La Casa Blanca defendió este lunes la legalidad de un segundo ataque estadounidense contra una lancha rápida en el Caribe el pasado 2 de septiembre, en el marco de la campaña militar contra presuntos narcotraficantes vinculados a organizaciones catalogadas por Washington como “narco-terroristas” que operan desde Venezuela.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, reconoció en rueda de prensa los informes de varios medios que revelaron que, tras un primer misil que destruyó la embarcación con 11 personas a bordo, un dron detectó minutos después al menos a dos sobrevivientes y que se ordenó un segundo ataque contra ellos. Leavitt indicó que el almirante Frank Bradley, jefe del Mando de Operaciones Especiales, “trabajó plenamente dentro de su autoridad y de la ley” al dirigir la operación y que lo hizo bajo una autorización previa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para ejecutar “ataques cinéticos” contra la lancha.

Según la vocera, la operación se enmarcó en la “defensa propia” de Estados Unidos y se ejecutó “de conformidad con las leyes de los conflictos armados” en aguas internacionales, dado que, a juicio del gobierno, los ocupantes del bote formaban parte de la organización criminal Tren de Aragua y representaban una amenaza a intereses vitales estadounidenses. Leavitt sostuvo que, en esas circunstancias, el presidente “tenía derecho a sacarlos de circulación” —“to take them out”— siempre que siguieran siendo considerados una amenaza operativa.

La defensa de la Casa Blanca contrasta con reportes de The Washington Post, el Boston Globe y otras publicaciones, según los cuales Hegseth habría dado una orden verbal de “matar a todo el mundo” a bordo del bote, instrucción que habría motivado el segundo misil contra los sobrevivientes que se aferraban a los restos de la embarcación. Hegseth niega haber emitido esa orden y califica las acusaciones de “fabricadas”, mientras el presidente Donald Trump asegura creer en su versión, aunque ha señalado que no habría apoyado un segundo ataque de haber sido consultado. Las investigaciones legislativas previstas buscan aclarar la cadena de mando y la naturaleza exacta de la orden.

Expertos en derecho internacional humanitario y ex-mandos militares consultados por diversos medios han señalado que un segundo ataque dirigido contra personas ya naufragadas, que no representan una amenaza inmediata, sería incompatible tanto con el derecho internacional en tiempo de paz como con las normas aplicables en tiempo de guerra. El Manual de la Ley de la Guerra del Departamento de Defensa establece que los combatientes náufragos o fuera de combate no pueden ser atacados y deben ser rescatados cuando sea posible, y que las violaciones graves a estas reglas pueden constituir crímenes de guerra.

Aun así, la administración Trump insiste en que el ataque del 2 de septiembre y al menos una veintena de operaciones similares en la región forman parte de una campaña legítima contra el tráfico de drogas y el terrorismo transnacional. De acuerdo con recuentos de prensa, estas acciones —conocidas como parte de la operación contra presuntos “narco-terroristas”— han dejado más de 80 muertos desde el inicio de los bombardeos en el Caribe y el Pacífico oriental.

En paralelo, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, elevó la presión política al advertir desde el pleno que, si Trump ordena ataques directos contra Venezuela, él, junto con los senadores Tim Kaine y Rand Paul, presentará de inmediato una resolución de poderes de guerra para bloquear el despliegue de tropas estadounidenses sin autorización del Congreso. Schumer recordó que la Constitución otorga exclusivamente al Legislativo la facultad de declarar la guerra y acusó al presidente de haber convertido el Caribe en “un polvorín peligroso”.

El senador también exigió que Hegseth comparezca ante las comisiones competentes y entregue todas las grabaciones de video de los ataques, afirmando que, si la versión oficial es correcta, no debería haber objeciones a hacerlas públicas. Schumer calificó al secretario de Defensa de “poco serio”, “infantil” e “inseguro” por haber difundido en redes sociales un meme de una tortuga disparando contra lanchas, al que describió como una parodia de un libro infantil en medio de una posible escalada militar.

Kaine, por su parte, recordó que el Senado ya votó recientemente una resolución bipartidista —liderada por él, Rand Paul y Adam Schiff— para impedir una guerra no autorizada contra Venezuela, que fue bloqueada por la mayoría republicana por un estrecho margen. El senador demócrata advirtió que, si la Casa Blanca insiste en ampliar las operaciones militares sin aval legislativo, está dispuesto a forzar nuevas votaciones amparadas en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, mecanismo que obliga a ambas cámaras a pronunciarse sobre el uso de la fuerza.

