Estados Unidos y Canadá mantienen negociaciones de última hora para intentar alcanzar un acuerdo comercial antes de las 12:01 a. m. del miércoles 19 de agosto, plazo fijado por el presidente Donald Trump para la entrada en vigor de aranceles del 50% sobre aproximadamente US$20.000 millones en productos canadienses. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que las conversaciones son “muy intensas y delicadas” y evitó ofrecer detalles mientras continúan los contactos entre ambos gobiernos.

Las nuevas tarifas afectarían productos que representan cerca del 5% de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos, entre ellos diferentes bienes manufacturados y de consumo. La medida ampliaría las tensiones comerciales entre los dos países, que durante décadas han mantenido disputas sobre asuntos como la madera blanda canadiense, el acceso estadounidense al mercado de productos lácteos de Canadá y otras condiciones de intercambio bilateral.

Las negociaciones adquieren especial relevancia por el nivel de integración económica entre Estados Unidos y Canadá, dado que cerca del 72% de las exportaciones canadienses de bienes tuvieron como destino el mercado estadounidense durante el año pasado. De acuerdo con cifras del Gobierno canadiense, alrededor de 330.000 personas y US$2.000 millones en mercancías cruzan diariamente la frontera compartida, mientras unas 800.000 personas de nacionalidad canadiense residen en Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos busca obtener nuevas concesiones de Canadá en diferentes áreas, según explicó Ryan Majerus, exfuncionario comercial estadounidense y actual socio de King & Spalding. Entre los asuntos señalados se encuentran una mayor compra de equipos militares estadounidenses, incluidos aviones F-35, la participación canadiense en el sistema de defensa antimisiles Golden Dome y un mayor acceso de Estados Unidos a minerales críticos, mientras Ottawa busca alivios frente a los aranceles estadounidenses sobre acero, aluminio y madera blanda.

Para sustentar los aranceles del 50%, Trump recurrió a la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, disposición que permite al presidente imponer tarifas de hasta ese nivel a bienes procedentes de países que, según determine Washington, discriminan contra empresas o productos estadounidenses. La norma, vinculada históricamente a la legislación Smoot-Hawley, no había sido utilizada anteriormente y, a diferencia de otros mecanismos comerciales, no exige una investigación previa ni establece un plazo máximo para mantener las medidas.

Trump sostuvo al anunciar la decisión que Canadá aplica condiciones discriminatorias a exportaciones estadounidenses de automóviles, bebidas alcohólicas y quesos, mientras el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que Washington responderá cuando otros países adopten represalias contra sus medidas comerciales. Canadá fue, junto con China, uno de los países que impuso aranceles de respuesta después de las tarifas aplicadas por Estados Unidos durante el año pasado.

La disputa también se desarrolla mientras Estados Unidos, Canadá y México avanzan hacia una nueva negociación del USMCA, por lo que la amenaza arancelaria podría convertirse en un elemento de presión dentro de esas conversaciones. Una escalada comercial podría dificultar el proceso de revisión del acuerdo y reducir el margen del Gobierno de Carney para alcanzar un entendimiento con Washington.

El ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, se reunió este lunes con Greer y afirmó posteriormente que el trabajo continúa, sin revelar avances específicos. Si las partes no alcanzan un entendimiento antes del plazo establecido, los aranceles del 50% comenzarían a aplicarse el miércoles, mientras Canadá podría evaluar nuevas medidas de respuesta.             

COMERCIO

MinAgricultura y USDA acuerdan agenda de cooperación para ampliar el acceso de productos colombianos a EE.UU.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el encuentro tuvo como propósito ampliar las oportunidades comerciales para el campo colombiano, fortalecer la cooperación técnica y promover la transferencia de conocimiento y tecnología entre ambos países. Según el comunicado oficial, en la reunión participaron, además del ministro Dangond Baquero, la consejera jurídica del USDA, Chanda V. Berk, y delegados de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Durante el encuentro se acordó avanzar en una agenda orientada a abrir y consolidar mercados, impulsar la innovación y la biotecnología, fortalecer las capacidades productivas y elevar la competitividad del sector agropecuario colombiano. "Hoy damos un paso firme para construir una relación estratégica con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Queremos que esta cooperación se traduzca en oportunidades reales para nuestros productores, en mayor acceso al mercado norteamericano, transferencia de tecnología, innovación y mejores condiciones para competir", afirmó el ministro Dangond Baquero.

