La petrolera estadounidense Exxon Mobil mantiene conversaciones para regresar a Venezuela y participar nuevamente en la producción de crudo, casi veinte años después de haber abandonado el país tras las nacionalizaciones impulsadas por Hugo Chávez. De concretarse, el acuerdo representaría uno de los cambios más significativos en la relación entre Caracas y las grandes compañías energéticas estadounidenses, además de convertirse en una victoria política para el presidente Donald Trump, quien ha promovido la apertura del sector energético venezolano hacia empresas norteamericanas tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

Según personas familiarizadas con las negociaciones, el posible acuerdo permitiría a Exxon firmar contratos para operar hasta seis campos petroleros en distintas regiones de Venezuela. Las conversaciones podrían cerrarse incluso durante las próximas semanas y marcarían el retorno de una empresa que durante años calificó al país como “no invertible”. Apenas en enero de este año, el director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, advertía públicamente sobre los riesgos de regresar a un mercado donde la compañía había sufrido dos confiscaciones de activos por parte del Estado venezolano.

La relación entre Exxon y el gobierno venezolano estuvo marcada durante años por disputas legales y tensiones políticas. En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó proyectos petroleros operados por Exxon y otras multinacionales. Mientras varias compañías optaron por renegociar sus condiciones de permanencia, Exxon abandonó el país e inició una larga batalla judicial en tribunales internacionales. Como resultado de esos litigios, Venezuela todavía adeuda aproximadamente US$1.000 millones a la empresa en compensaciones ordenadas por instancias arbitrales internacionales.

Tras su salida de Venezuela, Exxon concentró gran parte de sus inversiones en Guyana, donde descubrió y desarrolló algunos de los yacimientos petroleros más importantes del mundo durante la última década. Ese protagonismo convirtió a la compañía en un blanco frecuente de ataques por parte del chavismo, especialmente debido a la disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre la región del Esequibo. Sin embargo, el contexto energético internacional ha cambiado considerablemente en los últimos meses, impulsando a Exxon a reconsiderar su posición sobre Venezuela y sus enormes reservas de crudo pesado.

El aumento de los precios internacionales del petróleo tras la guerra con Irán, las disrupciones en Medio Oriente y la necesidad de diversificar fuentes de producción han incrementado el atractivo estratégico de Venezuela para las grandes compañías energéticas. Además, la reciente expansión de operaciones anunciada por Chevron en Venezuela elevó la presión competitiva sobre Exxon, ya que varios analistas consideran que ignorar nuevamente el mercado venezolano podría significar perder acceso a una de las mayores reservas petroleras del mundo. En paralelo, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez reformó la legislación petrolera para facilitar la entrada de inversión privada extranjera y acelerar nuevos contratos de producción.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, Exxon ha intensificado las negociaciones durante las últimas semanas y habría enviado equipos técnicos a Caracas para evaluar campos petroleros disponibles. La administración de Delcy Rodríguez también considera prioritario concretar el retorno de Exxon, al verlo como una señal de confianza internacional y como una pieza clave para atraer nuevas inversiones occidentales. Un eventual acuerdo entre ambas partes no solo redefiniría el mapa energético venezolano, sino que también simbolizaría un giro histórico en la relación entre Washington, Caracas y una de las compañías petroleras más influyentes del mundo.

TRUMP FLEXIBILIZA NORMAS AMBIENTALES DE REFRIGERACIÓN PARA ALIVIAR COSTOS LOGÍSTICOS Y DE CONSUMO

El presidente Donald Trump anunció la eliminación y modificación de varias regulaciones ambientales implementadas durante la administración de Joe Biden relacionadas con sistemas de refrigeración y aire acondicionado, argumentando que estas medidas habían elevado innecesariamente los costos para empresas y consumidores estadounidenses. La Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) confirmó cambios a las reglas sobre hidrofluorocarbonos y sistemas de refrigeración industrial, una decisión que la Casa Blanca presentó como parte de una estrategia más amplia de desregulación económica para reducir los costos operativos en sectores clave de la economía.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la flexibilización de la denominada “Technology Transitions Rule”, aprobada originalmente en 2023, que establecía plazos estrictos para la transición hacia determinados refrigerantes. Según la administración Trump, las normas limitaban el acceso a opciones más económicas para supermercados, sistemas de aire acondicionado residencial, transporte refrigerado y fabricantes industriales. El gobierno sostuvo que ampliar la disponibilidad de refrigerantes reducirá significativamente los costos de almacenamiento y distribución de alimentos, contribuyendo a contener los precios que enfrentan los consumidores.

