El representante a la Cámara de Estados Unidos, el republicano Carlos Giménez, expresó su respaldo a la decisión anunciada por el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, de suspender las relaciones diplomáticas con los gobiernos de Cuba y Nicaragua una vez asuma el mandato presidencial.

A través de sus canales oficiales, el legislador manifestó que, desde el Congreso estadounidense, apoya la determinación del mandatario electo e hizo énfasis en la importancia de fortalecer la gobernanza democrática en el continente hemisférico.

El pronunciamiento se produjo tras el anuncio de De La Espriella de que, a partir del próximo 7 de agosto, su administración cesará los lazos diplomáticos con ambas naciones, lo que conllevará el cierre de las sedes embajadoras de Colombia en La Habana y Managua.

Asimismo, el presidente electo informó que, en el marco de una primera etapa de reestructuración diplomática, prevé el cierre de 14 embajadas en total. Además de Cuba y Nicaragua, la medida comprende las sedes de Colombia en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica, junto con la eliminación de 15 consulados y la unificación de misiones en Francia e Italia, donde el país mantiene delegaciones ante organismos multilaterales como la Unesco y la FAO. De La Espriella precisó que los ciudadanos colombianos en esos países continuarán recibiendo atención mediante representación concurrente desde otras misiones diplomáticas de la región.

De La Espriella aclaró que el repliegue de dichas sedes diplomáticas no implica la interrupción de los nexos bilaterales ni con los organismos internacionales correspondientes, sino que responde a un plan de reorganización y optimización de la red exterior colombiana al inicio de su gestión.

Finalmente, el mandatario electo reiteró la propuesta de reabrir la representación diplomática de Colombia en Jerusalén y dejar en pausa el proceso de apertura de una embajada en territorio palestino, acciones que se suman a la serie de reajustes en la agenda internacional anunciados de cara a la transición de gobierno.

SEGURIDAD

The Washington Post: evaluación interna de la DEA señala que ofensiva marítima no ha reducido el flujo de cocaína

De acuerdo con The Washington Post, una evaluación interna de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) señala que los operativos de interdicción marítima contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico no habrían logrado reducir de manera significativa el flujo de cocaína hacia el país. La información revisada por el medio indica que la estrategia sí habría llevado a los narcotraficantes a modificar rutas y métodos de transporte, pero hasta ahora no mostraría efectos visibles sobre la disponibilidad, el suministro o el precio de la droga en el mercado estadounidense.

De acuerdo con la información publicada por el diario, los grupos dedicados al narcotráfico han modificado sus métodos de transporte como respuesta a la operación. La evaluación indica que las organizaciones criminales han reducido el uso de lanchas rápidas en aguas internacionales y han optado por embarcaciones de mayor tamaño y rutas cercanas a las costas, donde existe una menor probabilidad de ser interceptadas o atacadas por fuerzas estadounidenses.

El documento también señala que las redes de narcotráfico han incrementado el uso de aeronaves que despegan desde pistas clandestinas ubicadas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Según la evaluación citada por The Washington Post, esas rutas atraviesan Guyana y Surinam con el objetivo de evitar los operativos desarrollados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico.

La operación Lanza del Sur, iniciada por la administración del presidente Trump en septiembre de 2025, ha incluido operaciones marítimas contra 67 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. De acuerdo con recuentos de medios citados por el diario, esas acciones han dejado 221 personas fallecidas. Funcionarios del Pentágono señalaron que las organizaciones criminales han adaptado continuamente sus tácticas, aunque sostuvieron que la estrategia sigue generando presión sobre sus operaciones.

Por otra parte, Naciones Unidas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han presentado críticas a la operación. Esas organizaciones han calificado los ataques como presuntas ejecuciones extrajudiciales y han denunciado que entre las víctimas habría pescadores y personas dedicadas al contrabando de combustible. Asimismo, Human Rights Watch advirtió sobre las posibles consecuencias de la cooperación regional en estas acciones y sostuvo que eliminar garantías no constituye una estrategia eficaz para combatir el crimen organizado.

