El déficit comercial de Estados Unidos se redujo durante abril impulsado por un fuerte crecimiento de las exportaciones, que alcanzaron un máximo histórico y ofrecieron una señal positiva para el desempeño de la economía en el segundo trimestre del año. De acuerdo con datos publicados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos (U.S. Department of Commerce, DOC), la brecha comercial se ubicó en US$55,9 mil millones, por debajo de los US$56,6 mil millones registrados en marzo.

Las exportaciones totales aumentaron 2,6% frente al mes anterior y alcanzaron un récord de US$327,1 mil millones. Dentro de este resultado se destacó el desempeño de las exportaciones de bienes, que crecieron 4,1% hasta un máximo histórico de US$221,3 mil millones, impulsadas principalmente por mayores ventas de computadores, aeronaves civiles, petróleo y otros insumos industriales.

Uno de los principales motores del crecimiento exportador fue el sector energético. Las exportaciones de petróleo alcanzaron su nivel más alto registrado, favorecidas por el incremento de los precios internacionales del crudo y por una mayor demanda derivada de las tensiones en Medio Oriente. Analistas señalaron que el conflicto entre Irán e Israel y las disrupciones en la navegación por el estrecho de Ormuz contribuyeron a elevar los precios energéticos y, con ello, el valor de las exportaciones estadounidenses.

Las importaciones también aumentaron durante abril, con un crecimiento de 2,0% hasta US$383 mil millones. El avance estuvo liderado por las compras de bienes de capital, especialmente computadores, semiconductores y equipos de telecomunicaciones, reflejando la fuerte inversión empresarial vinculada al desarrollo de inteligencia artificial. Sin embargo, las importaciones de suministros industriales disminuyeron, contribuyendo a una reducción del déficit comercial de bienes.

El informe mostró además una disminución del déficit comercial con China, que pasó de US$14,6 mil millones a US$12 mil millones. Aunque tanto las exportaciones como las importaciones entre ambos países retrocedieron, la administración Trump destacó el resultado como una señal favorable para su estrategia comercial orientada a reducir los desequilibrios externos mediante la aplicación de aranceles y otras medidas de carácter proteccionista.

Los economistas consideran que la evolución del comercio exterior podría contribuir positivamente al crecimiento económico durante el segundo trimestre, luego de que el sector restara dinamismo al Producto Interno Bruto (PIB) en los dos trimestres previos. Actualmente, la Reserva Federal de Atlanta estima una expansión anualizada de 3,0% para la economía estadounidense entre abril y junio, por encima del crecimiento de 1,6% observado durante el primer trimestre.

JUEZ FEDERAL FRENA EL AUMENTO DE TARIFAS PARA VISAS H-1B IMPULSADO POR TRUMP

Un juez federal en Boston anuló este lunes la política de la administración Trump que imponía un cobro de US$100 mil para nuevas solicitudes de visas H-1B, un programa utilizado por empresas y entidades estadounidenses para contratar trabajadores extranjeros altamente calificados. La decisión representa un revés para una de las medidas migratorias más controvertidas adoptadas por la Casa Blanca con el argumento de proteger el empleo de los ciudadanos estadounidenses.

El juez Leo Sorokin determinó que el poder ejecutivo excedió su autoridad al imponer la tarifa sin una autorización explícita del Congreso. En su fallo, concluyó que la medida equivalía a la creación de un impuesto sobre las solicitudes de visas H-1B y que, por tanto, violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula la manera en que las agencias federales desarrollan e implementan regulaciones.

La visa H-1B está destinada a ocupaciones especializadas para las que resulta difícil encontrar trabajadores estadounidenses disponibles. Empresas tecnológicas figuran entre las principales usuarias del programa y cerca de tres cuartas partes de las aprobaciones corresponden a ciudadanos de India. Diversos estados argumentaron que el incremento de costos dificultaba aún más la contratación de profesionales esenciales en sectores como educación, salud e investigación científica.

La medida había generado una fuerte reacción entre empleadores, universidades, estudiantes y trabajadores tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Además de la demanda presentada por 20 estados ante el tribunal de Boston, la política enfrenta otros procesos judiciales impulsados por organizaciones empresariales, grupos religiosos y sindicatos, lo que ha dado lugar a decisiones contradictorias en distintos tribunales federales.

Las autoridades estatales celebraron el fallo y sostuvieron que permitirá cubrir vacantes críticas en escuelas, hospitales y centros de investigación. La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, afirmó que la decisión protege la integridad del programa H-1B y garantizará que instituciones educativas y médicas continúen teniendo acceso al talento internacional necesario para atender necesidades laborales estratégicas.

