Un portavoz del Departamento de Estado declaró al corresponsal en la Casa Blanca del Informativo Red+ Noticias que “esta elección es una decisión del pueblo colombiano” y que Washington “apoya el derecho de los colombianos a elegir libremente el liderazgo de su país”. La declaración, que no evidenció preocupación por hechos puntuales que pudieran alterar el proceso democrático, se produce en un contexto de alta tensión política y a pocos días de una jornada que definirá el rumbo del país para el período 2026-2030. Colombia es considerada uno de los socios estratégicos más importantes de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

La postura oficial del Departamento de Estado contrasta, sin embargo, con las advertencias que en días recientes ha lanzado el senador republicano Bernie Moreno en distintos foros en Washington. Moreno, quien viajará a Colombia como observador internacional invitado por el Consejo Nacional Electoral, señaló que es “extremadamente importante que el Gobierno proteja a los candidatos” y alertó sobre los riesgos de intimidación por parte de grupos armados en algunas regiones durante el proceso electoral. El senador, cercano al presidente Donald Trump, también planteó que el CNE debería considerar si los resultados provenientes de zonas donde se ejerza violencia deben ser tenidos en cuenta.

Moreno advirtió además que el escenario postelectoral marcará una bifurcación decisiva para Colombia. Según el legislador, grupos como el ELN y las disidencias de las FARC enfrentarán dinámicas muy distintas dependiendo del resultado, con un camino hacia la finalización del conflicto en un escenario y de fortalecimiento en otro. “Nunca he visto una decisión tan binaria”, afirmó. En ese sentido, expresó la esperanza de que Estados Unidos pueda brindar asistencia diplomática y de seguridad al próximo gobierno, tal como ocurrió en el pasado con el expresidente Álvaro Uribe, aclarando que no se trata de influir en la elección sino de garantizar la protección de los candidatos.

ESTADOS UNIDOS E IRÁN AVANZAN HACIA UN ACUERDO PARA CONSOLIDAR LA TREGUA Y REABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ

Estados Unidos confirmó que sus negociadores alcanzaron un preacuerdo con Irán destinado a consolidar el alto el fuego vigente y restablecer plenamente la navegación por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. El entendimiento, que según fuentes oficiales ya fue negociado entre ambas partes, todavía requiere la aprobación final del presidente Donald Trump antes de entrar en vigor.

De acuerdo con los términos conocidos hasta ahora, Irán permitiría el tránsito marítimo sin restricciones a través del estrecho y se comprometería a no imponer peajes ni limitaciones al comercio internacional que cruza por esa vía estratégica. A cambio, Estados Unidos levantaría el bloqueo marítimo impuesto sobre embarcaciones que entran o salen de puertos iraníes, una medida que había incrementado las tensiones comerciales y energéticas durante los últimos meses.

El memorando de entendimiento también incluiría un compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares, uno de los principales objetivos de Washington durante las negociaciones. Sin embargo, el tema del enriquecimiento de uranio, considerado uno de los puntos más sensibles de la disputa, quedaría aplazado para una etapa posterior y sería discutido durante una extensión de 60 días del alto el fuego que ambas partes buscan preservar.

Además de los asuntos vinculados a la seguridad regional, el acuerdo contempla la apertura de conversaciones sobre un eventual alivio de sanciones económicas y la posible liberación de fondos iraníes congelados en el exterior. Las negociaciones se han intensificado durante la última semana con la mediación de Pakistán, en un esfuerzo por poner fin de manera definitiva al conflicto iniciado tras la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Aunque fuentes cercanas a las conversaciones indicaron que Irán ya habría dado su aprobación al entendimiento, la decisión final permanece en manos de Trump. La posibilidad de dejar para una segunda fase las negociaciones sobre el programa nuclear iraní ha generado críticas entre varios senadores republicanos aliados del presidente, quienes consideran que Washington estaría realizando concesiones significativas antes de obtener compromisos más amplios sobre las actividades nucleares de Teherán.

