El Gobierno de Estados Unidos flexibilizó parcialmente las sanciones aplicables al sector de telecomunicaciones en Venezuela mediante dos nuevas licencias que permiten a empresas estadounidenses operar infraestructura, prestar determinados servicios y avanzar en negociaciones relacionadas con nuevas inversiones en el país.

Las medidas fueron adoptadas a través de las Licencias Generales 61 y 62 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Licencia General 61 autoriza transacciones necesarias para instalar, mantener, reparar, modernizar, operar o respaldar infraestructura y servicios de telecomunicaciones en Venezuela.

La autorización incluye actividades asociadas con procesamiento de pagos, logística, transporte aéreo, almacenamiento, seguros, acuerdos de interconexión y roaming, arrendamiento de infraestructura y soporte de cables submarinos, además de la provisión y mantenimiento de software y otros sistemas relacionados. Los contratos deberán regirse por las leyes de alguna jurisdicción estadounidense y las controversias podrán resolverse en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur.

La licencia mantiene varias restricciones, entre ellas la prohibición de realizar pagos que no sean comercialmente razonables, utilizar oro o monedas digitales emitidas por el Gobierno venezolano y efectuar determinadas transacciones con personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China. Tampoco permite desbloquear activos sujetos a sanciones ni constituir nuevas empresas mixtas bajo esta autorización.

Por su parte, la Licencia General 62 permite negociar y suscribir contratos contingentes para nuevas inversiones en telecomunicaciones, aunque su ejecución deberá quedar condicionada a una autorización adicional de la OFAC. La medida permite avanzar en acuerdos preliminares para crear proveedores, ampliar operaciones existentes o constituir nuevas entidades, así como realizar estudios comerciales, legales, técnicos, ambientales y de seguridad.

Las empresas que operen bajo estas autorizaciones deberán presentar información al Departamento de Estado de Estados Unidos dentro de los 10 días siguientes a su primera operación y posteriormente cada 90 días. Con las dos licencias, Washington habilita determinadas actividades técnicas y comerciales en el sector de telecomunicaciones venezolano, aunque mantiene bajo control de la OFAC la ejecución de nuevas inversiones.

SEGURIDAD

Dra. Arnson: construir una presencia estatal legítima en Colombia requiere más que lo militar

Arnson sostiene que existe una tendencia hacia la derecha en América Latina: afirma que, desde la posesión de Donald Trump en enero de 2025, las siete elecciones celebradas en Suramérica y Centroamérica (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Perú) fueron ganadas por el centro-derecha o la extrema derecha. Precisa que no todos los electos son populistas u outsiders, y que el respaldo explícito de Trump a candidatos en Honduras y Colombia pudo influir, aunque su impacto es difícil de cuantificar.

Sobre Abelardo de la Espriella (ADLE), señala que se presentó como outsider y que en ciertos aspectos lo fue: abogado y empresario con marcas de lujo propias, creó su propio movimiento y vehículo electoral, Defensores de la Patria, por fuera del sistema de partidos, y no había ocupado cargo político antes.

Datos que la entrevistada consigna sobre la elección:

• Colapso de la derecha tradicional: Paloma Valencia (Centro Democrático), respaldada por Álvaro Uribe y ganadora de una consulta de la derecha que no incluyó a ADLE, obtuvo menos del 7% en primera vuelta.
• Los candidatos de centro sumaron algo más del 5%, pese a que alcaldes de centro gobiernan cinco de las mayores ciudades del país.
• La aprobación de Petro superó el 46% en febrero de 2026, tras aumentos del salario mínimo.
• ADLE ganó por menos de 252.000 votos sobre más de 26 millones depositados, menos de un punto porcentual. Arnson afirma que, sin los 390.974 votos de colombianos en el exterior, habría perdido frente a Iván Cepeda.
• Citando al politólogo Orlando Pérez, indica que la autoubicación ideológica del electorado varió poco entre 2020 y 2024: promedio de 5,3 en una escala de 0 a 10 en 2024, apenas 0,4 más que en 2020 y por debajo del pico de 6,8 registrado en 2002.

Su conclusión sobre este punto: hubo un componente antiincumbente, pero advierte que no debe exagerarse ni ese factor ni el grado de realineamiento ideológico del electorado.

La seguridad como eje de la campaña

Arnson identifica la seguridad como la ventaja clara de ADLE. Describe la Paz Total de Petro como percibida ampliamente como un fracaso, con indicadores de deterioro: el asesinato de un candidato de centro-derecha en 2025, expansión territorial de grupos armados ilegales y su control sobre poblaciones locales, aumento de secuestro, extorsión y reclutamiento de menores, y crecimiento de economías criminales como el narcotráfico y la minería ilegal. Señala que las encuestas previas mostraban el orden público como principal preocupación, muy por encima del desempleo y la economía.

Entre las propuestas de "mano de hierro" que atribuye al hoy presidente: campañas militares para retomar territorio, fumigación de cultivos de coca, construcción de megacárceles de máxima seguridad inspiradas en El Salvador, ampliación del presupuesto militar e inversión en inteligencia, tecnología y equipamiento, además de una alianza de seguridad reforzada con Estados Unidos e Israel. Califica algunas propuestas de poco realistas, como recuperar territorio en los primeros 90 días.