El funcionario agregó que "Colombia tiene un campo con enorme potencial" y que el Gobierno trabajará para "convertirlo en crecimiento, inversión y bienestar rural". El Ministerio señaló que la agenda bilateral con Estados Unidos continuará fortaleciéndose bajo los principios de reciprocidad, cooperación, generación de valor y defensa de los intereses productivos de Colombia, con énfasis particular en los pequeños y medianos productores.

Estados Unidos es históricamente el principal socio comercial agrícola de Colombia: desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2012, las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia el país han crecido de forma sostenida, y Colombia se ha consolidado como uno de los mercados más relevantes de la región para el sector agropecuario de EE.UU. El nuevo acercamiento se produce en un contexto en el que el Gobierno colombiano busca diversificar y ampliar frentes de cooperación bilateral, en paralelo a la gestión que adelanta en materia arancelaria tras el terremoto del 10 de agosto.

El Ministerio enmarcó este acercamiento dentro de la estrategia gubernamental de consolidar un "Campo Milagro", productivo, competitivo y conectado con los mercados nacionales e internacionales.

Para el sector agropecuario colombiano, en particular productores y exportadores con interés en el mercado estadounidense, esta agenda bilateral abre una ventana de trabajo en frentes concretos: acceso a mercado, biotecnología, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades productivas. Su desarrollo será clave de seguimiento en los próximos meses, especialmente para pequeños y medianos productores que podrían beneficiarse de programas de cooperación técnica.

DIPLOMACIA

Llamada de Rubio con De la Espriella centrada en apoyo tras el terremoto, mientras Colombia insiste en suspensión arancelaria

El Departamento de Estado confirmó este martes, a través de un comunicado atribuible al vocero Tommy Pigott, que el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo una llamada con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para conversar sobre el apoyo continuo de Estados Unidos al pueblo colombiano tras el terremoto del 10 de agosto. Según el comunicado oficial, Estados Unidos ha destinado US$26,5 millones en asistencia humanitaria de emergencia dirigidos a necesidades como alimentos, atención en salud, protección y alojamiento, también ha desplegado equipos especializados de búsqueda y rescate, y facilitado vuelos de transporte aéreo C-130 para apoyar la recuperación del país.

El presidente De la Espriella, sin embargo, afirmó a través de su cuenta en X que durante la misma conversación reiteró ante Rubio su solicitud para que Estados Unidos suspenda temporalmente el arancel del 12,5% que afecta a productos colombianos, y señaló que "existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito", aunque aclaró que resta surtir un trámite formal entre ambos gobiernos.

La solicitud arancelaria da continuidad al planteamiento que De la Espriella hizo directamente a Donald Trump el fin de semana anterior. El gravamen del 12,5% rige desde finales de julio como resultado de la investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre presunto trabajo forzoso. Como parte de la gestión, el presidente instruyó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, viajar este martes a Washington para ponerse al frente del proceso. La visita buscará avanzar en las conversaciones necesarias para evaluar una suspensión temporal de las tarifas mientras Colombia enfrenta las consecuencias económicas del terremoto.

DIPLOMACIA

Canciller Bula Escobar presenta ante el Atlantic Council las prioridades de reconstrucción de Colombia

El canciller de Colombia, Ómar Bula Escobar, participó este martes como orador principal en el evento "Response and Recovery Priorities after Colombia’s Earthquake", organizado por el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council en Washington. Según señaló, el país transita de la fase de emergencia hacia una etapa de estabilización y reconstrucción: aunque continúan labores de búsqueda, atención médica y asistencia humanitaria, el reto se concentra ahora en reconstruir viviendas e infraestructura, restablecer servicios básicos y recuperar la actividad económica de las zonas afectadas.

