La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) presentó este 28 de octubre los principales componentes comerciales de la nueva America First Seafood Strategy, una iniciativa de la administración Trump orientada a fortalecer la industria pesquera estadounidense, ampliar sus exportaciones y responder a prácticas que considera distorsionantes en el comercio internacional de productos del mar.

Según USTR, las exportaciones estadounidenses de pescados y mariscos alcanzaron US$5.530 millones en 2025, un crecimiento de 12% frente a 2024, y mantienen una tendencia positiva durante 2026. La industria estadounidense produce anualmente alrededor de 8.400 millones de libras de productos pesqueros y, de acuerdo con las estimaciones oficiales, sostiene cerca de 1,7 millones de empleos.

La estrategia combina apertura de mercados, modernización productiva, fortalecimiento de controles comerciales y revisión de barreras regulatorias. La Casa Blanca también anunció la creación del portal Seafood.gov, una propuesta de etiquetado voluntario para identificar productos capturados en Estados Unidos y el acceso a más de US$5.000 millones en préstamos garantizados por el Departamento de Agricultura para modernizar instalaciones de procesamiento de carne y productos pesqueros. Este financiamiento no está reservado exclusivamente para la pesca ni representa recursos ya desembolsados.

Uno de los principales ejes es combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, conocida como pesca INDNR o IUU por sus siglas en inglés. USTR estima que estas actividades generan pérdidas globales cercanas a US$50.000 millones anuales y sostiene que los productos obtenidos mediante prácticas ilegales, subsidios distorsionantes o trabajo forzoso pueden competir en condiciones desiguales con quienes cumplen los estándares laborales, ambientales y sanitarios.

La agenda comercial ya se refleja en acuerdos con varios socios. Taiwán asumió compromisos para evitar subsidios que contribuyan a la sobrepesca y fortalecer los derechos laborales en embarcaciones comerciales. Argentina, Bangladesh, Ecuador e Indonesia acordaron reforzar medidas contra la pesca ilegal y determinados subsidios pesqueros. Con México, Washington mantiene seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales del USMCA, particularmente en el Alto Golfo de California.

USTR también identificó obstáculos específicos en otros mercados. Señaló que Japón mantiene aranceles de hasta 10% y contingentes de importación para determinados productos pesqueros; cuestionó las exigencias documentales del sistema europeo CATCH y expresó preocupación por los subsidios pesqueros de India y las prácticas relacionadas con pesca ilegal en Vietnam. Estas son las preocupaciones comerciales planteadas por Washington y no constituyen, por sí mismas, determinaciones definitivas de incumplimiento de normas internacionales.

Para Colombia, la estrategia merece especial atención. Estados Unidos es un mercado relevante para productos de la acuicultura y la pesca colombiana, incluidos camarones, tilapia y otros pescados. Una mayor vigilancia estadounidense sobre origen, trazabilidad, condiciones laborales y legalidad de las capturas puede traducirse en exigencias adicionales para exportadores, proveedores y autoridades encargadas de certificar los productos.

Al mismo tiempo, la iniciativa puede abrir oportunidades para productores colombianos que demuestren cumplimiento de estándares sanitarios, ambientales y laborales. La diferenciación mediante certificaciones, trazabilidad y producción responsable podría adquirir mayor valor comercial en un mercado que busca fortalecer los controles frente a prácticas ilegales y condiciones de competencia desiguales.

Es importante precisar que el anuncio no establece automáticamente nuevos aranceles ni restricciones para los productos pesqueros colombianos. Las futuras medidas comerciales deberán desarrollarse mediante los instrumentos jurídicos correspondientes. No obstante, anticipa una política estadounidense más activa en investigaciones, vigilancia de importaciones y negociaciones destinadas a abrir mercados para sus propios productores.

El alcance de la estrategia dependerá de su implementación. Para Estados Unidos, el objetivo es fortalecer la competitividad y el empleo de su industria pesquera. Para sus socios comerciales, incluida Colombia, el mensaje es que el acceso a los mercados estará cada vez más relacionado con la capacidad de demostrar origen legítimo, cumplimiento normativo y condiciones de producción verificables.

DIPLOMACIA

Flávio Bolsonaro llega a Miami con su familia tras las elecciones en Brasil

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó a Miami, Estados Unidos, junto a su esposa y sus dos hijas, después de abandonar Brasil tras su derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El senador, de 45 años, aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, donde fue recibido tras un recorrido que incluyó su paso por Argentina y Ecuador. Su llegada se produjo después de que la Administración del presidente Donald Trump anunciara que permitiría su ingreso al país.

La salida de Bolsonaro ocurrió después de las elecciones presidenciales brasileñas, en las que Lula da Silva obtuvo la victoria y aseguró su continuidad en el Gobierno. El excandidato abandonó el territorio brasileño mientras enfrenta una investigación judicial por presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero, además de restricciones impuestas por las autoridades judiciales relacionadas con sus documentos de viaje.