La evaluación de la DEA sugiere que la ofensiva ha impulsado cambios en las rutas y modalidades utilizadas por las organizaciones criminales, sin evidenciar hasta ahora una reducción del flujo de cocaína hacia Estados Unidos. Mientras tanto, el Gobierno estadounidense mantiene que la operación continúa ejerciendo presión sobre las estructuras dedicadas al narcotráfico.

SEGURIDAD

Presidente Trump anuncia una pausa en los operativos contra Irán mientras continúan las negociaciones

El presidente Trump afirmó que ordenó detener los bombardeos estadounidenses contra Irán con el propósito de abrir un espacio para una negociación que permita reducir las tensiones entre ambos países. En declaraciones a Axios, señaló que Estados Unidos mantiene conversaciones "muy profundas" con Teherán, aunque advirtió que la pausa militar dependerá de los avances diplomáticos. "Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes", manifestó.

El mandatario explicó que decidió suspender las operaciones tras recibir solicitudes de aliados de Oriente Medio que participan como mediadores en el conflicto. Asimismo, indicó que no está dispuesto a prolongar indefinidamente el proceso de negociación y aseguró que espera resultados en un plazo corto.

Las declaraciones se produjeron antes de la reunión prevista entre el presidente Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Washington. Durante sus comentarios, el mandatario sostuvo que abordará con el líder israelí la situación de seguridad regional y reiteró su posición sobre el programa nuclear iraní, señalando que, en su opinión, la estrategia de su administración ha evitado que Irán desarrolle armas nucleares.

De forma paralela, funcionarios regionales consultados por la agencia AP informaron que Catar y Pakistán lideran gestiones para facilitar un acercamiento entre Washington y Teherán y restablecer el alto el fuego provisional. Por su parte, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, afirmó que los mediadores pueden transmitir mensajes de Estados Unidos, aunque precisó que actualmente no existen negociaciones directas entre ambos gobiernos. También confirmó contactos con Omán para discutir mecanismos relacionados con la navegación en el estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, Omán intensificó su actividad diplomática mediante conversaciones con Irán, Egipto, Catar, Kuwait y Arabia Saudita para explorar alternativas que permitan garantizar la navegación y el funcionamiento de las cadenas de suministro en el estrecho de Ormuz. Según informó la Cancillería omaní, los intercambios buscaron identificar mecanismos que permitan alcanzar acuerdos prácticos y duraderos por la vía diplomática, mientras persisten restricciones y operaciones militares en esa zona estratégica para el comercio energético mundial.

Aunque las conversaciones diplomáticas avanzan, continúan registrándose focos de tensión en la región. Arabia Saudita informó sobre la interceptación de drones lanzados por milicias respaldadas por Irán, los rebeldes hutíes reivindicaron nuevos ataques contra instalaciones petroleras sauditas y también se reportaron incidentes en Irak y Jordania. A ello se suma un intercambio de acusaciones entre Irán y Ucrania tras un incidente ocurrido en el mar Caspio, lo que refleja que el panorama regional sigue siendo frágil pese a los esfuerzos de mediación.

COMERCIO

Industria de minerales críticos de EE.UU. enfrenta dificultades para cumplir el plazo fijado por el presidente Trump

La estrategia de la administración del presidente Trump para eliminar la dependencia de minerales críticos provenientes de China enfrenta importantes desafíos debido a que la capacidad de producción y procesamiento en Estados Unidos aún no alcanza los niveles necesarios para abastecer la demanda nacional, registró un informe especial de Reuters. El objetivo es que, a partir del 1 de enero de 2027, las agencias federales y los contratistas de defensa dejen de adquirir determinados minerales procedentes de China, Rusia, Irán y Corea del Norte.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump ha convertido el fortalecimiento de la cadena nacional de suministro de minerales críticos en una prioridad de seguridad nacional. Para ello, la administración ha destinado decenas de miles de millones de dólares a cerca de 150 empresas del sector minero y de procesamiento, además de endurecer las condiciones para que los contratistas de defensa obtengan exenciones que les permitan seguir utilizando materiales importados desde esos países.