PIB DE EE.UU. FUE REVISADO A LA BAJA Y QUEDÓ EN 1,6% EN EL PRIMER TRIMESTRE

La economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 1,6% durante el primer trimestre de 2026, según la segunda estimación publicada por la Oficina de Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis, BEA), una revisión a la baja frente al 2,0% reportado inicialmente. A pesar del ajuste, el resultado sigue mostrando una aceleración frente al crecimiento de 0,5% registrado en el cuarto trimestre de 2025, aunque refleja una actividad económica menos sólida de lo que se había estimado previamente.

La revisión obedeció principalmente a un menor desempeño de la inversión y del consumo de los hogares. El crecimiento del gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, fue ajustado desde 1,6% hasta 1,4%, mientras que las ventas finales reales a compradores privados domésticos, una medida clave de la demanda interna, fueron revisadas ligeramente desde 2,5% a 2,4%. Aun así, la economía continuó recibiendo impulso de la inversión empresarial, las exportaciones y un mayor gasto gubernamental.

Los datos muestran que la inversión fija empresarial mantuvo un comportamiento sólido, especialmente en equipos, donde el crecimiento permaneció sin cambios en 17,2%. Además, la expansión económica estuvo apoyada por el aumento de las exportaciones y una aceleración de la inversión, factores que compensaron parcialmente la desaceleración del consumo. Analistas destacan que buena parte de la actividad sigue siendo impulsada por inversiones relacionadas con inteligencia artificial y desarrollo tecnológico.

En materia de inflación, las presiones sobre los precios permanecieron elevadas durante el trimestre. El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), la referencia utilizada por la Reserva Federal para monitorear la inflación, aumentó 4,5% anualizado, mientras que el PCE subyacente, que excluye alimentos y energía, fue revisado ligeramente al alza hasta 4,4%. Estas cifras continúan muy por encima de la meta de inflación del banco central estadounidense.

El informe también mostró una desaceleración significativa en las ganancias corporativas, que aumentaron US$40,4 mil millones durante el trimestre frente a US$246,9 mil millones en el periodo anterior. Asimismo, el ingreso interno bruto real (GDI) creció apenas 0,9%, mientras que la medida combinada de PIB e ingreso interno bruto, considerada por muchos economistas como un indicador más preciso de la actividad económica, avanzó 1,3%. De cara al segundo trimestre, varios analistas anticipan una moderación adicional del crecimiento debido al impacto de las tensiones geopolíticas y al aumento de los precios energéticos derivados del conflicto en Medio Oriente.

GOBIERNO TRUMP HABRÍA FRENADO INVESTIGACIONES CONTRA DELCY RODRÍGUEZ, SEGÚN AP NEWS

El gobierno del presidente Donald Trump habría instruido discretamente a fiscales federales en Miami para que evitaran avanzar en investigaciones criminales relacionadas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según reveló AP News citando a funcionarios y exfuncionarios estadounidenses familiarizados con las deliberaciones internas. La medida representaría una nueva señal del acercamiento entre Washington y Caracas tras la salida de Nicolás Maduro del poder y en medio de los esfuerzos estadounidenses por estabilizar políticamente al país sudamericano.

De acuerdo con el reporte, no está claro si los fiscales habían logrado vincular formalmente a Rodríguez con delitos específicos o si existía una acusación próxima a presentarse. Sin embargo, registros de la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) muestran que la dirigente venezolana aparecía regularmente en investigaciones federales desde al menos 2018, incluyendo expedientes relacionados con presunto narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de oro, aunque nunca llegó a ser acusada formalmente en tribunales estadounidenses.

Según las fuentes consultadas, la instrucción de reducir la presión judicial contra Rodríguez buscaba evitar tensiones que pudieran afectar la nueva relación entre Washington y Caracas, mientras la administración Trump intenta consolidar la estabilidad institucional en Venezuela y abrir espacio para inversiones estadounidenses en el sector energético. “Todo el mundo recibió la orden de bajar el perfil”, afirmó uno de los exfuncionarios citados bajo condición de anonimato.

El cambio de postura coincide con una serie de decisiones recientes de la Casa Blanca para normalizar vínculos con el nuevo liderazgo venezolano. En los últimos meses, Estados Unidos levantó sanciones contra Delcy Rodríguez y reconoció oficialmente su autoridad como jefa de Estado, permitiéndole restablecer relaciones con bancos occidentales y avanzar en negociaciones con inversionistas estadounidenses interesados en desarrollar proyectos en las mayores reservas petroleras del mundo.

