La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) determinó que las 60 economías investigadas no impusieron ni aplicaron eficazmente una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Por instrucción presidencial, aplicará un recargo de 10% a 17 economías, entre ellas México, Canadá, Argentina, Ecuador y Reino Unido, y de 12,5% a los 38 restantes, incluida Colombia. Unión Europea y Taiwán quedaron en 10% neto del arancel NMF, y Japón, Corea del Sur y Suiza en 12,5% neto.

El proceso inició el 12 de marzo, la determinación de accionabilidad se emitió el 2 de junio y la decisión final se adoptó tras recibir más de 1.600 comentarios escritos y audiencias públicas del 7 al 9 de julio con más de 100 intervinientes. Camboya, Guatemala, Honduras, India, Sri Lanka y Trinidad y Tobago adoptaron prohibiciones durante el proceso y accedieron a la tarifa menor; Jordania asumió compromisos en un acuerdo comercial.

Es importante aclarar que esto no significa que las exportaciones colombianas sean producidas con trabajo forzoso. El cuestionamiento está dirigido al sistema institucional con el que Colombia controla lo que importa desde terceros países.

El impacto será desigual. Productos relevantes como café, petróleo, oro, banano, aguacate y ciertos azúcares dentro de cuota están excluidos. Pero sectores como flores, confecciones, confitería, chocolates, alimentos procesados, cosméticos y otras manufacturas podrían enfrentar el nuevo costo y deberán revisar cada código arancelario.

Aunque el arancel lo paga formalmente el importador estadounidense, puede trasladarse al exportador colombiano mediante menores precios, al consumidor con mayores costos o repartirse entre ambos. Esto reduce márgenes y competitividad, especialmente frente a países que recibieron una tarifa menor o mayores excepciones.

Colombia sí tiene un camino para buscar la reducción o eliminación del arancel. Con la llegada del nuevo Gobierno, la buena dinámica entre ambos países y la voluntad de encontrar soluciones expresada tanto por el vicepresidente electo como por el ministro de Comercio electo, existe un optimismo prudente sobre la posibilidad de avanzar rápidamente en la adopción y aplicación de las medidas requeridas y, a partir de resultados verificables, solicitar a Estados Unidos la revisión del arancel.

La prioridad es actuar rápido y de forma coordinada entre Gobierno, empresas y gremios para proteger las exportaciones y recuperar competitividad exportadora de forma estructural.

IMPLICACIONES PARA COLOMBIA

¿Qué arancel enfrentará Colombia?

Un recargo adicional de 12,5% los productos colombianos que no estén expresamente exceptuados, bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio, el cual se suma al arancel ordinario de cada producto y comienza a aplicarse el 24 de julio de 2026.

Situación del producto	Tratamiento desde el 24 de julio
Pagaba 10% bajo la Sección 122 y no está en las exclusiones finales de la Sección 301	Pasa a pagar 12,5%
Pagaba 10% bajo la Sección 122, pero fue incluido entre las nuevas exclusiones finales	Deja de pagar este recargo adicional
Estaba excluido bajo la Sección 122 y también aparece en las exclusiones finales	Continúa sin el nuevo recargo
Es un químico cuya exclusión quedó limitada a uso farmacéutico	El uso farmacéutico puede quedar excluido; el uso no farmacéutico puede pagar 12,5%
No aparece claramente en la lista final	Debe presumirse sujeto, pero validarse por código arancelario

¿Dónde se concentra la protección?

En tres capítulos que representan 82,4% del valor exento: combustibles y aceites minerales (HS27) con US$6.333,2 millones; piedras y metales preciosos (HS71) con US$1.945 millones; y frutas y frutos comestibles (HS08) con US$593,7 millones. Se suman maquinaria y equipos eléctricos (HS85, US$503,2 millones), disposiciones especiales (HS98, US$279,8 millones), plásticos (HS39, US$273,5 millones), preparaciones de frutas y vegetales (HS20, US$153,2 millones) y manufacturas de hierro o acero (HS73, US$142,2 millones).

¿Qué sectores enfrentan mayor exposición?

Los bienes con alta sensibilidad al precio, márgenes reducidos y facilidad de sustitución. Además del café, se destacan plantas y flores (HS06), prendas de vestir (HS61 y HS62), artículos textiles confeccionados (HS63) y calzado (HS64).

