICAS”

Nuevos detalles sobre la llamada telefónica que sostuvieron el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fueron divulgados este viernes por el corresponsal ante la Casa Blanca Juan Esteban Silva. Según fuentes de la Casa Blanca citadas por el periodista, la conversación se desarrolló en un tono “absolutamente amable” y duró aproximadamente 30 minutos, entre 1:14 p.m. y 1:44 p.m. hora de Colombia.

La llamada se produjo después de la controversia generada por la ausencia de Colombia en la cumbre regional “Escudo de las Américas”, una iniciativa promovida por Trump y presentada el 7 de marzo en Doral, Florida, que reunió a varios líderes latinoamericanos para discutir cooperación militar y de seguridad contra los cárteles del narcotráfico. Durante el encuentro participaron mandatarios de países como Argentina, Ecuador, El Salvador y Paraguay, mientras que Colombia, México y Brasil no estuvieron presentes.

De acuerdo con las fuentes citadas por Silva, durante la conversación telefónica no se produjo ninguna disculpa por parte del mandatario estadounidense por la controversia relacionada con la ausencia de Colombia en la reunión. El propio Trump había señalado previamente que Colombia sí había sido invitada al evento, pero el episodio generó cuestionamientos sobre la relación bilateral y el proceso de convocatoria al encuentro regional.

Las fuentes también indicaron que en la llamada se mencionó la lista OFAC, el mecanismo del gobierno estadounidense que impone sanciones económicas a individuos o entidades vinculadas con actividades ilícitas. Según otra fuente citada por el periodista fuera de Washington, Petro habría hecho un comentario sobre la posibilidad de ser excluido de esta lista, aunque no se ofrecieron más detalles sobre el contexto de esa referencia.

Posteriormente, el propio Petro reaccionó en la red social X y afirmó que tampoco podía confirmar que Trump hubiera ofrecido disculpas por la controversia. El mandatario colombiano señaló que durante la conversación ambos hablaron sobre preocupaciones relacionadas con su seguridad personal y agregó que el diálogo concluyó con una referencia a la iniciativa conjunta de Brasil, México y Colombia para promover un cese al fuego en Medio Oriente lo antes posible.

CRECIMIENTO DE EE. UU. SE DESACELERA A 0,7% MIENTRAS LA GUERRA CON IRÁN AUMENTA LOS RIESGOS ECONÓMICOS

La economía de Estados Unidos ya mostraba señales de debilitamiento antes del inicio de la guerra con Irán, según datos publicados el viernes por el Departamento de Comercio, que revisó a la baja el crecimiento del producto interno bruto del cuarto trimestre del año pasado. La nueva estimación sitúa la expansión en 0,7% anualizado entre octubre y diciembre, la mitad del cálculo inicial de 1,4%, lo que sugiere que la economía perdió dinamismo hacia el cierre del año incluso antes del impacto del conflicto en Medio Oriente.

La desaceleración ocurre en un momento en que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha impulsado los precios de la energía. Durante las primeras semanas de la guerra, el precio promedio de la gasolina en el país se acercó a US$4 por galón, presionando los presupuestos de los hogares en un contexto donde muchos ya enfrentaban costos elevados por inflación persistente.

El debilitamiento económico también se refleja en el consumo. En enero, el gasto de los consumidores aumentó 0,4% en términos nominales, pero apenas 0,1% ajustado por inflación, lo que indica un crecimiento real prácticamente estancado. Este comportamiento ocurre pese a que los ingresos disponibles crecieron 0,9%, impulsados en parte por menores retenciones tributarias tras la reforma fiscal aprobada el año pasado.

Los mercados financieros también han reflejado el deterioro del panorama económico. El índice Dow Jones acumuló tres semanas consecutivas de caídas, lo que podría afectar el gasto de los hogares de mayores ingresos, un segmento que en los últimos años ha sostenido gran parte del consumo agregado mientras los hogares de menores ingresos reducen su gasto y aumentan su endeudamiento.

