La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios su tasa de interés en el rango de 3,50%-3,75%, en una de las votaciones más divididas en décadas. La decisión reflejó crecientes preocupaciones sobre la inflación y evidenció un desacuerdo significativo entre los responsables de política monetaria respecto a la orientación futura de las tasas.

El comunicado oficial marcó un cambio relevante en el tono al señalar que la inflación se mantiene elevada, en parte por el aumento reciente en los precios globales de la energía. Además, la Fed advirtió que los desarrollos en Medio Oriente están elevando la incertidumbre sobre las perspectivas económicas, añadiendo presión a un entorno ya complejo para la toma de decisiones.

La votación, de 8 a 4, fue la más fragmentada desde 1992 y mostró la amplitud de posturas dentro del banco central. Tres funcionarios se opusieron a mantener un sesgo hacia recortes de tasas, mientras que un cuarto disidente apoyó una reducción inmediata de 25 puntos básicos, evidenciando una divergencia profunda sobre el rumbo de la política monetaria.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró que las decisiones seguirán dependiendo de los datos económicos y del balance de riesgos, subrayando que la política monetaria no está en una trayectoria predefinida. La autoridad monetaria enfrenta el desafío de determinar si el impacto del encarecimiento del petróleo se traducirá en mayor inflación o en una desaceleración del crecimiento, en un entorno donde los precios energéticos siguen condicionando el panorama inflacionario.

Así mismo, Powell advirtió que la independencia del banco central “está en riesgo” ante la ofensiva legal impulsada por el gobierno de Donald Trump, que incluye una investigación penal en su contra. El presidente de la Fed señaló que estos procesos están afectando a la institución, introduciendo presiones adicionales en un momento en que la política monetaria enfrenta alta sensibilidad frente a factores externos y políticos.

En términos de actividad, la Fed indicó que la economía continúa expandiéndose a un ritmo sólido y que el desempleo se ha mantenido estable en los últimos meses. No obstante, la persistencia de precios del petróleo por encima de los US$100 por barril complica la evaluación del balance entre crecimiento e inflación y limita el margen para una eventual flexibilización en el corto plazo.

En el plano institucional, Powell anunció que continuará como miembro de la junta de gobernadores una vez finalice su mandato como presidente el 15 de mayo, rompiendo con la práctica habitual de la entidad. Señaló que mantendrá un perfil bajo y que su permanencia se extenderá por un periodo aún no definido, lo que introduce un elemento atípico en la transición de liderazgo.

El movimiento se produce en paralelo al avance de la nominación de Kevin Warsh para presidir la Fed, tras su aprobación en el Comité Bancario del Senado. Este proceso anticipa un cambio en la conducción del banco central en medio de tensiones políticas y un debate más amplio sobre la independencia de la autoridad monetaria frente a presiones del Ejecutivo.

REEMBOLSOS DE ARANCELES ENFRENTAN OBSTÁCULOS TRAS FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Estados Unidos rechazó aproximadamente el 15% de las solicitudes de devolución presentadas por importadores que buscan recuperar pagos realizados por aranceles posteriormente anulados por la justicia. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection, CBP) confirmó que el proceso, que involucra montos multimillonarios, enfrenta dificultades operativas que están afectando la liquidez de numerosas empresas.

En una revisión inicial de más de 13 millones de operaciones de importación, la CBP denegó cerca de 2,12 millones de solicitudes por no cumplir con los criterios de validación, mientras que aproximadamente 1,74 millones ya fueron procesadas y se encuentran en etapa de reembolso. El volumen total del caso es significativamente mayor, con alrededor de 53 millones de declaraciones sujetas a revisión, lo que evidencia la escala del desafío administrativo.

El origen del proceso se remonta a los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La Corte Suprema de Estados Unidos determinó, por seis votos contra tres, que el uso de esta normativa en tiempos de paz excedía las facultades presidenciales, lo que llevó a la anulación de los cargos y a la orden de devolución de aproximadamente US$166 mil millones.