EXPORTACIONES PETROLERAS DE VENEZUELA MARCAN SU MAYOR NIVEL EN SIETE AÑOS, SEGÚN EE.UU.

El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, afirmó que las exportaciones petroleras venezolanas alcanzaron los 1,25 millones de barriles diarios, el nivel más alto registrado en los últimos siete años. La cifra coincide con los datos más recientes del mercado energético, que muestran un aumento sostenido de los envíos de crudo hacia Estados Unidos, India y Europa durante los últimos meses.

Barrett atribuyó este desempeño al plan impulsado por la administración del presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Según explicó, la estrategia contempla tres etapas (estabilización, recuperación y transición democrática) y ha permitido reactivar sectores clave de la economía venezolana, particularmente la industria de hidrocarburos.

A través de un mensaje difundido por la representación diplomática estadounidense, el funcionario señaló que el aumento de las exportaciones es resultado de la cooperación entre las autoridades interinas venezolanas y el sector privado. Asimismo, sostuvo que el crecimiento de la actividad petrolera está generando beneficios económicos tanto para Venezuela como para Estados Unidos, en momentos en que ambos países han fortalecido sus vínculos comerciales en materia energética.

Las cifras del sector respaldan la tendencia de recuperación. Datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) muestran que la producción venezolana aumentó 22,9% entre enero y abril, mientras que en abril el bombeo alcanzó 1,136 millones de barriles diarios. Por su parte, la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, aseguró a finales de mayo que la producción ya se ubicaba en torno a 1,2 millones de barriles diarios.

La recuperación también ha sido impulsada por reformas orientadas a atraer inversión extranjera al sector energético. Desde comienzos de año, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha promovido cambios regulatorios para facilitar la participación de empresas internacionales en proyectos de exploración, producción y comercialización de crudo, aprovechando las amplias reservas de hidrocarburos que posee el país.

Las perspectivas continúan siendo favorables. De acuerdo con proyecciones de las Naciones Unidas, Venezuela podría superar los US$22 mil millones en ingresos por exportaciones petroleras durante 2026, más de 50% por encima de los US$14,7 mil millones registrados el año anterior. Este avance consolida la recuperación de una industria que busca retornar a niveles de producción y exportación no observados desde antes de las sanciones energéticas impuestas en 2019.

JUEZ PRESIONA AL GOBIERNO DE TRUMP PARA ACELERAR DEVOLUCIÓN DE ARANCELES DECLARADOS ILEGALES

Un juez del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos instó a la administración del presidente Donald Trump a acelerar la devolución de miles de millones de dólares en aranceles que fueron recaudados y posteriormente declarados ilegales por la Corte Suprema de Estados Unidos. Aunque no emitió una nueva orden obligatoria, el magistrado Richard Eaton expresó preocupación por los retrasos que persisten en el proceso de reembolso a los importadores afectados.

Durante una audiencia realizada en Nueva York, Eaton señaló que el sistema implementado por el gobierno está generando una creciente desigualdad entre grandes y pequeñas empresas. Según explicó, las compañías con mayores recursos han podido acceder más fácilmente a los reembolsos mediante el apoyo de agentes aduaneros especializados, mientras que muchos pequeños importadores enfrentan mayores dificultades para navegar los procedimientos establecidos por las autoridades.

El litigio involucra aproximadamente US$166 mil millones en aranceles impuestos bajo una ley de emergencia económica y posteriormente anulados por la Corte Suprema. Hasta ahora, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP) ha procesado solicitudes por cerca de US$90 mil millones y ha remitido alrededor de US$23 mil millones al Departamento del Tesoro de Estados Unidos (U.S. Department of the Treasury) para su devolución a los importadores.

Sin embargo, aún permanecen pendientes los casos más complejos, relacionados con aranceles liquidados, es decir, aquellos cuya determinación final ocurrió tiempo después del pago inicial. Funcionarios de la CBP indicaron que estos reembolsos serán procesados en una etapa posterior, argumentando limitaciones operativas para manejar simultáneamente la totalidad de las reclamaciones. Eaton cuestionó si la apelación presentada por el gobierno contra su fallo de marzo está contribuyendo a retrasar innecesariamente el proceso.

