La Administración de Comercio Internacional, adscrita al Departamento de Comercio (Department of Commerce, DOC), anunció la creación del Venezuela Business Information Center, una nueva plataforma destinada a facilitar la entrada de empresas estadounidenses al mercado venezolano. La iniciativa busca acelerar los vínculos comerciales bilaterales y apoyar la participación del sector privado en un entorno que empieza a mostrar señales de reapertura económica.

El centro funcionará como un punto de referencia para identificar oportunidades de negocio, conectar a empresas con potenciales proyectos y orientar a los exportadores en aspectos regulatorios clave, incluyendo sanciones, controles de exportación y dinámicas del mercado. De acuerdo con la entidad, el objetivo es reducir barreras de entrada y proporcionar herramientas prácticas para que las firmas estadounidenses puedan operar con mayor claridad en Venezuela.

La puesta en marcha de esta herramienta se da en paralelo a cambios recientes en la relación bilateral, marcados por el restablecimiento de contactos diplomáticos y la emisión de nuevas licencias por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que han flexibilizado ciertas restricciones. Estas medidas han comenzado a abrir espacios para la participación empresarial, especialmente en sectores estratégicos como energía y servicios asociados.

El centro también contará con el apoyo del Departamento de Estado y ofrecerá asistencia directa a las compañías interesadas, incluyendo acompañamiento técnico y acceso a equipos especializados. Las autoridades destacaron que, aunque surgen nuevas oportunidades, las empresas deberán evaluar cuidadosamente los riesgos operativos y regulatorios asociados al mercado venezolano, caracterizado por una transición aún en desarrollo.

EE.UU. Y UNIÓN EUROPEA ACUERDAN PLAN ESTRATÉGICO PARA ASEGURAR CADENAS DE SUMINISTRO DE MINERALES CRÍTICOS

El embajador Jamieson Greer anunció un Plan de Acción conjunto entre Estados Unidos y la Unión Europea orientado a reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos, en un paso que busca estructurar una coordinación más estrecha en política comercial entre ambas economías. El acuerdo servirá como principal mecanismo bilateral para avanzar hacia un eventual acuerdo plurilateral vinculante, con el objetivo de consolidar un marco más estable y predecible para el acceso a insumos estratégicos.

La iniciativa responde a distorsiones acumuladas durante décadas en los mercados globales de minerales críticos, derivadas de prácticas no orientadas al mercado que han incrementado la vulnerabilidad de las economías industrializadas frente a interrupciones en el suministro. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea consideran que estas dinámicas han expuesto sectores clave a riesgos de coerción económica, afectando no solo la estabilidad de las cadenas de valor, sino también la seguridad económica e industrial de los países dependientes de estos recursos.

En este frente, el plan plantea explorar mecanismos comerciales que permitan fortalecer la producción doméstica y de aliados, al tiempo que se reducen las brechas de precios frente a competidores globales. Entre las herramientas bajo evaluación se incluyen pisos de precios ajustados en frontera, subsidios para cerrar diferenciales, acuerdos de compra anticipada y el desarrollo de mercados basados en estándares, todos enfocados inicialmente en minerales críticos específicos y sus respectivas cadenas de valor.

De manera complementaria, el acuerdo contempla la construcción de un marco regulatorio común que abarque estándares para la extracción, procesamiento, reciclaje y comercio de minerales críticos, con el fin de alinear incentivos entre los países participantes. Este componente busca reducir la dependencia de proveedores considerados estratégicamente sensibles y promover condiciones de competencia más equilibradas en el mercado internacional.

El Plan de Acción también incorpora cooperación en materia de inversión, tanto en promoción como en mecanismos de revisión, así como el fortalecimiento de la coordinación técnica y regulatoria entre ambas economías. A esto se suma el desarrollo de capacidades conjuntas de respuesta rápida ante disrupciones en las cadenas de suministro, especialmente aquellas originadas en terceros países que puedan afectar la disponibilidad o el flujo de estos insumos.

Otro eje relevante es la colaboración en investigación y desarrollo de tecnologías asociadas a minerales críticos, junto con iniciativas de almacenamiento estratégico que permitan mitigar riesgos de corto plazo. Estas medidas apuntan a construir capacidades estructurales que respalden la competitividad industrial en el mediano y largo plazo, en sectores intensivos en estos insumos como energía, defensa y tecnologías avanzadas.

