El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán tiene plazo hasta las 8:00 p.m. (hora del Este) del martes para alcanzar un acuerdo que garantice el libre tránsito de petróleo y comercio por el estrecho de Ormuz, en medio de una escalada de tensiones tras operaciones militares recientes en territorio iraní.

Durante una conferencia de prensa centrada en el rescate de dos pilotos estadounidenses derribados en Irán, Trump señaló que el incumplimiento del plazo podría derivar en ataques contra infraestructura estratégica, incluidos puentes y plantas eléctricas, lo que describió como una capacidad militar que podría ejecutarse en cuestión de horas.

El mandatario indicó que las negociaciones continúan y que su administración considera que existen señales de que Irán estaría participando “de buena fe”, aunque evitó confirmar si se alcanzará un acuerdo antes del plazo fijado. Según Trump, uno de los elementos centrales de cualquier entendimiento será garantizar la libre circulación energética por el estrecho de Ormuz, un punto crítico para el comercio global de petróleo, cuyo eventual cierre podría generar disrupciones significativas en los mercados internacionales.

La conferencia también estuvo marcada por la presentación de detalles sobre dos operaciones de rescate en territorio iraní, en las que fuerzas estadounidenses lograron recuperar a dos tripulantes de un F-15E Strike Eagle derribado durante misiones recientes. Trump destacó que ambos militares fueron rescatados tras más de 50 horas de operaciones coordinadas entre fuerzas especiales, inteligencia y aviación, calificando las misiones como una demostración de la capacidad de Estados Unidos para operar en entornos altamente hostiles y reiterando el principio de que el país “no deja a ningún soldado atrás”.

En su intervención, el Presidente defendió la decisión de autorizar operaciones de alto riesgo, señalando que participaron cientos de efectivos y que existía la posibilidad de bajas significativas. Sin embargo, destacó que el resultado final refleja el nivel de preparación tecnológica y operativa de las fuerzas armadas estadounidenses. Trump también reiteró que el debilitamiento de las capacidades militares iraníes formaría parte de una estrategia orientada a reducir riesgos estratégicos en la región.

Trump vinculó el actual conflicto con su decisión previa de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, afirmando que dicho pacto habría permitido al país avanzar hacia el desarrollo de armas nucleares. Asimismo, mencionó operaciones militares previas contra objetivos estratégicos iraníes, incluyendo instalaciones nucleares y figuras clave de su estructura militar, como parte de una política destinada a limitar la proyección regional de Teherán.

Por otro lado, el mandatario hizo referencia a la situación en Venezuela, señalando que Estados Unidos mantiene actualmente una relación de cooperación energética con el país y que exportaciones de petróleo venezolano estarían contribuyendo a compensar costos asociados a operaciones militares. Trump utilizó este ejemplo para ilustrar un enfoque estratégico en el que los recursos energéticos pueden formar parte de los resultados de conflictos o negociaciones geopolíticas.

Finalmente, Trump reiteró críticas a aliados tradicionales, señalando que algunos miembros de la OTAN y socios estratégicos en Asia no habrían brindado apoyo directo en las operaciones recientes, mientras que países del Golfo habrían mostrado mayor disposición a colaborar. El presidente concluyó señalando que las próximas horas serán determinantes para definir si se alcanza un acuerdo diplomático o si Estados Unidos avanza hacia una nueva fase de presión militar contra Irán.

Impacto económico de la escalada del conflicto con Irán 

Más allá del frente militar, el efecto económico ya es visible. Reuters reportó que el cierre de Ormuz y la disrupción derivada de la guerra llevaron al Brent a subir 60% en marzo, en lo que describió como un incremento mensual récord. La Agencia Internacional de Energía y otros analistas han advertido, además, que no se trata solo de menos barriles disponibles: una interrupción prolongada en Ormuz compromete también una parte sustancial de la capacidad ociosa global que normalmente serviría para amortiguar choques de oferta. El resultado es una combinación particularmente compleja de inflación más alta, crecimiento más débil y mayor volatilidad financiera. 

