La Casa Blanca ha otorgado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) una base legal para llevar a cabo acción encubierta en Venezuela mediante un presidential finding. Este paso se produce en un contexto de mayor presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y de operaciones recientes contra embarcaciones sospechosas en el Caribe. Es importante subrayar que esta autorización establece la capacidad legal, pero no constituye una orden operativa ni un anuncio de intervención inminente.

En palabras exactas del reporte citado, la administración “authorized the C.I.A. to conduct covert action in Venezuela”. Además, “the new authority would allow the C.I.A. to carry out lethal operations in Venezuela and conduct a range of operations in the Caribbean”, y “the agency would be able to take covert action against Mr. Maduro or his government either unilaterally or in conjunction with a larger military operation”. Asimismo, se precisa que “it is not known whether the C.I.A. is planning any operations in Venezuela or if the authorities are meant as a contingency”. Estas frases describen con precisión qué se otorgó (la facultad legal para acciones encubiertas, potencialmente letales) y qué no se ha decidido (si habrá operaciones y, de haberlas, cuándo o en qué escala).

Desde el punto de vista jurídico, el presidential finding se ampara en el Título 50 del Código de Estados Unidos y habilitas acciones destinadas a influir en condiciones en el extranjero sin que sea evidente la participación del Gobierno de EE. UU. Esta figura requiere notificación reservada al Congreso, pero su contenido y alcance operativo permanecen clasificados. En paralelo, el Departamento de Defensa ha venido elaborando opciones para consideración presidencial —incluyendo posibles acciones selectivas—; sin embargo, no existe una orden pública para operaciones militares dentro de Venezuela ni una declaración de que dichas opciones vayan a ejecutarse.

En términos de implicaciones, la autorización encubierta representa una escalada cualitativa: traslada parte de la presión del terreno diplomático al operativo y abre margen para acciones que, por su naturaleza, suelen mantenerse fuera del escrutinio público. Esto puede incrementar la sensibilidad geopolítica en el Caribe y generar efectos indirectos en logística y seguros marítimos, así como en cumplimiento para empresas con exposición —directa o indirecta— a Venezuela (reforzando la necesidad de screening y diligencia debida frente a sanciones y contrapartes). Al mismo tiempo, es previsible un mayor llamado a supervisión por parte del Congreso sobre el fundamento legal, los límites (guardrails) y los mecanismos de reporte de cualquier paso adicional.

En el plano político interno, se han escuchado voces que respaldan una estrategia firme contra carteles y tráfico, pero que advierten sobre los riesgos de una escalada sin transparencia suficiente. La senadora Jeanne Shaheen, por ejemplo, señaló que, si bien apoya perseguir a carteles y traficantes, “the authorization of covert C.I.A. action, conducting lethal strikes on boats and hinting at land operations in Venezuela slides the United States closer to outright conflict with no transparency, oversight or apparent guardrails”, y sostuvo que “the American people deserve to know if the Administration is leading the U.S. into another conflict, putting servicemembers at risk or pursuing a regime-change operation”. Estas preocupaciones anticipan solicitudes de información clasificada y un escrutinio más intenso sobre cualquier decisión que supere el plano habilitante.

En síntesis, hoy existe la base legal para que la CIA lleve a cabo acción encubierta en y alrededor de Venezuela; no existe una orden operativa anunciada ni se ha comunicado que la Administración tenga decidido intervenir. El escenario permanece en fase de habilitación y evaluación, con potenciales impactos políticos y operativos que conviene monitorear de cerca.

CONGRESISTA ESTADOUNIDENSE AGRADECE A PETRO POR LA LIBERACIÓN DEL COLOMBO-ISRAELÍ ELKANA BOHBOT

Adriano Espaillat es representante demócrata por el distrito 13 de Nueva York (Harlem, norte de Manhattan y noroeste del Bronx) desde 2017 y, desde 2025, preside el Congressional Hispanic Caucus. Es el primer estadounidense de origen dominicano en llegar a la Cámara de Representantes y ha sido una de las voces más activas en temas hemisféricos y de comunidades latinas en EE. UU. 

El agradecimiento se produjo durante un evento en la residencia del embajador de Colombia en Washington, D. C., realizado en el marco del Mes de la Herencia Hispana, con la presencia de varios legisladores demócratas. Allí, Espaillat reconoció públicamente la labor del Gobierno del presidente Gustavo Petro y del embajador Daniel García-Peña en el proceso que culminó en la liberación del colombo-israelí Elkana Bohbot. 