Durante el anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que la iniciativa refleja una mayor conciencia entre aliados occidentales sobre la relevancia estratégica de estos insumos, al señalar que “la sobreconcentración de estos recursos y el hecho de que estén dominados por uno o dos lugares es un riesgo inaceptable”. En esa línea, enfatizó la necesidad de diversificar tanto las fuentes como las geografías de suministro, destacando que el acuerdo no será solo declarativo, sino que se traducirá en acciones concretas para fortalecer la seguridad económica y nacional.

Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, destacó que el verdadero reto será la implementación efectiva del acuerdo, señalando que “la prueba real será la ejecución de este proyecto” y su capacidad de traducirse en resultados tangibles para las empresas. Asimismo, resaltó que este entendimiento refuerza la relación transatlántica y se apoya en avances previos de cooperación, abriendo nuevas oportunidades para una coordinación más estratégica y ágil entre ambas economías.

La implementación del plan estará liderada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (United States Trade Representative, USTR) y la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, en coordinación con otros espacios multilaterales donde también se abordan estos temas, como el G7. Este enfoque refleja una estrategia más amplia de articulación entre economías afines para enfrentar riesgos sistémicos en recursos estratégicos.

OFICINA DEL REPRESENTANTE COMERCIAL DE EE.UU. REALIZARÁ AUDIENCIAS EN INVESTIGACIÓN GLOBAL SOBRE TRABAJO FORZOSO

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR) anunció la realización de audiencias públicas los días 28 y 29 de abril de 2026 como parte de las investigaciones bajo la Sección 301 sobre prácticas relacionadas con el trabajo forzoso. Las sesiones se llevarán a cabo en la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos en Washington D.C. y forman parte de un proceso que examina a 60 economías por posibles fallas en la prohibición y control de bienes producidos bajo estas condiciones.

La investigación, iniciada en marzo, se enmarca en una estrategia más amplia de la administración del presidente Donald Trump para reforzar el uso de instrumentos comerciales frente a prácticas consideradas desleales. Bajo la Sección 301 del Trade Act de 1974, Estados Unidos puede responder con medidas como aranceles o restricciones comerciales si determina que las políticas de otros países generan distorsiones o afectan sus intereses económicos.

De acuerdo con información divulgada por la USTR y reportes de prensa, el alcance de la investigación es global e incluye tanto aliados como economías emergentes y competidores estratégicos. Entre los países señalados se encuentran la Unión Europea, China, India, Brasil y múltiples economías de América Latina, reflejando un enfoque amplio orientado a reforzar estándares laborales en las cadenas de suministro internacionales.

En este contexto, Colombia está incluida dentro del grupo de países bajo investigación, junto con otras economías de la región como México, Chile, Perú y Argentina. Su inclusión implica que Estados Unidos evaluará la efectividad de sus mecanismos para prevenir y sancionar el uso de trabajo forzoso en bienes que eventualmente ingresan al mercado estadounidense, lo que podría traducirse en mayores exigencias regulatorias o presiones comerciales dependiendo de los resultados del proceso.

Las audiencias permitirán a gobiernos, empresas y organizaciones presentar evidencia y argumentos en defensa de sus marcos regulatorios, en una fase clave para la construcción del expediente técnico de la investigación. El resultado podría derivar en acciones diferenciadas por país o sector, mientras Estados Unidos integra de forma más activa criterios laborales dentro de su política comercial.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA CIERRA INVESTIGACIÓN SOBRE POWELL Y DESBLOQUEA NOMBRAMIENTO EN LA FED

El Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) decidió cerrar la investigación sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una medida que elimina uno de los principales obstáculos políticos para la confirmación de Kevin Warsh como nuevo líder del banco central. La decisión fue anunciada por la fiscal federal en Washington, Jeanine Pirro, quien indicó que el proceso penal no continuará por ahora.

La investigación se centraba en posibles irregularidades relacionadas con los sobrecostos en la renovación de edificios de la Reserva Federal en Washington, un proyecto cuyo presupuesto ha aumentado significativamente en los últimos años. Este caso había generado tensiones políticas al interior del Congreso y se había convertido en un punto de fricción entre la administración y la actual dirección del banco central.

En paralelo, Pirro señaló que el caso será trasladado al órgano de control interno de la Reserva Federal, el Oficina del Inspector General de la Reserva Federal, que continuará examinando los incrementos en los costos del proyecto. Según la fiscal, este organismo tiene la capacidad de evaluar de manera independiente si hubo fallas en la gestión y garantizar la rendición de cuentas ante los contribuyentes.

El proceso judicial había enfrentado un revés significativo luego de que el juez federal James Boasberg bloqueara las citaciones emitidas contra la junta de gobernadores de la Reserva Federal. El magistrado concluyó que no existía evidencia suficiente de conducta delictiva y que las acciones de la fiscalía podían estar orientadas a presionar a Powell en medio de desacuerdos sobre la política monetaria.

