El proceso de estabilización energética global atraviesa su primera crisis severa desde la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Este sábado, Teherán anunció el cierre del estrecho de Ormuz argumentando que Washington ha incumplido el compromiso de poner fin a los combates en todos los frentes, condición que Irán considera parte integral del acuerdo. El mando militar iraní calificó la situación de "claro incumplimiento de los compromisos" por parte de EE.UU. Estados Unidos rechazó el anuncio de forma contundente: el portavoz del Comando Central, capitán Tim Hawkins, declaró que "Irán no controla el estrecho de Ormuz" y confirmó que 55 buques mercantes transitaron el sábado transportando más de 17 millones de barriles de petróleo.

La respuesta del presidente Donald Trump no se hizo esperar. A través de Truth Social, amenazó con imponer peajes en el estrecho si no se alcanza un acuerdo definitivo en el plazo de 60 días establecido en el memorando. Trump describió los recursos que se recaudarían como un cobro por "servicios prestados como ángel guardián a los países de Oriente Medio", en referencia al despliegue militar estadounidense que ha garantizado el tránsito marítimo durante el conflicto. La amenaza añade una variable de costo adicional para las cadenas de suministro globales y se inscribe, por ahora, en la lógica de presión negociadora de la administración.

Pese a la tensión, los equipos negociadores se pusieron en marcha. Pakistán —mediador clave— confirmó el inicio de conversaciones técnicas en Burgenstock, Suiza, con participación catarí. La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Qalibaf y el canciller Abbas Araghchi e integrada por funcionarios del banco central y el sector petrolero, partió hacia Suiza tras una demora de 24 horas. En Washington, el vicepresidente JD Vance confirmó que los negociadores Jared Kushner y Steve Witkoff ya se encontraban en territorio suizo trabajando en los detalles técnicos del acuerdo nuclear, y señaló que él mismo prevé incorporarse en los próximos días. El canciller iraní Araghchi advirtió, sin embargo, que las negociaciones para el acuerdo definitivo solo avanzarán si se cumplen primero los compromisos del memorando. De no ser así, afirmó, "el memorando de entendimiento en su conjunto se verá comprometido."

El principal obstáculo sigue siendo el Líbano. Ni Israel ni Hezbolá son signatarios del acuerdo entre EE.UU. e Irán, que exige el cese de hostilidades en todos los frentes. Irán informó a Hezbolá que no reabrirá el estrecho hasta que Israel anuncie públicamente su compromiso de cesar operaciones y retirarse del país — algo que el primer ministro Benjamin Netanyahu se ha negado a confirmar. Los combates continuaron durante el fin de semana: ataques israelíes en Nabatiyeh y aldeas del sur del Líbano dejaron al menos 16 muertos, entre ellos dos niños, y el número total de fallecidos en este conflicto superó los 4.000. Israel señaló que opera en "modo defensivo" con directivas actualizadas para cesar el fuego, mientras Hezbolá afirmó estar comprometido con el alto el fuego pero responsabilizó a Israel de haberlo violado. Se espera una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno libanés e Israel en Washington la próxima semana.

El escenario mantiene activos los riesgos sobre precios del petróleo, fletes y cadenas de suministro globales. La amenaza de peajes en Ormuz, de materializarse, elevaría los costos de transporte marítimo en rutas estratégicas con efecto indirecto sobre tarifas globales. El punto de inflexión a vigilar esta semana es el resultado de las conversaciones técnicas en Suiza y la evolución del alto el fuego en el Líbano como condición iraní para mantener el acuerdo vigente.

La controversia en relación con la detención en Estados Unidos del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como “Beto Coral”, continuó esté sábado tras conocerse un supuesto memorando oficial que habría sustentado la decisión, según reveló The New York Times.

De acuerdo con el medio, la detención de Coral esta semana en Phoenix por autoridades migratorias, ocurrió el mismo día en que el secretario de Estado, Marco Rubio, habría emitido un documento en el que se determinaba su condición de deportable.

Según una copia del memorando citada por el New York Times, Rubio habría argumentado que Coral, quien ingresó a Estados Unidos en 2015 con visa de turista y tiene una solicitud de asilo pendiente, habría utilizado su permanencia en el país para realizar política en favor del gobierno del presidente Gustavo Petro y en contra de un candidato presidencial respaldado por el presidente Donald Trump.

El documento sostiene que permitir su permanencia “socava los intereses de la política exterior de Estados Unidos” en el contexto del proceso democrático colombiano, al considerar que podría tratarse de actividades con motivaciones políticas desde territorio estadounidense.

La revelación del memorando ha generado debate, no solo por el contenido de los argumentos, sino por el uso de este tipo de instrumentos en un contexto electoral extranjero. Según el mismo reporte, sería la primera vez que esta facultad se utiliza para recomendar la deportación de un activista vinculado a una elección fuera de Estados Unidos.

Cinco estados gobernados por demócratas han promulgado legislación destinada a blindar sus elecciones de medio término de noviembre contra posibles acciones de la administración Trump, según documentó el Voting Rights Lab y una investigación de CNN. Las nuevas normas restringen la presencia de fuerzas del orden federal cerca de los centros de votación, establecen sanciones penales para funcionarios que compartan registros electorales sin autorización y amplían las facultades de los gobernadores para garantizar la continuidad del proceso electoral ante eventuales interrupciones.

Las medidas responden a una serie de acciones concretas de la administración: Trump ha firmado decretos para limitar el voto por correo, su Departamento de Justicia litiga para obtener acceso a padrones electorales en varios estados y agentes federales confiscaron registros electorales de 2020 en condados de Georgia y Arizona. Además, consultado sobre si desplegaría agentes de ICE o Guardia Nacional en centros de votación, Trump respondió que haría "todo lo necesario para garantizar elecciones honestas", sin descartar esa posibilidad.