Sector o producto	Lectura
Flores frescas cortadas	No están en la exclusión general para Colombia; continúan expuestas al 12,5%
Aceite de palma	Las líneas principales del capítulo 1511 no fueron incorporadas como nuevas exclusiones
Confitería y caramelos	Las líneas 1704 no aparecen en la exclusión general
Chocolate terminado	Las líneas 1806 no están excluidas; sí permanecen excluidos cacao en grano, pasta, manteca y polvo sin azúcar de 1801 a 1805
Panadería y pastelería	No hay una exclusión amplia; solo existen excepciones muy limitadas para ciertos productos de uso religioso que ya estaban en la Sección 122
Confecciones nuevas	Colombia no recibió la excepción otorgada a textiles de varios países de Centroamérica y República Dominicana
Cosméticos, perfumes y preparaciones capilares	No se identifica una nueva exclusión general
Plásticos y sus manufacturas	No existe un alivio sectorial amplio
Transformadores eléctricos	No aparece una nueva exclusión general
Insecticidas terminados	No deben confundirse con algunos insumos o pesticidas excluidos únicamente para aplicaciones farmacéuticas

¿Cómo queda Colombia frente a sus competidores?

En desventaja frente a las economías que obtuvieron la tarifa de 10%, entre ellas Ecuador, México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Argentina. La diferencia de 2,5 puntos porcentuales será relevante en bienes que compiten directamente en el mercado estadounidense. Frente a Brasil, Chile, Perú, Costa Rica y República Dominicana, también sujetos al 12,5%, la pérdida de competitividad relativa es menor.

Dos precisiones que conviene incorporar:

1. La exención no es por país sino por partida. El recargo colombiano cae bajo la nueva subpartida HTSUS 9903.05.32; las exclusiones generales están en 9903.05.85–9903.05.92 y en el Anexo II, Parte A. Colombia no recibió anexo país específico (a diferencia de Ecuador, Argentina o Guatemala).
2. Colombia no accedió a mecanismos de mitigación. Los contingentes arancelarios textiles quedaron reservados a Bangladesh, Camboya, Indonesia y Malasia, condicionados a compras de algodón e insumos estadounidenses. Es un precedente útil: la vía de alivio que abrió USTR es la adopción formal de una prohibición de importación, no el argumento de cumplimiento laboral doméstico ni la ratificación de convenios OIT, que la agencia descartó expresamente en su respuesta a comentarios.

ALERTA COMERCIAL

Estados Unidos mantiene la cuota de azúcar para Colombia: estabilidad con oportunidades por aprovechar

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) asignó a Colombia 25.819 toneladas métricas valor crudo (MTRV) de azúcar de caña dentro del contingente arancelario de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para el año fiscal 2027.

El volumen es igual al otorgado en los dos años anteriores. En consecuencia, la medida no representa una ampliación del acceso, pero tampoco una reducción: mantiene una puerta estable para los exportadores colombianos entre el 1.º de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

La cuota equivale a 2,31% del contingente mínimo de azúcar crudo de la OMC, cerca de 0,8% de las importaciones estadounidenses proyectadas para ese período y aproximadamente 3,5% de las exportaciones totales de azúcar de Colombia.

¿Cómo funciona la cuota?

Un contingente arancelario permite importar una cantidad determinada con un arancel relativamente bajo. Una vez se supera ese volumen, el producto puede seguir ingresando, pero debe pagar una tarifa mucho más alta, lo que reduce su competitividad.

Para 2027, Estados Unidos estableció un contingente total de 1.117.195 MTRV de azúcar crudo, correspondiente al mínimo comprometido ante la OMC. USTR distribuyó inicialmente 1.061.202 MTRV y dejó 55.993 MTRV pendientes de asignación antes del 1.º de octubre. La cuota colombiana ya está definida; lo pendiente es determinar qué países recibirán el volumen restante.

Un mercado grande, pero altamente regulado

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) proyecta para el año fiscal 2027 una producción interna cercana a 9 millones de toneladas cortas valor crudo, importaciones por 3,58 millones y un uso total de aproximadamente 12,57 millones.

Esto significa que las importaciones representarían cerca de 28,5% del azúcar utilizado en Estados Unidos. Es decir, casi tres de cada diez toneladas consumidas por hogares e industrias provendrían del exterior.

La dependencia de las importaciones genera oportunidades para Colombia, pero dentro de un sistema diseñado para proteger a los productores estadounidenses y administrar cuidadosamente el déficit de oferta.

Colombia tiene una segunda vía bajo el TLC

Además de la cuota de la OMC, Colombia cuenta con un contingente separado bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. El volumen programado para 2027 sería de 61.250 toneladas métricas, pero su disponibilidad efectiva dependerá del excedente comercial de azúcar que Colombia demuestre cada año.

Los dos mecanismos son independientes: lo exportado bajo el TLC no descuenta automáticamente la cuota de la OMC. En conjunto, representan una oportunidad relevante, aunque funcionan con calendarios, productos y requisitos documentales diferentes.

No todos los dulces están cubiertos

El anuncio también incluye ciertos productos que contienen azúcar, pero esto no significa que todos los dulces, chocolates, galletas, bebidas o alimentos procesados puedan beneficiarse del contingente.

