A cuatro días del vencimiento de la Sección 122, Colombia entra en una etapa clave de seguimiento comercial con Estados Unidos. El 24 de julio expira la autoridad legal bajo la cual la administración Trump impuso un recargo temporal general de 10% a ciertas importaciones, medida adoptada por un periodo máximo de 150 días, salvo que el Congreso autorice su extensión.

El vencimiento de esta medida no significa necesariamente el cierre del frente arancelario. En Washington ya se observa una transición hacia autoridades legales más específicas y de mayor duración, especialmente la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. En términos técnicos, se trata de una vía de sustitución jurídica o fundamento legal alternativo para adoptar medidas comerciales selectivas frente a prácticas que USTR considere irrazonables, discriminatorias o restrictivas para el comercio estadounidense.

Para Colombia, el punto más sensible está en la investigación de la Sección 301 sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. El debate no se refiere a exportaciones colombianas producidas bajo esas condiciones, sino a si Colombia cuenta con una prohibición efectiva y mecanismos de control para impedir el ingreso al país de bienes producidos con trabajo forzoso en terceros mercados.

El calendario ya avanzó. USTR inició las investigaciones el 12 de marzo, publicó sus hallazgos y acciones propuestas el 2 de junio, recibió comentarios escritos hasta el 6 de julio y realizó audiencias públicas entre el 7 y el 9 de julio. Hasta ahora no se ha publicado una decisión final para Colombia, por lo que el país sigue en una ventana de gestión técnica y diplomática.

La propuesta de USTR contempla aranceles adicionales de 10% para economías que ya tienen prohibiciones, compromisos o regímenes parciales frente a bienes producidos con trabajo forzoso, y de 12,5% para las demás. Colombia fue incluida dentro del grupo de economías que, según el reporte de USTR, no cuenta con una prohibición efectiva plenamente implementada.

Ese punto es relevante porque, de aplicarse la medida, Colombia podría pasar del actual arancel general de 10% bajo la Sección 122 a un arancel adicional de 12,5% bajo la Sección 301 para la canasta no exceptuada en el Anexo A. En otras palabras, el riesgo no desaparece con el vencimiento del 24 de julio: puede cambiar de fundamento jurídico y adquirir un carácter más selectivo, asociado a cumplimiento regulatorio y estándares de trazabilidad.

El precedente reciente muestra que la Sección 301 ya está siendo utilizada como instrumento central de la nueva estrategia comercial estadounidense. La semana pasada, Estados Unidos anunció aranceles de 25% a ciertos productos de Brasil bajo una investigación separada de Sección 301, con entrada en vigor prevista para el 22 de julio. Ese caso no es idéntico al de trabajo forzoso, pero confirma que esta autoridad legal está activa en la agenda comercial de Washington.

La lectura de fondo es clara: el 24 de julio no es solo una fecha de expiración, sino un punto de transición. Colombia aún tiene espacio para actuar, pero la ventana es estrecha. La gestión técnica, jurídica y diplomática de los próximos días será determinante para proteger la competitividad de los exportadores y preservar condiciones estables de acceso al mercado estadounidense.

El secretario de Estado Marco Rubio emitió un comunicado oficial en el que extendió "los mejores deseos al pueblo de Colombia" en nombre del gobierno de Estados Unidos en el Día de la Independencia. Rubio subrayó que Washington "valora su asociación duradera con el pueblo colombiano" y se comprometió a "avanzar en seguridad, prosperidad y oportunidades en todo el hemisferio". De forma significativa, el comunicado incluyó una referencia directa al presidente electo: "Esperamos expandir nuestra asociación y escribir un nuevo capítulo bajo el liderazgo del presidente electo Abelardo De la Espriella. Estoy convencido de que los mejores días de Colombia están por venir".

