El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que 19 millones de barriles de petróleo atravesaron el estrecho de Ormuz el lunes, una cifra que calificó como un “récord histórico”. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó que los precios del petróleo están cayendo y que el mundo es ahora un lugar más seguro, al atribuir este resultado al acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada entre Washington y Teherán.

Las declaraciones de Trump se produjeron poco después de que Irán confirmara que el estrecho de Ormuz permanece “completamente abierto” para las embarcaciones comerciales, en cumplimiento de lo pactado con Estados Unidos para extender el alto el fuego y avanzar hacia un acuerdo definitivo en un plazo de sesenta días. El embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, precisó que durante este período los buques podrán transitar por esta ruta estratégica sin pagar ningún tipo de tarifa.

No obstante, el diplomático iraní advirtió que el futuro del estrecho, incluido el paso de embarcaciones militares, dependerá del resultado de las negociaciones en curso. Bahreini sostuvo que “la situación no será la misma que antes de la guerra”, ya que Teherán considera que sus adversarios utilizaron esta vía marítima para abastecer bases en el Golfo Pérsico y facilitar operaciones militares contra el país.

En ese contexto, el representante iraní indicó que su gobierno mantendrá conversaciones con Omán, nación con la que comparte la soberanía del estrecho de Ormuz, para definir si será necesario adoptar nuevas disposiciones relacionadas con el tránsito por este corredor marítimo. Al mismo tiempo, insistió en que Irán no contempla el estrecho como una fuente potencial de ingresos y descartó, por ahora, la imposición de pagos o gravámenes para las embarcaciones comerciales.

Bahreini también rechazó las afirmaciones de funcionarios estadounidenses sobre una eventual ampliación de las inspecciones nucleares. El diplomático aseguró que Irán no tiene previsto permitir que el Organismo Internacional de Energía Atómica (International Atomic Energy Agency, OIEA) inspeccione las instalaciones nucleares dañadas durante la guerra y afirmó que tampoco aceptará supervisión externa sobre el uso de los activos iraníes descongelados en el extranjero, al insistir en que Teherán será el único responsable de decidir el destino de esos recursos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán accedió a someterse al más alto nivel de inspecciones nucleares por un período “infinito”, lo que, según afirmó, representa una garantía de “honestidad nuclear” por parte de Teherán. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario sostuvo que “Irán ha aceptado plena y completamente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período (¡infinito!)” y agregó que “si no hubieran aceptado esto, ¡no habría más negociaciones!”.

Trump afirmó además que esta y “otras importantes concesiones hechas por Irán” lo llevaron a aceptar que el estrecho de Ormuz permanezca abierto y sin un nuevo bloqueo naval. Aunque indicó que Estados Unidos mantendrá algunos buques en posiciones estratégicas “por si fuera necesario restablecer el bloqueo”, señaló que “en este momento parece muy improbable”.

Sin embargo, la versión de Washington fue rápidamente cuestionada por Teherán. El embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, confirmó que el estrecho de Ormuz se encuentra “completamente abierto para embarcaciones comerciales” y que los barcos no tendrán que realizar pagos para cruzarlo al menos durante los sesenta días contemplados en el acuerdo preliminar alcanzado entre ambos países.

No obstante, el diplomático iraní negó que su país tenga previsto permitir nuevas inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en las instalaciones nucleares que resultaron afectadas durante la guerra, contradiciendo directamente las declaraciones del presidente estadounidense sobre un supuesto acuerdo de supervisión nuclear indefinida.

Las diferencias entre ambas partes también se extendieron al manejo de los activos iraníes descongelados en el exterior. Trump aseguró que “el dinero y/o las sanciones que el Tesoro de Estados Unidos está liberando se depositan en una cuenta de garantía bloqueada, controlada por Estados Unidos” y que esos recursos se utilizarán exclusivamente para comprar alimentos y suministros médicos estadounidenses, incluidos “maíz, trigo y soja de nuestros grandes agricultores estadounidenses”.

Bahreini rechazó igualmente esta interpretación y sostuvo que será Irán quien decidirá de manera soberana cómo utilizar esos recursos. “No habrá ninguna entidad u otra parte que tengan algo que decir sobre cómo se usan”, afirmó el embajador iraní. Pese a estas discrepancias sobre las inspecciones nucleares, el futuro del estrecho de Ormuz y el destino de los activos descongelados, Trump insistió en que “¡las conversaciones van bien!”.