Según las cifras presentadas por el ministro, más de 26.000 viviendas fueron destruidas y otras 127.000 con algún nivel de daño, mientras al menos 285 hospitales y centros de salud y cerca de 3.000 escuelas presentan afectaciones significativas. El Gobierno estima que el impacto económico del desastre alcanza por ahora los 30 billones de pesos, aproximadamente US$9.500 millones, aunque advirtió que la cifra podría aumentar a medida que avancen las evaluaciones en zonas de difícil acceso, particularmente en el Chocó y otras zonas rurales del Pacífico, que enfrentan mayores dificultades por problemas previos de conectividad e infraestructura.

Bula explicó que las prioridades inmediatas incluyen continuar la atención de personas desaparecidas y heridas, garantizar alojamiento temporal y acceso a agua, saneamiento, alimentos, energía y comunicaciones, además de completar las evaluaciones estructurales de viviendas y edificios. Posteriormente, el objetivo será acelerar la recuperación de hospitales, escuelas, carreteras, sistemas de agua y otros activos de infraestructura esenciales para las comunidades afectadas.

El canciller destacó además que la cooperación internacional deberá evolucionar desde la atención humanitaria hacia el fortalecimiento de la capacidad de reconstrucción del país. Entre las necesidades identificadas se encuentran conocimiento especializado en ingeniería, evaluaciones estructurales, soluciones de vivienda resiliente, equipos, asistencia técnica y financiación, mientras el Gobierno busca que las obras incorporen estándares que reduzcan la vulnerabilidad frente a futuros desastres.

En materia financiera, Bula destacó el desembolso rápido de US$200 millones por parte del Banco Mundial y anunció que el Gobierno creó el Fondo Milagro para canalizar recursos nacionales e internacionales destinados a la reconstrucción de viviendas, hospitales, colegios e infraestructura. También indicó que el presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica y anunció apoyos relacionados con alquileres, servicios públicos, alivios tributarios y financieros y mecanismos de asistencia para pequeños negocios y hogares vulnerables.

El panel posterior, con representantes de la Cruz Roja Colombiana, la Coordinación Residente de Naciones Unidas y World Central Kitchen, coincidió en que las necesidades humanitarias se extenderán por meses o años, y en que la reconstrucción debe seguir el principio de "build back better", mejorar la resiliencia frente a futuros desastres, no solo restaurar lo perdido. Naciones Unidas advirtió sobre riesgos sociales adicionales, incluida la interrupción educativa en zonas con presencia de actores armados. Durante el evento se mencionó el trabajo conjunto con el Banco Mundial, la CAF, el BID, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Noruega como parte de la cooperación internacional en curso.

El Atlantic Council señaló durante la apertura del encuentro que Estados Unidos ha anunciado US$26,5 millones en asistencia de emergencia para Colombia, mientras otros gobiernos, organismos multilaterales y entidades privadas han ofrecido equipos, recursos y apoyo técnico. El Gobierno colombiano sostuvo que la reconstrucción requerirá una participación coordinada entre autoridades nacionales y locales, empresas, sociedad civil y socios internacionales, con énfasis en transparencia, recuperación económica y fortalecimiento de la resiliencia de las regiones afectadas.

DIPLOMACIA

Presidente De la Espriella agradece respaldo de Rick Scott y destaca alianza entre Estados Unidos y Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció este martes al senador estadounidense Rick Scott por su mensaje de solidaridad tras el terremoto que afectó al país y por su respaldo al inicio de su Gobierno. A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que el pueblo colombiano “valora profundamente el respaldo de los Estados Unidos” durante este momento.

De la Espriella señaló además que Estados Unidos y Colombia comparten una amistad histórica y expresó su expectativa de continuar fortaleciendo la relación bilateral. “Estoy seguro de que seguiremos fortaleciendo nuestra alianza, defendiendo nuestros valores compartidos y construyendo un futuro de seguridad y prosperidad para nuestros pueblos”, escribió el presidente.

El mensaje se produjo después de que Scott enviara una carta a De la Espriella para felicitarlo por su reciente posesión como presidente y transmitir sus condolencias por las víctimas del terremoto registrado a comienzos de agosto. El senador republicano destacó en la comunicación la relación entre Estados Unidos y Colombia y manifestó su disposición a trabajar con la nueva administración colombiana.