La ejecución del proceso fue encomendada al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que supervisa la restitución de los fondos. Para los importadores, estos recursos son críticos para el flujo de caja y la continuidad de operaciones, lo que ha elevado la presión sobre las autoridades para acelerar los pagos y reducir fricciones en el sistema.

El mecanismo habilitado para gestionar los reintegros, conocido como CAPE, comenzó a operar el 20 de abril. Durante su primera semana, recibió más de 75.000 declaraciones, de las cuales poco más de 47.000 superaron las validaciones iniciales. No obstante, el alto volumen de solicitudes ha expuesto limitaciones técnicas que han derivado en rechazos y demoras.

Las principales causas de denegación están asociadas a errores técnicos, inconsistencias en los datos, archivos defectuosos o presentaciones realizadas por agentes no autorizados. La CBP ha señalado que los importadores pueden corregir estas fallas y volver a presentar sus solicitudes, aunque el proceso implica costos adicionales en tiempo y recursos administrativos.

Casos como el de Beth Benike, cofundadora de Busy Baby, reflejan el impacto a nivel empresarial. La ejecutiva indicó que no pudo completar su solicitud debido a inconsistencias en su identificación fiscal dentro del sistema, lo que le ha impedido recuperar cerca de US$50 mil. Este tipo de dificultades se replica entre pequeñas y medianas empresas, que enfrentan barreras técnicas para acceder a los reembolsos.

WASHINGTON CONDICIONA APERTURA DE ORMUZ A ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN

El presidente Donald Trump afirmó que no levantará el bloqueo naval sobre los puertos iraníes hasta que Irán acepte negociar su programa nuclear, consolidando una estrategia que vincula directamente la reapertura del comercio marítimo con el desarme atómico. En declaraciones a Axios, el mandatario sostuvo que la presión económica es más efectiva que la acción militar directa y aseguró que esta se intensificará si no hay avances en la mesa de negociación.

La postura de Washington se refleja también en el rechazo a una propuesta iraní que planteaba reabrir el Estrecho de Ormuz sin incluir compromisos inmediatos sobre el programa nuclear. Trump dejó claro que cualquier flexibilización del bloqueo dependerá de un acuerdo integral, prolongando una crisis que ya supera los dos meses y que ha tensionado de forma significativa los mercados energéticos internacionales.

En paralelo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió ante el Congreso la continuidad de la operación militar, subrayando que no representa un estancamiento estratégico. El impacto económico comienza a escalar: el precio del crudo Brent ha superado los US$119 y el costo acumulado de la operación para el Pentágono se aproxima a los US$25 mil millones, reflejando la magnitud del despliegue y sus implicaciones fiscales.

La administración estadounidense también ha sostenido conversaciones con actores clave del sector energético, incluyendo Chevron Corporation y grandes comercializadoras, con el objetivo de mitigar el impacto del bloqueo sobre los consumidores domésticos. Las autoridades evalúan mecanismos para sostener el suministro global y contener la volatilidad, aunque la interrupción prolongada del tráfico por el Golfo Pérsico sigue presionando al alza los precios del petróleo y la gasolina.

Desde Teherán, las autoridades han endurecido su posición. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Washington de buscar la rendición del país mediante presión económica, mientras la moneda local continúa depreciándose hasta niveles históricos. Irán ha condicionado cualquier retorno a las negociaciones al levantamiento previo de las restricciones navales, en un escenario donde la capacidad de almacenamiento de crudo se encuentra cerca de su límite operativo.

El deterioro económico interno se ha intensificado con una inflación mensual que supera el 65,8% y una creciente presión sobre la estructura política tras cambios en el liderazgo. Mientras tanto, el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la interrupción de flujos energéticos clave mantienen en vilo a los mercados globales, sin señales claras de desescalamiento en el corto plazo y con riesgos crecientes tanto para la estabilidad regional como para la economía internacional.