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes, por primera vez, una resolución de poderes de guerra destinada a limitar la capacidad del presidente Donald Trump para emprender acciones militares contra Irán sin autorización del Congreso. La medida fue aprobada por un estrecho margen de 50 votos contra 48 y representa un inusual revés político para la Casa Blanca en medio de los debates sobre el conflicto con Teherán y el acuerdo alcanzado recientemente para poner fin a las hostilidades.

Aunque la resolución tiene un alcance principalmente simbólico y no posee plenamente fuerza de ley, el resultado refleja la creciente incomodidad de algunos legisladores republicanos frente a la estrategia de Trump hacia Irán. La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes a comienzos de este mes y constituye la décima ocasión en la que el Senado intenta frenar las facultades de guerra del Ejecutivo relacionadas con este conflicto.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, celebró la votación y aseguró que “una y otra vez, la gran mayoría de los republicanos del Senado se pusieron del lado de Trump y de su guerra en lugar del pueblo estadounidense”. Schumer también afirmó que los ciudadanos han pagado el precio por lo que calificó como “el error histórico de Trump en Irán”, al considerar que la intervención pasará a la historia como una de las peores decisiones de política exterior del país.

La resolución contó con el respaldo de cuatro senadores republicanos que anteriormente también habían expresado reservas sobre la guerra: Lisa Murkowski, Susan Collins, Rand Paul y Bill Cassidy. La ausencia de dos republicanos, entre ellos Mitch McConnell, quien se encuentra hospitalizado, dejó al Partido Republicano sin los votos suficientes para bloquear la iniciativa. El único demócrata que votó en contra fue John Fetterman.

La votación se produjo mientras la Administración Trump busca recursos adicionales para financiar las consecuencias del conflicto. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, comparece esta semana ante el Congreso para solicitar cerca de US$80 mil millones destinados principalmente a reponer municiones y fortalecer inventarios militares tras la guerra con Irán. El Pentágono estima que el conflicto costó US$11,3 mil millones durante su primera semana y algunos expertos calculan que la factura total podría acercarse a los US$100 mil millones.

Al mismo tiempo, Trump se prepara para reunirse con senadores republicanos en el Capitolio mientras el vicepresidente JD Vance participa en negociaciones con Irán para intentar alcanzar un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní. Entre los puntos que han generado mayor resistencia dentro del Partido Republicano se encuentra el fondo de US$300 mil millones contemplado para la reconstrucción de Irán, una cifra que varios legisladores consideran excesiva.

El senador republicano Ted Cruz expresó públicamente sus dudas sobre el acuerdo y afirmó que cree que el presidente está recibiendo “muy malos consejos sobre Irán”. Mientras tanto, los demócratas sostienen que la pausa en las hostilidades ofrece una oportunidad para que el Congreso recupere protagonismo en las decisiones de política exterior y seguridad nacional. Aunque la resolución no obliga directamente a la Administración a modificar su estrategia, su aprobación constituye una clara señal de descontento legislativo frente al manejo de la guerra y sus implicaciones presupuestales.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes que su gobierno buscará integrar al país al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y varios de sus aliados políticos para fortalecer la cooperación hemisférica en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

En menos de 48 horas después de su victoria electoral sobre Iván Cepeda, De la Espriella ha intensificado los contactos con figuras del Partido Republicano. En su primer discurso tras las elecciones recibió a la congresista María Elvira Salazar, quien respaldó su candidatura durante la segunda vuelta, y posteriormente sostuvo un encuentro en Barranquilla con el senador Bernie Moreno, uno de los aliados más cercanos de Trump.

Moreno celebró el resultado electoral y aseguró que la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos se fortalecerá en la nueva administración. El senador también señaló que facilitó una conversación entre De la Espriella y Trump, quien en las últimas horas ha destacado públicamente la victoria del presidente electo colombiano y ha atribuido el cambio político en el país al respaldo que le expresó durante la campaña.

El acercamiento entre ambos gobiernos se profundizó luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, felicitara a De la Espriella por lo que calificó como una “histórica victoria” y le extendiera una invitación para trabajar con el Departamento de Guerra (Department of War, DOW) y la Coalición Contra el Cartel de las Américas (A3C), con el objetivo de revitalizar la cooperación militar y combatir la producción de narcóticos y las organizaciones criminales que operan en el hemisferio.

