El congresista republicano Mario Díaz-Balart confirmó, mediante un comunicado, su participación en la delegación presidencial de Estados Unidos que asistirá el 7 de agosto en Cali a la ceremonia de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. Díaz-Balart, vicepresidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes y presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados, es uno de los legisladores con mayor incidencia en la política estadounidense hacia América Latina.

En su pronunciamiento, el congresista calificó la posesión como un hecho que "marca el inicio de un nuevo capítulo para Colombia y representa una oportunidad para fortalecer nuestra importante alianza". Díaz-Balart se declaró optimista respecto a que la nueva administración impulse una relación constructiva con Estados Unidos, sustentada en los valores democráticos compartidos y en el compromiso histórico de ambos países con la seguridad y la estabilidad regional.

El legislador consideró que la transición representa una oportunidad para restaurar la confianza y renovar la asociación bilateral, y sostuvo que Estados Unidos y Colombia deben retomar el trabajo conjunto frente al crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, las redes de tráfico ilícito y la corrupción. Añadió que, tras años de avances compartidos, el próximo capítulo de la relación será "aún más sólido".

Díaz-Balart expresó sus felicitaciones al presidente De La Espriella y al pueblo colombiano, y agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, su inclusión en la delegación. Su presencia reviste relevancia institucional: el subcomité que preside supervisa el financiamiento de la política exterior estadounidense, incluida la asistencia destinada a Colombia en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico, desarrollo económico y migración.

El pronunciamiento se inscribe en el marco de la delegación presidencial anunciada por la Casa Blanca, encabezada por el fiscal general encargado de Estados Unidos, Todd Blanche, e integrada por altos funcionarios de las áreas de justicia, seguridad, lucha antidrogas y política exterior. La misión constituye uno de los primeros gestos oficiales de alto nivel del Gobierno estadounidense hacia la administración entrante.

Así mismo, hace parte de la comitiva el representante demócrata Gregory Meeks, miembro de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, cuya presencia reafirma la naturaleza estratégica y el interés bipartidista de la relación bilateral.

La participación de Díaz-Balart, junto con la del resto de la delegación, refleja la importancia que Washington atribuye a la relación bilateral y a la continuidad de los mecanismos de cooperación entre ambos países.

El Departamento de Estado expresó su respaldo al inicio de las conversaciones presenciales entre el Gobierno venezolano y representantes de la oposición en Caracas, calificando el proceso como una "oportunidad única" para avanzar hacia la reconciliación y la transición en el país. En un comunicado, el Departamento de Estado celebró la llegada a la capital venezolana de una delegación opositora encabezada por la expresidenta de la Asamblea Nacional Dinorah Figuera, que sostuvo un encuentro con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del oficialismo.

El Gobierno estadounidense afirmó que las conversaciones representan una posibilidad para atender asuntos prioritarios en Venezuela. "Estas conversaciones directas representan una oportunidad única. Aplaudimos los esfuerzos por atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano", señaló el Departamento de Estado.

Washington indicó además que continuará apoyando el proceso, el cual hace parte de una estrategia planteada por la administración Trump que contempla etapas de estabilización, recuperación económica y transición democrática. "Instamos a todos los interesados a que apoyen este esfuerzo para lograr resultados tangibles para los venezolanos", añadió la entidad.

La reunión, realizada en la base aérea La Carlota, constituye el primer encuentro presencial entre las partes desde que el diálogo comenzó el pasado 1 de agosto con una conversación telefónica entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera. La líder opositora María Corina Machado no participa en estas negociaciones, pese a haber manifestado recientemente su intención de regresar a Venezuela.

Por su parte, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa consideró que las conversaciones pueden convertirse en una "oportunidad histórica" para el país. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que "necesitamos la liberación de todos los presos políticos civiles y militares, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un cronograma electoral que incluya elecciones presidenciales lo más pronto posible", además de pedir que el proceso respete, según su versión, el resultado de las elecciones presidenciales de 2024.