La Policía Federal brasileña había cancelado los pasaportes ordinario y diplomático del senador después de que incumpliera una orden judicial que exigía su entrega. La medida formaba parte de las actuaciones adelantadas en su contra y se produjo antes de que se confirmara su llegada a territorio estadounidense. Pese a estas restricciones, Bolsonaro consiguió salir de Brasil acompañado de su familia y continuar su desplazamiento hacia Norteamérica.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Bolsonaro y sus familiares ingresaron al país por vía terrestre a través del Puente Internacional Tancredo Neves, ubicado en la provincia de Misiones, en la frontera con Brasil. Según las autoridades argentinas, el grupo presentó documentación de viaje válida y posteriormente se trasladó al aeropuerto de Puerto Iguazú, desde donde abordó un vuelo privado con destino a Ecuador.

El avión partió hacia la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, donde realizó una escala antes de continuar su recorrido hacia Miami. Las autoridades migratorias argentinas señalaron que la familia había ingresado al país sin impedimentos documentales registrados en sus controles fronterizos, mientras que la llegada a Estados Unidos fue constatada por periodistas en el aeropuerto de Opa-Locka.

El martes, el Departamento de Estado informó que Estados Unidos otorgaría visas a Bolsonaro y a su familia. El miércoles, el presidente Donald Trump señaló ante periodistas que respaldaba su llegada al país.

DIPLOMACIA

ONU aprueba resolución contra el embargo a Cuba con 35 apoyos menos que en 2025

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por trigésima cuarta ocasión una resolución que solicita el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. El resultado representa una disminución de 35 apoyos frente a 2025, cuando la iniciativa obtuvo 165 votos favorables, siete en contra y 12 abstenciones, lo que evidencia un cambio en las posiciones de varios países frente a la propuesta presentada por La Habana.

Entre los países que votaron en contra figuran Estados Unidos, Israel, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Argentina y Paraguay, además de Hungría, Marruecos, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos. Según la Cancillería colombiana, el voto de Colombia obedeció a instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella y fue liderado por el canciller Omar Bula, como expresión de la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad nacional, y del fortalecimiento de las alianzas estratégicas del país. Antes de la votación, el Gobierno de Estados Unidos había promovido el voto en contra de la iniciativa.

Chile, Honduras y Perú, que habían respaldado la resolución el año anterior, optaron por abstenerse, al igual que Alemania, Grecia e Italia. Venezuela no participó en la votación. Pese a la reducción de apoyos, la propuesta conservó una amplia mayoría dentro de la Asamblea General.

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó la aprobación como un "triunfo de la verdad" y sostuvo que la comunidad internacional volvió a pronunciarse mayoritariamente contra las restricciones estadounidenses. Asimismo, acusó a Washington de ejercer presiones sobre otros países para modificar sus posiciones. Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó un contador que, según las estimaciones de su Gobierno, registraba pérdidas superiores a US$22,9 millones atribuibles al embargo desde la apertura del debate.

La votación se desarrolló en medio de nuevas tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana, después de que Trump firmara dos órdenes ejecutivas que establecen sanciones relacionadas con el suministro de petróleo y las relaciones comerciales con la isla. Durante los debates previos, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que "no hay bloqueo" y defendió la política de su país hacia la isla, mientras el canciller cubano reiteró sus críticas a las restricciones estadounidenses. El Gobierno cubano atribuye parte de sus dificultades al embargo, en tanto que Washington sostiene que los problemas económicos de la isla responden principalmente a las políticas de sus autoridades.

La resolución, denominada "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba", forma parte de una iniciativa presentada por La Habana desde 1992. Aunque su aprobación refleja la posición mayoritaria de los países participantes, el texto no tiene carácter vinculante y no obliga a Washington a modificar su política comercial hacia la isla. Por tanto, las restricciones estadounidenses permanecen vigentes pese al nuevo pronunciamiento de la Asamblea General.

DIPLOMACIA

Presidente Trump destaca su respaldo a Netanyahu tras las elecciones legislativas en Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su red social Truth Social un mensaje que destaca el efecto de su respaldo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en las elecciones legislativas de Israel. El escrutinio parcial sitúa al Likud como la fuerza más votada, aunque sin una mayoría parlamentaria asegurada para formar Gobierno.

Según el texto difundido, firmado por Irving C. Schwartz, el pronunciamiento del mandatario a favor de Netanyahu incidió en la tendencia electoral y favoreció el resultado del primer ministro. El mensaje sostiene, además, que el apoyo de Trump responde a su interés por favorecer a Israel, a Estados Unidos y a Oriente Medio.