Sobre qué dijo exactamente, el congresista expresó que las autoridades colombianas “jugaron un papel fundamental para facilitar las comunicaciones” entre Bohbot y su familia durante el cautiverio, y cerró con un mensaje directo: estaba “feliz” por la liberación “y gracias por sus esfuerzos”. También subrayó que la nacionalización colombiana de Bohbot permitió a Colombia actuar y acompañar a su esposa, Rebeca González, y a su hijo en las gestiones. 

Cómo se encadena esto con su trayectoria: no es un gesto aislado. Antes de la liberación, Espaillat había impulsado gestiones en el Latino-Jewish Caucus, incluyendo comunicaciones formales con la Embajada de Colombia y llamados a los gobiernos de Colombia y Argentina para movilizar recursos diplomáticos por los rehenes en Gaza, entre ellos Bohbot. 

Contexto esencial: Bohbot —israelí, casado con una colombiana y naturalizado colombiano— estuvo secuestrado en Gaza desde 2023. Su liberación se conoció a inicios de esta semana y, tras ella, el presidente Petro reiteró la invitación a que la familia se radique en Colombia. Diversos medios colombianos han recordado que la nacionalidad (otorgada en 2023) buscó dar a Bogotá más herramientas consulares y diplomáticas para interceder por él.

Lectura diplomática, breve y neutral: el reconocimiento de un líder del Caucus Hispano suma un gesto político a la relación bilateral, valida el uso de canales consulares y diplomáticos en casos humanitarios y destaca la utilidad práctica de la nacionalización como instrumento de protección. Para el ecosistema empresarial y asociativo, es una señal de cooperación institucional sostenida entre Washington y Bogotá en temas sensibles de agenda exterior.

SENADO DE EE. UU. FRACASA POR OCTAVA VEZ EN APROBAR LEY PARA REABRIR EL GOBIERNO

El Senado de Estados Unidos volvió a fracasar en su intento de poner fin al cierre parcial del Gobierno federal, que ya cumple dos semanas. En su octavo intento consecutivo, la cámara alta registró 49 votos a favor y 45 en contra, sin alcanzar los 60 necesarios para aprobar una resolución temporal de financiación. La propuesta, impulsada por los republicanos y aprobada previamente en la Cámara de Representantes, buscaba extender los fondos hasta el 21 de noviembre.

Los demócratas bloquearon el proyecto al considerar insuficiente la falta de garantías sobre la continuidad de los subsidios del programa Obamacare y la financiación de la seguridad sanitaria, cuyos recursos expiran este año. En contraste, los republicanos sostienen que vincular la reapertura del Gobierno con estos programas es “inaceptable” y aseguran, sin pruebas, que los beneficios podrían favorecer a migrantes indocumentados. Seis senadores no participaron en la votación, entre ellos John Fetterman, uno de los pocos demócratas que habían apoyado medidas similares.

El fracaso de la moción implica que el cierre continuará al menos un día más, mientras las agencias federales acumulan retrasos y suspensiones de servicios. Desde el inicio del cierre, más de 4.100 funcionarios han sido despedidos o suspendidos temporalmente, afectando entidades como el Departamento de Justicia y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Los analistas advierten que, de no alcanzarse un acuerdo esta semana, el impacto económico comenzará a sentirse con fuerza en la administración pública y los contratistas privados.

El presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre el Congreso, prometiendo revelar el viernes una lista de programas federales que planea eliminar de forma permanente. La Casa Blanca considera que el estancamiento legislativo refleja la “resistencia burocrática” a su plan de austeridad y acusa a los demócratas de bloquear deliberadamente la reapertura para forzar concesiones políticas. La oposición, por su parte, culpa al Ejecutivo por negarse a negociar un paquete integral de gasto social.

Líderes republicanos en el Senado han advertido que el actual cierre podría convertirse en el más largo de la historia si no se alcanzan acuerdos en los próximos días. El prolongado impasse, sumado a la incertidumbre política en torno al presupuesto, ha elevado la tensión entre ambas cámaras y amenaza con afectar la confianza del consumidor y los mercados financieros, que ya reflejan nerviosismo ante la parálisis fiscal más grave del segundo mandato de Trump.