En respuesta, De la Espriella aseguró que “a partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas” y reiteró que su gobierno impulsará una estrategia de seguridad más estrechamente alineada con Estados Unidos. “Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde”, afirmó el mandatario electo, en una jornada en la que Trump también reveló que ambos sostuvieron una conversación telefónica tras los comicios y aseguró que el presidente colombiano lo llamó para agradecerle por su apoyo.

El respaldo desde Washington continuó este martes con un mensaje de Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para América Latina, quien felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria electoral y expresó su expectativa de trabajar con la nueva administración colombiana para impulsar las prioridades del Escudo de las Américas en la región. “Juntos, podemos crear un futuro más seguro y próspero para los estadounidenses y los colombianos”, escribió la funcionaria, en otra señal del interés de la Administración Trump por estrechar la cooperación con el próximo Gobierno colombiano.

Un tribunal federal de apelaciones autorizó este martes a la Administración de Donald Trump a ampliar el uso del proceso de deportación acelerada, una medida que permitirá expulsar de manera expedita a ciertos migrantes detenidos en cualquier parte de Estados Unidos. La decisión revoca un fallo emitido en agosto de 2025 por una jueza federal que había bloqueado la expansión de esta política impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS).

El mecanismo de deportación acelerada ha sido utilizado durante casi tres décadas para devolver rápidamente a migrantes detenidos en la frontera. Sin embargo, en enero de 2025, la Administración Trump amplió su alcance para incluir a personas no ciudadanas aprehendidas en cualquier lugar del país que no puedan demostrar haber permanecido de manera continua en Estados Unidos durante al menos dos años.

La decisión del tribunal de apelaciones, adoptada por dos votos contra uno, concluyó que la Administración actuó dentro de las facultades otorgadas por el Congreso. En la opinión mayoritaria, el juez Justin Walker sostuvo que el Gobierno está autorizado para extender el procedimiento de deportación acelerada “hasta el máximo alcance permitido por el Congreso” y argumentó que los migrantes reciben una notificación sobre el proceso y tienen la oportunidad de presentar objeciones, incluido acreditar su tiempo de permanencia en el país.

El fallo contó con el respaldo de la jueza Neomi Rao, también designada por Trump, y tuvo el voto disidente del juez Robert Wilkins, nombrado por el expresidente Barack Obama. Wilkins cuestionó que las personas detenidas en el interior del país puedan ser sometidas al proceso sin siquiera ser consultadas sobre cuánto tiempo han vivido en Estados Unidos y calificó el procedimiento como “lamentablemente inadecuado” para quienes son interceptados lejos de la frontera.

La Administración celebró la decisión judicial. James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que el fallo “reivindicó nuestra decisión de aplicar la ley tal y como está escrita”. Por el contrario, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes expresaron su preocupación por las consecuencias de la medida y anunciaron que evalúan los próximos pasos en su desafío judicial.

Anand Balakrishnan, abogado de la organización Make the Road New York y de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), advirtió que la política de deportaciones aceleradas de la Administración Trump “someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores”. Según el jurista, la decisión judicial debilita el principio fundamental de que las personas deben contar con garantías de debido proceso cuando el Gobierno busca deportarlas.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, afirmó que la Administración de Donald Trump mantendrá su apoyo a los esfuerzos dirigidos a alcanzar una reconciliación política en el país. El pronunciamiento se produjo tras una reunión con la dirigente opositora Dinorah Figuera, a quien Washington respalda en la búsqueda de un proceso de diálogo con el chavismo.

En una publicación difundida por la Embajada de Estados Unidos en la red social X, Barrett señaló que “seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un elemento clave del plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio”. La representación diplomática también compartió imágenes del encuentro, aunque no precisó cuándo se realizó.

Figuera, quien defiende la continuidad del Parlamento opositor elegido en 2015, regresó a Venezuela el pasado jueves después de permanecer ocho años en el exilio. Su retorno se produjo en calidad de enviada del Departamento de Estado para sostener reuniones con las autoridades del Gobierno interino, en medio del proceso de transición política iniciado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington.

En una entrevista concedida al periodista Luis Olavarrieta, la dirigente opositora explicó que uno de los principales objetivos de esta nueva etapa es la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) “vigoroso, creíble y transparente”. Figuera reconoció que la misión no será sencilla, pero agradeció el acompañamiento y respaldo de Estados Unidos en las gestiones encaminadas a una salida política negociada.