Los mensajes desde el Congreso reflejaron el respaldo bipartidista que ha caracterizado la relación bilateral en las últimas semanas. El representante Mario Díaz-Balart, copresidente del Colombia Caucus, felicitó a Colombia y expresó que espera "renovar la fuerte asociación entre EE.UU. y Colombia, avanzando en valores democráticos y estabilidad regional con la administración entrante de De la Espriella". El senador Rick Scott, de Florida, destacó que los colombianos "mostraron valentía y perseverancia este año al elegir un nuevo presidente que se pondrá de lado de su pueblo, defenderá la democracia y fortalecerá la asociación entre Colombia y Estados Unidos". Alex Vindman, veterano de seguridad nacional y figura política en Florida, celebró el Día de la Independencia junto a la comunidad colombiana en Orlando, señalando que "de Orlando a Miami, de Tampa a Jacksonville, los colombo-floridanos fortalecen nuestro estado cada día".

A nivel local, la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, recordó que su jurisdicción alberga una de las comunidades colombianas más grandes del mundo y rindió homenaje a "la cultura vibrante, la rica herencia y el espíritu inquebrantable del pueblo colombiano". Desde el ámbito de defensa, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC) del Departamento de Estado difundió un mensaje especial del oficial de servicio exterior Brian Straight con motivo de la fecha. La confluencia de felicitaciones — desde el Departamento de Estado, el Congreso, gobiernos locales y la comunidad colombo-americana — configura la señal más amplia de respaldo institucional estadounidense al proceso de transición colombiano, a 18 días de la posesión del nuevo gobierno.

Rubio realizó el anuncio durante una conferencia de prensa en la Base Aérea Andrews, antes de viajar a Filipinas para la cumbre de la ASEAN. Según explicó, un grupo que representa a la Asamblea Nacional electa en 2015 — la última que Washington reconoce como legítima —, liderado por Dinorah Figuera, se reunió con el gobierno interino y acordó establecer un foro de conversaciones de reconciliación y comenzar el proceso de transición. "Creo que las primeras conversaciones oficiales comenzarán la primera semana de agosto", señaló Rubio, quien añadió que "es lo que necesita el pueblo de Venezuela".

El anuncio se apoya en un comunicado del Departamento de Estado publicado la semana pasada, en el que Washington respaldó la agenda conjunta prevista para el 1 de agosto orientada a la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional. El comunicado señala que este paso "representa un avance importante en el proceso de reconciliación política" y destaca el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías de participación política. El Departamento de Estado subrayó además que los terremotos que devastaron al país "han puesto de manifiesto la urgencia de la unidad, el liderazgo responsable y las instituciones capaces de servir al pueblo venezolano".

El proceso avanza dentro de la hoja de ruta de tres fases que Rubio ha planteado desde enero: estabilización, recuperación económica y transición electoral. Rubio ha sostenido que "Venezuela no tendrá el futuro que todos desean sin elecciones libres y justas", pero ha pedido paciencia con los tiempos, argumentando que no se puede fijar una fecha electoral sin antes garantizar prensa independiente, partidos organizados y una nueva comisión electoral. Sobre la ayuda humanitaria, Rubio indicó que de los 300 millones de dólares comprometidos, más de 180 millones ya han sido desembolsados, y que Washington trabaja para facilitar el acceso de Venezuela a financiamiento internacional para la reconstrucción. El proceso, sin embargo, no está exento de tensiones internas: la agenda no incluye a María Corina Machado, cuyos partidarios reclaman su participación tras considerar que ganó las elecciones de 2024, una posición que Washington ha evitado respaldar de manera explícita.

El arranque formal de las conversaciones de transición en Venezuela a partir de agosto es un evento de alta relevancia regional. Colombia comparte frontera con Venezuela y el gobierno entrante de De la Espriella ha planteado la posibilidad de una relación energética bilateral bajo nuevas condiciones. La evolución del proceso político venezolano — y el nivel de influencia que Washington mantenga sobre su dirección — incidirá directamente en las dinámicas de seguridad fronteriza, los flujos migratorios, las oportunidades energéticas y el clima de inversión en la región andina durante los próximos meses.

El secretario de Estado Marco Rubio presentó el documento a través de su cuenta en X, señalando que "durante más de seis décadas, el régimen cubano ha sido el principal patrocinador del izquierdismo radical y el tercermundismo en Estados Unidos" y que "el público estadounidense merece saberlo". El informe describe la combinación de espionaje, propaganda, influencia política y apoyo a movimientos armados como un modelo de operación integrada que, según el Departamento de Estado, ha sido utilizado por La Habana para avanzar sus objetivos en el hemisferio y dentro de Estados Unidos.

