El presidente Abelardo de la Espriella, afirmó que su Gobierno y la administración del presidente Donald Trump mantienen su compromiso de fortalecer las relaciones comerciales bilaterales, ampliar las oportunidades para las empresas colombianas y atraer nuevas inversiones. A través de su cuenta en X, el mandatario colombiano destacó que las conversaciones adelantadas por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, avanzan hacia una relación económica más equilibrada.

“Mi gobierno y el del Presidente Donald Trump estamos decididos a aprovechar todo el potencial de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos para abrir nuevas oportunidades para las empresas colombianas, atraer inversión y generar más y mejores empleos. Más inversiones significan mayores ingresos para los ciudadanos: seguridad física y jurídica nos hace atractivos como destino inversionista. Las conversaciones que adelantan el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, y la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, avanzan en la dirección correcta hacia una relación económica más dinámica, equilibrada y próspera, con beneficios concretos para nuestros pueblos”, dice el mensaje del presidente De la Espriella.

Las declaraciones se producen en medio de las negociaciones para alcanzar un Acuerdo sobre Comercio Recíproco entre ambos países, proceso que tomó impulso tras una reunión celebrada el 19 de agosto en Washington entre Gómez Amín y Greer. En ese encuentro, Estados Unidos manifestó su disposición a fortalecer los vínculos económicos con Colombia y avanzar en la negociación de un instrumento comercial que permita ampliar el acceso a los mercados y atender asuntos pendientes de la agenda bilateral.

Uno de los principales objetivos de las conversaciones, para Colombia, es revisar el arancel adicional del 12,5% que Estados Unidos aplica desde julio a determinados productos colombianos, incluidos sectores como flores, confecciones y manufacturas de plástico. El pasado 12 de octubre, Trump manifestó que podría considerar la eliminación de este gravamen, aunque no anunció una decisión definitiva ni estableció un plazo para modificarlo. La revisión de estas medidas constituye uno de los asuntos centrales de la agenda comercial entre ambos gobiernos.

Los detalles sobre los términos de las negociaciones aún no se conocen.

ECONOMÍA

La inflación en EE. UU. sube a 3,7% y vuelve a poner las tasas de interés en el centro del debate

La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse en septiembre. El Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,6% frente a agosto y 3,7% en términos anuales, por encima del 3,4% registrado el mes anterior, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). La gasolina subió 9,1% en un solo mes y explicó más de la mitad del incremento mensual.

Sin embargo, el dato relevante es que las presiones no provinieron únicamente de la energía. La inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— aumentó 0,3% mensual y 2,6% anual, frente al 2,4% de agosto. También subieron vivienda, vehículos usados, ropa y algunos bienes tecnológicos, una señal de que las presiones sobre los precios se están extendiendo a más componentes de la economía.

El encarecimiento de los combustibles continúa siendo particularmente importante. Además del aumento de la gasolina, otros combustibles para transporte, incluido el diésel, subieron 11,9% en septiembre y 60,9% frente a un año atrás. Esto importa porque un mayor costo de transportar personas y mercancías puede trasladarse gradualmente a alimentos, comercio y otros bienes.

Los datos vuelven a complicar la decisión de la Reserva Federal. En septiembre, la Fed aumentó su tasa de referencia al rango de 3,75%-4,00%. Tras conocerse la nueva inflación, los mercados elevaron nuevamente la probabilidad de otro incremento en la reunión del 27 y 28 de octubre, aunque el resultado sigue abierto porque la creación de empleo se ha moderado. Reuters señala que las expectativas del mercado quedaron aproximadamente divididas entre una nueva subida y mantener las tasas sin cambios.

La noticia es importante porque muestra un escenario más complejo que un aumento temporal de la energía. Si las presiones continúan extendiéndose, la Fed podría mantener tasas elevadas durante más tiempo o realizar nuevos ajustes. Eso encarece hipotecas, crédito empresarial y financiamiento público, además de influir en el dólar y en los mercados financieros.

