El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos relacionados con terrorismo contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito malo”, señalado como líder del Clan del Golfo, una de las principales organizaciones criminales de Colombia. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York informó que a la acusación existente se añadieron delitos por conspiración para narcoterrorismo, provisión de apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para llevar a cabo esta actividad.

Según las autoridades estadounidenses, Ávila Villadiego habría dirigido operaciones de narcotráfico y violencia armada desde octubre de 2021 hasta abril de 2026, periodo en el que el Clan del Golfo fue designado como organización terrorista por Estados Unidos. El fiscal Joseph Nocella afirmó que, para este grupo, el tráfico de drogas y el terrorismo constituyen estrategias complementarias para expandir su influencia y desestabilizar las instituciones.

De acuerdo con la acusación, el líder criminal habría coordinado el envío de múltiples toneladas de cocaína desde Colombia hacia México y Centroamérica, con destino final en Estados Unidos. La organización también estaría involucrada en asesinatos, secuestros y otros actos violentos para proteger sus rutas de narcotráfico, particularmente en la región de Urabá, donde mantiene presencia territorial y capacidad operativa.

Ávila Villadiego asumió el liderazgo del Clan del Golfo tras la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, en octubre de 2021. Otoniel fue extraditado a Nueva York en 2022 y posteriormente se declaró culpable de dirigir una empresa criminal, por lo que fue condenado en 2023 a 45 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico y actividades ilícitas transnacionales.

Las autoridades indicaron que la nueva acusación es resultado de la cooperación entre agencias estadounidenses, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y agencias antinarcóticos, junto con autoridades colombianas. El nombre de Ávila Villadiego había sido incluido en una lista de líderes del narcotráfico compartida por el gobierno colombiano con Estados Unidos en febrero, en el marco de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

SENADOR BERNIE MORENO DESMIENTE A PETRO SOBRE SUPUESTO PLAN CONTRA IVÁN CEPEDA

El senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, desmintió públicamente las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la existencia de un supuesto plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, que —según el mandatario colombiano— habría sido detectado por la CIA.

A través de su cuenta en la red social X, Moreno fue categórico al señalar: “Esto es falso: los funcionarios de EE.UU. no tienen conocimiento de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado de ello”.

El pronunciamiento responde directamente a un mensaje previo del presidente Petro, quien aseguró que agencias de inteligencia estadounidenses tendrían información sobre un posible atentado contra Cepeda. Esa declaración generó preocupación en el ámbito político y de seguridad en Colombia, en medio del contexto electoral.

Moreno no solo rechazó la veracidad de la información atribuida a Estados Unidos, sino que también amplió el foco de preocupación hacia la seguridad del proceso electoral colombiano. En su mensaje, el senador agregó que existe inquietud por las amenazas contra otros candidatos presidenciales, destacando que uno de ellos es ciudadano estadounidense.

En esa línea, hizo un llamado explícito al Gobierno colombiano: “esperamos que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para proteger a los candidatos presidenciales”.

FMI y BANCO MUNDIAL REANUNDAN RELACIONES CON VENEZUELA EN UNA SEÑAL DE REINSERCION FINANCIERA INTERNACIONAL

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial retomaron sus relaciones con Venezuela, en un movimiento que marca un cambio relevante en el tratamiento internacional hacia Caracas y que podría abrir, de forma gradual, nuevas posibilidades de asistencia técnica, reconstrucción institucional y eventual acceso a financiamiento multilateral. El FMI confirmó el 16 de abril de 2026 que volverá a tratar con el Gobierno de Venezuela bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez, y precisó que sus relaciones con el país estaban pausadas desde marzo de 2019 por problemas de reconocimiento gubernamental. 

Poco después, el Banco Mundial anunció una decisión en la misma dirección. Según la formulación reportada, el organismo dijo que reanuda relaciones con el Gobierno venezolano “guiado por el resultado del proceso” adelantado por el FMI, lo que muestra que la señal del Fondo fue determinante para destrabar el vínculo con los multilaterales. 

El giro coincide con una etapa más amplia de acercamiento entre Washington y Caracas. A comienzos de abril, Estados Unidos levantó sanciones a Delcy Rodríguez, en una decisión que AP describió como parte del reconocimiento de la funcionaria como autoridad legítima para interactuar con empresas e inversionistas estadounidenses. 