No obstante, la industria estadounidense aún está lejos de cubrir la demanda interna. Datos de la consultora Arthur D. Little indican que, durante 2025, Estados Unidos demandó aproximadamente 48.000 toneladas métricas del tipo de imán de tierras raras más utilizado, mientras que la producción nacional apenas alcanzó unas 300 toneladas. Incluso con la expansión prevista para finales de este año, la capacidad instalada llegaría a unas 5.000 toneladas, todavía muy por debajo de las necesidades del mercado.

La situación también se refleja en otros minerales estratégicos. Estados Unidos no produce tungsteno desde 2015 ni tantalio desde 1959, mientras que varios proyectos para desarrollar nuevas minas y plantas de procesamiento continúan en etapas de construcción o planificación y no estarán operativos antes de 2027 o incluso después. Analistas consultados por Reuters consideran que la infraestructura necesaria para sustituir completamente las importaciones requerirá varios años adicionales de desarrollo.

A estas limitaciones se suma el dominio de China en el procesamiento de minerales críticos. De acuerdo con el análisis, el país asiático controla más del 80% de la capacidad mundial de refinación, una posición que, según la Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency, IEA), podría poner en riesgo cerca de US$6,5 billones de la manufactura global si se restringen las exportaciones de tierras raras. La Casa Blanca respondió que las exenciones solo podrán concederse cuando los contratistas demuestren haber realizado esfuerzos exhaustivos para sustituir los insumos de origen chino y presenten un plan para dejar de depender de ellos.

Mientras tanto, la administración también ha impulsado el Project Vault, un programa de aproximadamente US$12.000 millones destinado a crear reservas estratégicas de minerales críticos para la industria estadounidense. Funcionarios del Gobierno han reconocido que, durante la etapa inicial del programa, será necesario adquirir minerales provenientes de distintos mercados internacionales, incluido China, mientras aumenta la capacidad de producción nacional.

Empresas del sector minero han manifestado que esa estrategia podría reducir los incentivos para que los contratistas de defensa compren producción estadounidense. Según Reuters, algunas compañías sostienen que, mientras continúen otorgándose exenciones o se permita abastecer las reservas estratégicas con minerales importados, será más difícil consolidar una cadena de suministro nacional que garantice la viabilidad financiera de nuevos proyectos de extracción y procesamiento.

El análisis concluye que, aunque Estados Unidos avanza en la construcción de nuevas minas, plantas de refinación y fábricas de imanes con apoyo del Departamento de Defensa, la mayoría de esos proyectos no alcanzará plena capacidad antes de finales de la década. En consecuencia, especialistas del sector consideran probable que el Gobierno deba seguir recurriendo, al menos de manera temporal, a importaciones o mecanismos de excepción mientras se fortalece la producción doméstica.       

ECONOMÍA

Economía de EE.UU. mantiene resiliencia, pero enfrenta señales de desaceleración tras 18 meses del presidente Trump

A 18 meses del inicio del segundo mandato del presidente Trump, la economía de Estados Unidos ha atravesado un periodo marcado por cambios de política económica y eventos externos que han puesto a prueba su desempeño. Entre ellos se encuentran el endurecimiento de la política migratoria, el incremento de los aranceles a las importaciones y el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que elevó los precios del petróleo y generó presiones sobre las cadenas globales de suministro. Pese a ese entorno, la actividad económica ha mostrado una capacidad de resistencia mayor a la prevista por varios analistas.

Sin embargo, distintos indicadores muestran que el crecimiento se ha moderado en áreas donde la administración esperaba avances más rápidos. Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (Bureau of Labor Statistics, BLS) reflejan una reducción tanto en la fuerza laboral como en el número de personas ocupadas desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, una tendencia que coincide con las restricciones migratorias y el aumento de las deportaciones, factores que se suman al envejecimiento de la población y reducen la disponibilidad de trabajadores.

En materia de empleo, la administración ha promovido el fortalecimiento de la manufactura nacional mediante políticas comerciales y de inversión. Aunque la expansión de proyectos relacionados con centros de datos e inteligencia artificial ha impulsado el empleo en el sector de la construcción, los registros de nómina muestran que el número de empleos manufactureros permanece por debajo del nivel observado al finalizar la administración del expresidente Joe Biden. Al mismo tiempo, el empleo continúa creciendo en actividades de servicios, particularmente aquellas asociadas al envejecimiento de la población y la atención en salud.