Los principales países más expuestos por el lado energético son, sobre todo, los grandes compradores asiáticos. Según la IEA y la EIA, la mayor parte del crudo y del gas natural licuado que sale por Ormuz tiene destino asiático; China, India, Japón y Corea del Sur figuran entre los más dependientes. En LNG, la vulnerabilidad también recae de manera importante sobre Asia, especialmente si se afecta Qatar, uno de los grandes exportadores globales. 

Pero el impacto no se limita a los importadores de energía. Entre los productores del Golfo, la afectación ha sido muy desigual. Reuters documentó que países con rutas de salida alternativas, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Omán, han podido mitigar parte del choque; en contraste, economías más atrapadas por la geografía del estrecho, como Irak, Kuwait y Qatar, han sufrido pérdidas mucho más severas en exportaciones e ingresos. Reuters estimó, por ejemplo, caídas cercanas al 76% en los ingresos petroleros iraquíes y de 73% en los kuwaitíes en marzo. 

Un punto menos visible, pero quizá igual de sensible, es el de los fertilizantes. Reuters reportó que el estrecho de Ormuz moviliza cerca del 30% del comercio mundial de fertilizantes y que la región del Golfo es un proveedor central de amoníaco y urea. Además, Bank of America advirtió que el conflicto amenaza entre 65% y 70% de la oferta global de urea expuesta a esa zona, mientras los precios ya registraban aumentos de 30% a 40% en marzo. En otro despacho, Reuters señaló que los precios de exportación de la urea en Medio Oriente habían escalado cerca de 40%, desde niveles inferiores a US$500 por tonelada antes de la guerra hasta más de US$700. 

Ese canal es especialmente delicado porque los fertilizantes nitrogenados dependen fuertemente del gas natural, de modo que el choque energético se transmite casi de inmediato a los costos agrícolas. El FMI ya advirtió que la guerra en Medio Oriente implicará mayor inflación y menor crecimiento, y mencionó expresamente fertilizantes entre los bienes afectados por la disrupción de energía y suministros. La FAO, por su parte, advirtió que si el conflicto se prolonga, los mayores costos de insumos pueden llevar a menores aplicaciones de fertilizante, menores siembras o cambios hacia cultivos menos intensivos, presionando la oferta y los precios de alimentos más adelante. 

Los países más expuestos en fertilizantes no son exactamente los mismos que en petróleo. En urea y amoníaco, la presión recae especialmente sobre grandes importadores agrícolas y sobre regiones que dependen del Golfo para abastecerse en plena ventana de siembra. Reuters reportó que India, el mayor importador mundial de urea, salió de nuevo al mercado por 2,5 millones de toneladas ante la tensión sobre la oferta. También aparecen como particularmente sensibles Australia, varios países del sur de Asia, y economías emergentes de África, donde el peso de alimentos y energía en la canasta de consumo es más alto y el margen fiscal para absorber el golpe es más reducido. 

Para Colombia, el riesgo es real, aunque opera por canales mixtos. Por un lado, el país puede beneficiarse parcialmente de precios internacionales más altos del petróleo, dado su perfil exportador de crudo. De hecho, Reuters señaló que, en el caso colombiano, el Banco de la República estaría observando también la posible mejora en términos de intercambio. Pero, por otro lado, Colombia sigue siendo vulnerable por el lado de la inflación importada, los costos logísticos y, sobre todo, los fertilizantes. 

La vulnerabilidad agrícola es clara. La UPRA recuerda que Colombia no produce urea actualmente y que depende de importaciones para abastecer ese insumo. En 2024 predominaban como orígenes Rusia, Venezuela y Trinidad y Tobago. La misma ficha técnica muestra que la urea representó una parte muy significativa de los fertilizantes simples importados. Eso significa que, aun cuando Colombia no dependa directamente del Golfo como proveedor principal en todos los casos, sí queda expuesta al encarecimiento global de referencia y al reordenamiento del comercio internacional cuando se interrumpe un nodo tan grande como Ormuz. 

