La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes la Licencia General 5Y, mediante la cual prorrogó hasta el 17 de septiembre de 2026 las restricciones relacionadas con el bono Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) 2020 al 8,5%, respaldado con el 50,1% de las acciones de Citgo Holding. La nueva licencia reemplaza y deja sin efecto la Licencia General 5X, que vencía el 4 de agosto.

La decisión mantiene, en la práctica, la imposibilidad de que los tenedores de ese bono ejecuten la garantía sobre las acciones de Citgo antes del 17 de septiembre. De esta manera, Estados Unidos conserva la protección temporal sobre la participación accionaria utilizada como respaldo de la emisión de deuda realizada por el gobierno venezolano en 2016.

La licencia establece que, a partir del 17 de septiembre de 2026, quedarán autorizadas determinadas transacciones, operaciones de financiamiento y demás actividades relacionadas con el bono PDVSA 2020 que actualmente permanecen restringidas por la Orden Ejecutiva 13835, posteriormente modificada por la Orden Ejecutiva 13857, e incorporadas al Reglamento de Sanciones contra Venezuela.

El bono PDVSA 2020 fue emitido en octubre de 2016 con vencimiento en 2020 y ofrecía como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, la principal filial de PDVSA en Estados Unidos. Desde su vencimiento, las sucesivas licencias emitidas por la OFAC han impedido que los acreedores ejecuten esa garantía mientras continúa la aplicación del régimen de sanciones estadounidenses contra Venezuela.

Citgo es una de las mayores empresas refinadoras de Estados Unidos y también es objeto de reclamaciones de otros acreedores que buscan recuperar deudas pendientes del Estado venezolano mediante el embargo de activos. La decisión del Tesoro mantiene sin cambios la situación jurídica de las acciones que respaldan específicamente el bono PDVSA 2020, mientras continúan otros procesos judiciales relacionados con la compañía.

Con la expedición de la Licencia General 5Y, la OFAC vuelve a aplazar la fecha prevista para la autorización de operaciones relacionadas con este bono y mantiene vigente el esquema de protección temporal sobre las acciones de Citgo. La licencia aclara, además, que no autoriza ninguna otra transacción o actividad que permanezca prohibida por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela u otras disposiciones aplicables.

ALERTA LEGAL

Estados mayoritariamente demócratas llevan a tribunales los nuevos aranceles de Trump

Una coalición de 25 estados presentó este lunes una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para frenar los aranceles de entre 10% y 12,5% aplicados a las importaciones procedentes de 59 países y la Unión Europea. La acción fue interpuesta ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York, y está encabezada por fiscales generales demócratas, entre ellos Letitia James, de Nueva York, y Dan Rayfield, de Oregon. Los demandantes sostienen que el Gobierno excedió la autoridad que le otorgó el Congreso para modificar los impuestos a las importaciones.

Los gravámenes entraron en vigor el 24 de julio y afectan a economías que, en conjunto, suministran más de 99% de las importaciones estadounidenses. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos argumentó que los países investigados no habían establecido o aplicado efectivamente prohibiciones contra el ingreso de mercancías producidas con trabajo forzoso.

La administración dividió las economías en dos grupos y les asignó tarifas de 10% o 12,5%, dependiendo del alcance de las medidas adoptadas para controlar este tipo de productos.

Los estados consideran que el trabajo forzoso fue utilizado como justificación para reconstruir el esquema arancelario global que Trump había intentado implementar mediante otras facultades legales. Según la demanda, la administración no demostró de manera suficiente cómo las políticas de cada una de las 60 economías perjudican directamente al comercio estadounidense ni explicó por qué un arancel general sobre una amplia variedad de bienes permitiría corregir las prácticas identificadas. También cuestionan que las investigaciones hayan producido tarifas prácticamente uniformes para países con sistemas legales, niveles de cumplimiento y relaciones comerciales muy diferentes.