SECRETARIO DE GUERRA HEGSETH URGE RESULTADOS MÁS RÁPIDOS DE MÉXICO EN SEGURIDAD FRONTERIZA

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, compareció ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para sustentar el presupuesto militar de 2027, en una intervención donde, además de abordar temas de defensa global, insistió en la necesidad de que México acelere sus acciones en materia de seguridad fronteriza. Aunque reconoció avances recientes por parte del gobierno mexicano, subrayó que estos deben intensificarse y ejecutarse con mayor rapidez.

La administración de Donald Trump mantiene una línea de presión constante sobre México, enfocada en obtener resultados tangibles en el control migratorio y la seguridad en la frontera común. Durante la audiencia, Hegseth afirmó que los esfuerzos actuales no son suficientes y que Washington espera una respuesta más ágil, en un momento donde la agenda bilateral está marcada por exigencias operativas concretas.

De acuerdo con el testimonio presentado ante el Congreso, Estados Unidos considera que ha logrado reducir significativamente los cruces ilegales mediante un despliegue ampliado de capacidades militares terrestres, marítimas y aéreas. Sin embargo, la estrategia estadounidense plantea que estos resultados deben complementarse con un mayor control del lado mexicano, acompañado de coordinación directa entre fuerzas de ambos países, en línea con recientes decisiones del Senado mexicano que autorizan cooperación militar específica.

La comparecencia también estuvo atravesada por cuestionamientos de legisladores demócratas sobre la gestión del conflicto con Irán, incluyendo el aumento de costos, la presión sobre las reservas militares y las consecuencias humanitarias de las operaciones. Estos elementos añadieron tensión al debate, evidenciando cómo los frentes externos influyen en la discusión interna sobre capacidades y prioridades de defensa.

En el trasfondo, el eje central de la audiencia fue la defensa del presupuesto militar propuesto para 2027, que asciende a US$25 mil millones, presentado como el más alto en la historia del país. La justificación se apoya en la necesidad de cerrar brechas frente a potencias como China, Rusia e Irán, en un escenario donde el fortalecimiento de capacidades militares se entrelaza con exigencias de seguridad regional, particularmente en la frontera con México.

CORTE SUPREMA EVALÚA RESPALDAR FIN DE PROTECCIONES MIGRATORIAS PARA HAITIANOS Y SIRIOS

La Corte Suprema de Estados Unidos mostró señales de inclinarse a favor de permitir que la administración de Donald Trump retire protecciones humanitarias a cientos de miles de migrantes de Haití y Siria. El caso gira en torno a la decisión de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que ha permitido a estos migrantes residir y trabajar legalmente en el país debido a condiciones de inseguridad en sus países de origen.

Durante la audiencia, los magistrados analizaron la apelación presentada por el gobierno frente a fallos de tribunales federales en Nueva York y Washington que habían bloqueado la eliminación del TPS para más de 350.000 haitianos y alrededor de 6.100 sirios. La discusión se centró en si los tribunales pueden revisar las decisiones del Ejecutivo en materia migratoria, especialmente cuando estas tienen implicaciones de política exterior.

El tribunal, con una mayoría conservadora de 6 a 3, evidenció posturas favorables a la administración en varios de sus integrantes. Algunos jueces consideraron que las decisiones relacionadas con el TPS forman parte de las competencias del Ejecutivo y no deberían ser objeto de revisión judicial, en línea con la deferencia histórica que la Corte ha mostrado en temas de inmigración, seguridad nacional y política exterior.

Sin embargo, también surgieron cuestionamientos desde distintos sectores del tribunal. La jueza Elena Kagan planteó dudas sobre si los demandantes lograron demostrar que la administración incumplió los procedimientos legales exigidos para retirar el TPS. Por su parte, Sonia Sotomayor señaló que el Congreso sí estableció requisitos procesales claros, lo que abre la puerta a una posible revisión judicial de estas decisiones.