El impacto para Colombia puede sentirse en al menos cuatro frentes. Primero, en mayores costos de producción para cultivos intensivos en fertilización, como maíz, arroz, papa, palma, caña y otros segmentos agroindustriales. Segundo, en presiones inflacionarias sobre alimentos si parte de ese mayor costo se traslada al consumidor. Tercero, en mayores costos de transporte y de insumos importados si se prolonga el encarecimiento del petróleo y de los fletes. Y cuarto, en mayor incertidumbre macroeconómica, aun cuando el país pueda capturar algo de alivio por mejores precios del crudo.

ONU reitera que infraestructura civil no puede ser objeto de ataques

Tras estas declaraciones, las Naciones Unidas reiteraron que las infraestructuras civiles y energéticas no pueden ser objeto de ataques, luego de que el presidente Trump mencionara la posibilidad de atacarlos puentes y centrales eléctricas en Irán si no se restablece el tránsito por el estrecho de Ormuz dentro del plazo fijado por Washington. El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, recordó que el derecho internacional humanitario establece límites claros sobre la conducción de las hostilidades, subrayando que las infraestructuras civiles deben ser protegidas incluso cuando pudieran tener valor estratégico y advirtiendo que cualquier acción que genere daños colaterales desproporcionados sobre la población civil constituiría una violación del derecho internacional.

El organismo reiteró su llamado a privilegiar una solución pacífica al conflicto, señalando que no existe una alternativa viable distinta a la negociación para resolver disputas de esta naturaleza. En este sentido, la ONU enfatizó la necesidad de que todas las partes respeten sus obligaciones internacionales, con el objetivo de reducir riesgos humanitarios y evitar afectaciones adicionales sobre infraestructura esencial para el funcionamiento económico y energético de la región, particularmente en un momento en el que la estabilidad del estrecho de Ormuz continúa siendo un factor determinante para los mercados globales de petróleo.

Irán exige un acuerdo permanente mientras avanzan contactos indirectos con EE.UU.

Entre tanto, Irán afirmó que no negociará con Estados Unidos bajo ultimátums del presidente rump, en medio de señales contradictorias sobre posibles contactos diplomáticos orientados a frenar el conflicto que involucra también a Israel. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, señaló que cualquier negociación debe excluir presiones o amenazas, subrayando que un alto el fuego temporal no resulta compatible con las condiciones planteadas por Washington. Según Teherán, una pausa limitada en las hostilidades permitiría a las partes reorganizar sus capacidades militares, lo que consideran incompatible con un proceso de solución sostenible.

Las declaraciones se producen mientras continúan las especulaciones sobre un posible acuerdo de alto el fuego de 45 días, promovido por mediadores regionales, que podría abrir espacio a negociaciones más amplias. De acuerdo con información divulgada por Axios, Estados Unidos e Irán mantienen contactos indirectos a través de intermediarios de Pakistán, Egipto y Turquía, así como mediante comunicaciones entre el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Entre los temas discutidos se incluyen la reapertura plena del estrecho de Ormuz y el manejo del uranio altamente enriquecido de Irán.

En paralelo, Irán transmitió a Washington una propuesta propia para poner fin a la guerra, la cual descarta un cese al fuego temporal y plantea un acuerdo definitivo que incluya garantías de estabilidad a largo plazo. Según la agencia estatal IRNA, la propuesta consta de 10 puntos y contempla el fin de las hostilidades en la región, un protocolo que asegure el tránsito por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones económicas impuestas al país. Teherán sostiene que cualquier solución debe abordar las causas estructurales del conflicto y evitar la repetición de ciclos de confrontación.

La contrapropuesta iraní surge tras una iniciativa estadounidense presentada semanas atrás, compuesta por 15 puntos, que fue considerada excesiva por las autoridades iraníes. El intercambio de propuestas se da en un entorno de presión política y militar creciente, marcado por advertencias de Trump sobre posibles ataques a infraestructura energética iraní si no se desbloquea el tránsito por Ormuz dentro de los plazos establecidos por Washington. El estrecho mantiene una relevancia estratégica crítica para el comercio energético global, lo que ha elevado la atención internacional sobre su estabilidad operativa.