El cierre de la investigación tiene implicaciones directas en el proceso de confirmación de Warsh, cuyo avance había sido bloqueado por el senador republicano Thom Tillis, quien condicionó su apoyo a la finalización de lo que calificó como una investigación infundada. Con este obstáculo removido, aumenta la probabilidad de que el Senado avance en la votación antes del vencimiento del actual periodo de liderazgo de Powell.

No obstante, la decisión no cierra completamente el caso, ya que la fiscalía dejó abierta la posibilidad de retomar la investigación dependiendo de los hallazgos del inspector general. En este sentido, el presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, solicitó un informe en un plazo de 90 días para evaluar los resultados de la revisión en curso.

El episodio se inscribe en un entorno de tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y la Reserva Federal, marcado por presiones públicas para reducir las tasas de interés y cuestionamientos a la gestión de Powell. Aunque el cierre de la investigación despeja el camino para cambios en el liderazgo del banco central también deja abiertas interrogantes sobre la independencia institucional y la relación entre política monetaria y poder ejecutivo.

WASHINGTON ENVÍA EMISARIOS A PAKISTÁN PARA AVANZAR EN DIÁLOGO CON IRÁN

El presidente Donald Trump enviará a sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán con el objetivo de continuar las conversaciones con Irán, en un nuevo intento por avanzar en un entendimiento diplomático. La misión, confirmada por la Casa Blanca, busca mantener abiertos los canales de diálogo en un momento en el que ambas partes han dado señales preliminares de acercamiento.

Según la secretaria de prensa Karoline Leavitt, los enviados sostendrán reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, con la expectativa de que el intercambio permita avanzar hacia un eventual acuerdo. La funcionaria señaló que Washington percibe ciertos progresos recientes por parte de Teherán, aunque evitó detallar el contenido de esos avances.

Leavitt indicó que el vicepresidente JD Vance no viajará en esta etapa, pero continuará involucrado en el proceso desde Washington, junto con el secretario de Estado Marco Rubio y el equipo de seguridad nacional. No obstante, dejó abierta la posibilidad de un desplazamiento posterior si las conversaciones lo requieren, señalando que el gobierno se mantiene preparado para escalar el nivel de representación.

El envío de Witkoff y Kushner responde, según la Casa Blanca, a la intención de “escuchar a los iraníes” y evaluar de primera mano sus posiciones en esta fase del diálogo. La elección de Pakistán como sede refleja un canal indirecto de interlocución en medio de una relación bilateral compleja, mientras Washington busca calibrar las condiciones para una negociación más estructurada en las próximas semanas.

Además, Leavitt afirmó que Washington ha “visto algunos avances” por parte de Irán en los últimos días, lo que explica la decisión del presidente Donald Trump de enviar a Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para mantener nuevas conversaciones. Según Leavitt, ambos emisarios viajarán con el objetivo de “escuchar a los iraníes” y evaluar directamente el alcance de las señales recientes de Teherán.

Consultada sobre si esos avances implicaban que Estados Unidos ya había recibido la “propuesta unificada” que Trump espera de Irán, Leavitt evitó responder de forma directa. La funcionaria se limitó a señalar que la Casa Blanca espera que la reunión permita registrar nuevos progresos y deje resultados positivos, aunque aclaró que Washington esperará a conocer qué plantea la contraparte iraní antes de anticipar conclusiones.

ADMINISTRACIÓN TRUMP BUSCA REVERTIR ESTATUS LEGAL DE MIGRANTES TRAS BLOQUEO JUDICIAL

La administración del presidente Donald Trump planea nuevamente poner fin al estatus legal de cientos de miles de migrantes que ingresaron al país mediante el programa implementado durante el gobierno de Joe Biden. La decisión surge después de que un tribunal federal bloqueara un intento previo de cancelar estos permisos, obligando al gobierno a replantear su estrategia legal.

El caso se desarrolla en una corte federal en Boston, donde la jueza Allison Burroughs determinó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de manera indebida al revocar el estatus de más de 900.000 migrantes que habían sido admitidos bajo un esquema de “parole humanitario”. Este programa permitía a los solicitantes ingresar al país tras agendar citas a través de la aplicación CBP One.

Durante la administración Biden, estos migrantes recibían permisos temporales de permanencia por dos años, bajo el argumento de razones humanitarias. Sin embargo, tras el cambio de gobierno, muchos beneficiarios recibieron notificaciones oficiales informándoles que su estatus sería terminado y que debían abandonar el país, lo que generó una serie de demandas judiciales.