El propio presidente Trump ha elogiado públicamente a Rodríguez desde la captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico. En marzo, Trump aseguró que la dirigente venezolana estaba “haciendo un gran trabajo” y destacó el avance de la cooperación energética entre ambos países, mientras funcionarios estadounidenses como el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, han participado en reuniones y ceremonias junto a representantes del gobierno venezolano.

A pesar del acercamiento diplomático y económico, persisten cuestionamientos sobre la situación democrática en Venezuela. AP News destacó que Rodríguez superó recientemente el límite de 90 días establecido por la justicia venezolana para ocupar temporalmente la presidencia tras la salida de Maduro, sin anunciar todavía un calendario electoral definitivo. Consultada recientemente sobre posibles elecciones, respondió brevemente: “No sé, algún día”.

La decisión también generó críticas dentro del Congreso estadounidense. La senadora demócrata Jeanne Shaheen, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, cuestionó el trato favorable hacia Rodríguez y aseguró que continúa siendo “una figura central” del antiguo aparato de poder chavista. Junto con la senadora Elizabeth Warren, pidió explicaciones al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre el levantamiento de sanciones sin avances concretos hacia la restauración del orden democrático en Venezuela.

El reporte además señaló que la suspensión de investigaciones contra Rodríguez ocurre paralelamente a la reducción de presión judicial sobre otros líderes latinoamericanos, incluyendo el presidente colombiano Gustavo Petro, quien también habría sido objeto de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con narcotraficantes. Expertos legales citados por AP News advirtieron que frenar pesquisas criminales por razones políticas o diplomáticas podría generar preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial estadounidense y el uso estratégico de procesos judiciales dentro de la política exterior de Washington.

GUATEMALA ACEPTA OPERACIONES MILITARES CON EE.UU. CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Guatemala acordó realizar operaciones conjuntas con el ejército de Estados Unidos dentro de su territorio para enfrentar a organizaciones de narcotráfico, en lo que representa una nueva expansión de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump en América Latina. De acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo aceptó ataques aéreos y otras acciones militares coordinadas con Washington, las cuales podrían comenzar a ejecutarse a partir del próximo mes.

Según la información conocida hasta ahora, el acuerdo fue discutido directamente entre Arévalo y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una llamada sostenida el pasado 19 de mayo. Posteriormente, el gobierno guatemalteco confirmó que solicitó formalmente “cooperación en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico”, aunque evitó divulgar detalles específicos sobre el alcance operativo o las capacidades militares que serían utilizadas.

Con este paso, Guatemala se convertiría en el segundo país de América Latina en permitir operaciones militares conjuntas de este tipo con Estados Unidos, después de Ecuador, que a comienzos de este año autorizó asistencia y participación estadounidense en ataques contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. En el caso ecuatoriano, Washington ha brindado apoyo de inteligencia, entrenamiento y asistencia operativa a las fuerzas locales en medio del deterioro de la seguridad interna provocado por bandas criminales.

Fuentes cercanas a la estrategia señalaron que el gobierno de Trump también busca presionar a Honduras para que adopte un esquema similar, mientras la Casa Blanca intenta consolidar una mayor presencia militar estadounidense en la región. El objetivo de fondo, según las personas consultadas, sería aumentar la presión sobre México para que acepte operaciones conjuntas contra los carteles, una posibilidad que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha rechazado públicamente de manera reiterada.

La iniciativa estaría siendo promovida dentro de la Casa Blanca por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete para política y asesor de seguridad nacional, así como por Joseph Humire, alto funcionario del Pentágono encargado de asuntos de defensa para América Latina. La administración Trump considera que ampliar las alianzas militares regionales es clave para fortalecer la Coalición Anticarteles de las Américas, una estructura creada este año y a la que ya pertenecen cerca de 20 países latinoamericanos.

El gobierno estadounidense ha incrementado significativamente su despliegue militar en la región durante los últimos meses, incluyendo operaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Según cifras conocidas recientemente, desde septiembre del año pasado se han ejecutado 58 ataques que dejaron al menos 194 personas muertas, aunque expertos y exfuncionarios estadounidenses han cuestionado la legalidad de esas operaciones y la falta de pruebas públicas sobre los supuestos vínculos de los objetivos con organizaciones criminales.