En paralelo, Reuters reportó declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, según las cuales Washington evaluaba nuevos alivios de sanciones y mantenía conversaciones con el FMI y el Banco Mundial sobre la reintegración de Venezuela al sistema financiero internacional. 

Más que un regreso inmediato al financiamiento, el paso dado por los multilaterales sugiere el inicio de una fase de normalización técnica e institucional. El reporte revisado indica que esta decisión permite retomar la recolección formal de datos, la asistencia técnica y, potencialmente, evaluar apoyo financiero más adelante si el Gobierno venezolano lo solicita. Por ahora, la página país del Banco Mundial sigue indicando que no existe una cartera activa de préstamos en Venezuela. 

Para la comunidad empresarial colombiana, la señal es relevante por al menos tres razones. Primero, porque una Venezuela con mayor interlocución internacional y apertura económica podría reactivar demanda para exportadores y proveedores colombianos, especialmente en zonas fronterizas y en sectores como alimentos, salud, logística, manufactura, energía y servicios. Segundo, porque el cambio también puede atraer inversión internacional al mercado venezolano y aumentar la competencia regional por capital. Y tercero, porque cualquier oportunidad seguirá conviviendo con riesgos altos de cumplimiento, sanciones remanentes, seguridad jurídica y trazabilidad financiera. 

En ese sentido, el restablecimiento de relaciones con el FMI y el Banco Mundial debe leerse menos como una normalización plena y más como una señal de que Venezuela vuelve a entrar, gradualmente, en el radar de los organismos multilaterales y de los inversionistas internacionales. Para Colombia, por su cercanía económica y geográfica, esto puede traducirse tanto en oportunidades comerciales como en nuevos retos de posicionamiento empresarial.

ICE CAMBIA DE LIDERAZGO, PERO NO DE RUMBO

La salida de Todd Lyons de la dirección interina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) al cierre de mayo no representa únicamente un cambio de nombre dentro del engranaje institucional de Washington. Su salida marca el cierre de una etapa particularmente polémica en la política migratoria de Estados Unidos, aunque no necesariamente un cambio de dirección. Desde que asumió el cargo en marzo de 2025, Lyons quedó asociado a una estrategia de mayor presión operativa, redadas más agresivas, fuertes protestas sociales y una ampliación de la infraestructura destinada a sostener deportaciones a gran escala.

Más allá del relevo, lo que queda en evidencia es que la política migratoria se ha convertido en uno de los escenarios más sensibles para medir la relación entre autoridad, legalidad y legitimidad democrática en Estados Unidos. Lo que durante años fue presentado principalmente como una discusión sobre control fronterizo y soberanía nacional hoy se expresa también como una prueba sobre los límites del poder estatal, el manejo de la protesta y la capacidad de una democracia para sostener el orden sin deteriorar la confianza en sus instituciones.

La gestión de Lyons no solo dejó huella dentro del debate interno estadounidense. También proyectó una imagen internacional que Estados Unidos no puede considerar menor. En un momento en que Washington busca preservar su liderazgo político, reforzar su capacidad de interlocución con aliados y mantener autoridad frente a competidores estratégicos, la forma en que administra un asunto tan delicado como la migración tiene consecuencias que van más allá de la política doméstica. Las decisiones que se toman en la frontera, en los centros de detención o en los operativos migratorios también terminan incidiendo en la percepción global sobre la calidad democrática del país y sobre la coherencia entre sus valores declarados y sus prácticas internas.

Ese es quizá el punto más relevante de este relevo. La salida de Lyons no elimina las preguntas que dejó su paso por ICE. Por el contrario, las vuelve más visibles. ¿Puede Estados Unidos sostener una política migratoria firme sin caer en excesos que profundicen la polarización y erosionen su legitimidad? ¿Puede ejercer control sin proyectar una imagen de endurecimiento desproporcionado que termine debilitando su autoridad moral ante el mundo? En un contexto internacional donde la credibilidad también forma parte del poder, esas preguntas son cualquier cosa menos secundaria.