El juez también evalúa una solicitud para certificar una acción colectiva que agrupe a todos los importadores afectados por los aranceles declarados ilegales. De aprobarse, esta medida podría simplificar el proceso de devolución mediante una única orden judicial aplicable a todos los reclamantes. Mientras tanto, la administración Trump continúa defendiendo su política comercial y ha recurrido a otras herramientas legales para mantener nuevos esquemas arancelarios, pese al revés sufrido ante la Corte Suprema.

REPRESENTATE GREER VISITARÁ CALIFORNIA PARA DESTACAR EL IMPULSO A LA MANUFACTURA AVANZADA EN ESTADOS UNIDOS

El representante comercial de Estados Unidos (United States Trade Representative, USTR), Jamieson Greer, realizará los días 11 y 12 de junio una gira por California enfocada en la manufactura avanzada y la producción tecnológica. La visita incluirá recorridos por empresas de sectores estratégicos como vehículos eléctricos, semiconductores, drones e innovación industrial, con el objetivo de destacar los esfuerzos de la administración Trump para fortalecer la producción nacional, atraer inversiones y expandir el empleo manufacturero en territorio estadounidense. Durante la agenda también sostendrá encuentros con líderes empresariales, investigadores y expertos en política económica y tecnológica.

Cronograma

Jueves 11 de junio

• Participación en una mesa redonda con investigadores de la Institución Hoover (Hoover Institution), liderada por su directora y exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice, en Stanford, California.
• Recorrido por una planta de Tesla en Fremont, California.
• Visita a las instalaciones de NextFlex en San José, California.
• Participación en la Cumbre de Juntas Directivas y Directores Ejecutivos de Semiconductores organizada por Barclays en Menlo Park, California.

Viernes 12 de junio

• Recorrido por la planta de manufactura de Skydio en Hayward, California.
• Visita al centro de investigación y desarrollo de Applied Materials en Sunnyvale, California.

CÁMARA DE REPRESENTANTES ALLANA EL CAMINO PARA APROBAR FONDOS MIGRATORIOS POR US$70 MIL MILLONES

La Cámara de Representantes de Estados Unidos avanzó este martes en la aprobación de un proyecto de ley que destinará cerca de US$70 mil millones al fortalecimiento de las agencias encargadas del control migratorio. La votación, realizada siguiendo líneas partidistas, permitió abrir el debate final sobre la iniciativa, que posteriormente sería sometida a una votación definitiva antes de ser enviada al presidente Donald Trump para su promulgación.

El proyecto contempla recursos para financiar durante los próximos tres años al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) y a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Border Patrol, USBP). Los republicanos argumentan que la medida proporcionará estabilidad presupuestaria a las agencias encargadas de aplicar las políticas migratorias de la administración Trump y reducirá la dependencia de futuras negociaciones anuales en el Congreso.

La discusión estuvo marcada por meses de desacuerdos entre republicanos y demócratas. La oposición se negó a respaldar nuevos recursos para las operaciones migratorias después de que agentes federales estuvieran involucrados en un operativo ocurrido en Minneapolis en enero que terminó con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses. La controversia contribuyó a bloquear la financiación de parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security, DHS) y provocó interrupciones operativas en algunos servicios federales.

Durante el trámite legislativo también surgieron diferencias dentro del propio Partido Republicano. Trump había respaldado inicialmente partidas adicionales destinadas a proyectos como la seguridad de un nuevo salón de eventos en la Casa Blanca y un fondo para compensar a aliados políticos que alegaban haber sido objeto de acciones indebidas por parte del gobierno. Sin embargo, esas propuestas fueron retiradas o modificadas para facilitar el avance del proyecto principal.

Los demócratas intentaron negociar reformas migratorias y mayores mecanismos de supervisión a cambio de apoyar la financiación, pero no lograron alcanzar un acuerdo con la Casa Blanca. Con la aprobación previa del Senado y el avance registrado en la Cámara de Representantes, la iniciativa quedó a un paso de convertirse en ley y consolidar uno de los principales pilares de la estrategia migratoria impulsada por la administración Trump.

ALZA DEL DIÉSEL PRESIONA LOS COSTOS DEL SECTOR AGRÍCOLA ESTADOUNIDENSE

El aumento de los precios de los combustibles está generando nuevas presiones sobre los agricultores estadounidenses, especialmente en las regiones productoras de maíz y soya del Medio Oeste. La prolongación del conflicto con Irán y las restricciones al tránsito de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz han impulsado un fuerte incremento en los precios del petróleo y del diésel, afectando a un sector que ya enfrentaba varios años de reducción en sus márgenes de rentabilidad.

