El secretario del Tesoro de Estados Unidos (U.S. Department of the Treasury), Scott Bessent, expresó este miércoles su confianza en que la economía estadounidense pueda recuperar un ritmo de crecimiento cercano al 3% anual antes de finalizar el año. En una entrevista con CNBC, el funcionario aseguró que la actividad económica mantiene fundamentos sólidos y afirmó que es posible que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cierre 2026 con “un tres adelante”.

Las declaraciones de Bessent se producen en un contexto de moderación económica durante los últimos dos trimestres, marcado por el resurgimiento de las presiones inflacionarias, un mercado laboral menos dinámico y el impacto de las políticas arancelarias impulsadas por el presidente Donald Trump. Durante el primer trimestre de este año, la economía estadounidense registró un crecimiento anualizado de 1,6%, luego de haber avanzado apenas 0,5% en el último trimestre de 2025.

El secretario del Tesoro reiteró que su estrategia económica denominada “3-3-3” sigue siendo alcanzable. El plan contempla alcanzar un crecimiento económico del 3%, reducir la relación déficit fiscal/PIB al 3% y elevar en tres millones de barriles diarios la producción doméstica de petróleo. Según Bessent, la economía se expandía a un ritmo cercano al 4% en febrero, antes de que el conflicto con Irán alterara el panorama económico y geopolítico.

En materia fiscal, el funcionario señaló que la reducción del déficit es un objetivo alcanzable hacia el final del mandato de Trump. La relación déficit/PIB cerró 2025 en 5,8%, después de mantenerse por encima del 6% en 2023 y 2024, niveles excepcionalmente elevados para periodos de paz y asociados en gran medida al aumento del gasto público durante la pandemia de COVID-19.

Bessent destacó además que el déficit presupuestario acumulado en los primeros ocho meses del ejercicio fiscal 2026 asciende a US$1,25 billones, cifra que representa una disminución de 9% frente al mismo periodo del año anterior. A su juicio, una reducción sostenida del déficit permitiría estabilizar el peso de la deuda pública como porcentaje de la economía y fortalecer las perspectivas de crecimiento de largo plazo.

Las declaraciones del secretario del Tesoro también se producen en medio de las reiteradas presiones de Trump sobre la Reserva Federal de Estados Unidos para reducir las tasas de interés. No obstante, la autoridad monetaria ha evitado nuevos recortes debido al repunte inflacionario registrado este año. Bessent aseguró que el presidente tiene plena confianza en que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, conducirá la política monetaria de manera adecuada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que pondrá fin de manera inmediata a las negociaciones de paz con Irán si Teherán decide imponer peajes, costos de seguro u otros cargos a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó que las autoridades iraníes le comunicaron que no tienen previsto aplicar este tipo de medidas sobre una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

Trump aseguró que, pese a los reportes que calificó como “noticias falsas”, Irán le informó a Washington que no se están cobrando tarifas a las embarcaciones que utilizan el paso marítimo. El mandatario estadounidense advirtió que, de comprobarse lo contrario, las conversaciones entre ambos países se romperían de inmediato, elevando nuevamente la incertidumbre sobre la sostenibilidad del proceso diplomático.

El presidente también rechazó las versiones que indican que Estados Unidos ha liberado recursos o entregado dinero a la República Islámica. Por el contrario, sostuvo que los fondos iraníes que permanecen bajo control estadounidense serían utilizados para adquirir maíz, trigo, soja y otros productos agrícolas producidos en Estados Unidos, argumentando que Irán enfrenta una necesidad urgente de alimentos.

Las declaraciones se producen una semana después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento orientado a reabrir el estrecho de Ormuz y a crear las condiciones para avanzar hacia un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní. Trump afirmó además estar “100%” seguro de que Irán aceptará la presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (International Atomic Energy Agency, IAEA), al considerar que la supervisión internacional es un elemento indispensable para mantener vivas las negociaciones.

