Las medidas entran en vigor a las 12:01 a. m. del sábado, después de que las delegaciones de ambos países no lograran cerrar un acuerdo en Washington el viernes en la noche, según reportó The Associated Press. La vigencia estaba prevista inicialmente para el 19 de agosto, pero el presidente Donald Trump la suspendió por tres días la noche del 18 tras conversaciones con Carney, anunciando un entendimiento preliminar. El primer ministro canadiense fue más cauto en su declaración de esa noche, al señalar que había progreso sustancial, pero trabajo importante pendiente.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, atribuyó la ruptura a nuevas exigencias y a retrocesos de Canadá sobre compromisos previos, y sostuvo que la oferta estadounidense contemplaba el mejor trato ofrecido a un exportador principal de ese mercado. Carney respondió que los cambios de última hora en los términos propuestos por Washington fueron injustos y antieconómicos, y que cuestionaban la confiabilidad de cualquier acuerdo.

De acuerdo con AP, no hay nuevas rondas de negociación programadas. Canadá había buscado concesiones en acero, aluminio, automotores y madera que Washington no estuvo dispuesto a otorgar.

Los aranceles se sustentan en tres proclamaciones expedidas el 20 de julio de 2026 bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, en lo que constituye el primer uso registrado de esa facultad en casi un siglo. La norma permite al presidente imponer derechos de hasta 50 % cuando determina que un socio discrimina contra las exportaciones estadounidenses; las determinaciones se concentraron en lácteos, bebidas alcohólicas y vehículos automotores. Según la Oficina del Representante Comercial, la medida cubre cerca de USD 20.000 millones, equivalentes a 5,2 % de los USD 382.000 millones que Estados Unidos importó de Canadá en 2025, y alcanza bienes que cumplen las reglas de origen del USMCA. Quedan excluidos petróleo, gas, minerales críticos, potasa y los bienes ya sujetos a aranceles sectoriales.

En el plano operativo, los análisis de firmas especializadas en comercio internacional precisan que los bienes cubiertos que ingresen a zonas francas estadounidenses a partir del 19 de agosto deben admitirse bajo estatus de mercancía extranjera privilegiada, lo que activa el arancel al momento del despacho a consumo. Se mantiene el tratamiento del Capítulo 98 del arancel estadounidense, de modo que en operaciones de reparación, transformación o ensamblaje en el exterior el gravamen recae sobre el valor agregado fuera de Estados Unidos y no sobre el valor total del bien.

Carney anunció que Canadá igualará los aranceles dólar por dólar a partir del 8 de septiembre y que aplicará protección arancelaria focalizada para industrias expuestas, con mención de acero, lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, pulpa y papel y electrónica, según reportó AP. Sobre el intercambio bilateral de bienes y servicios, que alcanzó USD 880.000 millones el año pasado, la presidenta de la Cámara de Comercio de Canadá, Candace Laing, advirtió que la decisión golpea la competitividad de América del Norte. Joshua Bolten, director ejecutivo del Business Roundtable, señaló que las medidas y las represalias elevan costos para empresas y hogares estadounidenses y afectan cadenas de suministro, y pidió a ambos gobiernos retomar la negociación.

El episodio incide directamente sobre el proceso de revisión del USMCA: Estados Unidos ya inició conversaciones formales con México, mientras que las negociaciones con Canadá no han comenzado y quedan sujetas a la evolución del conflicto arancelario, de acuerdo con el reporte de AP.

La reapertura se hará por el paso fronterizo de Douglas, Arizona, contiguo a Agua Prieta, en el estado mexicano de Sonora, según reportó The Associated Press. Si la operación transcurre sin contratiempos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos podría habilitar puertos adicionales, aunque los envíos estarán sujetos desde el inicio a restricciones orientadas a contener la propagación del parásito.

El protocolo definido por las autoridades estadounidenses contempla un aumento gradual de los cupos: 700 cabezas diarias durante la primera semana, 900 en la segunda y un incremento progresivo hasta llegar a 1.300 por día, según explicó a AP Arturo Ruiz, responsable de sanidad animal del estado de Sonora. Las nuevas reglas exigen que los animales porten dispositivos de identificación por radiofrecuencia en las orejas y sean revisados mediante lectores electrónicos y perros entrenados, con inspección a cargo de funcionarios del Departamento de Agricultura antes de autorizar el cruce hacia Arizona. México aceptó los protocolos.