La EPA también propuso modificaciones a la “Emissions Reduction and Reclamation Rule” de 2024, la cual imponía exigencias de reparación de fugas en grandes sistemas de refrigeración. La Casa Blanca calificó estos requisitos como “paralizantes” para pequeñas empresas y operadores logísticos, asegurando que los costos derivados de estas obligaciones estaban siendo trasladados directamente a los precios finales de alimentos y productos de consumo. De acuerdo con las estimaciones oficiales, las nuevas medidas podrían generar ahorros por hasta US$2,4 mil millones para consumidores y empresas estadounidenses.

La administración Trump afirmó además que la flexibilización regulatoria permitirá proteger más de 350.000 empleos especializados y reducir costos particularmente en supermercados y cadenas de suministro de productos refrigerados. La Casa Blanca aseguró que solamente los cambios vinculados a supermercados podrían representar más de US$800 millones en ahorros, mientras que las modificaciones relacionadas con transporte refrigerado tendrían un impacto cercano a US$1,5 mil millones. El gobierno vinculó estas decisiones con su estrategia para reducir el costo de vida y estimular la inversión en la cadena de abastecimiento alimentaria de Estados Unidos.

Las nuevas acciones forman parte de una agenda de desregulación más amplia impulsada por Trump desde su regreso a la presidencia, incluyendo modificaciones a estándares de eficiencia vehicular, medidas contra prácticas anticompetitivas en el mercado de alimentos y ajustes temporales en cuotas de importación de carne para contener precios. La Casa Blanca sostiene que el conjunto de iniciativas regulatorias y económicas implementadas por la administración ya representa ahorros acumulados superiores a US$1,2 billones para los consumidores estadounidenses, consolidando la reducción de costos como uno de los principales ejes económicos del actual gobierno.

PRESIDENTA SHEINBAUM BUSCA MANTENER LA COORDINACIÓN CON WASHINGTON EN SEGURIDAD Y MIGRACIÓN

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que este jueves sostendrá una reunión con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en un nuevo acercamiento entre ambos gobiernos para fortalecer la cooperación bilateral en temas de seguridad, migración y combate al narcotráfico. El encuentro se realizará al mediodía y posteriormente continuará una mesa de trabajo con integrantes del gabinete de seguridad mexicano, en línea con los compromisos que ambas administraciones han venido desarrollando durante las últimas semanas.

La mandataria explicó que la visita de la delegación estadounidense responde directamente a los acuerdos alcanzados durante su más reciente conversación telefónica con el presidente Donald Trump, diálogo en el que ambos gobiernos coincidieron en mantener abiertos los canales de coordinación frente a los desafíos compartidos en materia fronteriza y de seguridad regional. Sheinbaum señaló que el objetivo principal es continuar trabajando “en el marco de nuestro entendimiento” con Washington, resaltando que la relación bilateral ha mantenido una dinámica de cooperación constante.

Dentro de la agenda inicialmente acordada también figuraba la visita de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como la “zar antidrogas”, quien tenía previsto viajar a México el próximo lunes 25 de mayo. Sin embargo, la presidenta mexicana adelantó que dicho encuentro podría aplazarse debido a problemas de agenda, según le informó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, aunque aclaró que la comunicación entre ambas partes permanece activa y la cooperación bilateral no se verá interrumpida.