JUEZA FEDERAL BLOQUEA PLAN DE TRUMP PARA DESPEDIR A MILES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DURANTE EL CIERRE DE GOBIERNO

Una jueza federal en California ordenó a la administración del presidente Donald Trump suspender los despidos masivos de empleados públicos mientras estudia las demandas presentadas por dos sindicatos que alegan que los recortes son ilegales. La decisión, emitida por la jueza Susan Illston del Tribunal del Distrito Norte de California, congela las cesantías en más de 30 agencias federales en medio del cierre parcial del Gobierno, que ya completa 15 días. La medida ofrece un respiro temporal a miles de funcionarios que habían sido notificados de su despido.

Según documentos judiciales, el Ejecutivo había iniciado un proceso de despido de al menos 4.100 trabajadores en ocho agencias, en línea con la política de reducción del tamaño del Gobierno impulsada por Trump. El propio mandatario extendió esta semana la congelación de nuevas contrataciones mediante una orden ejecutiva, exceptuando únicamente a personal militar y a cargos políticos de libre nombramiento. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario, aunque el director de Presupuesto, Russell Vought, afirmó en una entrevista que hasta 10.000 funcionarios podrían perder sus empleos si el cierre continúa.

Durante la audiencia en San Francisco, la jueza Illston cuestionó duramente la legalidad de los despidos y señaló que las declaraciones públicas del presidente y de sus asesores evidencian motivaciones políticas, como su intención de recortar lo que denominó “agencias demócratas”. “No se puede gobernar de esa forma en un país de leyes”, dijo la magistrada, designada por el expresidente Bill Clinton. La jueza ordenó además al Gobierno presentar antes del viernes un informe detallado sobre las cesantías “reales o inminentes” y las medidas adoptadas para cumplir con la suspensión.

El grupo Democracy Forward, que representa a los sindicatos, celebró el fallo al considerar que confirma la ilegalidad del plan presidencial. “Nuestros servidores públicos hacen el trabajo del pueblo, y jugar con sus medios de vida es cruel, ilegal y una amenaza para toda la nación”, declaró su directora, Skye Perryman. Por su parte, abogados del Departamento de Justicia argumentaron que las organizaciones sindicales debían acudir primero a una junta laboral federal antes de demandar en los tribunales, postura que la jueza rechazó por considerarla dilatoria e injustificada ante la magnitud del impacto sobre los trabajadores.

Los sindicatos American Federation of Government Employees y American Federation of State, County, and Municipal Employees sostienen que los despidos no constituyen una función esencial y que el cierre del Gobierno no justifica la terminación masiva de empleos. Mientras tanto, las negociaciones presupuestarias permanecen estancadas: aunque los republicanos mantienen mayoría en el Congreso, necesitan al menos siete votos demócratas en el Senado para aprobar una ley de financiación. Los demócratas, que exigen garantías para la extensión de los subsidios de salud, insisten en que no cederán ante lo que consideran “tácticas de presión ilegítimas” de la Casa Blanca.

BESSENT ADVIERTE PÉRDIDAS DE US$15.000 MILLONES DIARIOS POR EL CIERRE DEL GOBIERNO EN EE. UU.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió que el cierre parcial del Gobierno federal, que ya completa dos semanas, está costando a la economía alrededor de US$15.000 millones diarios en pérdida de producción. Durante una conferencia de prensa, Bessent aseguró que el cierre “ya está afectando el músculo de la economía” y pidió a los demócratas “ser héroes” y unirse a los republicanos para aprobar una resolución de financiación que ponga fin al bloqueo político en el Congreso.

El funcionario destacó que, pese al impulso de inversión que vive el país —particularmente en inteligencia artificial y manufactura avanzada—, la parálisis gubernamental se ha convertido en el principal obstáculo para sostener el dinamismo económico. “Existe una demanda reprimida, pero el presidente Trump ha liberado un auge con sus políticas. Lo único que nos frena ahora es este cierre de gobierno”, afirmó Bessent durante un evento paralelo a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.

El secretario defendió que los incentivos fiscales establecidos bajo la reforma tributaria republicana, junto con los aranceles impulsados por la administración Trump, seguirán atrayendo inversión y mantendrán el crecimiento. Comparó la coyuntura actual con “la era del ferrocarril en el siglo XIX” y “el auge tecnológico de los años noventa”, asegurando que Estados Unidos está iniciando un nuevo ciclo de expansión industrial. Sin embargo, advirtió que la incertidumbre derivada del cierre amenaza con frenar ese impulso si no se alcanza un acuerdo político pronto.