De acuerdo con los resultados parciales de la Comisión Electoral Central de Israel, el Likud mantiene el liderazgo del escrutinio, seguido por el partido Yashar, encabezado por Gadi Eisenkot. Con aproximadamente el 84,5% de las urnas contabilizadas, las proyecciones asignaban 54 escaños al bloque encabezado por Netanyahu, frente a 49 para el bloque liderado por Eisenkot, mientras que los partidos árabes alcanzaban conjuntamente 17 representantes.

Los resultados preliminares muestran que ninguno de los principales bloques dispone por sí solo de los 61 escaños necesarios para asegurar una mayoría en la Knéset, el Parlamento israelí, compuesto por 120 miembros. Esta distribución mantiene abierta la posibilidad de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas para conformar una coalición de Gobierno, mientras continúa el escrutinio y se define la composición definitiva del Legislativo.

DIPLOMACIA

Vietnam se incorpora a los Acuerdos Artemis y amplía su cooperación espacial con Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la incorporación de Vietnam a los Acuerdos Artemis, una iniciativa internacional que establece principios para la exploración y utilización responsable del espacio. Con esta adhesión, el país asiático se convierte en el miembro número 78 del acuerdo, ampliando la participación internacional en mecanismos de cooperación espacial.

La firma estuvo a cargo del ministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Vũ Hải Quân, durante una ceremonia celebrada en Ha Long, en el marco de la Semana Digital Internacional de Vietnam. El acto contó con la presencia de la embajadora estadounidense en el país, Jennifer Wicks, quien acompañó la formalización del compromiso.

Según el Departamento de Estado, la incorporación de Vietnam permitirá fortalecer la aplicación de principios compartidos relacionados con la exploración espacial segura, transparente y responsable. Washington destacó que la cooperación internacional en este ámbito adquiere una importancia creciente para el desarrollo científico, el crecimiento económico y las tecnologías emergentes.

La adhesión también amplía el alcance de la Asociación Estratégica Integral entre Estados Unidos y Vietnam, construida sobre más de tres décadas de relaciones bilaterales. Esta cooperación comprende áreas como defensa, economía, seguridad, tecnología y asuntos relacionados con el legado de la guerra, además de iniciativas orientadas a promover la estabilidad y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico.

Los Acuerdos Artemis fueron establecidos en 2020 por Estados Unidos y otros siete países, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, con el propósito de definir principios prácticos para la exploración espacial responsable. El Departamento de Estado y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lideran la participación estadounidense en la implementación y ampliación de estos compromisos internacionales.

ECONOMÍA

La Fed mantiene las tasas, pero crecen las diferencias sobre cómo enfrentar la inflación

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió este 28 de octubre mantener su tasa de interés entre 3,75% y 4%, en medio de una inflación que continúa por encima de su objetivo y una economía que mantiene un ritmo de crecimiento sólido. La decisión fue aprobada por diez votos frente a dos, reflejando diferencias dentro del banco central sobre la conveniencia de aumentar nuevamente los costos del crédito.

Las dos integrantes que votaron en contra fueron Lisa Cook, gobernadora de la Fed, y Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, quienes propusieron elevar la tasa en 25 puntos básicos, hasta un rango de 4% a 4,25%. La posición muestra que, aunque existe una mayoría favorable a esperar nuevos datos, algunos miembros consideran necesario actuar antes para contener las presiones inflacionarias.

La principal preocupación sigue siendo la evolución de los precios. La inflación anual alcanzó 3,7% en septiembre, impulsada por el encarecimiento de la energía, particularmente gasolina y diésel. Sin embargo, las presiones también se han extendido a otros bienes y servicios. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se ubicó en 2,6%, todavía por encima de los niveles compatibles con la meta de estabilidad de precios.

El comunicado de la Fed reconoce que la actividad económica continúa creciendo a un ritmo fuerte, respaldada por el consumo de los hogares, la inversión empresarial y los avances en productividad. El mercado laboral también se mantiene relativamente estable. Esta combinación permite al banco central concentrarse en controlar la inflación sin enfrentar, por ahora, un deterioro significativo del empleo.

La decisión llega después del aumento de 25 puntos básicos aprobado en septiembre, el primero desde 2023. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, ha defendido una política basada en la evolución de los datos, evitando anticipar decisiones. Por ello, mantener las tasas en octubre no significa que haya terminado el ciclo de posibles aumentos.

Para hogares y empresas estadounidenses, el escenario implica que los costos de financiamiento podrían permanecer elevados durante más tiempo. Esto afecta hipotecas, créditos de consumo, inversión empresarial y el costo de la deuda pública. La próxima reunión, prevista para diciembre, será especialmente relevante para determinar si la Fed considera necesario un nuevo ajuste.

Para Colombia, la decisión también tiene implicaciones. Tasas elevadas en Estados Unidos hacen más atractivos los activos financieros denominados en dólares y pueden aumentar el costo del financiamiento externo para gobiernos y empresas de economías emergentes. Si la Fed anticipa nuevos incrementos, podría generar presiones sobre la tasa de cambio, los flujos de capital y las condiciones de acceso al crédito internacional.