En relación con Colombia, el documento señala que los fundadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron entrenados en Cuba y recibieron respaldo del gobierno de Fidel Castro. También documenta los vínculos entre La Habana y el Movimiento 19 de Abril (M-19), grupo responsable de la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá en 1980, cuyos líderes — incluyendo su fundador Jaime Bateman — recibieron formación en la isla. El informe indica que el presidente colombiano Gustavo Petro fue miembro del M-19 y cita declaraciones públicas en las que Petro se refirió a los vínculos entre Castro y el movimiento. El documento señala que las huellas de esa época "todavía están marcadas en la política latinoamericana actual".

El informe también documenta la existencia de un plan de movilización en territorio estadounidense. Según el Departamento de Estado, la Red Nacional sobre Cuba (NNOC), una coalición que el documento describe como integrada por más de 60 organizaciones y vinculada al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) — entidad sancionada por Washington en junio —, distribuyó en ese mismo mes un "Plan Nacional de Respuesta Rápida" para coordinar manifestaciones en bases militares, centros de detención del ICE y edificios federales en caso de una acción militar estadounidense contra la isla. El plan establece un cronograma definido: si la acción militar se inicia antes de las 3:00 p.m. hora del Este, las manifestaciones deben comenzar a más tardar a las 6:00 p.m. hora local ese mismo día. El documento instruye a los organizadores a concentrarse en instalaciones del ICE con el propósito de vincular la solidaridad con Cuba con las iniciativas de defensa de los inmigrantes en distintas ciudades del país. El Departamento de Estado identifica entre las organizaciones de la coalición a Code Pink, The People’s Forum, los Socialistas Democráticos de América (DSA) y el Gremio Nacional de Abogados. El informe no anuncia sanciones ni acciones legales contra las organizaciones estadounidenses mencionadas y señala que gran parte de la evidencia proviene de registros públicos y materiales organizativos.

La publicación del informe se inscribe en la política de la administración Trump hacia Cuba, que ha incluido la redesignación de la isla como Estado patrocinador del terrorismo, la imposición de más de 240 sanciones desde enero de 2025 y una declaración de emergencia nacional en enero de 2026. La semana pasada, el Departamento de Estado sancionó a diez entidades cubanas adicionales, incluyendo el Ministerio de Turismo y grupos paramilitares. Rubio anunció además que la administración continuará ampliando las designaciones de organizaciones como terroristas extranjeras.

El informe se publica a 18 días de la posesión del presidente electo De la Espriella y durante la misma semana en que el presidente Petro realiza su último viaje oficial a Washington. La referencia a la trayectoria del presidente saliente en un documento oficial del Departamento de Estado coincide con las señales de respaldo que Washington ha enviado al gobierno entrante a lo largo de las últimas semanas, incluyendo la gira de la delegación colombiana por nueve agencias federales y el Congreso. Así mismo, el informe documenta la relación histórica entre Cuba y el ELN, organización con la que el gobierno Petro adelantó negociaciones de paz. El gobierno entrante de De la Espriella ha señalado que no continuará con esas negociaciones. En la audiencia congressional del 15 de julio, el Departamento de Estado confirmó que se encuentra "claramente alineado" con la administración entrante en el combate a los actores armados disidentes.

Trump publicó este lunes en redes sociales un mensaje dirigido a Teherán en el que advirtió que cualquier muerte de un soldado estadounidense a manos de Irán tendrá consecuencias proporcionales y multiplicadas. El presidente indicó que la directiva fue transmitida a los mandos militares, sin ofrecer detalles sobre el alcance de la medida. El mensaje se produjo tras la confirmación de tres nuevas bajas: la primera teniente Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19, fallecidas en ataques iraníes con misiles balísticos y drones en Jordania el viernes, y un tercer miembro del servicio muerto en el norte de Irak durante la detonación controlada de un dron iraní derribado. Con estas pérdidas, el Departamento de Defensa ha confirmado 17 militares estadounidenses fallecidos desde el inicio del conflicto.