Por eso, aunque el cambio de liderazgo pueda interpretarse como una transición administrativa, su significado político es mayor. Lo que está en juego no es solo quién conduce ICE, sino qué tipo de respuesta quiere encarnar Estados Unidos frente a uno de los desafíos más complejos de su tiempo. Porque cuando una potencia democrática redefine la manera de ejercer autoridad sobre la migración, no solo está ordenando su frontera: también está definiendo la clase de mensaje que envía a sus ciudadanos, a sus aliados y al mundo.

EE. UU. CONFIRMA REAPERTURA DEL ESTRECHO DE ORMUZ MIENTRAS MANTIENE PRESIÓN SOBRE IRÁN

El presidente Donald Trump confirmó que el estrecho de Ormuz se encuentra nuevamente abierto al tránsito de buques comerciales, tras el anuncio realizado por Irán en el marco del alto el fuego vigente en la región. En una publicación en Truth Social, el mandatario celebró la decisión con un mensaje: “¡GRACIAS!”, aunque advirtió que el bloqueo naval estadounidense se mantendrá vigente “hasta que nuestra transacción con Irán esté completa al 100%”, señalando que las negociaciones en curso se encuentran avanzadas.

La reapertura del paso fue anunciada previamente por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien indicó que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto durante el período del alto el fuego. Según el funcionario, la medida se produce en consonancia con la tregua de 10 días acordada en el Líbano entre Israel y el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, lo que contribuye a aliviar las tensiones en los mercados energéticos tras varios días de interrupciones en una de las rutas marítimas más estratégicas del comercio mundial.

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego”, señaló Araghchi en una publicación en la red social X, indicando que las embarcaciones deberán transitar por la ruta previamente coordinada con la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán.

Trump también afirmó que Estados Unidos busca asegurar el control del material nuclear iraní como parte del acuerdo para poner fin al conflicto, señalando que Washington se quedaría con todo el “polvo nuclear” generado por los bombardeos realizados por aviones B-2, en aparente referencia a las reservas de uranio enriquecido de Irán. Según el mandatario, el entendimiento no implicaría transferencias directas de dinero, pese a reportes que indican que Estados Unidos habría considerado liberar hasta US$20 mil millones en fondos iraníes congelados a cambio de dicho material.

En paralelo, el presidente estadounidense subrayó que el acuerdo sobre el programa nuclear iraní se negocia de manera independiente a la tregua alcanzada entre Israel y Líbano, aunque aseguró que Washington continuará gestionando la situación con Hezbolá. “Israel no volverá a bombardear Líbano. Estados Unidos les prohíbe hacerlo. ¡Ya basta!”, escribió Trump, en un mensaje que busca consolidar la pausa en las hostilidades en la región.

Trump también indicó que Irán se habría comprometido a “no volver a cerrar jamás el estrecho de Ormuz”, destacando que la vía marítima no debe utilizarse como herramienta de presión geopolítica. “¡Ya no se utilizará como arma contra el mundo!”, afirmó el mandatario, quien agregó que Irán está retirando o se encuentra en proceso de retirar las minas marinas instaladas en la zona, un paso clave para restablecer la confianza de los buques comerciales que utilizan esta ruta para el transporte de petróleo y otros bienes estratégicos.

No obstante, la agencia estatal iraní Fars señaló que la reapertura del estrecho depende del cumplimiento de determinadas condiciones por parte de Estados Unidos, particularmente en relación con el bloqueo naval vigente. Citando fuentes cercanas al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el medio indicó que Teherán podría reconsiderar la apertura del paso si Washington mantiene medidas que considere incompatibles con el alto el fuego, lo que evidencia que la estabilidad del tránsito marítimo seguirá sujeta a la evolución de las negociaciones.

Por su parte, fuentes iraníes con conocimiento de las conversaciones señalaron que se prevé una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos el lunes en Islamabad, Pakistán, con la llegada de los equipos negociadores prevista desde el domingo. Las reuniones formarían parte de los esfuerzos para consolidar el alto el fuego y avanzar en un entendimiento sobre el programa nuclear iraní y la estabilidad en el estrecho de Ormuz, tras encuentros previos en la capital pakistaní que no lograron un acuerdo definitivo, pero mantuvieron abiertos los canales diplomáticos.