La nueva disputa es el tercer gran capítulo de la batalla judicial por la política arancelaria del segundo mandato de Trump. En febrero, la Corte Suprema determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no autorizaba al presidente a imponer aranceles de manera unilateral y ordenó avanzar en la devolución de los pagos realizados por importadores. La administración respondió con un arancel mundial temporal de 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, pero el Tribunal de Comercio Internacional también declaró ilegal esa medida en mayo. Aunque el Gobierno apeló, los gravámenes temporales expiraron a la medianoche del 24 de julio.

Antes de esa fecha, la administración había iniciado 60 investigaciones bajo la Sección 301, una norma más utilizada y jurídicamente más consolidada que las invocadas en los intentos anteriores. El proceso comenzó el 12 de marzo e incluyó consultas con más de 45 gobiernos, dos etapas de audiencias y miles de comentarios públicos. La Oficina del Representante Comercial concluyó el 2 de junio que la falta de prohibiciones efectivas contra las importaciones producidas con trabajo forzoso era una práctica irrazonable que afectaba al comercio estadounidense y anunció la medida definitiva el 23 de julio.

La Casa Blanca defendió que la Sección 301 autoriza a Estados Unidos a responder a prácticas extranjeras injustas o discriminatorias y afirmó que los nuevos aranceles protegerán a los trabajadores estadounidenses. La disputa será más compleja que los casos anteriores porque esta disposición ha sido utilizada por distintas administraciones y sirvió de fundamento para los aranceles aplicados a China durante el primer mandato de Trump. No obstante, los demandantes sostienen que nunca se había empleado para establecer gravámenes casi globales contra países acusados de no controlar adecuadamente los bienes producidos con trabajo forzoso en terceros mercados.

·       ¿Qué puede pasar?

El Tribunal de Comercio Internacional puede adoptar tres caminos principales. Primero, puede rechazar la demanda y mantener los aranceles al concluir que la Sección 301 concede suficiente discrecionalidad a la Oficina del Representante Comercial para responder a prácticas que afectan al comercio estadounidense. Esta posibilidad no es menor, porque la norma autoriza expresamente la imposición de aranceles y ha sobrevivido a impugnaciones relacionadas con las medidas contra China.

Segundo, el tribunal puede concluir que la administración tenía autoridad general para actuar, pero que incumplió requisitos de procedimiento o sustentación. En ese escenario podría devolver la decisión a la Oficina del Representante Comercial para que amplíe las investigaciones, explique la relación entre las prácticas de cada país y el daño al comercio estadounidense, o justifique de forma más precisa las tasas aplicadas. También podría mantener temporalmente los aranceles mientras la agencia corrige las deficiencias.

Tercero, el tribunal podría declarar ilegal la medida y suspender total o parcialmente su aplicación. Dependiendo del alcance de la decisión, los importadores afectados podrían reclamar la devolución de los aranceles pagados. Sin embargo, una decisión favorable a los estados probablemente sería apelada inmediatamente por la administración, por lo que la controversia podría continuar durante varios meses y llegar nuevamente a la Corte Suprema.

·       ¿Qué sigue?

La presentación de la demanda no elimina ni suspende automáticamente los aranceles. Las tarifas continúan cobrándose mientras el tribunal estudia el caso, salvo que los demandantes soliciten y obtengan una medida cautelar que detenga su aplicación durante el proceso.

La administración deberá responder formalmente a las acusaciones y entregar el expediente administrativo utilizado por la Oficina del Representante Comercial para justificar las investigaciones y las tasas. Los estados intentarán demostrar que la agencia actuó de manera arbitraria, excedió la autoridad delegada por el Congreso o no estableció una relación razonable entre las prácticas cuestionadas y los aranceles seleccionados.

El caso podría avanzar de manera coordinada con las dos demandas presentadas anteriormente por pequeñas empresas estadounidenses contra los mismos gravámenes. Estos procesos cuestionan que la administración no haya probado adecuadamente su caso frente a cada economía y que no haya explicado cómo las tarifas permitirían eliminar las prácticas relacionadas con el trabajo forzoso.