Este entorno también influye en las decisiones del Banco de la República. Aunque la política monetaria colombiana responde principalmente a la inflación y las condiciones económicas internas, una mayor diferencia entre las tasas estadounidenses y colombianas puede afectar los movimientos de capital y la estabilidad cambiaria. El efecto no es automático, pero constituye una variable importante para evaluar futuras decisiones.

La atención estará ahora en los datos de inflación, empleo y actividad económica que se conozcan antes de diciembre. El mensaje central de la Fed es de cautela: mantiene las tasas, pero deja abiertas nuevas medidas si la inflación no muestra una moderación suficiente.       

ECONOMÍA

Déficit comercial de bienes aumenta por importaciones récord ligadas a la inteligencia artificial

El déficit comercial de bienes de Estados Unidos aumentó 2,1% en septiembre y alcanzó US$134.900 millones, su nivel más alto desde marzo de 2025, impulsado por el crecimiento de las importaciones asociadas a la inversión en infraestructura de inteligencia artificial (IA). Según el Departamento de Comercio, el desequilibrio aumentó US$2.800 millones frente a agosto y superó las expectativas de los economistas consultados por Reuters, quienes anticipaban un déficit de US$130.200 millones.

Las importaciones de bienes crecieron 2,4% mensual, equivalentes a US$8.100 millones, hasta alcanzar un máximo histórico de US$344.100 millones. El incremento estuvo liderado por los bienes de capital, cuyas compras externas aumentaron 7,5% mensual y 77,2% frente a septiembre de 2025. Este comportamiento refleja la creciente demanda de equipos tecnológicos y componentes necesarios para ampliar la infraestructura de inteligencia artificial, gran parte de los cuales proviene de proveedores internacionales.

El consumo de los hogares también contribuyó al aumento de las compras externas, con un crecimiento de 3,1% en las importaciones de bienes de consumo y de 6,7% en otras mercancías. En contraste, las importaciones de suministros industriales, categoría que incluye petróleo y oro, disminuyeron 6,0%, mientras que las compras de alimentos y vehículos automotores también registraron reducciones.

Por su parte, las exportaciones estadounidenses de bienes aumentaron 2,6% mensual, equivalentes a US$5.300 millones, hasta alcanzar US$209.200 millones. El resultado estuvo impulsado por un crecimiento de 12,8% en los envíos de alimentos, acompañado de incrementos de 5,4% en bienes de capital y 6,5% en productos de consumo. Sin embargo, las exportaciones de vehículos automotores y suministros industriales disminuyeron, limitando la expansión de las ventas externas.

El deterioro de la balanza comercial podría tener un impacto significativo sobre el crecimiento económico del tercer trimestre. Los economistas de Pantheon Macroeconomics estimaron que el comercio exterior podría restar hasta 4 puntos porcentuales al      crecimiento del producto interno bruto (PIB), mientras que Oxford Economics calculó una contribución negativa de 3,25 puntos porcentuales. De confirmarse estas estimaciones, el comercio exterior acumularía tres trimestres consecutivos sin contribuir positivamente al crecimiento estadounidense.

No obstante, parte de las importaciones registradas durante septiembre permaneció como inventario sin vender, lo que podría compensar parcialmente el efecto negativo del comercio exterior sobre el PIB. Los inventarios mayoristas aumentaron 0,6% mensual, mientras que los minoristas crecieron 0,3%, incluidos los establecimientos de vehículos y autopartes, cuyas existencias avanzaron 0,2%. Al excluir este último segmento, los inventarios minoristas aumentaron 0,4%, frente al incremento de 0,1% observado en agosto.

Los resultados comerciales introducen nuevas revisiones a las perspectivas de crecimiento económico antes de la publicación de la estimación preliminar del PIB del tercer trimestre. Previamente, una encuesta de Reuters proyectaba una expansión anualizada de 3,2%, frente al crecimiento de 2,2% registrado en el segundo trimestre. Sin embargo, Oliver Allen, economista de Pantheon Macroeconomics, señaló que un crecimiento cercano al 1% parece ahora más probable, aunque otros analistas consideran que el aumento de las importaciones refleja la fortaleza de la inversión empresarial y del consumo privado.

POLÍTICA

Trump y Obama intensifican la campaña electoral en Ohio y Georgia a seis días de las legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el expresidente Barack Obama intensifican sus actividades de campaña de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, con actos programados en Ohio y Georgia, dos estados relevantes para la disputa por el control del Congreso. Ambos dirigentes buscan movilizar a los votantes de sus respectivos partidos durante la recta final de unos comicios que definirán la composición de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

Trump tiene previsto participar en un mitin en Chillicothe, Ohio, para respaldar al senador republicano Jon Husted, quien enfrenta una contienda ajustada contra el demócrata Sherrod Brown. Esta será la tercera visita del mandatario al estado durante octubre, donde también se desarrolla una disputada elección para gobernador entre el republicano Vivek Ramaswamy y la demócrata Amy Acton. Las encuestas recientes muestran ventajas estrechas para los candidatos demócratas en ambas competencias.