Estados Unidos estableció una cuota de 64.709 toneladas para esta categoría. Canadá recibió 59.250 toneladas y solo 5.459 quedaron disponibles para los demás países por orden de llegada.

La elegibilidad depende del código del Sistema Armonizado de Aranceles de Estados Unidos (HTSUS, por sus siglas en inglés), el porcentaje de azúcar en peso seco, la composición, el empaque y el uso del producto. Algunas confiterías, chocolates, mezclas y preparaciones alimenticias pueden estar cubiertas, mientras otras no.

Por ello, las empresas colombianas deben revisar cada producto antes de fijar precios o realizar un embarque. Que un alimento sea dulce o incluya azúcar entre sus ingredientes no garantiza que pueda ingresar dentro de la cuota.

Oportunidades y retos para Colombia

La principal oportunidad está en aprovechar un mercado estadounidense que necesita importaciones y en utilizar de forma más eficiente tanto la cuota de la OMC como la del TLC. También existen posibilidades para productos orgánicos, sostenibles, trazables o dirigidos a segmentos especializados.

Sin embargo, Colombia compite con proveedores de mayor escala. México tiene una posición dominante por su cercanía e integración logística; República Dominicana, Filipinas, Brasil y Australia cuentan con cuotas mayores; y Canadá concentra buena parte del acceso para azúcar refinada y ciertos productos procesados.

El reto central es convertir la cuota en ventas reales. Para ello se requieren compradores, contratos, disponibilidad de producto, certificados de origen, cumplimiento aduanero y una logística competitiva. La asignación, por sí sola, no garantiza que el volumen sea utilizado.

La lectura para el sector colombiano es clara: la decisión de USTR mantiene el acceso existente y ofrece estabilidad, pero el crecimiento dependerá de una mejor ejecución comercial, del uso completo de los contingentes y de una correcta clasificación de los productos con valor agregado.

COMERCIO

USTR advierte que medidas de la Unión Europea elevan la incertidumbre comercial transatlántica

El representante comercial de Estados Unidos, embajador Greer, expresó preocupación por recientes decisiones de la Unión Europea que, según afirmó, generan incertidumbre sobre la continuidad del Acuerdo de Turnberry. Sus declaraciones se produjeron después de que la Comisión Europea anunciara una multa cercana a US$1.000 millones contra Google, medida que se suma a otras actuaciones adoptadas bajo la Ley de Mercados Digitales contra el sistema operativo Android y los servicios de búsqueda de la compañía.

Greer sostuvo que esas decisiones plantean riesgos para la privacidad y la seguridad de los usuarios y afirmó que podrían representar una transferencia tecnológica forzada y un uso indebido de propiedad intelectual. También cuestionó el respaldo financiero otorgado a Airbus y señaló que, según la posición estadounidense, la Unión Europea está aplicando medidas que afectan de manera desproporcionada a algunas de las empresas más competitivas de Estados Unidos.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR) indicó que Washington busca resolver sus diferencias con la Unión Europea mediante un diálogo constructivo sobre la Ley de Mercados Digitales y otras políticas comunitarias. No obstante, Greer afirmó que las acciones recientes dificultan ese proceso y advirtió que podrían poner en riesgo la estabilidad de la relación comercial transatlántica y las condiciones de acceso para las exportaciones estadounidenses de bienes y servicios.

COMERCIO

Presidenta Sheinbaum confirma avances en la revisión del USMCA tras reunirse con Greer

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el marco de la tercera ronda bilateral de revisión del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). Tras el encuentro, la mandataria informó que ambas delegaciones avanzaron en la revisión del acuerdo y en otros asuntos bilaterales, aunque hasta el momento ninguno de los dos gobiernos ha divulgado un comunicado conjunto con detalles sobre los resultados.

A través de su cuenta oficial en X, Sheinbaum señaló que la reunión se llevó a cabo en el Palacio Nacional y afirmó que las conversaciones permitieron avanzar en la revisión del USMCA y en acuerdos bilaterales "en beneficio de ambos pueblos". Las autoridades mexicanas indicaron que se espera información adicional en las próximas horas por parte de la Secretaría de Economía o de la Presidencia.

Greer llegó a Ciudad de México un día antes para participar en la tercera ronda de negociaciones bilaterales, programada entre el 22 y el 24 de julio. De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR), los equipos técnicos de ambos países iniciaron formalmente las reuniones el 21 de julio con el propósito de continuar las discusiones sobre diversos temas comerciales.

Entre los principales asuntos de la agenda se encuentran el comercio de acero y aluminio, la industria automotriz, la seguridad económica, la agricultura, los temas laborales y los servicios de pagos electrónicos. Según Sheinbaum, la reunión con Greer también permitió evaluar el trabajo realizado por los equipos negociadores e identificar los temas que aún requieren discusión entre ambas partes.

