La congresista republicana de Florida María Elvira Salazar publicó un mensaje dirigido a los colombianos de cara a las elecciones presidenciales, en el que pidió a los sectores de derecha unificarse para evitar la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro. La legisladora estadounidense aseguró que “la izquierda no ha sido buena para Colombia” y afirmó que el país ha registrado un deterioro en seguridad y narcotráfico durante la actual administración, mencionando el aumento de los cultivos de coca y el incremento de los secuestros como parte de sus críticas al Gobierno colombiano.

En su declaración, Salazar sostuvo además que el candidato Iván Cepeda representa una continuidad directa del petrismo y lo calificó como “Petro número 2”. La congresista también hizo referencia a denuncias sobre una supuesta filtración de información militar a grupos armados ilegales, afirmando que ese tipo de hechos “no es bueno para el país”. Sus declaraciones se producen en medio de una creciente atención desde sectores republicanos en Estados Unidos sobre el rumbo político y de seguridad de Colombia bajo el actual Gobierno.

La representante por Florida expresó igualmente su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, de quien dijo ser amiga personal debido a que vivió en el distrito que ella representa en el Congreso estadounidense. Salazar destacó que De la Espriella posee doble nacionalidad colombo-estadounidense y lo describió como “un amigo de los Estados Unidos”, asegurando que Washington busca mantener una relación cercana con Colombia basada en intercambio comercial y afinidad ideológica.

El pronunciamiento refleja cómo las elecciones colombianas comienzan a incorporarse al debate político dentro de sectores conservadores estadounidenses, especialmente entre figuras republicanas vinculadas con América Latina y con la comunidad hispana en Florida. El mensaje de Salazar también evidencia el interés de algunos sectores en Washington de mantener a Colombia alineada con la agenda regional impulsada por el presidente Donald Trump, particularmente en temas relacionados con seguridad, narcotráfico y cooperación política hemisférica.

COLOMBIA Y EE.UU. DETIENEN EMBARCACIÓN NARCO EN EL CARIBE CON TRABAJO CONJUNTO ENTRE SOUTHCOM, JIATFS Y LA ARMADA

La acción se desarrolló frente a las costas colombianas cuando unidades de la Armada de Colombia, actuando bajo la coordinación de inteligencia de la JIATFS y el respaldo del SOUTHCOM, detectaron y persiguieron la embarcación de alta velocidad. En el curso de la persecución, los tripulantes intentaron eludir la captura arrojando parte del cargamento ilícito al mar, maniobra que no impidió que las autoridades recuperaran la droga ni que se procediera a la detención de dos sospechosos. La operación fue difundida por las propias instituciones a través de sus canales oficiales en redes sociales, donde destacaron que la coordinación en tiempo real fue clave para el éxito del operativo.

La JIATFS es una fuerza de tarea multiservicio y multiagencial con sede en la Estación Aérea Naval de Key West, Florida, subordinada al Comando Sur de EE.UU. y comandada por un oficial de la Guardia Costera. Su misión es detectar, monitorear y transferir blancos de tráfico ilícito, así como promover la cooperación con naciones socias para frenar el flujo de estupefacientes. En 2025, la JIATFS contaba con oficiales de enlace de 20 países, entre ellos Colombia, uno de los actores clave en los esfuerzos antinarcóticos del hemisferio. Este andamiaje institucional es el que sustenta operaciones como la registrada frente a las costas colombianas, donde la detección temprana y la coordinación interagencial definen el resultado.

El operativo se enmarca en una intensificación de la estrategia antidrogas de Washington en el hemisferio occidental. El objetivo declarado del SOUTHCOM es reducir el flujo de drogas ilícitas, degradar a las organizaciones criminales transnacionales y aumentar la interoperabilidad con sus naciones socias y aliados interagenciales. En ese contexto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha subrayado sus esfuerzos por detener el comercio ilegal de drogas desde el regreso del presidente Donald Trump al poder, con el SOUTHCOM como eje central de esas acciones en el Caribe y el Pacífico oriental. La captura de la embarcación “go-fast” frente a Colombia se suma así a una cadena de interdicciones recientes que buscan cortar las rutas de abastecimiento de carteles y redes narcoterroristas en la región.