Anota que los temas de inclusión social no fueron protagónicos en la campaña: promesa de reducir el tamaño del Estado en 40%, énfasis en el libre mercado, la experiencia privada como vía para resolver el tema de tenencia de tierra, planes indefinidos frente al hambre mediante compras agrícolas por parte de empresarios, y la creación de un "bloque de búsqueda" anticorrupción.

Populismo securitario en la región

La entrevistada sitúa el caso colombiano en un contexto regional, apoyándose en fuentes que cita expresamente:

• UNODC: América Latina y el Caribe siguen siendo la región más afectada por el crimen organizado y la violencia de pandillas; las tasas de homicidio son las más altas del mundo, casi cuatro veces el promedio global, con descensos entre 2015 y 2023 pero niveles de violencia letal aún altos. Solo el 44% de los ciudadanos se siente seguro caminando solo de noche en su barrio, el porcentaje más bajo del mundo.
• Robert Muggah: la inseguridad vivida se manifiesta en extorsión al comercio, robos en trayectos cotidianos y la percepción de autoridad de facto de criminales en ciertos barrios; el desfase entre violencia real y percibida es mayor en lugares antes considerados seguros.
• Lucía Dammert: estructuras de poder ilegal multidimensionales surgidas de una combinación de crisis política, corrupción, penetración criminal del Estado, economías criminales, violencia como forma de resolución de disputas y debilidad institucional.

En ese marco describe el "modelo Bukele", medidas que, según ella, mejoraron la seguridad a un costo severo en derechos humanos, democracia y Estado de derecho, y la cárcel CECOT como referente para líderes de derecha. Registra que ADLE prometió construir diez megacárceles y que, ante la pregunta de un periodista por el nombre de Bukele, respondió con una sola palabra: "el futuro".

Discurso antielite y vínculos con la élite

Arnson contrasta el discurso antielite con los vínculos que periodistas colombianos han señalado: la defensa legal de congresistas condenados por parapolítica y de figuras acusadas de corrupción, incluido Alex Saab. Enumera el perfil institucional del equipo: José Manuel Restrepo, vicepresidente, exministro de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda en el gobierno Duque; Rodrigo Lara Restrepo, designado en Interior, expresidente de la Cámara y exsenador; y Miguel Gómez Martínez, designado en Hacienda, exembajador y exvicecontralor. Indica que se espera que aporten experiencia de gobierno.

Registra el eje discursivo "los nunca" frente a "los de siempre", y lo asocia con la baja valoración institucional medida por Invamer en febrero de 2026, según la cual partidos, sistema judicial y Congreso fueron las instituciones peor evaluadas después del ELN, mientras Fuerzas Armadas e Iglesia católica obtuvieron la mejor calificación.

Documenta también el lenguaje de campaña: la autodefinición como enemigo jurado de la izquierda, la calificación de opositores como criminales y narcoterroristas, el encuadre de la elección como una disputa entre totalitarismo y democracia, la invocación de una inspiración divina expresada a El País, y el registro de un discurso de valores familiares acompañado de lenguaje vulgar e hipermasculinidad. Deja abierta la pregunta de si las tácticas de campaña se trasladarán al estilo de gobierno o si el gabinete de centro-derecha moderará esa propensión.

Denuncias de fraude e integridad electoral

Según la entrevistada, nadie socavó más la confianza en el sistema electoral que el propio presidente Petro, quien difundió narrativas de fraude sin evidencia, no reconoció la victoria y cuestionó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, además de señalar a empresas colombianas e israelíes. Precisa que, incluso después del reconocimiento de Cepeda, Petro sostuvo que el pueblo colombiano había elegido a Cepeda, y que un grupo de simpatizantes presentó una demanda para anular la elección.

Añade que el Carter Center reportó el primer uso extendido de inteligencia artificial en una campaña colombiana, con mensajes falsos sobre votación, videos fuera de contexto, supuestos resultados anticipados y narrativas engañosas sobre la transparencia del conteo. La misión de observación de la Unión Europea destacó la transparencia, las salvaguardas y la rápida publicación de resultados; la OEA y la MOE formularon recomendaciones técnicas sin hallar evidencia de fraude. Su valoración: insistir en la narrativa erosionará la fe en las instituciones y profundizará la polarización.

Desempeño democrático

Arnson cita Latinobarómetro 2024: 61% de los colombianos concuerda con que la democracia es el mejor sistema de gobierno, mientras solo 20% está satisfecho con su funcionamiento y 52% afirma que no le importaría un gobierno no democrático si resolviera los problemas. Suma la evidencia de LAPOP (Vanderbilt) sobre la asociación entre victimización por delitos y apoyo a medidas autoritarias, y a Martin Wolf sobre el vínculo entre estabilidad democrática y una economía que provea un nivel de vida decente. Su formulación: el desempeño del gobierno, más que los principios abstractos, es determinante para el futuro de la democracia representativa.

Fuerza militar, rendición de cuentas y lecciones históricas

Sobre la política de Petro, señala como principal incoherencia la ausencia de visión estratégica sobre la relación entre fuerza militar y negociación, y afirma que los ceses al fuego permitieron a los grupos expandir su presencia territorial y su control coercitivo. Contrasta con el acuerdo Santos-FARC, concluido tras una secuencia de operaciones militares, principalmente entre 2008 y 2012, que debilitó profundamente a la insurgencia.