Cada estado adoptó un enfoque distinto. Connecticut prohibirá desde el 1 de julio que las fuerzas del orden se acerquen a menos de 76 metros de un centro de votación sin permiso de los funcionarios electorales. California tipificó como delito el acceso no autorizado a registros de votantes o máquinas de votación sin orden judicial. Colorado estableció una zona de seguridad de 30 metros alrededor de los centros de votación y otorgó al gobernador poderes de emergencia para garantizar la continuidad electoral. Maryland aseguró el conteo de votos por correo recibidos después del día de elecciones para contiendas locales y estatales. Washington penalizó con hasta cinco años de prisión la divulgación no autorizada de datos del registro electoral.

La Casa Blanca respondió que Trump está "comprometido a garantizar que los estadounidenses tengan plena confianza en la administración electoral" y que la portavoz Karoline Leavitt no había escuchado al presidente "discutir ningún plan formal para desplegar agentes del ICE fuera de los centros de votación." Legisladores republicanos argumentan que los demócratas intentan obstaculizar el escrutinio legítimo del proceso electoral y anticipan impugnaciones legales invocando la Cláusula de Supremacía de la Constitución.

Expertos en derecho electoral consideran que los estados tienen bases jurídicas sólidas, particularmente en las normas que regulan la conducta de sus propios funcionarios —como la ley de Washington— en lugar de intentar controlar directamente al gobierno federal. El desarrollo de este pulso político-legal es relevante: las elecciones de medio término de noviembre definirán el equilibrio de poder en el Congreso y, con ello, el margen de maniobra legislativo de la administración Trump en materia comercial, regulatoria y fiscal durante el resto de su mandato.

Cuando los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán comenzaron a finales de febrero, China observaba con preocupación la posibilidad de que otro régimen aliado fuera derrocado, como había ocurrido con Venezuela semanas antes. Casi cuatro meses después, el panorama es radicalmente distinto: Irán sigue en pie, EE.UU. e Irán firmaron un memorando de entendimiento, y China emerge del conflicto con una influencia diplomática.

Durante el conflicto, Beijing siguió una línea cuidadosamente calibrada: condenó los ataques estadounidenses e israelíes, continuó comprando petróleo iraní desafiando las sanciones de Washington, pero mantuvo canales abiertos con todas las partes involucradas — incluyendo los estados del Golfo atacados por Irán y el propio Trump, quien visitó Beijing el mes pasado. El resultado fue que numerosos líderes extranjeros peregrinaron a Beijing durante el conflicto, entre ellos el canciller iraní Abbas Araghchi y los líderes de Pakistán, el principal mediador.

Los elogios llegaron incluso desde Washington. Durante la cumbre del G7 en Francia, Trump agradeció públicamente al presidente Xi Jinping su neutralidad y reconoció que "probablemente ayudó a que se resolviera" el conflicto, destacando que China no utilizó su poder naval para desafiar el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. Por su parte, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, habló esta semana con el canciller iraní y pidió que la navegación en Ormuz se "gestionara adecuadamente", reiterando el llamado de Beijing a implementar los compromisos del memorando.

En China, el conflicto ha abierto un debate sobre su significado geopolítico más profundo. Analistas y comentaristas chinos se preguntan si la guerra representa un "momento Suez" para Estados Unidos — una referencia al episodio de 1956 que marcó el declive de Gran Bretaña como potencia global. Sun Degang, director del Centro de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Fudan, argumentó que el poder militar estadounidense "no resultó tan abrumadoramente poderoso como Washington había imaginado" y que la incapacidad de EE.UU. para formar una coalición occidental amplia evidencia "crecientes signos de división" en el sistema de alianzas liderado por Washington. El comentarista político Hu Xijin añadió que el conflicto también "disminuyó significativamente" el poder disuasorio de EE.UU. respecto a Taiwán, al exponer los límites de sus reservas de municiones.

Sin embargo, analistas más cautelosos advierten que un eventual declive estadounidense no implicaría automáticamente el ascenso de China a la cima del orden mundial. Sun Chenghao, del Centro de Seguridad y Estrategia Internacional de la Universidad Tsinghua, señaló que "Estados Unidos sigue siendo el actor externo más poderoso en Medio Oriente" y que lo que ha cambiado es que "su predominio ahora requiere costos políticos, militares, económicos y reputacionales mucho mayores." Para el empresariado colombiano, el reposicionamiento de China como potencia diplomática en Medio Oriente tiene implicaciones directas sobre la arquitectura del comercio global, los flujos de inversión y las rutas energéticas que conectan con América Latina.

El senador estadounidense Bernie Moreno, quien se encuentra en Bogotá como observador internacional de la segunda vuelta presidencial, envió un mensaje en sus redes sociales dirigido al pueblo colombiano en el que subrayó que la decisión sobre el futuro del país recae exclusivamente en sus ciudadanos.

Moreno indicó que Colombia enfrenta un momento decisivo en su historia democrática con las elecciones del 21 de junio, y enfatizó que el resultado dependerá del voto libre y soberano de los colombianos.

“Esta es su decisión. El futuro de Colombia está, como lo ha estado durante décadas, en sus propias manos. Ustedes son una nación soberana”, señaló el senador en su mensaje.

El legislador también destacó el valor del voto como un derecho fundamental y advirtió que “traicionar el voto por dinero sucio” constituye una ofensa, en una referencia implícita a prácticas que afectan la integridad electoral.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos a participar en la jornada electoral con responsabilidad, destacando valores como la seguridad, la prosperidad, la unidad y la defensa de las instituciones democráticas.

Moreno llegó al país atendiendo una invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para observar el desarrollo de los comicios.