El presidente Donald Trump formalizó esta semana la nominación de Todd Blanche como fiscal general permanente de Estados Unidos. Blanche ocupa el cargo de forma interina desde el pasado mes de abril, cuando Trump removió a Pam Bondi de la titularidad del Departamento de Justicia. Antes de asumir funciones en la administración, Blanche se desempeñó como abogado personal de Trump en varios procesos judiciales que enfrentó el mandatario.

La nominación deberá ser ratificada por el Senado, donde el proceso de confirmación enfrenta un panorama incierto. El senador republicano Thom Tillis, cuyo voto se considera determinante en el Comité Judicial del Senado, no ha manifestado públicamente su posición frente a la designación, lo que introduce un factor de incertidumbre sobre el margen con el que cuenta la nominación dentro del propio partido republicano.

El senador Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial, se pronunció en términos favorables sobre el nominado, destacando que Blanche está ampliamente calificado y ha demostrado compromiso con el restablecimiento del orden jurídico en el país. Por su parte, el senador demócrata Dick Durbin, el miembro de mayor rango de la oposición en el comité, expresó su rechazo a la nominación con una declaración de carácter crítico hacia la administración.

Blanche, por su parte, calificó la nominación de honor y señaló sentirse conmovido por la designación del presidente. El Departamento de Justicia no emitió comunicado adicional al respecto.

DEPARTAMENTO DE ESTADO LANZARÁ SERVICIO ACELERADO DE VISA POR 750 DÓLARES EN EMBAJADAS SELECCIONADAS

El Departamento de Estado publicará esta semana en el Registro Federal un aviso sobre un programa piloto de servicio acelerado de visa, denominado internamente como “servicio adicional premium opcional”. El programa permitirá a solicitantes de visas de turismo y negocios —categorías B1 y B2— pagar 750 dólares para garantizar una cita de entrevista consular dentro de los diez días calendario siguientes al pago, en embajadas y consulados estadounidenses seleccionados.

Esta tarifa se suma a la tasa estándar de solicitud de visa, que asciende a 185 dólares, con lo que el costo total del trámite acelerado alcanzaría los 935 dólares.

La información fue obtenida por la agencia Associated Press a través de documentos internos y un funcionario del Departamento de Estado, dado que el programa no ha sido anunciado oficialmente. El piloto estará vigente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga según la demanda registrada. Las embajadas y consulados donde estará disponible el servicio serán anunciados antes del inicio del programa.

La medida surge en un contexto de crecientes demoras en los procesos consulares a nivel mundial, derivadas en parte del endurecimiento de los controles migratorios implementados por la administración Trump desde el inicio de su segundo mandato. Entre las medidas adoptadas figuran la exigencia de fianzas de hasta 15.000 dólares para la tramitación de visas en algunos países, principalmente en África, así como la verificación exhaustiva de años de historial personal, incluyendo el rastreo de cuentas en redes sociales. Estos requisitos adicionales han extendido significativamente los tiempos de procesamiento en consulados de todo el mundo.

Para ciudadanos de países que no forman parte del Programa de Exención de Visa —entre los que se encuentra Colombia— los tiempos de espera para una entrevista consular pueden extenderse varios meses, y en algunos casos aún más. El nuevo servicio premium no elimina ese obstáculo de fondo, pero ofrece una vía alternativa para quienes requieran una respuesta consular en plazos más breves. No obstante, el pago de la tarifa acelerada no garantiza la aprobación de la visa: la decisión final continúa siendo discrecional del funcionario consular.

Para el sector empresarial, la medida tiene implicaciones directas. Ejecutivos, representantes comerciales e inversionistas de países fuera del Programa de Exención de Visa que necesiten viajar a Estados Unidos en plazos cortos podrán acceder a este mecanismo para agilizar su trámite. Sin embargo, el costo total del proceso —que supera los 900 dólares antes de considerar otros gastos asociados— y la incertidumbre sobre qué sedes consulares participarán en el piloto son factores que las empresas deberán considerar en su planificación de viajes y agendas de negocios internacionales.