·       ¿Cuáles son los antecedentes de la demanda?

El primer antecedente fue la impugnación de los aranceles globales aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La Corte Suprema falló el 20 de febrero de 2026 que esa ley no otorgaba al presidente facultades para imponer aranceles, lo que obligó a la administración a organizar la devolución de los pagos realizados por los importadores.

Después se recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer temporalmente un arancel mundial de 10%, argumentando la existencia de desequilibrios en las cuentas externas de Estados Unidos. Un grupo de estados volvió a demandar y el Tribunal de Comercio Internacional declaró ilegal la medida en mayo, al considerar que el Gobierno no había demostrado el problema de balanza de pagos exigido por la norma.

La administración inició entonces investigaciones bajo la Sección 301 y vinculó los nuevos aranceles con la falta de controles internacionales sobre mercancías producidas mediante trabajo forzoso. Los estados participaron en el proceso administrativo y, antes de la adopción de la medida, advirtieron que las investigaciones habían sido aceleradas, que las tasas replicaban el esquema anterior y que no existía una explicación suficiente sobre su eficacia.

·       ¿Ante quién se presentó y qué implica?

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, una corte federal especializada que posee jurisdicción nacional sobre controversias relacionadas con aduanas, importaciones, aranceles y legislación comercial. Aunque su sede se encuentra en Nueva York, sus decisiones pueden tener efectos sobre operaciones de comercio exterior realizadas en todo el país.

Que el caso se tramite ante este tribunal implica que será analizado por jueces especializados en comercio internacional y no por un tribunal federal ordinario. La discusión se concentrará en el alcance de la Sección 301, los procedimientos seguidos por la Oficina del Representante Comercial y la facultad del Ejecutivo para utilizar esa norma en una medida que cubre prácticamente todas las importaciones estadounidenses.

La decisión final puede ser apelada ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal y, posteriormente, las partes podrían solicitar la revisión de la Corte Suprema. Esto significa que, incluso si el Tribunal de Comercio Internacional falla rápidamente, la definición definitiva sobre la legalidad de los aranceles puede requerir varias etapas judiciales.

DIPLOMACIA

Estados Unidos respalda el diálogo venezolano para avanzar hacia elecciones

Estados Unidos expresó este lunes su respaldo al inicio de conversaciones entre el Gobierno interino de Venezuela y sectores de la oposición, al considerar que el proceso puede contribuir al plan de transición de tres fases promovido por Washington. El Departamento de Estado señaló que el diálogo representa un avance hacia la estabilización institucional, la recuperación económica, la reconciliación política y la celebración de elecciones democráticas.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, destacó las declaraciones de la Asamblea Nacional encabezada por Dinorah Figuera y del Gobierno interino. Según Washington, la participación de actores venezolanos en la construcción de acuerdos internos será fundamental para atender la emergencia humanitaria y establecer las condiciones políticas necesarias para la siguiente etapa de la transición.

El primer contacto se produjo el sábado mediante una llamada entre Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria interina Delcy Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera. Durante la conversación, ambas partes acordaron abordar la transición democrática y coordinar acciones para atender a las víctimas de los terremotos registrados el 24 de junio.

Estados Unidos también respaldó las iniciativas lideradas desde Venezuela para responder a las consecuencias de los sismos, que dejaron más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda. Washington planteó que la atención de la emergencia puede servir como punto de partida para ampliar el diálogo político y avanzar hacia acuerdos sobre la transición y el calendario electoral.

POLÍTICA

Senadores republicanos respaldarán la nominación de Todd Blanche tras eliminar fondo impulsado por el gobierno

Dos senadores republicanos que mantenían bloqueada la nominación de Todd Blanche como fiscal general anunciaron este lunes que votarán a favor de su candidatura, después de que el actual fiscal general interino revocara formalmente el fondo de US$1.800 millones impulsado por el presidente Donald Trump para compensar a personas que consideraran haber sido objeto de procesos judiciales injustos.

