Según Reuters, la administración de Donald Trump anunciaría este miércoles que no extenderá el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA), una decisión que activaría el mecanismo previsto en el acuerdo para iniciar un nuevo periodo de vigencia de diez años. De concretarse, comenzaría la cuenta regresiva hacia una eventual expiración del tratado en 2036, al tiempo que se abriría una etapa de revisiones periódicas entre los tres países.

La información se conoce pocas horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmara que su gobierno ya firmó la comunicación oficial en la que expresa su voluntad de prorrogar el acuerdo por 16 años adicionales. La mandataria señaló que Canadá también respaldó esa posición y afirmó que ahora corresponde a Estados Unidos definir el rumbo del proceso de revisión.

El USMCA, que reemplazó al TLCAN en 2020, establece que, si alguno de los tres países decide no extender su vigencia por otros 16 años, el tratado permanece en funcionamiento durante una década adicional mientras se realizan revisiones periódicas. En este escenario, el acuerdo continuaría vigente hasta el 1 de julio de 2036, aunque los gobiernos deberán evaluar anualmente su continuidad si no logran un consenso sobre una extensión de largo plazo.

La posible decisión de Washington se produce en medio de diferencias sobre el futuro de la integración comercial en Norteamérica. La administración Trump ha insistido en modificar las reglas de origen del sector automotor para incrementar el contenido estadounidense en los vehículos producidos bajo el acuerdo y reforzar las restricciones para impedir que productos provenientes de China se beneficien indirectamente del acceso preferencial al mercado regional.

Como parte de este proceso, los responsables comerciales de los tres países tienen previsto reunirse de manera virtual este miércoles para discutir el mecanismo de revisión del tratado. Además, el representante comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR), Jamieson Greer, programó una nueva ronda de negociaciones con México para la semana del 20 de julio, mientras las conversaciones con Canadá permanecen sin un calendario definido.

En las últimas semanas, Trump ha cuestionado públicamente la conveniencia de renovar el USMCA y ha afirmado que Estados Unidos obtiene mayores beneficios manteniendo los aranceles aplicados a sectores como el acero, el aluminio y los automóviles. El mandatario también ha sostenido que su país no depende de las importaciones procedentes de México y Canadá y que ambos socios deberían ofrecer condiciones comerciales más favorables para reducir el déficit estadounidense.

Aunque la eventual decisión de no extender el tratado no implica su terminación inmediata, sí marcaría el inicio de un proceso que definirá el futuro del principal acuerdo comercial de Norteamérica. Durante los próximos años, los tres gobiernos deberán negociar posibles ajustes al USMCA mientras el mecanismo de revisión determina si el tratado continúa vigente más allá de 2036 o si la región avanza hacia un nuevo marco comercial.

 

POLÍTICA

EE.UU. llega a sus 250 años entre orgullo nacional y preocupación por su rumbo

La encuesta de Gallup, realizada entre el 1 y el 17 de mayo de 2026 con una muestra de 1.001 adultos, muestra que solo el 19% de los estadounidenses considera que los fundadores estarían satisfechos con el rumbo del país, frente al 77% que cree que estarían decepcionados. El deterioro ha sido sostenido: en 2001, el 42% pensaba que los fundadores aprobarían el camino del país; esa cifra cayó al 29% en 2013 y ahora se sitúa por debajo del 20%. Es el registro más pesimista desde que Gallup empezó a formular esta pregunta de manera intermitente en 1999.

El pesimismo atraviesa líneas partidistas: aunque los republicanos son algo menos pesimistas que los demócratas — 25% frente a 13% creen que los fundadores estarían satisfechos —, en ningún grupo político una mayoría mantiene una visión positiva. Las celebraciones del 250 aniversario también reflejan esa polarización: los republicanos son 33 puntos más propensos que los demócratas a declarar interés en las conmemoraciones. La brecha no es nueva, pero sí más pronunciada que en el bicentenario de 1976, cuando no existía una diferencia partidista significativa en torno a la festividad.