El programa representa una señal de que la administración reconoce las fricciones generadas por su política migratoria sobre los flujos legales de viajeros, en particular los de carácter comercial. Al mismo tiempo, introduce un esquema de diferenciación por capacidad de pago dentro del sistema consular, lo que ha generado debate sobre la equidad del acceso al proceso de solicitud de visa.

El Departamento de Estado no descarta extender el programa más allá de diciembre si los resultados del piloto son favorables. La definición de las sedes participantes, prevista para antes del 1 de julio, será un indicador clave de la cobertura real del servicio y de su relevancia para distintas regiones del mundo, incluida América Latina.

ZELENSKYY HABLA CON ENVIADOS DE TRUMP ANTES DE LA CUMBRE DEL G7 EN FRANCIA

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, informó a través de sus redes sociales haber sostenido el lunes una conversación telefónica con Steve Witkoff, enviado especial del presidente Donald Trump, y con Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense y uno de los principales articuladores de la diplomacia de paz impulsada por Washington. La llamada se produce en la antesala de la cumbre del G7 que se realizará en Évian-les-Bains, Francia, entre el 15 y el 17 de junio, reunión en la que los esfuerzos para resolver la invasión rusa de Ucrania figuran entre los temas centrales de la agenda.

En su publicación, Zelenskyy reconoció que el conflicto ha perdido centralidad en la agenda internacional en medio de la crisis en Oriente Medio. “Comprendemos que gran parte de la atención mundial está centrada en la situación de Irán”, señaló el mandatario. “Pero nuestro objetivo común de paz en Europa sigue vigente”. La declaración refleja una preocupación que se ha instalado en Kyiv: la implicación estadounidense en Oriente Medio ha absorbido recursos militares, atención política y capital estratégico, lo que ha llevado a que Ucrania haya dejado de ocupar una posición central en la agenda de Washington.

El estatus de Zelenskyy en la cumbre de líderes del G7 no ha sido confirmado oficialmente. Un asesor de la presidencia francesa señaló en marzo que Zelenskyy no había sido invitado a la cita de Évian, aunque el palacio del Elíseo no respondió a solicitudes de comentarios al respecto. Ucrania no es miembro del G7, aunque ha participado en ediciones anteriores del foro como invitado.

La llamada del lunes se enmarca en una serie de contactos diplomáticos sostenidos entre Kyiv y Washington desde comienzos de año. A finales de mayo, Zelenskyy manifestó públicamente su expectativa de que Witkoff y Kushner visitaran Kyiv en un plazo de dos semanas, señalando que los enviados habían expresado disposición para viajar a Ucrania, aunque condicionada al estado de los compromisos en Oriente Medio.

El proceso negociador ha transitado por varias rondas de conversaciones trilaterales entre delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Las rondas celebradas en Ginebra, Abu Dabi y Estambul han reducido el documento de negociación a diecinueve puntos sin producir avances sustanciales, en un proceso que ha funcionado más como señalización recíproca que como negociación sustantiva.

La cumbre del G7 en Francia se celebra bajo la presidencia francesa del foro, con el objetivo declarado de reducir los desequilibrios globales y restaurar la vocación original del G7 como espacio de diálogo entre las principales potencias económicas. La agenda estadounidense para la reunión incluye temas como el fortalecimiento de las cadenas de suministro de minerales críticos, la promoción de la inteligencia artificial, el combate al narcotráfico y la migración ilegal, así como el impulso a las exportaciones estadounidenses.

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 se reunirán en Francia en una cumbre de dos días, con las guerras en Irán y Ucrania en el centro de la agenda. Los miembros europeos del bloque han advertido sobre el impacto catastrófico de la guerra en Irán sobre la economía global. El cierre del Estrecho de Ormuz, por el que transitaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, representa una de las principales preocupaciones en materia de seguridad energética para los aliados.