Sheinbaum indicó además que durante su reunión con Mullin abordará temas relacionados con la protección de los migrantes mexicanos en territorio estadounidense, especialmente tras diversos casos recientes de fallecimientos de ciudadanos mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE). La mandataria aseguró que insistirá en la defensa de los derechos humanos de los connacionales y en la necesidad de garantizar un trato digno para los mexicanos que residen o transitan por Estados Unidos.

El encuentro refleja el interés de ambos gobiernos por mantener una relación pragmática y coordinada en medio de las tensiones migratorias y de seguridad que siguen marcando la agenda regional. Aunque la eventual postergación de la visita de Carter introduce ajustes en el calendario diplomático, México y Estados Unidos continúan priorizando los espacios de diálogo político y operativo para atender asuntos sensibles como el narcotráfico, la migración irregular y la protección de los ciudadanos mexicanos en territorio estadounidense.

DELCY RODRÍGUEZ VIAJARÁ A INDIA PARA BUSCAR ACUERDOS PETROLEROS, SEGÚN SECRETARIO RUBIO

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajará la próxima semana a la India para avanzar en acuerdos relacionados con el sector petrolero, en un momento en que Nueva Delhi busca diversificar sus fuentes de suministro energético. Aunque el gobierno venezolano no ha confirmado oficialmente la visita, Rubio sostuvo que existen “oportunidades” importantes vinculadas al petróleo venezolano y destacó que India se ha convertido en un socio estratégico clave para Washington dentro del nuevo panorama energético internacional.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se produjeron antes de iniciar una gira oficial por Suecia e India, donde participará en reuniones relacionadas con la OTAN y posteriormente sostendrá encuentros bilaterales con autoridades indias. Rubio afirmó que Estados Unidos busca ampliar la cooperación energética con Nueva Delhi y aseguró que Washington está dispuesto a vender “tanta energía como estén dispuestos a comprar”, en medio de las disrupciones generadas en los mercados internacionales por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la volatilidad sobre el suministro global de crudo.

El posible viaje de Rodríguez ocurre meses después de que India reactivara las compras de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año. Nueva Delhi ha buscado reducir su dependencia del petróleo ruso y minimizar su exposición a sanciones comerciales estadounidenses relacionadas con las importaciones de hidrocarburos provenientes de Moscú. En ese escenario, el gobierno venezolano ha intentado reposicionarse como proveedor alternativo para mercados asiáticos, aprovechando además la flexibilización parcial de algunas restricciones energéticas impulsadas por Washington durante el proceso de transición política en Caracas.

A comienzos de 2026, el primer ministro Narendra Modi sostuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez en la que ambas partes acordaron “profundizar la cooperación energética” bilateral. Desde entonces, Venezuela ha impulsado reformas legales para flexibilizar la participación de capital extranjero en el sector petrolero y atraer nuevas inversiones internacionales. La administración encabezada por Rodríguez también ha mantenido contactos con funcionarios estadounidenses y empresas energéticas interesadas en participar en la recuperación de la producción venezolana, uno de los principales objetivos económicos del actual gobierno interino.

Además de los temas energéticos, Rubio confirmó que durante su visita a India participará en reuniones vinculadas al Quad, la alianza estratégica conformada por Estados Unidos, India, Japón y Australia, considerada uno de los principales mecanismos de coordinación en el Indo-Pacífico frente al ascenso de China. El secretario de Estado definió a India como “un gran aliado y un gran socio”, reflejando el interés de Washington por fortalecer simultáneamente la cooperación energética, comercial y de seguridad con Nueva Delhi, mientras el país asiático gana relevancia dentro del equilibrio geopolítico y económico global.

CORTE SUPREMA DE EE.UU. REACTIVA LA PRESIÓN JUDICIAL SOBRE LOS BIENES CONFISCADOS POR CUBA

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico a favor de la empresa Havana Docks Corporation, autorizando que continúe adelante una demanda relacionada con los activos confiscados por el régimen cubano tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. La decisión, aprobada por una votación de 8 a 1, representa un respaldo significativo a los reclamos de ciudadanos y compañías estadounidenses afectados por las nacionalizaciones ejecutadas por el gobierno revolucionario durante la década de 1960, y podría abrir la puerta a nuevas acciones judiciales similares en tribunales federales estadounidenses.