Las operaciones de la novena noche se extendieron a zonas cercanas a ciudades donde, según el CENTCOM, Irán alberga bases subterráneas de misiles. Irán respondió con ataques contra Baréin — sede de la Quinta Flota de la Armada estadounidense — y Kuwait, cuyas fuerzas armadas informaron estar interceptando ataques hostiles la madrugada de este lunes. El viceministro de Relaciones Exteriores iraní señaló que el ataque estadounidense contra la planta nuclear en construcción de Darkhovin constituye "una agresión contra el programa nuclear pacífico de Irán". El líder supremo Mojtaba Khamenei declaró que los ataques repetidos demuestran que la firma de Trump en el memorando de entendimiento "carece por completo de valor y credibilidad". El Ministerio de Sanidad iraní reportó que, entre el 27 de junio y el 19 de julio, más de 50 personas han muerto y 517 han resultado heridas — cifras que no han sido verificadas de forma independiente.

El tránsito por el estrecho de Ormuz continúa en niveles mínimos. Solo nueve buques cruzaron la vía en las últimas 24 horas, según datos de MarineTraffic, frente a un promedio de 130 embarcaciones diarias antes del inicio del conflicto. El precio del petróleo Brent superó este lunes los 90 dólares por barril. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní señaló que, una vez que Washington incumplió los compromisos del memorando de entendimiento, la implementación del acuerdo se volvió "prácticamente imposible". Mediadores internacionales han enviado propuestas alternativas a Teherán, según la misma fuente. El memorando de entendimiento no ha sido invocado por ninguna de las partes desde la semana pasada.

Para el sector empresarial, la escalada se refleja en indicadores concretos: el Brent por encima de 90 dólares eleva los costos de energía, fletes y seguros marítimos en toda la cadena de valor global.

La medida, adoptada por el presidente Donald Trump mediante tres proclamaciones bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, afectará productos que van desde vino y productos lácteos hasta muebles, ropa, materiales de construcción y artículos deportivos. Los nuevos aranceles entrarán en vigor el próximo 19 de agosto.

Según la Casa Blanca, la decisión responde a políticas proteccionistas de Canadá, incluyendo restricciones al acceso de productos estadounidenses, tarifas preferenciales a otros socios comerciales y medidas de represalia frente a aranceles previos de EE. UU. No obstante, algunos sectores estratégicos como energía, minerales críticos, potasa y pesca quedarán excluidos de la medida.

El anuncio marca una nueva escalada en las tensiones comerciales entre ambos países, que históricamente han mantenido una estrecha integración económica bajo acuerdos como el USMCA. Sin embargo, este tratado no fue renovado por Estados Unidos, lo que ha abierto un nuevo ciclo de negociaciones comerciales en la región.

Expertos advierten que la medida podría generar efectos económicos significativos, incluyendo presiones inflacionarias, alteraciones en las cadenas de suministro y un deterioro adicional en la relación bilateral. Asimismo, se produce en un contexto político sensible en Estados Unidos, donde la política comercial de la administración Trump ha sido objeto de debate por sus posibles impactos en el crecimiento y los precios.

La decisión también se suma a otros recientes roces entre ambos países, incluyendo disputas por temas ambientales y comerciales, lo que refleja un escenario de creciente fricción en una de las relaciones económicas más relevantes de América del Norte.

La decisión se enmarca en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, bajo la cual el Gobierno estadounidense considera que las importaciones de aluminio en ciertos volúmenes y condiciones representan un riesgo para la seguridad nacional. En este contexto, la administración ha mantenido y ajustado un esquema de aranceles sobre estos productos, buscando reducir la dependencia externa y fortalecer la industria doméstica.

Como parte de las nuevas acciones, el Gobierno implementará un programa de incentivos dirigido a empresas que inviertan en la construcción, ampliación o modernización de plantas de producción de aluminio primario en Estados Unidos. Estas compañías podrán acceder a beneficios arancelarios, incluyendo la importación de ciertos volúmenes de aluminio a tarifas reducidas, siempre que cumplan con compromisos de inversión y producción en el país.

Según el Gobierno, aunque los aranceles existentes han contribuido a fortalecer la industria, la capacidad de producción nacional sigue siendo insuficiente frente a las necesidades estratégicas, especialmente en sectores vinculados a la defensa y la infraestructura crítica.

Las medidas también contemplan un sistema de monitoreo y control para garantizar el cumplimiento de los compromisos por parte de las empresas beneficiarias, con la posibilidad de retirar los incentivos en caso de incumplimiento.

Con este ajuste, la administración Trump busca consolidar una política industrial más activa en sectores estratégicos, combinando instrumentos arancelarios con incentivos a la inversión, en línea con su enfoque de seguridad económica y fortalecimiento de la producción interna.

La orden establece que los contratistas de defensa ya no podrán obtener exenciones simplemente demostrando que un proveedor chino es la opción más fácil o económica. Bajo las nuevas reglas, las empresas que soliciten una exención deberán demostrar que buscaron alternativas, revelar el origen de sus materiales y presentar un plan para reducir su dependencia de proveedores restringidos. Los contratistas que no cumplan con estos requisitos podrían perder oportunidades de contratación con el Departamento de Defensa. "Se acabó el ‘lo intentamos todo y no nos quedan opciones’", señaló Peter Navarro, asesor senior de la Casa Blanca para comercio y manufactura, durante una conferencia con periodistas previa a la firma.

La orden también instruye al Pentágono a desarrollar regulaciones que obliguen a los contratistas a mapear las cadenas de suministro de defensa consideradas críticas, desde las materias primas hasta los productos militares terminados. Las empresas deberán identificar el origen de cada componente, evaluar a sus proveedores en función de propiedad extranjera, vulnerabilidad financiera y riesgos de manufactura, y reemplazar a los proveedores considerados no confiables. Navarro describió la medida como "preparación para el campo de batalla, no papeleo", argumentando que el Pentágono necesita saber si los sistemas de misiles u otras plataformas militares dependen de proveedores controlados por países adversarios antes de que comience un conflicto.

La orden se inscribe en una serie de acciones de la administración Trump dirigidas a fortalecer la base industrial de defensa. En abril de 2025, el presidente firmó una orden para modernizar las adquisiciones del Pentágono. En enero de 2026, instruyó a los secretarios de Comercio y al representante comercial a negociar acuerdos con socios comerciales sobre minerales críticos procesados. En febrero de 2026, estableció la estrategia "America First" de transferencia de armamento. La medida de hoy responde además al contexto operativo del conflicto con Irán, que ha puesto a prueba las cadenas de suministro de misiles, drones y municiones del ejército estadounidense y ha evidenciado vulnerabilidades en la capacidad de producción de algunos sistemas de armas.

La orden tiene dos lecturas relevantes. Primero, confirma que la política de reducción de dependencia de China en cadenas de suministro estratégicas se está extendiendo del ámbito comercial al de defensa, con requisitos de trazabilidad y origen que podrían convertirse en estándar para otros sectores. Segundo, la obligación de mapear cadenas de suministro y buscar proveedores alternativos en países aliados abre oportunidades para empresas de la región con capacidad de participar en la producción de minerales críticos, componentes industriales y servicios de manufactura alineados con los estándares de seguridad que Washington exige a su base industrial de defensa.

A través de Truth Social, Trump señaló que el manual contiene información que consideró desacreditada y que, según escribió, ha generado "enormes pérdidas" para el país. "Los jueces federales de nuestra nación merecen hechos y ciencia, no fraude político ni ciencia falsa sobre el clima", publicó el presidente, ordenando a los funcionarios federales de suspensión y exclusión que revisen "esta conducta". La Casa Blanca no precisó de inmediato qué conducta específica se solicita investigar ni el alcance operativo de la orden.

El capítulo en cuestión forma parte de la cuarta edición del Reference Manual on Scientific Evidence, publicado en diciembre por el Centro Judicial Federal — el brazo de investigación del poder judicial — en colaboración con las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina. El manual es la principal herramienta de referencia que los jueces federales utilizan cuando deben evaluar la admisibilidad y el peso de testimonios periciales y evidencia documental en casos que involucran ciencia. La sección sobre cambio climático fue redactada por Jessica Wentz y Radley Horton, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, con el propósito de ayudar a los jueces a evaluar la evidencia climática presentada ante los tribunales. En febrero de este año, el poder judicial retiró ese capítulo de la edición vigente del manual, después de que un grupo de fiscales generales de estados republicanos argumentara que su contenido presentaba un sesgo en contra de las empresas de combustibles fósiles.

La orden se produce en un momento en que decenas de demandas judiciales relacionadas con el cambio climático avanzan en tribunales federales y estatales de Estados Unidos, varias de ellas presentadas por gobiernos locales y organizaciones contra empresas del sector energético. El contenido del manual de referencia científica tiene implicaciones directas sobre cómo los jueces evalúan la evidencia en esos casos — incluyendo la atribución de eventos climáticos extremos a emisiones de gases de efecto invernadero y la validez de modelos de proyección climática. La jueza de la Corte Suprema Elena Kagan escribió en el prólogo de la edición más reciente del manual que la obra "ayuda a evaluar los usos — y los mal usos — de la evidencia científica y técnica" y que "puede mejorar la calidad de las decisiones judiciales caso tras caso".

La medida es relevante en dos dimensiones. Primero, la revisión de los estándares científicos que los jueces utilizan para evaluar casos climáticos puede incidir en el resultado de litigios que afectan a empresas de los sectores de energía, transporte, manufactura, construcción y agricultura con operaciones en Estados Unidos. Segundo, la orden se suma a las medidas de la administración Trump en materia ambiental — incluyendo la reciente redefinición del concepto de "daño" bajo la Ley de Especies en Peligro — que configuran un entorno regulatorio en el que los estándares ambientales están siendo revisados de forma simultánea en el ejecutivo y en los instrumentos que orientan al poder judicial. Las empresas con exposición a regulación ambiental en EE.UU. deben considerar esta evolución en su planificación de riesgo legal y de cumplimiento normativo.

El programa denominado "Open for Small Business" es resultado de una orden ejecutiva firmada por Mamdani en enero, poco después de asumir el cargo, que instruyó a siete agencias de la ciudad a realizar un inventario de tarifas y sanciones administrativas y a recomendar formas de reducirlas. El proceso incluyó foros y encuestas a propietarios de negocios sobre los obstáculos que enfrentan en su operación. "No se puede contar la historia de Nueva York sin mencionar a nuestros pequeños negocios, y sin embargo, nuestra ciudad a menudo les ha puesto las cosas demasiado difíciles para abrir sus puertas y mantenerlas abiertas", señaló Mamdani.

Entre las reformas se incluye la eliminación del requisito de licencia adicional que necesitan las bodegas para vender fruta, flores o refrescos en un puesto frente a su propia puerta — cuando ya cuentan con licencia para vender esos mismos productos en el interior del local —, la eliminación de la obligación de que los vendedores ambulantes de comida porten una copia impresa de su contrato de suministro de alimentos cuando la ciudad ya tiene ese documento archivado, y la reducción de la multa máxima de 600 a 500 dólares por tres infracciones comunes de seguridad alimentaria. Mamdani firmó además una nueva orden ejecutiva para crear una infraestructura permanente que permita identificar reformas regulatorias de forma continua y mejorar la forma en que el gobierno presta servicios a las pequeñas empresas.

La medida es consistente con el perfil de gobierno que Mamdani ha proyectado desde su llegada a la alcaldía: una agenda progresista que combina intervención estatal en materia social con desregulación operativa para pequeños negocios. Para el sector empresarial, la iniciativa ofrece una referencia sobre cómo las ciudades estadounidenses están abordando la simplificación regulatoria como herramienta de apoyo a la actividad económica local, un enfoque que contrasta con la complejidad burocrática que los propietarios de negocios han señalado como uno de los principales obstáculos para operar en Nueva York. Las empresas con presencia comercial o interés en el mercado de la ciudad pueden beneficiarse de un entorno regulatorio más simplificado en el segmento de pequeños negocios, que emplea a más de un millón de neoyorquinos.