El encuentro se desarrolló mientras Estados Unidos mantiene abiertas varias investigaciones comerciales que podrían derivar en la imposición de nuevos aranceles a determinados países. Sheinbaum explicó que estos procesos corresponden a mecanismos distintos de los aranceles recíprocos aplicados anteriormente y sostuvo que el objetivo del Gobierno mexicano es preservar el acceso preferencial para los bienes que cumplen con las reglas de origen del USMCA.

La presidenta también informó que la Secretaría de Economía participó la semana pasada en una audiencia ante las autoridades estadounidenses para presentar los argumentos de México frente a posibles medidas comerciales. No obstante, señaló que su gobierno esperará las decisiones oficiales de Washington antes de pronunciarse sobre el eventual impacto de esas investigaciones.

La tercera ronda de revisión forma parte del proceso de evaluación conjunta previsto en el USMCA y representa uno de los hitos más relevantes del acuerdo desde su entrada en vigor. Las conversaciones continúan mientras ambos gobiernos buscan resolver diferencias comerciales y fortalecer la relación económica bilateral, aunque los detalles de los avances alcanzados aún no han sido divulgados oficialmente.

POLÍTICA

Estados Unidos y Rusia retoman el diálogo sobre la guerra en Ucrania durante reunión en Manila

Los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y Rusia, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, sostuvieron este jueves una reunión en Manila en la que abordaron la evolución de la guerra en Ucrania y las posibilidades de avanzar hacia una solución negociada al conflicto. El encuentro tuvo lugar en el marco de la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde ambos países participan como socios externos y aprovecharon el espacio para intercambiar puntos de vista sobre asuntos bilaterales e internacionales.

Tras la reunión, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó que Lavrov expuso a Rubio la visión de Moscú sobre la situación en el frente de combate y reiteró la posición del Gobierno ruso respecto a la continuidad del apoyo militar occidental a Ucrania. Según el comunicado oficial, el canciller también presentó críticas a varios países europeos, a los que acusó de promover políticas que, según su versión, buscan causar una "derrota estratégica" a Rusia.

Antes del encuentro, Rubio había señalado que la guerra en Ucrania ha dificultado significativamente las relaciones entre Washington y Moscú, aunque sostuvo que ambos países deben mantener canales de comunicación abiertos debido a su responsabilidad como las dos mayores potencias nucleares del mundo. El secretario de Estado afirmó que, pese a las diferencias existentes, Estados Unidos considera necesario explorar áreas de posible cooperación y reiteró que su país está dispuesto a desempeñar un papel constructivo para contribuir al fin del conflicto.

Por su parte, Lavrov manifestó que Rusia considera que Estados Unidos no ha abandonado las propuestas discutidas durante la cumbre celebrada en agosto de 2025 entre el presidente Vladímir Putin y el presidente Trump. Aunque el contenido de esas conversaciones no ha sido divulgado oficialmente, distintos medios occidentales informaron en ese momento sobre posibles fórmulas para alcanzar un acuerdo. De acuerdo con el comunicado ruso, Lavrov reiteró durante la reunión la disposición de Moscú a buscar una solución política y diplomática.

Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, con mediación estadounidense, permanecen estancadas desde febrero de este año. Desde entonces, ambas partes han intensificado sus operaciones militares: Ucrania ha incrementado sus ataques sobre territorio ruso, mientras que Moscú ha reforzado los bombardeos contra distintas ciudades ucranianas, entre ellas Kiev y el puerto de Odesa, en el mar Negro.

Al término de la jornada, Rubio reiteró que Estados Unidos mantiene su disposición para facilitar un proceso de negociación entre las partes y expresó su deseo de que la guerra, iniciada en febrero de 2022, llegue a su fin. El secretario de Estado sostuvo que Washington continúa abierto a desempeñar un papel de mediación y afirmó que considera que su país puede contribuir de manera constructiva a la búsqueda de una salida diplomática al conflicto.

POLÍTICA

Presidente Trump vincula acuerdo nuclear con Arabia Saudí a la normalización de relaciones con Israel

El presidente Trump afirmó este jueves que el acuerdo de cooperación nuclear civil que negocian Estados Unidos y Arabia Saudí solo avanzará si el reino saudí se adhiere a los Acuerdos de Abraham y normaliza sus relaciones diplomáticas con Israel. A través de una publicación en Truth Social, el mandatario precisó que el entendimiento contempla exclusivamente usos civiles de la energía nuclear y excluye el enriquecimiento de material.

El presidente Trump señaló que el acuerdo de energía nuclear civil, negociado entre el Departamento de Energía de Estados Unidos y Arabia Saudí, "no incluirá el enriquecimiento de material" y estará limitado a fines no militares, en condiciones similares a las existentes con otros países de la región. Asimismo, indicó que Washington "no se opone a las instalaciones nucleares civiles (sin enriquecimiento)", pero reiteró que la aprobación del acuerdo está condicionada a la adhesión saudí a los Acuerdos de Abraham.