El caso gira en torno a un muelle en La Habana que pertenecía a Havana Docks Corporation y que fue confiscado por el gobierno cubano cuando Castro impulsó la nacionalización masiva de propiedades privadas y activos extranjeros. Décadas después, la empresa demandó a varias líneas de cruceros estadounidenses por utilizar dichas instalaciones portuarias para operar viajes turísticos hacia Cuba, argumentando que estaban “traficando” con una propiedad expropiada ilegalmente. La administración de Donald Trump respaldó la demanda, considerando que este tipo de litigios constituye una herramienta de presión económica y diplomática contra el régimen cubano.

El juez Clarence Thomas, autor de la opinión mayoritaria, sostuvo que cualquier empresa o individuo que haga uso de bienes confiscados por el gobierno cubano puede enfrentar responsabilidades legales frente a ciudadanos estadounidenses con reclamos reconocidos sobre esos activos. Según el fallo, Havana Docks no necesitaba demostrar control operativo actual sobre el muelle, sino únicamente acreditar que las líneas de cruceros utilizaron una propiedad sobre la cual la compañía mantenía derechos jurídicos certificados por el gobierno estadounidense.

La única voz disidente fue la de la jueza Elena Kagan, quien argumentó que los derechos de Havana Docks sobre el muelle habían expirado antes de que las compañías de cruceros comenzaran a utilizar las instalaciones. Kagan señaló que la propiedad ya pertenecía plenamente al Estado cubano y que el contrato original de operación habría perdido vigencia en 2004, por lo que cuestionó la base legal para responsabilizar a las navieras años después.

El caso también revive el debate histórico sobre las expropiaciones realizadas tras la revolución cubana. Antes de la llegada de Castro al poder, empresas estadounidenses tenían una participación dominante en sectores estratégicos de la economía cubana, incluyendo infraestructura eléctrica, telecomunicaciones, minería, ingenios azucareros, refinerías y puertos. Tras las nacionalizaciones, miles de inversionistas estadounidenses presentaron reclamaciones ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, que certificó en 1971 el derecho de Havana Docks a una compensación de US$9,1 millones, cifra que actualmente equivaldría a cerca de 100 millones ajustados por inflación.

La decisión judicial se produce además en un momento de renovada tensión entre Washington y La Habana. Desde 2019, Donald Trump autorizó la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, legislación aprobada en 1996 que permite demandar en tribunales estadounidenses a quienes utilicen propiedades confiscadas por el régimen cubano. Durante más de dos décadas, presidentes de ambos partidos habían suspendido la aplicación de esta disposición para evitar conflictos diplomáticos con aliados y empresas internacionales, pero la administración Trump decidió utilizarla como mecanismo de presión económica y política contra Cuba.

Aunque todavía no está claro hasta dónde llegará el impacto de este fallo, expertos consideran que podría incentivar una nueva ola de litigios vinculados a propiedades nacionalizadas en Cuba hace más de seis décadas. La Corte Suprema aún tiene pendiente resolver otro caso relacionado con activos confiscados a Exxon Mobil, lo que podría ampliar todavía más el alcance jurídico y económico de las reclamaciones estadounidenses contra el régimen cubano y contra empresas extranjeras que operen en la isla utilizando bienes sujetos a disputas históricas.

SECRETARIO RUBIO CALIFICA A RAÚL CASTRO COMO “FUGITIVO” DE LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al exmandatario cubano Raúl Castro como un “fugitivo” de la justicia estadounidense, luego de que el Departamento de Justicia presentara cargos de asesinato en su contra por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996. Durante declaraciones ofrecidas en Miami antes de iniciar una gira oficial por Suecia e India, Rubio evitó pronunciarse sobre una eventual operación para capturarlo, aunque dejó abierta esa posibilidad al afirmar que cualquier anuncio futuro se realizará “después, no antes”.