Para Colombia también tiene implicaciones. Una política monetaria estadounidense más restrictiva puede fortalecer el dólar, elevar el costo del financiamiento externo y reducir el espacio para que el Banco de la República baje tasas con mayor rapidez. Además, los mayores precios internacionales de energía pueden trasladarse a costos de transporte y producción. Por eso, más que el 3,7% por sí solo, será importante observar si la inflación subyacente continúa aumentando y qué señal da la Fed a finales de octubre.

ECONOMÍA

Presidente Trump anuncia planes de exploración de petróleo, gas y minerales en Groenlandia

         

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su administración prepara el inicio de actividades de exploración a gran escala de petróleo, gas y minerales en Groenlandia, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que la isla cuenta con importantes reservas de recursos naturales y destacó su relevancia estratégica para la seguridad de Estados Unidos y Europa.

Trump sostuvo que, según estimaciones de expertos que no identificó, Groenlandia podría albergar algunas de las mayores reservas de petróleo de fácil acceso del mundo. Sin embargo, el mandatario no presentó detalles sobre las empresas participantes, los recursos financieros comprometidos ni los plazos previstos para comenzar las operaciones de exploración, que estarían sujetas a las autorizaciones correspondientes de las autoridades groenlandesas.

El anuncio se produce tres semanas después de que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaran un acuerdo de cooperación en defensa, el 22 de septiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El pacto amplía la presencia militar estadounidense en la isla, contempla nuevas instalaciones en Narsarsuaq y Mestersvig y establece mecanismos para restringir determinadas actividades militares e inversiones de países considerados riesgosos para la seguridad.

El acuerdo también reafirma la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y reconoce el derecho de autodeterminación de su población, sin otorgar a Washington derechos automáticos para explotar sus recursos naturales. Aunque contempla cooperación económica y en minerales, el documento no establece autorizaciones específicas para desarrollar proyectos de exploración petrolera o gasífera, que continúan sujetos a las disposiciones legales del territorio.

Groenlandia prohibió en 2021 la concesión de nuevas licencias para explorar petróleo, aunque actualmente evalúa si la empresa estadounidense Greenland Energy puede desarrollar actividades utilizando permisos anteriores a esa restricción. La compañía ha manifestado su intención de iniciar perforaciones en 2027, mientras que el viceministro de Minería groenlandés, Jørgen Hammeken-Holm, señaló que los proyectos existentes todavía están lejos de constituir una exploración masiva.

En materia de seguridad, Trump sostuvo que la ubicación geográfica de Groenlandia ofrece ventajas para detectar e interceptar posibles ataques con misiles y drones dirigidos contra Estados Unidos. El mandatario destacó su importancia para los sistemas de defensa estadounidenses, en particular para el proyecto de escudo antimisiles denominado Golden Dome, mientras Washington busca ampliar su presencia militar y fortalecer su cooperación estratégica en el Ártico.

ECONOMÍA

Taiwán proyecta comprar el 30% del gas de Alaska LNG durante 20 años e invertir US$4.400 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Taiwán se comprometió a adquirir el 30% del gas natural licuado (GNL) producido por el proyecto Alaska LNG durante los próximos 20 años, además de invertir US$4.400 millones en su desarrollo. Durante un acto republicano en Alaska, el mandatario afirmó que estos compromisos contribuirían a garantizar la viabilidad del proyecto energético, considerado una de las principales iniciativas de infraestructura para ampliar las exportaciones estadounidenses de gas hacia Asia.

El Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán confirmó este miércoles avances significativos en las negociaciones con los desarrolladores estadounidenses, aunque aclaró que las condiciones definitivas todavía deben acordarse. La empresa estatal CPC Corporation contempla adquirir seis millones de toneladas de GNL anuales e invertir hasta US$4.400 millones, dando continuidad a una carta de intención suscrita en marzo de 2025. Las autoridades taiwanesas señalaron que las condiciones de inversión y los contratos comerciales continúan sujetos a negociación.

