La audiencia presidida por la representante María Elvira Salazar reflejó una disposición favorable a relanzar la alianza bilateral con el gobierno entrante. Sin embargo, congresistas demócratas y republicanos dejaron claro que el respaldo de Estados Unidos estará acompañado de avances concretos sobre seguridad, narcotráfico, derechos humanos, cooperación migratoria, inversión y rendición de cuentas.

 

Colombia volvió a oírse en el Congreso de Estados Unidos. La audiencia titulada A New Beginning for Colombia, convocada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes y presidida por María Elvira Salazar, dejó un mensaje tan optimista como exigente: existe una oportunidad política para reconstruir la relación bilateral, pero Washington espera resultados. En este espacio, AmCham Colombia estuvo presente y siguiendo de cerca las discusiones y aportando a la comprensión del momento que atraviesa la relación bilateral.

 

La sesión contó con la participación de F. Cartwright Weiland, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, y Luis Méndez, subsecretario adjunto para América del Sur del Departamento de Estado. Entre los congresistas presentes estuvieron Joaquín Castro, Gregory Meeks, Greg Stanton, Dina Titus, Jonathan Jackson y Debbie Wasserman Schultz.

 

Salazar inauguró la audiencia destacando la elección de Abelardo de la Espriella y su intención de reconstruir una relación estrecha con Estados Unidos. La congresista presentó el resultado electoral como una oportunidad para fortalecer la democracia, la seguridad, la libertad y la prosperidad en el hemisferio, y anunció la presencia en el Capitolio de varios integrantes del próximo gobierno colombiano.

 

La audiencia trascendió el respaldo político y abrió una discusión de fondo sobre las prioridades, condiciones y compromisos que definirán el nuevo entendimiento bilateral.

 

Seguridad y narcotráfico: la prioridad inmediata

 

La discusión sobre seguridad y narcotráfico comenzó con la intervención de F. Cartwright Weiland, quien aseguró que hasta el 94 % de la cocaína incautada en Estados Unidos tiene origen colombiano y que al menos cinco organizaciones designadas por Washington como terroristas operan en el país. Advirtió, además, que el potencial de producción de cocaína supera ampliamente la capacidad actual de interdicción.

 

El Departamento de Estado presentó una agenda inmediata para el próximo gobierno: reducción agresiva de los cultivos de coca, utilización de drones para erradicación, destrucción de laboratorios, incremento de incautaciones, reactivación de extradiciones suspendidas, combate contra las finanzas ilícitas y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial.

 

La palabra que atravesó toda la audiencia fue resultados. El respaldo estadounidense se plantea una cooperación en intereses comunes con cumplimiento de resultados.

 

Las preguntas que marcaron la audiencia

 

¿Cómo recuperar la capacidad aérea colombiana?

Pregunta de María Elvira Salazar (republicana, Florida) a F. Cartwright Weiland.

La presidenta del subcomité planteó la preocupación por el deterioro de la capacidad operacional de la Fuerza Pública y preguntó qué podría hacer Estados Unidos para apoyar su recuperación.

 

Weiland respondió que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos cuenta con instrumentos que pueden ampliarse rápidamente. Destacó la operación conjunta de una flota de 29 helicópteros Black Hawk con la Policía Nacional y señaló que existe la posibilidad de aumentar su capacidad. Según lo expuesto durante la sesión, estas aeronaves contribuyeron durante el último año a incautar más de 400 toneladas métricas de cocaína y a afectar cerca de 200 objetivos de alto valor.

 

El funcionario recordó, además, que Estados Unidos continúa suministrando aeronaves, embarcaciones, drones, sistemas antidrones, herramientas forenses e intercambio de inteligencia a las autoridades colombianas.

 

¿Bases estadounidenses en Colombia?

Pregunta de María Elvira Salazar (republicana, Florida) a Luis Méndez y F. Cartwright Weiland (Departamento de Estado).

Salazar preguntó si la administración estaba considerando la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia o algún tipo de presencia permanente.

 

Los funcionarios evitaron hablar de bases militares en el sentido tradicional. Explicaron que se estudian centros logísticos adelantados para apoyar a la Policía colombiana con equipos, movilidad, comunicaciones y tecnología en territorios donde actualmente la presencia institucional es insuficiente. No se planteó el despliegue permanente de tropas estadounidenses, sino infraestructura de apoyo bajo conducción colombiana.

 

Precisión importante: el debate no giró alrededor de reemplazar la responsabilidad del Estado colombiano, sino de ampliar su capacidad para actuar en regiones dominadas por economías ilegales y organizaciones armadas.

 

¿Cuánto cuesta la estrategia antidrogas y qué resultados produce?

Pregunta de Gregory Meeks (demócrata, Nueva York) a F. Cartwright Weiland.

El congresista demócrata Gregory Meeks cuestionó la relación entre el costo de las operaciones marítimas contra el narcotráfico, para las cuales citó una cifra cercana a US$4.700 millones, y su impacto real sobre la oferta de cocaína.