Scott afirmó que espera fortalecer los vínculos bilaterales en áreas como comercio, inversión y cooperación en seguridad regional, al tiempo que expresó su apoyo al Gobierno de De la Espriella durante el comienzo de su mandato. “Estados Unidos está ahora con Colombia, como amigo y socio, en este momento de nuevos comienzos y pérdida profunda”, señaló el legislador.

En su carta, el senador también se refirió a la respuesta de Estados Unidos frente al terremoto y destacó la asistencia proporcionada por la administración del presidente Donald Trump. Según recordó, el Departamento de Estado de Estados Unidos destinó US$15,5 millones en ayuda de emergencia para alojamiento, alimentos, protección y evaluaciones estructurales posteriores al desastre.

Scott también mencionó el despliegue de un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART), encargado de coordinarse con la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y apoyar las labores de respuesta de las autoridades colombianas. Asimismo, reconoció el trabajo de rescatistas, voluntarios y equipos de primera respuesta que han participado en la atención de la emergencia.

El intercambio entre De la Espriella y Scott se suma a los contactos registrados entre autoridades de Estados Unidos y Colombia tras la posesión del nuevo Gobierno y el terremoto. En su respuesta, el presidente colombiano concentró su mensaje en agradecer la solidaridad estadounidense y en reafirmar su intención de profundizar la cooperación bilateral durante su administración.

SEGURIDAD

Trump descarta negociaciones con Irán y vuelve a plantear control estadounidense sobre Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no existen conversaciones “en curso ni programadas” con Irán, un día después de que venciera el plazo de 60 días establecido en el memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán el 17 de junio. El acuerdo había fijado ese periodo como marco para avanzar hacia una salida negociada al conflicto.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump aseguró que el bloqueo naval estadounidense permanece vigente y que el estrecho de Ormuz se encuentra “abierto y operativo”, al tiempo que sostuvo que las minas marinas de la zona fueron retiradas o detonadas. Sus declaraciones dejan sin una fecha definida la eventual reanudación de negociaciones formales entre Estados Unidos e Irán.

El pronunciamiento se produjo después de que Trump señalara el lunes que existía un canal de comunicación extraoficial con Irán a través del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En una entrevista con Fox News, el mandatario afirmó que había contactos con esa organización al margen de funcionarios y mediadores del Gobierno iraní y sostuvo que los líderes de Teherán deberían “izar la bandera blanca de la rendición”.

En paralelo, Trump volvió a plantear este martes que el estrecho de Ormuz pase a ser considerado “territorio de Estados Unidos”. El presidente difundió en Truth Social un mapa de la zona en el que señaló la estratégica vía marítima con la leyenda “NUEVO territorio de Estados Unidos”, acompañada de elementos gráficos con los colores y estrellas de la bandera estadounidense.

La publicación retomó declaraciones realizadas por Trump durante los últimos días, cuando aseguró que podría declarar el estrecho como territorio estadounidense después de que, según su versión, Estados Unidos termine de “derrotar a Irán”. En otra publicación anterior, el mandatario sostuvo que Washington tiene “el control total” de la vía marítima y llegó a afirmar que consideraba que Estados Unidos podría “quedársela”.

Trump ha vinculado esas afirmaciones con las operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes desde febrero y ha sostenido que los ataques redujeron significativamente las capacidades militares de Teherán, una interpretación que ha sido rechazada por el Gobierno iraní. Hasta el momento, sus declaraciones sobre el estrecho representan planteamientos políticos y no una modificación formal de su estatus jurídico o territorial.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las principales rutas marítimas para el transporte internacional de petróleo y gas. Su relevancia energética y comercial lo ha convertido en uno de los principales puntos de tensión dentro de la confrontación entre Estados Unidos e Irán.

La guerra comenzó el 28 de febrero tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel y se aproxima a los seis meses sin que los distintos intentos de negociación hayan producido un acuerdo definitivo. El vencimiento del plazo pactado en junio, la ausencia de conversaciones formales y los nuevos pronunciamientos de Trump sobre Ormuz mantienen abiertas las tensiones militares y diplomáticas con Teherán.