El brote del gusano barrenador del Nuevo Mundo fue detectado en México en noviembre de 2024 y se ha extendido a 30 de las 32 entidades del país. México registra 1.969 casos activos, menos de la mitad de los reportados un año atrás, una reducción que las autoridades atribuyen a los avances en contención, si bien reconocen que la erradicación tomará tiempo. El primer caso en Sonora se reportó el miércoles en la comunidad de Munihuasa, y el parásito ya cruzó la frontera: las autoridades estadounidenses atienden casos en Texas y Nuevo México.

En términos económicos, México exportaba cerca de 1,2 millones de cabezas de ganado al año hacia Estados Unidos, principalmente desde sus estados del norte, con un valor de USD 1.200 millones el año pasado, de acuerdo con el reporte de AP. Durante la suspensión, los ganaderos mexicanos redirigieron su oferta al mercado interno, donde obtuvieron precios cercanos a 40 % por debajo de los que recibían en Estados Unidos. Del lado estadounidense, Juan Carlos Anaya, director general de la firma Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, señaló que los productores locales no lograron compensar el faltante de oferta, lo que contribuyó al cierre de algunas plantas de sacrificio y afectó a los corrales de engorde, en un entorno de precios récord de la carne de res.

Juan Carlos Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, sostuvo que las nuevas restricciones limitarán los envíos y planteó que se requiere un mayor flujo de ganado a través de la frontera para atender la escasez de oferta en ambos países.

La llamada se extendió por una hora y veinte minutos y fue calificada como cordial por la Presidencia brasileña, según la versión difundida por ese Gobierno y recogida por la agencia EFE. Durante la conversación, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que los argumentos presentados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para justificar los aranceles son infundados, y planteó que mantenerse en la mesa de negociación constituye la mejor opción para preservar a Estados Unidos como uno de los principales socios comerciales de Brasil.

De acuerdo con la misma fuente, el presidente Donald Trump coincidió en la necesidad de preservar vínculos comerciales sólidos entre las dos mayores economías del continente y propuso que los equipos negociadores de ambos gobiernos se encuentren a la mayor brevedad para abordar las diferencias pendientes.

Las medidas arancelarias fueron anunciadas en julio como resultado de investigaciones que señalaron, entre otros asuntos, prácticas anticompetitivas y la importación por parte de Brasil de productos elaborados con trabajo forzoso. Según el reporte de Prensa Latina, la conversación abordó también los cuestionamientos de Washington en materia de deforestación, propiedad intelectual, lucha contra la corrupción, el sistema de pagos Pix y el etanol. El Gobierno brasileño ha rechazado esas alegaciones y el 14 de agosto activó su ley de reciprocidad económica como respuesta a las medidas estadounidenses.

Los mandatarios abordaron además la cooperación en materia de crimen organizado. Lula señaló que Brasil dispone de mecanismos propios para enfrentar a esas organizaciones, entre ellos medidas para cortar sus fuentes de financiamiento y la construcción de cárceles de máxima seguridad, y sostuvo que esas herramientas permiten actuar sin recurrir a la designación de dichos grupos como organizaciones terroristas. Trump manifestó disposición a fortalecer la cooperación en seguridad e indicó que designaría funcionarios de alto nivel para continuar ese trabajo, según la Presidencia brasileña. El mandatario brasileño planteó también su posición sobre el funcionamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y propuso una reunión extraordinaria para buscar salidas diplomáticas a los conflictos en curso.

La conversación se produce en un momento de tensión bilateral y a menos de dos meses de las elecciones presidenciales brasileñas, en las que Lula busca la reelección.

La jueza Jeannette A. Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, dejó sin efecto la medida el viernes 21 de agosto mediante una decisión de 61 páginas, al concluir que la política era contraria a la ley y fue expedida en exceso de la autoridad estatutaria del secretario Rubio, según reportó ABC News.

El razonamiento del fallo se apoya en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que asigna a los oficiales consulares autoridad y discrecionalidad exclusivas para determinar la elegibilidad de un solicitante de visa. En palabras de la jueza, una política que prohíbe categóricamente la emisión de visas de inmigrante con base en la nacionalidad del solicitante constituye una anulación directa de ese esquema legal. La decisión se adoptó bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, mecanismo que permite dejar sin efecto actos de agencias federales.

La orden también deja sin efecto las negaciones de visa que se hayan sustentado únicamente en esa política y dispone que esos casos sean reconsiderados por los oficiales consulares conforme a las reglas ordinarias de la legislación migratoria, de acuerdo con el mismo reporte.

