Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio Exterior

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrió una convocatoria nacional para recoger aportes ciudadanos y del sector turístico que sirvan de base para la formulación del Plan Sectorial de Turismo 2026-2030. El proceso, desarrollado en 36 destinos del país, busca identificar necesidades, iniciativas y prioridades regionales que orienten la política turística del próximo Gobierno y su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo.

La estrategia reúne a entidades públicas, gremios, empresarios, autoridades locales y comunidades mediante jornadas presenciales, mesas de concertación y canales virtuales. El objetivo es construir una hoja de ruta participativa que fortalezca la competitividad y la sostenibilidad del turismo, con especial atención a territorios como San Andrés y Providencia, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura y el Litoral Pacífico.

El MinCIT habilitó canales virtuales para que todos puedan participar. Si no es posible asistir a las jornadas en los territorios, puede registrar sus propuestas, ideas e inquietudes a través del formulario de participación digital.

La decisión de Estados Unidos de imponer un arancel adicional del 12,5 % a una parte de las exportaciones colombianas trasciende una discusión estrictamente comercial. Aunque la medida se fundamenta en la ausencia de mecanismos suficientes para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzado, sus efectos se proyectan sobre la relación bilateral, la estabilidad económica y la agenda política del gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto. Más que una sanción puntual, constituye una señal de que Washington seguirá utilizando el acceso a su mercado como un instrumento para impulsar cambios regulatorios en sus socios comerciales.

Desde el punto de vista económico, el impacto dependerá de la capacidad de los exportadores para absorber o trasladar el mayor costo del arancel. Sin embargo, la principal preocupación radica en que Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones colombianas, por lo que cualquier pérdida de

competitividad puede afectar sectores intensivos en empleo como flores, café, confecciones y agroindustria. A ello se suma un posible efecto sobre la tasa de cambio, pues una reducción en el ingreso de divisas o un incremento en la percepción de riesgo podría presionar una depreciación adicional del peso, encareciendo las importaciones y elevando los costos para diferentes sectores productivos.

En el plano político, la medida representa la primera prueba económica para el gobierno de Abelardo de la Espriella. La respuesta anunciada por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, orientada a expedir un decreto que prohíba la importación de bienes producidos con trabajo forzado y abrir una negociación con las autoridades estadounidenses, busca transmitir una imagen de capacidad de ejecución y reconstrucción de la confianza con Washington. Al mismo tiempo, instala un contraste con el gobierno saliente, al atribuirle la falta de reacción frente a advertencias que, según el equipo entrante, eran conocidas desde meses atrás.

No obstante, el episodio también evidencia las limitaciones institucionales propias de la transición presidencial. Hasta la posesión del nuevo gobierno, la facultad para adoptar decisiones regulatorias y conducir formalmente la política exterior continúa en cabeza de la administración saliente. En consecuencia, cualquier solución inmediata dependerá de un nivel mínimo de coordinación entre dos gobiernos que llegan a este proceso con profundas diferencias políticas.

Más allá del desenlace de la negociación, el principal mensaje es que el acceso preferencial al mercado estadounidense dependerá cada vez más del cumplimiento de estándares regulatorios promovidos por Washington. Para Colombia, el desafío no será únicamente lograr la reducción o eliminación del arancel, sino fortalecer su capacidad para anticipar este tipo de exigencias y evitar que futuras controversias regulatorias se conviertan en factores de incertidumbre para el comercio, la inversión y la relación bilateral.

● Minero energético

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, propuso implementar temporalmente el teletrabajo y las clases en casa para reducir el consumo de energía durante el mantenimiento de la regasificadora SPEC y ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño. El Gobierno también señaló la necesidad de acelerar la transición energética, ampliar el uso de fuentes renovables y electrificar la industria para disminuir la dependencia del gas natural y fortalecer la seguridad energética del país.

El anuncio se realizó durante la inauguración del Sistema Solar Fotovoltaico Centralizado Michi Kai, en Manaure, La Guajira. El proyecto, que contó con una inversión superior a $56.000 millones, beneficiará con energía permanente a más de 4.700 habitantes de 59 rancherías wayuu, gracias a 3.350 paneles solares que generarán cerca de 3.540 MWh al año y evitarán aproximadamente 3.600 toneladas de emisiones de CO₂.

Colombia fue sede de un taller regional organizado por el Ministerio de Minas y Energía y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), orientado a fortalecer la seguridad física nuclear en América Latina y el Caribe. Durante dos semanas, representantes de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay recibieron formación técnica y metodológica para prevenir, detectar y responder ante el tráfico ilícito de materiales nucleares y radiactivos.

La capacitación contó con expertos del OIEA, Interpol y el Departamento de Energía de Estados Unidos, quienes abordaron técnicas de detección, manejo de equipos especializados, respuesta ante incidentes y metodologías de enseñanza. Con esta iniciativa, Colombia consolida su liderazgo regional, fortalece la cooperación internacional y promueve la creación de una red de instructores capaces de replicar estos conocimientos en sus países, protegiendo a la población y garantizando el uso seguro y pacífico de las tecnologías nucleares.

● Tributarios/financiero

A partir del 28 de julio de 2026, la DIAN implementará un nuevo mecanismo de seguridad en la opción “Buscar documento” del Sistema de Factura Electrónica. Para consultar o descargar una factura, los usuarios deberán ingresar el número de identificación del emisor o del receptor, con el fin de reforzar la protección de la información de los contribuyentes.