ESTADOS UNIDOS REABRE EL DEBATE ENTRE SEGURIDAD Y LIBERTADES

La decisión de la Cámara de Representantes de aplazar la expiración de las facultades de vigilancia contempladas en una sección de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera vuelve a situar a Estados Unidos ante una de las discusiones más delicadas de cualquier democracia contemporánea: cómo preservar la seguridad nacional sin desdibujar las libertades que constituyen la esencia misma del orden democrático. El debate sobre la Sección 702 no es nuevo, pero sí revela con creciente nitidez una tensión que Washington no ha logrado resolver plenamente.

Esta disposición permite al Gobierno interceptar comunicaciones de extranjeros en el exterior sin orden judicial, una herramienta que el presidente Donald Trump quiere que el Congreso reautorice. Para sus defensores, se trata de un instrumento indispensable frente a amenazas cada vez más complejas en un entorno internacional marcado por rivalidades estratégicas, conflictos híbridos y riesgos transnacionales. Sin embargo, el debate no se agota en la eficacia operativa. También se concentra en los límites necesarios para impedir que ciudadanos estadounidenses terminen siendo alcanzados, aunque sea indirectamente, por mecanismos de vigilancia concebidos para otros objetivos.

La prórroga de diez días aprobada por la Cámara no resuelve esa tensión de fondo. Apenas posterga una decisión que el Senado tendrá ahora que abordar con mayor profundidad. Lo que está en juego no es únicamente la continuidad de una facultad de inteligencia, sino la forma en que el poder democrático se controla a sí mismo cuando enfrenta escenarios de presión. En otras palabras, no se discute solo cuánto poder necesita el Estado para anticipar riesgos, sino qué resguardos institucionales son indispensables para evitar que ese poder desborde los principios que busca proteger.

La importancia de este debate rebasa ampliamente el plano interno. Estados Unidos sigue siendo un referente central en la arquitectura global de seguridad, inteligencia y cooperación entre aliados. Por eso, cada decisión que adopta en esta materia tiene efectos políticos que trascienden sus fronteras. La manera en que Washington equilibre vigilancia, privacidad y control institucional será observada con atención por socios estratégicos, por defensores de libertades civiles y también por gobiernos que, desde distintos lugares del mundo, leen en estas definiciones una señal sobre la consistencia democrática de la principal potencia occidental.

En tiempos de creciente incertidumbre internacional, es comprensible que la seguridad ocupe un lugar prioritario en la agenda pública. Lo que resulta más exigente, y también más importante, es evitar que esa prioridad se convierta en una justificación permanente para ampliar facultades sin suficientes contrapesos. La fortaleza de una democracia no reside únicamente en su capacidad para responder a las amenazas, sino en su disciplina para hacerlo sin sacrificar la integridad de sus normas ni la confianza de sus ciudadanos.

Ese es, en el fondo, el verdadero dilema que enfrenta Estados Unidos. No se trata de escoger entre seguridad o libertad, como si fueran principios incompatibles, sino de demostrar que una democracia madura puede proteger ambas al mismo tiempo. Y en un escenario global donde la legitimidad se ha vuelto una forma esencial de poder, la respuesta que dé Washington a este debate tendrá implicaciones mucho más amplias que las de una simple extensión legislativa.

CIENCIA BAJO PRESIÓN: UNA NOMINACIÓN QUE PONE A PRUEBA A WASHINGTON

La nominación de Erica Schwartz para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) introduce un contraste importante dentro de una administración atravesada por tensiones ideológicas, desgaste institucional y señales contradictorias en materia de salud pública. Exsubcirujana general y contraalmirante retirada, Schwartz llega con un perfil técnico a una entidad que enfrenta salidas de personal, rotación en el liderazgo y el brote de sarampión más grave en décadas. En medio de ese panorama, hay un elemento que sobresale con fuerza propia: su respaldo a las vacunas.

Ese punto, lejos de ser secundario, toca el corazón mismo de la discusión actual sobre salud pública en Estados Unidos. En un entorno donde la evidencia científica ha sido arrastrada al terreno de la confrontación política, apoyar la vacunación ya no es solo una posición médica; es también una defensa de la institucionalidad técnica frente a la erosión de confianza. El país no enfrenta únicamente un brote epidemiológico. Enfrenta, además, una crisis de credibilidad en torno a las autoridades encargadas de prevenir, orientar y responder.