La acusación presentada por las autoridades estadounidenses sostiene que Castro, quien era ministro de Defensa en ese momento, habría ordenado el derribo de las aeronaves civiles en el estrecho de Florida, hecho en el que murieron cuatro aviadores vinculados a la organización del exilio cubano Hermanos al Rescate. Según funcionarios estadounidenses, existe una grabación de 1996 en la que el exlíder cubano supuestamente reconoce haber dado la orden de atacar las avionetas, evidencia que el gobierno considera central para sustentar los cargos de asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves.

Rubio aseguró que las pruebas contra Castro “son claras” y afirmó que el exmandatario “admite abiertamente y presume” de haber ordenado el derribo de aviones civiles. La acusación, formalizada por un gran jurado en Florida, representa uno de los movimientos judiciales más agresivos realizados por Washington contra un alto dirigente cubano desde el restablecimiento parcial de relaciones diplomáticas entre ambos países hace más de una década. Además de Castro, otros militares cubanos también fueron incluidos en la investigación abierta por las autoridades estadounidenses.

El caso ha intensificado las especulaciones sobre una posible estrategia más agresiva de la administración de Donald Trump contra La Habana, especialmente después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela a comienzos de este año. Diversos sectores del exilio cubano en Miami consideran que la imputación contra Castro marca el inicio de una nueva etapa de presión política y judicial sobre el régimen cubano, mientras la Casa Blanca mantiene sanciones energéticas y un endurecimiento progresivo de las restricciones económicas contra la isla.

Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel rechazó la acusación y aseguró que el proceso tiene motivaciones políticas y carece de fundamentos jurídicos. El mandatario afirmó que Washington busca utilizar el caso para justificar futuras acciones hostiles contra la isla, incluyendo una eventual escalada militar o nuevas medidas de presión internacional. En paralelo, las tensiones entre ambos países continúan aumentando en medio de la crisis económica y energética que atraviesa Cuba, escenario que ha vuelto a colocar a la isla en el centro de la política exterior estadounidense.

POSIBLE CONTACTO ENTRE EE.UU. Y TAIWAN SACUDE EL EQUILIBRIO CON CHINA

El presidente Donald Trump afirmó que estaría dispuesto a conversar directamente con el mandatario taiwanés, Lai Ching-te, una declaración que representa un posible quiebre con décadas de protocolos diplomáticos entre Washington, Beijing y Taipéi. Durante una conversación con periodistas en Maryland, Trump aseguró que “hablaría con él” al ser consultado sobre la posibilidad de contactar a Lai antes de tomar una decisión definitiva sobre un importante paquete de venta de armas aprobado previamente por el Congreso estadounidense para Taiwán. De concretarse, sería la primera comunicación directa entre un presidente estadounidense y un líder taiwanés desde 1979.

La declaración se produjo pocos días después de la visita oficial de Trump a Beijing, donde sostuvo reuniones con el presidente chino Xi Jinping. Según versiones conocidas posteriormente, Xi advirtió directamente al mandatario estadounidense que la cuestión taiwanesa podría convertirse en una situación “muy peligrosa” si era manejada de forma inadecuada. China considera a Taiwán parte de su territorio, pese a nunca haber gobernado la isla, y mantiene como objetivo estratégico la “reunificación”, incluso mediante el uso de la fuerza si fuera necesario.

Aunque Estados Unidos reconoce formalmente la política de “Una sola China”, Washington mantiene una relación no oficial pero estrecha con Taiwán, incluyendo cooperación política, económica y militar. Bajo la Ley de Relaciones con Taiwán (Taiwan Relations Act), Estados Unidos está comprometido a proporcionar armamento defensivo a la isla, una política que históricamente ha generado fuertes tensiones con Beijing. Actualmente, la administración Trump evalúa avanzar con un acuerdo de venta de armas cercano a US$14 mil millones aprobado por el Congreso en enero, decisión que China sigue de cerca por sus implicaciones estratégicas en la región.