En paralelo, los analistas advierten que las presiones inflacionarias podrían intensificarse. La inflación medida por el índice de gasto en consumo personal se ubicó en 2,8% anual en enero, aunque algunos economistas anticipan que podría superar 3,5% en los próximos meses debido al aumento de los precios de la energía derivado del conflicto en Medio Oriente.

El mercado inmobiliario también enfrenta nuevos riesgos. Las tasas hipotecarias han comenzado a subir nuevamente desde el inicio del conflicto, en parte porque los inversionistas anticipan que la inflación se mantendrá elevada. Esto podría prolongar la debilidad del sector vivienda, que ya atraviesa una desaceleración desde 2022, cuando las tasas de interés comenzaron a subir tras el fin de la política monetaria expansiva de la pandemia.

El enfriamiento de la economía también se explica por factores internos. El cierre parcial del gobierno federal durante 43 días el otoño pasado redujo el gasto público y la inversión federal, que cayeron 16,7% anualizado en el cuarto trimestre, restando 1,16 p.p. al crecimiento del PIB durante ese período.

El mercado laboral, que durante años fue el principal motor de la resiliencia económica, también muestra señales de fatiga. En el último mes se perdieron 92.000 empleos, mientras que en 2025 la economía ha creado menos de 10.000 puestos de trabajo mensuales, el ritmo más débil fuera de períodos de recesión desde 2002. Ante este contexto, los economistas advierten que, si la guerra se prolonga y continúa elevando los precios de la energía, podría afectar aún más la confianza de los consumidores y la actividad económica en los próximos meses.

EE. UU. AUTORIZA A EMPRESAS ESTADOUNIDENSES A EXPLOTAR Y COMERCIAR CRUDO VENEZOLANO

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la emisión de una licencia que autoriza a empresas estadounidenses a explotar y comerciar con petróleo venezolano, un sector que ha estado sujeto a amplias sanciones de Washington en los últimos años. La medida representa una flexibilización parcial de las restricciones energéticas impuestas al país sudamericano y abre la puerta a nuevas operaciones en el mercado petrolero.

La autorización fue emitida por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), la entidad encargada de administrar el régimen de sanciones económicas de Estados Unidos. El organismo informó que actualizó varias licencias relacionadas con Venezuela, entre ellas la Licencia General No. 46B, con el objetivo de apoyar la reactivación del sector energético venezolano.

La licencia 46B permite a empresas estadounidenses participar en una amplia gama de operaciones vinculadas al petróleo venezolano. Entre ellas se incluyen actividades de exportación, reexportación, venta, suministro, almacenamiento, comercialización, transporte y refinación de crudo y derivados, siempre que estas transacciones sean realizadas por una empresa estadounidense establecida.

El documento define como “established U.S. entity” a cualquier empresa organizada bajo las leyes de Estados Unidos o de alguna de sus jurisdicciones antes del 29 de enero de 2025. Además, la autorización contempla transacciones que involucren tanto al gobierno venezolano como a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Según explicó el Tesoro en una publicación en X, las licencias actualizadas amplían las inversiones y actividades permitidas en la industria energética venezolana y buscan contribuir a mantener un mercado global de materias primas bien abastecido. Las autorizaciones también permiten la exportación directa de fertilizantes venezolanos hacia Estados Unidos, una medida que, de acuerdo con la institución, busca apoyar a los agricultores estadounidenses.

El Tesoro también actualizó otras licencias relacionadas con el sector energético. La Licencia General No. 48A autoriza el suministro desde Estados Unidos de bienes, tecnología, software y servicios necesarios para actividades de exploración, desarrollo o producción de petróleo, gas o petroquímicos en Venezuela, así como para operaciones del sector eléctrico. Por su parte, la Licencia General No. 49A permite negociar y firmar contratos preliminares para nuevas inversiones en petróleo, gas, petroquímica o electricidad en el país.

Las licencias establecen que cualquier contrato relacionado con estas operaciones deberá regirse por la legislación estadounidense y que las disputas legales deberán resolverse en territorio de Estados Unidos. Además, el Tesoro precisó que no están permitidas transacciones vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o entidades controladas por actores de China, ni tampoco con personas o empresas sancionadas por Washington.