 

Meeks preguntó si esas operaciones habían reducido la disponibilidad de la droga, elevado su precio o disminuido su pureza en las calles estadounidenses.

 

Weiland respondió que las interdicciones realizadas por las autoridades colombianas se encuentran en niveles históricamente altos. Sin embargo, no ofreció una estimación sobre el porcentaje de la producción total que está siendo interceptado ni pudo controvertir de manera concluyente los señalamientos sobre la estabilidad del precio y la pureza de la cocaína.

 

El intercambio dejó una conclusión incómoda pero necesaria: aumentar las incautaciones no es suficiente si la producción crece todavía más rápido. Meeks reclamó indicadores que permitan medir no solamente cuántas toneladas se decomisan, sino cuánto cambia realmente el mercado criminal.

 

¿Qué ocurrirá con los recursos para comunidades afrocolombianas e indígenas?

Preguntas de Gregory Meeks (demócrata, Nueva York) y Jonathan Jackson (demócrata, Illinois) a Luis Méndez y F. Cartwright Weiland.

Meeks exigió claridad sobre el uso de US$25 millones que el Congreso había ordenado dirigir específicamente a comunidades afrocolombianas e indígenas. Insistió en que los recursos no deberían diluirse dentro de programas generales y solicitó un plan detallado y mecanismos de seguimiento.

 

El representante Jonathan Jackson fue más lejos. Cuestionó la eliminación de cientos de programas de USAID, entre ellos una iniciativa estimada en US$60 millones para estas comunidades, y preguntó si la situación de seguridad había mejorado después de los recortes.

Méndez respondió que hay conversaciones en curso sobre los US$25 millones y subrayó que las comunidades afrodescendientes e indígenas soportan una carga desproporcionada de la violencia. Señaló que el trabajo para mejorar su seguridad forma parte de una estrategia integral.

 

Los funcionarios explicaron que se está diseñando una estrategia más amplia para atender las necesidades de seguridad rural y fortalecer la presencia institucional. Reconocieron que algunos programas anteriores terminaron y señalaron que el apoyo a estas poblaciones sería incorporado dentro de una política integral. No obstante, no anunciaron la restitución del programa cancelado ni presentaron durante la audiencia un esquema definitivo para ejecutar los US$25 millones.

 

El debate puso sobre la mesa una tensión que probablemente continuará: mientras el Ejecutivo estadounidense busca concentrar la cooperación en seguridad y resultados, varios congresistas buscan preservar programas con destinatarios y objetivos sociales claramente definidos.

 

¿Respaldará Washington cualquier estrategia militar del nuevo gobierno?

Preguntas de Joaquín Castro (demócrata, Texas) a Luis Méndez.

Castro preguntó directamente si la administración había asumido algún compromiso, formal o informal, para apoyar operaciones militares en Colombia dentro de lo que se ha denominado un posible “Plan Colombia 2.0”.

 

Méndez respondió que el vicepresidente electo y su delegación se reunieron con el secretario Rubio y que la seguridad y la lucha contra el narcotráfico fueron áreas prioritarias. Añadió que también se discutieron oportunidades económicas y de inversión. Ante la insistencia de Castro sobre si existían compromisos concretos de recursos, Méndez señaló que esas conversaciones apenas comenzaron esta semana.

 

El congresista también preguntó por la postura frente al rechazo del presidente electo colombiano a las negociaciones de paz. Méndez respondió que, en materia de desmovilización y combate a disidencias de las FARC, existe alineación. Castro replicó que el presidente electo parece rechazar el acuerdo en su conjunto, a lo que Méndez respondió que aún es temprano y que esperan conversaciones con la nueva administración.

 

Castro también preguntó por las consecuencias migratorias de un eventual cambio en la política colombiana hacia los migrantes venezolanos. Méndez reconoció el papel de Colombia acogiendo a millones de venezolanos y sugirió que, en un escenario de transición en Venezuela, muchos podrían regresar.

 

¿Qué implican las “megacárceles” anunciadas por el presidente electo?

Pregunta de Greg Stanton (demócrata, Arizona) a F. Cartwright Weiland.

Greg Stanton preguntó si la administración había promovido otros enfoques para enfrentar a los grupos armados, incluyendo propuestas como grandes complejos penitenciarios.

 

Weiland respondió que Estados Unidos está dispuesto a discutir asuntos penitenciarios y que cuenta con experiencia en infraestructura y administración carcelaria. Señaló que podrían aportar recursos y experticia, siempre que Colombia también contribuya financieramente para compartir la carga.

 

La respuesta mostró que Washington podría acompañar una ampliación de la capacidad penitenciaria, pero buscará que esta se desarrolle con controles institucionales, estándares técnicos y participación financiera colombiana.

 

¿Puede la lucha contra los carteles convertirse en un conflicto armado?

Pregunta de Dina Titus (demócrata, Nevada) a Luis Méndez y F. Cartwright Weiland.