Sin embargo, Irán reiteró este miércoles que no prevé autorizar inspecciones inmediatas del IAEA. El viceministro de Exteriores, Kazem Garibabadi, señaló que cualquier discusión sobre las verificaciones y otros asuntos relacionados con el programa nuclear solo podrá abordarse en el marco de un acuerdo definitivo y una vez que la otra parte adopte medidas concretas para levantar la totalidad de las sanciones impuestas al país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este miércoles al Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) investigar a las grandes compañías petroleras por los elevados precios de la gasolina y por no reflejar en los surtidores la reciente caída de las cotizaciones internacionales del petróleo. El mandatario afirmó que los consumidores continúan pagando precios excesivos pese al abaratamiento de la materia prima.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump aseguró que los precios del petróleo se están desplomando, pero que esa reducción no se está trasladando de manera proporcional al precio de la gasolina. Por ello, exigió una disminución más rápida de los precios al consumidor y pidió al Departamento de Justicia actuar de inmediato.

El mandatario acusó a las grandes empresas petroleras de cobrar precios abusivos y de estar especulando con los consumidores estadounidenses. Aunque no mencionó a ninguna compañía en particular, sostuvo que la diferencia entre la caída del precio del crudo y el comportamiento de la gasolina evidencia prácticas que, a su juicio, merecen ser investigadas por las autoridades federales.

La decisión también refleja la creciente presión política que enfrenta la Casa Blanca por el elevado costo de la gasolina, uno de los temas con mayor impacto sobre la percepción económica de los hogares estadounidenses. Los precios de los combustibles se han convertido en un factor de sensibilidad política para la administración Trump, especialmente en un contexto en el que el Gobierno ha buscado destacar avances en materia de inflación y crecimiento económico.

Tras las declaraciones del presidente, el Instituto Americano del Petróleo , que representa a las principales compañías de petróleo y gas del país, señaló que la industria comparte el objetivo de aliviar la presión sobre los precios de la gasolina. No obstante, el gremio no se pronunció sobre las acusaciones de especulación formuladas por la Casa Blanca ni sobre la posibilidad de una investigación federal al sector.

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este miércoles el reinicio formal de sus relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019, luego de aceptar el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo gobernador del país ante la entidad. La decisión supone la reanudación del diálogo institucional con Caracas y el reconocimiento del Gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, aunque no implica de momento el acceso a nuevos instrumentos de financiamiento.

En un comunicado, el BID indicó que tomó nota del nombramiento de Calixto José Ortega Sánchez como gobernador ante las Asambleas de Gobernadores, una designación que entra en vigor de manera inmediata. La entidad añadió que, en la medida en que Venezuela avance en su proceso de recuperación, enfocará sus esfuerzos en brindar apoyo al pueblo venezolano a partir de su experiencia y conocimiento acumulado sobre la región.

Ortega, expresidente del Banco Central de Venezuela y actual vicepresidente sectorial de Economía, fue propuesto por Caracas en mayo y ahora deberá designar a un nuevo director ejecutivo ante el BID en Washington. El nuevo representante sustituirá a Gustave Tarre, quien había sido nombrado en 2019 después de que la entidad reconociera al Gobierno interino de Juan Guaidó, una decisión que llevó al congelamiento de las relaciones entre ambas partes.

Pese al restablecimiento del diálogo, Venezuela todavía mantiene una deuda acumulada cercana a los US$2,5 mil millones con el BID. Antes de acceder a nuevas líneas de crédito o programas de financiamiento, el país deberá comenzar un proceso de reembolso o reestructuración de sus obligaciones con la entidad, un paso que será determinante para la eventual normalización de su relación financiera con el organismo multilateral.

El gigante tecnológico chino Alibaba presentó una demanda contra el Departamento de Guerra de Estados Unidos (U.S. Department of Defense, DoD) para impugnar su reciente inclusión en la lista de empresas consideradas colaboradoras del Ejército chino. La compañía sostiene que la decisión fue arbitraria, inconstitucional y adoptada sin respetar las garantías básicas del debido proceso.

En la demanda, radicada ante un tribunal federal en San José, California, Alibaba afirma que el Pentágono excedió sus facultades al designarla como una “empresa militar china” sin aportar pruebas suficientes ni ofrecer explicaciones sustantivas. La tecnológica asegura que desde enero había iniciado contactos con las autoridades estadounidenses, luego de conocer que estaba siendo evaluada para integrar el listado.

La empresa argumenta que sus operaciones no tienen relación con actividades militares y niega estar afiliada, controlada o dirigida por el Ejército Popular de Liberación o por el Gobierno chino. Según la compañía, el Departamento de Guerra ignoró los argumentos y la información que presentó durante los meses previos a la actualización anual de la lista.