El diagnóstico, sin embargo, no es completamente negativo. El 69% de los encuestados considera que el país ha cumplido en parte los principios de su fundación — un 20% dice que lo ha logrado en gran medida y un 49% que ha avanzado de manera razonable. Esa proporción es menor que en el bicentenario de 1976, cuando el 77% consideraba que el país había alcanzado al menos un nivel razonable de éxito, y menor también que el 84% registrado tras los atentados del 11 de septiembre de 2002. La combinación revela una tensión característica del momento: no se trata de un rechazo a los principios fundacionales, sino de una preocupación creciente sobre la distancia entre esos principios y la realidad presente.

Otras mediciones complementan esa lectura ambivalente. Cerca de cuatro de cada diez adultos dicen sentirse "orgullosos" del 250 aniversario, según una encuesta de AP-NORC, y cerca de tres en diez se declaran "emocionados". Sin embargo, los adultos menores de 30 años son el grupo con mayor probabilidad de afirmar que no planean celebrar en absoluto. Una encuesta de Ipsos encontró además que la mitad de los adultos estadounidenses, especialmente los mayores de 45 años, considera que ser americano es una parte importante de cómo se definen a sí mismos, mientras que una mayoría de los adultos jóvenes afirma que no es algo en lo que piensen con frecuencia.

Para el sector empresarial y los socios internacionales de Estados Unidos, el estado de ánimo colectivo que revelan estas encuestas tiene implicaciones prácticas. Un electorado mayoritariamente insatisfecho con el rumbo del país, con brechas generacionales y partidistas pronunciadas, configura un entorno político volátil de cara a las elecciones de medio término de noviembre y a la contienda presidencial de 2028. La percepción pública sobre las instituciones, las libertades civiles y la calidad de la democracia incide directamente en la estabilidad regulatoria, el clima de inversión y la previsibilidad del entorno de negocios en el principal socio comercial de Colombia.

 

POLÍTICA

De la Espriella anuncia denuncias ante EE.UU. por presuntos vínculos del Gobierno Petro con el Clan del Golfo

A través de una carta fechada el 28 de junio en Barranquilla y dirigida al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, director del Comité de Empalme Anticorrupción, De la Espriella instruyó remitir la información pertinente al Departamento de Justicia de Estados Unidos "a través de los canales institucionales y diplomáticos competentes", para que esa autoridad evalúe los aspectos que eventualmente puedan tener implicaciones dentro de su ámbito de competencia. La decisión se enmarca en revelaciones periodísticas de Noticias Caracol sobre presuntas reuniones entre funcionarios del Departamento Nacional de Inteligencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con cabecillas del Clan del Golfo, en las que se habrían discutido compromisos para reducir operaciones militares y suspender órdenes de extradición.

El equipo de De la Espriella busca determinar si las actuaciones de los funcionarios del gobierno saliente configuran delitos federales de naturaleza conspirativa que sean de interés para las cortes estadounidenses, dado que el Clan del Golfo es considerado un objetivo prioritario de alto impacto para las agencias norteamericanas por el tráfico transnacional de cocaína. Entre los señalados en los audios figura el exalto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, respecto a quien De la Espriella instruyó evaluar si existen elementos suficientes para adelantar acciones legales.

Es importante precisar el alcance de la medida. El mandatario electo sostuvo que el objetivo no es anticipar responsabilidades, sino garantizar que cualquier señalamiento sea analizado mediante los mecanismos previstos por la ley. Hasta el momento, las autoridades competentes no han informado sobre la apertura de investigaciones relacionadas con estas instrucciones, y las personas mencionadas en las revelaciones periodísticas tampoco se han pronunciado públicamente. El DOJ no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto y la noticia no ha tenido cobertura en medios estadounidenses, lo que indica que la remisión está aún en etapa de evaluación interna por parte del equipo de transición.

De la Espriella instruyó también estudiar la posibilidad de poner los hechos en conocimiento de organismos internacionales competentes cuando las conductas investigadas puedan comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano o involucrar presuntas violaciones graves a los derechos humanos. La decisión del gobierno entrante de involucrar al DOJ en asuntos de política de seguridad interior es una señal relevante sobre el perfil de la nueva administración: una apuesta por la cooperación judicial bilateral con Estados Unidos como eje de su estrategia anticriminal, en contraste directo con la política de paz total del gobierno saliente.