La decisión puso fin al desacuerdo con los senadores Thom Tillis, de Carolina del Norte, y John Cornyn, de Texas, ambos integrantes del Comité Judicial del Senado. Los legisladores habían condicionado su respaldo a que el Departamento de Justicia dejara por escrito la eliminación del denominado fondo contra la "instrumentalización de la justicia", que había sido creado como parte del acuerdo para resolver una demanda presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS).

En un mensaje publicado en la red social X, Blanche señaló que durante las últimas semanas sostuvo conversaciones "de buena fe" con miembros del comité y senadores para atender sus inquietudes. Como resultado, emitió una orden en la que dejó sin efecto la disposición del 18 de mayo de 2026 que había creado el fondo, estableciendo que esta "queda rescindida y no tendrá fuerza ni efecto".

Además de eliminar el fondo, la orden aclaró el alcance de otra disposición del acuerdo con el IRS relacionada con las auditorías fiscales al presidente y a integrantes de su familia. El documento establece que esa protección aplica únicamente de manera retroactiva y exclusivamente a las personas mencionadas en la demanda original, una precisión que había sido solicitada por Cornyn y respaldada por otros legisladores republicanos.

Tras conocerse la decisión, Tillis y Cornyn afirmaron en un comunicado conjunto que estaban "complacidos" con la orden emitida por Blanche y manifestaron que esperan votar próximamente para que su nominación avance en el Comité Judicial del Senado. La votación está prevista para este martes, lo que permitiría que el pleno del Senado estudie su confirmación antes del receso legislativo de cinco semanas.

La nominación de Blanche atravesó varios días de incertidumbre debido a la oposición de ambos senadores. La semana pasada, Trump llegó a advertir que retiraría temporalmente la nominación y la presentaría nuevamente una vez Tillis y Cornyn dejaran sus cargos en el Senado. Posteriormente, Blanche sostuvo una reunión privada con ambos legisladores, en la que comenzaron a acercar posiciones.

Pese a la decisión de Blanche, Trump continuó defendiendo públicamente el fondo durante el fin de semana y aseguró que, si el Senado no confirmaba a su candidato, impulsaría la iniciativa mediante una ley. El presidente sostuvo que el fondo buscaba compensar a sus simpatizantes y aliados por el perjuicio que, según afirmó, sufrieron como consecuencia de procesos judiciales promovidos por el gobierno federal.

POLÍTICA

Presidente Trump crea comisión para fortalecer el apoyo a los cónyuges de militares

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear la Comisión Presidencial para los Cónyuges de Militares, un órgano asesor que tendrá como objetivo formular recomendaciones para mejorar la calidad de vida de las familias de los integrantes de las Fuerzas Armadas. La administración señaló que el bienestar de los cónyuges de militares es un factor que influye en la preparación, la permanencia y el desempeño del personal en servicio.

La orden sostiene que los frecuentes traslados, las largas ausencias por despliegues y las limitaciones para acceder a empleo, vivienda, educación y servicios representan algunos de los principales desafíos para las familias militares. El documento también destaca las medidas adoptadas durante el primer mandato de Trump para ampliar las oportunidades laborales de los cónyuges de militares, facilitar el reconocimiento de licencias profesionales entre estados y promover modalidades de trabajo remoto y flexible.

La nueva comisión estará presidida por el cónyuge del secretario de Guerra e incluirá, entre sus integrantes, a los cónyuges de altos funcionarios civiles y mandos militares, además de otras personas que puedan ser invitadas a participar. El director ejecutivo será designado por el presidente y la comisión podrá crear subcomités para apoyar el desarrollo de sus funciones.