LA ADMINISTRACIÓN TRUMP CONSOLIDA SU ESTRATEGIA SOBRE IRÁN Y AMÉRICA LATINA EN REUNIÓN DE GABINETE

La reunión de gabinete encabezada este miércoles por el presidente Donald Trump dejó en evidencia el endurecimiento y la expansión de la estrategia internacional de la Casa Blanca, con mensajes dirigidos simultáneamente hacia Irán, Venezuela, Cuba y América Latina. Durante la sesión, Trump aseguró que las elecciones de mitad de mandato no alterarán la posición de su administración frente a Teherán y rechazó cualquier idea de que Irán pueda esperar un eventual debilitamiento político interno en Estados Unidos para obtener ventajas en las negociaciones. “Estarían equivocados si creen eso”, afirmó el mandatario, quien además utilizó la reciente victoria de Ken Paxton sobre John Cornyn en la primaria republicana al Senado en Texas como una demostración de su control político sobre el Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas.

En materia de política exterior, el secretario de Estado, Marco Rubio, insistió en que “la diplomacia siempre es la primera opción” respecto a Irán y afirmó que las conversaciones recientes han mostrado “algunos avances”, aunque dejó claro que Trump mantiene “otras opciones” disponibles si el diálogo fracasa. El presidente también descartó cualquier acuerdo que permita a Teherán controlar el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo. “Son aguas internacionales, nadie las va a controlar”, declaró Trump, luego de que medios estatales iraníes difundieran un supuesto memorando preliminar que contemplaría compromisos sobre el tránsito marítimo en la región. La Casa Blanca calificó inmediatamente ese documento como una “fabricación completa”.

Trump también condicionó un eventual acuerdo de paz con Irán a que aliados regionales de Washington, como Arabia Saudí y Catar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel. El mandatario afirmó que esos gobiernos “deben” dar ese paso como parte de un reordenamiento estratégico de Oriente Medio impulsado por Estados Unidos. Aunque reconoció que Irán “tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo”, reiteró que todavía no está satisfecho con el resultado de las negociaciones y volvió a mencionar la posibilidad de retomar acciones militares si las conversaciones no avanzan en los términos exigidos por Washington.

La reunión también estuvo marcada por las declaraciones de Rubio sobre Venezuela, donde reiteró que la estrategia estadounidense continúa organizada en tres fases: estabilización, recuperación y transición. El secretario de Estado afirmó que desde el 3 de enero más de 10 millones de barriles de petróleo venezolano han sido enviados a Estados Unidos y sostuvo que la industria petrolera venezolana está siendo “profesionalizada por primera vez”. Según Rubio, el crudo se comercializa actualmente “a precios de mercado” y no bajo esquemas opacos o descuentos extraordinarios, mientras los ingresos derivados de esas ventas están siendo depositados en una cuenta supervisada por el Departamento del Tesoro y auditada por KPMG para evitar corrupción y garantizar, según Washington, que los recursos beneficien al pueblo venezolano.

Rubio aseguró además que, por primera vez, los recursos provenientes del petróleo venezolano “no están siendo robados” y defendió el control estadounidense sobre la comercialización del crudo venezolano como una herramienta estratégica para evitar un colapso institucional en el país y mantener capacidad de influencia sobre las autoridades interinas. El jefe de la diplomacia estadounidense vinculó también la situación venezolana con la seguridad hemisférica y la crisis cubana, al afirmar que tener un “Estado fallido” cerca de las costas estadounidenses representa una amenaza para la seguridad nacional. Sobre Cuba, calificó al Gobierno de la isla como un grupo de “comunistas incompetentes” y señaló específicamente al conglomerado militar GAESA, al que acusó de controlar cerca del 70% de la economía cubana sin que sus ingresos beneficien a la población.

En el frente económico interno, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que las denominadas “Cuentas Trump” comenzarán a estar disponibles desde este jueves en las principales plataformas digitales. El programa otorgará US$1.000 a recién nacidos cuyos padres abran una cuenta de inversión asociada a la legislación tributaria impulsada por Trump y, según el Tesoro estadounidense, cerca de 6 millones de niños ya estarían inscritos. El lanzamiento oficial de la iniciativa está previsto para el 4 de julio, en el marco de las celebraciones por el aniversario número 250 de Estados Unidos, consolidando así un nuevo componente económico y político dentro de la agenda doméstica de la administración republicana.