Advierte que los avances militares y políticos sin presencia estatal legítima son fácilmente reversibles: tras la desmovilización de las FARC en 2017, otros grupos armados, no el Estado, llenaron el vacío de poder, en competencia por rutas del narcotráfico y rentas ilegales. Ubica el incumplimiento de esa extensión del Estado desde el final del gobierno Santos, continuado bajo Duque y acelerado bajo Petro.

En sentido inverso, expone los riesgos de la fuerza sin límites democráticos: los "falsos positivos", con más de 7.800 jóvenes de barrios pobres asesinados por militares, principalmente entre 2002 y 2008, y presentados como guerrilleros; y las interceptaciones ilegales a políticos de oposición, magistrados de la Corte Suprema y periodistas durante los años de Uribe, que llevaron a la disolución del DAS.

Su advertencia central sobre el nuevo gobierno: considera alta la tentación de eliminar los límites legales y de derechos humanos sobre las Fuerzas Armadas, y señala la propuesta de seguridad jurídica total para la fuerza pública. En traducción de su formulación textual: otorgar un cheque en blanco a las fuerzas militares y de policía frente a la rendición de cuentas "invita al abuso futuro y a una deslegitimación de las fuerzas del Estado". Añade que las tácticas indiscriminadas, cuyo mayor impacto recae en comunidades pobres, socavan los objetivos de debilitar a los actores violentos, recuperar el control territorial y reforzar la confianza ciudadana.

Conflicto armado y gobernanza criminal

Cita al CICR: las consecuencias humanitarias del conflicto armado en 2025 alcanzaron el nivel más grave de la última década, con confinamientos, extorsión, reclutamiento forzado y desplazamiento en zonas rurales históricamente sin presencia estatal. Con cifras oficiales compiladas por la Fundación Ideas para la Paz, indica que los integrantes de los ocho principales grupos armados ilegales pasaron de aproximadamente 6.500 en 2017 a más de 27.000 en la actualidad, con incrementos ya bajo Duque y una aceleración entre 2023 y 2025.

Sobre el enfoque anunciado por ADLE en entrevista con El Tiempo en febrero de 2026: fumigar 333.000 hectáreas de coca, descrita por él como la base de la pirámide y fuente de ingreso de las confederaciones criminales, bombardear campamentos y dar de baja o capturar a diez cabecillas por departamento. La observación de Arnson: sin desconocer la importancia de una estrategia de seguridad robusta, la fuerza por sí sola no establece legitimidad estatal, y la premisa del acuerdo de paz sobre desarrollo rural y medios de vida sostenibles en zonas cocaleras sigue vigente.

Acuerdo de Paz de 2016

Registra que el principal obstáculo de implementación ha sido la falta de consenso, reflejada en la victoria del "No" en el plebiscito de octubre de 2016, y que desde entonces el acuerdo quedó incorporado en la ley y la Constitución, con implementación desigual. Destaca como lo más relevante los programas de reinserción de unos 11.000 excombatientes y los PDET. Anota avances en restitución de tierras bajo Petro, con la agenda de reforma rural mayoritariamente pendiente.

Cita al Instituto Kroc (Universidad de Notre Dame), que en junio de 2026 señaló la violencia como principal impedimento para una paz sostenible, la brecha entre planeación ambiciosa y realidad territorial, y la necesidad urgente de acelerar reformas estructurales.

Sobre el escenario prospectivo: considera improbable que el nuevo gobierno avance en la implementación. Recuerda que la administración Trump maniobró en 2025 para reducir el mandato de la misión de verificación de la ONU, eliminando el monitoreo del capítulo étnico y de la JEP. Señala que ADLE prometió abolir la JEP y que, aun con rango constitucional, podría desfinanciarla, al igual que otros componentes del acudo, incluidos los programas de reincorporación. Su valoración: socavar el acuerdo probablemente resulte contraproducente, pues sin garantías judiciales ni medios de vida sostenibles cientos o miles de desmovilizados podrían volver a las armas.

Institucionalidad de derechos humanos y multilateralismo

Consigna que el presidente electo anunció la eliminación de varias entidades encargadas de paz y derechos humanos, con traslado de funciones a otros ministerios: la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las consejerías presidenciales para la Reconciliación Nacional y para Derechos Humanos y DIH. Compara el plan de reducción del Estado con el de Javier Milei en Argentina y reconoce la necesidad de reforma estatal y coordinación interagencial, citando a Michael Weintraub sobre más de dos docenas de entidades involucradas en política de drogas.

Precisa el marco institucional de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General: sus titulares son elegidos por el Legislativo de ternas del Ejecutivo y las cortes, con periodos que terminan en 2028 y 2029 respectivamente; por tanto, aunque su actividad puede afectarse vía presupuesto y personal, el presidente no puede remover a sus actuales titulares.