La nominación de Schwartz parece reconocer, aunque sea de forma implícita, que el debilitamiento de la autoridad científica tiene costos demasiado altos para una potencia que todavía pretende liderar respuestas globales frente a amenazas sanitarias. Lo que ocurra con el CDC no afecta solo a Estados Unidos. Su solidez institucional tiene repercusiones directas sobre la cooperación científica, la vigilancia epidemiológica, los sistemas de alerta y la coordinación internacional en salud. Cuando esa agencia pierde estabilidad, el efecto rebasa las fronteras nacionales y genera incertidumbre en un sistema global que aún depende en gran medida de la capacidad técnica estadounidense.

Por eso, el eventual liderazgo de Schwartz sería más que un nombramiento. Sería una prueba política sobre la voluntad real de preservar espacios de decisión basados en evidencia dentro de una administración donde conviven voces muy distintas y, en algunos casos, abiertamente enfrentadas. Si el Senado la confirma, su reto no será solamente administrar una entidad golpeada. Tendrá que reconstruir confianza, retener credibilidad y demostrar que la ciencia aún puede sostener una política pública seria, incluso en medio de la polarización.

En un tiempo marcado por desinformación, cansancio institucional y sospecha frente a las autoridades, esa tarea puede resultar decisiva no solo para la salud de los estadounidenses, sino también para la capacidad del país de seguir siendo una referencia internacional en momentos de crisis. Porque cuando una nación como Estados Unidos titubea frente a la ciencia, el efecto no se limita a sus hospitales o a sus agencias: se proyecta sobre el mundo entero.

JUEZA BLOQUEA INTENTO DEL GOBIERNO DE EE.UU. DE ACCEDER A DATOS CONFIDENCIALES DE VOTANTES

Una jueza federal rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para obligar al estado de Rhode Island a entregar datos no públicos de cerca de 750.000 votantes registrados, en un nuevo revés judicial para los esfuerzos de la administración de Donald Trump por obtener información detallada bajo el argumento de reforzar la “integridad electoral”. La decisión se suma a fallos previos en contra de solicitudes similares presentadas en otros estados liderados por el Partido Demócrata.

La jueza de distrito Mary McElroy señaló que la petición del gobierno era “sin precedentes” y concluyó que el Departamento de Justicia no cuenta con autoridad bajo la Ley Nacional de Registro de Votantes ni bajo la Ley Help America Vote para llevar a cabo el tipo de revisión solicitada. El fallo subraya que la solicitud no presentó una justificación factual suficiente que permitiera respaldar el acceso a información sensible como números de licencias de conducir o los últimos dígitos del número de Seguro Social de los votantes.

El Departamento de Justicia, bajo la administración Trump, ha presentado demandas contra 30 estados y el Distrito de Columbia con el objetivo de obtener archivos electorales completos sin anonimizar, argumentando que esta información es necesaria para verificar el cumplimiento de las leyes federales y asegurar que los registros de votantes estén actualizados. Según el gobierno, el análisis permitiría identificar votantes duplicados o fallecidos y verificar la ciudadanía de personas registradas mediante el cruce de información con el Departamento de Seguridad Nacional.

El caso fue presentado en diciembre después de que el secretario de Estado de Rhode Island, Gregg Amore, ofreciera proporcionar la base de datos pública de votantes, pero se negara a entregar información confidencial adicional. Durante una audiencia celebrada el 26 de marzo, el jefe interino de la sección de votación del Departamento de Justicia, Eric Neff, indicó que la administración buscaba garantizar que la lista electoral estuviera “limpia” e identificar registros que debieran ser eliminados conforme a los criterios federales.

La jueza también cuestionó el uso de una disposición de la Ley de Derechos Civiles de 1960 como fundamento legal para la solicitud de los registros, señalando que dicha norma fue diseñada principalmente para detectar discriminación racial en procesos electorales. El fallo destaca que, aunque la legislación no limita estrictamente su aplicación a estos casos, el gobierno debe presentar una base concreta que justifique el acceso a la información solicitada, requisito que no se cumplió en este proceso.