Alaska LNG contempla la construcción de un gasoducto de aproximadamente 1.300 kilómetros para transportar gas natural desde el norte de Alaska hasta una terminal de licuefacción en el sur del estado, con capacidad proyectada para producir 20 millones de toneladas anuales destinadas a exportación. El proyecto busca aprovechar la cercanía geográfica con los mercados asiáticos para reducir los tiempos de transporte y fortalecer la oferta energética estadounidense en la región.

El anuncio se suma a los compromisos de inversión que Trump atribuyó recientemente a Corea del Sur, por más de US$50.000 millones para el mismo proyecto. Sin embargo, las autoridades surcoreanas han señalado que su participación todavía no está definida y dependerá de una evaluación de viabilidad comercial y del cumplimiento de los procedimientos internos. Alaska LNG ha enfrentado durante años dificultades relacionadas con sus elevados costos de construcción, las necesidades de financiamiento y la obtención de contratos de suministro a largo plazo.

De acuerdo con las autoridades taiwanesas, el proyecto podría comenzar a suministrar gas a la isla a partir de 2032, siempre que avance conforme al cronograma previsto. La iniciativa forma parte de la estrategia de Taiwán para diversificar sus fuentes de abastecimiento energético y reducir los riesgos asociados a las rutas internacionales de suministro. Entretanto, las negociaciones comerciales y los compromisos de inversión pendientes serán determinantes para concretar el desarrollo de la infraestructura.

ECONOMÍA

Seguro Social de Estados Unidos aumentará 3,6% sus beneficios en 2027

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (Social Security Administration, SSA) anunció este miércoles que los beneficios de jubilación, discapacidad y asistencia suplementaria aumentarán 3,6% en 2027, como parte del ajuste anual por costo de vida (COLA). La medida beneficiará a aproximadamente 76 millones de estadounidenses y representará un incremento promedio de US$75 mensuales para los jubilados.

El incremento comenzará a aplicarse en enero de 2027 para cerca de 72 millones de beneficiarios del Seguro Social, mientras que aproximadamente 7,3 millones de personas que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) obtendrán el ajuste desde el 31 de diciembre de 2026. Según las estimaciones oficiales, el beneficio mensual promedio de jubilación pasará de US$2.095 a US$2.170.

El ajuste se calcula a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W) durante el tercer trimestre del año. El comisionado de la SSA, Frank Bisignano, afirmó que el aumento busca proporcionar mayor estabilidad financiera a los beneficiarios, ante las crecientes presiones que enfrentan los presupuestos de los hogares estadounidenses.

El anuncio coincidió con la publicación de los datos de inflación de septiembre, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento interanual de 3,7% y una variación mensual de 0,6%. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (Bureau of Labor Statistics, BLS), los precios de la gasolina aumentaron 9,1% durante el mes, contribuyendo significativamente al avance del indicador general.

Distintas organizaciones de adultos mayores expresaron preocupación por la capacidad del ajuste para compensar el encarecimiento de bienes y servicios esenciales. Según una encuesta de AARP realizada en septiembre, aproximadamente tres de cada cuatro estadounidenses mayores de 50 años consideraban insuficiente un aumento hipotético de 3,5% para afrontar la inflación, mientras que algunos jubilados señalaron dificultades relacionadas con los costos de atención médica, medicamentos y vivienda.

Por otra parte, la SSA informó que el límite anual de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social aumentará de US$184.500 en 2026 a US$192.300 en 2027. Este tributo, financiado mediante contribuciones de trabajadores y empleadores, constituye una de las principales fuentes de recursos del sistema, cuyo financiamiento enfrenta desafíos asociados al crecimiento de las obligaciones futuras.