Sobre el multilateralismo, señala que ADLE moderó las promesas de 2025 de retirar a Colombia de la ONU, la OEA y el sistema interamericano de derechos humanos, pero mantiene la visión de esos organismos como sesgados e ineficientes. Enumera los roles de la Misión de Verificación, ACNUR, OACNUDH y OCHA, incluida la atención a cerca de tres millones de venezolanos llegados desde 2014, y advierte que todos han sufrido recortes presupuestales derivados en buena medida de la reducción de la asistencia estadounidense. Sobre la OEA, destaca su observación de ambas vueltas y el trabajo de la MAPP desde 2004. Su conclusión: intensificar operaciones militares y a la vez reducir la presencia de actores internacionales clave podría empeorar significativamente la situación de las poblaciones afectadas por el conflicto.

Relación Colombia–Estados Unidos

Arnson anticipa un estrechamiento sustancial de la relación bilateral tras los años de tensión. Registra la visita a Colombia del subsecretario adjunto de Guerra Joseph Humire en julio de 2026, con la promesa de llevar la cooperación a nuevos niveles y la referencia a un "Plan Patriota 2.0", en alusión simbólica a la política de seguridad de Uribe de 2002. También en julio, una delegación colombiana de alto nivel, con el vicepresidente electo y los ministros de Hacienda, Comercio, Relaciones Exteriores y Defensa, sostuvo reuniones en el Ejecutivo, el Congreso y bancos internacionales de desarrollo, con énfasis en un "nuevo comienzo".

Elementos que consigna sobre la agenda:

• Solicitudes de equipamiento militar, tecnología, inteligencia y capacidad de IA, y ampliación del pie de fuerza; estrechamiento con Estados Unidos e Israel.
• Convergencia entre la visión del narcoterrorismo como amenaza a la seguridad nacional estadounidense y la de la administración Trump, que designó carteles y pandillas como Organizaciones Terroristas Extranjeras e informó al Congreso que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos.
• Decenas de ataques estadounidenses contra "narcolanchas" en el Caribe y el Pacífico occidental, con cientos de muertos, en lo que críticos consideran violaciones del derecho de la guerra.
• Disposición a sumarse a la iniciativa Americas Counter Cartel y a la alianza Shield of the Americas, con incertidumbre sobre la asistencia concreta que fluirá.
• Riesgo de reacción adversa: un rol estadounidense más directo en operaciones de seguridad, aludido en la Estrategia de Contraterrorismo de la Casa Blanca, podría generar rechazo entre opositores que representan cerca de la mitad del electorado.

Componente legislativo estadounidense. Señala que el principal obstáculo al enfoque militarizado estará en el Congreso de Estados Unidos, especialmente si las elecciones de mitad de periodo dan a los demócratas el control de una o ambas cámaras. Precisa que la ley de asistencia externa firmada en febrero de 2026 incorporó disposiciones demócratas que condicionan el 20 % del financiamiento militar a avances en judicialización de violadores de derechos humanos, reducción de amenazas y ataques contra activistas de la sociedad civil, y protección de comunidades afrocolombianas e indígenas. Su lectura: restaurar el consenso bipartidista exigirá acomodar también a los demócratas, y recuerda que Uribe ignoró esas preocupaciones y no logró superar la resistencia al TLC por asuntos de derechos humanos.

Componente económico. Prevé apoyo de la administración Trump a financiamiento del Tesoro estadounidense y de instituciones financieras internacionales para estabilizar la economía colombiana. Anota el crecimiento del gasto y la deuda pública durante el gobierno Petro con la suspensión de la regla fiscal, un déficit heredado que ya derivó en la degradación de la calificación crediticia, y advierte que el recorte presupuestal para restaurar el equilibrio fiscal tiene potencial de detonar malestar social.

Contrapesos institucionales

Citando a Michael Coppedge, identifica dos vías de retroceso democrático: ataques a las libertades civiles y a la prensa libre, y erosión de los pesos y contrapesos (rendición de cuentas horizontal), asociada a concentración de poder en el Ejecutivo, debilitamiento judicial y afectación de la independencia de instituciones electorales.

Sobre el caso colombiano: aunque considera posible la tentación de gobernar por decreto, prevé límites legislativos y judiciales. Indica que en las elecciones de marzo de 2026 el Pacto Histórico obtuvo el mayor número de curules en Cámara y Senado, muy por encima del Centro Democrático; y que, según la consultora Colombia Risk Analysis, los partidos Conservador y Liberal junto con el Partido de la U sumaron 47 curules en Senado, constituyendo un bloque bisagra con el que el gobierno deberá negociar tema por tema. Registra que, en la instalación del nuevo Congreso, en julio de 2026, una alianza entre Pacto Histórico y Centro Democrático impidió la elección del candidato de preferencia del presidente electo a la presidencia del Legislativo. Señala que la Corte Constitucional tiene la autoridad última sobre la constitucionalidad de decretos y leyes, y que es ampliamente respetada como defensora de la Constitución de 1991.

Perspectiva regional

Arnson considera prematuro sacar conclusiones definitivas sobre el giro a la derecha. Expone la hipótesis antiincumbente, según la cual, si la derecha no logra mejorar seguridad y condiciones de vida, el péndulo podría girar de nuevo, y matiza con tres casos que rompieron esa tendencia: República Dominicana, Ecuador y México. Reitera que Latinobarómetro y otras mediciones muestran poca evidencia de realineamiento ideológico masivo.