Por su parte, Obama viajará a Atlanta, Georgia, para apoyar la candidatura a la reelección del senador demócrata Jon Ossoff, quien compite contra el representante republicano Mike Collins. El expresidente también participará en actividades de campaña junto a Keisha Lance Bottoms, candidata demócrata a la gobernación, que enfrenta al republicano Rick Jackson. Las encuestas sitúan ambas contiendas entre las principales disputas electorales del estado.

La participación de ambos dirigentes forma parte de una serie de recorridos electorales con los que los dos partidos buscan movilizar a sus bases en estados competitivos durante la última semana de campaña.

Las elecciones de medio mandato renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, además de distintas gobernaciones y cargos estatales. Los resultados determinarán la capacidad de los republicanos para mantener el control del Congreso durante los dos últimos años del segundo mandato de Trump, así como el margen de acción legislativa del presidente para impulsar sus prioridades económicas, comerciales y de política exterior.

De acuerdo con las proyecciones del agregador electoral Decision Desk HQ, los demócratas cuentan con una probabilidad estimada de 57% de recuperar el control del Senado, un punto porcentual más que la semana anterior. Para la Cámara de Representantes, el modelo asigna una probabilidad de 80% de que el Partido Demócrata obtenga la mayoría, tres puntos porcentuales por encima de la estimación previa. Estas previsiones reflejan un escenario competitivo en el Senado y una ventaja demócrata más amplia en la Cámara Baja, aunque los resultados dependerán de la votación del próximo 3 de noviembre.

POLÍTICA

Demócratas lideran el voto anticipado por afiliación partidista

Los votantes registrados como demócratas mantienen una ventaja en la participación electoral anticipada en Estados Unidos, de acuerdo con los datos recopilados por el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida. En los 27 estados que registran la afiliación partidista de los electores, los demócratas representan el 44,6% de los 18.103.869 votos anticipados reportados, frente al 31,3% correspondiente a los republicanos. Sin embargo, estas cifras reflejan únicamente la inscripción partidista y no permiten determinar el sentido efectivo del voto.

A nivel nacional, más de 36,5 millones de estadounidenses han participado anticipadamente en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, mediante aproximadamente 18,7 millones de votos presenciales y 17,8 millones de papeletas enviadas por correo. Los registros de la Universidad de Florida muestran una participación significativa antes de la jornada electoral, aunque los resultados oficiales solo podrán conocerse después del cierre de los centros de votación y del correspondiente escrutinio.

En cuanto a la composición demográfica, los mayores de 65 años representan el 48,1% de los votos anticipados en los 14 estados que recopilan información por edad, seguidos por los electores de entre 41 y 65 años, con el 35,8%. Por su parte, los menores de 25 años representan apenas el 5% de la participación registrada, lo que refleja diferencias importantes entre los grupos etarios que han acudido a las urnas antes de la jornada electoral.

Los datos también muestran una mayor participación femenina en los ocho estados que recopilan información por género, donde las mujeres representan el 54,1% de los votos anticipados, frente al 44,2% de los hombres. En los cuatro estados que publican registros por raza y origen étnico, Georgia, Luisiana, Carolina del Norte y Carolina del Sur, los votantes blancos concentran el 59,6% de los sufragios anticipados, seguidos por los afroestadounidenses, con el 28%, y los hispanos, con el 2,8%.

Aunque los registros de voto anticipado muestran una mayor participación de electores inscritos como demócratas, esta ventaja no constituye una proyección de los resultados, que dependerán de la votación del 3 de noviembre y de la preferencia efectiva de los electores no afiliados.        

POLÍTICA

Trump refuerza su apoyo a Paxton en Texas y anuncia cambios en la regulación energética

El presidente Donald Trump intensificó su participación en la campaña electoral de Texas con dos actos realizados el 27 de octubre en Corpus Christi y Lubbock, donde respaldó al candidato republicano al Senado, Ken Paxton. La visita se produjo a una semana de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en una contienda que ha ganado atención nacional por la competencia entre Paxton y el demócrata James Talarico.

Durante sus intervenciones, Trump destacó la importancia de la industria petrolera para la economía de Texas y cuestionó las propuestas energéticas de Talarico, al considerar que podrían afectar la producción y el empleo. El candidato demócrata, por su parte, celebró un acto paralelo en Lubbock, donde concentró su mensaje en el costo de vida, la vivienda, la salud y las oportunidades económicas para las familias.

