El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría retirar el arancel adicional del 12,5% que se aplica a algunas exportaciones colombianas. Consultado por periodistas en la Casa Blanca sobre esa posibilidad, el mandatario respondió: "Puede que lo haga", y destacó que el presidente Abelardo de la Espriella "es amigo" suyo y "está haciendo un gran trabajo".

Las declaraciones no constituyen un anuncio formal. El mandatario no estableció un calendario ni precisó si se trataría de una eliminación del gravamen o de una reducción de la tarifa. Hasta el momento no se conoce una decisión oficial de la Casa Blanca ni de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR), por lo que las condiciones arancelarias vigentes se mantienen.

El arancel adicional fue establecido en julio de 2026 por la USTR, como resultado de la investigación adelantada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre la implementación y aplicación efectiva de las prohibiciones a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. En agosto, el presidente De la Espriella solicitó la suspensión temporal de estos aranceles para aliviar las dificultades económicas derivadas del terremoto registrado en el país.

En caso de que el gravamen pase del 12,5% al 10%, las exportaciones colombianas mejorarían sus condiciones de competencia en el mercado estadounidense, lo que representaría una oportunidad para sectores como las flores, las confecciones, los alimentos y las manufacturas.

MIGRACIÓN

Administración Trump acelera los procedimientos para retirar el estatus de refugiado

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS) anunció este martes una norma provisional que reducirá de 30 a 10 días el plazo para que los refugiados presenten pruebas y argumentos cuando las autoridades pretendan retirarles su estatus migratorio. La norma entrará en vigor con su publicación en el Registro Federal, el 14 de octubre, y abrirá un periodo de 30 días para recibir comentarios; su propósito es acelerar los procedimientos de revisión y terminación de esta protección.

Según el DHS, la modificación tiene como propósito reforzar la integridad del sistema migratorio, prevenir posibles fraudes y reducir riesgos para la seguridad pública y nacional. La legislación estadounidense establece que el estatus de refugiado puede retirarse cuando las autoridades determinen que la persona no cumplía los requisitos para obtenerlo al momento de su admisión. Si las pruebas presentadas no justifican mantener la protección, el afectado puede enfrentar un proceso de deportación.

El procedimiento para obtener el estatus de refugiado puede extenderse durante varios años e incluye entrevistas, revisiones de antecedentes y controles de seguridad realizados por distintas agencias federales. Los solicitantes pueden acceder al Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP) mediante remisiones de organismos internacionales, representaciones diplomáticas estadounidenses u organizaciones humanitarias.

La organización International Refugee Assistance Project (IRAP) rechazó la nueva norma y advirtió que la reducción del plazo dificultará que los refugiados obtengan representación legal y reúnan pruebas para defender su permanencia en el país. Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales de la organización, cuestionó que el procedimiento pueda convertirse en una formalidad para retirar protecciones a personas admitidas legalmente y exponerlas a posibles situaciones de persecución en sus países de origen.

La medida se suma a otros cambios migratorios impulsados por la administración Trump, entre ellos la terminación de determinadas designaciones del Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS), la cancelación de programas de permiso humanitario y mayores restricciones al acceso al asilo. Organizaciones defensoras de los migrantes han presentado demandas contra algunas de estas políticas, mientras el Gobierno sostiene que sus decisiones buscan fortalecer los controles de admisión y permanencia en Estados Unidos.

DIPLOMACIA

Washington llama a consultas a su representante en Nicaragua tras rechazo de nueva embajadora

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que llamó a consultas en Washington a Elias Baumann, encargado de Negocios de su embajada en Nicaragua, después de que las autoridades nicaragüenses rechazaran las credenciales de Natasha Franceschi como nueva embajadora estadounidense. La decisión fue adoptada por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países.

En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó la decisión del presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, al considerar que refleja una falta de disposición para mantener un diálogo diplomático productivo. Washington también señaló que el rechazo contradice el discurso de respeto mutuo promovido por las autoridades nicaragüenses y calificó la medida como una actuación de carácter político.

Franceschi, diplomática de carrera con experiencia en el servicio exterior estadounidense, había sido confirmada por el Senado el pasado 30 de septiembre para asumir la representación diplomática en Managua. Su designación buscaba cubrir una posición que permanece vacante desde 2023, cuando Estados Unidos dejó de contar con un embajador en Nicaragua. Sin embargo, la negativa del Gobierno nicaragüense impidió que avanzara su acreditación.