Durante mayo, varios estados agrícolas registraron niveles récord en los precios del diésel. Wisconsin alcanzó US$5,87 por galón, mientras que Indiana e Illinois superaron los US$6 por galón. A nivel nacional, el precio promedio del diésel ha aumentado más de 40% desde el inicio de las tensiones en Medio Oriente, acompañado por un incremento cercano al 30% en los precios internacionales del petróleo.

El impacto es particularmente significativo porque la mayor parte de la maquinaria agrícola estadounidense depende del diésel para realizar actividades esenciales como la siembra, fertilización, fumigación y cosecha. A diferencia de otros sectores productivos, los agricultores tienen pocas alternativas para sustituir este combustible, lo que los hace especialmente vulnerables a la volatilidad de los mercados energéticos.

Analistas del sector estiman que los gastos relacionados con combustible podrían aumentar de 3%-4% a cerca de 5%-6% de los costos totales de producción en cultivos extensivos. Al mismo tiempo, los precios de los granos han mostrado una tendencia descendente en las últimas semanas, reduciendo aún más los márgenes de los productores y deteriorando las perspectivas financieras para la actual temporada agrícola.

Algunos agricultores ya han comenzado a modificar sus planes de producción para reducir el consumo de combustible. Productores de estados como Indiana y Nebraska reportaron retrasos en ciertas labores de preparación de tierras y mayores costos de transporte para movilizar sus cosechas hacia los mercados. Estas decisiones reflejan el esfuerzo por contener gastos en un entorno marcado por altos costos operativos y menores ingresos esperados.

Las perspectivas siguen siendo inciertas. Expertos advierten que los precios podrían aumentar aún más si continúan las restricciones sobre los flujos energéticos globales. Además, los inventarios estadounidenses de combustibles destilados, que incluyen diésel y combustible para calefacción, descendieron en mayo a su nivel más bajo en más de dos décadas. En este escenario, cualquier deterioro en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán podría generar nuevas presiones sobre los costos energéticos y profundizar los desafíos que enfrenta el sector agrícola.

PRESIDENTE TRUMP ADVIERTE RESPUESTA MILITAR TRAS ATAQUE IRANÍ A HELICÓPTERO ESTADOUNIDENSE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración responderá al derribo de un helicóptero militar estadounidense ocurrido en el estrecho de Ormuz, incidente que atribuyó a Irán. Aunque los dos pilotos que se encontraban a bordo sobrevivieron y fueron rescatados sin lesiones, el mandatario afirmó que el ataque no puede quedar sin respuesta y advirtió que Washington tomará medidas en represalia.

Según informó el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (United States Central Command, CENTCOM), el helicóptero AH-64 Apache cayó cerca de la costa de Omán y sus dos tripulantes fueron rescatados posteriormente por fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona. El incidente se produjo en medio de las crecientes tensiones que persisten en el Golfo Pérsico y en las principales rutas energéticas de la región.

La situación coincidió con otro episodio de seguridad registrado en el golfo de Omán, donde fuerzas estadounidenses dispararon contra un buque petrolero acusado de violar el bloqueo marítimo que Washington mantiene desde abril sobre embarcaciones vinculadas con puertos iraníes. Estos acontecimientos se suman a los recientes intercambios militares entre Irán e Israel, que han elevado la incertidumbre sobre la estabilidad regional y el futuro de las negociaciones diplomáticas.

Pese al anuncio de posibles represalias, Trump reiteró que aún considera viable alcanzar un acuerdo con Irán en el corto plazo y aseguró que las conversaciones continúan. El mandatario ha insistido en que un entendimiento podría concretarse en cuestión de días, aunque los nuevos incidentes militares representan un desafío adicional para los esfuerzos orientados a reducir las tensiones en Medio Oriente.

DE LA ESPRIELLA REVELA LISTA DE POLÍTICOS QUE DEBERÍAN ESTAR BAJO OBSERVACIÓN DE WASHINGTON

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizó una transmisión en vivo en la que abordó diversos temas relacionados con la campaña hacia la segunda vuelta presidencial. Durante su intervención, el aspirante lanzó críticas contra varios sectores políticos del país y afirmó que autoridades estadounidenses estarían siguiendo de cerca presuntos casos de corrupción vinculados con dirigentes colombianos.

Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo relacionado con el denominado “quitavisas”, mecanismo mediante el cual Estados Unidos puede restringir o cancelar visas a ciudadanos extranjeros. De la Espriella aseguró que funcionarios de Washington mantienen bajo observación a personas involucradas en presuntas irregularidades y sostuvo que la vigilancia internacional sobre casos de corrupción en Colombia se ha intensificado.