Alibaba también sostiene que la designación ha tenido efectos concretos sobre su capacidad de representación y defensa de sus intereses en Washington. La empresa asegura que algunos de sus cabilderos dejaron de trabajar con ella por temor a posibles repercusiones, lo que, en su opinión, constituye una vulneración de su derecho a la libre expresión y a presentar peticiones ante el Gobierno estadounidense.

La demanda se suma a las acciones judiciales emprendidas por otras compañías chinas incluidas en la más reciente actualización del listado, entre ellas la firma biotecnológica Wuxi AppTec. El pasado 9 de junio, Washington incorporó además a empresas como Baidu, BYD, Unitree, RoboSense, CXMT e YMTC, alegando presuntos vínculos con entidades estatales chinas, acusaciones que varias de las compañías han rechazado.

Aunque la inclusión en la lista no implica sanciones inmediatas, la legislación estadounidense prohíbe al Departamento de Guerra contratar con las empresas designadas y contempla extender estas restricciones a las adquisiciones indirectas a partir de 2027. La decisión ha profundizado las tensiones entre Washington y Pekín, que respondió denunciando una “represión injustificada” contra sus empresas y anunció nuevas restricciones comerciales dirigidas a decenas de entidades estadounidenses vinculadas con sectores estratégicos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, en un encuentro marcado por las muestras de apoyo mutuo y por la proximidad de la próxima cumbre de la alianza. Durante la reunión, Rutte destacó el papel desempeñado por Washington para impulsar un mayor gasto en defensa por parte de los aliados europeos y Canadá, calificando a Trump como una figura clave para fortalecer a la organización.

El secretario general de la OTAN aseguró que los avances recientes en materia de defensa colectiva representan un logro que otros líderes estadounidenses no habían conseguido. Según Rutte, la presión ejercida por Trump ha llevado a los aliados a incrementar significativamente sus compromisos presupuestales y ha contribuido a reforzar la capacidad militar de la alianza en un contexto internacional cada vez más complejo.

Por su parte, Trump aprovechó el encuentro para reiterar sus críticas hacia varios socios europeos por su falta de apoyo a Estados Unidos durante el conflicto con Irán. El mandatario mencionó específicamente a España y también cuestionó la actitud de países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, al considerar que no respaldaron suficientemente las acciones estadounidenses. No obstante, reconoció que Washington logró sus objetivos militares sin necesidad de asistencia directa de los aliados.

Durante la rueda de prensa, Trump también destacó lo que considera el impacto de sus respaldos políticos internacionales y volvió a referirse a las recientes elecciones presidenciales en Colombia. El mandatario afirmó que apoyó a Abelardo de la Espriella cuando se encontraba rezagado en la contienda y celebró su victoria como una muestra de la influencia de sus respaldos fuera de Estados Unidos. “Hace apenas unos días respaldamos a alguien, a ‘El Tigre’. Lo llaman ‘El Tigre’ porque es duro. Es otro luchador. A mí me gustan los luchadores. Ganó, y eso es algo grandioso”, señaló. Trump también mencionó el reciente resultado electoral en Polonia y sostuvo que varios de los candidatos que ha respaldado internacionalmente han terminado imponiéndose en las urnas.

Rutte respondió defendiendo el compromiso de numerosos miembros de la OTAN y destacó el apoyo prestado por países nórdicos y otros gobiernos europeos mediante acuerdos bilaterales y mecanismos de cooperación. El dirigente neerlandés también respaldó la actuación de Estados Unidos frente a Irán y subrayó la importancia de impedir que Teherán avance en el desarrollo de capacidades nucleares, aunque sus declaraciones generaron controversia tras afirmar que Italia había facilitado miles de vuelos estadounidenses desde bases ubicadas en su territorio, una versión rechazada posteriormente por el Gobierno de Giorgia Meloni.

