Hablando con periodistas a bordo del Air Force One, Trump señaló que su equipo está evaluando conceptos bajo los cuales fragmentos de propiedad de las empresas de IA podrían ser entregados al público estadounidense, convirtiéndolo esencialmente en socio de estas compañías. El presidente calificó la idea como “algo muy interesante” y afirmó que haría a los ciudadanos “ricos”.

Trump confirmó que ejecutivos de las principales empresas de IA visitarán la Casa Blanca, probablemente la semana próxima, para profundizar en esta propuesta. La convocatoria refuerza la señal de que la administración está dispuesta a explorar un modelo de participación pública en la economía de la IA con carácter de política formal, no como mera declaración retórica.

Según fuentes con conocimiento de las deliberaciones, las conversaciones se han centrado en la posibilidad de que las firmas cedan voluntariamente sus acciones al gobierno. Los retornos de esa inversión podrían destinarse a propósitos públicos, incluyendo pagos directos de dividendos a todos los hogares estadounidenses. Bajo este esquema, OpenAI habría propuesto donar participaciones accionarias al gobierno federal —sin que el contribuyente desembolse dinero— para capitalizar un fondo público de riqueza.

Sam Altman, CEO de OpenAI, ha discutido esta idea periódicamente con altos funcionarios de la administración Trump desde el inicio de su segundo mandato. Altman presentó el concepto directamente al presidente en una conversación a comienzos de 2025 y lo retomó con funcionarios en semanas recientes, como una vía para distribuir más ampliamente los beneficios económicos de la IA.

Por su parte, el senador independiente Bernie Sanders publicó el 1 de junio una columna en el New York Times en la que propuso que el gobierno federal adquiriera una participación del 50% en los principales laboratorios de IA de frontera, incluyendo OpenAI, Anthropic y xAI, a través de la denominada American AI Sovereign Wealth Fund Act. El mecanismo sería un impuesto único del 50%, pagado en acciones —no en efectivo— que capitalizaría un fondo soberano cuyos rendimientos financiarían pagos directos a los ciudadanos y, eventualmente, acceso universal a salud, educación y vivienda.

En un giro político inusual, Altman se reunió en privado con Sanders tras el anuncio legislativo. En ese encuentro, el CEO manifestó que comparte el objetivo de que el público tenga participación accionaria en las empresas de IA, aunque no podría respaldar el umbral del 50% propuesto por el senador. Ambos acordaron trabajar en torno a la idea general. La confluencia entre un CEO de Silicon Valley, un senador socialista y un presidente republicano en torno a este principio es históricamente inédita.

El debate refleja una tensión estructural de fondo: una encuesta de YouGov de mayo de 2026 encontró que el 71% de los adultos estadounidenses considera que la IA avanza demasiado rápido, y una encuesta de Quinnipiac reportó que el 55% cree que la IA causará más daño que bien. Para las empresas colombianas y los inversionistas con exposición al mercado estadounidense, el surgimiento de estos modelos de propiedad pública sobre la IA plantea interrogantes relevantes sobre regulación, valoración de activos tecnológicos y el papel del Estado en sectores estratégicos de la nueva economía.

ESTADOS UNIDOS DESPLIEGA EL MAYOR OPERATIVO DE SEGURIDAD DE SU HISTORIA PARA RECIBIR EL MUNDIAL DE FÚTBOL 2026

El torneo, que arranca el próximo 11 de junio con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, representa el evento deportivo más grande jamás organizado en suelo estadounidense. Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial FIFA 2026, describió el desafío como algo que supera todo lo conocido: más de 400 agencias de seguridad trabajan de manera coordinada con el gobierno federal y empresas privadas para proteger estadios, zonas de fanáticos, campamentos base y hoteles durante los 39 días del torneo.

El nivel de amenaza que enfrenta el operativo es particularmente complejo. El torneo coincide con un entorno geopolítico sensible, y las autoridades han debido adaptar sus planes a escenarios que no estaban previstos en los ejercicios de planificación originales. Esta edición del Mundial es además la primera en la historia en que un país anfitrión se encuentra en estado de guerra con una nación participante, lo que ha obligado a elevar los estándares de inteligencia y coordinación interinstitucional.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha otorgado 875 millones de dólares en subvenciones a las 11 ciudades sede estadounidenses para fortalecer la seguridad, la ciberseguridad y la respuesta a emergencias, incluyendo más de 221 millones de dólares destinados específicamente a sistemas de detección y neutralización de drones. Los drones han sido identificados como una de las amenazas prioritarias, dados los avances en su uso como arma en conflictos recientes a nivel global.