La coincidencia de ambos eventos en una región tradicionalmente republicana refleja la intensidad de la contienda. Trump obtuvo cerca del 70% de los votos en el condado de Lubbock en 2024, pero algunas encuestas recientes muestran una competencia estrecha por el Senado. El Partido Demócrata no gana un escaño senatorial por Texas desde 1988, lo que da especial relevancia a esta elección.

En materia económica, Trump aprovechó la visita para anunciar una propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) destinada a flexibilizar las regulaciones federales sobre emisiones de metano en la producción de petróleo y gas natural. Según la administración, la modificación permitiría reducir costos para consumidores y empresas en aproximadamente US$45.000 millones, además de facilitar la producción de unos 210 millones de barriles adicionales de petróleo y 1,41 billones de pies cúbicos de gas natural. Estas cifras corresponden a estimaciones oficiales sobre los efectos de la propuesta, no a ahorros o aumentos de producción ya realizados.

La iniciativa revisaría obligaciones introducidas durante la administración Biden para detectar y reparar fugas de metano, especialmente en instalaciones pequeñas y pozos de menor producción. El Gobierno sostiene que los cambios permitirían reducir costos regulatorios y facilitar la actividad de productores nacionales. En contraste, organizaciones ambientales advierten que una supervisión menos exigente podría incrementar las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero con un elevado impacto climático.

La flexibilización anunciada todavía no equivale a la eliminación definitiva de las normas. La EPA deberá completar el procedimiento regulatorio correspondiente antes de establecer su alcance final. Además, un eventual aumento de la producción energética no se traduciría necesariamente en una reducción inmediata de los precios de los combustibles, que actualmente también responden a factores internacionales, entre ellos las alteraciones del suministro asociadas con la guerra en Irán.

La importancia del anuncio es tanto económica como política. Texas es el principal estado productor de petróleo y gas de Estados Unidos, por lo que las decisiones regulatorias tienen implicaciones directas sobre inversión, empleo, costos de producción y competitividad industrial. Al mismo tiempo, la energía se ha convertido en un asunto central de la campaña, debido al efecto de los combustibles sobre el transporte, los alimentos y el poder adquisitivo.

La recta final electoral en Texas muestra así cómo las decisiones de política energética se entrelazan con la competencia por el control del Senado. El resultado del 3 de noviembre permitirá conocer la respuesta de los votantes a las propuestas de ambos candidatos, mientras la implementación de los cambios sobre metano dependerá de las decisiones regulatorias que adopte posteriormente la EPA.

POLÍTICA

Estados de EE. UU. cuestionan ante la justicia cambios en las reglas de transparencia empresarial

Una coalición de 20 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por los cambios introducidos en las obligaciones de las empresas de informar quiénes son sus verdaderos propietarios. La controversia enfrenta dos objetivos de política pública: reducir las cargas administrativas sobre los negocios y preservar herramientas para combatir el lavado de activos, la evasión fiscal y la corrupción.

El debate gira alrededor de la Corporate Transparency Act, una ley aprobada por el Congreso en 2021 que estableció la obligación de reportar al Departamento del Tesoro información sobre los beneficiarios finales de determinadas empresas. En términos sencillos, busca identificar a las personas que realmente poseen o controlan una compañía, incluso cuando su propiedad está distribuida entre varias sociedades. Esa información puede ayudar a las autoridades a investigar estructuras utilizadas para ocultar fondos o realizar operaciones ilegales.

En agosto de 2026, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro, conocida como FinCEN, adoptó una regulación que exime a las compañías constituidas en Estados Unidos de presentar estos reportes y elimina la obligación de identificar a propietarios estadounidenses de determinadas sociedades extranjeras. Según los estados demandantes, el cambio deja por fuera a más del 99,9% de las empresas originalmente sujetas a la obligación. La administración sostiene, por su parte, que la medida reduce costos de cumplimiento para millones de pequeños empresarios sin comprometer la seguridad nacional.

La demanda plantea además una discusión constitucional. Los estados argumentan que el Ejecutivo no puede utilizar una regulación administrativa para dejar prácticamente sin efecto una obligación establecida por el Congreso. También cuestionan el procedimiento seguido por FinCEN y su decisión de eliminar información sobre propietarios que ya había sido recopilada. El caso fue presentado ante un tribunal federal de Oregón.

La controversia tiene implicaciones para la supervisión financiera y la cooperación internacional. La información sobre beneficiarios finales es utilizada para identificar posibles operaciones de lavado de activos, corrupción, fraude y ocultamiento de recursos. Una menor disponibilidad de estos datos podría dificultar determinadas investigaciones, aunque las entidades financieras estadounidenses continuarían sujetas a otras obligaciones de identificación de clientes y prevención del lavado de dinero.

Para Colombia, el asunto es relevante por la estrecha relación entre ambos sistemas financieros y la cooperación contra el crimen transnacional. Las empresas colombianas con filiales, inversiones o estructuras societarias en Estados Unidos podrían enfrentar menores obligaciones federales de reporte, pero esto no elimina los controles bancarios ni las exigencias de transparencia aplicables en Colombia. Tampoco modifica las obligaciones nacionales de identificación de beneficiarios finales ante la DIAN.