La llamada del lunes entre Zelenskyy y los enviados de Trump ilustra el esfuerzo de Kyiv por mantener visible su causa en los foros multilaterales, en un entorno geopolítico en el que la multiplicidad de crisis simultáneas compite por la atención y los recursos de las principales potencias occidentales.

CIENTÍFICOS DE LA EPA DENUNCIAN PRESIONES PARA MINIMIZAR RIESGOS EN EVALUACIONES DE SEGURIDAD QUÍMICA

Varios empleados actuales y exempleados de la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación de la EPA relataron cómo sus supervisores los han presionado para restar importancia al riesgo potencial de productos químicos presentes en bienes de consumo que se comercializan actualmente en tiendas de todo el país. Los testimonios fueron entregados bajo condición de anonimato, ante el temor de represalias institucionales.

Según los empleados, la presión adopta formas concretas durante el proceso de evaluación. Cuando un análisis preliminar detecta niveles de riesgo en el contacto con una sustancia química, los supervisores solicitan reconsiderar los parámetros de prueba buscando escenarios de exposición mínima. “Lo que nos han dicho es: ‘Veamos escenarios alternativos'”, relató uno de los empleados. “Si al meter ambas manos en un producto químico se observa riesgo, un supervisor podría preguntar: ¿Y si metes solo una mano? ¿Y si metes solo un dedo?”. El mismo empleado concluyó: “Estamos considerando escenarios para los que no tenemos ninguna base”.

Los científicos describieron además un patrón en el que las reuniones internas se convocan rápidamente ante el primer indicio de posibles riesgos para la salud en las etapas tempranas de revisión, antes de que el análisis esté completo. “Básicamente, en el momento en que calculas el riesgo, hay una reunión y te presionan para que averigües cómo podemos hacer que el riesgo desaparezca”, declaró un empleado que había cambiado de puesto dentro de la agencia.

Un elemento adicional de las denuncias apunta a la exclusión de consideraciones sobre grupos raciales en las evaluaciones de riesgo. Los empleados señalaron que ese tipo de análisis —que los científicos describen como metodología estándar para evaluar susceptibilidades diferenciadas en distintas poblaciones— fue clasificado como materia de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y eliminado de los procesos de revisión. Michal Freedhoff, quien lideró la oficina de seguridad química durante la administración Biden, advirtió que ignorar el análisis de subpoblaciones susceptibles “podría dejar a las personas menos seguras y crear vulnerabilidades legales para la agencia”, dado que la ley exige explícitamente ese tipo de evaluación.

Las denuncias se enmarcan en cambios estructurales más amplios dentro de la EPA. Entre los funcionarios designados políticamente para liderar oficinas clave de regulación química figura Nancy Beck, actualmente subdirectora adjunta principal, quien previamente ocupó altos cargos en el Consejo Estadounidense de Química, un grupo de presión del sector. Según fuentes internas, Beck impulsó la reapertura de la evaluación de riesgos del formaldehído —un carcinógeno conocido cuya valoración había sido finalizada en diciembre de 2024— lo que derivó en una propuesta para casi duplicar los niveles de exposición considerados seguros, una medida ampliamente interpretada como favorable a la industria química.

La EPA también anunció que dejará de depender del Sistema Integrado de Información sobre Riesgos (IRIS), un programa científico independiente que durante décadas fundamentó las evaluaciones de riesgo químico de la agencia. En su lugar, las decisiones científicas sobre riesgo serán tomadas por las oficinas de programas individuales, cuyos directivos son designados políticamente. Un memorando interno al que tuvo acceso CNN indica además que los departamentos que utilizaron IRIS como base regulatoria deberían revisar cómo emplearon esa información y determinar si se justifican actualizaciones o cambios, lo que abre la puerta a la revisión retroactiva de evaluaciones previas.