La inflación, uno de los principales temas de la campaña presidencial de 2024, continúa por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. Si bien el ritmo de aumento de los precios se moderó frente a los máximos registrados tras la pandemia, los avances recientes han perdido dinamismo. Economistas atribuyen parte de las presiones inflacionarias al efecto de los aranceles, al incremento del precio internacional del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente y al fuerte ciclo de inversión en infraestructura para inteligencia artificial, que ha elevado la demanda de bienes y servicios.

Los ingresos reales de los hogares también muestran señales de desaceleración. El ingreso personal disponible ajustado por inflación, considerado uno de los principales indicadores de la capacidad de gasto de las familias, se ha estabilizado e incluso ha registrado descensos recientes. Aunque el consumo privado ha permanecido relativamente sólido durante este periodo, analistas consideran que su sostenibilidad dependerá de la evolución del empleo, la inflación y los ingresos en los próximos meses.

La vivienda sigue siendo uno de los principales desafíos para la asequibilidad. Las tasas hipotecarias permanecen elevadas tras el ciclo de aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal y los precios de las viviendas continúan altos, al igual que las primas de seguros asociadas al sector inmobiliario. En este frente, el presidente Trump ha manifestado posiciones cambiantes sobre la política de vivienda y recientemente decidió no promulgar una iniciativa aprobada por el Congreso que buscaba mejorar la asequibilidad habitacional.

En los mercados financieros, el comportamiento de las acciones ha permanecido favorable. El índice S&P 500 acumula una ganancia cercana al 25% desde enero de 2025, un desempeño similar al promedio registrado durante los primeros 18 meses de los mandatos presidenciales desde la década de 1980. El presidente Trump ha señalado los máximos históricos alcanzados por los principales índices bursátiles como una muestra del desempeño de la economía, aunque analistas recuerdan que los mercados accionarios tienden a registrar una trayectoria ascendente en horizontes de largo plazo, independientemente de la administración de turno.

La inteligencia artificial se ha consolidado como uno de los principales motores de inversión de la economía estadounidense. Además de impulsar la construcción de centros de datos y sostener parte del crecimiento económico, este sector ha contribuido a un volumen récord de emisiones de bonos corporativos, que alcanzó US$1,52 billones durante el primer semestre del año. La combinación de una elevada demanda por estos instrumentos y balances corporativos sólidos ha sido interpretada por los mercados como una señal de resiliencia del sector empresarial, aun cuando persisten riesgos asociados a la inflación, el mercado laboral y el contexto internacional.

POLÍTICA

Presidente Trump insiste en que el Senado apruebe la reforma electoral antes del receso legislativo

El presidente Trump instó al líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, a mantener en sesiones a esa corporación hasta lograr la aprobación de la ley Save America, una iniciativa que busca modificar las reglas electorales antes de las elecciones de medio mandato de noviembre. A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario también reiteró su llamado a eliminar el filibusterismo para facilitar la aprobación de proyectos de ley con mayoría simple.

La iniciativa hace parte de las prioridades legislativas de la administración y ha sido promovida por el presidente Trump durante las últimas semanas. No obstante, el propio líder republicano en el Senado ha reconocido que, por ahora, su partido no cuenta con los votos suficientes para sacar adelante el proyecto, debido a que la bancada republicana dispone de 53 escaños y la legislación requiere el respaldo de al menos 60 senadores para avanzar.

La Save America Act fue aprobada por la Cámara de Representantes en marzo y permanece pendiente de discusión en el Senado. Entre sus principales disposiciones se encuentra la exigencia de presentar prueba de ciudadanía y un documento de identificación con fotografía para ejercer el derecho al voto en las elecciones federales.

El proyecto ha recibido críticas por parte del Partido Demócrata y de organizaciones de derechos civiles, que sostienen que los nuevos requisitos podrían dificultar el acceso al voto para millones de ciudadanos. Por su parte, los promotores de la iniciativa argumentan que las medidas buscan fortalecer la integridad y la seguridad del sistema electoral estadounidense.