DEPARTAMENTO DE ESTADO ALCANZA ACUERDO POR US$36 MILLONES CON GE AEROSPACE POR VIOLACIONES A CONTROLES DE EXPORTACIÓN

El Departamento de Estado de Estados Unidos alcanzó un acuerdo administrativo con General Electric Company por US$36 millones para resolver 116 infracciones a la Ley de Control de Exportación de Armas (Arms Export Control Act, AECA) y a la normativa sobre Tráfico Internacional de Armas (International Traffic in Arms Regulations, ITAR). El acuerdo se produjo tras una revisión de cumplimiento realizada por la Oficina de Controles de Comercio de Defensa, adscrita a la Oficina de Asuntos Político-Militares.

Las infracciones incluyen exportaciones no autorizadas de datos técnicos a la República Popular China, incumplimientos de condiciones establecidas en autorizaciones otorgadas por la Dirección de Controles de Comercio de Defensa, exportaciones no autorizadas de artículos de defensa a dos países adicionales y la falta de reporte oportuno de cambios relevantes en el registro ITAR de la compañía. Estas normas regulan la transferencia internacional de tecnología y equipamiento considerado sensible para la seguridad nacional de Estados Unidos.

GE Aerospace informó voluntariamente las irregularidades detectadas, muchas de las cuales ocurrieron antes de 2023, y cooperó con las autoridades durante el proceso de revisión. La empresa también adoptó medidas para fortalecer su programa interno de cumplimiento, incluyendo ajustes en sus procesos de control y supervisión de exportaciones de tecnología sujeta a regulación.

El acuerdo, con una duración de 36 meses, establece el pago de una sanción civil de US$36 millones, de los cuales US$18 millones podrán ser suspendidos si se destinan a la implementación de mejoras en el sistema de cumplimiento exigido por el Departamento de Estado. Asimismo, la compañía deberá contratar un supervisor externo independiente por al menos 24 meses, encargado de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y de evaluar la eficacia de los controles implementados.

TESORO DE EE. UU. SANCIONA RED QUE RECLUTÓ EXMILITARES COLOMBIANOS PARA LA GUERRA EN SUDÁN

El gobierno de Estados Unidos sancionó a cinco personas y entidades vinculadas con el reclutamiento y envío de exmilitares colombianos para participar en el conflicto en Sudán del lado de las Fuerzas de Apoyo Rápido (Rapid Support Forces, RSF), en una medida adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro. Washington señaló que esta red ha contribuido a prolongar una guerra civil que ha generado una de las crisis humanitarias más graves del mundo y ha agravado la inestabilidad en una región ya vulnerable.

Según el Departamento del Tesoro, el conflicto entre las Fuerzas Armadas de Sudán (Sudanese Armed Forces, SAF) y las RSF ha provocado más de 150.000 muertes desde abril de 2023, además del desplazamiento de más de 14 millones de personas y el deterioro de las condiciones alimentarias en amplias zonas del país. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que resulta “inaceptable” que las partes no hayan acordado una tregua humanitaria que permita atender la crisis de hambre derivada del conflicto.

Estados Unidos instó tanto a las SAF como a las RSF a adoptar una tregua humanitaria inmediata de tres meses sin condiciones previas, con el fin de facilitar el ingreso de ayuda internacional, proteger a la población civil y crear un espacio para avanzar en negociaciones hacia un cese permanente de hostilidades. Asimismo, Washington pidió a actores externos abstenerse de proporcionar apoyo financiero o militar que prolongue el conflicto.

Las investigaciones de OFAC identificaron una red de individuos y empresas, principalmente con base en Colombia, que habrían facilitado el reclutamiento de exmilitares para apoyar a las RSF en operaciones de combate y asistencia técnica, incluyendo el uso de drones, francotiradores y personal especializado. Entre los señalados se encuentra el exoficial colombiano Álvaro Andrés Quijano Becerra, quien junto con Claudia Viviana Oliveros Forero creó la agencia de empleo International Services Agency (A4SI), posteriormente reemplazada por Fénix Human Resources S.A.S., empresa registrada en Bogotá.

También fue sancionado el coronel retirado del Ejército colombiano José Óscar García Batte, propietario de la empresa Global Qowa Al-Basheria S.A.S., conocida como Mi Futuro Global, que habría participado en la captación de personal militar retirado para su incorporación en compañías vinculadas al reclutamiento de combatientes destinados a Sudán. Según el Tesoro, estas estructuras habrían sido utilizadas para canalizar contratos y pagos, reduciendo la exposición legal de los intermediarios y facilitando la participación de combatientes extranjeros en el conflicto.

