El presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva ‘Strengthening Customs Enforcement’, que instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a implementar una reforma integral del sistema aduanero de Estados Unidos.

La medida no introduce nuevos aranceles ni modifica el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Sin embargo, impone exigencias operativas y documentales más estrictas sobre todos los actores del comercio internacional con EE.UU., incluyendo empresas extranjeras que participan en cadenas de suministro con destino al mercado estadounidense.

Mensaje para empresas colombianas La orden no cierra puertas, pero sí eleva el estándar mínimo de cumplimiento. Las empresas que hoy cuenten con procesos robustos de trazabilidad, clasificación arancelaria y debida diligencia estarán mejor posicionadas. Las que no, deberán actuar rápidamente.

¿QUÉ ORDENA LA CASA BLANCA?

La Orden Ejecutiva establece cinco ejes de reforma con plazos de implementación definidos:

1. MAYOR CONTROL SOBRE LOS IMPORTERS OF RECORD (IOR)

La figura del Importer of Record (IOR), el responsable legal de la importación ante las autoridades estadounidenses queda sujeta a requisitos más exigentes. La CBP revisará, en un plazo de 180 días, las condiciones de elegibilidad, incluyendo:

• Mantener activos tangibles mínimos en EE.UU. o garantías financieras suficientes.
• Divulgar información sobre estructura de propiedad y beneficiarios finales.
• Reportar afiliaciones comerciales y volúmenes de importación proyectados.
• Acreditar ‘buena reputación’ ante la CBP, con base en historial de cumplimiento.
• Clasificarse en perfiles de riesgo según historial de auditorías y sanciones.

Impacto directo para empresas colombianas exportadoras Si su empresa actúa como IOR en EE.UU. (o designa a un IOR extranjero), deberá cumplir con los nuevos estándares de garantías y documentación. Los IOR extranjeros enfrentarán restricciones adicionales: solo podrán realizar ‘formal entry’, con requisitos de fianza más rigurosos, y deberán estar validados ante el programa CTPAT de la CBP.

2. NUEVOS REQUISITOS DE TRAZABILIDAD Y DIVULGACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO

En un plazo de 90 días, la CBP establecerá obligaciones de divulgación más detalladas que exigirán a los importadores documentar:

•       Identificación del fabricante: número de modelo, estilo u otros especificadores de producto.

•       Composición del bien: materiales, grado, tamaño.

•       Métodos de producción y estructura de la cadena de suministro.

•       Identificadores fiscales y comerciales del exportador extranjero.

•       Documentación presentada ante la aduana extranjera al momento de la exportación.

Este punto tiene implicaciones directas para empresas que utilizan insumos de terceros países. Las autoridades estadounidenses buscan cerrar espacios de ambigüedad en la declaración de origen.

3. PRIORIDAD FISCALIZACIÓN SOBRE PRÁCTICAS CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

La Orden declara como focos prioritarios de control los siguientes tipos de operaciones:

PRÁCTICA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN
Trabajo forzoso	Importaciones de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso, incluidos insumos.
Clasificación errónea	Declaración incorrecta de códigos arancelarios para reducir derechos de importación.
Subvaloración	Declaración de valores inferiores al precio real de transacción.
Transbordo ilegal	Reexportación de mercancías para ocultar su origen real y evadir medidas comerciales.
Contrabando e ilícitos	Introducción de mercancías sin declaración, incluyendo precursores químicos y fentanilo.

Punto crítico: reglas de origen y transbordo Empresas colombianas que utilizan insumos provenientes de países bajo escrutinio especial (China, entre otros) o que participan en esquemas de maquila o ensamblaje con cadenas globales deben revisar sus declaraciones de origen. La CBP intensificará las verificaciones en este frente.

4. FORTALECIMIENTO DE AUDITORÍAS Y MÁS SANCIONES

La CBP como autoridad aduanera reforzará sus mecanismos de control mediante:

• Incremento en la frecuencia de auditorías a importadores.
• Aplicación estricta de las sanciones máximas existentes.
• Piso mínimo de sanción del 50% del valor de la multa impuesta, se limita la capacidad de mitigación.
• Eliminación de beneficios de mitigación para infractores reincidentes.
• Sanciones específicas a agentes de aduanas que no realicen debida diligencia o representen clientes incumplidores.