MIGRACIÓN

USCIS exigirá nuevos formularios para permisos de trabajo y extensiones de estatus desde septiembre

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) comenzará a exigir desde el 15 de septiembre de 2026 nuevas versiones de los formularios utilizados para solicitar extensiones o cambios de estatus migratorio y autorizaciones de empleo. A partir de esa fecha, la agencia rechazará las solicitudes presentadas mediante ediciones anteriores de los formularios I-539 e I-765.

El Formulario I-539 corresponde a la solicitud de extensión o cambio de estatus de no inmigrante, mientras que el I-765 se utiliza para solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD). La actualización tendrá efectos para diferentes categorías de extranjeros, incluidos estudiantes con visas F, visitantes de intercambio con visas J y representantes de medios de comunicación extranjeros con visas I.

USCIS informó que las nuevas ediciones, con fecha del 15 de septiembre de 2026, reemplazarán las versiones anteriores sin un periodo de transición en el que ambos formatos puedan utilizarse simultáneamente. De esta manera, las solicitudes enviadas después del 14 de septiembre con formularios antiguos serán rechazadas, mientras que las nuevas versiones tampoco deberán utilizarse antes de su fecha oficial de entrada en vigor.

La modificación está relacionada con una regulación definitiva publicada el 16 de julio por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security, DHS), que modifica las condiciones de permanencia de determinadas categorías de no inmigrantes. La norma elimina para algunos extranjeros el esquema de “duración del estatus” y establece periodos definidos de admisión, lo que implica que quienes requieran permanecer durante más tiempo deberán solicitar formalmente una extensión.

Bajo el sistema anterior, determinadas personas, como estudiantes extranjeros, podían mantener su estatus mientras cumplieran las condiciones asociadas a su programa académico, sin una fecha específica de vencimiento establecida bajo ese mecanismo. Con la nueva regulación, las autoridades podrán realizar revisiones periódicas durante los procesos de extensión, mientras el Gobierno sostiene que el cambio busca reforzar la supervisión del cumplimiento de las condiciones asociadas a las distintas categorías migratorias.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió la reforma y afirmó que el sistema anterior presentaba deficiencias para la supervisión migratoria y la seguridad nacional. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo que los periodos definidos de permanencia permitirán fortalecer los controles sobre quienes ingresan al país mediante visas de estudio, intercambio o para representantes de medios de comunicación.

USCIS recomendó a los solicitantes verificar cuidadosamente la edición del formulario antes de presentar cualquier trámite, así como comprobar las fechas de envío postal o registro electrónico. Un rechazo por utilizar una versión incorrecta podría obligar al solicitante a presentar nuevamente la documentación y, dependiendo de la fecha de vencimiento de su estatus o autorización vigente, generar interrupciones en su situación migratoria o laboral.

MIGRACIÓN

Justicia de Estados Unidos busca restablecer cargos contra Kilmar Abrego García

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DOJ) pidió a una corte federal de apelaciones restablecer los cargos criminales por tráfico de personas contra Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño que fue deportado a El Salvador en 2025 pese a contar con una protección que impedía su expulsión. El caso se convirtió entonces en uno de los principales focos de controversia sobre la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump.

Según documentos judiciales conocidos este martes, los fiscales solicitaron a la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito revocar la decisión del juez federal Waverly Crenshaw, del distrito central de Tennessee, quien el 22 de mayo desestimó la acusación. El magistrado consideró que el proceso respondía a una persecución “vindicativa y selectiva” y que vulneraba las garantías de debido proceso de Abrego García.

El migrante había sido enviado a El Salvador junto con otros 230 extranjeros, pese a una orden que lo protegía de ser deportado a ese país. Posteriormente, la Corte Suprema concluyó que su expulsión había sido ilegal y, después de permanecer cerca de tres meses detenido en El Salvador, Abrego García fue devuelto a Estados Unidos.