La EPA rechazó las interpretaciones de sus empleados y defendió su enfoque científico. En un comunicado, la agencia sostuvo que está implementando el decreto presidencial sobre Restablecimiento de la Ciencia de Referencia, que busca utilizar “escenarios de exposición realistas en lugar de supuestos que abarquen el peor de los casos”. La agencia negó que esté diseñando evaluaciones para obtener resultados predeterminados.

El contexto regulatorio en el que operan estas evaluaciones es relevante para el sector empresarial. Miles de sustancias químicas presentes en productos de consumo cotidiano nunca han sido evaluadas exhaustivamente, en parte porque la ley original de control de sustancias tóxicas de 1976 eximió de revisión a cerca de 62.000 productos químicos que ya estaban en el mercado. La ley fue actualizada en 2016 para exigir revisiones periódicas, y la EPA está sujeta a plazos judiciales para completar evaluaciones de productos de alta prioridad. Para febrero de 2027 quedan casi una docena de productos químicos por evaluar, y miles más en el horizonte.

Varios empleados advirtieron que la pérdida de científicos sénior —algunos reasignados a funciones administrativas y reemplazados por personal con menos experiencia— y el cambio cultural en la agencia pueden tener consecuencias que se extiendan más allá de la administración actual. “La cultura que impera en estas agencias perdura más que las personas que las conforman”, señaló Kyla Bennett, de la organización Empleados Públicos por la Responsabilidad Ambiental (PEER). Un científico que dejó recientemente la división química de la agencia advirtió que los cambios en curso podrían derivar en una “explosión de efectos negativos para la salud” dentro de algunos años.

SALEN DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP FIGURAS CLAVE EN LA POLÍTICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sriram Krishnan, asesor de inteligencia artificial de la Casa Blanca, abandonó su cargo en la administración Trump, según informaron fuentes cercanas a la Casa Blanca. Krishnan fue uno de los arquitectos del “Plan de Acción de IA” de la administración, un documento que trazó la hoja de ruta para reducir la regulación sobre esta tecnología y promover la construcción de centros de datos en todo el país.

Durante su gestión, Krishnan trabajó de cerca con David Sacks —quien se desempeñó como coordinador de IA y criptomonedas de la Casa Blanca hasta marzo pasado— en la elaboración de una orden ejecutiva que limitó la capacidad de los estados para regular la inteligencia artificial. Ambos funcionarios representaron dentro de la administración la postura promovida por el sector tecnológico de Silicon Valley, orientada a acelerar el desarrollo de la IA con la menor intervención regulatoria posible.

Esa postura generó tensiones recurrentes con otra corriente dentro de la administración, integrada por aliados populistas de Trump preocupados por el impacto de la IA en el empleo de los trabajadores estadounidenses y por sus implicaciones en materia de seguridad nacional. Altos funcionarios como la jefa de gabinete Susie Wiles y el secretario del Tesoro Scott Bessent expresaron inquietudes sobre los riesgos que representan los modelos avanzados de IA, en particular su capacidad para identificar vulnerabilidades en sistemas de software que podrían ser explotadas por actores hostiles para lanzar ciberataques contra agencias gubernamentales, instituciones financieras e infraestructura crítica.

Esas preocupaciones llevaron a la administración a reconsiderar parcialmente su enfoque. Este mes, Trump firmó una orden ejecutiva que permite al gobierno revisar los nuevos modelos de inteligencia artificial antes de su lanzamiento público. La negociación previa a la firma fue significativa: Sacks, ya fuera del gobierno, presionó para que se redujera el plazo de revisión de 90 a 30 días, argumentando que un periodo más largo podría convertirse en un sistema de aprobación obligatoria de facto que frenaría la innovación.

El debate sobre la regulación estatal de la IA también generó fricciones internas. Una orden ejecutiva que limitó las facultades regulatorias de los estados desató semanas de controversia, con sectores del movimiento MAGA argumentando que la medida impediría a los estados aprobar leyes de protección para menores en línea y normas sobre la construcción de centros de datos. El lenguaje final de la orden fue moderado para atender esas inquietudes, y la administración avanzó paralelamente en conversaciones con el Congreso para impulsar una legislación federal que evite la proliferación de marcos normativos estatales distintos, una demanda histórica del sector tecnológico.