A pesar del fallo judicial, el Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) indicó que, mientras cumple con la orden de la corte, también está emitiendo nuevas notificaciones de terminación de estatus con base en un memorando interno elaborado por el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection, CBP), Rodney Scott, quien habría argumentado que el “parole” ya no es apropiado para estos casos.

Organizaciones legales que representan a los migrantes han cuestionado esta estrategia, calificándola como un intento deliberado de eludir la decisión judicial. La jueza programó una audiencia para el 6 de mayo en la que evaluará si se debe impedir que el gobierno avance con estas nuevas medidas, en un proceso que podría definir el alcance de la autoridad del Ejecutivo en materia migratoria.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU. PROPONE RESTABLECER EL PELOTÓN DE FUSILAMIENTO EN EJECUCIONES FEDERALES

El Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) anunció que planea restablecer el pelotón de fusilamiento como método de ejecución para reclusos en el corredor de la muerte a nivel federal, como parte de un paquete de medidas orientadas a reforzar la aplicación de la pena capital. La decisión se enmarca en el cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump y busca facilitar la reactivación de ejecuciones una vez se agoten los recursos judiciales de los condenados.

Las directrices incluyen la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump, así como su ampliación para incorporar métodos alternativos como el pelotón de fusilamiento. Adicionalmente, el Departamento de Justicia plantea agilizar los procesos internos relacionados con la pena de muerte, con el objetivo de reducir los tiempos entre la finalización de las apelaciones y la ejecución de las sentencias.

El fiscal general interino, Todd Blanche, defendió la medida señalando que la administración anterior, liderada por Joe Biden, no cumplió con su deber al limitar la aplicación de la pena capital. Según Blanche, el gobierno actual busca restablecer la ejecución de las sentencias en casos de crímenes graves, incluyendo terrorismo, homicidios agravados y asesinatos de agentes del orden.

El Departamento de Justicia también instruyó a la Oficina de Prisiones evaluar la ampliación o reconfiguración de las instalaciones federales destinadas al corredor de la muerte, con el fin de permitir la implementación de métodos de ejecución alternativos. Actualmente, la pena de muerte es legal en 27 estados, aunque con variaciones en su aplicación, mientras que en otros ha sido abolida o suspendida, reflejando un panorama fragmentado en torno a su uso en Estados Unidos.

TESORO DE EE.UU. AMPLÍA SANCIONES CONTRA RED GLOBAL QUE COMERCIALIZA PETRÓLEO IRANÍ

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) anunció una nueva ronda de sanciones dirigida a desarticular la red internacional que facilita las exportaciones de petróleo iraní, incluyendo a la refinería china Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd., identificada como uno de los principales compradores de crudo iraní. La medida también alcanza a cerca de 40 empresas de transporte marítimo y embarcaciones vinculadas a la denominada “flota sombra”, utilizada para evadir sanciones y sostener los flujos energéticos del país.

Según el Departamento del Tesoro, las refinerías independientes chinas, conocidas como “teapots”, desempeñan un papel central en la economía petrolera de Irán al absorber una parte significativa de su producción. En este esquema, Hengli ha adquirido miles de millones de dólares en crudo y productos derivados, consolidándose como un actor clave en el sostenimiento de los ingresos del régimen iraní y, en particular, de sus fuerzas armadas.

Las autoridades estadounidenses señalaron que parte de estos envíos ha sido gestionada por estructuras vinculadas al aparato militar iraní, incluyendo entidades responsables de comercializar petróleo en mercados internacionales. Estos flujos han generado ingresos sustanciales que, según Washington, contribuyen a financiar actividades regionales y capacidades estratégicas consideradas una amenaza para los intereses de Estados Unidos.

En paralelo, la ofensiva sancionatoria se dirige contra la flota marítima que transporta estos productos, considerada un eslabón crítico en la cadena de suministro. Entre las embarcaciones sancionadas se encuentran buques que han movilizado millones de barriles de crudo, gas licuado y otros derivados hacia mercados en Asia, mediante operaciones que incluyen transferencias de carga en alta mar y uso de jurisdicciones con controles limitados.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas medidas buscan imponer una “presión financiera sostenida” sobre Irán, restringiendo su capacidad para generar ingresos y limitando su margen de acción en el ámbito regional. Asimismo, advirtió que cualquier empresa o embarcación que participe en estas operaciones podría ser objeto de sanciones, reforzando el carácter disuasivo de la estrategia.