Tras su regreso, el DOJ lo acusó de conspirar para transportar extranjeros entre 2016 y 2025 y de haber trasladado a personas indocumentadas durante un incidente de tránsito ocurrido en Tennessee en noviembre de 2022. Crenshaw determinó posteriormente que existían elementos para considerar que la acusación había sido impulsada después de que Abrego García obtuviera decisiones judiciales favorables relacionadas con su deportación.

En el recurso presentado esta semana, los fiscales rechazaron esa interpretación y sostuvieron que el Gobierno únicamente reabrió una investigación criminal que ya existía y que había sido cerrada después de la expulsión del salvadoreño. El DOJ aseguró además que obtuvo nuevas pruebas que, según su posición, justificaban la presentación de cargos federales por tráfico de personas.

Abrego García, quien llegó a Estados Unidos hace más de una década tras afirmar que enfrentaba amenazas de pandillas en El Salvador, se convirtió en una figura ampliamente mencionada en el debate sobre las políticas migratorias de la Administración Trump. La Corte de Apelaciones deberá decidir ahora si mantiene la desestimación ordenada por Crenshaw o permite que los cargos criminales sean restablecidos.

POLÍTICA

ABC demanda a la FCC por revisión anticipada de licencias de transmisión

ABC, su empresa matriz Disney y ocho estaciones propiedad de la cadena presentaron este martes una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (Federal Communications Commission, FCC), en la que cuestionan la revisión anticipada de sus licencias de transmisión. Las compañías pidieron a un tribunal federal detener el procedimiento y sostuvieron que la actuación de la agencia representa una amenaza para sus operaciones y para sus derechos bajo la Primera Enmienda.

La FCC, presidida por Brendan Carr, ordenó en abril revisar de manera anticipada las ocho licencias de ABC, pese a que estas se otorgan por periodos de ocho años y todavía faltan varios años para su vencimiento. La agencia señaló entre sus razones las prácticas de diversidad e inclusión de la cadena, mientras la decisión se produjo poco después de comentarios del presentador Jimmy Kimmel que generaron críticas del presidente Donald Trump.

En la demanda, ABC sostuvo que la Administración ha cuestionado reiteradamente contenidos periodísticos y opiniones difundidas por la cadena y afirmó que esas acciones han escalado hasta amenazas relacionadas con sus licencias. La empresa pidió al tribunal impedir que la FCC adopte o amenace con adoptar medidas vinculadas al proceso de renovación anticipada, argumentando que no dispone de otra vía para eliminar lo que considera una presión sobre su actividad editorial.

El conflicto también incluye diferencias sobre el programa “The View”, después de que Carr planteara que podría quedar sujeto a las reglas de igualdad de tiempo para candidatos políticos. ABC sostiene que el espacio constituye un programa informativo y que, por tanto, debería permanecer exento de esas obligaciones, una interpretación que, según la cadena, ya había sido respaldada por la propia agencia hace más de dos décadas.

ABC también advirtió en su demanda que el caso podría tener efectos más amplios sobre otras empresas de medios, al considerar que el uso de las licencias como mecanismo de presión podría afectar la libertad editorial de los radiodifusores. La comisionada demócrata de la FCC, Anna Gomez, respaldó la decisión de ABC y Disney de acudir a los tribunales y cuestionó las actuaciones de la agencia, a las que calificó como una campaña de presión sobre la cadena.

Carr ha defendido las acciones de la FCC al señalar que las empresas de radiodifusión reciben acceso gratuito a un recurso público, el espectro radioeléctrico, y a cambio deben operar en beneficio del interés público. Bajo su presidencia, la comisión también ha abierto investigaciones separadas relacionadas con CBS News y NBC News, como parte de una revisión más amplia del cumplimiento de las obligaciones de los radiodifusores.

Tras la presentación de la demanda, un portavoz de la FCC reiteró que todos los radiodifusores están legalmente obligados a operar en el interés público y señaló que la agencia continuará evaluando las denuncias relacionadas con las políticas de diversidad, equidad e inclusión de Disney. El proceso judicial determinará ahora si la revisión anticipada de las licencias puede continuar mientras ABC cuestiona la legalidad y constitucionalidad de la actuación de la comisión.