 

POLÍTICA

Cepeda pide a De la Espriella renunciar a la ciudadanía estadounidense antes de asumir la Presidencia

El senador Iván Cepeda solicitó este martes al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, renunciar a su ciudadanía estadounidense antes de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto. Además, pidió que aclare si ha colaborado con autoridades o agencias de seguridad de Estados Unidos en el caso del empresario colombo-venezolano Alex Saab, al considerar que estos asuntos deben resolverse antes del inicio del nuevo gobierno.

Cepeda, quien fue derrotado por De la Espriella en la segunda vuelta presidencial, sostuvo que la ciudadanía estadounidense del mandatario electo podría generar conflictos con la defensa de la soberanía nacional. El senador del Pacto Histórico afirmó que, si no renuncia a esa nacionalidad y no aclara su relación con las autoridades estadounidenses, promoverá una estrategia de "desobediencia civil pacífica" y no reconocerá su autoridad como presidente.

El debate sobre la nacionalidad de De la Espriella tomó fuerza antes de las elecciones, cuando un grupo de 36 académicos y juristas advirtió que su ciudadanía estadounidense podría representar obstáculos jurídicos, éticos y políticos para ejercer la Presidencia. Según ese documento, mientras la ciudadanía italiana no plantea inconvenientes, la estadounidense implica un juramento de lealtad que, a juicio de los firmantes, podría entrar en tensión con las responsabilidades constitucionales del jefe de Estado colombiano.

Cepeda también cuestionó el papel que desempeñó De la Espriella como abogado de Alex Saab entre 2013 y 2019. Recordó que el hoy presidente electo ha reconocido haber representado legalmente al empresario y que incluso ha señalado públicamente haber facilitado acercamientos entre Saab y las autoridades estadounidenses para buscar una solución a su situación judicial.

Hasta el momento, De la Espriella ha defendido la legalidad de su actuación como abogado de Saab y no ha anunciado ninguna decisión sobre una eventual renuncia a su ciudadanía estadounidense. Los cuestionamientos planteados por Cepeda se suman a las discusiones jurídicas y políticas que han surgido en torno a las condiciones para el ejercicio de la Presidencia y a las investigaciones que involucran al empresario colombo-venezolano.

Desde Amcham Colombia, al respecto manifestó a través de la cuenta en X “Mientras la Constitución no cambie, las reglas son las reglas: los requisitos para ser Presidente los define la ley, no la presión política. Y hasta hoy, Colombia permite la doble nacionalidad y no la prohíbe para un colombiano por nacimiento que llegue a la Presidencia.

Si la doble nacionalidad es ahora un impedimento, la pregunta es legítima: ¿por qué no lo fue frente a la doble nacionalidad italiana y colombiana del presidente Petro? Y si el debate es sobre ciudadanía estadounidense, sus efectos jurídicos los define Estados Unidos; en Colombia aplica nuestra Constitución.

Por eso, el llamado de Iván Cepeda a desconocer la autoridad del presidente electo Abelardo De la Espriella y promover desobediencia civil es irresponsable e inconstitucional: busca imponer por presión política una condición que hoy no está prevista en la ley.

La oposición democrática se ejerce con argumentos, control institucional y evidencia; no desinformando ni invitando a desconocer una elección. Mientras Colombia reconozca la doble nacionalidad, ese llamado debe ser rechazado. La democracia se defiende respetando sus reglas”

POLÍTICA

Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento y bloquea las restricciones impulsadas por Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas que se encuentran en el país de manera irregular o con estatus migratorio temporal. Con una votación de 6-3, el máximo tribunal confirmó que quienes nacen en territorio estadounidense continúan siendo ciudadanos, salvo las excepciones históricamente reconocidas, como los hijos de diplomáticos extranjeros.

La decisión fue sustentada por una mayoría de cinco magistrados en un fallo redactado por el presidente de la Corte, John Roberts, quien concluyó que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en Estados Unidos. Roberts sostuvo que tanto el texto constitucional como su contexto histórico y la jurisprudencia consolidada respaldan esa interpretación, al recordar que la enmienda fue concebida para garantizar la igualdad de derechos tras la Guerra Civil.

El juez Brett Kavanaugh se unió al resultado final, aunque con una argumentación diferente. Si bien consideró que la Constitución no impide las restricciones planteadas por Trump, afirmó que una ley federal vigente reconoce expresamente la ciudadanía por nacimiento, razón por la cual votó en contra de la orden ejecutiva. En contraste, los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch respaldaron la posición del presidente y sostuvieron que la medida era constitucional.