En ese contexto, el candidato envió un mensaje directo al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y aseguró que varios dirigentes políticos deberían estar en el radar de las autoridades estadounidenses. “Ya el quitavisas tiene los ojos puestos sobre los corruptos”, afirmó durante la transmisión, antes de mencionar una lista de nombres que, según dijo, merecen seguimiento por parte de organismos internacionales.

Entre las personas mencionadas por De la Espriella se encuentran Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flores, miembros del clan de los hermanos Calle, Mario Fernández, Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Marta Peralta, Johana Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo.

El aspirante vinculó estas afirmaciones con denuncias sobre una presunta compra de votos en distintas regiones del país y con supuestas alianzas entre sectores políticos tradicionales. Según indicó, estas prácticas habrían afectado la transparencia del proceso electoral y merecen una mayor atención tanto de las autoridades nacionales como de organismos internacionales.

La transmisión también estuvo marcada por cuestionamientos dirigidos al candidato Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro. De la Espriella los acusó de desconocer los resultados de la primera vuelta presidencial y afirmó que existiría una estrategia de desinformación orientada a generar tensión política de cara a la jornada definitiva de votación. “La estrategia de Petro y Cepeda es la que conocemos desde siempre”, señaló.

Finalmente, el candidato reiteró sus denuncias sobre presuntas irregularidades electorales en algunas zonas del país. Según afirmó, en territorios bajo influencia de grupos armados ilegales se habrían presentado presiones sobre los votantes y, particularmente en la región Caribe, denunció una supuesta compra de votos que, en su opinión, tuvo incidencia en los resultados de la primera vuelta presidencial.

ESTADOS UNIDOS LANZA SERVICIO PREMIUM PARA ACELERAR CITAS DE VISAS DE TURISMO Y NEGOCIOS

El gobierno de Estados Unidos anunció la creación de un nuevo servicio premium que permitirá a los solicitantes de visas de turismo y negocios acceder a entrevistas consulares en un plazo máximo de diez días hábiles a cambio de un pago adicional de US$750. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, busca reducir el fuerte represamiento que enfrenta actualmente el sistema de procesamiento de visas en distintos países.

Con la nueva modalidad, el costo total del trámite para las visas B-1 y B-2 ascenderá a US$935, al sumar la tarifa regular de US$185 y el nuevo cargo por atención prioritaria. El Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró que este pago no influye en la evaluación de la solicitud ni aumenta las probabilidades de aprobación, sino que únicamente garantiza una cita más rápida para la entrevista consular.

Las autoridades indicaron que el programa tendrá cupos limitados en cada embajada o consulado con el objetivo de evitar que los tiempos de espera del resto de los solicitantes se vean afectados. La lista de sedes participantes será publicada antes del inicio del programa en el portal oficial de viajes del gobierno estadounidense. Asimismo, se precisó que la tarifa adicional no será reembolsable en caso de cancelación o inasistencia a la entrevista.

La iniciativa surge en medio del mayor nivel de congestión consular registrado en los últimos años. Diversos cambios implementados desde 2025 han incrementado significativamente la demanda de entrevistas presenciales, entre ellos la reducción del período para renovar visas sin entrevista y la eliminación de exenciones que anteriormente beneficiaban a múltiples categorías migratorias y grupos de edad.

A estas modificaciones se sumó el endurecimiento de los controles de seguridad relacionados con la actividad digital de los solicitantes. Desde 2025, el gobierno estadounidense amplió progresivamente la revisión de redes sociales para distintas categorías de visas, exigiendo que los perfiles permanezcan públicos durante el proceso de evaluación. Estas verificaciones adicionales han incrementado los tiempos de análisis en consulados que ya operaban cerca de su máxima capacidad.

El impacto de estas medidas ha sido especialmente visible en países con alta demanda de visas. En India, varios consulados registran demoras que se extienden hasta 2027 para algunas categorías de visas de trabajo, mientras que en otras regiones las autoridades han reportado reducciones en la capacidad diaria de procesamiento debido al aumento de requisitos y controles administrativos.

La situación también ha generado desafíos en África, donde Washington estudia concentrar el procesamiento de visas en un menor número de consulados regionales. En algunos casos, los solicitantes deberán desplazarse a otros países para completar sus trámites, mientras continúan vigentes medidas adicionales de verificación destinadas a fortalecer los controles migratorios y de seguridad nacional.