El gobierno argumentó que la ley que regula el TPS limita explícitamente la revisión judicial de estas determinaciones, sosteniendo que cualquier intento de los tribunales por intervenir debilitaría esa restricción. Desde esta perspectiva, el Ejecutivo defiende que la evaluación de las condiciones en países como Haití o Siria y la continuidad de las protecciones corresponde exclusivamente a la autoridad presidencial.

Los demandantes, en cambio, sostienen que la eliminación del TPS responde a una estrategia más amplia para desmantelar el programa y que no se siguieron los protocolos requeridos para evaluar las condiciones en los países afectados. Además, argumentan que estas decisiones podrían tener motivaciones discriminatorias, señalando antecedentes de declaraciones del propio Trump sobre inmigración.

El fallo de la Corte podría tener implicaciones amplias, ya que el TPS actualmente cubre a cerca de 1,3 millones de personas de distintos países. La decisión no solo definirá el futuro inmediato de haitianos y sirios bajo este estatus, sino que también sentará un precedente sobre el alcance del poder ejecutivo y el rol de los tribunales en la supervisión de políticas migratorias en Estados Unidos.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA LIMITA ALCANCE DE PROTECCIONES ELECTORALES PARA MINORÍAS EN EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que restringe el alcance de una disposición clave de la Ley de Derechos de Voto, dificultando que las minorías puedan impugnar mapas electorales por discriminación racial. La decisión, adoptada por una mayoría conservadora de 6 a 3, representa una victoria para legisladores republicanos de Luisiana y para la administración de Donald Trump, y marca un nuevo ajuste en la interpretación judicial de una de las normas más emblemáticas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

El fallo invalida un mapa electoral que había incorporado una segunda circunscripción electoral con mayoría de votantes afroamericanos en Luisiana, lo que podría tener efectos inmediatos en la configuración política de cara a las elecciones legislativas de noviembre. En un escenario donde el control del Congreso se define por márgenes estrechos, la decisión podría incentivar a otros estados a revisar sus mapas electorales con fines partidistas, intensificando las disputas sobre redistribución distrital en todo el país.

En el centro del debate se encuentra la Sección 2 de la ley, diseñada para impedir que los mapas electorales reduzcan el peso político de las minorías incluso sin evidencia directa de intención discriminatoria. El juez Samuel Alito, autor de la opinión mayoritaria, argumentó que la aplicación de esta disposición debe enfocarse en garantizar el cumplimiento de la Decimoquinta Enmienda, que prohíbe la discriminación racial intencional en el derecho al voto, ajustando así el alcance interpretativo que había prevalecido durante décadas.

Esta reinterpretación limita de manera significativa la capacidad de los tribunales para intervenir en casos donde la representación de minorías no sea proporcional, estableciendo un estándar más restrictivo para demostrar violaciones. En la práctica, expertos legales advierten que este cambio podría dificultar que comunidades afectadas logren impugnar mapas que, sin ser explícitamente discriminatorios, generen efectos adversos sobre su representación política.

La decisión fue duramente criticada por los jueces liberales del tribunal. La magistrada Elena Kagan, en su opinión disidente, advirtió que el fallo debilita de forma sustancial la efectividad de la ley, al punto de dejarla casi sin herramientas operativas para corregir casos clásicos de dilución del voto de minorías. Líderes de derechos civiles y legisladores demócratas coincidieron en que el impacto podría ser profundo y duradero sobre la protección de derechos electorales.

El fallo se produce en medio de disputas activas en múltiples estados sobre la redefinición de distritos legislativos tras el último censo, un proceso que históricamente ha estado sujeto a tensiones políticas. En Luisiana, donde la población afroamericana representa cerca de un tercio del total, el caso refleja cómo los equilibrios demográficos y partidistas se entrelazan en la definición de mapas electorales con implicaciones nacionales.