Entre sus responsabilidades estarán identificar las principales preocupaciones de los cónyuges de militares, elaborar propuestas sobre vivienda, empleo, salud, educación y apoyo durante los despliegues, así como presentar al presidente un informe anual con recomendaciones de política pública. Las entidades del gobierno federal deberán proporcionar la información y el apoyo necesarios para el funcionamiento de la comisión, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

La orden establece que la comisión funcionará inicialmente durante dos años, salvo que el presidente decida extender su vigencia. Asimismo, aclara que sus integrantes no recibirán remuneración por su participación, aunque podrán acceder al reembolso de gastos de viaje conforme a la legislación aplicable.

ECONOMÍA

Fed mantiene expectativa de menor inflación, pero Williams no descarta nuevas alzas de tasas

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó que mantiene una perspectiva favorable sobre la evolución de la inflación en Estados Unidos y considera que las presiones sobre los precios deberían moderarse gradualmente durante los próximos meses. No obstante, advirtió que, si ese escenario no se materializa, la Reserva Federal estará dispuesta a elevar nuevamente las tasas de interés para garantizar el retorno de la inflación a su meta del 2%.

En una entrevista con Reuters, Williams señaló que, si los precios de la energía y los aranceles comerciales ya alcanzaron su punto máximo y la economía continúa mostrando fortaleza, varios de los factores que impulsaron la inflación en el último año y medio perderán intensidad. "Creo que algunos de los grandes factores que impulsaron la inflación ya no tendrán un papel tan importante y que las fuerzas desinflacionarias que hemos venido observando volverán a hacerse presentes", afirmó.

El funcionario explicó que seguirá de cerca la evolución de la inflación subyacente durante los próximos meses para evaluar si avanza de forma consistente hacia el objetivo del banco central. "Mi previsión personal es que la inflación disminuirá en la segunda mitad de este año y seguirá bajando el próximo año", señaló, al reiterar que espera que el objetivo del 2% pueda alcanzarse de manera sostenida hacia 2028.

Williams también defendió la decisión adoptada la semana pasada por el Comité Federal de Mercado Abierto (Federal Open Market Committee, FOMC) de mantener la tasa de interés entre 3,50% y 3,75%. A su juicio, la postura actual de la política monetaria está "bien posicionada" para reducir la inflación, aunque dejó claro que la Reserva Federal actuará si los datos muestran que el proceso de desinflación pierde fuerza.

"Si la economía no está en una trayectoria que permita reducir la inflación al 2%, sería absolutamente apropiado actuar para llevarla nuevamente hacia ese objetivo", afirmó. Actualmente, la inflación anual medida por el indicador preferido de la Reserva Federal se ubica en 3,7%, mientras persisten presiones derivadas del conflicto en Oriente Medio, los aranceles impulsados por la administración del presidente Donald Trump y la fuerte inversión empresarial en inteligencia artificial.

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York reconoció que existe una elevada incertidumbre sobre las perspectivas económicas, especialmente por la evolución del conflicto en Oriente Medio y su efecto sobre los precios de la energía. Sin embargo, indicó que, si la situación se estabiliza y el tránsito marítimo se normaliza, las presiones inflacionarias asociadas a ese conflicto podrían disiparse con rapidez. "No anticipo, con base en mi escenario principal, que vayamos a ver un impulso inflacionario persistente en la segunda mitad del año o el próximo como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, aunque eso podría cambiar dependiendo de las circunstancias", afirmó.

Williams también restó importancia a la reciente volatilidad en el sector de la inteligencia artificial y consideró que forma parte del comportamiento habitual de industrias altamente innovadoras. Además, aseguró que la Reserva Federal no ajustará su política monetaria únicamente en función de las expectativas de los mercados financieros. "Siempre tenemos que hacer nuestro propio análisis, evaluar todos los factores que influyen en la economía y en las perspectivas", concluyó.