Las nuevas operaciones conjuntas también han despertado preocupación entre analistas y juristas internacionales, quienes advierten posibles riesgos legales para personal militar estadounidense involucrado en ataques fuera de escenarios formales de conflicto armado. Algunos expertos sostienen que este tipo de acciones podría exponer a funcionarios y militares a cuestionamientos futuros bajo normas del derecho internacional y de la legislación estadounidense, especialmente si se producen errores operativos o víctimas civiles, como ocurrió recientemente en Ecuador, donde un ataque terminó impactando una granja ganadera y no una instalación vinculada al narcotráfico.

DEPARTAMENTO DEL TESORO LANZA LAS “CUENTAS TRUMP” PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN DESDE LA INFANCIA

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó oficialmente las llamadas “Cuentas Trump”, una nueva iniciativa financiera impulsada por la administración del presidente Donald Trump que busca fomentar la inversión y el ahorro desde edades tempranas mediante cuentas respaldadas por el Gobierno para menores de edad. La plataforma ya habilitó sus aplicaciones móviles en todo el país y el programa comenzará formalmente el próximo 4 de julio, coincidiendo con la conmemoración de los 250 años de independencia de Estados Unidos.

El programa contempla la apertura de cuentas de inversión para niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, siempre que tengan un número válido de Seguro Social. Como incentivo inicial, el Tesoro depositará US$1.000 en cada cuenta, mientras padres, familiares y terceros autorizados podrán realizar aportes adicionales sujetos a límites anuales. Los recursos estarán vinculados al desempeño de los mercados financieros y podrán crecer mediante inversiones de largo plazo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la iniciativa asegurando que permitirá ampliar el acceso financiero y promover una mayor participación económica de futuras generaciones. Según explicó, los beneficiarios podrán retirar los recursos al cumplir 18 años con ventajas tributarias si el dinero se utiliza para objetivos específicos como la compra de vivienda, educación o la creación de pequeños negocios. En caso de destinarse a otros fines, los retiros enfrentarán una carga impositiva más alta.

La administración Trump presentó el programa como una estrategia “pro-familia” destinada a fortalecer la acumulación de patrimonio desde el nacimiento y mejorar la movilidad económica de largo plazo. El desarrollo tecnológico de las cuentas fue realizado en alianza con la plataforma de inversión Robinhood y el banco custodio BNY, mientras varias grandes compañías estadounidenses, incluyendo JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America y Visa, ya anunciaron contribuciones para las cuentas de los hijos de sus empleados en Estados Unidos.

La Casa Blanca considera que la iniciativa puede convertirse en una herramienta política y económica relevante antes de las elecciones legislativas de noviembre, especialmente en medio de las preocupaciones de los hogares estadounidenses por el costo de vida y el acceso a oportunidades financieras. La siguiente fase del programa incluirá la activación progresiva de cuentas antes de su lanzamiento oficial en julio, mientras el gobierno busca que millones de familias comiencen a participar activamente en los mercados de inversión desde etapas tempranas de la vida.

LA AIE ALERTA QUE LA GUERRA EN MEDIO ORIENTE ESTÁ RECONFIGURANDO LA SEGURIDAD ENERGÉTICA GLOBAL

La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que la guerra en Medio Oriente está acelerando una transformación profunda en las estrategias energéticas de gobiernos y empresas alrededor del mundo, en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad del suministro global y la estabilidad de los mercados internacionales de petróleo y gas. La organización alertó que la incertidumbre derivada del conflicto está impulsando a múltiples países a reforzar sus capacidades internas de producción y a diversificar sus fuentes de abastecimiento energético.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, aseguró que el mundo atraviesa “la mayor crisis de seguridad energética” de la historia moderna, una situación que, según afirmó, podría generar cambios estructurales comparables a los ocurridos tras las crisis petroleras de la década de 1970. El funcionario sostuvo que las tensiones geopolíticas están alterando las decisiones globales de inversión y acelerando proyectos destinados a reducir la dependencia de regiones consideradas estratégicamente vulnerables.