Este pronunciamiento se suma a decisiones previas del tribunal que han reducido el alcance de la Ley de Derechos de Voto, incluyendo el fallo de 2013 que eliminó requisitos federales de supervisión para ciertos estados. En conjunto, la evolución jurisprudencial apunta a un marco más limitado para la protección de derechos electorales, en un momento en que el rediseño de distritos adquiere relevancia estratégica de cara a los próximos ciclos electorales.

FLORIDA AVANZA CON NUEVO MAPA ELECTORAL QUE PODRÍA AMPLIAR VENTAJA REPUBLICANA

La Cámara de Representantes de Florida aprobó un nuevo mapa electoral impulsado por el gobernador Ron DeSantis, en una decisión que podría fortalecer la posición del Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de noviembre. La propuesta se enmarca en una disputa más amplia a nivel nacional por la redistribución de distritos, en la que estados gobernados por ambos partidos buscan ajustar sus mapas con impacto directo sobre la composición del Congreso.

El rediseño aprobado podría traducirse en una ganancia de entre tres y seis escaños adicionales para los republicanos en la Cámara de Representantes federal, alterando el equilibrio político en Estados Unidos. Actualmente, Florida cuenta con una delegación mayoritariamente republicana, con 20 escaños frente a 7 demócratas, además de una vacante tras la renuncia de la congresista Sheila Cherfilus-McCormick en medio de acusaciones de corrupción.

Tras su aprobación en la Cámara Baja estatal, el mapa deberá ser evaluado por el Senado de Florida, donde los republicanos también tienen mayoría, lo que incrementa la probabilidad de que la iniciativa sea ratificada. De concretarse, el cambio se implementaría en un momento clave del ciclo electoral, cuando está en juego la totalidad de la Cámara de Representantes en Washington y un tercio del Senado.

El contexto nacional añade relevancia a esta decisión. La reciente sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que elevó el estándar para considerar el uso de la raza en el diseño de distritos electorales, ha sido interpretada como un respaldo indirecto a iniciativas como la de Florida. El propio DeSantis ha señalado que este fallo incide sobre disposiciones previas de la Constitución estatal, alineando el nuevo mapa con la interpretación judicial más reciente.

Florida se suma así a otros estados que han impulsado cambios en sus mapas electorales antes de las elecciones, en una dinámica que incluye territorios como Virginia, Ohio, Texas y California. Este proceso, que se intensificó desde mediados de 2025 bajo presión política nacional, refleja la importancia estratégica del rediseño distrital en un escenario de competencia cerrada por el control legislativo.

JUSTICIA DE EE.UU. IMPUTA A FUNCIONARIOS DE SINALOA POR VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros funcionarios y exfuncionarios del estado mexicano por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas. La acusación, divulgada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, incluye a un total de diez personas señaladas de colaborar con organizaciones criminales.

Según la imputación, los acusados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos. Las autoridades sostienen que los implicados utilizaron sus posiciones para proteger las operaciones del cartel, evitando investigaciones, detenciones y procesos judiciales en su contra.

El caso también involucra a otros políticos en activo, como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el vicefiscal estatal Dámaso Castro Saavedra, además de varios exfuncionarios de seguridad y administración. Entre ellos figuran exsecretarios, mandos policiales y responsables de unidades de investigación, lo que amplía el alcance de las acusaciones a distintos niveles de la estructura institucional en Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses alegan que los acusados mantuvieron vínculos con la facción conocida como “Los Chapitos”, asociada a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Según la acusación, esta relación habría implicado el pago de millones de dólares y apoyo en procesos electorales, incluyendo presuntas acciones de intimidación contra rivales políticos.

El gobernador Rocha Moya rechazó las acusaciones y afirmó que carecen de fundamento, calificándolas como un ataque en su contra y contra el movimiento político al que pertenece. En paralelo, la embajada de Estados Unidos en México señaló que no comentará detalles del caso, pero reiteró su compromiso de investigar y sancionar la corrupción vinculada al crimen organizado cuando exista jurisdicción.

Los cargos incluyen conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con dichas armas, delitos que podrían derivar en penas mínimas de varias décadas de prisión o incluso cadena perpetua. En uno de los casos, se añade la acusación de participación en secuestros y homicidios, lo que agrava el panorama judicial para los implicados.