El siguiente paso será la revisión judicial de la regulación. Los estados buscan que el tribunal la declare contraria a la ley y preserve la información ya recopilada. Mientras no exista una decisión que modifique su aplicación, las exenciones adoptadas por FinCEN continúan vigentes. La importancia del proceso está en determinar hasta dónde puede una agencia federal modificar las obligaciones de transparencia empresarial establecidas por el Congreso y cómo equilibrar la simplificación regulatoria con las herramientas que utilizan las autoridades para prevenir e investigar delitos financieros.

SANCIONES

EE.UU. sanciona a 10 personas y una entidad por redes de trabajadores tecnológicos norcoreanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 10 personas y una entidad por su presunta participación en redes de trabajadores informáticos vinculadas al Gobierno de Corea del Norte. Según las autoridades estadounidenses, estas operaciones utilizan mecanismos fraudulentos para obtener empleos en empresas norteamericanas y generar ingresos destinados a financiar los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos del país asiático.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) señaló que estas redes utilizan documentos falsificados, identidades robadas y perfiles ficticios para conseguir contrataciones en compañías legítimas. De acuerdo con el Tesoro, el Gobierno norcoreano se apropia de gran parte de los salarios obtenidos, mientras que algunos trabajadores aprovechan su acceso a sistemas corporativos para introducir programas maliciosos, extraer información confidencial y sustraer datos empresariales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Washington continuará utilizando sus herramientas para proteger a las compañías estadounidenses frente a estas actividades.

Entre los sancionados figura el ciudadano ruso Vitold Viktorovich Obertas, señalado por facilitar transacciones financieras para funcionarios norcoreanos, incluidas conversiones de criptomonedas cercanas a US$2 millones y otras operaciones por al menos US$1,25 millones desde enero de 2025. La OFAC también incluyó a Kim Ki Hyok y Kim Hyo Dong, responsables de coordinar redes de trabajadores informáticos en Rusia, así como al ciudadano ruso Ilya Aleksandrovich Boykov, quien habría facilitado transacciones con criptomonedas equivalentes a US$3,5 millones desde 2024.

Las medidas también afectan al Centro de Desarrollo Financiero y Técnico (FFTDC), una entidad controlada por Corea del Norte y establecida en Rusia que, según el Tesoro, habría generado varios millones de dólares mediante trabajadores informáticos. La OFAC identificó a seis ciudadanos norcoreanos vinculados con esta organización, quienes habrían producido conjuntamente más de US$750.000 desde 2025 mediante operaciones que incluyen herramientas tecnológicas avanzadas y transferencias de criptomonedas.

El Departamento del Tesoro indicó que las nuevas designaciones complementan las sanciones anunciadas el 12 de marzo de 2026 contra otra red de trabajadores informáticos norcoreanos. Asimismo, destacó que Australia y la Unión Europea adoptaron medidas similares durante octubre contra personas y entidades relacionadas con las actividades financieras y militares de Corea del Norte. Washington aseguró que continuará coordinando acciones con sus aliados y con los países participantes del Equipo Multilateral de Monitoreo de Sanciones (MSMT) para identificar y restringir las redes que facilitan la evasión de sanciones internacionales.

SANCIONES

Tesoro sanciona al Ministerio de Defensa de Ruanda y a una entidad financiera por apoyo al M23

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el Ministerio de Defensa de Ruanda y la entidad financiera Zigama Credit and Savings Society por su presunta participación en el financiamiento y respaldo al grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23), que opera en el este de la República Democrática del Congo (RDC). La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) señaló que ambas instituciones han facilitado apoyo militar, logístico y financiero al M23 y a su brazo político, la Alianza del Río Congo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las medidas buscan exigir a Ruanda el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante los Acuerdos de Washington para la Paz y la Prosperidad, firmados el 4 de diciembre de 2025. El funcionario solicitó al Gobierno ruandés suspender su respaldo al M23 y retirar sus tropas del territorio congoleño. Estos acuerdos, mediados por Estados Unidos, contemplan mecanismos para resolver el conflicto y fortalecer el comercio, la inversión y la transparencia en las cadenas de suministro de minerales críticos de la región.

Según el Tesoro, el Ministerio de Defensa ruandés ha dirigido el despliegue de miles de militares en las provincias congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde las Fuerzas de Defensa de Ruanda (RDF) habrían proporcionado armamento, suministros y entrenamiento al M23. Washington también atribuye al grupo armado ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y otras violaciones de derechos humanos en territorios bajo su control, incluidas zonas mineras de oro y coltán donde se han denunciado prácticas de trabajo forzoso y cobros ilegales.