De acuerdo con el informe de los administradores del Seguro Social publicado en junio, las reservas combinadas de los fondos de jubilación y discapacidad podrían agotarse en 2034 si no se adoptan modificaciones legislativas. A partir de ese momento, los ingresos disponibles permitirían financiar aproximadamente el 83% de los beneficios programados, situación que ha impulsado propuestas en el Congreso para fortalecer los recursos del programa, incluida la eliminación del límite salarial sujeto a contribuciones.

SEGURIDAD

Justicia de Estados Unidos cita a Maduro y Cilia Flores por nuevos cargos de tortura y narcoterrorismo

El juez federal Alvin Hellerstein convocó para este jueves 15 de octubre una audiencia en Nueva York en la que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, deberán responder a los nuevos cargos presentados por la Fiscalía estadounidense. La comparecencia estará centrada en la acusación actualizada, que incorpora delitos de conspiración para cometer torturas y amplía las imputaciones por narcoterrorismo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) presentó el pasado 8 de octubre una nueva acusación que atribuye a ambos una presunta conspiración para cometer torturas contra opositores políticos, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. Asimismo, extendió a Flores el cargo de narcoterrorismo, que anteriormente recaía únicamente sobre Maduro.

Según el documento judicial, la Fiscalía sostiene que durante el Gobierno de Maduro se habría desarrollado un sistema de represión que incluía detenciones arbitrarias y presuntos actos de tortura para mantener el control político. Los fiscales atribuyen a Maduro y Flores participación en estas prácticas, mientras ambos continúan enfrentando cargos relacionados con la importación de cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados con ametralladoras y artefactos destructivos.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero. La audiencia permitirá realizar la lectura formal de los nuevos cargos y ofrecerá a los acusados la oportunidad de declararse culpables o no culpables. Ambos habían rechazado las imputaciones anteriores, mientras que las nuevas acusaciones todavía no han sido objeto de una declaración formal ante el tribunal.

El proceso judicial continuará el próximo 17 de noviembre, cuando está prevista una audiencia sobre la solicitud de la defensa para desestimar los cargos bajo el argumento de inmunidad soberana, posición que ha sido cuestionada por la Fiscalía estadounidense. Entretanto, el juicio está programado para junio de 2027 y los acusados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.

SANCIONES

Estados Unidos retira a Jorge Rodríguez de la lista de sancionados en medio del acercamiento con Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles el levantamiento de las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. La decisión fue oficializada mediante una actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), que retiró al funcionario de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).

Rodríguez permanecía sancionado desde septiembre de 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando Washington impuso restricciones contra varios funcionarios venezolanos. Su exclusión de la lista permite levantar las limitaciones financieras derivadas de esa designación, incluidas las relacionadas con sus activos y transacciones sujetas a jurisdicción estadounidense. La OFAC no detalló los motivos específicos de la decisión ni anunció medidas adicionales.

El levantamiento ocurre mientras Rodríguez participa como interlocutor del Gobierno venezolano en las conversaciones políticas promovidas por Washington con sectores de la oposición, encabezados por Dinorah Figuera. El proceso busca establecer condiciones para una transición política y contempla discusiones sobre reformas institucionales, incluidos cambios en el sistema judicial y las autoridades electorales, aunque todavía no se ha definido una fecha para la celebración de nuevas elecciones.

La medida se enmarca en el acercamiento diplomático entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro en enero y la posterior llegada de Delcy Rodríguez al poder. Ambos países restablecieron sus relaciones diplomáticas y anunciaron en agosto un acuerdo para ampliar el acceso estadounidense a recursos petroleros venezolanos. Paralelamente, la administración Trump ha flexibilizado determinadas restricciones sobre las actividades petroleras y mineras del país.