Uno de los elementos centrales de las conversaciones es el futuro control del estrecho de Ormuz, por donde transita una proporción significativa del comercio mundial de petróleo. Según fuentes citadas por Axios, los mediadores consideran indispensable garantizar la libre navegación en la zona, así como establecer mecanismos verificables para el tratamiento del programa nuclear iraní. No obstante, Irán ha señalado su intención de mantener capacidad de control sobre el tránsito marítimo incluso después de finalizado el conflicto, incluyendo la posibilidad de imponer tarifas a los buques que crucen el estrecho.

EL SECTOR SERVICIOS DE EE. UU. MODERA SU CRECIMIENTO EN MEDIO DE PRESIONES INFLACIONARIAS

El crecimiento del sector servicios en Estados Unidos se moderó en marzo, en medio de mayores presiones de costos asociadas al encarecimiento de la energía y a disrupciones en el comercio internacional. El índice de gerentes de compras del sector no manufacturero elaborado por el Institute for Supply Management (ISM) se ubicó en 54,0, por debajo del 56,1 registrado en febrero y también inferior a las expectativas del mercado, que anticipaban un nivel de 54,9. Aunque el indicador se mantiene por encima del umbral de 50, que señala expansión de la actividad, la desaceleración sugiere una moderación del dinamismo en el componente que representa más de dos tercios de la economía estadounidense.

El aumento de los precios del petróleo, que han subido más de 50% desde el inicio del conflicto entre Israel e Irán hace dos meses, ha comenzado a trasladarse a los costos de producción de las empresas. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos superó los US$4 por galón por primera vez en más de tres años, lo que refuerza las expectativas de un repunte en la inflación en los próximos meses. Los analistas prevén que el impacto de este choque energético se refleje en el índice de precios al consumidor (CPI) de marzo, cuya publicación está prevista para esta semana, mientras que los precios al productor ya habían mostrado incrementos en febrero anticipando una mayor presión inflacionaria.

Reflejando este aumento en los costos, el componente de precios pagados por las empresas dentro de la encuesta del ISM se elevó a 70,7, el nivel más alto desde octubre de 2022 y significativamente por encima del 63,0 registrado en febrero. Este aumento refleja tanto el encarecimiento de insumos energéticos como los efectos de las medidas comerciales adoptadas recientemente por la administración estadounidense, que incluyeron nuevos aranceles globales de carácter temporal tras la anulación de medidas previas por parte de la Corte Suprema.

Las tensiones en las cadenas de suministro también continuaron evidenciándose en marzo, con el subíndice de entregas de proveedores aumentando a 56,2 desde 53,9 el mes anterior, lo que indica mayores tiempos de entrega. Empresas del sector de alimentos, bebidas y tabaco reportaron retrasos logísticos vinculados a demoras en contenedores, un fenómeno consistente con señales similares observadas en el sector manufacturero. Estos factores refuerzan la percepción de que los costos logísticos continúan siendo un componente relevante de las presiones inflacionarias.

Aunque el indicador de nuevos pedidos alcanzó su nivel más alto en dos años, al ubicarse en 60,6, el crecimiento de las órdenes de exportación se desaceleró y el volumen de trabajo pendiente mostró una moderación. En el frente laboral, el índice de empleo del sector servicios cayó a su nivel más bajo desde diciembre de 2023, lo que contrasta con el aumento de 143.000 empleos en servicios privados reportado en marzo por el Departamento de Trabajo. Como resultado de estas presiones inflacionarias, se ha reducido la probabilidad de recortes de tasas de interés en el corto plazo, manteniéndose el rango objetivo de la Reserva Federal entre 3,50% y 3,75%.

LEGISLADORES DEMÓCRATAS PIDEN REDUCIR TENSIONES ENTRE EE.UU. Y CUBA TRAS VISITA A LA ISLA

Dos legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visitaron Cuba la semana pasada y pidieron al presidente Donald Trump reducir el tono de confrontación hacia la isla, en medio de un deterioro significativo en las relaciones bilaterales. La delegación, integrada por Pramila Jayapal y Jonathan Jackson, se convirtió en la primera de este año en viajar al país caribeño tras la imposición de un bloqueo de facto al suministro de petróleo por parte de la administración estadounidense, medida que, según los congresistas, ha agravado la situación económica y social en el país.