La reunión también sirvió para abordar el estado de las negociaciones con Irán. Trump insistió en que resulta inaceptable cualquier intento de imponer peajes al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz y aseguró que Teherán está aceptando las principales exigencias planteadas por Washington en las conversaciones. El mandatario afirmó que la posición estadounidense se ha fortalecido significativamente tras el conflicto y expresó confianza en que las negociaciones continúen avanzando en los próximos días.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en la red social X un mensaje en el que calificó el resultado de las elecciones presidenciales colombianas como "una gran victoria", reivindicó el apoyo de su administración a Abelardo de la Espriella —a quien se refirió por su apodo "El Tigre"— y destacó que Colombia es el "lugar favorito" del secretario de Estado, Marco Rubio. Trump señaló que desde la Casa Blanca respaldaron la candidatura de De la Espriella por considerarlo un "gran luchador", e insinuó que el resultado fortalecerá la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, en línea con la agenda del Escudo de las Américas.

Las declaraciones se producen tras la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial, donde obtuvo el 49,66% de los votos frente al 48,7% del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con una diferencia de cerca de 200.000 votos. Trump ya había calificado previamente a De la Espriella como "un buen hombre" y afirmó que el resultado lo sorprendió a él mismo, dado que el entonces candidato aparecía rezagado en las encuestas.

La posición de Washington generó reacciones en Bogotá. El presidente saliente, Gustavo Petro, planteó en la red social X que el apoyo público de Trump al candidato ganador podría constituir una injerencia extranjera incompatible con los compromisos internacionales asumidos por Colombia ante la ONU y la OEA, y sugirió que los resultados deberían ser considerados nulos. No obstante, en el mismo mensaje Petro expresó admiración por Trump y destacó lo que considera su defensa de la libertad en la sociedad estadounidense. Por su parte, De la Espriella pidió a Petro y al candidato Cepeda respetar los resultados y abstenerse de promover movilizaciones, al señalar que fue elegido bajo el mismo sistema que hace cuatro años llevó al propio Petro a la Casa de Nariño.

La Casa Blanca prepara una solicitud al Congreso de más de US$1,4 mil millones en nuevos recursos para responder al creciente brote de ébola, uno de los episodios más graves registrados en los primeros meses de propagación de la enfermedad. La petición formará parte de un paquete suplementario de financiación y busca reforzar la capacidad de respuesta humanitaria y sanitaria de Estados Unidos y sus aliados.

Del monto total solicitado, cerca de US$800 millones se destinarían a la respuesta humanitaria frente a la crisis. Los recursos financiarían la construcción de un centro de cuarentena en Kenia para ciudadanos estadounidenses expuestos al virus, además de la adquisición de suministros médicos, tratamientos, mecanismos de rastreo de contactos, redes logísticas regionales y medidas de control de infecciones.

La administración también busca obtener US$500 millones adicionales para fortalecer la seguridad sanitaria global y prevenir que el virus llegue a territorio estadounidense. Los fondos serían utilizados para ampliar la vigilancia epidemiológica, mejorar la capacidad de los laboratorios, reforzar la coordinación transfronteriza y desarrollar posibles alianzas con organizaciones multilaterales y el sector privado.

Otros US$90 millones se destinarían a esfuerzos diplomáticos y de asistencia consular, incluyendo operaciones de evacuación y el traslado de ciudadanos estadounidenses infectados hacia centros de tratamiento especializados. La solicitud se produce en un momento de creciente preocupación internacional, luego de que un médico que regresó a Francia tras participar en una misión humanitaria en la República Democrática del Congo diera positivo por ébola, convirtiéndose en el primer caso confirmado en ese país vinculado al actual brote.

El brote de ébola en la República Democrática del Congo está asociado con la poco común cepa Bundibugyo y ha dejado más de 1.000 personas contagiadas y al menos 267 fallecidos, según la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, WHO). En respuesta, Washington ha solicitado a los países europeos endurecer las medidas de control de viajeros y aumentar su contribución a la respuesta internacional, al tiempo que mantiene restricciones de ingreso para personas que hayan estado recientemente en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur, con el objetivo de impedir que el virus alcance territorio estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la firma de una ley bipartidista destinada a ampliar el acceso a la vivienda y condicionó su promulgación a la aprobación previa de la SAVE America Act, un paquete de reformas electorales que se ha convertido en una de las principales prioridades legislativas de la Casa Blanca. La decisión sorprendió a legisladores de ambos partidos y dejó en pausa una iniciativa que había sido negociada durante meses en el Congreso.

La SAVE America Act busca imponer requisitos de identificación con fotografía y prueba de ciudadanía para participar en elecciones federales, además de otorgar al Gobierno federal mayores competencias sobre los padrones electorales estatales. La administración Trump ha defendido la iniciativa argumentando que se trata de una medida necesaria para garantizar la integridad electoral y calificó su aprobación como una “emergencia nacional”.