En paralelo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) presentó diez condiciones para que el diálogo contribuya a una "transición y una democracia real". Entre sus solicitudes figuran la liberación de personas detenidas por expresar opiniones, el cese de la vigilancia y revisión de dispositivos electrónicos, el desbloqueo de medios y plataformas digitales, mayores garantías para periodistas y una reforma de normas que, según el sindicato, restringen la libertad de expresión.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno solicitó una reunión urgente con autoridades de Estados Unidos para abordar la suspensión de las inspecciones al aguacate producido en Michoacán, una medida que mantiene en pausa las exportaciones hacia ese país. La decisión fue adoptada después de que el Gobierno estadounidense suspendiera las actividades de sus inspectores en la región por una amenaza contra sus intereses.

La suspensión de las certificaciones comenzó el 5 de agosto y afecta el proceso de inspección requerido para autorizar el ingreso del producto al mercado estadounidense. De acuerdo con Sheinbaum, el Gobierno mexicano ya inició gestiones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y con la Embajada estadounidense para buscar una solución que permita restablecer las exportaciones en el menor tiempo posible.

Como parte de la respuesta, la mandataria señaló que sostuvo una reunión con la principal asociación de productores de Michoacán para fortalecer las condiciones de seguridad en las zonas donde operan los inspectores. Explicó que se trabaja en un plan para aumentar la presencia de la Guardia Nacional en áreas consideradas prioritarias y reducir los riesgos que motivaron la suspensión.

Sheinbaum también indicó que, si no fuera posible reanudar de inmediato las labores de los inspectores estadounidenses, se analiza la posibilidad de que personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) asuma esas funciones. No obstante, reiteró que el objetivo principal es restablecer cuanto antes el mecanismo de inspección vigente.

La suspensión afecta a una industria que, según el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, genera más de 200.000 empleos en el estado. La presidenta sostuvo que, si la interrupción es de corta duración, el impacto económico sería limitado y recordó que situaciones similares ocurrieron en 2022 y 2024, cuando las inspecciones también fueron suspendidas por razones de seguridad y posteriormente reanudadas tras reforzar la protección al personal estadounidense.

Cinco ciudadanos colombianos fueron extraditados a Estados Unidos para responder por cargos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y apoyo a organizaciones criminales transnacionales. La operación fue coordinada por la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia y autoridades judiciales estadounidenses, que los requieren por distintos procesos adelantados en cortes federales.

Entre los extraditados se encuentran Wilmar Cortés Hurtado y Helmer Hurtado Hurtado, solicitados por la Corte del Distrito Este de Virginia por presuntos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. También fueron entregados Wisam Nagib Kherfan Okde y Alirio Rafael Quintero Quintero, señalados por las autoridades de liderar una organización dedicada al lavado de dinero y al tráfico internacional de armas.

Según las investigaciones de las autoridades estadounidenses, los procesados habrían mantenido contactos con integrantes del Gobierno del expresidente sirio Bashar al-Assad para desviar armamento militar con destino al Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con la acusación, esas operaciones habrían sido compensadas con cargamentos de cocaína entre 2024 y 2025 y complementadas con esquemas de lavado de activos mediante criptomonedas y operaciones financieras en países como Ghana y Marruecos.

El traslado de los extraditados fue realizado bajo custodia del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), luego de la entrega formal efectuada por la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia. Las autoridades señalaron que el procedimiento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad como parte de los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.

El quinto extraditado, Jacob Estenyer Jory Salazar, es requerido por presuntamente coordinar envíos de cocaína hacia Estados Unidos y México mediante lanchas rápidas, buques portacontenedores, embarcaciones semisumergibles y aeronaves. Las investigaciones sostienen que estas organizaciones utilizaron diversas rutas y mecanismos logísticos para ampliar el alcance de sus operaciones internacionales.