La flexibilización de sanciones se produce en medio de turbulencias en el mercado energético internacional, agravadas por las tensiones en Medio Oriente y el bloqueo derivado de la guerra con Irán en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. En este contexto, Washington busca incrementar la oferta global de crudo y estabilizar los precios energéticos.

PENTÁGONO AFIRMA QUE IRÁN HA PERDIDO SUS DEFENSAS Y QUE SU NUEVO LÍDER ESTÁ HERIDO

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Irán ha perdido gran parte de sus capacidades militares tras dos semanas de bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel. Durante una rueda de prensa sobre la operación militar denominada “Furia Épica”, el jefe del Pentágono afirmó que las principales estructuras defensivas de la República Islámica han sido neutralizadas y que el país ya no dispone de sistemas efectivos para defender su espacio aéreo.

Según Hegseth, los ataques han eliminado prácticamente las defensas aéreas iraníes y han destruido gran parte de su capacidad aérea y naval. “Irán no tiene defensas aéreas. Irán no tiene Fuerza Aérea. Irán no tiene Armada”, afirmó el funcionario, quien sostuvo que las fuerzas aliadas han logrado degradar rápidamente la infraestructura militar del país.

El Pentágono también señaló que la ofensiva ha afectado severamente el arsenal iraní de misiles y drones. De acuerdo con Hegseth, el volumen operativo de misiles ha caído cerca de 90%, mientras que la capacidad de drones se ha reducido alrededor de 95%, lo que refleja el impacto de las operaciones aéreas sobre los sistemas de ataque y vigilancia de Irán.

Las fuerzas de Estados Unidos e Israel han atacado más de 15.000 objetivos desde el inicio del conflicto, una cifra que equivale a más de 1.000 objetivos diarios. Hegseth destacó que el ritmo de estas operaciones militares es excepcional y aseguró que ninguna otra coalición en el mundo sería capaz de sostener un volumen similar de ataques en un periodo tan corto.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, explicó que las fuerzas aliadas han logrado neutralizar la capacidad de combate de la Armada iraní en menos de dos semanas. No obstante, advirtió que las operaciones continúan porque Irán todavía conserva la capacidad de causar daños a fuerzas aliadas y al tráfico marítimo comercial en la región.

Uno de los focos de preocupación sigue siendo el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde circula entre 20% y 25% del comercio marítimo global de hidrocarburos. Según las autoridades estadounidenses, fuerzas iraníes han intentado atacar tanqueros y buques mercantes en esta zona estratégica, lo que ha incrementado los riesgos para el transporte de petróleo y gas.

En la misma rueda de prensa, Hegseth afirmó que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, habría resultado herido durante los ataques que mataron a su padre al inicio del conflicto. El secretario de Guerra indicó que el nuevo líder estaría “herido” y posiblemente “desfigurado”, lo que, según afirmó, explicaría su ausencia pública desde que asumió el liderazgo del país.

El funcionario estadounidense cuestionó además la legitimidad política del nuevo líder iraní y sugirió que el régimen enfrenta dificultades para consolidar su autoridad tras la muerte del anterior líder supremo. Hegseth señaló que Jameneí emitió recientemente un comunicado escrito, sin aparecer en video o audio, lo que a su juicio refleja las condiciones físicas y políticas en las que se encuentra el nuevo dirigente.

Un día antes, Mojtaba Jameneí había emitido su primer mensaje como líder supremo de la República Islámica con un tono desafiante. En el comunicado, difundido por la televisión estatal iraní, el nuevo líder llamó a cerrar el estrecho de Ormuz, amenazó con atacar bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la “sangre de los mártires será vengada”, en medio de la escalada del conflicto en la región.

EE. UU. OFRECE HASTA US$10 MILLONES POR INFORMACIÓN SOBRE NUEVOS LÍDERES IRANÍES

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta US$10 millones por información que permita ubicar o identificar a varios líderes del régimen iraní, incluido el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei. La oferta fue publicada a través del programa Rewards for Justice del Departamento de Estado de Estados Unidos, en medio de la ofensiva militar conjunta de Washington e Israel contra Irán.