La política había sido anunciada el 14 de enero de 2026 y entró en vigor el 21 de ese mes, con carácter indefinido. El Departamento de Estado señaló entonces que la pausa buscaba impedir el ingreso de extranjeros que accedieran a programas de asistencia y beneficios públicos, y que aplicaría mientras la agencia revisaba sus procedimientos de determinación de carga pública bajo la Sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La lista incluyó a Colombia, Brasil, Guatemala, Jamaica, Cuba, Uruguay, Egipto, Haití, Rusia y Somalia, entre otros, y cubrió cerca del 40 % de los países del mundo.

Según los análisis publicados por firmas especializadas en movilidad internacional, la suspensión aplicó exclusivamente a visas de inmigrante, las que conducen a la residencia permanente, incluidas las categorías de empleo y de reunificación familiar, y no afectó las visas de no inmigrante, como las de turismo, estudio o trabajo temporal. Durante la pausa, las embajadas continuaron recibiendo solicitudes y programando entrevistas sin emitir las visas, y quedaron exentos los solicitantes con doble nacionalidad que se presentaran con pasaporte de un país no listado.

Anna Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network Inc., organización demandante, afirmó que la suspensión separó a cónyuges, padres e hijos que seguían el proceso migratorio legal. El National Immigration Law Center, también representante de los demandantes, calificó el fallo como una victoria significativa. El Departamento de Estado no se pronunció sobre la decisión ni ha indicado si la apelará, según ABC News.

El encuentro está previsto para el lunes y contará con la participación de altos ejecutivos y abogados de ambas partes, de acuerdo con la agencia EFE. Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, advirtieron que no existe garantía de que estas conversaciones deriven en negociaciones posteriores. Consultada por el rotativo, Paramount declinó anticipar el contenido de su propuesta.

Una de las fuentes citadas por el Times señaló que, cualquiera que sea su estrategia, la compañía deberá atender al menos una de las preocupaciones planteadas por los estados: la dimensión de su negocio de televisión por cable o el peso de sus estudios cinematográficos frente al conjunto de la industria.

La demanda fue presentada el 13 de julio ante una corte federal del Distrito Norte de California por una coalición de doce fiscales generales encabezada por el fiscal general de ese estado, Rob Bonta, e integrada además por Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington. Según el comunicado de la oficina de Bonta, la operación, valorada en cerca de USD110.000 millones, combinaría a dos de los cinco principales distribuidores cinematográficos y a dos de los cinco mayores propietarios de canales de cable básico, con lo que la compañía resultante controlaría cerca de un tercio de la distribución de películas en salas y una proporción similar de la programación de cable básico en Estados Unidos.

Paramount ha sostenido que la demanda aplica de manera equivocada la legislación antimonopolio y que defenderá la transacción, y ha afirmado que el retraso del proceso perjudica a los trabajadores del sector del entretenimiento. Esta semana, en declaraciones a CNBC, Bonta indicó que un eventual acuerdo extrajudicial requeriría remedios estructurales robustos y precisó que el reclamo de los estados se concentra en los mercados de cine y televisión de pago.

El acercamiento se produce en un entorno de presión creciente sobre ambas partes. Dos sindicatos del sector audiovisual pidieron a las compañías acelerar el proceso judicial o negociar un acuerdo ante el estancamiento del caso, y el sindicato de guionistas solicitó ante un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para mantener bloqueada la operación. Paramount aceptó aplazar el cierre de la fusión hasta junio de 2027, salvo que la justicia resuelva la demanda antes de esa fecha. De concretarse, la operación crearía un conglomerado que reuniría dos de los principales estudios de cine y series, servicios de streaming y cadenas de noticias.

Según el comunicado de la agencia, TikTok pagará USD300 millones de forma inmediata y los USD100 millones restantes cuando se expida una orden que deje sin efecto un decreto de consentimiento previo dictado contra Musical.ly, la aplicación antecesora de la plataforma. El Departamento de Justicia señaló que el monto representa una de las mayores recuperaciones obtenidas en un caso bajo la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA.

El fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. afirmó que el acuerdo constituye "una gran victoria para los niños y los padres estadounidenses" y añadió que la prioridad de la dependencia es que las compañías a las que se confía información personal de menores cumplan sus obligaciones legales.

La demanda fue presentada en agosto de 2024 por el Departamento de Justicia junto con la Comisión Federal de Comercio ante una corte federal de California. La acción sostenía que la plataforma permitió a menores crear cuentas ordinarias y recopiló datos personales, entre ellos direcciones de correo electrónico, números telefónicos e información de ubicación, sin el consentimiento verificable de los padres, y que incluso las cuentas creadas bajo la modalidad diseñada para usuarios menores de 13 años registraron direcciones de correo electrónico. La norma COPPA exige que los servicios en línea dirigidos a menores de esa edad obtengan consentimiento parental verificable antes de recolectar información personal.