La orden ejecutiva había sido firmada por Trump el primer día de su segundo mandato como parte de su estrategia para endurecer la política migratoria. La medida pretendía excluir del derecho automático a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes en situación irregular y de personas con presencia temporal en Estados Unidos, incluidos estudiantes, trabajadores con visas temporales y solicitantes de residencia permanente, aunque nunca llegó a entrar en vigor debido a decisiones de tribunales inferiores.

Durante el proceso judicial, la administración Trump argumentó que estos menores no estaban "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos, requisito previsto en la Decimocuarta Enmienda para acceder a la ciudadanía. Sin embargo, la mayoría de la Corte concluyó que esa interpretación contradice tanto el texto constitucional como el precedente establecido en 1898 en el caso United States v. Wong Kim Ark, que reconoció la ciudadanía de un niño nacido en Estados Unidos de padres chinos.

La decisión también deja abierta la posibilidad de futuros cambios legislativos. Al fundamentar su voto en la legislación federal y no exclusivamente en la Constitución, Kavanaugh sugirió que el Congreso podría modificar las normas sobre ciudadanía por nacimiento si así lo decidiera, aunque cualquier intento en ese sentido enfrentaría un intenso debate político y jurídico.

El fallo representa uno de los principales reveses judiciales para la agenda migratoria de Trump durante su segundo mandato y preserva una interpretación vigente desde hace más de un siglo sobre la ciudadanía por nacimiento. Según estimaciones de centros de investigación especializados, la orden ejecutiva habría afectado a más de 250.000 niños nacidos cada año en Estados Unidos de padres con estatus migratorio irregular o temporal.

Tras conocerse el fallo, Trump reaccionó a través de Truth Social con un mensaje en el que escribió: "¡Quisiera felicitar al presidente Xi y al gran país de China por su enorme victoria en materia de ciudadanía por derecho de nacimiento!".

El fallo contrasta con otra decisión reciente de la misma Corte, en la que amplió la autoridad presidencial para remover directivos de agencias federales independientes. La diferencia es significativa: el tribunal ha mostrado disposición a fortalecer ciertos poderes del Ejecutivo en materia administrativa, pero ha trazado un límite claro cuando están en juego derechos constitucionales expresos. Para el sector empresarial, esa distinción importa: define en qué terrenos el Ejecutivo puede actuar por decreto y en cuáles requiere respaldo legislativo o constitucional para avanzar.

 

POLÍTICA

Corte Suprema avala que los estados restrinjan la participación de atletas transgénero en deportes femeninos

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que permite a los estados limitar la participación de atletas transgénero en equipos deportivos femeninos de escuelas y universidades. La decisión, que resuelve casos relacionados con leyes aprobadas en Virginia Occidental e Idaho, establece un precedente que respalda normas similares vigentes en otros 25 estados y redefine el alcance de la legislación federal sobre deporte escolar.

La mayoría del tribunal concluyó que las instituciones educativas pueden establecer la elegibilidad para los equipos femeninos con base en el sexo biológico. La opinión, redactada por el juez Brett Kavanaugh y respaldada por otros cinco magistrados conservadores, sostiene que el Título IX y su reglamentación permiten mantener categorías deportivas diferenciadas según el sexo biológico, al considerar que esa fue la intención original del Congreso al aprobar la norma.

En la sentencia, la Corte afirmó que la separación de equipos masculinos y femeninos responde a diferencias físicas relevantes para la competencia deportiva y que los estados tienen un interés legítimo en proteger la seguridad y la equidad competitiva en el deporte femenino. Además, señaló que la legislación federal no obliga a crear excepciones para atletas transgénero que hayan recibido tratamientos hormonales o bloqueadores de pubertad, argumentando que evaluar esos casos individualmente sería difícil de administrar de forma uniforme.

El fallo también consolida un cambio que ya venía produciéndose en el ámbito deportivo estadounidense. Durante los últimos años, 27 estados aprobaron leyes que reservan las competencias femeninas para mujeres biológicas, mientras que organismos como la NCAA (National Collegiate Athletic Association, NCAA), el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y el Comité Olímpico Internacional (COI) han adoptado regulaciones más restrictivas sobre la participación de atletas transgénero.