El aviso señala que las autoridades estadounidenses buscan información sobre varios altos funcionarios iraníes cercanos al nuevo líder supremo. Entre ellos figuran su vicejefe de gabinete Ali Asghar Hejazi, su asesor militar Yahya Rahim Safavi, el asesor político Ali Larijani, el ministro del Interior Eskandar Momeni y el ministro de Inteligencia Esmail Khatib, quienes según Washington desempeñan funciones clave dentro de la estructura del régimen.

La recompensa también incluye información sobre cuatro altos funcionarios no identificados públicamente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), entre ellos el secretario del Consejo de Defensa, un asesor del líder supremo, el jefe de la oficina militar del líder supremo y el comandante del IRGC. Según el comunicado, estos individuos dirigen distintas unidades del cuerpo militar iraní responsables de planificar y ejecutar operaciones consideradas terroristas por Washington.

El Departamento de Estado indicó que las personas que aporten información podrían ser elegibles no solo para la recompensa económica sino también para programas de reubicación, como parte de los mecanismos de protección del programa Rewards for Justice. El anuncio se produce en un contexto de creciente presión estadounidense sobre la cúpula política y militar iraní tras la escalada del conflicto en Medio Oriente.

CUBA ADMITE CONTACTOS RECIENTES CON EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

El Gobierno cubano confirmó que funcionarios de la isla han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos, en lo que constituye el primer reconocimiento oficial de estos contactos tras semanas de especulación. El anuncio fue realizado por el Partido Comunista de Cuba, que señaló que los intercambios se han llevado a cabo bajo la dirección del expresidente Raúl Castro y del actual mandatario Miguel Díaz-Canel.

Según el comunicado difundido por el Partido Comunista, las conversaciones se han desarrollado en coordinación con las principales estructuras del Partido, el Estado y el Gobierno cubano. El mensaje indica que los contactos forman parte de un proceso cuidadosamente gestionado por la dirigencia del país, dada la sensibilidad política de cualquier avance en la relación bilateral entre La Habana y Washington.

En un mensaje grabado, el presidente Miguel Díaz-Canel explicó que el objetivo de estos intercambios ha sido explorar posibles vías de diálogo para abordar las diferencias entre ambos gobiernos. El mandatario señaló que las conversaciones buscan identificar los principales problemas en la relación bilateral y evaluar posibles soluciones, aunque reconoció que aún no existen acuerdos concretos entre las partes.

De acuerdo con Díaz-Canel, uno de los propósitos centrales de estos contactos es determinar si existe voluntad política en ambos gobiernos para adoptar medidas que beneficien a las poblaciones de los dos países. Asimismo, se busca identificar áreas potenciales de cooperación que permitan enfrentar amenazas comunes y contribuir a la estabilidad y la seguridad en América Latina y el Caribe.

El presidente cubano subrayó que el proceso es particularmente delicado y requiere ser conducido con responsabilidad, ya que involucra aspectos sensibles de la relación bilateral. También indicó que La Habana ha insistido en que cualquier avance debe basarse en el respeto mutuo, la soberanía nacional y la autodeterminación de los sistemas políticos de cada país.

Las conversaciones se producen en medio de un contexto de creciente presión por parte de Washington. En los últimos meses, Estados Unidos ha endurecido las restricciones económicas contra Cuba, incluyendo medidas para bloquear el ingreso de petróleo a la isla, que produce apenas un tercio del crudo que necesita para cubrir su demanda energética. Paralelamente, el Gobierno cubano anunció esta semana la excarcelación de 51 presos tras contactos con el Vaticano, aunque el comunicado oficial no mencionó a Estados Unidos.

DEMÓCRATAS BUSCAN IMPEDIR QUE TRUMP ATAQUE CUBA SIN AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO

Un grupo de senadores demócratas presentó una resolución en el Senado de Estados Unidos para impedir que el presidente Donald Trump ordene una acción militar contra Cuba sin la aprobación previa del Congreso. La iniciativa fue impulsada por los legisladores Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego, quienes buscan reafirmar que la Constitución otorga exclusivamente al poder legislativo la facultad de declarar la guerra.