El pacto, conocido como "Acuerdo 123", fue firmado la víspera y aún debe ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos. En un comunicado, la Administración Trump indicó que el convenio tiene fines exclusivamente pacíficos y está basado en los principios de la no proliferación nuclear. Además, señaló que permitirá a las empresas estadounidenses acceder de manera preferente al sector de energía nuclear civil de Arabia Saudí.

Las negociaciones se desarrollan en un contexto marcado por las tensiones entre Arabia Saudí e Irán y por los esfuerzos de Washington para limitar el programa nuclear iraní. Teherán ha sostenido que sus actividades nucleares tienen fines pacíficos, mientras Estados Unidos continúa impulsando medidas orientadas a restringir sus capacidades en esta materia.

La posible normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel representaría uno de los cambios diplomáticos más relevantes en Oriente Medio de los últimos años. No obstante, las autoridades saudíes han reiterado que solo darán ese paso si existe un camino creíble hacia la creación de un Estado palestino, posición que mantienen desde que se interrumpieron las negociaciones tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva israelí en Gaza.

Los Acuerdos de Abraham fueron promovidos durante el primer mandato del presidente Trump y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos. En mayo de este año, el mandatario también planteó que un eventual acuerdo de paz con Irán debería incluir la incorporación de nuevos aliados regionales, entre ellos Arabia Saudí y Catar, a ese marco de normalización diplomática.

POLÍTICA

Cámara de Representantes aprueba resolución para limitar la acción militar de Estados Unidos en Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves, por un estrecho margen de 214 votos contra 208, una resolución que busca exigir la autorización del Congreso para continuar las operaciones militares contra Irán. La iniciativa representa el segundo pronunciamiento de la Cámara sobre este asunto desde el inicio del conflicto y será considerada también por el Senado, en una votación impulsada por legisladores demócratas en medio de la prolongación de la guerra.

Aunque la resolución no tiene efectos inmediatos sobre las operaciones militares, sus promotores señalaron que busca reafirmar las facultades constitucionales del Congreso en materia de guerra. La representante demócrata Pramila Jayapal, quien lideró la iniciativa, sostuvo que el conflicto "no tiene una misión clara, una estrategia ni un objetivo final", al defender la necesidad de que el Legislativo participe en cualquier decisión sobre la continuidad de la intervención militar.

La propuesta fue aprobada gracias al apoyo de un reducido grupo de legisladores republicanos que votó junto con la bancada demócrata. Sin embargo, la mayoría de los republicanos respaldó la posición de la Casa Blanca y rechazó limitar las facultades del presidente Trump para dirigir las operaciones militares. El mandatario ha sostenido que las acciones contra Irán no implican un retorno a una guerra de largo plazo y, tras una votación similar realizada en junio, calificó esa iniciativa como "antipatriótica" y "sin sentido".

Durante el debate, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Brian Mast, defendió la continuidad de la operación militar y recordó a los militares estadounidenses fallecidos desde el inicio del conflicto. Según afirmó, minimizar la misión sería desconocer el sacrificio de quienes perdieron la vida y sostuvo que la ofensiva responde a los ataques que, según su versión, Irán ha dirigido contra ciudadanos estadounidenses. En contraste, el congresista demócrata Gregory Meeks argumentó que corresponde al presidente presentar ante el Congreso los fundamentos para mantener una intervención militar y cuestionó la falta de autorización legislativa.

La votación se produjo mientras continúan los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán y persisten las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de energía. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó esta semana ante el Senado que el costo de la guerra asciende hasta el momento a US$37.500 millones, mientras el incremento de los precios de los combustibles comienza a tener efectos sobre la economía estadounidense.

El debate también ha puesto de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano. Algunos legisladores han solicitado a la Administración Trump mayor información sobre la estrategia y los objetivos del conflicto. El senador Bill Cassidy, por ejemplo, afirmó que la operación inicialmente estaba prevista para durar cuatro semanas, pero ya se ha extendido durante cuatro meses, y señaló que los objetivos originales aún no se han alcanzado. Tras recibir una sesión informativa de la Casa Blanca, el senador modificó posteriormente su voto en una resolución anterior relacionada con el conflicto.

Paralelamente, diversas encuestas reflejan un descenso en el respaldo ciudadano a la guerra. Un sondeo de The Washington Post e Ipsos publicado en julio encontró que la mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Trump frente al conflicto con Irán y considera que la guerra no ha valido la pena. Incluso entre los votantes republicanos, una parte significativa manifestó dudas sobre si la acción militar y las negociaciones en curso impedirán que Irán desarrolle capacidades nucleares.