5. TRANSPARENCIA Y GESTIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL

La CBP publicará informes anuales de cumplimiento aduanero y actualizará el registro de importadores registrados, depurando IOR inactivos y creando categorías de riesgo basadas en historial.

¿Por qué es relevante para Colombia?

La Orden ejecutiva no identifica a Colombia como objetivo ni modifica las condiciones del Tratado de Libre Comercio Colombia – EE.UU.. No obstante, sus efectos sobre el entorno de cumplimiento son directamente relevantes para las empresas colombianas con operaciones de exportación hacia el mercado estadounidense.

Impactos concretos a Monitorear

ÁREA DE IMPACTO	IMPLICACIÓN PARA EMPRESAS COLOMBIANAS
Verificación de origen	Mayor exigencia en la demostración del cumplimiento de reglas de origen. Empresas con insumos de terceros países deberán documentar con precisión los criterios de transformación sustancial.
Debida diligencia en cadena de suministro	Los IOR con los que trabajan los exportadores colombianos podrían trasladar los nuevos requerimientos de documentación al proveedor colombiano.
Comercio electrónico transfronterizo	La restricción del ‘informal entry’ para IOR extranjeros y el cierre del beneficio de minimis (de minimis eliminado permanentemente desde julio 2027) afectan modelos de venta directa al consumidor estadounidense.
Reputación como proveedor	El registro de incumplimientos ante la CBP puede afectar la calificación de riesgo de los socios comerciales colombianos en cadenas globales.

Sectores con mayor nivel de exposición. Si bien la Orden no identifica sectores específicos, los siguientes presentan mayor exposición por sus características operativas.

SECTOR	EXPOSICIÓN	RAZÓN PRINCIPAL
Textiles y confecciones	Alta	Reglas de origen estrictas bajo el TLC; uso de insumos importados de terceros países.
Agroindustria	Alta	Cadenas de suministro complejas; exigencias de trazabilidad en aumento.
Manufacturas	Alta	Componentes provenientes de múltiples orígenes; riesgo de clasificación errónea.
Metales y minerales	Media-Alta	Sensibilidad por reglas de origen y posibles vínculos con cadenas globales.
Comercio electrónico	Alta	Afectado por eliminación de de minimis y nuevos requisitos para IOR extranjeros.
Productos industriales	Media	Dependiendo del nivel de contenido importado en la cadena de valor.

Cronograma de implementación. La Orden establece plazos escalonados para la implementación de las reformas. Esto ofrece una ventana de acción para que las empresas se preparen:

PLAZO	MEDIDA	ESTIMADO
45 días	Presentación de recomendaciones legislativas al Presidente por parte del DHS.	Agosto 2026
90 días	Nuevos requisitos de documentación, divulgación, criterios de sanciones y mecanismos de transparencia.	Septiembre 2026
180 días	Reforma integral sobre Importadores registrados: garantías, verificación, perfil de riesgo.	Diciembre 2026
Julio 2027	Eliminación permanente del beneficio de minimis mediante el ‘One Big Beautiful Bill Act’.	Fecha fija — Ley
1 año	Informe de evaluación de efectividad de la Orden al Presidente.	Junio 2027

Ruta de acción recomendada para las empresas. Las siguientes acciones están organizadas por urgencia. Se sugiere iniciar de inmediato con el diagnóstico interno y avanzar progresivamente hacia la integración estratégica del cumplimiento aduanero.

PLAZO	ACCIÓN REQUERIDA	NIVEL DE ATENCIÓN
Inmediato (0–30 días)	Identificar quién actúa como Importer of Record (IOR) en sus operaciones hacia EE.UU.	Alto
Inmediato (0–30 días)	Revisar documentación disponible sobre origen, producción y proveedores clave.	Alto
Inmediato (0–30 días)	Evaluar si los mecanismos actuales de trazabilidad cumplen con estándares internacionales.	Alto
Corto plazo (30–90 días)	Fortalecer procesos de debida diligencia en la cadena de suministro (incluidos proveedores de insumos).	Alto
Corto plazo (30–90 días)	Revisar procedimientos de clasificación arancelaria y valoración aduanera con su agente de aduanas.	Alto
Corto plazo (30–90 días)	Actualizar políticas internas de cumplimiento comercial y aduanero.	Medio
Corto plazo (30–90 días)	Si opera en comercio electrónico, evaluar el impacto de la eliminación del de minimis (vigente desde julio 2027).	Alto
Estratégico (90+ días)	Monitorear la reglamentación que emita la CBP durante los próximos meses.	Medio
Estratégico (90+ días)	Anticipar requerimientos adicionales de clientes y socios comerciales estadounidenses.	Medio
Estratégico (90+ días)	Integrar la gestión de riesgos aduaneros en la estrategia corporativa de compliance y sostenibilidad.	Medio
Estratégico (90+ días)	Explorar la certificación CTPAT si la empresa o su IOR operan con alto volumen hacia EE.UU.	Medio