Entre las herramientas tecnológicas desplegadas figuran cuadricópteros capaces de interceptar drones no autorizados lanzando redes en pleno vuelo, camiones de rayos X de gran escala, perros robot para la inspección de accesos y miles de cámaras con inteligencia artificial en espacios públicos. El FBI ha activado centros de operaciones conjuntas en cada ciudad sede para los días de partido, reuniendo en tiempo real a organismos policiales locales, estatales y federales. Ante la posibilidad de desinformación generada por IA, los centros contarán con equipos en terreno capaces de verificar la autenticidad de cualquier contenido visual que circule durante los partidos.

El sector privado juega un papel relevante en este operativo. La afluencia de visitantes internacionales representa una oportunidad económica significativa para las ciudades anfitrionas, con impactos directos en hotelería, restaurantes, comercio minorista y servicios de transporte, además de una proyección mediática global que promoverá el turismo y los vínculos comerciales de largo plazo. Empresas de tecnología e inteligencia artificial también han ofrecido sus plataformas a los departamentos de policía para el análisis preventivo de datos durante los días de competencia.

Los equipos de seguridad también están incorporando inteligencia cultural en su preparación, estudiando los comportamientos específicos de las distintas hinchadas para distinguir prácticas habituales del fútbol internacional de situaciones que puedan requerir intervención. Esta dimensión multicultural del operativo refleja la escala verdaderamente global del torneo y la diversidad del público que Estados Unidos recibirá durante el verano.

Para la comunidad empresarial, el Mundial 2026 es tanto un hito logístico como una oportunidad. La inversión en infraestructura de seguridad, tecnología y coordinación interinstitucional que Estados Unidos está poniendo en marcha para este evento establece estándares que tendrán repercusiones de largo plazo en la industria de seguridad privada, la tecnología de vigilancia y la gestión de grandes eventos. Giuliani lo resumió con claridad: si el operativo funciona como está previsto, nadie hablará de seguridad cuando termine el torneo — y ese sería el mayor éxito posible.

REPUBLICANOS DEL CONGRESO AUMENTAN DISIDENCIA FRENTE A TRUMP A CINCO MESES DE LAS ELECCIONES DE MITAD DE MANDATO

Solo en la última semana, grupos de republicanos en ambas cámaras del Congreso se pronunciaron públicamente contra una serie de prioridades de la administración: rechazaron mil millones de dólares en fondos vinculados al salón de baile de la Casa Blanca, forzaron una retirada del fondo de 1.800 millones de dólares para la llamada “lucha contra la militarización” y bloquearon legislación sobre vigilancia doméstica. La intensidad y variedad de estas acciones en tan poco tiempo marca una inflexión notable en la dinámica entre el Ejecutivo y los legisladores de su propio partido.

La situación fue especialmente visible durante la tramitación del paquete de financiación de 70.000 millones de dólares para las agencias de control migratorio, que estuvo en serio riesgo de fracasar en las últimas semanas luego de que legisladores republicanos se rebelaran contra el fondo de compensación impulsado por Trump. Aunque los líderes del partido lograron contener parte de esa disidencia, el episodio expuso fisuras que van más allá de los disidentes habituales del caucus republicano.

Senadores como Dan Sullivan de Alaska y Jon Husted de Ohio votaron en contra del fondo de compensación; Ashley Moody de Florida votó contra los pagos con fondos públicos a condenados por los disturbios del 6 de enero de 2021; y el respetado senador Jerry Moran de Kansas votó en contra del financiamiento del salón de baile presidencial. Estos nombres no pertenecen al bloque tradicional de críticos del presidente, lo que otorga mayor relevancia política a sus gestos.

En materia de política exterior, la ruptura también fue significativa. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para proveer ayuda a Ucrania e imponer nuevas sanciones a Rusia, con el apoyo de casi veinte republicanos, en desafío directo a la postura de la administración. Adicionalmente, fue la primera vez desde el inicio de la guerra con Irán en febrero que la Cámara votó a favor de que Trump se retirara del conflicto, con respaldo de un bloque de legisladores republicanos. Ambas votaciones son simbólicas en términos prácticos, pero tienen un peso político real de cara al ciclo electoral.

El factor electoral es central para entender la dinámica. El senador republicano Thom Tillis, quien anunció su retiro del Senado tras oponerse al “One Big Beautiful Bill”, lo explicó con claridad: a medida que se acercan las elecciones, los legisladores tienden a votar como creen que sus electores quieren que lo hagan. Este cálculo es especialmente agudo entre los republicanos en distritos competitivos, donde las prioridades económicas de los votantes —precios, empleo, costo de vida— no necesariamente coinciden con la agenda política de la Casa Blanca.