La exclusión de Jorge Rodríguez se suma al levantamiento de sanciones contra su hermana Delcy, oficializado por la OFAC el pasado 1 de abril. Estas decisiones coinciden con la cooperación entre ambos gobiernos en materia económica y con las negociaciones sobre el futuro político de Venezuela. Entretanto, la dirigente opositora María Corina Machado permanece en Panamá, desde donde ha denunciado presuntas restricciones de las autoridades venezolanas para impedir su regreso al país.

POLÍTICA

Republicanos retiran recursos de distritos clave mientras demócratas amplían su estrategia electoral

El Partido Republicano comenzó a redistribuir recursos destinados a varias contiendas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas de noviembre. El Congressional Leadership Fund, principal comité de acción política que respalda a los republicanos en la Cámara, canceló inversiones publicitarias en cuatro distritos competitivos y aumentó su financiamiento en otras 16 contiendas, mientras los demócratas buscan ampliar su presencia en territorios actualmente representados por republicanos.

Entre los distritos donde se suspendieron los gastos se encuentran el primero de Iowa, donde la congresista republicana Mariannette Miller-Meeks enfrenta a la demócrata Christina Bohannan, y el séptimo de Nueva Jersey, representado por el republicano Tom Kean. También se retiraron recursos de contiendas en Ohio y Michigan, que junto con las anteriores habían recibido US$13,3 millones en inversiones del Congressional Leadership Fund hasta el 13 de octubre.

La reorganización también alcanzó al tercer distrito de Nevada, donde Safety and Affordability, organización vinculada al comité MAGA Inc., retiró cerca de US$1 millón destinado a respaldar al republicano Marty O’Donnell frente a la congresista demócrata Susie Lee. Según estrategas republicanos, las decisiones responden a una revisión de las prioridades electorales, ante la preocupación por el costo de vida y los niveles de participación de los votantes.

Por su parte, el Comité Demócrata de Campañas al Congreso (DCCC) inició una campaña para recaudar US$17 millones antes del 22 de octubre, con el propósito de financiar publicidad adicional en distritos que anteriormente no figuraban entre sus principales objetivos. La organización considera que existen al menos doce contiendas adicionales donde podría incrementar su competitividad, aunque reconoce que necesitará recursos adicionales para ampliar sus operaciones.

Entre los nuevos objetivos demócratas se encuentra el décimo distrito de Ohio, representado por el republicano Mike Turner, quien ganó su última elección por una diferencia de 18 puntos porcentuales. El comité también evalúa ampliar sus inversiones en distritos de Florida, Misuri y Arkansas, aprovechando las posibilidades de coordinación publicitaria con las campañas de sus candidatos para reducir los costos de difusión.

Los ajustes financieros también se extienden al Senado, donde el Senate Leadership Fund, organización vinculada al liderazgo republicano, anunció inversiones por US$15 millones en Nebraska para respaldar al senador Pete Ricketts frente al candidato independiente Dan Osborn, apoyado por sectores demócratas. Paralelamente, organizaciones externas incrementaron sus gastos en Ohio, Kansas y Carolina del Sur, estados que inicialmente no concentraban las principales inversiones republicanas.

Los demócratas también modificaron sus prioridades para el Senado, retirando publicidad de Georgia para concentrar recursos en estados como Maine, Nuevo Hampshire, Michigan, Iowa, Kansas, Texas, Alaska y Ohio. Estos movimientos reflejan una reorganización de las estrategias de ambos partidos en la etapa final de campaña, mientras buscan asegurar los escaños necesarios para controlar las dos cámaras del Congreso en las elecciones de noviembre.

POLÍTICA

Juez federal mantiene suspensión del veto de la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y Politico

Un juez federal de Estados Unidos amplió la orden que impide a la administración del presidente Donald Trump prohibir el acceso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca. El magistrado Timothy Kelly, del Tribunal de Distrito de Washington, determinó preliminarmente que las restricciones podrían vulnerar derechos constitucionales relacionados con la libertad de expresión y el debido proceso legal.