El pronunciamiento de Washington se produce un mes después de que la Plataforma Unitaria Democrática propusiera una negociación “seria, firme y responsable”, liderada por María Corina Machado y respaldada por Estados Unidos, con el propósito de restaurar la democracia mediante una elección presidencial libre y transparente. Sin embargo, el chavismo respondió posteriormente que no contempla una negociación con la oposición mayoritaria y “menos” con Machado.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra cinco entidades estatales cubanas y una persona vinculada a la familia Castro, en una nueva escalada de presión sobre La Habana. Según el Departamento de Estado, las medidas buscan “poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio” y forman parte de la estrategia de la Administración Trump para aumentar el aislamiento económico y financiero de la isla.

Tres de las entidades sancionadas están vinculadas al conglomerado militar empresarial Gaesa, considerado por Washington como uno de los principales instrumentos económicos del régimen cubano. Entre ellas se encuentran Rafin y Banco Financiero Internacional (BFI), dos instituciones financieras que, según el secretario de Estado, Marco Rubio, “se dedican a mover dinero en nombre del régimen”, así como Almacenes Universales, una empresa logística que desarrolla actividades portuarias y de almacenamiento.

Las otras dos entidades sancionadas son la Empresa Siderúrgica José Martí, la mayor productora de acero bruto de Cuba y que recientemente fue modernizada con recursos provenientes de Rusia, y GeoMinera, una compañía estatal que administra activos de minerales metálicos no niquelíferos y que cuenta con inversión de la australiana Antilles Gold y otros socios extranjeros.

Washington también impuso sanciones contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo del expresidente Raúl Castro. La medida se produce en un contexto de creciente presión estadounidense sobre figuras cercanas al poder en la isla y se suma a las sanciones previamente adoptadas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el propio Castro Espín.

En un mensaje publicado en la red social X, Rubio afirmó que “la situación en Cuba se está deteriorando mientras el régimen comunista corrupto, brutal y antiestadounidense de la isla continúa priorizando su control total sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano”. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo además que Gaesa “ha servido persistentemente como el principal vector para que las élites del régimen roben los escasos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje”.

Rubio advirtió que cualquier persona o empresa que preste servicios a las entidades sancionadas corre el riesgo de ser objeto de medidas similares e instó a los bancos extranjeros y demás compañías a suspender de inmediato cualquier relación con estos actores. Las nuevas sanciones se suman al bloqueo de crudo y a las medidas decretadas por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo contra entidades extranjeras que operen en sectores estratégicos de energía, defensa, minería y servicios financieros en Cuba.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este martes a favor de que ExxonMobil continúe con su demanda contra la estatal cubana Corporación Cimex para reclamar compensaciones por los activos que le fueron confiscados en Cuba en 1960. La decisión refuerza el alcance de la Ley Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, conocida como Ley Helms-Burton, y podría facilitar que otras empresas y ciudadanos estadounidenses impulsen reclamaciones similares.

Por seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal determinó que la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976 (FSIA), que normalmente protege a los Estados extranjeros y sus entidades de litigios civiles en tribunales estadounidenses, no aplica en este tipo de casos. En consecuencia, prevalece la Ley Helms-Burton, que elimina la inmunidad soberana de las agencias y entidades instrumentales cubanas frente a determinadas demandas de compensación.

La demanda de ExxonMobil se remonta a la nacionalización de sus activos en la isla tras la revolución cubana. La petrolera sostiene que nunca recibió compensación por la expropiación de una refinería y más de un centenar de estaciones de servicio confiscadas por el Gobierno cubano en 1960, por lo que presentó una reclamación multimillonaria contra Corporación Cimex.

El fallo se suma a otra decisión adoptada por la Corte Suprema en mayo, cuando permitió que la constructora estadounidense Havana Docks fuera compensada por operadores de cruceros que utilizaron muelles en La Habana que habían sido confiscados décadas atrás por el Gobierno cubano. La empresa demandó a varias navieras por emplear esas instalaciones entre 2016 y 2019, también al amparo de la Ley Helms-Burton.