Cita a Cristóbal Rovira Kaltwasser, coeditor de un volumen de 2026 sobre la extrema derecha en América Latina, según quien estos actores capitalizan sentimientos de pérdida de estatus y de relevancia política decreciente en grupos incomodados por la incorporación gradual de poblaciones históricamente marginadas. Añade como telón de fondo el crecimiento económico bajo o mediocre, el estancamiento o caída de los salarios reales, el alto costo de vida, agravado, según la fuente, por la guerra con Irán, las guerras culturales y la desconfianza hacia las elites.

Distingue el ciclo actual del anterior: mientras el ascenso de la izquierda en los años 2000 se asoció a una crítica del neoliberalismo y del ajuste estructural, el ascenso de la derecha se vincula a temas culturales familia, roles de género tradicionales, religión, oposición al aborto y a los derechos LGBTQ. Recuerda que la mano dura antecede al ciclo actual: dos décadas antes del estado de excepción de Bukele en 2022, que llevó a prisión a cerca del 1,5 % de la población salvadoreña, los presidentes de derecha en El Salvador aplicaron políticas de mano dura y súper mano dura.

Sobre migración, anota que el sentimiento antiinmigrante se refleja de manera desigual en la región: central en la campaña de José Antonio Kast en Chile, vinculando el crimen a bandas extranjeras como el Tren de Aragua, pero ausente en la campaña de ADLE pese a la presencia de cerca de tres millones de venezolanos en Colombia.

Cierra señalando que la duración del giro es difícil de predecir, que la política de identidad obligará a satisfacer tanto demandas de desempeño como el sentido de pertenencia de los votantes, y que la polarización probablemente se profundizará conforme los valores centrales se conviertan en objeto de disputa de suma cero.

SEGURIDAD

Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental insta a socios regionales a migrar hacia proveedores tecnológicos confiables

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Segura afirmó que las tecnologías de alto riesgo provistas por Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI están sujetas en última instancia a los designios del gobierno chino. Explicó que la legislación de ese país obliga a estos proveedores a cooperar con los servicios de inteligencia de Pekín, condición de la que se derivan, según su planteamiento, riesgos de espionaje, intrusión informática e interrupción de redes. El llamado se dirigió específicamente a los socios de Estados Unidos en el hemisferio, a quienes pidió actuar con rapidez en función de la protección de sus poblaciones y de su soberanía.

El pronunciamiento se produce en la primera semana de gestión de Segura, quien asumió el cargo diplomático de mayor jerarquía del Departamento de Estado para América Latina, el Caribe y Canadá. Las seis compañías mencionadas ya figuran en listados restrictivos estadounidenses: cinco de ellas (Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision y Dahua) integran la "Covered List" de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y están cubiertas por la Secure and Trusted Communications Networks Act de 2019, que prohíbe el uso de subsidios federales para su compra, arrendamiento o mantenimiento.

SEGURIDAD

Washington endurece la presión financiera sobre Irán en medio de la guerra

Estados Unidos prepara una nueva fase de presión económica contra Irán con la que busca profundizar el aislamiento financiero de Teherán y limitar sus fuentes de ingresos, mientras la guerra entre ambos países se acerca a los seis meses. El presidente Donald Trump anticipó esta semana una campaña económica “sin precedentes” destinada a presionar al Gobierno iraní para que abandone su programa nuclear y permita la reapertura completa del estrecho de Ormuz al tránsito de petroleros y buques de gas natural.

La estrategia contempla ampliar el uso de sanciones secundarias contra países y empresas que mantengan relaciones comerciales con Irán, según explicó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Aunque no detalló cuáles serían los próximos objetivos, advirtió que Washington podría aplicar medidas contra actores extranjeros que continúen haciendo negocios con Teherán, después de que las restricciones anteriores se concentraran principalmente en compradores de petróleo y entidades vinculadas al sistema financiero iraní.

La nueva etapa forma parte de la denominada Operación Furia Económica y podría afectar a importantes socios comerciales de Irán, entre ellos China e India, dos de los principales compradores de crudo iraní. Bessent señaló que los gobiernos y empresas deberán decidir si mantienen sus vínculos con Teherán ante la posibilidad de quedar expuestos a restricciones del Departamento del Tesoro y de otras agencias estadounidenses.

El anuncio amplía una política de sanciones que Estados Unidos ha aplicado durante varias décadas y que durante el primer mandato de Trump se consolidó bajo la estrategia de “máxima presión”. En su segundo periodo, la administración ha intensificado ese enfoque mediante acciones militares, restricciones al transporte marítimo y nuevas medidas financieras, mientras buena parte de los sectores energético, bancario y de transporte de Irán ya se encuentra bajo sanciones estadounidenses.

Algunos especialistas consideran que las actuales condiciones podrían aumentar la efectividad de la presión económica. Richard Goldberg, exfuncionario de la primera administración Trump y actualmente integrante de la Foundation for Defense of Democracies, sostuvo que los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, la guerra y el bloqueo naval han generado un escenario distinto al de anteriores campañas de sanciones, aunque reconoció que sus efectos siguen siendo difíciles de anticipar.