La decisión convierte en una medida cautelar de mayor duración la orden temporal emitida el 24 de septiembre, que había restablecido las acreditaciones de los periodistas afectados. Kelly consideró que los medios tienen probabilidades de prosperar en su demanda, al señalar que la prohibición podría constituir una discriminación basada en el contenido de sus publicaciones, contraria a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

El conflicto comenzó el 18 de septiembre, cuando Trump anunció la exclusión de los tres medios mediante una publicación en redes sociales, cuestionando la veracidad y el enfoque de sus coberturas. Posteriormente, la Casa Blanca desactivó las acreditaciones permanentes de sus periodistas, que permiten ingresar regularmente al complejo presidencial sin autorización previa. Según el tribunal, la medida afectó a 78 profesionales de las tres organizaciones.

Durante el proceso, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que el acceso a la Casa Blanca constituye un privilegio y que el presidente puede establecer restricciones para proteger la seguridad nacional y evitar la difusión de información que considere falsa. Sin embargo, Kelly sostuvo que las declaraciones públicas de Trump indicaban que la decisión estaba relacionada principalmente con su inconformidad frente a la cobertura periodística de los medios afectados.

El magistrado también determinó que la administración no proporcionó advertencias ni procedimientos adecuados antes de retirar las acreditaciones, lo que podría vulnerar las garantías de la Quinta Enmienda. No obstante, aclaró que su decisión no implica desestimar las preocupaciones presidenciales sobre la precisión de la información publicada ni limita las facultades del Gobierno para proteger información clasificada cuando existan fundamentos legales.

La orden permanecerá vigente mientras avanza el litigio, salvo que una instancia judicial superior disponga lo contrario. Entretanto, continúa sin resolverse si la administración puede excluir a estos medios del grupo rotativo de cadenas encargado de compartir imágenes de las actividades presidenciales. La disputa ocurre en medio de otras controversias entre el Gobierno y organizaciones periodísticas sobre las condiciones de acceso a instalaciones y eventos oficiales.

POLÍTICA

Justicia de EE. UU. eleva la presión sobre California por sus registros electorales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio este 14 de octubre a funcionarios electorales de California un plazo de 48 horas para revisar una lista de personas que el Gobierno federal considera “probablemente no ciudadanas” y que, según Washington, recibieron papeletas para votar por correo en las elecciones de noviembre. La advertencia fue dirigida a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y al registrador electoral del condado de Los Ángeles.

Según las cartas revisadas por Reuters, el Departamento de Justicia pidió que las papeletas ya devueltas por las personas incluidas en la lista sean separadas y no contabilizadas hasta verificar su ciudadanía. También solicitó retener aquellas papeletas que todavía no hayan sido enviadas. Si California no actúa, el Gobierno federal advirtió que podría acudir de urgencia a los tribunales.

La precisión es importante: la lista contiene personas que el Gobierno federal cree que podrían no ser ciudadanos, no personas cuya inelegibilidad ya haya sido demostrada. El voto de no ciudadanos en elecciones federales está prohibido, pero la identificación y depuración de los registros debe realizarse bajo procedimientos que protejan también a los electores legalmente habilitados.

El conflicto forma parte de una disputa más amplia entre Washington y varios estados sobre quién controla la información y los procedimientos de los padrones electorales. Desde julio, el Departamento de Justicia ha solicitado datos de registro a casi todos los estados y ha demandado a 30 que se negaron a entregar determinada información. Según Reuters, hasta ahora perdió 26 de esos casos. El propio Departamento sostiene, mediante una opinión jurídica publicada en mayo, que su División de Derechos Civiles tiene autoridad para solicitar padrones estatales y compartirlos con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar posibles electores inelegibles.

La controversia también gira alrededor del sistema federal SAVE, utilizado para verificar información migratoria y de ciudadanía. La Corte Suprema permitió temporalmente en septiembre que el Gobierno continuara utilizando una versión ampliada de esa base mientras avanza el litigio. California respondió entonces que sus reglas electorales no cambiarían y que no tenía previsto utilizar el sistema para las elecciones de noviembre.