ESTADOS UNIDOS YA HA DEVUELTO MÁS DE US$20 MIL MILLONES TRAS LA CAÍDA JUDICIAL DE LOS ARANCELES DE TRUMP

El gobierno de Estados Unidos ya ha reembolsado US$20,6 mil millones a importadores afectados por los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), luego de que la Corte Suprema anulara en febrero buena parte de las tarifas implementadas por la administración del presidente Donald Trump. La información fue revelada en documentos presentados ante el Tribunal de Comercio Internacional (TCI), donde funcionarios federales detallaron el avance del proceso de devolución a empresas que habían pagado gravámenes considerados ilegales por el máximo tribunal.

Según Brandon Lord, director ejecutivo de programas comerciales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP), los US$20,6 mil millones corresponden tanto al valor original de los aranceles como a intereses acumulados, aunque el Gobierno no precisó cuánto corresponde a cada componente. Las autoridades estadounidenses estiman que el proceso completo podría alcanzar hasta US$85 mil millones en devoluciones, convirtiéndose en uno de los mayores reembolsos comerciales de la historia reciente del país.

La CBP explicó además que ha procesado cerca de 16 millones de entradas de importación relacionadas con tarifas aplicadas bajo la IEEPA y que aproximadamente 8,5 millones ya fueron reprocesadas sin esos aranceles para autorizar las devoluciones correspondientes. El organismo también reconoció errores en cifras reportadas previamente ante la justicia, luego de que funcionarios corrigieran una estimación inicial que sobrevaloraba en cerca de US$10 mil millones el volumen total de solicitudes de reembolso debido a fallas en la consulta de datos utilizada por el sistema de procesamiento aduanero.

Entre las compañías beneficiadas aparecen algunas de las mayores empresas estadounidenses, incluidas Walmart, Costco, Target, Home Depot, General Motors, Ford Motor Company, FedEx, UPS y DHL. Algunas corporaciones recurrieron directamente a los tribunales para acelerar los pagos, mientras otras utilizaron el portal habilitado por la CBP tras el fallo judicial. Walmart señaló recientemente que parte de los recursos recuperados podrían utilizarse para reducir precios al consumidor, en medio de crecientes presiones inflacionarias sobre los hogares estadounidenses de menores ingresos.

Pese al fallo judicial y las devoluciones en curso, los importadores continúan pagando un arancel general del 10% implementado posteriormente por Trump bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, mecanismo que permite imponer tarifas globales temporales de hasta el 15% por un máximo de 150 días. Aunque el Tribunal de Comercio también falló contra esa medida a comienzos de mayo, la administración estadounidense evalúa alternativas legales para extender o reutilizar esa autoridad sin necesidad de aprobación del Congreso. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sugirió esta semana que el Ejecutivo podría reiniciar sucesivamente el período de aplicación de los aranceles, pese a las tensiones jurídicas que ello implicaría.

El debate sobre las tarifas ocurre además en medio de crecientes cuestionamientos sobre su impacto económico interno. La Fundación Fiscal (Tax Foundation) estimó que los aranceles elevaron en aproximadamente US$1.000 la carga anual promedio para cada hogar estadounidense durante 2025 y que seguirán representando costos adicionales en 2026. Empresas como Walmart ya habían advertido sobre aumentos de precios asociados a las tarifas, mientras fabricantes como Jim Beam anunciaron cierres temporales de operaciones debido a la volatilidad generada por la política comercial estadounidense, reflejando cómo la disputa arancelaria continúa teniendo efectos directos sobre consumidores, cadenas de suministro y sectores industriales del país.

WASHINGTON CONGELA LIBRE COMERCIO EN EL USMCA Y AISLA A CANADÁ EN EL INICIO DE LA REVISIÓN CONJUNTA

Estados Unidos confirmó que mantendrá los aranceles sobre importaciones provenientes de México y Canadá mientras avanzan las negociaciones para revisar el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), en una señal de que la administración del presidente Donald Trump busca transformar el acuerdo comercial norteamericano en un esquema con mayores mecanismos de protección industrial y seguridad económica regional. La decisión fue anunciada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien afirmó que Washington continuará utilizando los aranceles como herramienta de presión incluso frente a sus principales socios regionales.