Krishnan llegó a la administración con un perfil consolidado en el ecosistema tecnológico. Antes de asumir su cargo, fue socio general en la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz y ocupó posiciones en Facebook y Twitter. Es además aliado cercano de Elon Musk, a quien asesoró durante la adquisición de Twitter en 2022, plataforma que posteriormente fue renombrada como X.

Su designación en 2024 generó una controversia pública entre asesores tecnológicos e influenciadores de derecha, quienes cuestionaron su origen indio y sus posiciones previas favorables a facilitar la llegada de trabajadores extranjeros altamente calificados a Estados Unidos. Musk, Sacks y otros referentes del sector tecnológico salieron en su defensa, aunque el episodio derivó en amenazas en su contra.

A lo largo de su gestión, Krishnan participó en delegaciones internacionales de la Casa Blanca en Francia, India, Oriente Medio y Reino Unido, donde Trump presentó acuerdos en materia tecnológica. También estuvo vinculado a órdenes ejecutivas orientadas a facilitar exportaciones de tecnología estadounidense, impulsar la infraestructura de centros de datos y prohibir la adquisición gubernamental de modelos de IA que incorporaran criterios de diversidad, equidad e inclusión.

Elon Musk, quien dejó su cargo formal como empleado especial del gobierno hace aproximadamente un año, continúa ejerciendo influencia en la política tecnológica de la administración. Participó en conversaciones directas con Trump sobre la orden ejecutiva de IA y acompañó al presidente en su visita a China en mayo pasado, lo que ilustra la persistencia de la influencia de figuras de Silicon Valley en las decisiones de Washington, incluso desde fuera de la estructura formal del gobierno.

PENTÁGONO AÑADE A ALIBABA, BYD Y BAIDU A SU LISTA DE EMPRESAS VINCULADAS AL EJÉRCITO CHINO

El Pentágono anunció el lunes la incorporación de Alibaba Group Holding, BYD y Baidu a su lista de empresas chinas con vínculos al aparato militar del país, conocida como la lista 1260H. La actualización fue publicada en el Registro Federal y amplía un listado que el Departamento de Defensa revisa anualmente con el propósito de identificar compañías que, a juicio del gobierno estadounidense, colaboran con el Ejército Popular de Liberación de China.

La reacción en los mercados fue inmediata. Las acciones de Alibaba Group registraron una caída de 0,5%, BYD retrocedió en igual proporción y Baidu cayó 2,3%. NIO, que había avanzado más de 2% durante la jornada, cedió parte de sus ganancias tras conocerse el anuncio. Los movimientos reflejan la sensibilidad del mercado ante este tipo de designaciones, que si bien no implican sanciones automáticas, introducen incertidumbre regulatoria para los inversionistas.

El Pentágono fundamentó las nuevas incorporaciones en vínculos directos o indirectos con entidades estatales chinas, entre ellas la Comisión Supervisora y Administradora de Activos Estatales (SASAC), el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) y la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional (SASTIND), así como con el propio Ejército Popular de Liberación, la Policía Armada Popular y cuerpos de seguridad del Estado chino.

Entre los criterios adicionales que el Departamento de Defensa tuvo en cuenta figuran la aplicación de políticas de fusión militar-civil, la obtención de designaciones gubernamentales como “Pequeño Gigante” o “Campeón Único”, la presencia en zonas empresariales de integración militar-civil, la tenencia de licencias de producción militar y la participación en programas científicos e industriales del gobierno chino vinculados a la planificación de defensa.