La suspensión del comercio con Irán anunciada esta semana por Emiratos Árabes Unidos también podría aumentar el aislamiento económico de Teherán, después de que ese país funcionara durante años como uno de sus principales socios comerciales y como centro de reexportación de bienes. Sin embargo, especialistas advierten que ampliar las sanciones secundarias también puede generar costos para aliados y socios de Estados Unidos que dependen del petróleo iraní o mantienen relaciones comerciales con el país.

Desde Teherán, el Gobierno iraní rechazó la nueva estrategia y sostuvo que las sanciones no modificarán su posición. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, recordó que Irán ha enfrentado diferentes etapas de restricciones estadounidenses durante décadas, mientras el portavoz de la Cancillería, Esmail Baghaei, afirmó que recurrir nuevamente a la presión económica no facilitará una salida diplomática al conflicto.

Otros analistas también cuestionan la posibilidad de que las sanciones conduzcan a concesiones por parte de Irán. Ali Vaez, director del programa sobre Irán del International Crisis Group, señaló que la intensificación de la presión podría endurecer la posición del Gobierno iraní, especialmente ante la desconfianza acumulada después de varios intentos intermitentes de negociación durante el último año, por lo que el impacto de la nueva campaña dependerá tanto de su alcance económico como de la existencia de una eventual vía diplomática.

SEGURIDAD

Pentágono eleva a 750 el número de militares heridos en la guerra con Irán

El Pentágono elevó a 750 el número de militares estadounidenses heridos desde el inicio de la guerra con Irán, cuando falta una semana para que se cumplan seis meses del comienzo del conflicto. La cifra corresponde a la actualización más reciente de la base de datos de bajas en combate de las autoridades militares estadounidenses.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos incorporó esta semana 50 nuevos heridos al registro, lo que llevó el balance acumulado hasta los 750. La actualización se conoce después de varias semanas de cuestionamientos sobre la frecuencia y el nivel de detalle con que la administración ha divulgado las cifras de bajas.

El pasado 21 de julio, congresistas y senadores demócratas cuestionaron al Gobierno del presidente Donald Trump por lo que consideran una falta de transparencia en la publicación de información sobre militares muertos y heridos. Entre ellos, el representante Adam Smith, principal demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes (House Armed Services Committee, HASC), sostuvo que la administración no estaba compartiendo con el Congreso todos los datos relacionados con las bajas.

Las nuevas cifras se conocen mientras el conflicto se aproxima a los seis meses y la administración Trump busca intensificar la presión económica sobre Teherán. Esta semana, el mandatario anunció una nueva campaña de sanciones con la que pretende aumentar el aislamiento financiero de Irán y presionar al Gobierno iraní para que modifique su posición sobre el programa nuclear y el estrecho de Ormuz.

Trump también afirmó que actualmente no existen conversaciones “en curso ni programadas” con Irán, después de que el lunes concluyera el plazo de 60 días de alto el fuego establecido para intentar negociar una salida al conflicto. La guerra continúa así sin un acuerdo diplomático, mientras Estados Unidos actualiza el balance de bajas entre sus fuerzas desplegadas.

COMERCIO

Estados Unidos suspende por 90 días aranceles a importaciones de carne molida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el país permitirá durante los próximos 90 días la importación libre de aranceles de hasta 300.000 toneladas de carne molida fuera de cuota, una medida con la que su administración busca aliviar los precios de los alimentos para los consumidores estadounidenses.

“Mientras trabajamos para reconstruir este hato y apoyar a nuestros ganaderos, durante los próximos 90 días Estados Unidos permitirá la importación de hasta 300.000 toneladas de carne molida sin aranceles fuera de cuota”, señaló Trump a través de Truth Social. El mandatario agregó que, según el acuerdo anunciado, la carne deberá comercializarse a un precio 25% inferior al valor de mercado.

Trump no precisó qué países podrán abastecer el volumen adicional, aunque Estados Unidos mantiene una amplia red de proveedores internacionales de carne bovina. Durante el primer trimestre de 2026, Australia encabezó las exportaciones hacia el mercado estadounidense con US$935,4 millones, seguida por Nueva Zelanda con US$680,25 millones y Brasil con US$495,44 millones, según cifras citadas por TradeInt.

Entre otros proveedores se encuentran Panamá, con exportaciones por US$303,86 millones, y Colombia, con US$301,32 millones, mientras Argentina ocupó el décimo lugar con US$105,52 millones. Una parte relevante de estas compras corresponde a carne bovina deshuesada congelada, utilizada principalmente como insumo para la producción de carne molida en Estados Unidos.

La decisión se produce mientras el mercado ganadero estadounidense enfrenta una reducción de su oferta doméstica y un mayor peso de las importaciones. Para 2026, estas representarían alrededor del 17,34% del suministro total de carne bovina, mientras las proyecciones citadas estiman compras externas por 5.525 millones de libras, 3% más que el año anterior, frente a una producción nacional prevista de 25.735 millones de libras, 1% menos.

El anuncio también coincide con una mayor presión sobre los precios de los alimentos y los costos de transporte en Estados Unidos, afectados por el aumento de los precios de la energía asociado a la guerra en Irán. Trump sostuvo que la suspensión temporal de los aranceles permitirá reducir los precios para los consumidores y, al mismo tiempo, dará margen para la recuperación del inventario ganadero estadounidense.