Greer aseguró que Estados Unidos enfrenta “problemas comerciales importantes” con Canadá y sostuvo que el actual modelo de integración regional no puede seguir funcionando bajo una lógica completamente libre de aranceles. El funcionario argumentó que el persistente déficit comercial estadounidense obliga a mantener medidas proteccionistas, especialmente en sectores considerados estratégicos para la manufactura nacional, al tiempo que dejó claro que Ottawa quedará excluida de la primera etapa de conversaciones bilaterales entre Washington y Ciudad de México.

Las declaraciones reflejan un endurecimiento de la política comercial estadounidense hacia América del Norte y anticipan una renegociación mucho más exigente del USMCA, vigente desde 2020. Greer señaló previamente ante empresarios mexicanos que los aranceles aplicados a productos como acero, aluminio y automóviles podrían mantenerse incluso bajo una eventual renovación del acuerdo, en línea con la estrategia de la Casa Blanca de fortalecer la producción doméstica y reducir la dependencia industrial externa.

En paralelo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR) confirmó oficialmente el inicio de una serie de rondas bilaterales de negociación entre Estados Unidos y México relacionadas con la primera revisión conjunta del USMCA. La primera ronda se realizará el 28 y 29 de mayo en Ciudad de México y estará encabezada por el embajador Jeff Goettman, representante comercial adjunto de Estados Unidos, junto a una delegación estadounidense que discutirá principalmente temas de seguridad económica y nuevas reglas de origen para bienes industriales estratégicos.

PRESIDENTE TRUMP EVALÚA RESTRINGIR EL INGRESO INTERNACIONAL EN CIUDADES SANTUARIO A LAS PUERTAS DEL MUNDIAL

La administración del presidente Donald Trump estudia una medida que podría transformar de manera drástica el funcionamiento del transporte aéreo internacional en Estados Unidos, luego de que funcionarios del Gobierno confirmaran que se analiza suspender el procesamiento migratorio y aduanero en aeropuertos ubicados en las denominadas ciudades santuario. La iniciativa busca aumentar la presión sobre gobiernos locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración y forma parte de la estrategia más agresiva impulsada por la Casa Blanca para endurecer el control migratorio en el país.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que su departamento ya trabaja en planes para dejar de procesar vuelos internacionales en jurisdicciones que, según Washington, obstaculizan la aplicación de las leyes migratorias federales. Las declaraciones se produjeron tras las protestas registradas durante el fin de semana en Nueva Jersey frente al centro de detención Delaney Hall, donde manifestantes bloquearon accesos y protagonizaron enfrentamientos con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE). “Están impidiendo que nuestros empleados entren y salgan de las instalaciones. Entonces, ¿por qué estamos procesando vuelos internacionales en el aeropuerto de ese lugar?”, cuestionó Mullin.

Aunque el funcionario aclaró que la propuesta todavía no ha sido aprobada de forma definitiva, la posibilidad de aplicar restricciones migratorias en grandes aeropuertos internacionales encendió alarmas dentro de la industria aérea y turística estadounidense. La medida podría impactar terminales estratégicas ubicadas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco, cuyos gobiernos mantienen políticas que restringen la colaboración con ICE y otras agencias federales en materia migratoria.

La administración Trump sostiene que las ciudades santuario no deberían beneficiarse de servicios federales relacionados con inmigración si rechazan cooperar con las autoridades nacionales. “No quieren que hagamos cumplir las leyes de inmigración, pero sí quieren que procesemos los trámites de inmigración en sus instalaciones”, afirmó Mullin, reforzando el mensaje político de la Casa Blanca de condicionar recursos y operaciones federales al alineamiento de las autoridades locales con la política migratoria nacional.

La discusión llega además en un momento especialmente sensible para el sector turístico estadounidense, debido a la proximidad del Mundial de Fútbol que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. Estados Unidos albergará cerca del 70% de los partidos del torneo y espera la llegada de cientos de miles de visitantes extranjeros, por lo que cualquier restricción o interrupción en el procesamiento internacional de pasajeros podría generar impactos operativos, económicos y diplomáticos en algunas de las ciudades más visitadas del país.

HUMAN RIGHTS WATCH DENUNCIA EL ABANDONO DE MIGRANTES CUBANOS DEPORTADOS POR ESTADOS UNIDOS A MÉXICO

Human Rights Watch (HRW) denunció que la administración del presidente Donald Trump ha deportado al menos a 4.353 ciudadanos cubanos hacia México desde enero de 2025, en medio de una política migratoria que, según la organización, ha dejado a miles de personas “abandonadas” sin acceso estable a vivienda, atención médica o mecanismos claros de regularización. El reporte sostiene que los cubanos representan más de un tercio de los cerca de 13.000 migrantes no mexicanos expulsados por Estados Unidos hacia territorio mexicano entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026.

La organización documentó que muchos de los migrantes deportados llegaron a México sin documentación, dinero ni pertenencias personales, quedando atrapados en ciudades fronterizas con altos niveles de violencia y sin posibilidades inmediatas de acceder al mercado laboral formal. “Nos están abandonando aquí a morir”, relató un ciudadano cubano de 58 años entrevistado por HRW, quien aseguró que los deportados no reciben apoyo suficiente para cubrir alimentación, alquiler o atención básica tras su expulsión desde Estados Unidos.

El informe también señala que los cubanos se han convertido en el principal grupo de migrantes no mexicanos enviados a México bajo la actual administración estadounidense, en el marco de un acuerdo bilateral entre Washington y Ciudad de México cuyos detalles no han sido revelados públicamente. Según HRW, mientras el Gobierno de Joe Biden deportaba menos de 100 cubanos al mes hacia México, las cifras bajo la administración Trump ya superan los 500 mensuales, reflejando un cambio drástico en la política migratoria hacia ciudadanos de la isla.

La organización acusó además a las autoridades estadounidenses de cometer abusos y mantener “condiciones inhumanas” en centros de detención migratoria dentro de Estados Unidos, al tiempo que denunció violaciones al debido proceso durante las deportaciones. HRW entrevistó a 53 migrantes expulsados hacia terceros países en los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco, incluidos 41 hombres cubanos que habían vivido durante años e incluso décadas en Estados Unidos, principalmente en Florida, tras abandonar Cuba por motivos políticos y económicos vinculados a la represión en la isla.

Según el reporte, una vez en México muchos cubanos quedan fuera del sistema formal de refugio y carecen de un camino legal claro para regularizar su permanencia. Human Rights Watch advirtió que esa situación aumenta significativamente el riesgo de explotación por parte de organizaciones criminales, especialmente en regiones donde operan redes de tráfico de personas y grupos vinculados al crimen organizado. La organización cuestionó además la falta de mecanismos humanitarios y de protección jurídica para quienes son trasladados desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.

Las denuncias se producen en un momento en el que la administración Trump mantiene una política de fuerte presión política y judicial contra el Gobierno cubano, incluyendo recientes acciones legales y sanciones dirigidas contra figuras del régimen de la isla. El informe de HRW subraya el contraste entre la estrategia de Washington de endurecer su postura frente al gobierno comunista cubano y el trato recibido por miles de migrantes cubanos deportados, quienes, según la organización, permanecen en una situación de vulnerabilidad extrema en territorio mexicano.

FLÁVIO BOLSONARO BUSCA ALINEAR A BRASIL CON LA ESTRATEGIA REGIONAL DE TRUMP

El senador brasileño Flávio Bolsonaro sostuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde prometió que Brasil se incorporará a la alianza regional “Escudo de las Américas” si gana las elecciones presidenciales de octubre. El encuentro, realizado en pleno año electoral brasileño, evidenció el acercamiento político entre el entorno de Trump y la familia Bolsonaro, además de reforzar el posicionamiento internacional del senador como uno de los principales referentes de la derecha brasileña frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras la reunión, Bolsonaro aseguró que uno de los principales temas discutidos fue la cooperación hemisférica contra el crimen organizado y afirmó que solicitó formalmente a Trump que Estados Unidos designe como organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho, dos de las estructuras criminales más poderosas de Brasil. La propuesta ha sido rechazada por el Gobierno de Lula, que considera que una clasificación de ese tipo podría abrir espacio a injerencias externas y afectar la soberanía brasileña.