Oportunidades potenciales en un entorno más exigente

Las empresas con mayor cumplimiento ganan terreno Una aplicación más estricta de las normas aduaneras reduce las ventajas competitivas derivadas de prácticas irregulares como la subvaloración y el transbordo ilegal. Para las empresas colombianas que ya operan con altos estándares, este entorno puede representar una oportunidad de diferenciación y mayor acceso a cadenas de valor formales en EE.UU.

En particular, las empresas que logren:

•       Demostrar trazabilidad completa de su cadena de suministro.

•       Acreditar cumplimiento de normas sobre trabajo y sostenibilidad.

•       Mantener una relación sólida con su agente de aduanas en EE.UU.

•       Obtener o mantener certificaciones de comercio seguro (CTPAT, OEA).

Estarán mejor posicionadas para responder a los nuevos estándares de supervisión y generar confianza ante compradores e importadores estadounidenses.

Contexto: otras iniciativas relacionadas de la administración Trump. Esta Orden Ejecutiva no es un hecho aislado. Se enmarca en una tendencia regulatoria más amplia que las empresas deben leer en su conjunto:

INICIATIVA	IMPLICACIÓN
Eliminación del de minimis	El ‘One Big Beautiful Bill Act’ derogó permanentemente la exención de bajo valor. Desde julio 2027, todos los envíos al consumidor final en EE.UU. estarán sujetos a aranceles y controles aduaneros, sin excepción de valor mínimo.
Aranceles recíprocos	Los acuerdos de comercio recíproco de la Administración Trump incluyen compromisos específicos de cooperación para combatir la evasión de aranceles.
Controles sobre trabajo forzoso	La Ley Uyghur Forced Labor Prevention Act y sus mecanismos de aplicación mantienen una presunción de trabajo forzoso para ciertas cadenas de origen, con impacto en insumos que atraviesan múltiples jurisdicciones.
Programa CTPAT	La certificación ante el programa Customs-Trade Partnership Against Terrorism de la CBP se vuelve estratégica: la Orden la convierte en requisito para IOR extranjeros en modalidad de entrada formal.

Conclusión

La Orden Ejecutiva sobre reforma aduanera de EE.UU. representa un cambio de paradigma en la relación entre el gobierno estadounidense y los actores del comercio internacional. El mensaje de fondo es claro: el mercado más grande del mundo exigirá, progresivamente, mayores estándares de transparencia, trazabilidad y cumplimiento.

El momento de actuar es ahora. No para reaccionar a sanciones, sino para posicionarse estratégicamente en un entorno donde el cumplimiento aduanero dejó de ser un trámite administrativo y se convirtió en un factor de competitividad.

La información contenida en este documento tiene fines exclusivamente informativos y de orientación general para las empresas y demás interesados. No constituye asesoría legal, aduanera, tributaria ni de cumplimiento, ni pretende sustituir los análisis específicos que cada empresa debe realizar de acuerdo con su operación, sector, cadena de suministro, estructura comercial y nivel de exposición regulatoria.

Las interpretaciones aquí presentadas corresponden a una lectura preliminar de AmCham Colombia con base en la información pública disponible y no representan, en ningún caso, una vocería oficial del Gobierno de los Estados Unidos, de sus agencias, ni del Gobierno de Colombia o sus autoridades. Se recomienda a cada empresa consultar con sus asesores especializados antes de adoptar decisiones comerciales, legales o estratégicas relacionadas con esta materia.

Elaborado con base en la Orden Ejecutiva

Link: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/06/strengthening-customs-enforcement/

DESARROLLO DE NOTICIAS

EE.UU. ENDURECE EL CERCO A CUBA: SANCIONA AL PRESIDENTE DÍAZ-CANEL Y A LA FAMILIA CASTRO

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, oficializó este jueves una nueva ronda de sanciones económicas destinadas a incrementar la presión política y financiera sobre el gobierno de Cuba, apuntando directamente a la cúpula del poder en la isla.

La actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (Lista Clinton) incluye de manera directa al actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien ya había sido objeto de restricciones en julio del año pasado debido a la represión de las protestas ciudadanas ocurridas en 2021.

En el ámbito personal, el cerco estadounidense se extendió al entorno familiar del mandatario, sancionando a su esposa, Lis Cuesta Peraza, y a su hijastro, Manuel Anido Cuesta. Asimismo, la medida alcanza a Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis, hijo y nieto del expresidente Raúl Castro, respectivamente.

Además de las personas naturales, la OFAC dirigió sus acciones contra cinco instituciones y compañías clave para el sostenimiento del régimen: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia Amistur Cuba y la empresa Minera La Victoria.

Como consecuencia directa de esta designación, todos los bienes y activos que los sancionados posean dentro de la jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados de inmediato. Adicionalmente, se prohíbe formalmente a los ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier tipo de negocios o transacciones financieras con ellos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida señalando que estas entidades e individuos financian al régimen en actividades que amenazan la seguridad de EE.UU. Según Rubio, La Habana opera como una base avanzada para la guerra irregular, reclutando y entrenando militantes radicales para socavar los intereses estadounidenses en la región.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel rechazó categóricamente las acusaciones a través de su cuenta en la red social X. El mandatario afirmó que esta “ceguera política” busca profundizar el bloqueo y dañar al pueblo cubano, asegurando que la agresividad de Washington chocará con la decisión de su país de resistir.

Esta ofensiva de Washington coincide con el endurecimiento del embargo vigente desde 1962 bajo el segundo mandato de Donald Trump. La estrategia actual combina sanciones a líderes del régimen, medidas jurídicas de alto impacto y un bloqueo petrolero de facto, en medio de la peor crisis económica y humanitaria de la isla desde 1959.

ESTADOS UNIDOS ADVIERTE POSIBLES SANCIONES DE VISA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES ELECTORALES EN COLOMBIA

A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el gobierno de Estados Unidos elevó el tono de sus advertencias sobre la integridad del proceso electoral. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó que Washington está siguiendo de cerca denuncias relacionadas con posibles intentos de manipular las elecciones y advirtió que quienes participen en prácticas como la compra de votos podrían enfrentar la cancelación o negación de visas para ingresar a territorio estadounidense.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Landau recordó que el secretario de Estado, Marco Rubio, compareció recientemente ante el Congreso para reiterar el compromiso de Estados Unidos con la protección de la democracia colombiana. El funcionario enfatizó que una visa estadounidense constituye “un privilegio, no un derecho” y señaló que las restricciones migratorias forman parte de las herramientas que Washington utiliza para apoyar sus objetivos de política exterior y defender procesos democráticos transparentes.

El subsecretario agregó que las autoridades estadounidenses están monitoreando especialmente la situación en la región Caribe, aunque aclaró que la vigilancia se extiende a otras zonas del país. “Para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones de Colombia, estamos monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otras partes”, afirmó Landau, quien concluyó su mensaje con una referencia a su reputación como impulsor de sanciones migratorias: “¡Por algo me llaman El Quitavisas!”.

Las declaraciones se producen después de que durante la primera vuelta surgieran múltiples denuncias sobre presuntas irregularidades electorales en distintas regiones del país. Organizaciones de observación electoral, dirigentes políticos y ciudadanos reportaron posibles casos de compra de votos, movilización irregular de electores y otras prácticas que podrían constituir delitos electorales bajo la legislación colombiana, particularmente en departamentos de la región Caribe.

Paralelamente, surgieron reportes según los cuales autoridades estadounidenses estarían monitoreando denuncias relacionadas con una presunta operación de compra de votos de cara a la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con estas versiones, el seguimiento incluiría a dirigentes políticos, operadores electorales, casas de cambio y entidades financieras que presuntamente habrían participado en mecanismos destinados a influir en el resultado electoral. Las alertas estarían concentradas principalmente en Barranquilla, Cartagena y Sincelejo, ciudades que han sido mencionadas en distintas denuncias sobre posibles irregularidades durante el proceso.