El caso tiene su origen en una orden de la Comisión Federal de Comercio de 2019 contra Musical.ly, aplicación que ByteDance adquirió en 2017 y posteriormente integró en TikTok. El Departamento de Justicia indicó que, desde la presentación de la demanda en 2024, la compañía ha experimentado cambios significativos en su estructura de propiedad, su administración, sus funciones de cumplimiento normativo y sus prácticas de privacidad, y que ha implementado medidas orientadas a reforzar las protecciones para usuarios jóvenes, mejorar los controles de edad y ampliar la supervisión parental. La dependencia precisó que las reclamaciones resueltas mediante el acuerdo constituyen alegaciones y que no hubo determinación de responsabilidad.

El anuncio se produce en un contexto de escrutinio regulatorio y judicial creciente sobre las plataformas digitales en materia de protección de menores. Meta Platforms, matriz de Instagram, afronta actualmente un juicio en una corte federal de Oakland, California, por presuntas infracciones a la misma norma COPPA y a diversas leyes estatales, de acuerdo con The Associated Press.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre ganó 0,65% el viernes hasta USD94,39, con lo que acumuló un avance semanal de alrededor de 6,63%, según reportó la agencia AFP. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate para el mismo mes, subió 0,26% hasta USD87,06 por barril.

El tránsito marítimo por el estrecho se mantuvo muy por debajo de los niveles previos al conflicto. De acuerdo con un análisis de CNN basado en cifras del centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, el número de buques que atravesaron la vía aumentó 27% en la última semana, aunque esa cifra equivale apenas a 20% del promedio de siete días registrado antes de la guerra. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que el petróleo está fluyendo por la vía marítima. Antes del conflicto transitaban por el estrecho cerca de 20 millones de barriles diarios, aproximadamente una quinta parte de la producción mundial.

Los medios estatales iraníes informaron que Teherán concedió permiso a varios petroleros iraquíes para atravesar el estrecho, según reportó la agencia Reuters citando a IRNA. De acuerdo con ese reporte, la autorización se produjo tras reiteradas solicitudes de Bagdad, planteadas durante la visita del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

En el plano político, el presidente Donald Trump se refirió el viernes a la guerra con Irán restándole dimensión, atribuyó la inflación a la oposición demócrata y afirmó que los precios de la gasolina bajarán pronto, según reportó CNN. Su Gobierno prepara nuevas sanciones económicas contra Teherán, medida que Irán y China, su principal socio comercial, rechazan. El precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos se ubicó el viernes en USD4,11 por galón, USD0,97 por encima del registrado en la misma fecha del año anterior.

Sobre la capacidad de resistencia iraní, la firma de inteligencia marítima Kpler estimó que el país mantiene cerca de 80 millones de barriles almacenados en el mar por fuera del bloqueo, comprometidos en su mayoría con China, que le representarían unos USD1.500 millones mensuales a los precios actuales. Según Homayoun Falakshahi, jefe de análisis de crudo de esa firma, al ritmo actual de descargue de 650.000 barriles diarios, Teherán contaría con ingresos por exportaciones para cerca de cuatro meses.

CNN reportó por su parte que lo que comenzó como una crisis de suministro de crudo se está transformando en una crisis de suministro de combustibles, en la medida en que las refinerías enfrentan de manera simultánea los efectos de la guerra y las restricciones a la exportación, lo que limita el volumen de crudo que pueden convertir en gasolina, combustible de aviación y diésel.

El detonante de la semana fue el alza del martes, cuando el rendimiento del bono a 30 años alcanzó 5,34%, su nivel más alto desde 2007, según reportó CNN Business. Al día siguiente, el Departamento del Tesoro anunció que ampliaría al menos al doble el tamaño máximo de sus operaciones de recompra de deuda de largo plazo, de USD2.000 millones a por lo menos USD4.000 millones por operación, dirigidas a los tramos de 10 a 30 años y programadas entre el 9 de septiembre y el 4 de noviembre. Los rendimientos cayeron de inmediato: el bono a 10 años cerró en 4,647% y el de 30 años en 5,196%, con descensos de 5,7 y 9 puntos básicos respectivamente, de acuerdo con CNBC.

El anuncio resultó inusual por su oportunidad, ya que se produjo apenas dos semanas después de que la dependencia publicara su calendario trimestral de recompras sin mencionar una ampliación del programa. El efecto duró poco. El jueves los rendimientos borraron el descenso y superaron los niveles previos al anuncio: el bono a 10 años llegó a 4,71% y el de 30 años a 5,267%. El viernes, este último subió más de tres puntos básicos hasta 5,273%, frente a 5,21% una semana antes.