POLÍTICA

Estados Unidos destina más de US$200 millones para fortalecer la respuesta humanitaria global

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves una nueva contribución superior a US$200 millones destinada al Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) y a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta frente a desastres naturales, emergencias humanitarias y conflictos armados en distintas regiones del mundo.

Del monto anunciado, cerca de US$133 millones serán destinados al llamamiento global del ICRC para 2026, mientras que US$70 millones se asignarán a la IFRC. Según el Departamento de Estado, el esquema de financiamiento busca proporcionar recursos flexibles para que las organizaciones puedan responder de manera inmediata tanto a crisis en curso como a nuevas emergencias, sin depender de procesos administrativos prolongados.

La Administración estadounidense explicó que el apoyo a la IFRC permitirá reforzar la labor de su red mundial de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, integrada por aproximadamente 18 millones de voluntarios capacitados. Estas organizaciones suelen ser las primeras en atender a las comunidades afectadas por desastres, proporcionando asistencia de emergencia y apoyo humanitario en las etapas iniciales de cada crisis.

Por su parte, la contribución al ICRC respaldará las operaciones de la organización en zonas afectadas por conflictos armados. El Departamento de Estado destacó que el mandato neutral e imparcial del organismo le permite acceder a poblaciones ubicadas en áreas de difícil acceso o a ambos lados de las líneas de combate, facilitando la entrega de ayuda humanitaria donde otras organizaciones enfrentan mayores restricciones.

La Administración también señaló que canalizar los recursos a través de organizaciones con infraestructura y presencia internacional consolidadas permite agilizar la distribución de la asistencia y reducir los tiempos de respuesta. Indicó además que este modelo complementa otros mecanismos de cooperación ya existentes con entidades como Catholic Relief Services, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Finalmente, el Gobierno estadounidense reiteró que continúa siendo el mayor donante humanitario del mundo y afirmó que seguirá promoviendo un modelo de asistencia internacional más rápido, eficiente y orientado a resultados. Asimismo, hizo un llamado a otros gobiernos y al sector privado para que incrementen su participación en los esfuerzos de respuesta ante emergencias y crisis humanitarias.

SEGURIDAD

Secretario Rubio afirma que Irán mantiene contactos para buscar un acuerdo con Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves que Irán continúa buscando canales de comunicación con Washington para intentar alcanzar un acuerdo en medio del conflicto entre ambos países. Durante declaraciones ofrecidas en la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en Manila, Rubio afirmó que Teherán mantiene contactos indirectos con la administración estadounidense, aunque sostuvo que, hasta ahora, no se han registrado avances hacia una solución.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que Irán "suplica todos los días" a Estados Unidos "alcanzar un acuerdo" y afirmó que esos contactos se realizan mediante "mensajes a través de terceros países", sin precisar cuáles. Además, sostuvo que "el problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo (…) lo rompen o quieren cambiarlo", al tiempo que advirtió que la República Islámica "seguirá pagando el precio" de prolongar la guerra y que ese costo "sube cada noche más y más".

Rubio también afirmó que Irán "no está lista para llegar a un acuerdo", reiterando una declaración previamente expresada por el presidente Trump. Asimismo, calificó al Gobierno iraní como "un país gobernado por clérigos radicales" y sostuvo que la población continuará enfrentando las consecuencias del conflicto mientras, según su versión, las autoridades del país no modifiquen su posición.

Las declaraciones se producen luego de que hace dos semanas el presidente Trump diera por terminada la tregua derivada del memorando de entendimiento firmado en junio entre Washington y Teherán. Ese acuerdo contemplaba un alto el fuego, el desbloqueo del estrecho de Ormuz y la apertura de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la Casa Blanca sostuvo posteriormente que Irán había incumplido los compromisos asumidos.

Desde entonces, los enfrentamientos entre ambas partes se han intensificado. Estados Unidos ha incrementado sus operaciones militares contra objetivos iraníes, mientras que Irán ha respondido con ataques contra países del Golfo aliados de Washington, entre ellos Kuwait, Baréin, Jordania y Catar. Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó este jueves que sus acciones responden a la ofensiva estadounidense y sostuvo que no buscan agredir a los países vecinos de la región.

MIGRACIÓN

Coalición de estados demanda al Gobierno de EE.UU. por nuevas condiciones para acceder a fondos de emergencia

Una coalición integrada por 24 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la Administración del presidente Trump por las nuevas condiciones impuestas para acceder a fondos federales destinados a la preparación, respuesta y recuperación ante desastres y emergencias. La acción judicial, radicada ante un tribunal federal en Rhode Island, sostiene que los requisitos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security, DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) exceden las facultades del Gobierno federal y vulneran la Constitución.