Los legisladores señalaron que el endurecimiento de sanciones, incluidas restricciones a las remesas y amenazas de imponer aranceles a países que suministren crudo a Cuba, ha incrementado la presión sobre la economía de la isla. Jackson afirmó que el país enfrenta uno de los regímenes de sanciones más severos a nivel global y sostuvo que la retórica confrontacional podría profundizar las dificultades humanitarias. Ambos congresistas subrayaron que el objetivo de la visita fue observar directamente las condiciones en terreno y evaluar el impacto de las medidas restrictivas en sectores sensibles de la población.

Durante su visita de cinco días, la delegación sostuvo reuniones con el presidente Miguel Díaz-Canel, miembros del parlamento cubano y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según los legisladores, existen señales preliminares de diálogo entre ambos países, aunque indicaron que las conversaciones aún no han alcanzado una fase formal de negociación. Jayapal señaló que existe interés en avanzar hacia un proceso que permita modificar la dinámica actual de las relaciones bilaterales y explorar mecanismos que conduzcan a una reducción de tensiones.

Los congresistas también visitaron instalaciones hospitalarias en La Habana, donde observaron el deterioro de la infraestructura sanitaria, situación que, según indicaron, se ha agravado por las restricciones energéticas derivadas del embargo petrolero. En paralelo, destacaron algunos gestos recientes de las autoridades cubanas que podrían interpretarse como señales de apertura, entre ellos la invitación a exiliados para invertir en negocios en la isla, la disposición a cooperar con el FBI en investigaciones específicas y el anuncio de posibles indultos a un número significativo de presos.

En este escenario, los legisladores advirtieron que la falta de avances diplomáticos podría generar presiones migratorias adicionales hacia Estados Unidos, argumentando que el deterioro de las condiciones económicas en la isla podría incentivar nuevos flujos migratorios. Ambos representantes señalaron que continuarán promoviendo iniciativas legislativas orientadas a evitar una escalada del conflicto y a revisar el alcance de las sanciones vigentes, al considerar que las políticas actuales no han logrado los resultados esperados ni para Estados Unidos ni para la población cubana.

PROPUESTA PRESUPUESTAL DE TRUMP REDUCE PERSONAL Y RECURSOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

La Casa Blanca propuso recortar más de 9.400 puestos de trabajo y aproximadamente US$1,5 mil millones del presupuesto de la Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration, TSA), como parte del proyecto presupuestal para el próximo año fiscal. El ajuste se enmarca en la propuesta presupuestaria del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), entidad que supervisa la TSA, y refleja el interés de la administración en reducir el tamaño del organismo responsable de las operaciones de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos.

El plan contempla un recorte cercano al 20% del presupuesto actual de la agencia, que asciende a US$7,8 mil millones, e incluye medidas orientadas a disminuir la nómina mediante cambios operativos y mayor participación del sector privado. Entre las propuestas se encuentra exigir que aeropuertos más pequeños utilicen servicios de seguridad privados en lugar de personal de la TSA, lo que implicaría la eliminación de más de 4.500 puestos de trabajo como parte de un proceso gradual de privatización del sistema de control aeroportuario.

Adicionalmente, la TSA plantea reducir cerca de 4.800 empleos adicionales mediante mejoras en eficiencia operativa, eliminación de redundancias administrativas y la suspensión de funciones específicas como el monitoreo en zonas de salida. Según estimaciones oficiales, estos ajustes permitirían generar ahorros superiores a US$500 millones en costos operativos, como parte de una revisión del tamaño y alcance de las agencias federales vinculadas a la seguridad nacional.