ECONOMÍA

Reorganización del Departamento de Agricultura genera preocupación por el futuro de programas clave

El plan de la administración del presidente Donald Trump para trasladar a miles de empleados del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA) fuera de Washington ha despertado preocupación entre funcionarios y sindicatos, que advierten sobre posibles afectaciones a programas de investigación, comercio y asistencia alimentaria. La reestructuración contempla el traslado de más de la mitad de los 4.600 empleados del área de Washington hacia oficinas regionales, mientras que el resto de la plantilla de la entidad ya trabaja en otras partes del país.

La administración sostiene que la reorganización permitirá acercar los servicios del USDA a agricultores y ganaderos. Sin embargo, según entrevistas realizadas por Reuters y encuestas sindicales, la mayoría de los empleados afectados no tiene previsto mudarse, lo que podría traducirse en una pérdida significativa de personal. Esta situación se suma a la salida de más de 15.000 trabajadores del Departamento de Agricultura durante el proceso de reorganización del gobierno federal impulsado el año pasado.

Entre las dependencias afectadas se encuentran el Servicio Agrícola Exterior (Foreign Agricultural Service, FAS), el Servicio de Investigación Agrícola (Agricultural Research Service, ARS), el Servicio Forestal y la Administración de Alimentos y Nutrición (Food and Nutrition Service, FNS). Empleados de estas oficinas comenzaron a recibir notificaciones de traslado durante las últimas semanas, incluidas algunas emitidas a mediados de julio.

Representantes sindicales señalaron que factores como el cuidado de hijos, la atención de familiares mayores y los empleos de los cónyuges dificultan que muchos trabajadores acepten el traslado. Además, manifestaron su inconformidad por la falta de información sobre los criterios utilizados para definir qué cargos serían reubicados, lo que, según afirmaron, ha incrementado la incertidumbre entre el personal. Una encuesta del sindicato que representa a empleados del FAS encontró que solo el 3,8% aceptaría trasladarse a Kansas City, mientras que más del 71% preferiría abandonar la entidad si su puesto fuera reubicado.

La reorganización también podría afectar el funcionamiento de programas de asistencia alimentaria y proyectos de investigación agrícola, según empleados y organizaciones sindicales. A comienzos de julio, varios sindicatos presentaron una demanda para intentar frenar el proceso, al considerar que la salida masiva de personal podría comprometer la capacidad operativa del USDA. Además, la senadora Amy Klobuchar y otros 19 senadores expresaron su preocupación por el impacto de la medida sobre la Agencia de Desarrollo Rural y recordaron que una reubicación similar durante el primer mandato de Trump provocó una importante reducción permanente de personal.

ECONOMÍA

Actividad manufacturera de Estados Unidos alcanza su nivel más alto en más de cuatro años

La actividad manufacturera de Estados Unidos registró en julio su mayor nivel en más de cuatro años, impulsada por un sólido crecimiento de los nuevos pedidos y una recuperación del empleo en las fábricas. El Instituto de Gestión de Suministros (Institute for Supply Management, ISM) informó que su índice de gerentes de compras del sector manufacturero aumentó de 53,3 en junio a 55,6 en julio, el nivel más alto desde mayo de 2022 y por encima de las expectativas del mercado.

El indicador se ha mantenido durante todo el año por encima del umbral de 50 puntos, que señala expansión de la actividad. El desempeño del sector ha estado respaldado por empresas que adelantaron pedidos para evitar mayores costos y posibles interrupciones derivadas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como por el crecimiento de las inversiones en inteligencia artificial, que ha impulsado la producción vinculada al sector tecnológico.

El fortalecimiento de la demanda también se reflejó en el aumento de los nuevos pedidos, cuyo índice pasó de 56,0 a 56,7 puntos, mientras que las órdenes de exportación crecieron y el volumen de trabajo pendiente se incrementó. El mayor dinamismo de la actividad también impulsó el empleo manufacturero, cuyo indicador volvió a terreno de expansión al subir de 49,7 a 52,8 puntos, su nivel más alto desde agosto de 2022.