Las autoridades colombianas y estadounidenses indicaron que las extradiciones buscan afectar la capacidad operativa de redes criminales dedicadas al narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de activos. Asimismo, destacaron que la cooperación bilateral continuará siendo una herramienta para investigar y judicializar estructuras delictivas con presencia en varios países.

El Departamento de Estado ampliará los requisitos de verificación de redes sociales para los solicitantes de nuevas categorías de visas estadounidenses, según un memorando interno obtenido por el medio Daily Signal. La medida extenderá un mecanismo de control que ya se aplica a varios tipos de visas y que exige a los solicitantes mantener sus perfiles en redes sociales con configuración pública durante el proceso de evaluación.

De acuerdo con el documento, la ampliación alcanzará a representantes de medios de comunicación extranjeros y a ciudadanos de México y Canadá que soliciten visas para ingresar a Estados Unidos por motivos de negocios en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA), así como a sus familiares dependientes. Hasta ahora, la revisión de redes sociales ya era un requisito para categorías como visas diplomáticas, de trabajadores temporales, visitantes de intercambio, participantes en programas culturales, trabajadores religiosos y algunas visas especiales.

El memorando señala que los solicitantes deberán modificar la configuración de sus cuentas para que sean "públicas" o "abiertas", con el fin de facilitar el proceso de verificación. Según el Departamento de Estado, "durante el proceso de evaluación y verificación de visas, el Departamento recurre a todas las fuentes de información disponibles para identificar a los solicitantes que podrían ser inadmisibles en Estados Unidos, incluidos aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública".

El documento también reafirma que la política migratoria considera el análisis de antecedentes como un componente de la seguridad nacional. "Cada decisión sobre la concesión de una visa es, fundamentalmente, una decisión de seguridad nacional", señala el memorando, al tiempo que indica que el Gobierno busca verificar que los solicitantes no representen riesgos para Estados Unidos y cumplan con los requisitos de la categoría migratoria solicitada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas orientadas a restringir la ciudadanía por nacimiento en determinados casos y reforzar las acciones del Gobierno contra el denominado turismo de maternidad, práctica mediante la cual personas extranjeras viajan al país con el objetivo de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y obtengan la ciudadanía. Las medidas representan un nuevo intento de la administración por limitar el alcance del derecho consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

Las órdenes ejecutivas establecen que la ciudadanía automática no se aplicará a futuras personas nacidas de determinadas categorías de padres extranjeros. Entre ellas figuran hijos de personal diplomático extranjero y de otros empleados no ciudadanos que trabajen para gobiernos extranjeros en Estados Unidos, así como de personas bajo clasificaciones legales especiales, una categoría que, según la administración, podría incluir integrantes de organizaciones declaradas terroristas por el Gobierno federal.

El plan también contempla que, si el Congreso modifica la legislación vigente, la restricción pueda extenderse a personas nacidas en territorios estadounidenses, como Puerto Rico. Además, busca impedir el reconocimiento automático de la ciudadanía a menores cuyas madres hayan ingresado deliberadamente al país con el único propósito de dar a luz, incluyendo casos relacionados con centros dedicados al turismo de maternidad y, según la administración, algunos esquemas de gestación subrogada utilizados con ese fin.

La Casa Blanca sostiene que estas medidas son compatibles con la Constitución porque se apoyan en excepciones previamente reconocidas por los tribunales y en el argumento de que algunas personas obtienen el ingreso al país mediante declaraciones fraudulentas. Una segunda orden ejecutiva instruye al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional a elaborar nuevas normas y directrices para fortalecer el control sobre esta actividad tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

La iniciativa se produce después de que, el pasado 30 de junio, la Corte Suprema rechazara un intento más amplio de la administración Trump para negar la ciudadanía automática a hijos de personas que permanecen en el país de manera irregular o temporal. Aunque el Gobierno considera que ese fallo dejó margen para aplicar restricciones específicas, es previsible que las nuevas órdenes también sean objeto de demandas judiciales por su posible incompatibilidad con la Decimocuarta Enmienda.

