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Zonas francas: instrumento de inversión y desarrollo regional en Latinoamérica

21 de noviembre de 2019

En las zonas francas multiempresariales se han realizado inversiones que superan los 42 billones de pesos y en las uniempresariales los 2.88 billones

Por: Ricardo López, vicepresidente de Araújo Ibarra Consultores en Negocios Internacionales.
 
En el Congreso Nacional de Zonas Francas y de Puertos, realizado recientemente por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en Barranquilla, se celebraron los primeros 60 años del inicio de operaciones de la Zona Franca Industrial y Comercial de Barranquilla. Este hecho amerita dar una mirada a la evolución del mecanismo de zonas francas en Colombia, que se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes de atracción de inversión y de desarrollo regional en Latinoamérica.  
 
Entre los hitos más importantes a destacar, en la historia del régimen, está la expedición de la Ley 105 de 1958, que le dio a la Zona Franca de Barranquilla la condición de establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, y autorizó al Gobierno Nacional para crear otras zonas francas en el país. También, la emisión de la Ley 7 de 1991, conocida como ley marco de comercio exterior, que abrió paso a las zonas francas privadas, en virtud de lo cual, a partir de 1993, se dio un gran impulso al mecanismo a través de la participación de la inversión privada en la creación y promoción de estas.

 

Así mismo, otro gran hito fue la aprobación por el Congreso de la Ley 1004 en 2005, con la cual se transformó la vocación de las zonas francas y, de ser instrumento exclusivo de promoción de exportaciones, se convirtieron en promotoras de la competitividad, el desarrollo regional y la generación de empleo. Con esta nueva filosofía, el Gobierno Nacional también reguló las zonas francas permanentes especiales (uniempresariales), las cuales han tenido, de forma paralela a las zonas francas permanentes (multiempresariales), un desarrollo vertiginoso, teniendo en cuenta que ya han sido declaradas 112 zonas francas, a lo largo y ancho del país, que albergan clínicas, laboratorios, empresas productoras de bebidas, alimentos, automóviles, materiales de construcción, petroquímica, tecnología, energía eléctrica convencional y no convencional, refinación de petróleo y exploración costa afuera; así como a prestadores de servicios de logística y desarrolladores de software, por citar solo algunos ejemplos.
 
De acuerdo con cifras oficiales, en las zonas francas multiempresariales se han realizado inversiones que superan los 42 billones de pesos y en las uniempresariales los 2.88 billones, sin tener en cuenta las inversiones de los proyectos costa afuera. Igualmente, han generado más de 54.000 empleos directos, y más de 117.000 indirectos y vinculados.
 
Actualmente, las zonas francas cuentan con la condición de extraterritorialidad, que permite a los bienes de capital, partes y repuestos, materias primas, insumos y productos terminados, gozar de la no causación de gravámenes arancelarios y del IVA de la importación. Adicionalmente, los usuarios industriales de bienes y de servicios tienen diversos beneficios, como una tarifa preferencial en el impuesto de renta y complementarios del 20 %, sus compras a proveedores ubicados en el resto del país están exentas de IVA, los bienes que producen y exportan llegan con preferencias arancelarias a todos los países con los que Colombia tiene suscritos tratados de libre comercio y acuerdos de integración, aplican una metodología especial para la determinación de la base gravable del arancel cuando las mercancías allí producidas se venden al resto del país, pueden hacer encadenamientos productivos con otras industrias ubicadas en Colombia, cuentan con facilidades logísticas para traer las mercancías del exterior y, desde el 2 de agosto de este año, pueden exportar sus ventas “e-commerce” utilizando envíos expresos.
 
Sin duda, las zonas francas merecen todo el apoyo de parte del Congreso, el Gobierno y el sector privado para que, a través de estas, se continúe promoviendo el desarrollo regional e incentivando la inversión de la comunidad internacional en Colombia.

Publicado en la última edición del Business Mail, disponible aquí