Aunque el Departamento de Estado no ha confirmado públicamente investigaciones específicas ni ha mencionado personas o entidades concretas, el pronunciamiento de Landau representa una de las advertencias más directas realizadas hasta ahora por altos funcionarios estadounidenses sobre el desarrollo de las elecciones colombianas. El mensaje busca disuadir cualquier intento de manipulación electoral y deja abierta la posibilidad de que Washington utilice restricciones migratorias contra quienes considere responsables de afectar la transparencia del proceso democrático.

Asimismo, las declaraciones de Landau también generaron reacciones dentro de la campaña presidencial. Abelardo de la Espriella respondió públicamente al mensaje del subsecretario de Estado escribiendo en redes sociales: “I have the list, dear Deputy Secretary” (“Tengo la lista, estimado subsecretario”), acompañando el mensaje con referencias a sus iniciales.

FMI ADVIERTE QUE LA INFLACIÓN EN ESTADOS UNIDOS TARDARÁ MÁS EN VOLVER A LA META

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó sus perspectivas para la inflación en Estados Unidos y ahora considera que el retorno al objetivo del 2% se producirá hasta finales de 2027, un plazo seis meses más largo que el estimado previamente. La entidad atribuye este ajuste principalmente al incremento de los precios internacionales del petróleo derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como al efecto acumulado de los aranceles implementados por la administración del presidente Donald Trump.

Según el organismo, las presiones inflacionarias han comenzado a reflejarse de manera más evidente en el costo de vida de los hogares estadounidenses. A esto se suma el encarecimiento de la energía provocado por la volatilidad en los mercados petroleros, un factor que podría mantener elevada la inflación general durante un periodo más prolongado de lo previsto inicialmente.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, señaló que el aumento de los precios del crudo asociado a la guerra en Medio Oriente ha generado una nueva fuente de presión sobre la inflación. En consecuencia, la organización considera que los riesgos para la evolución de los precios siguen inclinados al alza, lo que obliga a mantener una vigilancia estrecha sobre los indicadores económicos en los próximos trimestres.

Este escenario plantea un desafío importante para la Reserva Federal, que deberá equilibrar los esfuerzos por contener la inflación con las expectativas de una eventual reducción de las tasas de interés. El FMI enfatizó que cualquier ajuste en la política monetaria deberá realizarse con cautela y en función de la información económica disponible, al tiempo que destacó la importancia de una comunicación clara por parte del banco central para evitar incertidumbre en los mercados.

La actualización de las proyecciones llega en vísperas de la primera reunión de política monetaria encabezada por Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. Warsh asume el cargo en un entorno complejo, con una inflación anual de 3,8% en abril, todavía muy por encima de la meta oficial, y bajo una creciente presión política para acelerar una flexibilización monetaria que impulse la actividad económica.

REPUBLICANOS SE DIVIDEN POR FONDO IMPULSADO POR TRUMP MIENTRAS AVANZA FINANCIACIÓN MIGRATORIA

El Senado de Estados Unidos enfrentó una jornada de fuertes tensiones internas entre los republicanos durante el debate de un proyecto de ley de aproximadamente US$70 mil millones destinado a financiar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) y la Patrulla Fronteriza. La controversia giró en torno a un fondo de US$1,8 mil millones promovido por la administración Trump para compensar a personas que considera afectadas por la supuesta utilización política de instituciones gubernamentales durante administraciones anteriores.

La discusión comenzó cuando los demócratas impulsaron una propuesta para eliminar de manera definitiva el denominado fondo contra la “instrumentalización” del gobierno. Aunque la iniciativa fue derrotada por un estrecho margen de 50 votos contra 49, la votación dejó en evidencia divisiones dentro del propio Partido Republicano, ya que varios senadores conservadores se unieron a la oposición para cuestionar la permanencia del mecanismo.

Las diferencias surgieron a pesar de que la Casa Blanca y el Departamento de Justicia habían señalado previamente que el fondo no seguiría adelante debido a la resistencia encontrada en el Congreso. Sin embargo, el presidente Donald Trump volvió a expresar públicamente su respaldo a la iniciativa y afirmó que considera el programa “muy importante”, alimentando la incertidumbre sobre si la propuesta ha sido realmente abandonada o simplemente suspendida.

La situación generó preocupación entre varios senadores republicanos que enfrentan elecciones de medio mandato en noviembre. Algunos legisladores argumentaron que mantener abierta la posibilidad de reactivar el fondo podría convertirse en un tema de campaña utilizado por los demócratas para cuestionar el manejo de recursos públicos por parte de la administración. Como resultado, surgieron propuestas para incorporar en la legislación disposiciones que impidan expresamente la utilización futura de esos recursos.