La noticia es relevante por el momento en que ocurre. Las elecciones de medio término son el 3 de noviembre y California puede tener un peso importante en la definición de la mayoría de la Cámara de Representantes. Además, el voto por correo tiene una presencia particularmente amplia en el estado, por lo que cualquier disputa sobre si una papeleta debe contarse o quedar separada puede adquirir consecuencias operativas y judiciales inmediatas.

El punto de fondo será determinar hasta dónde puede llegar el Gobierno federal al exigir actuaciones concretas a las autoridades electorales estatales. La Constitución otorga a los estados un papel central en la administración de las elecciones, mientras el Gobierno federal tiene facultades para hacer cumplir las leyes electorales federales. En este caso, los tribunales podrían tener que definir cómo se equilibran esas competencias cuando Washington cuestiona la elegibilidad de votantes pocos días antes de una elección.

Por ahora, California no había presentado una respuesta pública a las cartas al momento de la información inicial de Reuters y Associated Press. Lo siguiente será observar si el estado acepta revisar individualmente los nombres, propone un procedimiento distinto o fuerza al Departamento de Justicia a llevar la controversia nuevamente ante un juez.

SALUD

Estados Unidos suspende subsidios de Obamacare a 189.000 personas por registros duplicados

La administración del presidente Donald Trump anunció este miércoles la suspensión de subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare, correspondientes a aproximadamente 189.000 personas identificadas con coberturas gubernamentales duplicadas o registradas como fallecidas. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services, HHS), la medida permitirá evitar pagos estimados en US$738 millones durante 2026.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., explicó que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) identificaron beneficiarios que recibían subsidios de Obamacare mientras estaban inscritos simultáneamente en otros programas públicos. Entre los registros señalados figuran aproximadamente 120.000 personas cubiertas por Medicaid, 58.000 por Medicare y cerca de 11.000 personas fallecidas, con otros 3.500 casos adicionales previstos para revisión antes de finalizar octubre.

De acuerdo con las autoridades, las personas identificadas reciben una notificación y disponen de 30 días para cuestionar los resultados de la verificación o corregir posibles inconsistencias. Si no presentan documentación que aclare su situación, los CMS suspenden los subsidios correspondientes a Obamacare. El Gobierno aseguró que las personas afectadas por la duplicidad mantienen su cobertura mediante Medicare o Medicaid, por lo que el procedimiento no habría provocado pérdidas de acceso a los servicios de salud.

Kennedy señaló que la iniciativa busca evitar pagos federales por coberturas duplicadas y estimó que los ahorros podrían superar US$1.500 millones anuales. Asimismo, las autoridades proyectan impedir más de un millón de meses de cobertura subsidiada considerada improcedente antes de finalizar 2026. El administrador de los CMS, Mehmet Oz, sostuvo que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer los mecanismos de supervisión del gasto público en salud.

La medida se suma a otras iniciativas de la administración Trump para identificar posibles irregularidades en Obamacare. En septiembre, el vicepresidente JD Vance anunció la suspensión de inscripciones correspondientes a más de 760.000 personas por presuntas irregularidades, con un ahorro estimado de US$2.200 millones. No obstante, Oz aclaró que la decisión anunciada este miércoles corresponde a un procedimiento independiente, centrado específicamente en la duplicidad de coberturas y los registros de personas fallecidas.

Paralelamente, los CMS identificaron posibles inscripciones simultáneas de aproximadamente 1,2 millones de personas al mes en Medicaid o en el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) en más de un estado. Para abordar estas situaciones, las autoridades estatales deberán comenzar a verificar las direcciones de residencia de los beneficiarios a partir de enero de 2027, como parte de los nuevos mecanismos federales para prevenir registros duplicados y pagos considerados improcedentes.