El rechazo fue revelado inicialmente el 2 de octubre por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington. En ese encuentro, Estados Unidos presentó cuestionamientos sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, además de manifestar preocupación por las decisiones adoptadas por el Gobierno de Ortega y Murillo.

Durante la reunión, la OEA aprobó por unanimidad una resolución que solicita a Nicaragua celebrar elecciones libres, liberar incondicionalmente a los presos políticos y restablecer las garantías institucionales. El documento también pide esclarecer el paradero de personas desaparecidas, recuperar la separación de poderes y restituir la nacionalidad a quienes fueron privados de ella, aunque no contempla sanciones concretas contra las autoridades nicaragüenses.

La decisión de Washington se suma a las tensiones diplomáticas entre ambos países y coincide con nuevos esfuerzos regionales para abordar la situación de Nicaragua. Aunque el país centroamericano se retiró de la OEA en 2023, el organismo acordó establecer un grupo ministerial de seguimiento para promover el diálogo y evaluar avances en materia institucional y electoral. Por ahora, Estados Unidos no ha precisado cuándo regresará Baumann a Managua ni cómo continuará su representación diplomática.

DIPLOMACIA

Kimberly Guilfoyle renuncia como embajadora de Estados Unidos en Grecia tras denuncias sobre su conducta

Kimberly Guilfoyle presentó este martes su renuncia como embajadora de Estados Unidos en Grecia, después de que la administración del presidente Donald Trump solicitara su salida ante una serie de denuncias sobre presuntas conductas inapropiadas. La portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, confirmó la decisión ante periodistas y agradeció el trabajo de la diplomática, quien rechazó las acusaciones y aseguró que defenderá su reputación.

La decisión se produjo después de varias publicaciones periodísticas que señalaron presuntas irregularidades cometidas por Guilfoyle antes y durante su gestión en Atenas. Entre las acusaciones figuran supuestas amenazas contra un funcionario griego, la aceptación de regalos y servicios indebidos y el presunto ofrecimiento de acceso a integrantes de la administración Trump a cambio de beneficios económicos. El lunes, el presidente había manifestado su descontento con estos señalamientos.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con una solicitud de US$100.000 que Guilfoyle habría realizado a un donante republicano para cubrir una deuda de tarjeta de crédito antes de su audiencia de confirmación en el Senado. Según las publicaciones, la diplomática habría ofrecido facilitar contactos con funcionarios del Gobierno a cambio del pago. Sus abogados rechazaron esta interpretación y afirmaron que el dinero correspondía a servicios profesionales y presentaciones públicas pendientes de remuneración.

Guilfoyle también ha sido cuestionada por presuntos vínculos con una empresa griega de construcción y energía, cuyos intereses comerciales habría promovido durante su gestión. Asimismo, se publicaron señalamientos sobre la participación de un representante empresarial en reuniones diplomáticas privadas y viajes en aeronaves particulares. Sus abogados negaron cualquier irregularidad y sostuvieron que la diplomática consultó previamente las normas del Departamento de Estado de Estados Unidos relacionadas con estos desplazamientos.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, había defendido inicialmente la gestión de Guilfoyle durante su reciente visita a Grecia, aunque posteriormente evitó pronunciarse sobre la veracidad de las denuncias. Funcionarios estadounidenses indicaron que la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado estaba examinando los señalamientos, sin que inicialmente se confirmara la apertura de una investigación formal. Legisladores demócratas de ambas cámaras del Congreso también solicitaron investigar las actuaciones de la embajadora.

Las denuncias también generaron reacciones en Grecia, donde representantes de partidos de oposición solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores convocar a Guilfoyle para responder por los señalamientos. La exviceministra Sia Anagnostopoulou sostuvo que el asunto comprometía la dignidad nacional, mientras que el canciller Giorgos Gerapetritis afirmó que la embajadora había recibido el mismo tratamiento que los demás representantes diplomáticos y consideró innecesaria una citación oficial.