Las sanciones también incluyen a Zigama Credit and Savings Society, institución financiera vinculada a los servicios de seguridad ruandeses. De acuerdo con la OFAC, la entidad habría facilitado pagos a proveedores de China y otros países para adquirir armamento y equipos militares, además de financiar desplazamientos y actividades de entrenamiento de las fuerzas ruandesas. El Tesoro también la relacionó con el traslado de oro extraído de territorios controlados por el M23 hacia Kigali y con operaciones financieras por decenas de millones de dólares destinadas al grupo armado y sus estructuras políticas.

Las designaciones se fundamentan en las disposiciones estadounidenses que permiten imponer sanciones a personas y entidades que contribuyan al conflicto en la República Democrática del Congo. Las nuevas medidas se suman a las sanciones impuestas por Washington contra las Fuerzas de Defensa de Ruanda el 2 de marzo de 2026, mientras que el Gobierno estadounidense mantiene sus esfuerzos para restringir las redes de financiamiento vinculadas al M23 y promover el cumplimiento de los compromisos de paz entre ambos países.

MIGRACIÓN

Corte Suprema mantiene restricciones para suspender ciertos procesos de deportación en EE. UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el 27 de octubre mantener vigente, mientras continúa el litigio, un acuerdo judicial entre la administración del presidente Donald Trump y el estado de Texas que limita la facultad de los jueces de inmigración para suspender temporalmente determinados procesos de deportación. La decisión no resuelve definitivamente la legalidad del acuerdo, pero permite que sus efectos continúen aplicándose a nivel nacional.

La controversia gira alrededor de un procedimiento conocido como administrative closure o cierre administrativo, que permitía a los jueces retirar temporalmente un expediente de su calendario sin darlo por terminado. En términos prácticos, una persona que enfrentaba un proceso de deportación podía disponer de tiempo para tramitar otras solicitudes legales, como determinados permisos migratorios o protecciones humanitarias. El procedimiento no otorgaba automáticamente residencia ni impedía de manera definitiva una deportación.

Esta herramienta había sido utilizada durante décadas y fue regulada expresamente por la administración de Joe Biden en 2024. Sin embargo, Texas presentó una demanda en junio de 2026 argumentando que permitía prolongar excesivamente los procedimientos y mantener en el país a personas sin una resolución definitiva sobre su situación migratoria.

La administración Trump coincidió con la posición de Texas y ambas partes solicitaron a un juez federal dejar sin efecto la regulación anterior. El tribunal aprobó el acuerdo, bloqueando su aplicación en todo el país. Posteriormente, las ciudades de Baltimore, New Haven y Columbus, junto con la organización de asistencia jurídica Centro Legal de la Raza, acudieron a los tribunales para cuestionar la decisión.

El principal debate jurídico está en el procedimiento utilizado para modificar la política migratoria. Los demandantes sostienen que el Gobierno dejó sin efecto una regulación mediante un acuerdo judicial, sin cumplir el proceso administrativo que normalmente contempla la participación pública y la presentación de comentarios. El Departamento de Justicia defiende la legalidad de su actuación y cuestiona que las ciudades y la organización tengan legitimación para intervenir en el caso.

La Corte Suprema rechazó la solicitud de suspender provisionalmente el acuerdo, mediante una decisión breve que no incluyó explicaciones ni votos disidentes públicos. Esto significa que las restricciones al cierre administrativo permanecen vigentes, pero no que el tribunal haya determinado definitivamente si el acuerdo entre Texas y el Gobierno federal fue legal.

El impacto puede ser importante para inmigrantes que mantienen procesos de deportación y, simultáneamente, buscan otras formas de protección o regularización. Al reducirse esta posibilidad de suspensión, algunos procedimientos podrían avanzar antes de que se resuelvan solicitudes pendientes ante otras autoridades. La medida puede afectar especialmente a determinadas víctimas de delitos, menores que buscan protección especial y personas con peticiones migratorias en trámite.

No obstante, la decisión no elimina las solicitudes de asilo, visas humanitarias ni otros mecanismos de protección previstos en la legislación estadounidense. Lo que cambia es la disponibilidad de una herramienta procesal que permitía coordinar los tiempos entre diferentes procedimientos. Tampoco significa que todos los casos previamente suspendidos deban reabrirse automáticamente.

Para los inmigrantes colombianos que enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos, la decisión tiene las mismas implicaciones generales que para otras nacionalidades. Su impacto dependerá de la situación individual, las solicitudes pendientes y las alternativas legales disponibles. La discusión continuará ante los tribunales inferiores, que deberán examinar los cuestionamientos al acuerdo y la participación de las entidades demandantes. Más allá de sus efectos inmediatos, el caso plantea una cuestión institucional relevante: hasta dónde puede una administración modificar reglas federales mediante acuerdos judiciales y qué garantías deben mantenerse para quienes tienen procedimientos migratorios simultáneos