No obstante, el informe señala que la fortaleza de la demanda continúa enfrentándose a restricciones en las cadenas de suministro. El índice de entregas de proveedores aumentó de 57,4 a 58,9 puntos, reflejando mayores tiempos de entrega, mientras que el indicador de precios pagados por los insumos descendió de 73,0 a 71,1 puntos, aunque permaneció en niveles elevados debido a las presiones sobre los costos.

El desempeño del sector se produce en un entorno en el que los inventarios empresariales han disminuido durante cinco trimestres consecutivos y la producción industrial aceleró su crecimiento en el segundo trimestre, según datos de la Reserva Federal. Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio continúa generando riesgos para la inflación, un factor que llevó a la Reserva Federal a mantener la semana pasada su tasa de interés entre 3,50% y 3,75%, mientras algunos de sus integrantes respaldaban un nuevo incremento.

SEGURIDAD

Irán descarta contactos con Washington y condiciona cualquier diálogo al desarrollo de la situación

Irán afirmó este lunes que no mantiene negociaciones con Estados Unidos, pese a que el presidente Donald Trump aseguró horas antes que las conversaciones con Teherán se reanudarían durante la jornada. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, sostuvo que actualmente no existe un proceso de diálogo en marcha y señaló que cualquier decisión sobre la relación con Washington dependerá de la evolución de los acontecimientos.

Las declaraciones se produjeron después de que Trump afirmara que había cancelado un "ataque masivo" contra Irán y manifestara su expectativa de retomar las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre ambos países. Sin embargo, Bagaei insistió en que, por el momento, no hay negociaciones en curso y evitó anticipar posibles escenarios, al señalar que la posición iraní será definida conforme cambie el contexto.

El portavoz confirmó, no obstante, que Irán mantiene conversaciones bilaterales con Omán para buscar un acuerdo que permita establecer una vía que garantice el tránsito seguro de la navegación por el estrecho de Ormuz. Según explicó, se trata de un asunto que compete directamente a ambos países como Estados ribereños, aunque reconoció que otros actores podrían desempeñar un papel constructivo o perjudicial en ese proceso.

Bagaei añadió que alcanzar un acuerdo sobre una ruta segura constituye una condición necesaria para avanzar hacia la reapertura del estrecho, aunque precisó que, por sí sola, no será suficiente. Además, sostuvo que no prevé cambios significativos mientras persistan, según la posición de Teherán, la hostilidad de Estados Unidos, el bloqueo marítimo contra Irán, las acciones militares estadounidenses y los desacuerdos entre ambos gobiernos.

En paralelo, el ministro interino de Defensa de Irán, Mayid Ibn al-Reza, reiteró la propuesta de crear un mecanismo regional de seguridad integrado por países como Irán, Turquía, Pakistán, Arabia Saudí y Egipto. Durante una conversación con el ministro de Defensa de Turquía, Yaşar Güler, afirmó que la seguridad de Oriente Medio debe ser garantizada por los propios países de la región y sostuvo que la presencia de fuerzas extrarregionales incrementa la desconfianza y la inseguridad.

Tras las declaraciones del Gobierno iraní, Trump respondió a través de su red social, donde acusó a los líderes de Irán de actuar con "duplicidad". El mandatario sostuvo que Teherán ha solicitado reuniones y que las conversaciones continúan programadas, pese a las declaraciones públicas en sentido contrario. Además, afirmó que el estrecho de Ormuz permanece bajo control de la Armada de Estados Unidos y reiteró que "nada llegará a Irán" sin autorización de Washington hasta que se alcance un acuerdo o una "rendición total". Trump también reiteró que Estados Unidos continuará buscando una solución al conflicto y aseguró que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".

SEGURIDAD

Trump ofrece a Irán una vía final de negociación antes de ampliar los ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las nuevas conversaciones entre Washington y Teherán constituyen una vía de negociación para que Irán alcance un acuerdo y evite una ampliación de los ataques estadounidenses. Desde la Oficina Oval, señaló que las negociaciones podrían comenzar en uno o dos días y que estarían orientadas inicialmente a reabrir el estrecho de Ormuz, antes de abordar las preocupaciones de Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní.