EXDIRECTOR DEL FBI COMPARECE ANTE TRIBUNAL Y QUEDA EN LIBERTAD TRAS CARGOS POR SUPUESTA AMENAZA A TRUMP

El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, compareció ante un tribunal federal en Virginia tras ser imputado por cargos relacionados con una supuesta amenaza contra el Presidente Donald Trump. La acusación se deriva de una publicación en redes sociales que, según los fiscales, podría interpretarse como una amenaza, en un caso que ha reavivado tensiones políticas entre ambos.

Comey se entregó voluntariamente y enfrenta dos cargos, entre ellos amenaza contra la vida del presidente y transmisión de amenazas entre estados. Durante la breve audiencia no realizó declaraciones, mientras su abogado, Patrick Fitzgerald, sostuvo que se trata de una “acusación vengativa”, argumentando que el proceso busca castigar a su cliente por ejercer sus derechos legales. El exfuncionario ha reiterado su inocencia y aseguró que defenderá su posición en los tribunales.

El juez federal William Fitzpatrick ordenó su liberación sin imponer condiciones adicionales, aunque el proceso continuará en Carolina del Norte, donde un gran jurado presentó la acusación formal. Los cargos podrían acarrear una pena máxima de hasta cinco años de prisión, dependiendo del desarrollo del caso y de la valoración judicial de la evidencia presentada.

El origen de la controversia radica en una publicación realizada por Comey en Instagram, en la que aparecían conchas marinas formando los números “86 47”. Según la acusación, este mensaje podría interpretarse como una referencia a eliminar al presidente, dado que “86” puede significar “deshacerse de alguien” y “47” aludiría a Trump como el 47.º mandatario. Comey eliminó posteriormente la publicación, señalando que no conocía ese posible significado violento.

El caso se inscribe en una relación marcada por enfrentamientos previos, especialmente tras el papel de Comey en la investigación sobre posibles vínculos entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y funcionarios rusos. La actual ofensiva judicial se produce en un entorno donde el Departamento de Justicia ha intensificado acciones contra figuras consideradas opositoras, lo que añade un componente político al proceso y genera debate sobre el uso de herramientas legales en disputas de alto nivel.

EE.UU. IMPULSA FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL PARA REPARAR SISTEMAS NUCLEARES EN CHORNOBYL

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció su intención de destinar hasta US$100 millones en fondos de asistencia exterior para apoyar un esfuerzo coordinado del G7 orientado a garantizar la contención continua de material nuclear en la planta de Central nuclear de Chornobyl, en Ucrania. La iniciativa responde a la necesidad urgente de mantener operativos los sistemas de seguridad en una instalación que sigue representando riesgos significativos décadas después del accidente original.

Durante los últimos 30 años, Estados Unidos y sus socios del G7 han liderado los esfuerzos para asegurar el material nuclear en Chornobyl, destacándose la construcción del Nuevo Confinamiento Seguro (NSC), una estructura clave diseñada para cubrir el reactor afectado. Washington ha aportado más de US$365 millones a este proyecto, que originalmente contaba con una vida útil estimada de 100 años, consolidándose como uno de los principales pilares de la seguridad nuclear en Europa del Este.

Sin embargo, la infraestructura sufrió daños el año pasado tras un ataque con drones en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ha comprometido su capacidad de contención. Sin reparaciones urgentes, el sistema podría dejar de ofrecer una protección adecuada, elevando el riesgo de una posible fuga de material altamente radiactivo con implicaciones transfronterizas para Europa.

En este escenario, Estados Unidos propone cubrir el 20% del costo total estimado de US$500 millones para la rehabilitación del NSC y ha instado a otros miembros del G7 y socios europeos a asumir compromisos financieros similares. La iniciativa busca distribuir la carga económica de las reparaciones y reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad nuclear y no proliferación.