La resolución invoca los mecanismos de la Ley de Poderes de Guerra, un instrumento diseñado para limitar la capacidad del presidente de iniciar hostilidades sin autorización legislativa. El texto exigiría retirar a las Fuerzas Armadas de cualquier conflicto con Cuba que no haya sido autorizado por el Congreso y podría someterse a votación en el Senado en las próximas semanas.

Los demócratas argumentan que la iniciativa responde a las recientes declaraciones de Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos tome control de la isla, así como a decisiones militares previas del mandatario en otros países. Según Kaine, el Congreso debe ejercer su papel constitucional para evitar que el presidente utilice las Fuerzas Armadas sin debate ni autorización formal.

Aun así, las posibilidades de que la resolución prospere son limitadas. Ambas cámaras del Congreso están controladas por el Partido Republicano, que en ocasiones anteriores ha rechazado medidas similares destinadas a limitar las acciones militares del presidente en conflictos recientes, incluidos los relacionados con Irán o Venezuela.

Incluso si el Congreso aprobara la resolución, Trump podría vetarla, lo que obligaría a los legisladores a reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anular el veto presidencial. Este umbral es difícil de alcanzar en el actual contexto político, lo que deja incierto el impacto práctico de la propuesta demócrata.

PRESIDENTE TRUMP AFIRMA QUE ESTADOS UNIDOS TIENE “MUNICIÓN ILIMITADA” EN LA GUERRA CONTRA IRÁN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno cuenta con una capacidad militar prácticamente inagotable para enfrentar a Irán en el conflicto que Washington libra junto a Israel. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que el país dispone de “una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo” para continuar las operaciones militares contra el régimen iraní.

Trump utilizó un tono especialmente duro al referirse al liderazgo de Irán, al que calificó como “escoria demente” responsable de décadas de violencia internacional. En su mensaje sostuvo que durante 47 años el régimen iraní ha estado implicado en la muerte de civiles en diferentes regiones del mundo, y añadió que como 47º presidente de Estados Unidos considera un “honor” estar enfrentando militarmente a ese gobierno.

El mandatario también dedicó parte de su publicación a criticar la cobertura del diario The New York Times sobre el conflicto. Según Trump, quienes lean ese medio podrían “pensar erróneamente” que Estados Unidos no está ganando la guerra, algo que negó de forma categórica al insistir en que las fuerzas estadounidenses están logrando avances significativos contra las capacidades militares iraníes.

En ese sentido, Trump afirmó que Washington está “destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán” desde el punto de vista militar y económico. De acuerdo con el presidente, la Armada iraní ha sido prácticamente eliminada, su Fuerza Aérea ha dejado de operar y los sistemas de misiles y drones están siendo “diezmados”, mientras que varios líderes del régimen habrían sido eliminados durante las operaciones.

Sin embargo, distintos reportes de medios estadounidenses han advertido sobre los costos y las implicaciones del conflicto. The New York Times señaló que la Casa Blanca habría subestimado los riesgos de la guerra para los mercados energéticos, mientras que estimaciones del Pentágono citadas por el mismo diario indican que Estados Unidos gastó más de US$11,3 millones en los primeros seis días de operaciones. Además, The Washington Post informó que el ejército estadounidense está consumiendo rápidamente su inventario de interceptores aéreos y armas de precisión.

ESTADOS UNIDOS CONFIRMA MUERTES TRAS ACCIDENTE DE AVIÓN MILITAR EN IRAK

Estados Unidos confirmó la muerte de cuatro de los seis tripulantes del avión cisterna KC-135 que se estrelló el jueves en el oeste de Irak. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que el accidente ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. del 12 de marzo (hora del este) y que las operaciones de rescate continúan mientras se intenta localizar a los otros dos miembros de la tripulación.

Según el Centcom, las circunstancias del incidente aún están siendo investigadas, aunque la institución aseguró que la caída de la aeronave no estuvo relacionada con fuego enemigo ni con fuego amigo. El avión accidentado cumplía funciones de reabastecimiento aéreo, una operación clave en las misiones militares de Estados Unidos en la región.