Asesores republicanos han señalado que algunos legisladores sienten que Trump está socavando el mensaje de su propio partido con decisiones que generan controversia sin producir beneficios tangibles para los votantes de a pie. “Ahí radica el resentimiento. La gente solo quiere que bajen los precios de la gasolina”, dijo una fuente cercana a las conversaciones internas. Esta percepción se ha agudizado en los últimos meses, en medio de caídas en los índices de aprobación del presidente que algunos senadores temen que puedan costarles el control de la cámara alta.

La Casa Blanca, por su parte, minimizó las fracturas. La portavoz Abigail Jackson atribuyó la disidencia a la “política del año electoral” y aseguró que la administración confía en continuar avanzando en su agenda con el respaldo del Partido Republicano. En tanto, el propio Trump reaccionó a algunas de las críticas con dureza, calificando públicamente al senador Tillis de “perdedor” tras sus declaraciones sobre el próximo nominado al Departamento de Justicia, lo que refleja su disposición a mantener el mismo estilo confrontacional incluso frente a correligionarios.

La viabilidad de iniciativas legislativas en materia fiscal, comercial y regulatoria durante el tramo final del segundo mandato de Trump dependerá en buena medida de la cohesión republicana en el Congreso. El control republicano de la Cámara de Representantes aparece particularmente en riesgo, y el resultado de las elecciones de noviembre podría tener implicaciones significativas para la segunda mitad del mandato y la capacidad del presidente de ejecutar su agenda. En ese contexto, los movimientos legislativos de las próximas semanas serán un termómetro clave de la gobernabilidad de Washington.

Trump sigue siendo el líder indiscutido del Partido Republicano y sus principales objetivos legislativos continúan avanzando. Sin embargo, en el Capitolio y en algunos sectores de la administración, varios republicanos han comenzado a planificar en torno a Trump en lugar de hacerlo con él, resignados al hecho de que el presidente no está dispuesto a subordinar sus propias prioridades a las necesidades electorales del partido. Este equilibrio, frágil pero revelador, marcará el ritmo político de Washington en los meses que restan antes de noviembre.

NUEVA ESCALADA EN EL ESTRECHO DE ORMUZ TENSIONA MERCADOS ENERGÉTICOS Y COMPLICA NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE EE.UU. E IRÁN

El Mando Central de Estados Unidos confirmó que derribó los cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz, señalando que “representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional”, y procedió a atacar las instalaciones de vigilancia costera iraníes ubicadas en Goruk y en la isla de Qeshm. En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Baréin con misiles balísticos, de los cuales seis fueron interceptados y uno no alcanzó su objetivo, según el ejército estadounidense. Ambos países aliados condenaron los ataques iraníes y activaron sus sistemas de defensa aérea.

El contexto geopolítico en que se produce esta escalada es de alta complejidad. El conflicto, iniciado el 28 de febrero con ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, desencadenó una crisis regional que ha perturbado rutas de navegación clave, incluido el estrecho de Ormuz, restringiendo significativamente los flujos de energía a escala global. Irán ha mantenido efectivamente bloqueada esta vía marítima, por la que transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial antes del conflicto, lo que ha disparado los precios del crudo y alterado cadenas de suministro en múltiples sectores. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que el conflicto está empujando a millones de personas hacia el hambre, debido al alza en los costos del combustible y el transporte.

Las negociaciones para poner fin al conflicto continúan, aunque sin resultados concretos. Irán exige el descongelamiento de activos, exenciones a las sanciones sobre exportaciones petroleras y el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Washington. En paralelo a los intercambios de fuego, el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una nueva ronda de sanciones contra redes iraníes de gas natural licuado, apuntando a lo que el secretario Scott Bessent describió como la “flota fantasma, redes bancarias en la sombra y acceso al comercio global” de Irán. Pakistán, que ha actuado como mediador, confirmó que su ministro del Interior se desplazaba a Teherán, en un intento por mantener abiertos los canales diplomáticos.

Para el sector empresarial con operaciones o exposición a mercados energéticos y cadenas de suministro globales, los desarrollos en Ormuz tienen implicaciones directas. Los precios del crudo se han mantenido por encima de los 100 dólares por barril desde que comenzó el conflicto, presionando los costos logísticos, los márgenes de manufactura y el precio de los alimentos a nivel mundial. La incertidumbre sobre la duración del conflicto mantiene elevada la prima de riesgo en los mercados de materias primas y seguros marítimos, factores que afectan directamente la planificación empresarial de mediano plazo.