Con una Casa Blanca que sostiene que el segundo ataque fue legal y necesario para proteger a Estados Unidos, y un Congreso que multiplica sus exigencias de transparencia y supervisión, el episodio se perfila como un caso de prueba sobre los límites del uso de la fuerza en la llamada “guerra contra el narco-terrorismo” y sobre el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en la política estadounidense hacia Venezuela.

MANUFACTURAS DE EE. UU. ENCADENA NUEVE MESES E CONTRACCION EN MEDIO DE NUEVOS ARANCELES

La actividad manufacturera de Estados Unidos volvió a contraerse en noviembre por noveno mes consecutivo, afectada por la debilidad de la demanda y el encarecimiento de los insumos en un entorno de aranceles elevados e inciertos. El índice de gestores de compras (PMI) manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) descendió a 48,2 puntos, desde 48,7 en octubre, por debajo del umbral de 50 que separa expansión de contracción. El dato confirma que el sector —que aporta alrededor del 10,1% de la economía estadounidense— continúa bajo presión.

Diversos fabricantes reportaron que siguen sintiendo los efectos del reciente cierre del gobierno federal y de la volatilidad regulatoria. Empresas de equipos de transporte señalaron que el entorno arancelario ha empezado a traducirse en despidos permanentes, nuevas directrices para los accionistas y decisiones de trasladar parte de la producción al exterior, proyectos que originalmente se habían concebido para exportación desde Estados Unidos.

Desde mayo, la administración ha impuesto un arancel del 25% a más de 460.000 millones de dólares anuales en importaciones de vehículos y autopartes. Aunque posteriormente se acordaron reducciones parciales con algunos países y se concedieron alivios específicos para ciertos motores y componentes, el nuevo arancel del 25% sobre camiones medianos y pesados y sus partes, vigente desde el 1 de noviembre, ha profundizado las distorsiones en la cadena de valor del sector transporte.

El ISM y analistas de mercado coinciden en que el “paisaje impredecible” de los aranceles sigue siendo un lastre generalizado para la manufactura. De acuerdo con el economista Stephen Stanley, de Santander U.S. Capital Markets, la incertidumbre sobre el rumbo de la política comercial está frenando nuevos pedidos y decisiones de inversión a mediano plazo.

Aunque algunos segmentos vinculados a la inversión en inteligencia artificial muestran algo más de dinamismo, el llamado Beige Book de la Reserva Federal confirmó recientemente que la incertidumbre arancelaria continúa siendo un obstáculo para la actividad, con impactos diferenciados entre distritos. Solo cuatro industrias del sondeo del ISM reportaron expansión en noviembre —entre ellas productos informáticos y electrónicos, y maquinaria— mientras que madera, textiles y equipos de transporte volvieron a registrar contracción.

Fabricantes de productos químicos describieron una demanda debilitada por “aranceles y volatilidad económica”, que afecta insumos como adhesivos y selladores utilizados en construcción. Otras empresas indicaron que están enfrentando más problemas al exportar a Estados Unidos por un aumento de errores en procesos de proveedores, lo que complica el cumplimiento de requisitos aduaneros. En el segmento de productos de madera, varias compañías se quejaron de que la información “confusa e inexacta” generada por sistemas de inteligencia artificial está alterando patrones de compra y dificultando la proyección de demanda. Si bien las cadenas de suministro muestran algo más de holgura, algunos fabricantes reportan tiempos de tránsito más largos para las importaciones y ajustes en sus estrategias de abastecimiento.

Los analistas coinciden en que el entorno sigue siendo frágil. “El sector manufacturero está enfermo”, afirmó Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, al subrayar que el informe del ISM no muestra señales de un repunte asociado al régimen de aranceles. Los nuevos pedidos continúan en terreno contractivo y los precios más altos derivados de los aranceles han debilitado la demanda interna. Los pedidos pendientes siguen disminuyendo, aunque se observa una ligera mejora en las exportaciones. No obstante, los costos de insumos aumentaron, lo que mantiene latentes los riesgos inflacionarios para los próximos meses.

En el frente laboral, la encuesta del ISM registró una contracción del empleo industrial por décimo mes consecutivo. Según el organismo, un 67% de las empresas consultadas continúa gestionando reducciones o congelamientos de personal en lugar de contratar, una señal poco alentadora para los trabajadores manufactureros en un contexto en el que las perspectivas de empleo ya son complejas.