En el plano constitucional, la Corte determinó que las clasificaciones basadas en el sexo son compatibles con la cláusula de igual protección cuando guardan una relación sustancial con objetivos gubernamentales importantes, como la equidad y la seguridad en las competencias. Asimismo, descartó que el precedente establecido en el caso Bostock v. Clayton County, relacionado con discriminación laboral por identidad de género, deba aplicarse automáticamente al ámbito deportivo.

La decisión contó con una opinión parcialmente disidente de la jueza Sonia Sotomayor, acompañada por Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Las magistradas coincidieron en rechazar parte de la demanda, pero consideraron que los tribunales inferiores debían analizar con mayor profundidad si atletas transgénero que iniciaron tratamientos médicos antes de la pubertad conservan ventajas físicas relevantes frente a otras competidoras, como ocurrió en el caso de Becky Pepper-Jackson, estudiante que dio origen a uno de los litigios.

Aunque el fallo establece que el sexo biológico será el criterio principal para definir la elegibilidad en el deporte femenino, deja abiertas cuestiones sobre su implementación práctica. Entre ellas figura la forma en que escuelas, universidades y autoridades deportivas verificarán el cumplimiento de estos criterios, un aspecto que deberá resolverse mediante futuras regulaciones y que tendrá impacto en los sistemas educativos y deportivos de todo el país.

 

DIPLOMACIA

Qatar mantiene la mediación entre Washington y Teherán sin diálogo bilateral

Qatar confirmó este martes la llegada a Doha de los enviados especiales del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, pero descartó que esté prevista una reunión directa de alto nivel entre Estados Unidos e Irán. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí, Majed al-Ansari, explicó que ambos funcionarios estadounidenses sostendrán encuentros con los mediadores del proceso y no con representantes iraníes, desmintiendo así la posibilidad de un diálogo bilateral anunciada previamente por Trump.

Al-Ansari señaló que, aunque no habrá conversaciones directas entre las dos delegaciones, las negociaciones técnicas continúan a través de los países mediadores. Explicó que estos contactos hacen parte de la hoja de ruta establecida en el memorando firmado el pasado 17 de junio, el cual contempla un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, el alivio de sanciones, la reducción de las reservas de uranio enriquecido y la normalización del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

Uno de los temas centrales sigue siendo el desbloqueo de US$6 mil millones en activos iraníes congelados. El portavoz qatarí aclaró que esos recursos aún no han sido transferidos y que su liberación dependerá de que Washington y Teherán alcancen un acuerdo. Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había afirmado que Qatar avanzaba en ese proceso, mientras que una fuente estadounidense indicó que los fondos serían destinados a la compra de alimentos producidos en Estados Unidos para la población iraní.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, negó que exista una reunión programada con funcionarios estadounidenses en los próximos días y sostuvo que la delegación iraní únicamente mantendrá conversaciones con las autoridades qataríes sobre la implementación del memorando de entendimiento y el eventual desbloqueo de los activos congelados. De esta manera, ambas partes coincidieron en señalar que, por ahora, no habrá negociaciones directas entre Washington y Teherán.

El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales asuntos de la negociación. Qatar reiteró que la libertad de navegación constituye un elemento esencial del proceso y confirmó que trabaja conjuntamente con Omán para garantizar el tránsito marítimo en la zona. El tema cobra especial relevancia después de los recientes ataques contra embarcaciones comerciales y de las tensiones generadas por la posibilidad de que Irán imponga tarifas al paso de buques por esa ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Además del expediente iraní, Al-Ansari indicó que Witkoff y Kushner también abordarán con los mediadores otros asuntos regionales, entre ellos el armisticio en el Líbano. Así, Doha mantiene su papel como principal facilitador de varios procesos diplomáticos en Medio Oriente, mientras las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan de manera indirecta y sin un encuentro bilateral previsto por el momento.

 

ECONOMÍA

Mamdani alcanza un acuerdo para aprobar el primer presupuesto de su administración en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, alcanzó un acuerdo con el Concejo Municipal para aprobar el primer presupuesto de su administración, luego de varias semanas de negociaciones y a pocas horas de que venciera el plazo legal para su entrada en vigor. El acuerdo permitirá que la ciudad inicie el nuevo año fiscal con unas cuentas aprobadas, evitando retrasos en la ejecución del gasto público.