Como resultado de las sanciones adoptadas, todos los bienes e intereses en propiedad de los individuos y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Asimismo, se prohíben las transacciones que involucren activos de los sancionados, en una medida orientada a limitar el financiamiento de redes que, según Washington, contribuyen a la prolongación del conflicto y a la inestabilidad regional.

EE. UU. SANCIONA A COMANDANTES DE MILICIAS IRAQUÍES RESPALDADAS POR IRÁN

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra siete comandantes de milicias iraquíes alineadas con Irán, a quienes acusa de planificar, dirigir y ejecutar ataques contra personal, instalaciones e intereses estadounidenses en Irak. La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro, en una nueva acción dirigida a limitar la capacidad operativa de grupos armados que Washington considera responsables de desestabilizar la seguridad regional.

Según el Departamento del Tesoro, los individuos sancionados ocupan posiciones de liderazgo en organizaciones consideradas entre las más violentas dentro de las milicias respaldadas por Irán, incluyendo Kata’ib Hizballah, Asa’ib Ahl al-Haqq, Harakat al-Nujaba y Kata’ib Sayyid al-Shuhada. De acuerdo con la entidad, estos grupos han llevado a cabo ataques contra personal estadounidense y fuerzas de la coalición internacional, además de afectar la estabilidad política y la soberanía de Irak.

“Las milicias terroristas respaldadas por Irán no podrán amenazar las vidas ni los intereses estadounidenses”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al advertir que quienes faciliten actividades violentas serán considerados responsables. La decisión se adoptó en virtud de la Orden Ejecutiva 13224, instrumento utilizado por Washington para sancionar a personas y entidades vinculadas con actividades terroristas y con redes de apoyo financiero y logístico.

Entre los sancionados se encuentran Ammar Jasim Kadhim Al Rammahi, Radhwan Yousif Hameed Almohammed y Hasan Dheyab Hamzah Hamzah, señalados como comandantes operativos de Kata’ib Hizballah involucrados en la planificación de ataques contra personal estadounidense. También fue incluido Safaa Adnan Jabbar Suwaed, alto mando de Asa’ib Ahl al-Haqq, grupo que ha utilizado drones de origen iraní en operaciones contra fuerzas estadounidenses y de la coalición en el norte de Irak.

La acción también abarca a Khalid Jameel Abed Albakhatra y Saeed Kadhim Mukhamis, identificados como líderes de Kata’ib Sayyid al-Shuhada, así como a Husham Hashim Jaythoom, instructor militar de Harakat al-Nujaba, organización que ha manifestado públicamente su lealtad a Irán y ha amenazado con ataques contra personal estadounidense en la región.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses en propiedad de los individuos designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC. Asimismo, se prohíben las transacciones que involucren activos de las personas sancionadas, salvo autorización específica, en una medida que busca limitar el financiamiento y la capacidad operativa de estas organizaciones en el sistema financiero internacional.

SENADORES DE EE. UU. PREVÉN ANUNCIO DE VENTA DE ARMAS A TAIWÁN EN MEDIO DE TENSIONES CON CHINA

Un grupo de senadores de Estados Unidos señaló que las ventas de armamento pendientes a Taiwán podrían anunciarse en las próximas semanas, en una señal que podría influir en el equilibrio estratégico en Asia en un momento en que Washington y Pekín evalúan retomar el diálogo bilateral de alto nivel. La expectativa coincide con la posibilidad de una reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, lo que añade sensibilidad política al momento del eventual anuncio.

En una carta dirigida a legisladores taiwaneses, los senadores indicaron que el Congreso mantiene su compromiso con la entrega oportuna de capacidades defensivas consideradas críticas para la isla. Entre los sistemas incluidos se encuentran equipos contra drones, un sistema integrado de mando de combate y municiones de alcance medio destinadas a fortalecer la defensa aérea de Taiwán frente a riesgos crecientes en el estrecho.

La misiva fue firmada por Jeanne Shaheen, principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, junto con la también demócrata Jacky Rosen y los republicanos John Curtis y Thom Tillis, quienes visitaron Taiwán a finales de marzo. Los legisladores destacaron que el objetivo es reforzar las capacidades de disuasión de la isla en un entorno de mayor presión militar y política por parte de China.