Trump indicó además que durante su reunión con Xi discutió “en gran detalle” el tema de las ventas de armas a Taiwán y adelantó que tomará una decisión “en un corto periodo de tiempo”. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses han defendido el historial reciente de apoyo militar a la isla, destacando ventas superiores a US$11 mil millones aprobadas en diciembre pasado, una de las mayores operaciones de este tipo registradas entre Washington y Taipéi. La creciente presión militar china alrededor de Taiwán, incluyendo ejercicios navales y presencia casi diaria de aeronaves y embarcaciones militares, ha impulsado a la isla a incrementar sus compras de defensa.

Desde Taiwán, el presidente Lai Ching-te aseguró que los canales de comunicación con Washington “siempre han estado abiertos” y sostuvo que, si tuviera la oportunidad de hablar directamente con Trump, insistiría en que su gobierno mantiene el statu quo en el estrecho de Taiwán. Lai acusó a China de actuar como un factor desestabilizador en la región y defendió la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades militares taiwanesas mediante cooperación con Estados Unidos. Beijing, por su parte, respondió rápidamente a las declaraciones, acusando a Lai de promover una agenda separatista apoyándose en potencias extranjeras.

Un eventual contacto directo entre Trump y el líder taiwanés podría provocar una nueva crisis diplomática entre Washington y Beijing, especialmente porque rompería con una práctica mantenida por décadas para evitar tensiones mayores entre ambas potencias. Trump ya había generado una fuerte reacción china en 2016, antes de asumir su primer mandato, cuando sostuvo una llamada con la entonces presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, marcando en ese momento el primer contacto de alto nivel entre ambos gobiernos en varias décadas. Ahora, en medio de una competencia estratégica mucho más intensa entre Estados Unidos y China, cualquier nuevo acercamiento con Taiwán podría tener implicaciones geopolíticas mucho más profundas.

WASHINGTON ENDURECE SU PRESIÓN CONTRA HIZBULÁ Y SUS ALIADOS EN EL GOBIERNO LIBANÉS

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra nueve funcionarios y figuras políticas vinculadas a Hizbulá en Líbano, en una nueva ofensiva financiera y diplomática orientada a debilitar la influencia del grupo chií respaldado por Irán. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), acusó a los sancionados de promover la agenda iraní, obstaculizar los esfuerzos de paz y socavar la soberanía libanesa mediante su participación dentro de instituciones políticas y de seguridad del país.

En un comunicado paralelo, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que las medidas apuntan específicamente contra personas que han impedido el desarme de Hizbulá y han utilizado cargos públicos para beneficiar a la organización. Entre los sancionados figuran los diputados libaneses Ibrahim Al-Mousaoui, Hassan Fadlallah y Hussein al-Hajj Hassan, todos vinculados al bloque parlamentario de Hizbulá, así como Mohammad Fneish, exministro libanés y alto funcionario asociado al grupo chií.

Las sanciones también alcanzan a miembros de estructuras de seguridad relacionadas con el Movimiento Amal, aliado político de Hizbulá, incluyendo a Ahmad Baalbaki y Abu Ahmad Safawi. Además, Estados Unidos incluyó en la lista al diplomático iraní Mohammad Reza Sheibani, quien había sido designado como embajador de Irán en Líbano antes de que las autoridades libanesas retiraran sus credenciales y lo declararan persona non grata. Washington sostiene que la presencia e influencia de funcionarios iraníes en Beirut continúa alimentando la inestabilidad política y militar en el país.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Hizbulá “debe ser desarmada por completo” y afirmó que el gobierno estadounidense continuará tomando medidas contra cualquier funcionario que facilite las actividades del grupo dentro del aparato estatal libanés. Según Bessent, Hizbulá sigue utilizando su presencia política y militar para sostener una “campaña insensata de violencia” que impide avanzar hacia una paz duradera y limita la capacidad del Estado libanés para ejercer control efectivo sobre todo el territorio nacional.