ECONOMÍA

La administración Trump busca reducir su deuda con la ONU con un pago de US$725 millones

La administración del presidente Donald Trump inició el proceso para transferir US$725 millones a las Naciones Unidas (ONU) como parte de las contribuciones pendientes de Estados Unidos con el organismo, según una notificación del Departamento de Estado enviada al Congreso el pasado 4 de agosto y revisada por Reuters.

El desembolso, destinado al presupuesto ordinario de la ONU, podría concretarse antes de la participación prevista de Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York el próximo mes. La administración estadounidense no explicó de inmediato las razones de la transferencia, después de haber reducido durante el último año los aportes a distintas agencias del organismo y retirado al país de varias entidades internacionales.

La cifra representa menos del 20% de los más de US$4.000 millones que, según cálculos de Naciones Unidas de mayo, Estados Unidos adeudaba al organismo. Ese monto incluía US$2.040 millones correspondientes al presupuesto regular, US$2.200 millones relacionados con operaciones de mantenimiento de la paz actuales y anteriores, y US$44 millones destinados a tribunales de la ONU, aunque Washington ha señalado que su deuda total es inferior.

El pago se produce mientras Naciones Unidas enfrenta dificultades financieras derivadas de las contribuciones pendientes de varios Estados miembros. El secretario general, António Guterres, advirtió a comienzos de este año sobre el riesgo de un deterioro de las finanzas de la organización, que ya redujo en 9,2% su presupuesto para 2026 y trasladó más de 2.000 puestos de trabajo desde ciudades como Nueva York y Ginebra hacia sedes de menor costo.

Especialistas consultados por Reuters señalaron que la transferencia estadounidense permitiría aliviar temporalmente las necesidades de liquidez del organismo y facilitar el pago de salarios y otros gastos operativos. Además, podría contribuir a evitar que Estados Unidos se acerque al umbral previsto en el artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas, bajo el cual un país puede perder su derecho a voto en la Asamblea General cuando sus atrasos superan el equivalente a dos años de contribuciones.

Estados Unidos continúa siendo el principal contribuyente al presupuesto de Naciones Unidas, aunque durante la administración Trump ha retenido algunos pagos obligatorios y reducido aportes voluntarios a diferentes agencias. Al 18 de agosto, 129 de los 193 Estados miembros habían pagado completamente sus cuotas correspondientes al año, mientras China, el segundo mayor contribuyente, tampoco figuraba entre los países al día con sus obligaciones.

POLÍTICA

La Corte Suprema permite que continúe por ahora la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, autorizó este viernes que continúe temporalmente la construcción del salón de baile de US$400 millones impulsado por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, mientras el máximo tribunal analiza una solicitud de emergencia presentada por la administración para intervenir en las demandas relacionadas con el proyecto.

La orden de Roberts suspende por ahora una decisión de un tribunal inferior que habría obligado a detener las obras sobre el nivel del suelo, al considerar que Trump no obtuvo autorización del Congreso para avanzar con la construcción. La medida permanecerá vigente hasta que la Corte Suprema emita una decisión posterior y no incluye una explicación sobre los fundamentos jurídicos de la determinación.

La administración Trump sostiene que el presidente tiene autoridad para realizar modificaciones en la Casa Blanca y otros edificios federales, y ha argumentado ante los tribunales que completar el salón de baile responde también a consideraciones de seguridad nacional. Cuando presentó inicialmente el proyecto, Trump indicó que su financiación provendría de donaciones privadas, incluidas contribuciones personales.

El National Trust for Historic Preservation, organización que presentó la demanda contra el proyecto, sostiene que el mandatario no cuenta con facultades unilaterales para ejecutar las obras, que incluyeron la demolición del Ala Este de la Casa Blanca. Tras la decisión de Roberts, la organización señaló que se trata de una medida temporal y que continuará a la espera de una determinación definitiva de la Corte Suprema.

Según documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia, cerca del 65% del proyecto ya ha sido completado y aproximadamente US$200 millones en donaciones privadas han sido gastados o comprometidos. El salón de baile tendrá una superficie proyectada de unos 8.400 metros cuadrados y los equipos de construcción trabajan actualmente durante 20 horas al día, siete días a la semana.

Un juez federal había ordenado en abril detener las obras sobre el nivel del suelo, aunque permitió continuar los trabajos subterráneos relacionados con búnkeres e instalaciones militares, una decisión que posteriormente fue respaldada por un panel de apelaciones. Dos jueces de ese tribunal consideraron que correspondía al Congreso autorizar el proyecto, mientras un tercer magistrado sostuvo que la organización demandante no tenía legitimidad para presentar el caso.

POLÍTICA

Trump respalda candidatura de Darline Graham al Senado en acto de campaña en Carolina del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este viernes a Carolina del Sur para respaldar la candidatura de Darline Graham al Senado, de cara a la segunda vuelta de las primarias republicanas que se celebrará el próximo martes. El mandatario participará en un mitin en el Myrtle Beach Convention Center, en una contienda que volverá a poner a prueba su influencia electoral dentro del Partido Republicano.