POLÍTICA

Aprobación del presidente Trump cae al 33% en medio de preocupación por la guerra con Irán

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó al 33%, el nivel más bajo de su actual mandato, de acuerdo con una encuesta de Reuters/Ipsos. El sondeo mostró además que el 64% de los consultados desaprueba su gestión, mientras su nivel de respaldo descendió desde el 35% registrado a comienzos de agosto.

El resultado iguala el punto más bajo alcanzado por Trump durante su primer mandato, registrado en diciembre de 2017. Cuando regresó a la Casa Blanca en 2025, el mandatario contaba con la aprobación de cerca de la mitad de los estadounidenses, pero su respaldo ha disminuido durante este año en medio de preocupaciones relacionadas con la guerra con Irán y sus efectos económicos.

La encuesta encontró que el 80% de los estadounidenses considera que la participación de Estados Unidos en el conflicto con Irán se prolongará durante un periodo extenso, incluidos el 87% de los demócratas y el 71% de los republicanos. Solo el 16% estima que la confrontación podría terminar en cuestión de semanas, mientras apenas uno de cada cinco encuestados considera que la guerra ha valido la pena.

Las preocupaciones también se concentran en el impacto del conflicto sobre los precios de la energía, después de que las restricciones al comercio de petróleo a través del estrecho de Ormuz impulsaran el costo de la gasolina. Trump afirmó el viernes que pagar “un poquito más” por el combustible era un costo aceptable para impedir que, según su argumento, Irán pudiera obtener un arma nuclear.

El sondeo también registró cambios en las percepciones sobre la economía de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El 38% de los votantes considera que los demócratas manejarían mejor la economía, frente al 35% que prefiere el enfoque republicano, mientras Reuters/Ipsos señaló que esta es la primera vez en aproximadamente una década que los demócratas obtienen una ventaja en este indicador.

En inmigración, los republicanos mantienen una ventaja más estrecha, con el 40% de los votantes registrados considerando que su enfoque es mejor frente al 38% que prefiere el de los demócratas, una diferencia de dos puntos porcentuales que representa la menor del actual mandato de Trump. La encuesta fue realizada en línea entre 1.166 adultos en Estados Unidos y cuenta con un margen de error de tres puntos porcentuales.

SANCIONES

Estados Unidos sanciona a dos funcionarios de la CPI y amplía su presión contra el tribunal

La Administración del presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones contra dos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) como parte de la campaña de Estados Unidos contra las actuaciones del tribunal. Las medidas afectan a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, de Japón, y al abogado principal de juicio Abdoulaye Seye, de Senegal, quienes fueron designados bajo la Orden Ejecutiva 14203.

Según el Gobierno estadounidense, ambos funcionarios participaron directamente en acciones de la CPI destinadas a investigar, arrestar, detener o procesar a autoridades de países que no han aceptado la jurisdicción del tribunal. Washington sostiene que esas actuaciones exceden el mandato de la institución y afectan la soberanía de Estados que no son parte del Estatuto de Roma.

La Administración Trump ha cuestionado de manera reiterada la capacidad de la CPI para ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de Estados Unidos y de otros países que no han ratificado el Estatuto de Roma. En el comunicado, el Gobierno calificó al tribunal como una institución politizada y afirmó que sus actuaciones establecen, según su interpretación, un precedente que podría afectar a otros Estados.

Las nuevas designaciones forman parte de una campaña diplomática iniciada por Estados Unidos el mes pasado para aumentar la presión sobre la CPI. La Administración señaló que buscará que otros países reduzcan o finalicen su financiación y participación en el tribunal, con el objetivo de limitar su capacidad para actuar contra nacionales de Estados que no reconocen su jurisdicción.

El Gobierno estadounidense advirtió además que podría adoptar medidas adicionales contra la CPI si considera que continúan las actuaciones que cuestiona. La Administración Trump sostuvo que mantendrá su estrategia hasta impedir que el tribunal pueda ejercer acciones contra ciudadanos estadounidenses y de otros países que no forman parte del Estatuto de Roma.