Las tensiones también reflejan un fenómeno más amplio dentro del Partido Republicano. En las últimas semanas, varios legisladores conservadores han expresado reservas frente a algunas decisiones de la Casa Blanca, incluyendo nuevas solicitudes de gasto público, nombramientos de altos funcionarios y otros proyectos impulsados directamente por Trump. Aunque el presidente mantiene una fuerte influencia sobre la bancada republicana, algunos sectores comienzan a mostrar una mayor disposición a distanciarse en temas específicos.

Mientras tanto, los demócratas aprovecharon el debate para presentar una serie de enmiendas destinadas a profundizar las diferencias internas entre los republicanos. Además del fondo en cuestión, la oposición busca obligar a los senadores conservadores a pronunciarse sobre temas políticamente sensibles como la guerra con Irán, la política arancelaria, la inmigración y diversas acciones ejecutivas adoptadas por la administración durante los últimos meses.

La disputa se desarrolla en un momento particularmente delicado para el oficialismo, ya que las elecciones legislativas de noviembre definirán el control del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Trump. Con encuestas que muestran un escenario competitivo tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, las diferencias internas dentro del Partido Republicano podrían convertirse en un factor cada vez más relevante en la estrategia política de cara a los comicios.

ADMINISTRACIÓN TRUMP DESTINA US$700 MILLONES PARA IMPULSAR LA INDUSTRIA DEL CARBÓN

El presidente Donald Trump anunció un nuevo paquete de apoyo cercano a los US$700 millones destinado a fortalecer la industria carbonífera estadounidense, en una de las intervenciones más significativas de su administración para revitalizar un sector que ha perdido participación dentro de la matriz energética del país durante las últimas décadas. Los recursos serán utilizados para respaldar plantas termoeléctricas alimentadas con carbón, promover nuevas inversiones en generación eléctrica y ampliar la capacidad exportadora del sector.

La iniciativa contempla apoyo para 13 plantas de carbón en distintos estados, la construcción de nuevas instalaciones en Alaska y Virginia Occidental, la reactivación de una planta cerrada en Maryland y el desarrollo de una terminal de exportación de carbón en California que ha enfrentado retrasos durante varios años. Según la Casa Blanca, las medidas permitirán crear o preservar más de 14.000 empleos en sectores vinculados con minería, construcción, transporte ferroviario y actividades portuarias.

Trump defendió la decisión argumentando que el carbón continúa siendo una fuente confiable para garantizar la seguridad energética estadounidense ante el crecimiento de la demanda eléctrica impulsada por los centros de datos, la inteligencia artificial, la electrificación de la economía y la expansión de nuevas tecnologías. La administración sostiene que mantener operativas ciertas plantas de carbón ha contribuido a evitar interrupciones en el suministro eléctrico durante episodios de alta demanda y condiciones climáticas extremas.

El anuncio forma parte de una estrategia más amplia orientada a revertir el declive de la industria carbonífera. Durante los últimos meses, la administración ha ampliado áreas federales disponibles para minería, impulsado programas de modernización de plantas existentes y utilizado facultades de emergencia para extender la operación de instalaciones cuya jubilación estaba programada. Estas medidas contrastan con la reducción de incentivos a energías renovables y con las restricciones adoptadas frente a nuevos proyectos eólicos y solares.

La decisión ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones ambientales, que consideran que el uso de recursos públicos para respaldar el carbón incrementará las emisiones contaminantes y podría traducirse en mayores costos energéticos para los consumidores. Sus detractores argumentan que el sector enfrenta dificultades estructurales derivadas de la competencia del gas natural y de las energías renovables, además de una disminución sostenida de su participación en la generación eléctrica estadounidense.

A pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca, el futuro del sector continúa enfrentando desafíos importantes. La participación del carbón en la generación eléctrica de Estados Unidos cayó de aproximadamente 45% en 2010 a cerca de 15% en 2024, mientras que el gas natural representa actualmente alrededor del 43% de la producción eléctrica nacional. Adicionalmente, las exportaciones de carbón estadounidense se han visto afectadas por disputas comerciales y cambios en la demanda internacional, aunque la administración Trump apuesta por fortalecer la infraestructura exportadora para ampliar el acceso a mercados en Asia y otras regiones.