Tras el accidente, la milicia proiraní conocida como Resistencia Islámica en Irak afirmó haber derribado el avión mediante un ataque con sistemas de defensa aérea. El grupo también aseguró que una segunda aeronave estadounidense fue atacada en el oeste de Irak y que esta tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, aunque la tripulación habría logrado ponerse a salvo.

Sin embargo, el Comando Central estadounidense no ha confirmado estas afirmaciones ni ha reportado incidentes con una segunda aeronave. Por su parte, autoridades iraníes sostuvieron que el avión fue alcanzado por un misil lanzado por grupos armados iraquíes, una versión que también difiere de la información oficial estadounidense, mientras continúan las investigaciones sobre el incidente.

PRESIDENTE TRUMP ORDENA REDUCIR REGULACIONES PARA FACILITAR EL ACCESO AL CRÉDITO HIPOTECARIO EN EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva destinada a ampliar el acceso al crédito hipotecario y reducir las cargas regulatorias que enfrentan los bancos al otorgar préstamos para vivienda. La medida busca revisar parte de las regulaciones adoptadas tras la crisis financiera de 2008, especialmente las derivadas de la Dodd-Frank Act, que según la Casa Blanca han elevado los costos de cumplimiento y reducido la participación de los bancos en el mercado hipotecario.

La orden instruye a agencias regulatorias como la Consumer Financial Protection Bureau, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Federal Deposit Insurance Corporation y la Federal Housing Finance Agency a revisar diversas normas relacionadas con la originación de hipotecas. Entre los cambios que se evaluarán está flexibilizar los requisitos de capacidad de pago y de hipoteca calificada, así como simplificar reglas de divulgación y procesos de refinanciación para reducir costos administrativos.

El decreto también busca fortalecer el papel de los bancos comunitarios y entidades financieras más pequeñas, definidos en la orden como instituciones con menos de US$100 mil millones en activos. La administración argumenta que las reformas regulatorias de las últimas décadas han reducido la presencia de estos bancos en el mercado hipotecario, limitando el acceso al crédito para hogares rurales y familias de ingresos bajos y medios.

Otra parte de la orden plantea modernizar el sistema de financiamiento de vivienda mediante ajustes a los requisitos de capital y liquidez aplicables a los préstamos hipotecarios, así como ampliar programas de liquidez vinculados al sistema de bancos federales de vivienda. También se propone impulsar el uso de herramientas digitales, firmas electrónicas y modelos automatizados de valoración para agilizar el proceso de originación y cierre de hipotecas.

La medida incluye además cambios en la regulación de avalúos inmobiliarios, el financiamiento para construcción de viviendas y los estándares de supervisión bancaria, con el objetivo de estimular la oferta de vivienda y promover una mayor competencia entre prestamistas. Según la Casa Blanca, estas reformas buscan reducir los costos del crédito hipotecario y facilitar el acceso a la vivienda para más hogares estadounidenses.

PRESIDENTE TRUMP ORDENA ELIMINAR BARRERAS REGULATORIAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva orientada a eliminar barreras regulatorias que, según la Casa Blanca, han encarecido y retrasado la construcción de viviendas en el país. La medida busca reducir trámites, flexibilizar normas ambientales y acelerar procesos de permisos con el objetivo de ampliar la oferta de viviendas y mejorar su asequibilidad para los hogares estadounidenses.

La orden instruye a varias agencias federales, incluyendo la Environmental Protection Agency y el Departamento del Ejército de Estados Unidos, a revisar regulaciones relacionadas con aguas pluviales, humedales y permisos ambientales bajo la Clean Water Act. La administración sostiene que estas normas han incrementado los costos de construcción y han ralentizado el desarrollo de proyectos residenciales en distintas regiones del país.

El decreto también ordena revisar programas federales vinculados al desarrollo urbano y la infraestructura, incluyendo iniciativas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos y del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Entre los cambios que se evaluarán se encuentra la reducción de requisitos regulatorios que afectan el desarrollo de viviendas unifamiliares y la expansión de barrios suburbanos y periurbanos.