En su mensaje, el presidente Trump también reiteró su llamado a eliminar el filibusterismo, un mecanismo parlamentario que, en la mayoría de los proyectos de ley del Senado, exige reunir 60 votos para cerrar el debate y proceder a la votación definitiva. Además, presentó críticas contra la oposición demócrata mientras insistía en que la reforma electoral debe ser aprobada antes del receso legislativo de agosto.

POLÍTICA

Tribunal de apelaciones mantiene suspendidas medidas del presidente Trump sobre el voto por correo

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó la solicitud de la administración del presidente Trump para aplicar, en 23 estados, disposiciones de una orden ejecutiva destinada a endurecer las reglas del voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre. Con esta decisión, permanece vigente la suspensión decretada en junio por una jueza federal, mientras continúa el proceso judicial sobre la legalidad de la medida.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, concluyó por mayoría de dos votos contra uno que los estados demandantes sí enfrentan un impacto inmediato por el cronograma establecido en la orden ejecutiva. Los magistrados señalaron que los estados deben coordinarse con las autoridades federales y preparar nuevos procedimientos electorales con plazos próximos, por lo que consideraron que no podían esperar a que las agencias federales terminaran de implementar las medidas antes de acudir a los tribunales.

El Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) había argumentado que la demanda era prematura, ya que las entidades federales aún no habían adoptado las políticas definitivas para ejecutar la orden. Sin embargo, el tribunal rechazó esa posición y respaldó el razonamiento de la jueza federal Indira Talwani, quien previamente había suspendido varios apartes de la directiva presidencial por considerar que excedían las facultades del Ejecutivo.

La orden ejecutiva, firmada por el presidente Trump en marzo, forma parte de una serie de iniciativas orientadas a modificar las reglas electorales federales. Entre otras medidas, instruye al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) a elaborar listas de ciudadanos con derecho a votar utilizando bases de datos federales y ordena al Servicio Postal de Estados Unidos (United States Postal Service, USPS) distribuir papeletas únicamente a los votantes incluidos en los registros oficiales de voto por correo de cada estado. También dispone que el Departamento de Justicia dé prioridad a las investigaciones sobre funcionarios electorales estatales o locales que entreguen papeletas federales a personas consideradas no elegibles para votar.

Al suspender la aplicación de estas disposiciones, la jueza Talwani sostuvo que el presidente no cuenta con autoridad para ordenar al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas de elegibilidad electoral para uso de los estados ni para facultar al Servicio Postal a adoptar regulaciones vinculantes sobre el voto por correo. Además, consideró que algunas medidas podrían ejercer presión sobre las autoridades electorales estatales al vincular el uso de esas listas con eventuales investigaciones penales.

La decisión responde a una demanda presentada por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por California, Massachusetts, Nevada y Washington. Mientras la administración del presidente Trump continúa apelando el caso, el Departamento de Justicia advirtió que podría solicitar la intervención de la Corte Suprema si no obtiene un fallo favorable en las siguientes etapas del proceso.

POLÍTICA

Subsecretario de Estado de EE.UU. encabeza delegación para la posesión de Keiko Fujimori en Perú

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, encabezó la delegación oficial que asistirá a la ceremonia de posesión de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, prevista para el 28 de julio en Lima. De acuerdo con el Departamento de Estado, la visita busca reafirmar los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y fortalecer la cooperación bilateral en áreas como seguridad, inversión y preparación ante desastres.

La delegación estadounidense está integrada, además, por el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; el subsecretario de Comercio Internacional del Departamento de Comercio, William Kimmitt; la consejera del Departamento del Tesoro, Erin Browne; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo. Durante la visita, Landau tiene previsto reunirse con la presidenta electa y otros altos funcionarios peruanos.

En el marco de esas reuniones, el embajador Bernie Navarro afirmó que una eventual visita oficial de Keiko Fujimori a la Casa Blanca será evaluada posteriormente por ambos gobiernos. Consultado sobre la posibilidad de una invitación formal, el diplomático respondió que "a futuro todas esas cosas se van a estudiar", al tiempo que destacó el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral entre Estados Unidos y Perú.