Bessent también informó que el déficit fiscal de 2025 se redujo frente al registrado en 2024, aunque no ofreció una cifra exacta. Señaló que el déficit como proporción del PIB podría bajar al rango del 3% en los próximos años, siempre que el país “crezca más y gaste menos”. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó la semana pasada que el déficit cerró en US$1,817 billones, ligeramente por debajo del año anterior, gracias al aumento de los ingresos aduaneros impulsados por los aranceles. Bessent insistió en que el reto fiscal sigue siendo contener el gasto y reabrir cuanto antes el Gobierno para proteger el ritmo de expansión económica.

LA CORTE SUPREMA DE EE. UU. EXAMINA CASO QUE PODRÍA DEBILITAR LA LEY DE DERECHOS ELECTORALES

La Corte Suprema de Estados Unidos inició las audiencias sobre un caso que podría poner en riesgo una de las principales disposiciones de la Ley de Derechos Electorales de 1965, la histórica norma que prohíbe la discriminación racial en el voto. El proceso gira en torno a la composición de los distritos electorales de Luisiana, donde un tribunal inferior determinó que el nuevo mapa, que añadió un segundo distrito de mayoría afroamericana, se basó “en exceso” en criterios raciales y vulneró el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Luisiana cuenta con seis distritos para la Cámara de Representantes, y su población afroamericana —cerca de un tercio del total— suele respaldar a candidatos demócratas. La disputa enfrenta a votantes negros que alegan haber sido perjudicados por el primer mapa, con mayoría blanca, y a votantes blancos que impugnan la versión corregida, afirmando que reduce su influencia política. El fallo podría redefinir los límites entre la representación racial y la neutralidad constitucional en la configuración de distritos.

El caso cobra relevancia nacional porque ofrece a la mayoría conservadora del tribunal (6-3) una oportunidad para restringir el alcance de la Sección 2 de la ley, que prohíbe los mapas electorales que diluyan el poder del voto de las minorías, incluso sin pruebas directas de intención racista. Esta sección se convirtió en el principal escudo contra la discriminación tras el fallo de 2013 en el caso Shelby County vs. Holder, que eliminó el requisito de aprobación federal previa para modificar leyes de voto en estados con antecedentes de racismo.

Un fallo adverso podría permitir a los republicanos reconfigurar hasta 19 distritos de la Cámara, según estimaciones de grupos como Fair Fight Action y Black Voters Matter Fund. La administración de Donald Trump respalda el desafío a la ley por motivos legales distintos, en línea con su posición de limitar la consideración de factores raciales en la política electoral. Analistas advierten que un recorte de la Sección 2 representaría el mayor retroceso en derechos electorales en más de una década.

La Corte Suprema ya había escuchado argumentos sobre este caso en marzo, pero decidió reabrir el proceso para una segunda ronda antes de emitir un fallo, previsto para junio de 2026. Mientras tanto, el país sigue dividido entre quienes ven en la Sección 2 una herramienta esencial para garantizar la representación equitativa de las minorías y quienes la consideran una forma de “ingeniería racial” contraria al principio de igualdad. El veredicto podría redefinir el equilibrio político del Congreso y el alcance mismo del voto en Estados Unidos.

TRUMP ORDENA NUEVAS RESTRICCIONES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA MANTENER LA “EFICIENCIA GUBERNAMENTAL”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva con la que impone estrictos límites a la contratación de personal civil en el Gobierno federal. La medida busca consolidar la reducción de la fuerza laboral iniciada a comienzos de su segundo mandato, bajo la política de “cuatro salidas por cada nueva contratación”. Según la Casa Blanca, el objetivo es “mantener un aparato estatal ágil, eficiente y alineado con las prioridades nacionales en seguridad, inmigración y defensa”.

El decreto establece que ningún cargo civil vacante podrá ser ocupado ni se podrán crear nuevos puestos sin la autorización expresa de los Strategic Hiring Committees que cada agencia deberá conformar en un plazo de 30 días. Estos comités —integrados por altos funcionarios— evaluarán caso por caso si las nuevas contrataciones responden al “interés nacional” y a las prioridades de la administración. Además, cada entidad federal deberá presentar un Plan Anual de Personal y reportes trimestrales al Departamento de Administración de Personal (OPM) y a la Oficina de Presupuesto (OMB) sobre su avance en la reducción de plazas.