Graham, de 62 años y con poca experiencia política, asumió temporalmente el escaño que ocupaba su hermano, el senador Lindsey Graham, después de que el gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, la designara tras el fallecimiento del legislador en julio. Su mandato actual se extenderá hasta comienzos de enero, mientras busca ahora obtener un periodo completo de seis años en las elecciones legislativas de noviembre.

La candidata quedó bajo escrutinio esta semana después de reconocer durante un debate con el representante Ralph Norman que no estaba suficientemente informada sobre asuntos de seguridad nacional, al ser consultada sobre Taiwán y el mar de China Meridional. Posteriormente, Graham defendió su respuesta en una entrevista con Fox News, donde sostuvo que había optado por responder con franqueza y afirmó que las principales preocupaciones de los votantes de Carolina del Sur están relacionadas con el costo de vida, la inmigración, los derechos sobre las armas y otros asuntos internos.

El respaldo de Trump a Graham también ha generado cuestionamientos entre algunos republicanos del estado, quienes consideran que su candidatura busca trasladar el peso político de su hermano a una aspirante sin trayectoria electoral previa. Entre quienes han expresado críticas se encuentra la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, partidaria de Norman, quien señaló que el conocimiento sobre seguridad nacional no es una capacidad que pueda heredarse.

Norman es un empresario inmobiliario y miembro de la Cámara de Representantes desde hace casi una década, además de haber competido sin éxito por la gobernación del estado en las primarias de junio. Ambos candidatos avanzaron desde una primaria republicana de diez aspirantes celebrada el 11 de agosto, en la que Graham obtuvo el 32,8% de los votos frente al 24,6% de Norman, sin alcanzar la mayoría necesaria para evitar una segunda vuelta.

El ganador de la contienda republicana enfrentará en noviembre a la demócrata Annie Andrews, pediatra que cerró junio con más de US$4,1 millones disponibles para su campaña. Aunque tanto el control de la Cámara de Representantes como el del Senado estarán en disputa en las elecciones de medio término, el candidato republicano parte como favorito para conservar este escaño, en un estado donde Trump ganó las presidenciales de 2024 por cerca de 18 puntos porcentuales.

POLÍTICA

Ariana Grande pide a Trump no utilizar su música en publicaciones políticas

La cantante estadounidense Ariana Grande manifestó su desacuerdo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que una de sus canciones fuera utilizada en un video publicado en la cuenta del mandatario en TikTok que incluía un mensaje sobre las mujeres trans y su participación en deportes femeninos.

La publicación muestra a Trump caminando hacia un podio mientras suena de fondo la canción “We Can’t Be Friends” y posteriormente presenta un mensaje en el que sostiene que “los hombres no pueden tener hijos y nunca deberían competir en deportes femeninos”. Tras conocer el video, Grande pidió públicamente que su música no vuelva a ser utilizada por el equipo del presidente y cuestionó el contenido de la publicación.

No es la primera vez que la artista expresa su rechazo al uso de sus canciones en contenidos de la administración Trump. En junio, Grande también cuestionó que la Casa Blanca utilizara su tema “Bye” en un video relacionado con operativos y arrestos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE).

En aquella ocasión, la cantante pidió igualmente que su música no fuera vinculada con las operaciones migratorias de la administración y expresó fuertes críticas contra el ICE. Sus pronunciamientos se han producido mientras el Gobierno de Trump ha recurrido a canciones de artistas populares para acompañar publicaciones en redes sociales sobre diferentes políticas y acciones gubernamentales.

Grande se suma así a otros artistas que han solicitado públicamente que sus canciones no sean utilizadas en contenidos políticos o institucionales asociados con Trump y su administración. Entre quienes han formulado peticiones similares se encuentran Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Sabrina Carpenter.

SALUD

Autoridades sanitarias investigan brote de E. coli y salmonela vinculado a brotes de alfalfa

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan un brote de infecciones por E. coli y salmonela relacionado con el consumo de brotes de alfalfa, que hasta este viernes ha dejado 55 casos y cuatro hospitalizaciones en 15 estados, sin muertes registradas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) informaron que 46 personas resultaron infectadas con E. coli, siete con salmonela y otras dos con ambas bacterias. Los casos comenzaron a registrarse entre el 31 de mayo y el 8 de agosto.

Las investigaciones de trazabilidad identificaron los brotes de alfalfa distribuidos por la empresa Everything Sprouts, con sede en Minneapolis, Minnesota, como una posible fuente de las infecciones. De las 34 personas entrevistadas por las autoridades, 26 señalaron haber consumido este producto antes de enfermarse.

La FDA indicó que trabaja con la compañía y recomendó realizar un retiro de los productos potencialmente afectados, mientras los CDC pidieron a consumidores, comercios y restaurantes no consumir, vender ni servir los brotes de alfalfa involucrados en la investigación. Tanto la E. coli como la salmonela pueden provocar síntomas como dolor abdominal, diarrea y vómito.

El brote se suma a otras investigaciones recientes de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos, entre ellas casos de ciclosporiasis vinculados a lechuga y otro brote de salmonela relacionado con jalapeños, lo que ha mantenido la atención de las autoridades sobre la seguridad de los productos frescos.