Los senadores también instaron al Parlamento taiwanés a aprobar un presupuesto especial de defensa por 1,25 billones de dólares taiwaneses (aproximadamente US$39,6 mil millones), el cual permitiría no solo la adquisición de equipamiento estadounidense sino también acelerar el desarrollo de capacidades de producción local orientadas a estrategias de defensa asimétrica. El proyecto ha enfrentado retrasos debido a divisiones políticas internas entre los principales partidos de oposición.

El posible anuncio de nuevas ventas se produce en medio de una elevada tensión geopolítica, dado que China considera a Taiwán una línea roja en su relación con Estados Unidos. En conversaciones previas, Xi Jinping instó a Washington a manejar con prudencia cualquier decisión relacionada con el suministro de armamento a la isla, subrayando la sensibilidad estratégica del tema en la relación bilateral.

En diciembre pasado, el gobierno estadounidense notificó al Congreso ocho posibles ventas de armamento a Taiwán por un valor cercano a US$11,1 mil millones, lo que representó el mayor paquete de defensa aprobado para la isla hasta la fecha. La evolución de estas negociaciones será observada de cerca por los mercados y actores políticos, especialmente ante la posibilidad de que el tema forme parte de la agenda en un eventual encuentro entre Trump y Xi.

PRESIDENTE PETRO CRITICA INFLUENCIA DE NETANYAHU Y RUBIO SOBRE TRUMP Y CUESTIONA ROL DE LA ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el mandatario estadounidense Donald Trump ha terminado alineado con un “bloque muy destructivo para la humanidad”, al considerar que su agenda internacional estaría influenciada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y por sectores de su administración. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa “Los Desayunos” de RTVE y EFE, en la que el presidente abordó la situación geopolítica actual y el papel de Estados Unidos en los conflictos internacionales.

“El presidente Trump, por burbujas comunicacionales que lo rodean permanentemente y por prejuicios, termina en un bloque muy destructivo para la humanidad jalonado por Netanyahu, no es al revés”, señaló Petro, al referirse a la influencia que, según su visión, ejercen algunos actores dentro del gobierno estadounidense sobre la orientación de la política exterior de Washington. El mandatario sugirió que estas dinámicas pueden incidir en decisiones con implicaciones globales.

En ese sentido, Petro afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, desempeña un papel relevante dentro del entorno político que rodea al presidente estadounidense. Según el mandatario colombiano, Rubio estaría “imbuido de fundamentalismo sionista” y tendría una visión limitada sobre América Latina, lo que, a su juicio, contribuye a moldear percepciones negativas sobre la región en la toma de decisiones de política exterior.

“Trump en esa oficina vive rodeado de burbujas, de personas ajenas a él, cada cual con agenda diferente y compitiendo entre sí”, indicó Petro, al describir lo que considera una dinámica interna en la administración estadounidense que podría influir en la formulación de su estrategia internacional. En ese marco, reiteró que la agenda que calificó como más problemática es la asociada a Marco Rubio.

El presidente colombiano también señaló que, bajo estas influencias, algunas decisiones internacionales se estarían adoptando con un enfoque que, en su opinión, no dimensiona plenamente sus efectos humanitarios. “Eso lleva a Trump a actuar como si se tratara de un videojuego sin razonamiento, a jugar con millones de seres humanos”, afirmó, al referirse a la forma en que se estarían abordando conflictos internacionales.

Durante la entrevista, Petro también cuestionó la capacidad de las Naciones Unidas para responder a crisis globales, señalando que el organismo enfrenta limitaciones estructurales para actuar frente a conflictos de gran escala. A pesar de estas críticas, sostuvo que el debate sobre el papel del sistema multilateral debe abordarse desde una perspectiva democrática y con equilibrio entre los países.

“Trump dice Naciones Unidas no sirve e impone sus condiciones y a veces veo a presidentes latinoamericanos como si fueran cortesanos, como si tuviéramos un nuevo rey”, afirmó Petro, al señalar que los países de la región deben mantener una posición autónoma en su política exterior y evitar alineamientos automáticos frente a decisiones de Washington.