El presidente Trump, quien enfrenta presión política interna por el alza en los precios de la gasolina, reconoció en declaraciones a la NBC que Irán conserva entre el 21% y el 22% de su arsenal de misiles previo al conflicto. Al ser interrogado sobre por qué Irán no muestra mayor disposición a negociar un acuerdo, Trump respondió: “Porque son fuertes. Son orgullosos. Hay cosas que nunca pensaron que tendrían que hacer y que ahora van a tener que hacer, no tienen otra opción, y eso lleva un poco de tiempo”. La declaración refleja que, pese a la escalada militar, Washington mantiene abierta la puerta a un acuerdo negociado, aunque los plazos y condiciones siguen siendo objeto de disputa.

EL TESORO DE EE.UU. EMITE ALERTA A BANCOS PARA DETECTAR ESQUEMAS FINANCIEROS VINCULADOS A TRABAJADORES NO AUTORIZADOS

El aviso conjunto de FinCEN incluye 18 indicadores de “señales de alerta” para ayudar a las instituciones financieras a detectar, prevenir y reportar actividad sospechosa vinculada a esquemas de fraude relacionados con el empleo ilegal de trabajadores no autorizados. El documento abarca a bancos, cooperativas de crédito, empresas de servicios monetarios e instituciones de valores y futuros, ampliando significativamente el alcance de las entidades llamadas a aplicar estas nuevas directrices de debida diligencia.

La medida se produce luego de que el presidente Trump firmara en mayo una orden ejecutiva que requiere a los bancos examinar más de cerca la ciudadanía de sus clientes. Sin embargo, la orden resultó menos restrictiva de lo que el sector anticipaba: informes previos sugerían que la Casa Blanca estaba preparando una directiva que haría obligatoria la recopilación de información sobre ciudadanía, pero la versión final opta por ofrecer directrices en lugar de imposiciones, lo que sugiere que las gestiones del sector bancario ante la administración lograron moderar el alcance de la regulación.

Entre las señales de alerta que los bancos deben monitorear figuran el uso de empresas fantasma, el robo de identidad, el uso fraudulento de números de Seguro Social y de identificación laboral, y otras formas detectables de fraude en nómina. El aviso también señala que intermediarios laborales pueden utilizar documentos de identidad extranjeros —como pasaportes— o Números de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN) para abrir cuentas en nombre de empresas de fachada, e instruye a los bancos a considerar el uso del ITIN como un factor relevante dentro de sus procedimientos de debida diligencia basados en riesgo.

Según el Tesoro, la contratación, ocultamiento y explotación de poblaciones sin autorización de trabajo puede otorgar a los empleadores ventajas desleales frente a negocios legítimos, deprimir los salarios, facilitar el robo de identidad de ciudadanos estadounidenses y sustraer ingresos fiscales destinados a programas de beneficio social. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que los planes para pagar a trabajadores no autorizados con frecuencia dependen del acceso al sistema financiero estadounidense, incluyendo los bancos del país.

La medida introduce nuevas consideraciones operativas y de cumplimiento normativo. Las compañías que utilizan proveedores de servicios de nómina, agencias de empleo temporal o contratistas independientes deberán prestar mayor atención a la trazabilidad de sus cadenas de contratación, dado que la responsabilidad de reporte recae sobre las instituciones financieras que procesan esas transacciones. FinCEN también instó a las instituciones y al público en general a reportar a las autoridades migratorias cualquier indicio de empleadores que contraten o exploten deliberadamente a trabajadores no autorizados.

El aviso de FinCEN es la expresión más reciente de una política que busca utilizar el sistema financiero como herramienta de control migratorio, un enfoque que plantea interrogantes sobre los límites de la supervisión bancaria y la privacidad de los clientes. Dado que los bancos históricamente no han recopilado información sobre el estatus migratorio de sus cuentahabientes, no existen cifras públicas confiables sobre el riesgo real que este segmento representa para el sistema financiero, lo que hace que la implementación práctica de estas directrices dependa en gran medida de la interpretación que cada institución haga de los indicadores establecidos por FinCEN.taques con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente, incluyendo instalaciones vinculadas a la Quinta Flota en Bahréin. Teherán aseguró que estas acciones respondían a supuestas violaciones del alto el fuego por parte de Washington, mientras Estados Unidos acusa al régimen iraní de continuar desestabilizando la región mediante operaciones militares directas e indirectas.

En medio de este intercambio de acusaciones, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, difundió un mensaje en el que acusó a Estados Unidos e Israel de intentar sembrar divisiones dentro de la sociedad iraní. El dirigente llamó a la población a mantener la unidad frente a las presiones externas y sostuvo que cualquier acción que fomente el pesimismo o la desconfianza interna beneficia a los adversarios de la República Islámica, reflejando la creciente tensión política y militar que continúa dificultando los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz duradero.