AUMENTAN LAS SOLICITUDES DE DESEMPLEO MIENTRAS EL MERCADO LABORAL MANTIENE SU RESILIENCIA

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado durante la última semana de mayo y alcanzaron su nivel más alto en cuatro meses, una señal que llamó la atención de los mercados, aunque los analistas consideran que el mercado laboral continúa mostrando una notable estabilidad. De acuerdo con los datos publicados por el Departamento de Trabajo, las nuevas solicitudes ascendieron a 225.000, superando tanto el registro de la semana anterior como las expectativas de los economistas.

Pese al incremento, especialistas atribuyeron buena parte del movimiento a factores estacionales relacionados con la celebración del Día de los Caídos (Memorial Day), una festividad que suele generar distorsiones temporales en las estadísticas laborales. Además, algunos estados permiten que trabajadores vinculados al sistema educativo soliciten beneficios por desempleo durante el receso de verano, lo que podría seguir elevando las cifras en las próximas semanas.

Los indicadores más amplios continúan reflejando un entorno laboral relativamente sólido. El promedio móvil de cuatro semanas se mantiene dentro de rangos históricamente bajos y el número de personas que continúan recibiendo prestaciones por desempleo disminuyó ligeramente. Según diversos analistas, la economía estadounidense sigue caracterizándose por un escenario de “baja contratación y bajos despidos”, en el que las empresas muestran cautela para ampliar sus plantillas, pero también evitan realizar recortes masivos de personal.

Las cifras conocidas hasta ahora tampoco muestran evidencia de que el conflicto en Medio Oriente haya tenido un impacto significativo sobre el empleo. Sin embargo, economistas advierten que una prolongación de las tensiones geopolíticas podría afectar la confianza empresarial, elevar los costos operativos y eventualmente traducirse en decisiones más agresivas de reducción de personal si el entorno económico se deteriora.

Los datos se conocen a pocas horas de la publicación del informe oficial de empleo de mayo, uno de los indicadores más observados por la Reserva Federal. Las proyecciones apuntan a la creación de aproximadamente 85.000 nuevos puestos de trabajo, por debajo de los 115.000 registrados en abril, mientras que la tasa de desempleo se mantendría estable en 4,3%. Un mercado laboral que continúa mostrando resistencia permite al banco central concentrar buena parte de su atención en la evolución de la inflación.

En paralelo, otro informe del Departamento de Trabajo mostró que el crecimiento de la productividad laboral durante el primer trimestre fue revisado a la baja. La productividad no agrícola aumentó a una tasa anualizada de apenas 0,3%, frente al 0,8% estimado inicialmente, convirtiéndose en el avance más débil desde comienzos de 2025. La revisión estuvo en línea con la reciente corrección del crecimiento económico estadounidense durante el mismo período.

A pesar de la desaceleración trimestral, la tendencia de largo plazo sigue siendo favorable. La productividad ha mantenido un crecimiento promedio superior al observado antes de la pandemia y varios economistas consideran que la adopción cada vez más amplia de herramientas de inteligencia artificial podría impulsar ganancias adicionales de eficiencia en los próximos años, especialmente en sectores intensivos en servicios y tecnología.

La revisión de los datos también mostró una moderación en los costos laborales unitarios, un indicador clave para evaluar presiones inflacionarias provenientes del mercado laboral. Esta combinación de productividad positiva, aunque más moderada, y costos laborales contenidos refuerza la percepción de que la economía estadounidense continúa desacelerándose de manera gradual sin señales claras de un deterioro abrupto del empleo, un escenario que sigue siendo observado de cerca por la Reserva Federal antes de sus próximas decisiones de política monetaria.

PRESIDENTE TRUMP PROPONE A TODD BLANCHE PARA LIDERAR DE FORMA PERMANENTE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El presidente Donald Trump anunció su intención de nominar a Todd Blanche como fiscal general permanente de Estados Unidos, una decisión que consolidaría al actual funcionario interino al frente del Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ). De ser confirmado por el Senado, Blanche se convertiría en la máxima autoridad de aplicación de la ley en el país, reforzando la influencia de Trump sobre una de las instituciones más relevantes de su administración.