Tras conocerse su salida, Guilfoyle publicó un mensaje en el que calificó las acusaciones como falsas y aseguró que defenderá su nombre, reputación e integridad. La exembajadora, quien anteriormente trabajó como presentadora de televisión y fiscal en California, reiteró su compromiso con Trump y su administración. Su renuncia abre un proceso de reemplazo en la representación diplomática estadounidense en Grecia, mientras continúan los cuestionamientos sobre su gestión.

DIPLOMACIA

Washington destaca avances de su plan de paz para Gaza a un año del acuerdo en Egipto

El Gobierno de Estados Unidos destacó este martes los avances de su plan de paz para la Franja de Gaza, al cumplirse un año de la cumbre celebrada en Sharm el-Sheikh, Egipto, donde se formalizó el acuerdo impulsado por el presidente Donald Trump. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que la iniciativa permitió establecer un alto el fuego que Washington considera duradero y sentar las bases para la recuperación del territorio palestino.

Entre los principales resultados, la administración estadounidense destacó el retorno de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, y el establecimiento de una Junta de Paz y una administración tecnocrática palestina para dirigir Gaza. Asimismo, señaló que se desarrolló un plan de recuperación con costos estimados y que estos avances representan los primeros pasos hacia una nueva etapa para el territorio.

El Departamento de Estado también afirmó que la asistencia humanitaria ha aumentado, permitiendo ampliar la distribución de alimentos entre la población palestina. Según Pigott, las medidas implementadas han contribuido a reducir el presunto desvío de ayuda por parte de Hamás, mientras continúan los esfuerzos internacionales para mejorar las condiciones humanitarias y avanzar en la estabilización de Gaza.

Washington reconoció que la reconstrucción de Gaza será un proceso complejo que podría extenderse durante varios años y requerirá superar importantes dificultades de implementación. No obstante, la administración Trump sostuvo que se están logrando avances hacia la desmilitarización del territorio, con el objetivo de establecer una administración palestina sin el control de Hamás y garantizar condiciones de seguridad duraderas para Israel.

El acuerdo tuvo su origen en la primera fase del plan aceptado por Israel y Hamás el 9 de octubre de 2025, que contemplaba la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes. Sin embargo, la situación humanitaria continúa siendo crítica y persisten los episodios de violencia. Según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, desde la entrada en vigor del alto el fuego han muerto al menos 1.470 palestinos y más de 5.180 han resultado heridos, mientras que el balance acumulado desde octubre de 2023 supera los 74.000 fallecidos.

POLÍTICA

Encuestas registran ventaja demócrata a tres semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos

A tres semanas de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, las encuestas en Estados Unidos muestran una mayor intención de voto hacia el Partido Demócrata, mientras los republicanos buscan conservar sus mayorías en el Congreso. Los comicios renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado, en medio de preocupaciones económicas y una disminución de los índices de aprobación del presidente Donald Trump.

En la Cámara de Representantes estarán en juego los 435 escaños, actualmente bajo control republicano, con 219 representantes frente a 214 demócratas y dos vacantes. Según el promedio de encuestas de RealClearPolitics, los demócratas registran una intención de voto del 50,2%, frente al 41,9% de los republicanos, una diferencia de 8,3 puntos porcentuales. Esta ventaja se produce mientras ambos partidos concentran sus esfuerzos en distritos competitivos que podrían modificar la composición de la Cámara.

En el Senado se renovarán 35 de los 100 escaños, mientras los republicanos mantienen una mayoría de 53 frente a 47 integrantes de la bancada demócrata. Para obtener el control, los demócratas necesitarían una ganancia neta de cuatro escaños, conservando sus posiciones actuales. Las encuestas identifican competencias ajustadas en estados como Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Míchigan, Ohio y Texas, algunos de los cuales han mantenido una trayectoria electoral predominantemente republicana.

Entre las contiendas más observadas figura Texas, donde el demócrata James Talarico supera por aproximadamente tres puntos al republicano Ken Paxton, según RealClearPolitics. En Míchigan, Abdul El-Sayed registra una ventaja de 2,7 puntos frente a Mike Rogers, mientras que en Maine el demócrata Troy Jackson mantiene una competencia estrecha con la senadora republicana Susan Collins. Estos resultados reflejan diferencias reducidas que mantienen la atención sobre las campañas estatales.