La posesión de Fujimori marcará el inicio de su mandato para el periodo 2026-2031 y la llegada de la primera mujer elegida para ejercer la Presidencia del país. La líder de Fuerza Popular obtuvo la victoria en las elecciones por un estrecho margen frente al candidato Roberto Sánchez, luego de varios intentos previos por alcanzar la Presidencia.

Durante la campaña, la presidenta electa anunció que priorizará el combate contra las organizaciones criminales y la recuperación de la seguridad. Su llegada al poder también representa el retorno el retorno de Fuerza Popular al Poder Ejecutivo, en un contexto histórico sobre el cual la justicia peruana se ha pronunciado previamente en materia de derechos humanos y gestión pública.

 

POLÍTICA

Exdirector del FBI solicita desestimar el proceso en su contra por una publicación sobre el presidente Trump

El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), James Comey, solicitó a un juez federal desestimar la acusación presentada por el Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ), que lo señala de haber realizado una presunta amenaza contra el presidente Trump mediante una publicación en Instagram realizada el año pasado. La petición fue presentada este lunes ante un tribunal federal.

La investigación está relacionada con una fotografía publicada por Comey en mayo de 2025, en la que aparecían unas conchas organizadas para formar la cifra "8647", acompañadas del mensaje: "Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa". Posteriormente, el exfuncionario eliminó la publicación. Según la acusación, algunos seguidores del presidente Trump interpretaron el contenido como un mensaje dirigido contra el mandatario, quien ocupa el cargo de presidente número 45 y 47 de Estados Unidos.

Los abogados de Comey sostuvieron en los documentos presentados ante el tribunal que la publicación no constituye una amenaza real y argumentaron que el proceso vulnera la protección de la libertad de expresión contemplada en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. La defensa también afirmó que otras personas han utilizado expresiones similares sin enfrentar acciones penales.

Este es el segundo proceso presentado por el Departamento de Justicia contra el exdirector del FBI. En noviembre pasado, un tribunal federal desestimó una causa anterior en la que Comey enfrentaba cargos por presuntas declaraciones falsas al Congreso y obstrucción relacionadas con la investigación sobre los supuestos vínculos entre la campaña presidencial de 2016 del presidente Trump y Rusia. En esa misma decisión también fue desestimado un proceso contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

James Comey fue nombrado director del FBI en 2013 por el entonces presidente Barack Obama y fue destituido por el presidente Trump durante su primer mandato, en 2017, mientras la agencia adelantaba investigaciones relacionadas con la denominada "trama rusa". El nuevo proceso judicial continúa su curso mientras el tribunal evalúa la solicitud presentada por la defensa para que la acusación sea archivada.

POLÍTICA

Audios de Biden reabren debate sobre documentos clasificados y privacidad presidencial

La divulgación de cerca de 70 horas de grabaciones de conversaciones entre el expresidente Joe Biden y su escritor fantasma, Mark Zwonitzer, abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el manejo de documentos clasificados en Estados Unidos. Los audios fueron registrados en 2016 y 2017, cuando Biden trabajaba en su libro Promise Me, Dad, y habían sido revisados por el fiscal especial Robert Hur durante la investigación sobre documentos clasificados encontrados en propiedades privadas del entonces presidente.

Según CBS News, las grabaciones incluyen momentos en los que Biden hace referencia a notas o materiales que podrían tener contenido clasificado. En uno de los apartes citados por el medio, Biden advierte a Zwonitzer que parte del material “podría ser clasificado”; en otro, se refiere directamente a un documento como “clasificado”. CBS también señaló que no se ha alegado que el libro publicado incluyera información clasificada.

Los audios fueron divulgados después de una disputa judicial de varios años. La defensa de Biden había buscado impedir su publicación, argumentando que se trataba de conversaciones privadas relacionadas, en parte, con asuntos personales y familiares. Sin embargo, una corte federal de apelaciones concluyó que existía un interés público sustancial en la divulgación del material, con redacciones para proteger ciertos elementos de privacidad. Biden posteriormente retiró su demanda, lo que abrió la puerta a la publicación.