Sin embargo, el proyecto enfrenta importantes obstáculos en el Senado. Aunque el Partido Republicano controla 53 de los 100 escaños de la Cámara Alta, la iniciativa no ha logrado superar el umbral de 60 votos requerido para avanzar debido a las reglas de filibusterismo. Desde marzo se han realizado cinco votaciones relacionadas con la reforma electoral y ninguna ha conseguido el respaldo suficiente para destrabar su trámite legislativo.

Las dificultades han puesto de manifiesto las divisiones internas dentro del Partido Republicano. Algunos legisladores han rechazado estrategias adicionales para impulsar la reforma, como incorporarla a proyectos de aprobación obligatoria o modificar procedimientos parlamentarios. A pesar de ello, aliados de Trump, entre ellos el senador Rick Scott, han intensificado las gestiones para construir una mayoría que permita sacar adelante la iniciativa.

La suspensión de la firma también reavivó las tensiones entre la Casa Blanca y los republicanos del Senado. La ley de vivienda había sido presentada como uno de los pocos acuerdos bipartidistas de los últimos meses y contemplaba medidas para ampliar la oferta habitacional, agilizar procedimientos regulatorios y restringir la compra de viviendas unifamiliares por parte de grandes inversores institucionales.

La preocupación por el papel de los inversores en el mercado inmobiliario ha ganado relevancia en algunas regiones del país. Aunque las empresas propietarias de más de 1.000 viviendas concentran apenas el 0,34% del parque habitacional estadounidense y cerca del 3% de las viviendas unifamiliares de alquiler, en determinados mercados locales su participación supera el 20%, lo que ha impulsado llamados a fortalecer la regulación y facilitar el acceso a la vivienda.

Mientras la ley de vivienda permanece en suspenso, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró que impulsará la aprobación de la SAVE America Act y reveló que ha discutido con Trump la posibilidad de recurrir al mecanismo de reconciliación legislativa para intentar superar el bloqueo en el Senado. La estrategia, sin embargo, ha generado nuevas fricciones dentro del Partido Republicano, donde algunos legisladores cuestionan la viabilidad de ese procedimiento y las tensiones con la Casa Blanca se han intensificado tras recientes desacuerdos sobre la agenda legislativa y la política exterior de la administración.

Una jueza federal bloqueó de forma permanente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que exigía a los ciudadanos presentar un pasaporte u otro documento que acreditara su ciudadanía al registrarse para votar mediante el formulario federal. La decisión fue emitida por la jueza Denise Casper, del Tribunal de Distrito de Boston, quien concluyó que la iniciativa excedía las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo en materia electoral.

Casper ya había suspendido temporalmente la medida el año pasado tras respaldar la demanda presentada por un grupo de estados gobernados por demócratas. En su fallo definitivo, la jueza señaló que la Constitución de Estados Unidos reserva a los estados la facultad de regular las elecciones y que el presidente no dispone de poderes específicos para modificar de manera unilateral las normas electorales federales.

La orden de Trump instruía a la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (U.S. Election Assistance Commission, EAC) a incorporar un requisito de prueba documental de ciudadanía en el formulario federal de inscripción de votantes. Además, proponía prohibir el conteo de votos enviados por correo que llegaran después del día de las elecciones y contemplaba sanciones, incluida la retención de fondos federales, para los estados que no cumplieran las nuevas disposiciones.

Los demandantes argumentaron que las medidas podrían privar del derecho al voto a millones de ciudadanos estadounidenses, particularmente a personas de bajos ingresos y miembros de minorías que no cuentan con documentos como un pasaporte. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien encabezó la demanda presentada por 19 estados, celebró la decisión judicial y afirmó que el fallo protege un derecho por el que generaciones de estadounidenses han luchado.

La decisión judicial representa un nuevo revés para los intentos de Trump de reformar el sistema electoral por la vía ejecutiva. El mandatario ha insistido en impulsar cambios similares a través de la SAVE America Act, un proyecto de ley que endurecería los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales. Aunque la iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, permanece estancada en el Senado y se ha convertido en una de las principales prioridades legislativas de la Casa Blanca.