La propuesta será evaluada por el Congreso en las próximas semanas, en el marco de las negociaciones para aprobar el presupuesto antes del cierre del año fiscal el 30 de septiembre. El debate ocurre mientras algunos legisladores republicanos han promovido la posibilidad de privatizar completamente la TSA, entidad creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La agencia cuenta actualmente con cerca de 60.000 empleados, de los cuales alrededor de 50.000 se desempeñan como agentes de control de seguridad en aeropuertos. Así, el ajuste presupuestario se produce después de que la TSA perdiera más de 1.600 trabajadores durante recientes interrupciones en la financiación del gobierno federal. La administración ha reiterado críticas al desempeño de la agencia, señalando fallas en auditorías previas y cuestionando la efectividad de algunos procedimientos de inspección.

ADMINISTRACIÓN TRUMP ELIMINA ACUERDOS DE DERECHOS CIVILES RELACIONADOS CON ESTUDIANTES TRANSGÉNERO

La administración del presidente Donald Trump anunció la terminación de varios acuerdos de derechos civiles que respaldaban la protección de estudiantes transgénero en instituciones educativas de Estados Unidos. El Departamento de Educación informó que cancelará seis acuerdos alcanzados en años anteriores con distritos escolares y una institución de educación superior, al considerar que estos compromisos se basaban en una interpretación indebida del Título IX, la normativa federal que prohíbe la discriminación en el sistema educativo por razones de sexo.

La decisión implica que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación dejará de supervisar compromisos previamente adoptados por entidades como el Sacramento City Unified School District en California, el Cape Henlopen School District en Delaware, el Fife School District en el estado de Washington, el Delaware Valley School District en Pensilvania, el La Mesa-Spring Valley School District en California y Taft College. Estos acuerdos buscaban garantizar igualdad de acceso a la educación para estudiantes transgénero, incluyendo medidas relacionadas con el trato institucional y el acceso a servicios educativos.

La medida se enmarca en una serie de acciones ejecutivas orientadas a restringir políticas vinculadas a diversidad, equidad e inclusión en el sistema educativo. Desde el inicio de su mandato, Trump ha promovido iniciativas para limitar programas relacionados con identidad de género, diversidad y protestas estudiantiles, señalando que el gobierno federal reconocerá únicamente dos sexos, masculino y femenino. La administración también ha advertido sobre la posibilidad de restringir financiación federal a instituciones que no se ajusten a estas directrices.

La decisión ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos que defienden los derechos de las personas LGBT, quienes consideran que la medida podría afectar el acceso equitativo a la educación para estudiantes transgénero. Funcionarios del Departamento de Educación señalaron que la terminación de estos acuerdos busca eliminar lo que consideran cargas regulatorias improcedentes impuestas en administraciones anteriores, en un debate que refleja profundas divisiones políticas sobre el alcance de las protecciones en materia de derechos civiles en el ámbito educativo.

EMBAJADOR GREER PROMOVERÁ REINDUSTRIALIZACIÓN EN VISITAS A PLANTAS MANUFACTURERAS EN MICHIGAN Y OHIO

El representante comercial de Estados Unidos, embajador Jamieson Greer, realizará una visita oficial a los estados de Michigan y Ohio los días 9 y 10 de abril con el objetivo de recorrer distintas instalaciones manufactureras y sostener reuniones con trabajadores y directivos del sector industrial. La agenda incluye encuentros con empresas vinculadas a sectores estratégicos como defensa, automotriz, energías renovables y electrodomésticos, en línea con la estrategia de política comercial orientada a fortalecer la base industrial estadounidense y relocalizar procesos productivos dentro del país.

Durante el recorrido en Michigan, el funcionario visitará las instalaciones de Atomic Industries, el complejo de ensamblaje de camiones de Stellantis en Warren y la empresa Swarm Defense Technologies, especializada en tecnologías de defensa. Posteriormente, en Ohio, se contempla una visita al campus de manufactura e investigación de First Solar, así como a la planta de Whirlpool en Clyde, donde se prevé una rueda de prensa junto a directivos de la compañía. Estas visitas buscan destacar el papel de la política comercial en la promoción de inversión industrial y en el fortalecimiento de cadenas de suministro consideradas estratégicas.

De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR), los encuentros permitirán discutir cómo las medidas adoptadas por la administración han contribuido a impulsar la reindustrialización del país, la generación de empleo y el aumento de salarios en el sector manufacturero.