El presupuesto definitivo asciende a US$125,8 mil millones, por encima de la propuesta inicial presentada por Mamdani en mayo. El alcalde destacó que el acuerdo contempla inversiones históricas en vivienda asequible, entre ellas la ampliación de las ayudas al alquiler y la creación de un nuevo programa de vales de vivienda por US$175 millones, financiado en parte con mayores aportes del estado de Nueva York para reducir el déficit heredado de la administración anterior.

Uno de los principales puntos de discusión fue el programa CityFHEPS, que otorga subsidios de alquiler a personas en riesgo de desalojo o que buscan salir del sistema de refugios. Aunque durante la campaña Mamdani había propuesto ampliar este programa, posteriormente moderó su posición ante la necesidad de contener el déficit fiscal, considerado uno de los mayores que ha enfrentado la ciudad desde la crisis financiera de 2008.

El acuerdo presupuestario también incrementa en un 200% los recursos destinados a programas de transporte público asequible, incorpora ayudas de hasta US$1.000 para estudiantes de guardería, destina recursos para un portal de información sobre los riesgos ambientales asociados a los atentados del 11 de septiembre y fortalece el financiamiento de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Además, prevé una asignación de US$350 millones a la Reserva General de la ciudad.

Tras el anuncio, Mamdani afirmó que logró un presupuesto equilibrado sin aplicar medidas de austeridad. El alcalde atribuyó este resultado al respaldo financiero del gobierno estatal y a nuevas fuentes de ingresos, entre ellas un impuesto dirigido a las viviendas de lujo que no constituyen la residencia principal de sus propietarios, una de las principales iniciativas fiscales promovidas por su administración.

 

SANCIONES

Tesoro de EE.UU. sanciona red del CJNG por contrabando de combustibles entre México y Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Department of the Treasury) anunció nuevas sanciones contra una red de personas y empresas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusada de operar un esquema de contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México. La medida, adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) y acompañada por una nueva alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), busca desarticular una de las principales fuentes de financiamiento del grupo criminal, basada en el tráfico ilícito de hidrocarburos y la evasión de impuestos en territorio mexicano.

Las sanciones alcanzan a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente involucradas en un sistema que utilizaba compañías fachada, documentos aduaneros falsificados y operaciones de transporte para introducir gasolina, diésel y otros combustibles desde Estados Unidos hacia México sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Según el Tesoro, estas operaciones generan decenas de millones de dólares al año para el CJNG y se han convertido en una de las mayores fuentes de ingresos del cartel fuera del narcotráfico.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la decisión refleja la expansión de las organizaciones criminales mexicanas hacia actividades ilícitas distintas al tráfico de drogas. Señaló que el contrabando de combustibles fortalece la capacidad financiera de estos grupos para sostener sus operaciones criminales, incluido el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, y reiteró que la administración Trump mantiene como prioridad el desmantelamiento de las organizaciones designadas como terroristas.

Entre los principales sancionados figura Óscar Guillermo Juraidini Silva, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los operadores financieros del esquema. De acuerdo con OFAC, administraba empresas fachada, falsificaba documentación aduanera e importaba combustible con declaraciones fraudulentas para evadir impuestos en México. Las autoridades sostienen que controlaba negocios en los sectores de transporte, servicios financieros, bienes raíces y logística, además de una empresa registrada en el Reino Unido, utilizados para facilitar las operaciones del CJNG.

Asimismo, fueron sancionados J. Refugio Ruiz Villagómez y las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, acusados de introducir combustible desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes y de realizar operaciones financieras con compañías relacionadas con el CJNG. Según la investigación, estas empresas movieron decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense mientras prestaban apoyo material a la organización criminal.

El Departamento del Tesoro explicó que el denominado huachicol fiscal se ha consolidado como la principal fuente de ingresos no relacionada con las drogas para los carteles mexicanos. El esquema combina el robo de combustibles en México, el contrabando de petróleo crudo hacia Estados Unidos y el ingreso ilegal de combustibles refinados desde territorio estadounidense mediante redes de transporte, empresas comercializadoras y mecanismos de lavado de dinero que permiten ocultar el origen ilícito de los recursos.