Blanche asumió el liderazgo interino del Departamento de Justicia en abril, después de la salida de Pam Bondi en medio de controversias relacionadas con el manejo de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein y desacuerdos sobre la estrategia del gobierno frente a lo que la Casa Blanca ha descrito como acciones judiciales con motivaciones políticas. Desde entonces, ha buscado implementar varias de las prioridades impulsadas por el presidente.

La nominación deberá ser aprobada por el Senado, donde los republicanos mantienen una estrecha mayoría de 53 escaños frente a 47 de los demócratas. Aunque históricamente los legisladores del partido suelen respaldar las nominaciones presidenciales para cargos clave, algunos líderes republicanos han reconocido que el proceso podría enfrentar obstáculos en un ambiente político cada vez más polarizado y menos predecible.

Uno de los temas que ha generado tensiones recientes entre el Congreso y el Departamento de Justicia ha sido la propuesta de crear un fondo de US$1,8 mil millones destinado a compensar a presuntas víctimas de la denominada “instrumentalización” del gobierno federal. La iniciativa encontró una fuerte oposición bipartidista y terminó siendo retirada, evitando complicaciones adicionales para otros proyectos legislativos prioritarios de la administración.

Durante su periodo como fiscal general interino, Blanche ha impulsado una serie de cambios alineados con las posiciones políticas de Trump. Entre ellos figuran la revisión de actuaciones relacionadas con los sucesos del 6 de enero de 2021, la publicación de informes críticos sobre procesos judiciales previos y el avance de investigaciones contra figuras e instituciones que han sido objeto de críticas frecuentes por parte del presidente y sus aliados.

Antes de incorporarse al gobierno, Blanche se desempeñó como fiscal federal en Nueva York y posteriormente desarrolló una carrera como abogado defensor especializado en delitos corporativos. Además, fue uno de los principales integrantes del equipo legal que representó a Trump en varios de los procesos penales que enfrentó tras abandonar la Casa Blanca, una trayectoria que ahora podría culminar con su confirmación al frente del Departamento de Justicia.

CÁMARA DE REPRESENTANTES APRUEBA RESOLUCIÓN PARA LIMITAR LA GUERRA CON IRÁN

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución de poderes de guerra destinada a limitar la participación militar estadounidense en el conflicto con Irán, en una votación que representó uno de los mayores desafíos políticos internos a la estrategia del presidente Donald Trump desde el inicio de las operaciones militares. La medida salió adelante gracias al respaldo conjunto de los demócratas y de un pequeño grupo de legisladores republicanos que se apartaron de la posición de la Casa Blanca.

La iniciativa fue impulsada por congresistas que consideran que el conflicto se ha prolongado más de lo previsto y ha generado costos económicos y políticos crecientes para los ciudadanos estadounidenses. Sus defensores argumentan que el aumento de los precios de la energía y la persistencia de la incertidumbre internacional han incrementado el descontento público, mientras reclaman que el Ejecutivo avance hacia una solución diplomática que permita poner fin a las hostilidades.

Aunque la resolución no tiene efectos inmediatos sobre las operaciones militares en curso, constituye una señal política relevante sobre el deterioro del consenso en Washington respecto a la guerra. La votación reflejó que las preocupaciones sobre la duración del conflicto y sus consecuencias económicas están ganando espacio dentro del propio Partido Republicano, especialmente a medida que se acercan las elecciones legislativas de medio mandato.

Desde el liderazgo republicano se insistió en que la administración continúa enfocada en los asuntos internos y en los esfuerzos para estabilizar la situación en Medio Oriente. Entre las prioridades señaladas figura la reapertura total del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo, gas natural y fertilizantes que ha sufrido interrupciones periódicas durante los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

El conflicto ha tenido repercusiones significativas sobre los mercados energéticos internacionales. Desde el inicio de las operaciones militares conjuntas con Israel a finales de febrero, los precios de los combustibles han mostrado una tendencia alcista, generando nuevas presiones inflacionarias sobre los consumidores estadounidenses. Al mismo tiempo, los intentos por consolidar un alto el fuego duradero han enfrentado dificultades debido a la persistencia de enfrentamientos y a la expansión de las tensiones regionales.

La resolución será ahora examinada por el Senado, donde existe una propuesta similar que también ha recibido apoyo bipartidista. El debate reabre una discusión histórica sobre los límites de la autoridad presidencial para emprender acciones militares sin autorización explícita del Congreso y podría derivar en una nueva disputa institucional sobre el alcance de los poderes de guerra establecidos por la Constitución estadounidense.