Las elecciones también incluirán la renovación de 36 gobernaciones, entre ellas las de California, Nueva York, Texas y Florida. Los demócratas Xavier Becerra y Kathy Hochul compiten en California y Nueva York, respectivamente, mientras que los republicanos Greg Abbott y Byron Donalds participan en las contiendas de Texas y Florida. Asimismo, las elecciones de Georgia, Nevada, Ohio y Wisconsin presentan escenarios competitivos que podrían modificar el control partidista de varios gobiernos estatales.

La campaña ocurre en medio de una disminución del respaldo a Trump, cuyos índices de aprobación se sitúan en niveles reducidos según diferentes encuestas. Un estudio del Centro de Investigación Pew reveló que apenas el 35% de los estadounidenses confía en que el mandatario tome buenas decisiones económicas, frente al 42% registrado en abril.

POLÍTICA

Alaska se convierte en prioridad electoral para Trump ante una disputada contienda por el Senado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó este martes a Alaska para respaldar la campaña de reelección del senador republicano Dan Sullivan, quien enfrenta una contienda competitiva frente a la demócrata Mary Peltola de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. El mandatario tiene previsto encabezar un acto político en Wasilla, localidad ubicada al norte de Anchorage, en una visita que refleja la atención del Partido Republicano sobre una elección que podría influir en el control del Congreso. El desplazamiento forma parte de una gira electoral que también contempla actividades en Arizona y Montana durante el miércoles.

Aunque Alaska ha mantenido históricamente una inclinación republicana, la competencia por el Senado se ha estrechado en medio de las preocupaciones de los votantes por el costo de vida, la inflación y los elevados precios de los combustibles, asociados parcialmente con la guerra con Irán. Los demócratas no ganan un escaño del Senado por Alaska desde 2008, mientras que el estado no elige un gobernador de ese partido desde 1998. Sin embargo, el encuestador local Ivan Moore señaló que ha observado una disminución del respaldo a Trump, tendencia que podría influir en el comportamiento de los electores que apoyaron al presidente en 2024.

La candidata demócrata Mary Peltola, exrepresentante a la Cámara, ha centrado su campaña en el lema “Alaska primero”, con énfasis en las dificultades económicas de los hogares y los intereses locales. Por su parte, Sullivan, quien busca un tercer período en el Senado, ha mantenido su respaldo a las políticas comerciales y energéticas de la administración Trump. El vicepresidente JD Vance ya participó en actividades de campaña a favor del senador en Fairbanks, mientras que el mandatario ha destacado las iniciativas para ampliar la explotación de petróleo y gas en Alaska. Entre ellas figura un proyecto de gas natural para el cual Trump anunció una inversión surcoreana de US$54.000 millones, aunque Corea del Sur ha señalado que los términos y el valor definitivo del acuerdo todavía no están cerrados.

La contienda también presenta particularidades relacionadas con el sistema electoral de Alaska, que permite que los cuatro candidatos más votados en las primarias avancen a las elecciones generales y utiliza un mecanismo de votación por orden de preferencia. En esta ocasión, la papeleta incluirá a dos candidatos llamados Dan Sullivan: el senador republicano y Dan J. Sullivan, un profesor jubilado. Trump y otros aliados del senador han cuestionado la participación de este último, al considerarla una posible estrategia para confundir a los votantes, señalamiento que el candidato ha rechazado. Durante su visita, el presidente también respaldará al representante republicano Nick Begich, quien enfrenta una competencia frente al independiente Bill Hill por el escaño de Alaska en la Cámara de Representantes.

Otro elemento de la campaña es la relación comercial entre Alaska y Canadá, país con el que comparte una extensa frontera y mantiene importantes vínculos económicos. Las medidas arancelarias adoptadas por Washington contra productos canadienses, así como las restricciones comerciales y represalias implementadas por ambos países, podrían elevar los precios de determinados bienes para los consumidores del estado. Según el encuestador Moore, las tensiones con Canadá generan preocupación entre algunos habitantes de Alaska debido a la cercanía económica y cultural entre ambos territorios. Este escenario se suma a las discusiones sobre inflación y poder adquisitivo que han adquirido relevancia durante la campaña electoral.