En su más reciente informe World Energy Investment, la agencia señaló que productores y consumidores de energía están intensificando los esfuerzos para abrir nuevas rutas comerciales, ampliar oleoductos, fortalecer infraestructura logística y aumentar el uso de recursos nacionales. La AIE indicó que varios países importadores de petróleo están recurriendo cada vez más a energías renovables, nuclear e incluso carbón para reducir riesgos asociados a interrupciones del suministro internacional.

La organización proyectó que la inversión energética mundial alcanzará los US$3,4 billones en 2026, de los cuales cerca de US$2,2 billones estarán destinados a redes eléctricas, almacenamiento, combustibles de bajas emisiones, energías renovables, electrificación y energía nuclear. En contraste, la inversión combinada en petróleo, gas natural y carbón rondará los US$1,2 billones, reflejando un cambio gradual en las prioridades de inversión del sector energético mundial.

La AIE anticipó además que la inversión global en petróleo caerá por tercer año consecutivo y se ubicará por debajo de los US$500 mil millones, pese al reciente aumento de los precios internacionales del crudo. La entidad explicó que la incertidumbre sobre la duración de los altos precios, las restricciones de oferta, los largos tiempos de ejecución de proyectos y la escasez de plataformas marinas están limitando nuevas inversiones fuera de Medio Oriente.

En contraste, el organismo estima que la inversión en gas natural alcanzará los US$330 mil millones, su nivel más alto en una década, impulsada principalmente por nuevos proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL) en Estados Unidos y Qatar. Paralelamente, la inversión en energías renovables llegaría a US$665 mil millones en 2026, incluyendo alrededor de US$365 mil millones destinados exclusivamente a proyectos de energía solar, mientras la inversión en energía nuclear superaría los US$80 mil millones anuales.

La AIE también alertó sobre un posible escenario de escasez petrolera durante los próximos meses si no se logra una solución duradera al conflicto en Medio Oriente. Fatih Birol advirtió recientemente que el mercado podría entrar en una “zona roja” hacia julio o agosto, coincidiendo con el incremento estacional de la demanda durante la temporada de viajes. Ante ese panorama, aseguró que la organización está preparada para coordinar nuevas liberaciones de reservas estratégicas de petróleo si los países miembros consideran necesario intervenir para estabilizar el mercado energético internacional.

JUEZ MANTIENE VIGENTE LA REFORMA ELECTORAL DE TRUMP SOBRE EL VOTO POR CORREO

Un juez federal rechazó la solicitud presentada por grupos demócratas y organizaciones de derechos civiles para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que modifica las reglas del voto por correo en Estados Unidos. Con esta decisión, la medida continuará vigente por ahora y podrá aplicarse de cara a las elecciones legislativas de medio mandato previstas para noviembre, mientras continúan los procesos judiciales sobre su legalidad.

Los demandantes argumentaban que la orden era inconstitucional porque la facultad de establecer normas electorales corresponde a los estados y al Congreso, no al Poder Ejecutivo. Además, sostenían que la medida podría vulnerar disposiciones de privacidad al ordenar la elaboración de un registro federal de ciudadanos mayores de 18 años con el objetivo de crear un censo nacional de votantes elegibles.

La orden ejecutiva fue firmada por Trump en marzo después de que una propuesta legislativa respaldada por la Casa Blanca para reformar el sistema electoral no avanzara en el Congreso. Entre sus principales disposiciones se encuentra la creación de un listado federal de votantes habilitados y la instrucción al Servicio Postal para que las papeletas por correo sean entregadas únicamente a las personas incluidas en dicho registro.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Trump para endurecer los requisitos electorales y reforzar los mecanismos de verificación de identidad de los votantes. La iniciativa se desarrolla en medio de un prolongado debate político sobre la seguridad y confiabilidad del voto por correo, una modalidad que el mandatario ha cuestionado reiteradamente durante los últimos años, pese a que continúa siendo utilizada ampliamente en numerosos estados del país.

OFAC ELIMINA 76 SANCIONES COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE SU SISTEMA DE CONTROL

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro anunció la eliminación de 76 registros de su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDN), en una medida que forma parte de la estrategia de modernización de los programas de sanciones económicas de Estados Unidos. La decisión fue presentada como un esfuerzo para garantizar que las sanciones continúen siendo una herramienta eficaz y alineada con las prioridades actuales de seguridad nacional y política exterior.

