Infraestructura en tiempos de virus



Por Juan Antonio Ucrós, Asociado Senior del Grupo de Práctica Infraestructura de Gómez-Pinzón Abogados

Bogotá, abril 2020-. Hace sólo tres meses buscaba anticipar los temas que ocuparían la agenda del sector en el 2020, dentro de los que se destacaba el impulso a las Concesiones 5G, los proyectos férreos y la activación del mercado secundario de concesiones. Ahora, la emergencia global desatada por el COVID-19 obliga a reconsiderar esos pronósticos dadas las urgentes necesidades del sector y la naturaleza cambiante de la situación a la que se enfrenta.


El confinamiento preventivo trajo consigo la suspensión de las principales obligaciones de los contratistas, si no la suspensión total de los proyectos (piénsese en el caso de obras públicas o concesiones aeropuertos u otras infraestructuras ya en etapa de operación). Ahora, con la prórroga de la medida de confinamiento, en el Decreto 531 de 2020 se contempló como una de las exclusiones la ejecución de obras de infraestructura y obra pública y sus respectivas cadenas de suministros, situación que más allá de los procedimientos para la adopción de protocolos de bioseguridad y la incertidumbre sobre la definición de obra pública (ver la sentencia C-1153/08), es un alivio para el sector.

Así, en un contexto de reinicio progresivo de los trabajos, surgen dudas a ser atendidas por de manera coordinada por las entidades contratantes, las cuales van desde lo puramente práctico hasta lo estructural. En la primera categoría está la disponibilidad de personal de operación cuando la demanda del servicio se ha reducido sustancialmente, la revisión de planes de obra (dado el menor ritmo con el que avanzarán los trabajos) y las posibilidades reales de implementar los protocolos de bioseguridad. A su vez, dentro de los aspectos estructurales se encuentra la respuesta coordinada que debe darse a los contratistas, consultores y concesionarios en materia de compensación por los costos ociosos que están experimentando, alteración de las cadenas de suministro (indisponibilidad de insumos o variación de costos) y las reducciones en los ingresos producto de la caída del tráfico (aspecto transversal de las concesiones) y la exención del pago de peajes (para el caso de carreteras).

Se trata de un punto crítico donde la claridad que se dé a contratistas, sponsors y prestamistas es esencial, para así evitar una mayor crisis en el sector o una exacerbada litigiosidad buscando el reequilibrio contractual. Así, una respuesta pronta y clara sobre la implementación de los diferentes mecanismos de compensación disponibles según la tipología contractual (contratos de obra a precio global o a precios unitarios, concesiones de 1° hasta 4° generación, o incluso contratos de interventoría o consultorías) atendería algunas de las incertidumbres que agobian al sector, protegería el patrimonio del Estado y permitiría a todas las partes enforcarse en reactivar los diferentes proyectos antes que en largos litigios.

Y si bien la emergencia actual acapara gran parte de la atención y recursos, todo el sector debe hacer un esfuerzo por también mantener una visión global y a futuro. La infraestructura tiene el potencial de reactivar la economía de los países y no debiendo ser esta la excepción. Así, se destaca el que la ANI haya publicado los prepliegos la 5G de Malla Vial del Valle del Cauca o que el INVIAS contrate la construcción de segmentos clave de la vía a Buenaventura, visión a futuro que también debe reflejarse en los planes de gobierno territoriales aún en proceso de formulación.

En las próximas semanas y meses se verá si estos nuevos pronósticos son acetados. Ojalá lo sean.