La legislación estadounidense ya prohíbe otorgar visas de turista cuando el propósito principal del viaje es obtener la ciudadanía para un hijo mediante su nacimiento en Estados Unidos. Asimismo, las autoridades migratorias pueden negar el ingreso a mujeres embarazadas si determinan que viajan con ese objetivo. En paralelo, comités del Congreso han investigado empresas vinculadas al turismo de maternidad y han manifestado preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.

El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos aprobó, por votación dividida según líneas partidistas, una resolución para declarar en desacato al exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, tras su negativa a responder preguntas durante una audiencia sobre su gestión de la pandemia de COVID-19. La medida busca remitir el caso al Departamento de Justicia para que evalúe si existen fundamentos para una investigación.

La decisión se produjo una semana después de que Fauci invocara en más de cien ocasiones la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a las personas de declarar contra sí mismas. Su comparecencia abrió un debate jurídico sobre el alcance de ese derecho constitucional en el caso de un funcionario que previamente recibió un indulto presidencial.

El presidente del comité, el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, sostuvo que Fauci no enfrentaba riesgo de procesamiento federal debido al indulto concedido en 2025 por el entonces presidente Joe Biden y que, por tanto, no existía justificación para acogerse a la Quinta Enmienda. Paul afirmó que remitirá directamente la resolución al Departamento de Justicia, aunque legisladores demócratas cuestionaron la legalidad de ese procedimiento sin una votación del pleno del Senado.

Por su parte, Fauci señaló previamente que decidió invocar esa protección constitucional porque consideraba que existía un riesgo real de enfrentar nuevos procesos judiciales. Su abogado, David Schertler, calificó la resolución como una acción de carácter político y sostuvo que el senador Paul intenta utilizar al Departamento de Justicia para perseguir a quien, según afirmó, no ha cometido ningún delito.

El indulto otorgado por Joe Biden cubre actos comprendidos entre 2014 y enero de 2025, pero no protege frente a eventuales investigaciones estatales ni frente a posibles acusaciones relacionadas con declaraciones falsas realizadas con posterioridad. En los últimos meses, algunos legisladores republicanos han planteado la posibilidad de impulsar acciones judiciales contra Fauci por decisiones adoptadas durante la pandemia.

La remisión del caso no obliga al Departamento de Justicia a iniciar una investigación o presentar cargos. El senador demócrata por Michigan Gary Peters, principal integrante de la minoría en el comité, advirtió que sancionar a un testigo por ejercer la Quinta Enmienda podría sentar un precedente que desincentive futuras comparecencias ante el Congreso y cuestionó la validez del procedimiento planteado por Rand Paul sin la aprobación del Senado en pleno.

Estados Unidos será anfitrión del Foro Internacional de Alto Nivel de la iniciativa Tecnologías Atómicas con Licencia para Aplicaciones en el Mar (Atomic Technologies Licensed for Applications at Sea, ATLAS), impulsada por el Organismo Internacional de Energía Atómica. El encuentro se realizará los días 26 y 27 de agosto en Washington y reunirá a ministros, responsables de políticas públicas, reguladores y representantes de la industria para avanzar en el desarrollo de aplicaciones civiles de la energía nuclear en el ámbito marítimo.

La iniciativa busca promover el uso seguro y protegido de tecnologías nucleares en actividades marítimas, con el objetivo de ampliar las posibilidades del transporte comercial y de la generación de energía. Entre las aplicaciones que se analizan figuran los buques impulsados por reactores nucleares de nueva generación, que podrían reducir la necesidad de reabastecimiento de combustible durante largas travesías, así como centrales nucleares flotantes destinadas al suministro de electricidad en zonas costeras y remotas.

El programa también contempla el potencial de estas tecnologías para apoyar actividades industriales, como la desalinización de agua y la producción de energía en instalaciones marinas. A través de ATLAS, el Organismo Internacional de Energía Atómica buscará coordinar el trabajo de gobiernos, organismos reguladores y empresas para abordar los desafíos jurídicos, regulatorios y técnicos que implica la implementación de estas soluciones.

Como antesala al foro ministerial, el 25 de agosto Estados Unidos organizará una jornada dedicada a la industria, en la que participarán empresas y desarrolladores estadounidenses especializados en tecnologías nucleares y marítimas. Según el Departamento de Estado, la actividad estará orientada a presentar los avances del sector y destacar el papel de Estados Unidos en el desarrollo de tecnologías nucleares para usos civiles en el entorno marítimo.

El Gobierno estadounidense señaló que continuará promoviendo que el desarrollo de la iniciativa incorpore criterios de seguridad, protección y no proliferación nuclear. Asimismo, indicó que el éxito de ATLAS dependerá de la cooperación entre los Estados miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización Marítima Internacional, autoridades portuarias, reguladores del sector y la industria, con el propósito de facilitar el despliegue de aplicaciones nucleares civiles en el ámbito marítimo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó una moratoria inmediata para la aprobación de nuevos centros de datos conectados a la red eléctrica estatal, con el fin de evaluar su impacto sobre el sistema energético, el medio ambiente y las finanzas públicas. La directiva instruye a la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT) y al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) a detener el avance de las solicitudes de interconexión hasta que cada proyecto supere una auditoría integral.

La decisión responde al rápido crecimiento de la infraestructura destinada a la inteligencia artificial y a la preocupación por la capacidad de la red eléctrica para atender la demanda futura. De acuerdo con cifras citadas por la gobernación, actualmente existen más de 1.800 proyectos en espera de conexión que, en conjunto, representarían una demanda potencial de 474 gigavatios, una cifra superior en más de cinco veces al máximo histórico de consumo registrado en el estado.

Según las autoridades, cerca del 90% de las nuevas solicitudes de suministro eléctrico provienen de centros de datos e instalaciones asociadas al procesamiento de inteligencia artificial. Texas cuenta actualmente con al menos 335 complejos en operación y otros 248 proyectados, lo que lo ha convertido en el segundo mercado de centros de datos de Estados Unidos, solo por detrás de Virginia. Ante este panorama, el gobierno estatal busca evitar presiones adicionales sobre la red y posibles incrementos en las tarifas para los usuarios.

La orden ejecutiva establece que los desarrolladores deberán presentar información detallada sobre el consumo energético previsto, la demanda máxima de electricidad, el uso de agua para refrigeración, las exenciones fiscales solicitadas y la estructura de propiedad de cada proyecto. Asimismo, deberán demostrar su capacidad para generar parte de la energía que consumirán, preferiblemente mediante plantas de gas natural, y presentar planes para mitigar impactos ambientales como el ruido y la iluminación en las comunidades cercanas.

La administración de Abbott también justificó la medida por la limitada información disponible sobre el sector. Meses antes, la Comisión de Servicios Públicos de Texas y la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas realizaron una encuesta voluntaria a 377 empresas para fortalecer la planificación energética; sin embargo, solo 28 respondieron. Las autoridades consideran que esta falta de información dificulta la evaluación de los efectos que el crecimiento de la industria puede tener sobre la infraestructura y los recursos del estado.

La decisión generó reacciones divididas. La Coalición de Centros de Datos expresó su respaldo a la revisión y afirmó que permitirá diferenciar a los desarrolladores con proyectos viables de aquellos con fines especulativos, aunque pidió que el proceso se desarrolle con rapidez para evitar retrasos en las inversiones. Por su parte, sectores de la oposición cuestionaron la medida y sostuvieron que se requiere una legislación permanente aprobada por el Congreso estatal, al considerar que algunos proyectos con generación eléctrica propia podrían continuar desarrollándose al margen de la red pública.