En una entrevista con CNBC, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, precisó que el tope de USD4.000 millones por emisión debe entenderse como un piso y no como un límite estricto, y anticipó que el Gobierno anunciaría en los días siguientes un mayor énfasis en consolidación fiscal, por instrucción del presidente Donald Trump y con revisión tanto del lado de los ingresos como del gasto. Consultado sobre si el déficit presupuestal había tocado techo, respondió que existe una buena probabilidad de que así sea.

La respuesta de los analistas fue escéptica. Krishna Guha, de Evercore ISI, describió el plan como una versión débil de la llamada Operation Twist y advirtió que podría resultar contraproducente si se interpreta como una señal de preocupación sobre la capacidad de financiarse a largo plazo a un costo aceptable. Maia Crook, analista sénior de JPMorgan Chase, señaló en una nota a clientes que las intervenciones no atienden los desafíos estructurales de fondo y que su efecto más duradero podría ser un aumento de las primas de riesgo, al apartarse el Tesoro de su principio de actuación regular y predecible.

Entre los factores que presionan los rendimientos, los reportes identifican la persistencia de la inflación, el crecimiento del endeudamiento público, el total de deuda del Gobierno federal superó los USD40 billones el mismo miércoles del anuncio y ha aumentado en más de USD3,8 billones desde enero de 2025, y la competencia por demanda que representa el volumen récord de emisión de deuda corporativa asociada a las inversiones en inteligencia artificial. Bessent atribuyó parte del incremento del déficit a los reembolsos de aranceles derivados del fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales varios de los gravámenes aplicados por la administración.

El episodio quedó como antesala del simposio de Jackson Hole, donde el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, tiene previsto intervenir en un contexto en el que los mercados buscan definiciones sobre la trayectoria de las tasas de largo plazo y sobre el alcance de las competencias del Tesoro y del banco central en el mercado de deuda.

Rocha Moya anunció su regreso mediante un mensaje en redes sociales, en el que sostuvo que durante su licencia se puso a disposición de la justicia mexicana para ser investigado y rechazó las acusaciones en su contra, que calificó como falsas y dirigidas a afectar al movimiento político al que pertenece, según reportó CNN en Español. El gobernador se separó del cargo el 1 de mayo, días después de que se hiciera pública la acusación estadounidense, y debe concluir su mandato en octubre de 2027.

La Secretaría de Gobernación señaló que la determinación del gobernador es de carácter personal y precisó que las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre los señalamientos estadounidenses continúan abiertas, en contraste con lo que había afirmado Rocha Moya al reasumir. La dependencia agregó que la Cancillería ha solicitado de manera reiterada al Departamento de Justicia de Estados Unidos que aporte las pruebas que sustenten las imputaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al asunto el sábado en su cuenta de X, sin mencionar al gobernador, con un mensaje en el que afirmó que "el poder sin principios se vuelve arrogancia" y sostuvo que ningún interés personal puede situarse por encima del interés de la nación. Consultada por periodistas ese mismo día, indicó que se enteró del regreso por la publicación del propio gobernador y que abordará el tema el lunes en su conferencia diaria. La dirigencia nacional de Morena se deslindó de la decisión, la bancada del partido en el Senado la calificó como un acto individual, el líder de la bancada en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió al gobernador rectificar, y 23 gobernadores de Morena y partidos aliados suscribieron un pronunciamiento en el mismo sentido.

La acusación fue divulgada el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Según el comunicado del Departamento de Justicia, el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la Administración para el Control de Drogas, Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de un pliego acusatorio contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del gobierno y de los cuerpos de seguridad de Sinaloa, por delitos de narcotráfico y cargos relacionados con armas. La fiscalía sostiene que los acusados se habrían aliado con la facción del Cartel de Sinaloa conocida como Los Chapitos y que habrían facilitado sus operaciones desde distintos niveles de gobierno. Rocha Moya ha rechazado los señalamientos desde que se hicieron públicos.

Las autoridades estadounidenses solicitaron a México la detención provisional de los acusados con fines de extradición. El Gobierno mexicano respondió en su momento que no había elementos suficientes para justificar esa medida y que la Fiscalía General de la República investigaría los señalamientos. El gobernador declaró ante esa fiscalía en calidad de testigo en mayo y, a comienzos de julio, la entidad indicó que no contaba con pruebas para acreditar las acusaciones formuladas en Estados Unidos.