Como parte de la operación, FinCEN publicó una alerta complementaria dirigida al sistema financiero para facilitar la identificación de patrones asociados con este tipo de actividades. El organismo informó que, tras emitir una alerta similar en mayo de este año sobre el contrabando de petróleo, recibió más de 160 Reportes de Actividad Sospechosa que documentaron operaciones por más de US$7 mil millones, principalmente entre Estados Unidos y México, con mayor concentración en Texas y Florida y una frecuente vinculación con el CJNG.

Las nuevas sanciones fueron coordinadas con múltiples agencias estadounidenses, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), el Servicio de Impuestos Internos – División de Investigación Criminal (Internal Revenue Service – Criminal Investigation, IRS-CI), Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection, CBP), además de la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

 

POLÍTICA

Trump nomina a Keith Sonderling para dirigir de forma permanente el Departamento de Trabajo

El presidente Donald Trump nominó oficialmente a Keith Sonderling para asumir de manera permanente la Secretaría del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, cargo que ocupa de forma interina desde abril. Con esta decisión, el abogado se convierte en el candidato de la Casa Blanca para dirigir la agencia federal responsable de supervisar la política laboral del país, incluyendo aspectos relacionados con salarios, condiciones de trabajo, seguridad laboral y el programa de seguro de desempleo.

El anuncio fue realizado por Trump a través de Truth Social, donde destacó la trayectoria de Sonderling y aseguró que ha demostrado un compromiso constante con los trabajadores estadounidenses. El funcionario respondió agradeciendo la confianza del mandatario y afirmó que, de ser confirmado por el Senado, continuará impulsando las prioridades laborales de la administración.

Sonderling acumula más de una década de experiencia en el gobierno federal y ha desempeñado varios cargos durante las administraciones Trump. Entre ellos figuran su paso como miembro republicano de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), administrador interino de la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo y subsecretario de Trabajo, cargo para el que fue confirmado por el Senado el año pasado.

Durante el segundo mandato de Trump también dirigió de forma interina el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas y la Oficina de Ética del Gobierno. Su gestión en el instituto estuvo marcada por la implementación de medidas para reducir la entidad, entre ellas licencias administrativas para gran parte del personal, despidos, cancelación de contratos y subvenciones, así como la destitución de la junta directiva, decisiones que posteriormente fueron bloqueadas por un juez y continúan siendo objeto de un proceso judicial.

La nominación se produce después de la salida de Lori Chavez-DeRemer del cargo en abril, en medio de investigaciones sobre presuntas conductas irregulares. Diversos medios estadounidenses informaron sobre acusaciones relacionadas con el uso de recursos oficiales para fines personales, el envío de solicitudes privadas a funcionarios jóvenes y denuncias de conducta inapropiada que también involucraron a su esposo. Aunque los fiscales federales decidieron no presentar cargos y la exfuncionaria negó haber cometido irregularidades, el episodio dejó vacante la dirección permanente del departamento.

Como secretario interino, Sonderling ya comenzó a implementar algunas de las prioridades de la administración. En junio envió comunicaciones a los gobiernos estatales y territoriales exigiendo mayores controles para combatir el fraude en el programa federal de seguro de desempleo y advirtió que el Departamento de Trabajo podría retener recursos administrativos a los estados que no reforzaran los mecanismos de supervisión. Además, señaló que entidades como California, Nueva York e Illinois registraban altos niveles de fraude, aunque esas afirmaciones fueron cuestionadas por la ausencia de evidencia pública que las respaldara.

Ahora, la nominación deberá seguir el proceso constitucional de confirmación en el Senado. Sonderling comparecerá ante el comité correspondiente para responder las preguntas de los legisladores y posteriormente enfrentará una votación en el pleno de la cámara alta. Debido a que su confirmación como subsecretario se produjo con una ajustada mayoría y siguiendo líneas partidistas, se prevé que el trámite para convertirse en secretario permanente también dependa principalmente del respaldo de la bancada republicana.

 

POLÍTICA

La Corte Suprema se consolida como un poder que está redefiniendo a Estados Unidos

Para Colombia, entender el papel actual de la Corte Suprema de Estados Unidos no es un asunto jurídico distante. Sus decisiones inciden en migración, comercio, regulación empresarial, poder presidencial, elecciones, derechos civiles y estabilidad institucional. En un país que sigue siendo el principal socio estratégico de Colombia en inversión, comercio, seguridad y cooperación, la forma en que se equilibran los poderes en Washington tiene efectos directos sobre la previsibilidad del entorno bilateral.