Con la Reserva Federal próxima a reunirse para decidir sobre la trayectoria de las tasas de interés, la combinación de debilitamiento del empleo manufacturero, subíndices de nuevos pedidos en contracción y presiones al alza sobre los precios de insumos añade tensiones adicionales a la evaluación del banco central. El desafío para la autoridad monetaria será contener un mayor enfriamiento de la actividad sin reactivar presiones inflacionarias, en un entorno donde los aranceles continúan siendo un foco de incertidumbre estructural para la industria.

CASA BLANCA PERFILA RELEVO EN LA FED MIENTRAS TRUMP PRESIONA POR MAS RECORTES DE TASAS

El presidente Donald Trump confirmó que ya ha decidido a quién nominar como sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, cuyo mandato concluye en mayo de 2026, aunque por ahora se ha negado a revelar el nombre. En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, afirmó que el anuncio se hará “pronto”, en una ventana que, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, podría ubicarse antes de Navidad y, en todo caso, antes de la última reunión del año del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), programada para el 9 y 10 de diciembre.

Trump mantiene desde hace meses un pulso público con Powell, al que ha criticado reiteradamente por no acelerar los recortes de tasas, y busca un perfil más proclive a una política monetaria expansiva. Entre los nombres que suenan como principales candidatos figuran Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional y uno de sus asesores económicos más cercanos, y el gobernador de la Fed Christopher Waller, además de Kevin Warsh; los mercados de predicción y varios análisis de prensa sitúan hoy a Hassett como favorito claro para el cargo.

La decisión llega en un momento especialmente sensible para la política monetaria estadounidense: el mercado laboral muestra signos de enfriamiento, la inflación permanece por encima del objetivo del 2% y dentro del FOMC se han intensificado las discrepancias sobre el ritmo y la profundidad de nuevos recortes de tasas. Un nombramiento percibido como demasiado alineado con las prioridades de la Casa Blanca podría reabrir el debate sobre la independencia de la Fed, al tiempo que condiciona las expectativas de política monetaria más allá de 2026.

INCERTIDUMBRE EN NUEVA ORLEANS ANTE LLEGADA DE HASTA 250 AGENTES FRONTERIZOS

La comunidad inmigrante de Nueva Orleans vive horas de creciente incertidumbre ante el inminente inicio de un operativo migratorio de gran escala previsto para la primera semana de diciembre. De acuerdo con reportes de ABC News y otros medios, al menos 200 y hasta unos 250 agentes de la Patrulla Fronteriza serían desplegados en la ciudad y en el sureste de Luisiana como parte de la operación “Swamp Sweep”, alineada con la promesa del presidente Donald Trump de intensificar las deportaciones.

El despliegue en Nueva Orleans se enmarca en una estrategia más amplia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ya ha incluido acciones similares en Los Ángeles y Chicago, así como el operativo “Charlotte’s Web” (“La telaraña de Charlotte”) en Carolina del Norte, donde se registraron más de 250 detenciones y fuertes protestas por el impacto sobre las comunidades locales.

Gregory Bovino, comandante itinerante de la Patrulla Fronteriza que ha encabezado estos operativos, también lideraría el despliegue en Nueva Orleans. En un mensaje reciente en X, adelantó que la aplicación de las leyes migratorias entrará a un “nuevo nivel”, sin detallar lugares ni tácticas específicas, lo que ha incrementado la sensación de vulnerabilidad entre familias inmigrantes y organizaciones de apoyo.

En la ciudad, organizaciones comunitarias y redes de defensa de los migrantes han comenzado a ajustar su funcionamiento. Grupos como Unión Migrante y otros colectivos locales han reforzado sus servicios de asesoría legal y capacitación en “Conozca sus derechos”, al tiempo que recomiendan limitar desplazamientos no esenciales y priorizar canales de atención virtual cuando sea posible. En paralelo, organizaciones civiles han distribuido más de 1.500 kits con silbatos e instrucciones básicas de actuación, y ayudan a las familias a preparar poderes notariales y documentos de custodia para prevenir separaciones en caso de detenciones.

Líderes locales advierten, además, sobre posibles efectos económicos derivados de la operación: comercios y restaurantes reportan ausentismo laboral, menor afluencia de clientes y decisiones de suspender turnos o reducir horarios, mientras algunas obras de construcción se han ralentizado por la ausencia de mano de obra inmigrante.

Aunque el DHS sostiene que estos operativos buscan focalizarse en personas con antecedentes penales y que responden a un compromiso de reforzar la aplicación de la ley, abogados migratorios y autoridades municipales han expresado preocupación por la falta de información detallada, los riesgos de perfilamiento racial y el impacto sobre la confianza entre las comunidades y las instituciones públicas. El arranque de “Swamp Sweep” en Nueva Orleans pondrá nuevamente a prueba el equilibrio entre la agenda federal de control migratorio y los esfuerzos locales por proteger derechos fundamentales y garantizar la continuidad de servicios esenciales.