Según la demanda, la Administración exige que los estados adopten determinadas políticas federales como condición para recibir miles de millones de dólares en subvenciones aprobadas por el Congreso. Entre los requisitos cuestionados se encuentran una mayor cooperación con las autoridades federales de inmigración, incluida la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el cumplimiento de nuevas disposiciones relacionadas con la administración electoral y otros criterios que, según los demandantes, podrían utilizarse para suspender la financiación.

El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó durante una rueda de prensa que esta no es la primera vez que los estados impugnan este tipo de medidas y señaló que, junto con otros fiscales estatales, ya habían logrado bloquear dos intentos anteriores relacionados con los mismos programas de subvenciones. En ese contexto, sostuvo que espera que los tribunales también rechacen las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno federal.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, cuestionó la decisión de la Administración y afirmó que el Gobierno federal no puede utilizar los recursos destinados a emergencias para presionar a los estados a modificar sus propias leyes electorales u otras políticas públicas. La demanda fue presentada por California e Illinois y cuenta con el respaldo de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Kentucky y el Distrito de Columbia.

La acción judicial busca que un tribunal declare ilegales e inconstitucionales las nuevas condiciones impuestas para acceder a los fondos de emergencia y prohíba su aplicación. El caso se suma a otros litigios entre varios estados y la Administración del presidente Trump relacionados con el alcance de las facultades del Gobierno federal para condicionar la entrega de recursos aprobados por el Congreso.

MIGRACIÓN

Washington anuncia restricciones migratorias para combatir estafas digitales

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva política global de restricciones de visa dirigida a personas responsables o cómplices de delitos cibernéticos y actividades criminales facilitadas por medios digitales, incluidas las estafas en línea y la sextorsión. La medida se adopta bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y también podrá aplicarse a familiares inmediatos de quienes participen en estas redes.

La decisión se enmarca en la orden ejecutiva del presidente Trump sobre el combate al ciberdelito, el fraude y los esquemas dirigidos contra ciudadanos estadounidenses. Según la Administración, organizaciones criminales transnacionales, algunas de ellas vinculadas con redes de origen chino, defraudaron a ciudadanos de Estados Unidos por al menos US$10 mil millones durante 2024, al tiempo que facilitaron operaciones de lavado de activos, corrupción y trata de personas.

El Gobierno estadounidense también señaló que menores de edad han sido objeto de esquemas de sextorsión coordinados desde el extranjero, mediante los cuales los responsables obtienen imágenes o información privada y posteriormente amenazan a las víctimas para exigir dinero u otras acciones. La nueva política busca impedir el ingreso a Estados Unidos de personas que organicen, faciliten o se beneficien de estas actividades.

La Administración Trump indicó que las restricciones migratorias complementarán otras herramientas como sanciones, procesos judiciales, decomisos de activos, solicitudes de extradición y cooperación internacional entre autoridades. De acuerdo con el Departamento de Estado, el objetivo es desarticular las redes criminales, aumentar los costos para quienes las apoyan y reforzar la protección de los ciudadanos estadounidenses frente a delitos cometidos desde el exterior.

SANCIONES

Departamento de Estado sanciona entidades y funcionarios vinculados con sectores estratégicos de Cuba

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra nueve entidades y dos funcionarios vinculados con el Gobierno de Cuba, como parte de sus acciones para restringir el acceso del régimen a recursos financieros. Según la entidad, las medidas están dirigidas a organizaciones y personas relacionadas con el sector energético, la evasión de sanciones y el programa de misiones médicas en el exterior.

Las designaciones fueron adoptadas bajo las autoridades estadounidenses en materia de sanciones relacionadas con la represión en Cuba y otras amenazas para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Entre las entidades incluidas figuran el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Empresa de Energía (ENERSA) y Einarbo S.A., señaladas por operar en el sector energético mediante actividades de exploración, investigación e importación de gas, combustibles y lubricantes.

El Departamento de Estado también incluyó en la lista de sanciones a Terminal de Contenedores de Mariel S.A. y Coral Marítima S.A. De acuerdo con el Gobierno estadounidense, ambas compañías estarían vinculadas con operaciones destinadas a reorganizar activos asociados al conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), al que Washington acusa de utilizar cambios en la estructura corporativa para eludir las sanciones vigentes. Asimismo, fueron sancionadas Ceiba Investments Limited y Orbit S.A., empresas que, según Estados Unidos, operan en el sector de servicios financieros y mantienen vínculos con entidades previamente designadas.

Otro grupo de medidas se dirigió al programa cubano de misiones médicas internacionales. Estados Unidos sancionó a Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. y a la Unidad Central de Cooperación Médica, organismos responsables de administrar y coordinar el envío de profesionales de la salud al exterior. El Departamento de Estado afirmó que este programa presenta patrones de trabajo forzoso y sostuvo que el Gobierno cubano retiene entre el 50% y el 95% de los salarios pagados por los países receptores, afirmaciones que las autoridades cubanas han rechazado en ocasiones anteriores.