Además, la plataforma podrá bloquear temporalmente solicitudes cuando detecte robots, automatizaciones o herramientas de inteligencia artificial que puedan congestionar el servicio o generar riesgos. En estos casos, se solicitará una verificación para confirmar que el usuario es una persona y permitirle continuar con la consulta normalmente.

● Laboral

Colombia puso en marcha un modelo integral para garantizar una transición energética con justicia laboral, orientado a proteger a los trabajadores durante el cierre de minas y los procesos de descarbonización. La estrategia articula el Decreto 0742 de 2026, una política de protección laboral, lineamientos para formar talento en empleos verdes y una ruta de reconversión laboral que facilite nuevas oportunidades de trabajo e ingresos.

Entre las medidas se incluyen el pago de obligaciones laborales, la seguridad social, exámenes médicos de egreso, programas de capacitación, diálogo con sindicatos y supervisión permanente del Ministerio del Trabajo. Además, mediante la coordinación con el SENA, el Servicio Público de Empleo y otras entidades, se impulsarán procesos de formación, certificación e inserción laboral, con pilotos que ya comenzaron en la minería artesanal y de pequeña escala.

● Salud

Colombia puso en marcha la Vacunatón Escolar y la Tercera Jornada Nacional de Vacunación 2026 para completar esquemas atrasados y reforzar la protección de niños, adolescentes y otros grupos vulnerables frente a enfermedades como fiebre amarilla, sarampión, tosferina, influenza, COVID-19 y el virus del papiloma humano. La estrategia se desarrolla entre el 24 y el 31 de julio, con jornadas nocturnas, actividades en espacios públicos y vacunación directa en instituciones educativas.

La meta es alcanzar coberturas de al menos el 95 % mediante la inmunización de menores de seis años, adolescentes, gestantes, adultos mayores y personas susceptibles. Para facilitar el acceso, el país dispone de más de 3.000 puntos de vacunación y equipos extramurales, con vacunas gratuitas y seguras para todas las personas, sin importar su afiliación, nacionalidad o situación migratoria.

La ADRES puso en marcha el Observatorio de precios en salud, una plataforma tecnológica que ofrece información pública y comparable sobre los valores de servicios, medicamentos y tecnologías en todas las regiones del país. La herramienta busca fortalecer la transparencia, el control y la sostenibilidad financiera del sistema, además de aportar datos para decisiones regulatorias relacionadas con tarifas.

El observatorio permite consultar más de 120 indicadores y monitorear simultáneamente más de 7.400 mercados de atención. Con esta información, las IPS podrán comparar precios entre instituciones similares y contar con mejores

elementos para negociar con las EPS, mientras que las autoridades podrán identificar variaciones y tendencias en todo el territorio nacional.

La plataforma no establece precios, sino que los hace visibles y convierte grandes volúmenes de registros en información útil para reducir las desigualdades informativas, mejorar la toma de decisiones y promover una gestión de los recursos de salud basada en transparencia y resultados.

La ADRES y el Invima firmaron un acuerdo de cooperación técnica para intercambiar y analizar información sobre medicamentos y tecnologías en salud financiados con recursos públicos. La iniciativa permitirá contrastar datos de registros sanitarios, autorizaciones regulatorias y condiciones de uso con la información reportada en MIPRES, con el fin de detectar inconsistencias entre la prescripción, el suministro y la autorización de los productos.

El convenio también fortalecerá las auditorías sobre el gasto en medicamentos y los presupuestos máximos, verificando que los productos financiados tengan registros vigentes y hayan sido prescritos correctamente. Las entidades buscan mejorar la toma de decisiones sobre precios, uso de medicamentos y administración de los recursos, promoviendo una gestión más eficiente del sistema de salud colombiano.

● Alimentos y bebidas

Antigua y Barbuda aprobó los requisitos sanitarios para importar carne bovina, porcina y aviar, así como sus subproductos, procedentes de Colombia. La autorización, resultado de un proceso técnico iniciado en mayo de 2025, permitirá comenzar las exportaciones hacia ese mercado y demuestra la confianza internacional en la calidad, sanidad e inocuidad de la producción pecuaria colombiana.

El logro fue posible gracias al trabajo conjunto del ICA, el Invima, los gremios del sector y otras entidades del Gobierno. Esta apertura se suma a las alcanzadas en países como Chile, China, Egipto, El Salvador y Rusia, ampliando las oportunidades comerciales para los productores y fortaleciendo el desarrollo económico del campo colombiano.

● TIC

El Ministerio TIC amplió hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para que empresas, asociaciones y agremiaciones del sector de telecomunicaciones postulen a sus candidatos como representante principal y suplente ante el Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia. La extensión, formalizada mediante la Adenda n.º 1 de la Convocatoria 3, busca aumentar la participación de las organizaciones vinculadas con las TIC y el entorno digital.

Este comité, creado en 2025, tiene la función de coordinar y supervisar las políticas orientadas a garantizar que niñas, niños y adolescentes utilicen las tecnologías de manera segura y responsable. Tras el cierre de inscripciones, se verificarán los requisitos, se publicará el censo electoral y se realizará una votación virtual el 28 de agosto. Las organizaciones interesadas deben diligenciar el formulario disponible en el micrositio de la convocatoria y adjuntar la documentación exigida.