CORTE FEDERAL INHABILITA A ALINA HABBA COMO FISCAL JEFE DE NUEVA JERSEY POR NOMBRAMIENTO ILEGAL

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Alina Habba, exabogada personal de Donald Trump, fue nombrada de manera ilegal como fiscal federal en funciones para el distrito de Nueva Jersey, lo que la descalifica para supervisar casos en curso. La decisión unánime del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito supone un revés significativo para la administración Trump, que ha buscado colocar aliados leales al frente de oficinas clave de fiscales federales en todo el país. El fallo confirma la decisión emitida en agosto por el juez Matthew Brann, quien consideró que el nombramiento violó la ley federal de nombramientos.

En su sentencia, el juez D. Michael Fisher señaló que la administración ha enfrentado “barreras legales y políticas” para instalar a sus designados y que los intentos de elevar a Habba reflejan dichas dificultades. La resolución podría impactar decenas de casos criminales activos en Nueva Jersey, obligando al Departamento de Justicia a designar un nuevo fiscal que supervise los expedientes. La Casa Blanca aún puede apelar la decisión ante la Corte Suprema, aunque el Departamento de Justicia no se ha pronunciado al respecto.

La defensa de César Pina, uno de los acusados que cuestionó la autoridad de Habba, celebró el fallo. Sus abogados afirmaron que la decisión demuestra que “el presidente Trump no puede usurpar los procesos legales y constitucionales para colocar a quien quiera en estos cargos”, subrayando que el respeto al proceso de nominaciones y confirmación es un pilar institucional. Pina enfrenta cargos por fraude electrónico, lavado de dinero y soborno, y se ha declarado no culpable.

El caso es el primero en el que un tribunal federal de apelaciones invalida la designación de un fiscal interino en la actual administración, aunque otros nombramientos también han sido rechazados. La semana pasada, un juez desestimó procesos criminales contra James Comey y Letitia James al concluir que Lindsey Halligan, la fiscal que presentó los cargos, había sido designada ilegalmente en Virginia. Situaciones similares han ocurrido en California y Nevada, donde tribunales federales también han bloqueado nombramientos interinos, abriendo un debate sobre los límites de estas designaciones temporales.

En Nueva Jersey, el proceso que rodeó a Habba se volvió particularmente controvertido. Tras negarse los jueces del distrito a extender su nombramiento, designaron en su lugar a Desiree Grace, una fiscal de carrera. El Departamento de Justicia respondió destituyendo a Grace e intentando reinstalar a Habba mediante maniobras legales que, según los acusados, buscaban eludir el proceso de confirmación del Senado. Habba, sin experiencia previa como fiscal, ya había generado polémica por declarar que podía “ayudar a los republicanos” desde su cargo y por presentar cargos contra una congresista demócrata tras un incidente con agentes federales.

LA CASA BLANCA ASEGURA QUE LA RESONANCIA A TRUMP FUE PREVENTIVA Y QUE GOZA DE “EXCELENTE SALUD”

La Casa Blanca afirmó que la reciente resonancia magnética practicada al presidente Donald Trump fue un examen “preventivo” y reveló un estado cardiovascular “perfectamente normal”. La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, explicó que este tipo de pruebas son recomendables para personas de su edad y aseguró que no se encontraron signos de estrechamientos arteriales, inflamación, coágulos ni anomalías en el corazón o en los vasos principales. También señaló que las imágenes abdominales resultaron “totalmente normales”.

La resonancia se realizó durante una evaluación médica reciente, aunque la Casa Blanca no había detallado previamente su propósito, lo que generó preguntas sobre la transparencia en la divulgación de la salud presidencial. La falta de información oportuna alimentó especulaciones, ya que este tipo de estudios no suele formar parte de un chequeo estándar. Sin embargo, la administración insiste en que se trató de un examen rutinario para monitorear la salud del mandatario.

Trump, que ha mostrado sensibilidad frente a cuestionamientos sobre su edad y vitalidad, reaccionó la semana pasada atacando en redes sociales a una periodista del New York Times tras un artículo que examinaba cómo su edad podría estar afectando sus niveles de energía. A pesar de las dudas externas, la Casa Blanca sostiene que los resultados médicos confirman que el presidente atraviesa un momento de “excelente salud” y que no existe motivo de preocupación.