Los registros eliminados corresponden principalmente a personas fallecidas, embarcaciones desmanteladas o retiradas de servicio, integrantes de redes financieras ilícitas que ya no existen y otros individuos sancionados hace más de una década que carecían de información suficiente para procesos efectivos de monitoreo y verificación. El Tesoro señaló que cada caso fue sometido a un proceso de revisión interinstitucional para asegurar que la eliminación no afectara los intereses de seguridad nacional ni los objetivos diplomáticos de Estados Unidos.

La iniciativa forma parte de una revisión más amplia impulsada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha defendido la necesidad de concentrar los recursos de cumplimiento en amenazas de mayor riesgo y complejidad. Según la entidad, el éxito de las sanciones no debe medirse únicamente por la cantidad de nombres incorporados a las listas restrictivas, sino por su impacto real sobre los objetivos de seguridad nacional y por la capacidad de modificar conductas consideradas problemáticas por Washington.

El Departamento del Tesoro destacó que el uso de sanciones económicas ha crecido significativamente durante los últimos años. Mientras en 2017 se registraron cerca de 880 nuevas designaciones, en 2024 la cifra superó las 3.000. Este crecimiento ha incrementado los costos de cumplimiento para empresas e instituciones financieras, que deben destinar recursos considerables a la revisión de posibles coincidencias y alertas de bajo riesgo, reduciendo su capacidad para detectar esquemas más sofisticados de evasión de sanciones.

Como parte de esta modernización, el Tesoro también está evaluando programas de sanciones que no han producido resultados medibles o que ya no responden a las prioridades estratégicas actuales de Estados Unidos. La entidad reiteró que las sanciones no están diseñadas para ser permanentes y que la posibilidad de retirar personas o entidades de las listas restrictivas es un componente esencial de su credibilidad, ya que el objetivo final de estas medidas es generar cambios de comportamiento y no únicamente imponer castigos indefinidos.

DEPARTAMENTO DEL TESORO HABRÍA PREPARADO PLANES PARA UN BILLETE DE US$250 CON LA IMAGEN DE TRUMP

Funcionarios del gobierno estadounidense habrían presionado a la Oficina de Grabado e Impresión para avanzar en el diseño de un posible billete de US$250 con la imagen del presidente Donald Trump, según reveló The Washington Post. De acuerdo con el reporte, altos funcionarios del Departamento del Tesoro solicitaron en repetidas ocasiones la elaboración de prototipos, pese a que la legislación vigente establece que únicamente personas fallecidas pueden aparecer en el papel moneda de Estados Unidos.

La iniciativa habría sido promovida por el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, y por su principal asesor, Mike Brown, quienes, según fuentes citadas por el periódico, mantuvieron contactos frecuentes con funcionarios encargados del diseño e impresión de billetes. La propuesta despertó inquietud dentro de la agencia debido a que rompería una tradición legal vigente desde 1866, cuando se prohibió incluir la imagen de personas vivas en la moneda estadounidense.

El debate no es completamente nuevo. El año pasado fue presentado en el Congreso un proyecto de ley que buscaba autorizar la emisión de un billete de US$250 con el retrato de Trump como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, la iniciativa nunca fue aprobada y actualmente no existe autorización legislativa para modificar las reglas que rigen el diseño de los billetes.

Consultado sobre el tema, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que cualquier decisión corresponde exclusivamente al Congreso y recordó que la normativa actual impide que una persona viva aparezca en la moneda nacional. No obstante, reconoció que el Departamento del Tesoro ha realizado preparativos técnicos preliminares ante la posibilidad de que una legislación futura autorice cambios en el diseño del papel moneda, insistiendo en que cualquier medida deberá ajustarse estrictamente a la ley.

La discusión surge mientras la administración Trump impulsa otras iniciativas simbólicas vinculadas a la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense. Entre ellas se encuentra la incorporación de la firma de Trump en futuros billetes emitidos por el Tesoro y la preparación de una edición especial de pasaportes conmemorativos que incluirían imágenes del mandatario, elementos que buscan resaltar su papel durante las celebraciones nacionales previstas para los próximos años.