El senador señaló que, en caso de llegar a la presidencia, Brasil pasará a formar parte del “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por Washington y respaldada por gobiernos aliados como los de Argentina y El Salvador para fortalecer la cooperación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Bolsonaro sostuvo que la alianza busca construir “una gran coordinación hemisférica” en materia de seguridad y descartó que la eventual designación terrorista implique operaciones militares estadounidenses dentro de territorio brasileño. “Eso está fuera de la mesa”, afirmó.

Durante la visita, Bolsonaro permaneció más de una hora en el complejo presidencial y se fotografió junto a Trump en el Despacho Oval. El senador destacó que se trata de la primera vez que un presidente estadounidense recibe en la Casa Blanca a un precandidato presidencial brasileño durante un año electoral, lo que interpretó como una señal del respaldo político y personal de Trump hacia su candidatura y hacia el sector conservador brasileño alineado con el bolsonarismo.

El encuentro también volvió a poner sobre la mesa la relación política entre Trump y el ex presidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado tras las elecciones brasileñas. Según Flávio Bolsonaro, la primera pregunta del mandatario estadounidense fue sobre el estado de salud y situación de su padre, con quien mantiene afinidad ideológica desde sus respectivos gobiernos. Además, el senador sostuvo que Brasil debe convertirse en una alternativa estratégica frente al dominio chino en minerales críticos, un tema que ha ganado peso dentro de la agenda industrial y geopolítica de Washington.

La visita ocurre en un momento complejo para la campaña de Bolsonaro, luego de que surgieran filtraciones que lo vinculan con Daniel Vorcaro, un banquero investigado por presunto fraude financiero, situación que ha afectado su desempeño en las encuestas frente a Lula, quien buscará la reelección. El viaje también se produjo pocas semanas después de la reunión entre Trump y Lula en la Casa Blanca, encuentro que ambos gobiernos calificaron como positivo, reflejando cómo Washington mantiene abiertos canales políticos tanto con el oficialismo brasileño como con la oposición conservadora de cara a las elecciones de octubre.

Las negociaciones continuarán el 16 y 17 de junio en Washington, donde ambos gobiernos también abordarán asuntos vinculados con agricultura y condiciones de competencia equitativa dentro de la región. Posteriormente, durante la semana del 20 de julio, se celebrará una tercera ronda en Ciudad de México. Según la USTR, el objetivo central de las conversaciones será garantizar que el acuerdo comercial beneficie directamente a fabricantes, agricultores, trabajadores, proveedores de servicios y pequeñas y medianas empresas estadounidenses.

Uno de los principales puntos de tensión será la redefinición de las reglas de origen, mecanismo que determina qué porcentaje de contenido regional debe tener un producto para acceder a beneficios arancelarios preferenciales. Greer explicó que Washington buscará aumentar significativamente el contenido estadounidense en sectores industriales clave, particularmente en la industria automotriz, como parte de una estrategia orientada a fortalecer cadenas de suministro regionales consideradas críticas para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El funcionario también planteó que México y otros socios regionales deberían elevar aranceles frente a importaciones provenientes de fuera de Norteamérica, especialmente de Asia, con el objetivo de consolidar un bloque industrial más cerrado y competitivo. “Para las regiones de seguridad nacional, quiero que nuestra cadena de suministro provenga de este hemisferio, directamente de Norteamérica”, afirmó Greer, reforzando la idea de que la política comercial estadounidense está cada vez más vinculada a consideraciones geopolíticas e industriales.

Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intentó reducir las preocupaciones sobre posibles choques entre las negociaciones del USMCA y el acuerdo comercial modernizado con la Unión Europea. La mandataria aseguró que ambos procesos avanzan de manera completamente independiente y sostuvo que la actualización del tratado con Europa responde únicamente a la renovación de un instrumento vigente desde el año 2000. Sheinbaum descartó cualquier interferencia entre ambos acuerdos y reiteró que México continuará diferenciando claramente sus distintos frentes de política comercial internacional.