Las sanciones también alcanzan al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, y a la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica, Gretza Sánchez Padrón. Según el Gobierno estadounidense, ambos desempeñan funciones de dirección y supervisión sobre las entidades encargadas de gestionar las misiones médicas internacionales.

Con estas nuevas designaciones, Estados Unidos refuerza las restricciones sobre sectores que considera relevantes para la generación de ingresos del Gobierno cubano, incluyendo energía, servicios financieros, infraestructura portuaria y exportación de servicios médicos, en línea con su política de incrementar la presión económica sobre el régimen.

SANCIONES

Tesoro de Estados Unidos amplía sanciones contra la estructura financiera del CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la que describió como su mayor acción adoptada hasta ahora contra esta organización. La medida busca afectar sus estructuras de liderazgo, financiamiento, tráfico de drogas, lavado de activos y actividades comerciales utilizadas para encubrir recursos ilícitos.

Entre los principales sancionados figura Juan Carlos González, alias “Pelón”, ciudadano mexicano y estadounidense a quien el Tesoro identifica como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de su padrastro y fundador del cartel, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante una operación del Gobierno de México en febrero de 2026. González enfrenta cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos y el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta US$5 millones por información que conduzca a su captura o condena.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la Administración Trump busca desmantelar las organizaciones designadas como terroristas y restringir los recursos utilizados para traficar fentanilo y otras drogas. Según el Tesoro, el CJNG mantiene operaciones internacionales y obtiene ingresos adicionales mediante el robo y contrabando de combustibles, fraudes relacionados con propiedades vacacionales y otras actividades ilícitas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) también actuó contra redes familiares y empresariales vinculadas con dirigentes del cartel, entre ellas estructuras relacionadas con Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, y Gerardo Botello Rozalez, alias “El Cachas”. Las designaciones incluyen familiares, operadores territoriales y empresas dedicadas a actividades como venta de bebidas, producción agrícola, construcción, seguridad privada, transporte, comercialización de ropa, muebles y calzado.

El paquete también comprende a personas señaladas de producir y distribuir fentanilo, cocaína y metanfetaminas desde laboratorios clandestinos ubicados en estados como Jalisco y Zacatecas. La OFAC afirmó que algunos de estos operadores participaban simultáneamente en el tráfico de drogas, el robo de combustibles y el uso de compañías logísticas y energéticas para facilitar el movimiento de sustancias y recursos.

Otra parte de la acción se concentró en una red de lavado de dinero con operaciones en Zapopan y Guadalajara, que habría recolectado efectivo procedente del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos para transferirlo posteriormente a México mediante diversos instrumentos financieros. De acuerdo con el Tesoro, esta estructura habría lavado decenas de millones de dólares anuales desde al menos 2023 y cobraba una comisión por devolver los recursos a sus propietarios dentro del cartel.

SANCIONES

Tesoro de Estados Unidos sanciona redes financieras vinculadas con Hamás y la Hermandad Musulmana

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra un alto dirigente de la Hermandad Musulmana Egipcia, tres personas y tres entidades que, según las autoridades estadounidenses, brindaron apoyo material a Hamás. La medida incluye a dos organizaciones que operaban como supuestas entidades caritativas y que, de acuerdo con el Tesoro, canalizaron recursos hacia el brazo militar del grupo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la Administración Trump continuará actuando contra las personas y organizaciones que financien actividades terroristas. “Ya sea bajo la apariencia de organizaciones benéficas, empresas o redes financieras clandestinas, quienes permiten las operaciones de Hamás serán identificados, sancionados y responsabilizados”, señaló.

Entre los sancionados se encuentra Mahmoud al-Abyari, dirigente de la Hermandad Musulmana Egipcia residente en el Reino Unido, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) atribuyó actividades de recaudación y apoyo financiero para organizaciones previamente designadas por sus vínculos con Hamás. También fueron incluidas Tujah Bulah Global, con sede en Indonesia, y Madad Palestine Charitable Society, ubicada en Gaza, entidades que, según la OFAC, fueron utilizadas para recaudar recursos destinados al brazo militar de Hamás.

La acción también alcanzó a El-Kahira for General Trading, empresa con sede en Turquía que habría transferido cientos de miles de dólares para Hamás y prestado servicios financieros clandestinos mediante monedas tradicionales y criptoactivos. Junto con la empresa fueron sancionados su propietario, Khuldun Khamis Zakaria Alden, y los accionistas Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri y Abdullah Issam Ahmad Al-Jebouri.

Las designaciones se adoptaron bajo las autoridades estadounidenses en materia de sanciones antiterroristas y se suman a las medidas anunciadas en enero y marzo de 2026 contra redes financieras vinculadas con Hamás y la Hermandad Musulmana. El Tesoro indicó que la operación contó con la cooperación de la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP).