Como componente central de esa asociación, el Departamento de Estado indicó que Estados Unidos, en coordinación con el Congreso, tendría la intención de anunciar 1.000 millones de dólares en asistencia, como parte de un paquete de seguridad orientado a respaldar a la administración de De la Espriella en el cumplimiento de objetivos compartidos. La dependencia agregó que, sobre la base de más de 200 años de relación, la administración del presidente Donald Trump esperaría trabajar de manera estrecha con el nuevo gobierno para procurar la seguridad y la prosperidad de ambos países y del hemisferio.

En materia de seguridad, el comunicado manifestó que la administración estadounidense saludaría el ingreso de Colombia al denominado Escudo de las Américas y expresaría su disposición a respaldar los esfuerzos del nuevo gobierno para enfrentar a las organizaciones que Washington califica como narcoterroristas y criminales. Entre las líneas de acción enunciadas, el Departamento de Estado mencionó el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad colombianas frente a organizaciones terroristas extranjeras y criminales transnacionales, incluida la cooperación tecnológica y la ejecución de operaciones coordinadas con fuerzas estadounidenses; la interrupción de las operaciones de esas estructuras mediante el congelamiento de activos y la persecución de sus financiadores; y una ampliación de las labores de erradicación de coca e interdicción de cocaína.

El texto añadió otras prioridades en ese ámbito, como una mayor coordinación en seguridad fronteriza para contener los flujos de migración irregular; la recuperación y consolidación de la presencia estatal en territorios antes controlados por grupos armados, con acciones que irían del desminado humanitario a inversiones coordinadas en seguridad, justicia y economía; y la protección de menores frente al reclutamiento forzado y la explotación por parte de grupos armados.

En el plano económico, el Departamento de Estado sostuvo que la agenda de crecimiento del nuevo gobierno y su apertura a la inversión estadounidense representarían una oportunidad para incrementar el comercio y profundizar los lazos entre ambos países. Entre las iniciativas planteadas, el comunicado mencionó el lanzamiento de un Diálogo Bilateral de Prosperidad, concebido como una plataforma para estabilizar la economía colombiana, fortalecer los sectores de generación y distribución de energía, explorar inversiones en minerales críticos y abrir nuevas oportunidades para inversionistas estadounidenses.

La dependencia añadió que Estados Unidos buscaría fortalecer a las pequeñas y medianas empresas colombianas en agroindustria, manufactura y servicios tecnológicos, conectándolas con compradores estadounidenses y con cadenas de suministro alineadas con Estados Unidos.

El texto también contempló la modernización de la infraestructura digital, portuaria y energética del país, con miras a posicionar a Colombia como socio de nearshoring para la diversificación de cadenas de suministro, así como el avance en cooperación bilateral en energía nuclear con fines civiles y pacíficos. Adicionalmente, mencionó la contribución a fondos internacionales de ayuda humanitaria ante eventuales desastres naturales asociados al fenómeno de El Niño.

A su arribo a Cali, el fiscal general interino Todd Blanche sostuvo que la delegación se sentía honrada de estar en la ciudad y manifestó su interés en avanzar hacia lo que caracterizó como una renovación de la alianza entre Estados Unidos y Colombia. El fiscal general agregó que confiaría en que esta etapa estuviera acompañada de una mayor cooperación entre Washington y Bogotá.

La delegación, integrada además por el administrador de la DEA, Terrance Cole; la directora de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas, Sara Carter, y funcionarios de los departamentos de Estado, Justicia y Defensa, reflejaría, según análisis de los medios de comunicación, las prioridades que Washington atribuiría a la relación bilateral en materia de lucha contra el narcotráfico, seguridad y cooperación judicial.

Tras reunirse hoy con la comitiva estadounidense, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, agradeció al fiscal Blanche y a la delegación a través de su cuenta en la red social X, y sostuvo que el respaldo del presidente Donald Trump, así como su compromiso de trabajar de forma coordinada con Colombia sobre la base de valores compartidos, representaría un punto de partida para la nueva etapa bilateral.

Restrepo señaló que esta etapa estaría orientada a la seguridad, la prosperidad y el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y la adicción. De acuerdo con el vicepresidente, el fiscal Blanche caracterizó ese proceso como un "re-start" en la relación entre ambos países. Agregó que el trabajo conjunto buscaría impulsar el desarrollo, la inversión, la generación de oportunidades y el bienestar de los ciudadanos, y reiteró el compromiso del nuevo gobierno con los sectores más vulnerables de la población.

La comitiva estadounidense fue recibida en Cali por el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quienes destacaron la trayectoria de cooperación entre ambos países.

En su pronunciamiento, el senador Bernie Moreno (Republicano, Ohio) sostuvo que la posesión marcaría el inicio de un nuevo capítulo para Colombia, que caracterizó en términos de libertad, seguridad y prosperidad. El senador, nacido en Colombia y considerado un aliado cercano de la administración del presidente Donald Trump, había participado como observador en las dos vueltas de las elecciones presidenciales.

Moreno indicó que no pudo asistir a la ceremonia en Cali debido a compromisos legislativos en Washington, donde según señaló participa en votaciones vinculadas a la agenda del Partido Republicano. Precisó que la representación de Estados Unidos en el acto de posesión estaría a cargo del fiscal general interino, Todd Blanche, quien encabeza la delegación designada por la Casa Blanca.

Por su parte, el senador Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, manifestó su disposición a trabajar de manera coordinada con el nuevo gobierno colombiano para enfrentar el narcoterrorismo y contener el flujo de drogas hacia las comunidades de Idaho y del resto de Estados Unidos. Risch agregó que este trabajo conjunto buscaría contribuir a una mayor seguridad en el hemisferio compartido. Su pronunciamiento adquiere particular relevancia por presidir una de las instancias de mayor peso del Senado en materia de política exterior.

En la misma línea, el representante Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes e integrante de la delegación presidencial, sostuvo que la posesión marcaría el inicio de un nuevo capítulo para Colombia y una oportunidad para reforzar la asociación con Estados Unidos sobre la base de valores compartidos. El congresista extendió sus felicitaciones al mandatario, formuló votos de éxito, paz y prosperidad para su administración y para la población colombiana, y manifestó su interés en trabajar de manera conjunta para fortalecer la seguridad regional y avanzar en prioridades compartidas. Señaló, asimismo, que confiaría en que la relación entre ambos países se consolidara bajo la nueva administración.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, también felicitó al pueblo colombiano y al nuevo mandatario, y destacó la decisión de realizar la posesión en Cali y no en Bogotá, que interpretó como una señal del compromiso del gobierno entrante con la descentralización y el desarrollo regional. En su mensaje, Landau recordó que sus propios padres residieron en esa ciudad entre 1954 y 1957, y expresó que Estados Unidos esperaría trabajar de manera estrecha con el nuevo gobierno colombiano en beneficio de ambos pueblos.

La representante María Elvira Salazar (Republicana, Florida) felicitó igualmente a De la Espriella, a quien describió como aliado de Estados Unidos y de la democracia, y planteó que su llegada al poder marcaría el inicio de una etapa orientada a la recuperación de la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la prosperidad y la reconstrucción de la confianza ciudadana. En su mensaje, la congresista formuló además señalamientos críticos hacia el gobierno saliente de Gustavo Petro.

Tras reuniones entre funcionarios de ambos países en Washington, el ministro de Defensa entrante, general Jorge Eduardo Mora, sostuvo que el denominado "Plan Patriota 2.0" marcaría una nueva etapa de cooperación, integración y acción conjunta. Según el diario The New York Times, los planes para coordinar acciones con las fuerzas estadounidenses ya estarían en marcha.

La iniciativa contemplaría la creación de un Centro Regional de Entrenamiento contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales, orientado, según lo informado, a mejorar la interoperabilidad, la preparación operacional y la cooperación con países aliados en áreas como inteligencia e interdicción aérea, marítima y fluvial.

El anuncio se produjo días después de que el Comando Sur activara el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental, estructura que coordinaría a 18 países de la región en materia de narcotráfico y crimen organizado transnacional.

Sobre la aspersión aérea, el presidente Abelardo De la Espriella afirmó que retomaría la fumigación de cultivos con nuevos compuestos químicos y herbicidas de última generación que no causarán daños a la salud humana ni al medio ambiente.

De acuerdo con la Casa Blanca, la mayor parte de los recursos corresponde a una inversión de 1.400 millones de dólares del Departamento de Guerra en la compañía Sila Nanotechnologies, orientada a ampliar la producción de ánodos de batería de silicio-carbono y a construir una planta de fabricación de celdas de batería de litio.

El paquete incluye, además, 150 millones de dólares para Niron Magnetics, empresa dedicada a la producción de imanes permanentes que no requieren elementos de tierras raras, y 400 millones de dólares para Sunrise Energy Metals, destinados al desarrollo de una cadena de valor de escandio que contemplaría la que sería la primera mina primaria de ese mineral en el mundo.

Trump anunció también una inversión cercana a 180 millones de dólares para las escuelas de formación minera, que según la Casa Blanca se distribuiría entre 100 millones del Departamento de Energía para 14 escuelas de minería y más de 80 millones del Departamento de Guerra para programas de desarrollo de personal en tres instituciones.

El presidente de la Escuela de Minas de Colorado, Paul Johnson, señaló que en las últimas décadas la experiencia del país en la materia se habría reducido, particularmente en el ámbito del procesamiento.

La administración estadounidense sostuvo que el desarrollo de un suministro de minerales críticos por fuera de China constituiría una prioridad, en un contexto en que ese país concentra buena parte de la extracción y el procesamiento de elementos considerados esenciales para misiles, submarinos nucleares, aviones de combate y diversos productos de alta tecnología.

"En Palacio Nacional, recibí al historiador especialista en economía, Niall Ferguson; conversamos sobre el momento histórico que vive México y la relación con Estados Unidos", señaló la mandataria en una publicación en la red social X, sin ofrecer mayores detalles sobre el encuentro.

La reunión se produjo en un momento relevante para la relación bilateral, marcado por las negociaciones comerciales entre el gobierno de Sheinbaum y la administración del presidente estadounidense Donald Trump, así como por las diferencias en asuntos como aranceles, migración y seguridad.

México y Estados Unidos mantienen, además, negociaciones en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyo proceso de revisión ha puesto a prueba el acuerdo comercial que articula buena parte de la economía de América del Norte.

Sheinbaum ha sostenido la conveniencia de mantener el diálogo con Washington y de evitar una escalada comercial; al mismo tiempo, ha cuestionado la política arancelaria de la administración estadounidense y ha señalado que existirían otras vías para resolver las diferencias económicas.

En paralelo, México ha buscado diversificar sus relaciones comerciales. En mayo suscribió con la Unión Europea la modernización de su acuerdo comercial, en un contexto en el que ambas partes plantearon reducir vulnerabilidades derivadas de su dependencia de otros mercados.

Ferguson se desempeña como investigador sénior de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y como miembro sénior de la facultad del Belfer Center de la Universidad de Harvard. Su trabajo se ha centrado en la historia económica, el poder, la política monetaria, los conflictos y el papel de Estados Unidos en el orden mundial.

El académico es autor de dieciséis libros, entre ellos The Ascent of Money, Empire, Civilization, Doom: The Politics of Catastrophe y una biografía de Henry Kissinger. En su obra ha analizado la relación entre las transformaciones económicas, las crisis y los cambios en el equilibrio internacional del poder.

La presidenta mexicana no precisó si Ferguson formuló alguna valoración sobre la situación de México o sobre la relación con Estados Unidos durante el encuentro, ni informó sobre otros participantes en la reunión.

La legislación, de carácter bipartidista, fue aprobada por 86 votos a favor y 11 en contra. De acuerdo con el texto, facultaría al presidente Donald Trump para imponer aranceles a las importaciones rusas, incluidos el gas y el petróleo, y contemplaría medidas contra los países que continúen adquiriendo petróleo, gas y otras exportaciones rusas, entre ellos China e India.

Según la versión aprobada, las sanciones se ampliarían además para alcanzar a los petroleros antiguos con cambio de bandera que Rusia utilizaría para eludir las restricciones vigentes de Estados Unidos sobre el petróleo ruso y sus ingresos energéticos.

El texto se dirige ahora a la Cámara de Representantes, aunque la votación no tendría lugar antes de comienzos de septiembre debido al receso de verano del Congreso. En caso de convertirse en ley, el presidente ruso Vladímir Putin figuraría entre los destinatarios de las sanciones, junto con otros altos responsables.

El proyecto también otorgaría al presidente una facultad de exención, de modo que la Casa Blanca podría levantar sanciones o restricciones si certifica ante el Congreso que la medida responde al interés nacional.

De acuerdo con la caracterización de diversos medios, la aprobación constituiría uno de los pasos legislativos más relevantes del segundo mandato de Trump en relación con el conflicto, que se extiende por más de cuatro años. El Congreso había enfrentado dificultades para asegurar el flujo de financiación y municiones hacia Ucrania; no obstante, Trump respaldó el paquete de sanciones, lo que incrementaría la presión sobre la Cámara para someterlo a votación y remitirlo a la Casa Blanca.

El proyecto lleva el nombre del senador Lindsey Graham, fallecido el 11 de julio tras dedicar más de un año a reunir apoyos para su aprobación. Poco antes de su muerte, Graham había anunciado un acuerdo con la Casa Blanca sobre una versión revisada del texto, que incluye la ampliación de las facultades sancionadoras orientadas a restringir la financiación de los sectores energético y armamentístico de Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció este viernes la designación de las plataformas Shelbit Exchange y Aban Tether, esta última con sede en Irán, así como de Siavash Kayvanpour, empresario nacido en Irán señalado como fundador de Shelbit y de una red de empresas fachada con presencia en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos.

Según el Tesoro, direcciones de criptomonedas vinculadas al IRGC habrían enviado más de un millón de dólares en activos digitales a Shelbit, mientras que más de dos millones de dólares habrían fluido desde direcciones de esa plataforma hacia billeteras asociadas al IRGC. La dependencia agregó que direcciones controladas por Kayvanpour habrían transferido más de dos millones de dólares a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales de Irán, sancionada por Washington el 2 de junio.

De acuerdo con el Tesoro, Shelbit también habría prestado servicios a una red de sitios de apuestas en línea en idioma persa, actividad ilegal dentro de Irán, pero conectada al sistema financiero del país, a través de la cual se habrían blanqueado decenas de millones de dólares en activos digitales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que su dependencia perseguiría y desmantelaría las redes financieras ilícitas que sostienen al régimen iraní. La medida se adoptó con posterioridad a una investigación periodística que identificó a Shelbit como eje de un esquema de evasión de sanciones vinculado a Irán.

En una publicación en sus redes sociales, Zelenski expresó su reconocimiento al respaldo de Estados Unidos, tanto de ambos partidos como de la ciudadanía estadounidense en su conjunto, y destacó la aprobación del proyecto impulsado a partir de las iniciativas del fallecido senador Lindsey Graham.

El mandatario ucraniano señaló que, mientras su país trabaja para asegurar más sistemas de defensa aérea que permitan contener la campaña rusa de ataques con misiles balísticos, toda señal de apoyo orientada a poner fin a la guerra resultaría de particular relevancia.

Zelenski agregó que la presión y las sanciones estadounidenses contra Rusia serían el factor que más ayudaría a ese objetivo, y sostuvo que la vía diplomática se aproximaría con cada paso que incrementa la presión sobre Moscú. En su mensaje, expresó su agradecimiento a quienes promueven, según sus palabras, "la paz mediante la fuerza".

La suspensión temporal, iniciada el miércoles en Michoacán, principal estado productor de aguacate en México, interrumpió las labores del personal regulador del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), responsable de verificar que las plantas de empaque autorizadas cumplan con los requisitos para exportar la fruta al mercado estadounidense. La medida se adoptó tras una alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos por una amenaza contra intereses estadounidenses en la región.

Más temprano este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo en su conferencia de prensa matutina que su gobierno esperaba alcanzar un acuerdo con las autoridades estadounidenses tras una reunión con representantes de ese país.

De acuerdo con cifras del sector, Estados Unidos recibe cerca del 90 % del volumen de las exportaciones mexicanas de aguacate, lo que lo convierte, por amplio margen, en el principal mercado externo del fruto.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó la víspera que desplegó 1.557 efectivos para brindar seguridad en los principales municipios productores de aguacate, y precisó que el personal protegería las instalaciones de envasado, las rutas de transporte y los puntos de inspección frente a la extorsión del crimen organizado.

De acuerdo con la información compilada por el U.S.-Cuba Trade and Economic Council, los compradores cubanos adquirieron 95.744.767 dólares en combustible entre enero y junio de 2026. La mayor parte correspondería a gasolina y diésel enviados desde los puertos de Houston-Galveston y Miami, en contenedores especializados denominados ISO tanks, transportados a bordo de buques portacontenedores. Solo en junio, entidades privadas de la isla importaron combustible por 47.842.674 dólares.

Las exportaciones aumentaron después de que la administración estadounidense flexibilizara la aplicación del embargo comercial y financiero para permitir ventas de gasolina y diésel al sector privado y a organizaciones humanitarias sin necesidad de una autorización especial. El marco regulatorio se estableció el 25 de febrero de 2026, cuando el Departamento de Comercio introdujo una excepción de licencia orientada a las entidades privadas cubanas. Las regulaciones vigentes autorizarían las exportaciones a empresas privadas o a individuos, para uso propio o para actividades económicas, incluida la atención de necesidades humanitarias, y prohíben las ventas al gobierno, a entidades estatales y a personas sancionadas.

Según el gobierno estadounidense, la restricción de facto sobre las ventas de petróleo al gobierno cubano respondería a la intención de presionar a La Habana para que emprenda reformas económicas y políticas. Por su parte, las autoridades cubanas han señalado que la falta de combustible también habría afectado la generación eléctrica, al impedir el uso de generadores diésel de respaldo.

En su adaptación a la nueva situación, las autoridades cubanas habrían autorizado concesiones a importadores privados para operar estaciones de servicio en la isla. No obstante, algunos emprendedores estarían solicitando orientación en Estados Unidos para evitar incurrir en violaciones de las sanciones que pesan sobre la empresa energética Cupet y sobre el conglomerado militar GAESA, cuya filial CIMEX opera las estaciones. De acuerdo con reportes de prensa, también resultaría complejo para los emprendedores privados que gestionen una gasolinera cumplir con las regulaciones que prohíben vender al gobierno y a individuos sancionados.

En junio, la administración estadounidense habría bloqueado un acuerdo pactado por la firma de Coral Gables Vanguard para enviar combustible al sector privado de Cuba en petroleros, debido a que la operación implicaba almacenar el producto en instalaciones de Cupet, según reportó el Miami Herald.

La escasez de combustible habría paralizado en la práctica el transporte público en la isla. El gobierno ha racionado la venta de combustible y, en el mercado informal, un litro de gasolina podría alcanzar los 10 dólares.

Otros datos compilados por el Council indican que las exportaciones totales de Estados Unidos a Cuba disminuyeron 10 % hasta junio de este año frente al mismo período de 2025, en un contexto de contracción económica de la isla. Las exportaciones de alimentos y productos agrícolas, también autorizadas bajo el embargo, cayeron 22,5 % en el primer semestre frente a 2025. El presidente del Council, John Kavulich, vinculó ese descenso a una caída en las ventas al gobierno cubano; al mismo tiempo, señaló que las exportaciones autorizadas al sector privado continuarían creciendo, incluidas ventas de vehículos y repuestos por 72 millones de dólares en lo corrido del año hasta junio.

En paralelo, las donaciones humanitarias de organizaciones benéficas, iglesias, grupos no gubernamentales y otras entidades habrían aumentado a 118,5 millones de dólares hasta junio de este año. El año pasado esas donaciones ascendieron a 147 millones de dólares, mientras que en 2016 la cifra había sido de 4,7 millones.

Cuba enfrenta apagones que pueden extenderse durante días, atribuidos a la falta de capacidad de generación y al estado de sus centrales, en su mayoría de la era soviética. La red eléctrica del país ha registrado varios colapsos totales este año.