La acción se enmarca en la estrategia de “máxima presión” impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Desde febrero de 2025, Estados Unidos ha sancionado a más de 1.000 personas, empresas, buques y aeronaves vinculados a redes de comercio ilícito, financiamiento y evasión de sanciones asociadas a Irán.

FDA OTORGA PRIORIDAD A NUEVAS TERAPIAS PARA ENFERMEDADES MENTALES GRAVES

La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) anunció medidas para acelerar el desarrollo de tratamientos innovadores para enfermedades mentales graves, mediante la asignación de vales de revisión prioritaria a tres compañías, pocos días después de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump. Esta iniciativa busca reducir significativamente los tiempos de evaluación regulatoria para terapias clasificadas como “avance terapéutico”.

La medida permite que ciertos medicamentos psicodélicos pasen de tiempos de revisión habituales de entre seis y diez meses a procesos que podrían completarse en uno o dos meses, siempre que cumplan con criterios específicos de innovación clínica. El enfoque responde al creciente interés en alternativas terapéuticas frente a trastornos mentales de difícil tratamiento, en un entorno donde la carga de estas enfermedades sigue siendo elevada en Estados Unidos.

Entre las compañías beneficiadas se encuentra Compass Pathways, que confirmó haber recibido uno de los vales para su candidato COMP360, una versión sintética de psilocibina dirigida al tratamiento de la depresión resistente. Otras empresas estarían desarrollando terapias basadas en psilocibina para depresión mayor y en metilona para trastorno de estrés postraumático, aunque no todas han confirmado oficialmente su participación en el programa.

El impulso regulatorio se produce en un momento en el que el desarrollo de terapias psicodélicas ha ganado tracción científica y empresarial, con compañías que buscan avanzar rápidamente hacia la comercialización. En este sentido, el director ejecutivo de Compass señaló que la empresa espera estar lista para el lanzamiento hacia finales de este año, destacando que la medida podría aportar mayor dinamismo al proceso de aprobación.

Desde el punto de vista clínico, estas terapias actúan sobre receptores neuronales que influyen en la capacidad del cerebro para reorganizarse, generar nuevas conexiones y reparar circuitos dañados, lo que ha mostrado resultados prometedores en la reducción de síntomas depresivos. Sin embargo, también implican riesgos como ansiedad aguda, pánico o confusión durante su administración, lo que mantiene el debate sobre su uso controlado en entornos médicos.

A pesar del respaldo político a este tipo de tratamientos, algunos compuestos como la ibogaína no fueron incluidos en esta fase de priorización, aunque la FDA autorizó estudios preliminares sobre derivados para tratar trastornos por consumo de alcohol. En conjunto, la iniciativa refleja un cambio en el enfoque regulatorio hacia terapias emergentes, en un escenario donde cerca del 23,4% de los adultos en Estados Unidos reportaron algún trastorno mental en 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTADO DESIGNA A TOMMY PIGOTT PARA LIDERAR SU ESTRATEGIA DE MENSAJE GLOBAL

El Departamento de Estado anunció el nombramiento de Thomas “Tommy” Pigott como nuevo portavoz oficial, quien asumirá la responsabilidad de comunicar las posiciones de la política exterior estadounidense ante audiencias tanto nacionales como internacionales. Desde este rol, se convertirá en la principal voz institucional del Departamento frente a los medios de comunicación, en un momento en el que la gestión del mensaje diplomático adquiere mayor relevancia en medio de una agenda internacional activa.

En su nueva función, Pigott estará a cargo de liderar la relación con la prensa acreditada y de contribuir a la construcción del mensaje estratégico del Departamento, en línea con las prioridades definidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y la administración del presidente Donald Trump. Su papel incluirá no solo la vocería cotidiana, sino también la articulación de narrativas clave en temas de política exterior, en un entorno internacional que exige coherencia y capacidad de respuesta comunicacional.

Pigott forma parte del Departamento desde enero de 2025, cuando se incorporó como portavoz adjunto principal, acumulando cerca de una década de experiencia en comunicaciones políticas. Antes de su llegada al gobierno, participó en la campaña presidencial de 2024 y trabajó en el Comité Nacional Republicano, lo que le ha permitido consolidar un perfil alineado con las dinámicas políticas y comunicacionales de la actual administración.

Originario de Nueva Jersey, cuenta con formación académica en relaciones internacionales y comunicación pública, con estudios en la Universidad de Georgetown y en la Universidad George Washington. Su designación se produce en una etapa en la que el Departamento de Estado busca fortalecer la claridad y consistencia de su comunicación institucional frente a audiencias globales cada vez más exigentes.