El Gobierno de Estados Unidos presentó una propuesta para modificar el funcionamiento de Head Start, el programa federal de educación inicial dirigido a niños de familias de bajos ingresos en Estados Unidos. La iniciativa, publicada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, abre un período de consulta pública de 60 días y plantea eliminar una parte importante de las regulaciones federales que actualmente rigen el programa, que atiende a cerca de 700.000 menores.

Según el Gobierno, la reforma busca otorgar mayor autonomía a los operadores locales, reducir cargas regulatorias y ampliar la capacidad de atención sin disminuir la cobertura. Entre los cambios propuestos figura la eliminación de varios requisitos federales relacionados con la proporción entre personal y alumnos, el uso de currículos respaldados por evidencia y la prestación de algunos servicios complementarios para las familias.

El secretario asistente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Alex J. Adams, afirmó que las normas actuales incrementan los costos y limitan la capacidad de los centros para responder a las necesidades locales. La propuesta también contempla que muchos aspectos del funcionamiento de los cerca de 1.600 operadores del programa pasen a regirse por las regulaciones estatales y locales aplicables a guarderías y centros infantiles.

El plan incorpora además nuevas disposiciones, entre ellas la obligación de impartir la enseñanza en inglés, salvo en programas de inmersión de comunidades tribales, un límite del 5% para los gastos administrativos y nuevos lineamientos sobre nutrición y actividad física. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., sostuvo que la intención es preservar el programa mientras se optimiza el uso de los recursos públicos y se amplía el número de beneficiarios.

Especialistas y exfuncionarios expresaron preocupación por el posible impacto de la reforma. Khari Garvin, exdirector de Head Start durante la administración de Joe Biden, afirmó que la propuesta elimina componentes esenciales del modelo, mientras que Shantel Meek, directora del Children’s Equity Project de Arizona State University, señaló que muchas regulaciones estatales establecen estándares menos exigentes que los requisitos federales actuales en materia de desarrollo infantil y calidad educativa.

Head Start fue creado en la década de 1960 como parte de la estrategia contra la pobreza impulsada por el presidente Lyndon B. Johnson y ha contado históricamente con respaldo bipartidista. No obstante, durante la actual administración ha enfrentado propuestas de reducción presupuestaria y cambios administrativos. Concluido el período de comentarios públicos, el Gobierno evaluará la versión definitiva de la reforma, que también podría ser objeto de acciones judiciales.     

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cinco entidades cubanas y ocho personas señaladas de facilitar la adquisición de equipos militares para el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y los organismos de seguridad del país. La medida fue adoptada en aplicación de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que establece sanciones contra responsables de la represión en Cuba y de acciones que, según Washington, representan una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que el Gobierno cubano utiliza sus instituciones militares y de inteligencia para desarrollar actividades de espionaje contra Estados Unidos, brindar apoyo material a grupos que Washington considera radicales o terroristas y fortalecer la cooperación con países como Rusia, China e Irán. Asimismo, sostuvo que las estructuras militares también desempeñan un papel central en la represión interna y en la gestión de conglomerados económicos como el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).

Según la Casa Blanca, las personas y entidades sancionadas participaron en la gestión de compras de material militar en el exterior para las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otros organismos de seguridad cubanos. Washington señaló que estas medidas buscan limitar la capacidad del Gobierno de La Habana para mantener sus relaciones militares internacionales y reforzar los mecanismos de presión económica sobre el régimen.

El Gobierno estadounidense indicó que continuará utilizando las herramientas previstas en su política de sanciones para responder a lo que considera amenazas a la seguridad nacional provenientes de Cuba y para promover reformas económicas y políticas en la isla. La administración también reiteró que mantendrá su política de presión sobre el Gobierno cubano mientras persistan, según su evaluación, actividades que afecten los intereses de seguridad de Estados Unidos.