Desde el Departamento de Estado, Pigott advirtió que estas sanciones “son solo el comienzo” y lanzó una advertencia directa a quienes continúen colaborando con Hizbulá o protegiendo sus operaciones políticas y militares. Washington reiteró que considera indispensable el desarme total de la organización y el restablecimiento de la autoridad exclusiva del gobierno libanés sobre los asuntos de seguridad. La administración Trump ha incrementado durante los últimos meses su presión sobre actores vinculados a Irán en Medio Oriente, especialmente en Líbano, Siria e Irak.

Las nuevas sanciones coinciden además con un momento diplomático delicado en la región, luego de que Líbano e Israel aceptaran abrir un canal de diálogo con mediación estadounidense para intentar contener la escalada de ataques en Beirut y el sur del territorio libanés. Hizbulá, sin embargo, se ha mantenido al margen de las conversaciones y ha rechazado públicamente el proceso de negociación. Aunque los contactos diplomáticos aún no muestran avances sustanciales, Washington busca utilizar la presión económica y política para debilitar la influencia de Hizbulá y favorecer una eventual estabilización regional.

ONU ADVIERTE QUE LA RECONSTRUCCIÓN DE GAZA REQUIERE COMPROMISOS REALES DE ISRAEL Y HAMÁS

La Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente Donald Trump lanzó este jueves una advertencia directa a Israel durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, afirmando que la reconstrucción de la Franja no podrá avanzar únicamente con compromisos palestinos. Nickolay Mladenov, alto representante del mecanismo internacional encargado de supervisar el acuerdo, sostuvo que el cumplimiento de la hoja de ruta debe recaer sobre todas las partes involucradas y subrayó que las restricciones y operaciones militares israelíes continúan afectando gravemente la percepción de estabilidad entre la población palestina.

Durante la presentación del informe semestral sobre la implementación del plan de paz para Gaza, respaldado previamente por el Consejo de Seguridad con la abstención de China y Rusia, Mladenov recordó que el acuerdo fue diseñado bajo un principio de “reciprocidad y verificación”. El funcionario insistió en que las obligaciones establecidas en el proceso son vinculantes tanto para Israel como para las autoridades palestinas y advirtió que los asesinatos y limitaciones sobre el terreno siguen dificultando cualquier recuperación real en el enclave palestino.

Aunque Mladenov reconoció que el alto el fuego vigente desde el 19 de enero de 2025 ha permitido reducir significativamente la intensidad de los combates y que “las armas prácticamente se han silenciado en Gaza”, representantes de Naciones Unidas alertaron que la violencia continúa de manera casi diaria. Ramiz Alakbarov, coordinador especial adjunto de la ONU para Oriente Medio, aseguró que siguen registrándose ataques israelíes que han dejado decenas de víctimas mortales, además de acciones armadas por parte de Hamás y otros grupos palestinos, situación que amenaza con desestabilizar nuevamente el acuerdo alcanzado tras meses de negociaciones internacionales.

El informe presentado ante la ONU describe además un panorama humanitario extremadamente crítico en la Franja de Gaza. Según Naciones Unidas, cerca del 80% de los edificios han sido destruidos o dañados desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Más de un millón de personas continúan viviendo en campamentos improvisados o entre escombros, mientras persisten graves problemas de acceso al agua potable, servicios médicos y educación. La falta de infraestructura básica sigue siendo uno de los principales obstáculos para cualquier proceso de reconstrucción sostenible en el territorio.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza citadas en el informe, al menos 883 palestinos han muerto y otros 2.648 han resultado heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego. En total, la ofensiva israelí ha dejado más de 72.700 muertos en Gaza desde octubre de 2023, después de que Hamás y otras milicias palestinas atacaran territorio israelí, causando la muerte de 1.200 personas y la captura de 251 rehenes. En este escenario, Naciones Unidas insistió en que cualquier incumplimiento adicional podría poner en riesgo el frágil equilibrio alcanzado y retrasar aún más la recuperación de la Franja.y regulatorios que históricamente han sido señalados por Estados Unidos como limitaciones para el acceso de productos y empresas estadounidenses al mercado europeo, especialmente en sectores industriales, agrícolas y tecnológicos.