La visita presidencial también tiene antecedentes en las elecciones de 2022, cuando Trump viajó a Alaska para apoyar a Kelly Tshibaka frente a la senadora republicana Lisa Murkowski, quien finalmente consiguió su reelección. Aunque Alaska continúa siendo un estado de predominio republicano, su tradición de respaldar candidatos independientes y las actuales condiciones económicas han incrementado la atención nacional sobre sus resultados electorales.

POLÍTICA

Corte Suprema definirá si el DOGE debe entregar documentos bajo la ley de transparencia

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar una demanda presentada por la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW), que busca obtener documentos públicos relacionados con las operaciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Department of Government Efficiency, DOGE), impulsado inicialmente por Elon Musk durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

La decisión responde a una solicitud de la administración estadounidense para que el máximo tribunal intervenga en la controversia sobre la obligación de divulgar información relacionada con las actividades y decisiones de esta entidad, creada en 2025 con el propósito de reducir el gasto público y reorganizar dependencias federales.

El litigio se centra en determinar si DOGE debe ser considerado una agencia federal y, por tanto, estar sujeto a la Ley de Libertad de Información, que establece mecanismos para solicitar documentos a las instituciones del Gobierno estadounidense. CREW sostiene que el organismo ejerció facultades independientes dentro de la administración federal, lo que justificaría su obligación de responder a solicitudes de información pública. Por su parte, el Gobierno de Trump argumenta que DOGE funcionaba como un órgano asesor presidencial y que, debido a esa condición, se encuentra excluido de los requisitos de divulgación establecidos por la legislación.

La controversia ya había llegado a la Corte Suprema en junio de 2025, cuando una mayoría de magistrados consideró que el juez federal Christopher Cooper había emitido una orden demasiado amplia al exigir la entrega de documentos relacionados con DOGE. Previamente, Cooper había fallado a favor de CREW y ordenado tramitar de manera acelerada sus solicitudes de información, decisión que posteriormente recibió el respaldo de un tribunal de apelaciones. Sin embargo, la administración Trump cuestionó estas determinaciones al considerar que los tribunales inferiores no habían tenido suficientemente en cuenta las restricciones constitucionales relacionadas con la separación de poderes y la confidencialidad de los asesores presidenciales.

En su solicitud ante la Corte Suprema, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) sostuvo que permitir procedimientos judiciales amplios contra organismos asesores del presidente podría afectar la autonomía y confidencialidad de sus funciones. Los abogados del Gobierno también cuestionaron la autorización otorgada por el tribunal de apelaciones para recibir una declaración bajo juramento de Amy Gleason, administradora interina de DOGE, al considerar que esta medida excedía los límites establecidos en la revisión judicial anterior. Según la posición de la administración, someter a los órganos asesores presidenciales a estas exigencias generaría conflictos con las protecciones que el Congreso estableció al definir el alcance de la legislación sobre acceso a la información.

Por su parte, CREW rechazó los argumentos del Gobierno y afirmó que las decisiones de los tribunales inferiores cumplen con las instrucciones previamente establecidas por la Corte Suprema. La organización sostiene que los documentos solicitados permitirían conocer el alcance de la participación de DOGE en la reorganización de las operaciones federales durante 2025, así como determinar si ejerció atribuciones suficientes para ser considerado una agencia pública. En sus argumentos judiciales, CREW señaló que distintas declaraciones oficiales, incluidas las del presidente Trump, respaldan su interpretación sobre la autoridad ejercida por DOGE. El abogado Nikhel Sus afirmó que la organización continuará buscando acceso a la información sobre las actuaciones del organismo.

Con la aceptación del caso, la Corte Suprema examinará nuevamente los límites de acceso a documentos gubernamentales y las condiciones bajo las cuales los organismos vinculados directamente con la Presidencia pueden quedar sujetos a las obligaciones de transparencia federal. El tribunal deberá evaluar los argumentos de ambas partes y determinar el alcance de las facultades judiciales para exigir información sobre las operaciones de DOGE, en un proceso que podría establecer criterios relevantes para futuras controversias relacionadas con organismos asesores del Ejecutivo. Se prevé que los argumentos sean escuchados durante el actual período judicial y que la decisión se conozca en 2027, sin que la aceptación del caso implique todavía un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la demanda.