Entre las excepciones al congelamiento de contrataciones se encuentran las posiciones vinculadas a seguridad nacional, control migratorio, fuerzas armadas, seguridad pública y altos cargos de libre nombramiento. También quedan exentos los empleos temporales creados bajo autoridad especial del Código Federal. El director de OPM podrá otorgar exenciones adicionales cuando las restricciones interfieran con el cumplimiento de la ley o con funciones críticas del Estado.

La orden instruye además que ninguna agencia podrá recurrir a contratistas externos para eludir los límites de contratación, ni aplicar las medidas de manera que afecten la provisión de beneficios sociales como la Seguridad Social, Medicare o las pensiones de veteranos. En un plazo de 180 días, los directores de la OMB y del OPM deberán presentar un informe conjunto al presidente con recomendaciones sobre la continuidad o modificación de la política.

Con esta nueva directriz, Trump refuerza su agenda de “eficiencia gubernamental” y control del gasto público, en un contexto de cierre parcial del Gobierno y tensiones con el Congreso por la financiación federal. La Casa Blanca argumenta que la racionalización del empleo público permitirá concentrar recursos en áreas estratégicas, mientras críticos advierten que las restricciones podrían afectar la capacidad operativa de agencias civiles y programas sociales, profundizando la politización del aparato estatal.

TRUMP HONRA A CHARLIE KIRK Y ENDURECE SU OFENSIVA CONTRA GRUPOS DE IZQUIERDA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó de forma póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y uno de los líderes más influyentes del movimiento conservador antes de su asesinato el 10 de septiembre en Utah. En la ceremonia realizada en el Jardín de las Rosas, Trump lo describió como “un guerrero intrépido por la libertad” y anunció que cada 14 de octubre será el “Día Nacional de la Remembranza de Charlie Kirk”. El acto contó con la presencia del presidente argentino Javier Milei, altos funcionarios y senadores republicanos.

El homicidio de Kirk, ocurrido mientras participaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah, conmocionó al país y reavivó el debate sobre la violencia política. Aunque el FBI no ha hallado evidencia de que el atacante actuara en coordinación con alguna organización, el mandatario ha convertido el caso en un símbolo de su cruzada contra lo que denomina “extremismo radical de izquierda”. Su gobierno ordenó a agencias como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el IRS investigar a grupos sospechosos de financiar disturbios o actos de violencia política.

Trump ha aprovechado el asesinato para reforzar su narrativa sobre el riesgo de la militancia progresista, minimizando los incidentes asociados con sectores de extrema derecha. Diversos expertos advierten, sin embargo, que los actos de violencia política en Estados Unidos han tenido motivaciones tanto de izquierda como de derecha. El presidente replicó que Kirk fue víctima de “un odio alimentado por quienes atacan los valores estadounidenses” y lo calificó como “un mártir de la libertad”.

Durante la ceremonia, la viuda del activista, Erika Kirk, recibió la medalla entre aplausos y agradeció al mandatario por el homenaje. “Es el mejor regalo de cumpleaños que Charlie podría haber recibido”, afirmó. En primera fila se encontraban el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y senadores como Ted Cruz, Mike Lee y Rick Scott, además del presidente de la Cámara Mike Johnson, reflejando el respaldo institucional del Partido Republicano a la figura del fallecido líder juvenil.

La inclusión de Kirk en el selecto grupo de condecorados con la Medalla de la Libertad —donde figuran Winston Churchill, Nelson Mandela y Muhammad Ali— consolida su legado político dentro del movimiento MAGA. Su labor en la movilización universitaria y su discurso contra las élites progresistas siguen inspirando a la base conservadora. Con esta ceremonia, Trump no solo exaltó la memoria de su aliado, sino que también utilizó su figura como símbolo de cohesión ideológica en un contexto de creciente polarización política en Estados Unidos.