En su argumentación, los magistrados señalaron que “toda la arquitectura de la Ley Helms-Burton” demuestra que esta norma levanta la inmunidad soberana de las entidades cubanas y no exige que los demandantes deban acogerse a las excepciones previstas en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. La decisión podría incentivar nuevas acciones judiciales relacionadas con propiedades confiscadas en Cuba y aumentar la presión legal sobre empresas estatales de la isla.

Estados Unidos y otros quince países de América emitieron este martes una declaración conjunta en la que expresaron su profunda preocupación por el impacto de los bloqueos de carreteras en Bolivia y respaldaron al Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Los países firmantes advirtieron que las acciones de los grupos movilizados representan una amenaza para la democracia, el Estado de derecho y la estabilidad constitucional tanto en Bolivia como en el hemisferio.

En el comunicado, los gobiernos señalaron que una “minoría violenta” intenta desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses y criticaron el rechazo de estos grupos a las iniciativas de diálogo promovidas por el Gobierno. Asimismo, denunciaron que los bloqueos se han prolongado por más de siete semanas, restringiendo el acceso de la población a alimentos, combustible, atención médica y otros bienes esenciales.

La declaración también destacó que las restricciones al libre tránsito han tenido consecuencias humanitarias graves. Según los países firmantes, se han registrado muertes de civiles bolivianos debido a las dificultades para acceder oportunamente a medicamentos, hospitales y centros de salud, mientras que varios agentes de policía han resultado heridos durante las protestas. “La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, enfatizaron.

Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú reiteraron su apoyo al Gobierno constitucionalmente elegido de Rodrigo Paz e instaron a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco institucional vigente. Asimismo, reafirmaron su compromiso de seguir trabajando conjuntamente para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en la región.

Una jueza federal bloqueó este lunes el uso de una versión modificada del Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE), una herramienta que se había convertido en una pieza central de los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para reforzar la verificación de ciudadanía en los registros electorales de todo el país. La magistrada Sparkle L. Sooknanan concluyó que las recientes modificaciones al sistema podrían provocar la eliminación errónea de ciudadanos estadounidenses de las listas de votantes.

En su decisión, la jueza sostuvo que el Gobierno federal “ha pisoteado conscientemente los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto”. Asimismo, señaló que el Congreso había prohibido expresamente la centralización de información personal identificable de los ciudadanos y afirmó que las agencias que desarrollaron el nuevo sistema eran conscientes de que la base de datos violaba esas protecciones legales.

El fallo representa un revés significativo para la estrategia electoral de Trump, que durante su segundo mandato ha intentado utilizar las agencias federales para promover una revisión más estricta de los registros electorales estatales en busca de personas no ciudadanas inscritas para votar. La versión ampliada del SAVE había sido uno de los pilares de la segunda orden ejecutiva sobre elecciones firmada por el presidente republicano este año.

La Administración defendió el programa y anunció que continuará la batalla judicial. James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), afirmó en redes sociales que “es increíble lo mucho que la izquierda luchará para impedir que resolvamos problemas que insisten en que no existen”. Por su parte, el Departamento de Justicia (U.S. Department of Justice, DOJ) indicó que seguirá defendiendo de manera enérgica la agenda de control migratorio de Trump y el uso del sistema SAVE para verificar la ciudadanía.

La decisión también reavivó el debate sobre el voto de personas no ciudadanas en Estados Unidos. Aunque la práctica es ilegal y puede ser castigada como un delito grave que incluso puede derivar en deportación, diversos estudios y autoridades electorales han señalado que estos casos son extremadamente poco frecuentes y representan solo una pequeña fracción de los registros de votantes en el país.

El sistema SAVE fue creado originalmente para ayudar a las agencias gubernamentales a impedir que personas no ciudadanas recibieran beneficios públicos. Sin embargo, desde abril de 2025, al menos 25 estados lo utilizaron para revisar sus registros electorales después de que la Administración Trump ampliara considerablemente sus capacidades de búsqueda. Desde entonces, más de 67 millones de registros de votantes han sido verificados mediante esta herramienta.

Los demandantes, entre ellos la Liga de Mujeres Votantes y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica, argumentaron que el programa actualizado vulneraba los derechos de privacidad y electorales de los ciudadanos estadounidenses. La jueza coincidió con parte de esas preocupaciones y concluyó que el sistema había identificado erróneamente a algunos ciudadanos como no ciudadanos, lo que llevó a que ciertos estados comenzaran a retirar a votantes elegibles de sus registros basándose en información inexacta.