El informe de Hur, publicado en 2024, no recomendó presentar cargos contra Biden, aunque sí cuestionó aspectos del manejo de documentos clasificados y describió momentos de dificultad para recordar eventos. Las nuevas grabaciones vuelven a poner bajo atención pública esas conclusiones, especialmente por fragmentos en los que Biden habla de manera pausada, pierde el hilo de la conversación o requiere apoyarse en sus notas.

El equipo de Biden ha sostenido que las conversaciones fueron entregadas al Departamento de Justicia bajo el entendido de que permanecerían privadas, y ha criticado su divulgación. Al mismo tiempo, su vocero señaló que el expresidente respeta el papel de los tribunales y de una justicia independiente.

El caso combina tres debates sensibles en Washington: la protección de información clasificada, el derecho del público a conocer materiales usados en investigaciones oficiales y los límites de la privacidad de un expresidente. Por eso, más allá de su efecto político inmediato, la publicación de los audios vuelve a mostrar la tensión entre transparencia institucional, reserva de información sensible y uso político de investigaciones de alto perfil.

POLÍTICA

Trump pide a la Corte Suprema autorizar restricciones al voto por correo antes de las elecciones de medio término

La administración del presidente Donald Trump pidió este lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos permitir la aplicación de una orden ejecutiva orientada a endurecer las reglas del voto por correo antes de las elecciones de medio término de noviembre, en las que se definirá el control del Congreso. La solicitud busca suspender, mientras avanza el litigio, decisiones de tribunales inferiores que bloquearon la medida en 23 estados y Washington D. C.

La orden, emitida en marzo, instruye al gobierno federal a crear listas estatales de ciudadanos elegibles para votar y ordena al Servicio Postal entregar boletas por correo únicamente a las personas incluidas en esos listados. También contempla requisitos de trazabilidad para las papeletas y la posibilidad de retener fondos federales a jurisdicciones que no cumplan con las nuevas directrices.

El Departamento de Justicia argumenta que la orden contiene una orientación general de política pública y que la demanda es prematura, porque las agencias federales aún evalúan cómo —o si— implementarán sus disposiciones. El procurador general D. John Sauer pidió a la Corte actuar con rapidez, al señalar que cualquier cambio tendría que estar definido en agosto para poder aplicarse en las elecciones de noviembre.

Los estados demandantes, en su mayoría gobernados por demócratas, sostienen que la Constitución otorga a los estados y al Congreso la autoridad para establecer reglas electorales, no al presidente. Una jueza federal en Massachusetts bloqueó la orden al considerar que el Ejecutivo no tiene competencia para ordenar cambios en la forma en que los estados administran elecciones federales; posteriormente, una corte de apelaciones mantuvo esa decisión.

La administración Trump defiende la medida como una herramienta para fortalecer la seguridad electoral y evitar que personas no ciudadanas voten. Sus críticos advierten que podría generar confusión administrativa, litigios adicionales y restricciones al acceso al voto por correo. Según AP, el voto de personas no ciudadanas ha sido poco frecuente y puede ser sancionado como delito.

La Corte Suprema solicitó a los estados responder antes del 3 de agosto. Su decisión podría convertirse en uno de los casos electorales más relevantes antes de los comicios de medio término, al definir hasta dónde puede llegar el Ejecutivo federal en materia de administración electoral y qué margen conservan los estados para regular el voto por correo.

MIGRACIÓN

Gobierno de EE.UU. permitirá enviar solicitudes de asilo a tribunales sin entrevista previa

La administración del presidente Trump anunció una nueva regulación que permitirá remitir solicitudes de asilo directamente a los tribunales de inmigración sin realizar previamente una entrevista con los solicitantes. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), la medida entrará en vigor de manera inmediata tras su publicación en el Registro Federal y busca acelerar la resolución de los casos pendientes.