La lista 1260H incluye ya un amplio conjunto de empresas chinas de distintos sectores. Entre las compañías que figuran en el listado actualizado se encuentran CATL, Tencent, Huawei, DJI, TP-Link, Unitree, Hikvision, COSCO Shipping, China Mobile, China Telecom, China Unicom, CNOOC, China State Shipbuilding, Norinco, China Three Gorges y WuXi AppTec, entre otras.

Desde el punto de vista legal, la designación no conlleva consecuencias inmediatas de carácter sancionatorio. Sin embargo, el Pentágono ha recurrido de manera creciente a este mecanismo para restringir la capacidad de las empresas incluidas de acceder a contratos militares estadounidenses o a financiamiento para investigación con fondos federales. La inclusión en la lista también funciona como una señal formal de alerta dirigida a inversionistas institucionales y privados de Estados Unidos.

Analistas del sector consideran que una designación 1260H puede operar como precursor de medidas comerciales más restrictivas, como inclusiones en listas de control de exportaciones o restricciones adicionales en el acceso a mercados de capital estadounidenses. En ese sentido, la lista se ha consolidado como uno de los instrumentos de la política de competencia tecnológica y económica que Washington mantiene frente a Beijing, más allá de su alcance estrictamente militar.

La incorporación de empresas de perfil predominantemente comercial como BYD —fabricante de vehículos eléctricos— y Alibaba —conglomerado de comercio electrónico y servicios en la nube— subraya la amplitud con la que el Departamento de Defensa interpreta el concepto de fusión militar-civil en el ecosistema empresarial chino, una política que el gobierno de Beijing ha impulsado de manera formal desde 2015 como parte de su estrategia de modernización de las fuerzas armadas.

ESTADOS UNIDOS AMPLÍA RESTRICCIONES DE VISA A MÁS DE 100 FUNCIONARIOS NICARAGÜENSES

El gobierno de Estados Unidos amplió esta semana su campaña de restricciones de visa contra funcionarios del gobierno nicaragüense, añadiendo a más de 100 personas —entre titulares de cargos públicos y sus familiares— a una lista que acumula ya más de 2.350 nombres desde que comenzaron estas medidas. Las identidades de los nuevos incluidos no fueron divulgadas públicamente.

El secretario de Estado Marco Rubio señaló en un comunicado oficial que las nuevas restricciones responden, en parte, a la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, ocurrida el mes pasado en un hospital de Managua. Rivera, líder del pueblo miskito y exparlamentario, tenía 73 años y llevaba casi tres años detenido desde su arresto en septiembre de 2023, en el marco de una serie de detenciones de opositores, líderes religiosos, periodistas y activistas civiles.

El gobierno de Nicaragua informó que Rivera falleció a causa de una infección bacteriana derivada de un cuadro de COVID-19 que comprometió progresivamente su estado físico y neurológico. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos de distintos países habían solicitado su liberación en semanas previas, luego de que el propio gobierno nicaragüense publicara imágenes del activista en estado crítico dentro de un centro hospitalario.

En su comunicado, Rubio también mencionó de forma específica al funcionario Lumberto Campbell Hooker, previamente sancionado por Washington, señalando que estuvo directamente involucrado en la negativa de atención médica a Rivera e impidió que su familia pudiera sepultar sus restos.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado informó adicionalmente, a través de su cuenta en la red social X, que seis familiares y personas cercanas a Rivera han desaparecido, y expresó su condena ante esta situación.

Las medidas anunciadas esta semana se suman a acciones previas adoptadas por la administración Trump en los últimos meses. En abril pasado, el gobierno estadounidense ya había impuesto sanciones a dos hijos del presidente Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, quienes ejercen el poder de forma conjunta en Nicaragua.

Desde 2018, el gobierno nicaragüense ha clausurado más de 5.000 organizaciones —en su mayoría de carácter religioso— y ha revocado la ciudadanía y los bienes de cientos de personas, lo que ha llevado a miles de nicaragüenses a abandonar el país. El gobierno de Nicaragua no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por medios internacionales en relación con las nuevas restricciones.