SANCIONES

Doce senadores estadounidenses piden a Trump cancelar acuerdo sobre suministro de diésel ruso

Un grupo bipartidista de 12 senadores estadounidenses, seis republicanos y seis demócratas, solicitó este martes al presidente Donald Trump cancelar el acuerdo alcanzado con Rusia para permitir la comercialización de diésel ruso en los mercados internacionales. En una carta dirigida al mandatario, los legisladores cuestionaron la decisión por considerar que debilita las sanciones económicas contra Moscú y podría proporcionar recursos adicionales para financiar la guerra en Ucrania.

El acuerdo fue anunciado por Trump el pasado viernes, después de una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin. Según lo informado por el mandatario, Rusia suministraría inicialmente más de 300.000 toneladas de diésel, seguidas de 500.000 toneladas en noviembre, un millón de toneladas adicionales posteriormente y otros tres millones de toneladas en un plazo todavía no definido. La medida busca aumentar la oferta de combustible y contener los elevados precios registrados en Estados Unidos.

Los senadores sostuvieron que la decisión contradice las restricciones aprobadas por el Congreso en 2022, que prohibieron las importaciones de productos energéticos rusos tras la invasión de Ucrania. También señalaron que el acuerdo podría debilitar una legislación aprobada en septiembre de 2026, que establece nuevos aranceles contra países que continúen comprando petróleo y gas ruso, cuyas principales disposiciones entrarán en vigor el próximo 18 de octubre.

En su comunicación, los legisladores afirmaron que permitir nuevas exportaciones rusas tendría un efecto limitado sobre los precios del combustible, mientras que los ingresos obtenidos podrían contribuir a sostener las operaciones militares de Moscú. También advirtieron sobre posibles implicaciones para la seguridad estadounidense y solicitaron que la administración implemente las nuevas sanciones económicas, argumentando que una mayor presión financiera fortalecería la posición negociadora de Washington frente a Rusia.

Por su parte, Trump defendió el acuerdo al señalar que su administración busca reducir los costos energéticos para los consumidores estadounidenses. El mandatario aclaró este martes que se trata de un acuerdo para abastecer el mercado mundial y que Rusia no vendería directamente el combustible a Estados Unidos. El senador republicano John Barrasso también respaldó la decisión como una posible herramienta de negociación con Putin, aunque pidió aplicar las sanciones aprobadas recientemente por el Congreso.

La controversia ocurre en medio del incremento de los precios internacionales de los combustibles, asociado en parte con las interrupciones energéticas derivadas de la guerra con Irán. Expertos del sector han cuestionado la capacidad del acuerdo para reducir significativamente los precios del diésel, debido al volumen relativamente limitado del suministro anunciado. Mientras tanto, el Congreso mantiene sus cuestionamientos sobre la compatibilidad de la decisión presidencial con las restricciones comerciales y financieras vigentes contra Rusia.

SANCIONES

Estados Unidos sanciona a Bank of America con US$1.200 millones por fallas contra el lavado de activos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones por más de US$1.200 millones contra Bank of America, el segundo banco más grande del país, por incumplimientos de las normas contra el lavado de activos y de los programas de sanciones estadounidenses. Según el Tesoro, la entidad admitió haber violado de manera deliberada la Ley de Secreto Bancario, al no mantener controles adecuados para identificar y reportar operaciones potencialmente irregulares.

Según las autoridades estadounidenses, Bank of America no reportó a tiempo más de US$5.000 millones en transacciones sospechosas, algunas relacionadas con posibles redes chinas de lavado de activos y operaciones financieras ilícitas en la frontera con México. El Tesoro señaló que una parte de estas actividades estaba vinculada con áreas prioritarias para la seguridad nacional, lo que evidenció deficiencias en los procedimientos utilizados por el banco para identificar y comunicar operaciones potencialmente irregulares.

La principal sanción, por US$1.200 millones, fue impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) y es la tercera mayor en la historia de esa entidad. Ese monto incluye como crédito una multa de US$750 millones impuesta por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la mayor en la historia de ese regulador, por deficiencias en su programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario.

Las autoridades recordaron que Bank of America había recibido una orden correctiva en diciembre de 2024 por deficiencias en sus programas de prevención del lavado de activos y cumplimiento de sanciones. Sin embargo, los reguladores concluyeron que la entidad no implementó completamente las mejoras requeridas y mantuvo problemas en sus controles internos, capacitación y presentación de reportes. Como parte de las nuevas medidas, el banco deberá trabajar con un tercero independiente para revisar operaciones sospechosas no detectadas previamente.