Trump explicó que la primera fase de un eventual entendimiento sería garantizar nuevamente la navegación por el estrecho, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo, mientras que una segunda etapa buscaría la desnuclearización de Irán. El mandatario sostuvo que este último proceso requeriría más tiempo, pero reiteró que su Gobierno espera que Teherán acepte un documento que responda a las exigencias estadounidenses.

El presidente aseguró que suspendió una operación militar de gran escala prevista para el domingo, que describió como “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”, después de recibir solicitudes de moderación de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Según Trump, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman tuvo un papel especialmente importante al advertir sobre los efectos económicos y de seguridad que podría provocar una nueva escalada en el Golfo.

Las tensiones aumentaron después de que Irán afirmara que sus reuniones con Omán se limitaban a establecer una ruta temporal para la navegación segura por el estrecho de Ormuz. Trump calificó esa posición como engañosa y aseguró que, aunque Teherán no quiera reconocerlo públicamente, las conversaciones también incluyen la prevención del desarrollo de armas nucleares y la posibilidad de evitar nuevos ataques estadounidenses.

Críticos de la administración señalaron que la decisión de aplazar las operaciones refleja un patrón en el que Trump amenaza con acciones militares de gran alcance y posteriormente concede más tiempo a la diplomacia. Durante los últimos meses, el mandatario suspendió ataques contra infraestructura iraní en varias ocasiones después de anunciar avances en las negociaciones, mientras legisladores demócratas cuestionan la estrategia y sostienen que el poder militar estadounidense por sí solo podría no ser suficiente para obligar a Irán a ceder.

La evolución del conflicto también está generando presión política interna antes de las elecciones legislativas de noviembre. Una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC encontró que cerca de dos tercios de los adultos estadounidenses consideran que la guerra con Irán no ha valido la pena, mientras dirigentes republicanos han advertido que una nueva escalada podría elevar los precios de la energía y aumentar la inflación. El senador John Kennedy planteó que, por el momento, sería preferible mantener la presión mediante sanciones y ataques dirigidos al programa nuclear iraní.

SALUD

Michigan confirma las primeras muertes asociadas al brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias de Michigan confirmaron este lunes las dos primeras muertes asociadas al brote de ciclosporiasis que afecta a varios estados de Estados Unidos. Según el Departamento de Salud de Michigan, ambas personas presentaban enfermedades preexistentes importantes que pudieron agravarse por la infección y la deshidratación derivada de esta enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora.

El brote, considerado el más grande registrado en el país para esta enfermedad, continúa bajo investigación. La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) ha vinculado los contagios con lechuga iceberg procedente de operaciones de Taylor Farms en el centro de México, aunque las autoridades indicaron que siguen evaluando otras posibles fuentes de contaminación.

Michigan reportó 11.234 casos relacionados con el brote, 461 más que en la actualización anterior, además de 193 hospitalizaciones. El condado de Wayne concentra el mayor número de contagios, con 1.379 casos, mientras que las personas entre 30 y 39 años representan el grupo etario con más infecciones notificadas.

A nivel nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) informaron que, hasta el 28 de julio, se habían confirmado por laboratorio 6.707 casos de ciclosporiasis, mientras más de 11.500 contagios adicionales permanecían bajo investigación o pendientes de confirmación. La entidad explicó que sus estadísticas solo incluyen casos confirmados, por lo que algunos estados reportan cifras más elevadas al incorporar infecciones probables.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services, HHS) señaló que está al tanto de los fallecimientos registrados en Michigan. Especialistas en seguridad alimentaria afirmaron que este hecho refuerza la importancia de identificar el origen del brote para evitar nuevos contagios, mientras algunos consumidores han reducido la compra de lechuga y las visitas a ciertos restaurantes debido a la incertidumbre generada por la propagación de la enfermedad.