En los últimos años, la Corte Suprema ha pasado de ser vista principalmente como árbitro constitucional a convertirse en uno de los actores más determinantes del rumbo político, económico y social de Estados Unidos. Con una mayoría conservadora de seis magistrados frente a tres liberales, el tribunal ha tomado decisiones de alto impacto sobre aborto, armas, derechos electorales, agencias regulatorias, inmigración, libertad religiosa, financiamiento político y alcance del poder presidencial.

La pregunta de fondo ya no es solo qué decide la Corte, sino cuánto poder concentra en un sistema político donde el Congreso enfrenta altos niveles de polarización y bloqueo legislativo. Cuando el Legislativo no logra resolver temas estructurales, muchos debates terminan en los tribunales. En ese contexto, la Corte se convierte, de facto, en el espacio donde se definen asuntos que antes habrían sido resueltos por mayorías políticas.

 

El cierre del periodo judicial volvió a mostrar esa dinámica. En materia de poder presidencial, la Corte dio señales mixtas. Por un lado, avaló una mayor capacidad del presidente Donald Trump para remover directivos de ciertas agencias federales independientes, una decisión que puede transformar la relación entre la Casa Blanca y entidades creadas para operar con autonomía técnica. Por otro lado, marcó límites al Ejecutivo en temas sensibles como ciudadanía por nacimiento, control sobre la Reserva Federal y uso de facultades de emergencia para imponer aranceles.

Esa combinación es clave. La Corte no está actuando simplemente como un respaldo automático al Ejecutivo, pero sí está redefiniendo los límites del poder presidencial. En algunos casos amplía el margen de acción del gobierno; en otros, recuerda que hay barreras constitucionales que no pueden ser modificadas por decreto. El resultado es un modelo institucional más judicializado, en el que cada gran decisión presidencial puede terminar dependiendo de la interpretación final de nueve magistrados.

Para el sector privado, uno de los frentes más relevantes es el regulatorio. Las decisiones recientes sobre agencias federales pueden afectar la forma en que se supervisan mercados, competencia, consumo, ambiente, salud, trabajo, tecnología y finanzas. Si las agencias pierden independencia o margen técnico, las empresas podrían enfrentar un entorno regulatorio más cambiante, más dependiente del ciclo político y menos previsible en el largo plazo.

También hay implicaciones electorales. La Corte ha intervenido en reglas sobre mapas electorales, voto por correo y financiamiento de campañas. Estas decisiones pueden modificar el equilibrio de poder en el Congreso y, por esa vía, influir en políticas comerciales, fiscales, migratorias y de cooperación internacional. Para países aliados como Colombia, los cambios en la composición política de Washington no son un dato menor: pueden afectar prioridades sobre seguridad, lucha contra el narcotráfico, inversión, nearshoring, energía y relación con América Latina.

El debate migratorio es otro punto central. Al reafirmar la ciudadanía por nacimiento, la Corte limitó una de las apuestas más ambiciosas del gobierno Trump en materia migratoria. Sin embargo, en otros casos ha permitido medidas más restrictivas sobre deportaciones, asilo y estatus de protección temporal. Para la comunidad colombiana en Estados Unidos y para empresas que dependen de talento, movilidad laboral y reglas migratorias claras, estas decisiones deben ser monitoreadas con atención.

El peso creciente de la Corte también genera preguntas sobre legitimidad. En encuestas recientes, la confianza pública en el tribunal se mantiene en niveles bajos frente a registros históricos. Una parte importante de los estadounidenses percibe que la Corte se ha vuelto más ideológica o más influyente de lo que debería ser. Este debate no elimina su autoridad constitucional, pero sí muestra que su papel en la vida pública está cada vez más politizado.

En términos institucionales, Estados Unidos atraviesa una etapa en la que la Corte Suprema no solo interpreta la Constitución: está moldeando el alcance del Estado, los derechos individuales, la autoridad presidencial, el poder regulatorio y las reglas de la competencia política. Esa realidad exige una lectura más sofisticada de Washington. Ya no basta con mirar la Casa Blanca y el Congreso; el poder judicial se ha convertido en un actor central para entender hacia dónde se mueve el país.