Adicionalmente, Bank of America alcanzó un acuerdo por US$11,6 millones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), relacionado con aparentes infracciones de distintos programas de sanciones estadounidenses. Entre ellos se encuentran las restricciones contra Irán y Rusia, así como aquellas dirigidas a organizaciones vinculadas con el narcotráfico y el terrorismo internacional. Según el Tesoro, la entidad habría procesado operaciones que incumplían estas disposiciones.

SANCIONES

Tesoro de EE.UU. impone nuevas sanciones contra redes comerciales del Cártel del Noreste

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), anunció sanciones contra cuatro personas y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), organización criminal mexicana designada por Washington como organización terrorista extranjera. Las medidas buscan afectar una red de actividades comerciales relacionadas con las carreras de caballos, la construcción, el transporte de mercancías y el sector de petróleo y gas, que, según las autoridades estadounidenses, habría sido utilizada para lavar recursos ilícitos y financiar las operaciones del grupo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que esta constituye la acción más importante emprendida hasta la fecha por su departamento contra la infraestructura financiera del cartel.

El Cártel del Noreste, surgido de la organización criminal Los Zetas, mantiene una presencia significativa en Nuevo Laredo, Tamaulipas, frente a la ciudad estadounidense de Laredo, Texas, uno de los principales corredores comerciales entre ambos países. Según el Tesoro, la organización ha desarrollado mecanismos para infiltrarse en actividades económicas, influir en contratos públicos y canalizar recursos hacia campañas políticas locales. Washington también señala que el grupo participa en el tráfico de fentanilo, metanfetaminas, heroína, marihuana y cocaína, mientras que sus fundadores, Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, enfrentan actualmente procesos judiciales en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, armas y lavado de activos.

Uno de los principales objetivos de las sanciones es Club La Molienda, un establecimiento de carreras de caballos, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo que, de acuerdo con el Tesoro, se encuentra bajo control del cartel. Las autoridades estadounidenses sostienen que este negocio genera ingresos mediante cobros a participantes y espectadores, además de facilitar operaciones relacionadas con caballos adquiridos en Estados Unidos. La investigación también identificó vínculos comerciales entre La Molienda y el Casino Centenario, anteriormente sancionado por Washington, que permitía realizar apuestas sobre las carreras. Las operaciones de este último fueron suspendidas en abril de 2026 mediante acciones coordinadas entre las autoridades estadounidenses y mexicanas.

Entre los sancionados figura el empresario mexicano Gamaliel Garza García, a quien el Tesoro identifica como colaborador del cartel y participante en competencias ecuestres en México y Estados Unidos. Según OFAC, su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) habría sido utilizada para canalizar recursos hacia campañas electorales y obtener contratos gubernamentales que posteriormente eran subcontratados a personas vinculadas con la organización criminal. Las sanciones también incluyen a Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), Cuadra San Dibanh y otras seis compañías dedicadas a actividades inmobiliarias, construcción, distribución de combustibles y transporte de gas. Asimismo, fue incluido Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, por su participación en las operaciones de CEGESA y su presunta intervención en la entrega de recursos para campañas políticas.

Las medidas también alcanzan a Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como alias “Takia”, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los responsables de las operaciones del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo y vinculado con actividades de tráfico de armas. Adicionalmente, OFAC sancionó a la empresa de transporte Tamex Leasing, también conocida como Tamex Logistics, y a Francisco Javier Inzunza Partida, empleado de la compañía. De acuerdo con la investigación, instalaciones de Tamex habrían sido utilizadas para despachar al menos dos cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, interceptados por las autoridades con un total de 52 kilogramos de droga ocultos en compartimentos de los sistemas de frenos de los remolques.

La acción fue desarrollada mediante la cooperación de distintas agencias estadounidenses de seguridad, inteligencia financiera y control fronterizo, con participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. El Tesoro indicó que esta es la cuarta y mayor ronda de sanciones dirigida específicamente contra redes del Cártel del Noreste durante la actual administración Trump, después de las medidas adoptadas en mayo y agosto de 2025 y abril de 2026.