María Claudia Lacouture P.
Presidenta ejecutiva, Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia)
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@mclacouture
En los últimos años, tanto en Colombia como en diferentes democracias del mundo, ha surgido un debate recurrente sobre el papel de las instituciones de control y los contrapesos del poder. Con frecuencia se presentan como obstáculos para la gestión pública o como barreras que dificultan la toma de decisiones. Sin embargo, esa visión desconoce una realidad fundamental: los controles no existen para impedir que los gobiernos gobiernen, sino para garantizar que lo hagan dentro de las reglas de la democracia.
Controlar el poder no es impedir que se gobierne; por el contrario, es lograr que se gobierne bajo las reglas, bajo las instituciones, con los límites establecidos y con responsabilidad. Esa es la esencia de cualquier sistema democrático sólido.
La democracia necesita liderazgo y capacidad de ejecución. Los ciudadanos eligen gobiernos para que resuelvan problemas, impulsen transformaciones y respondan a los desafíos económicos y sociales. Pero, también, necesita instituciones que garanticen que esas decisiones se adopten dentro del marco constitucional, respetando los derechos de los ciudadanos y preservando el equilibrio entre los distintos poderes del Estado.
Por eso, el mandato popular y los mecanismos de control no son conceptos opuestos; son complementarios. En democracia, el poder necesita mandato popular, pero también necesita frenos; necesita velocidad, pero también legalidad; necesita liderazgo, pero no puede prescindir de los contrapesos.
Los organismos de control, las altas cortes y las instituciones autónomas cumplen una función esencial en esa tarea. Su papel no es bloquear la acción pública, sino garantizar que las decisiones se adopten con transparencia, dentro de las competencias establecidas y respetando las reglas que sostienen la institucionalidad.
El desafío surge cuando las urgencias terminan justificando atajos institucionales. Los gobiernos enfrentan problemas complejos que requieren respuestas oportunas, pero la necesidad de actuar no puede convertirse en una excusa para desconocer procedimientos, debilitar controles o sustituir los canales previstos por la Constitución. Las reglas existen precisamente para los momentos de mayor presión, cuando resulta más importante preservar la confianza en las instituciones.
También, debemos reconocer que los controles tienen un desafío adicional: ser comprendidos por los ciudadanos. Cuando las personas no entienden para qué sirven los contrapesos, estos pueden percibirse como obstáculos. Sin embargo, son garantías que protegen la democracia, los derechos individuales y la estabilidad institucional. Si los controles son débiles, el poder se desborda; si son excesivos o capturados, la democracia se bloquea. El equilibrio es la clave.
Colombia cuenta con instituciones que han demostrado resiliencia y capacidad para enfrentar momentos complejos. Esa fortaleza institucional es uno de los principales activos del país y debe seguir fortaleciéndose. La confianza, tanto de los ciudadanos como de quienes invierten, emprenden y generan empleo, depende en buena medida de la existencia de reglas claras, instituciones sólidas y mecanismos efectivos de control.
Defender las instituciones no es un ejercicio teórico. Es una condición indispensable para preservar la democracia, fortalecer la confianza y garantizar que el poder siempre se ejerza con responsabilidad y dentro de la ley.
Junio 2026