Con la nueva norma, los funcionarios encargados de evaluar las solicitudes de asilo podrán remitir los expedientes a las cortes de inmigración, donde se iniciarán los procedimientos correspondientes, incluidos aquellos que pueden derivar en procesos de deportación. Según el Gobierno estadounidense, el cambio hace parte de una reforma orientada a agilizar el sistema y optimizar el uso de las solicitudes de protección internacional conforme a la normativa vigente.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS), Joseph Edlow, señaló que la medida busca fortalecer la eficiencia del proceso establecido por la legislación estadounidense en materia de protección a refugiados. De acuerdo con el documento preliminar de la regulación, los cambios podrían impactar más de 440.000 solicitudes de asilo.

Las cortes de inmigración en Estados Unidos hacen parte del Poder Ejecutivo y dependen del Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ). En ese marco, la administración del presidente Trump ha realizado cambios en la conformación de esos tribunales y, recientemente, flexibilizó los criterios para el nombramiento de jueces temporales, al eliminar el requisito de experiencia previa en derecho migratorio para algunos cargos.

Por otra parte, organizaciones especializadas han señalado un incremento en las tasas de denegación de solicitudes de asilo. Datos del centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse muestran que aproximadamente el 94% de las solicitudes resueltas en junio fueron rechazadas. Asimismo, la organización Washington Office on Latin America (WOLA) sostuvo que este porcentaje supera los niveles registrados durante la administración anterior y afirmó que la tendencia refleja un endurecimiento progresivo de las decisiones en materia de asilo.

La nueva regulación se suma a otras medidas adoptadas por la administración del presidente Trump para reformar el sistema migratorio, con el objetivo de acelerar la resolución de casos y fortalecer la aplicación de la política de control migratorio impulsada por el Gobierno.

MIGRACIÓN

Administración Trump inicia el fin de la protección migratoria para miles de haitianos en Estados Unidos

Más de 350.000 ciudadanos haitianos perdieron este lunes el Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS) en Estados Unidos, luego de que expirara la protección tras un fallo de un tribunal federal de apelaciones. La decisión se produce después de que la Corte Suprema autorizara en junio a la administración del presidente Trump revocar ese beneficio migratorio, abriendo la puerta a la ejecución de procesos de deportación.

De acuerdo con reportes de prensa citados por legisladores estadounidenses, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) prepara operativos de control migratorio que comenzarían en el estado de Ohio, donde reside una parte de la población haitiana beneficiaria del TPS. Al respecto, el congresista republicano Michael Rulli afirmó que las autoridades iniciarán las deportaciones en ese estado y respaldó públicamente la medida.

Aunque los primeros operativos estarían concentrados en Ohio, organizaciones civiles advierten que el mayor impacto podría registrarse en Florida, donde viven cerca de 158.000 haitianos amparados por el programa. La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz sostuvo que el Departamento de Seguridad Nacional planea realizar alrededor de 2.000 detenciones diarias con fines de deportación y cuestionó los efectos que esa estrategia tendría sobre familias y comunidades.

Diversos análisis también apuntan a posibles impactos económicos. Según la organización FWD.us, cerca de 200.000 haitianos trabajan en sectores como hospitales, hogares de cuidado, restaurantes y hoteles, mientras que su aporte anual a la economía estadounidense se estima en US$5.900 millones, incluyendo aproximadamente US$1.500 millones en el área de Miami.

El Departamento de Seguridad Nacional ha argumentado que las condiciones ambientales en Haití han mejorado desde que el TPS fue otorgado tras el terremoto de 2010, razón por la cual considera que ya no se justifican esas protecciones extraordinarias. En contraste, organizaciones humanitarias y activistas sostienen que el país continúa enfrentando una profunda crisis de seguridad y gobernabilidad, marcada por altos niveles de violencia y la ausencia de un presidente elegido democráticamente desde 2021.

Además de las implicaciones migratorias, organizaciones civiles señalan que las deportaciones podrían afectar a miles de familias con vínculos mixtos de nacionalidad. De acuerdo con estimaciones de FWD.us, alrededor de 50.000 niños ciudadanos estadounidenses podrían quedar separados de al menos uno de sus padres si se concretan las medidas de deportación previstas por las autoridades.