CHINA ADVIERTE QUE LA GUERRA COMERCIAL “NO BENEFICIA A NADIE” TRAS NUEVAS AMENAZAS DE TRUMP POR LA SOJA

El Gobierno chino afirmó que “las guerras comerciales y arancelarias no benefician a nadie”, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó como un “acto económicamente hostil” la decisión de Pekín de no comprar soja estadounidense. El portavoz de la Cancillería, Lin Jian, subrayó que la posición de China en materia económica y comercial con Estados Unidos “es coherente y clara”, e instó a resolver las diferencias mediante el diálogo basado en la igualdad y el beneficio mutuo.

Las tensiones se reavivaron luego de que China suspendiera sus pedidos de soja procedente de Estados Unidos en la última cosecha, alegando el encarecimiento derivado de los aranceles. Pekín mantiene actualmente una tarifa del 34% sobre la importación del grano, que el año pasado representó el 21% de sus compras totales al exterior. La medida afecta especialmente a los productores del Medio Oeste estadounidense, una región clave en la base electoral republicana.

Trump exigió en agosto que China “cuadruplicara” sus pedidos de soja, advirtiendo que de no hacerlo suspendería otros acuerdos comerciales vinculados a alimentos y aceites vegetales. Sin embargo, analistas señalan que Pekín se ha preparado para reducir su dependencia del mercado estadounidense, aumentando las compras a Sudamérica —principalmente Argentina, Brasil y Uruguay—, impulsando la producción local y recortando el uso de soja en la alimentación animal.

Según la consultora Trivium, las autoridades chinas no planean “volver a niveles significativos de dependencia” de Estados Unidos para su seguridad alimentaria. En tanto, la cuenta oficial Yuyuan Tantian, gestionada por la televisión estatal CCTV, advirtió que si China no retoma los pedidos a mediados de noviembre, EE. UU. podría perder hasta 16 millones de toneladas en exportaciones. “Perder a China significa perder la mitad del mercado”, concluyó el medio, en un momento en que el conflicto comercial amenaza con escalar nuevamente entre las dos mayores economías del mundo.

ISRAEL MATA A DOS PALESTINOS EN GAZA PESE AL ALTO EL FUEGO IMPULSADO POR TRUMP

Al menos dos palestinos murieron en un ataque del Ejército israelí contra el barrio de Shujaia, en el este de la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado la semana pasada bajo la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump. Según la agencia palestina WAFA, las víctimas fueron alcanzadas mientras caminaban por la calle Bagdad y trasladadas al Hospital Baptista Al Ahli. El suceso se suma a una serie de incidentes que amenazan con desestabilizar la frágil tregua alcanzada tras meses de intensos combates.

El Ejército israelí reconoció haber abierto fuego contra “varios sospechosos” que presuntamente cruzaron la llamada “línea amarilla”, establecida como zona de separación en el marco del acuerdo. Las Fuerzas de Defensa de Israel calificaron el hecho como “una violación del pacto” y aseguraron que sus tropas actuaron “para eliminar una amenaza inmediata”. Sin embargo, no se pronunciaron sobre las víctimas, mientras que medios palestinos denunciaron que los disparos fueron injustificados y violaron los términos del alto el fuego.

El incidente ocurre apenas un día después de la muerte de otras cinco personas en ataques similares, cuatro de ellas también en Shujaia. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) acusó a Israel de incumplir el acuerdo y pidió a los mediadores —Qatar, Egipto y Estados Unidos— ejercer presión sobre el gobierno israelí. El grupo islamista advirtió que las continuas violaciones podrían poner en riesgo la fase inicial del plan de paz, que incluye la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos.

Irán también condenó los ataques, denunciando “la continuación de los crímenes del régimen sionista pese al alto el fuego”. En un comunicado difundido en la red X, el Ministerio de Exteriores iraní acusó a Israel de “abusar de las treguas para continuar sus acciones criminales”, incluyendo la destrucción de olivares y viviendas en Cisjordania. Teherán pidió a los garantes del acuerdo “rendición de cuentas y medidas inmediatas” ante lo que considera una violación flagrante de los compromisos asumidos por Israel.

El alto el fuego entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos, Egipto y Qatar, buscaba poner fin a una ofensiva que desde octubre de 2023 ha dejado más de 67.900 muertos y 170.000 heridos, según las autoridades gazatíes. Aunque el pacto representa el primer paso del plan de Trump para la Franja de Gaza, la persistencia de ataques como el de Shujaia refleja la fragilidad de los compromisos y la dificultad de traducir los acuerdos diplomáticos en estabilidad real sobre el terreno.