Otra parte de la orden busca simplificar los procesos de permisos federales para proyectos de vivienda mediante una aplicación más flexible de la National Environmental Policy Act, además de reducir requisitos vinculados a eficiencia energética, uso de agua y estándares ambientales que, según la Casa Blanca, han elevado los costos de construcción.

La medida también plantea promover buenas prácticas regulatorias a nivel estatal y local, como acelerar los tiempos de aprobación de proyectos, reducir restricciones urbanísticas y facilitar el uso de viviendas prefabricadas o modulares. Asimismo, se propone incentivar la construcción de nuevas viviendas en Opportunity Zones, utilizando herramientas fiscales y programas federales para atraer inversión privada al desarrollo residencial.

PRESIDENTE TRUMP ORDENA REFORZAR CONTROLES CONTRA PRODUCTOS QUE AFIRMEN SER “MADE IN AMERICA”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva destinada a reforzar los controles sobre los productos que se promocionan como “Made in America”, con el objetivo de garantizar que las afirmaciones sobre su origen sean verídicas. La medida busca proteger tanto a los consumidores como a las empresas que realmente producen sus bienes en territorio estadounidense, en medio del crecimiento del comercio digital.

La orden instruye a la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) a priorizar acciones de cumplimiento contra fabricantes o vendedores que utilicen de manera engañosa etiquetas o mensajes publicitarios que sugieran que sus productos fueron fabricados en Estados Unidos. Según la administración, algunos fabricantes extranjeros utilizan este tipo de mensajes para atraer a consumidores que buscan apoyar la producción nacional.

El decreto también pide a la FTC evaluar nuevas regulaciones que responsabilicen a las plataformas de comercio electrónico si no implementan mecanismos para verificar las afirmaciones sobre el origen de los productos vendidos en sus marketplaces. En ese contexto, la ausencia de procedimientos de verificación podría considerarse una práctica engañosa bajo la legislación de protección al consumidor.

Además, la orden instruye a las agencias federales que supervisan el etiquetado de origen a promover esquemas de etiquetado voluntario de país de origen para los productos fabricados en Estados Unidos. El objetivo es proporcionar mayor claridad a las empresas y evitar interpretaciones inconsistentes sobre el uso de declaraciones como “Made in the USA”.

Finalmente, el gobierno federal también reforzará los controles en las compras públicas. Las agencias deberán revisar periódicamente las declaraciones de origen en productos adquiridos bajo contratos federales y, en caso de detectar información falsa, retirar los productos de los procesos de contratación y remitir los casos al Departamento de Justicia para posibles acciones legales bajo la legislación contra fraude.

PRESIDENTE TRUMP AMPLÍA FACULTADES ENERGÉTICAS BAJO LA LEY DE PRODUCCIÓN DE DEFENSA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para modificar ciertas delegaciones de autoridad bajo la Defense Production Act, una legislación que permite al gobierno movilizar recursos industriales y energéticos en situaciones de emergencia nacional. La medida ajusta disposiciones previamente establecidas en la orden ejecutiva 13603 de 2012, que regula la preparación de recursos estratégicos para la defensa.

El decreto establece que las facultades delegadas para aplicar disposiciones de esta ley ya no recaerán únicamente en el secretario de Comercio, sino también en el secretario de Energía. Con el cambio, ambos funcionarios podrán ejercer estas atribuciones de forma independiente, lo que busca agilizar la toma de decisiones en áreas relacionadas con recursos industriales y energéticos considerados críticos para la seguridad nacional.

La orden también aclara la aplicación de una disposición incluida en la orden ejecutiva 14156 de 2025, mediante la cual se declaró una emergencia energética nacional. Según la nueva interpretación, los jefes de agencias federales solo deberán recomendar acciones al presidente cuando la autoridad correspondiente esté reservada exclusivamente al mandatario y no haya sido delegada previamente a otras entidades del gobierno.

De acuerdo con la Casa Blanca, el objetivo de la medida es simplificar los procedimientos administrativos y asegurar que las agencias con competencias técnicas puedan actuar con mayor rapidez cuando se trate de movilizar recursos estratégicos.