Dina Titus llevó la discusión al terreno jurídico al preguntar por los riesgos de que los ataques estadounidenses contra carteles designados como organizaciones terroristas terminen configurando un “conflicto armado no internacional”.

 

Los funcionarios evitaron respaldar un escenario operacional concreto. Sus respuestas se mantuvieron alrededor de la cooperación con las autoridades colombianas, el intercambio de inteligencia y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

 

 

China, inversión y una nueva dimensión económica

Preguntas de Greg Stanton (demócrata, Arizona) a Luis Méndez y F. Cartwright Weiland.

Stanton preguntó qué riesgos representa para Estados Unidos la creciente presencia de China en Colombia.

 

Méndez respondió que fue positivo escuchar que el presidente electo colombiano ha señalado que no participará en la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Indicó que actualmente hay unas 600 empresas estadounidenses operando en Colombia y que podrían ser muchas más, presentando esa expansión como una forma de contrarrestar prácticas opacas asociadas a China.

 

Weiland añadió que la influencia china también se observa en redes de financiación ilícita vinculadas a la República Popular China. Señaló que el Departamento de Estado está desplegando herramientas forenses para detectar lavado de dinero y capacidades para incautaciones de criptomonedas.

 

La discusión no estuvo limitada a drogas y seguridad. Luis Méndez advirtió que la creciente presencia de China puede representar riesgos para la infraestructura crítica, las cadenas de suministro y los sistemas digitales colombianos. Al mismo tiempo, presentó una oportunidad para las empresas estadounidenses. Mencionó el comercio, la inversión, la energía y los minerales críticos como áreas en las que Estados Unidos puede ofrecer asociaciones transparentes, sometidas a reglas y compatibles con la soberanía colombiana.

 

Este fue posiblemente el mensaje más relevante para el sector empresarial: la agenda económica dejó de ser un complemento de la relación bilateral para convertirse en una herramienta de seguridad y competencia geopolítica.

 

Para Colombia, la oportunidad consiste en traducir la afinidad política en proyectos concretos, financiables y ejecutables. Para Estados Unidos, el desafío será demostrar que su oferta de inversión puede ser más rápida, competitiva y efectiva que las alternativas provenientes de China.

 

Una relación favorable, pero condicionada

 

La audiencia reveló diferencias importantes entre republicanos y demócratas. Salazar y los representantes del Departamento de Estado destacaron la oportunidad de realineamiento político y de cooperación con el nuevo gobierno. Meeks, Castro, Jackson, Stanton, Titus y Wasserman Schultz insistieron en que la relación no debe depender exclusivamente de afinidades ideológicas y reclamaron atención a los derechos humanos, la paz, las comunidades vulnerables y la eficacia del gasto.

Sin embargo, hubo una coincidencia de fondo: Colombia continúa siendo un socio estratégico para Estados Unidos y su estabilidad tiene consecuencias directas sobre la seguridad, la migración, el comercio y el equilibrio geopolítico del hemisferio.

 

Washington está dispuesto a abrir un nuevo capítulo, pero bajo una fórmula diferente. La amistad histórica seguirá siendo importante; no obstante, la profundidad de la cooperación se medirá ahora en inversiones movilizadas, responsabilidades compartidas y resultados que puedan demostrarse ante el Congreso.

 

El “nuevo comienzo” anunciado por María Elvira Salazar es, por tanto, una oportunidad real. Pero también es una prueba. Estados Unidos está abriendo la puerta; corresponderá a Colombia demostrar, desde los primeros días del nuevo gobierno, que sabe cómo atravesarla.

 

Audiencia completa: A New Beginning for Colombia

https://www.youtube.com/watch?v=BH_EiY8VBVk&t=12s

 

DESARROLLO DE NOTICIAS

 

DIPLOMACIA

Rubio recibe al equipo de transición colombiano y confirma la disposición de EE.UU. a ser el "socio de elección" de Colombia

El Departamento de Estado informó que Rubio felicitó oficialmente a la administración entrante de Colombia y expresó que la administración Trump espera trabajar estrechamente con el gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella para fortalecer los vínculos económicos y avanzar en la cooperación bilateral y regional en materia de seguridad. El comunicado precisó que Estados Unidos aspira a convertirse en el "socio de elección" de Colombia, ofreciendo alternativas transparentes y de altos estándares en sectores estratégicos para la seguridad económica regional —una formulación que apunta a posicionar a Washington frente a la creciente presencia de China en infraestructura, telecomunicaciones y minería en el país suramericano.

Durante el encuentro, la delegación colombiana —encabezada por Restrepo y acompañada por los ministros designados de Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio— agradeció el respaldo de Washington al proceso de transición y presentó las prioridades del nuevo gobierno. Restrepo señaló al término de la reunión que ambas partes reafirmaron su compromiso de fortalecer el comercio y la inversión bilateral, trabajar conjuntamente para enfrentar el crecimiento de los cultivos ilícitos, impulsar la recuperación democrática en Venezuela y ampliar la cooperación en áreas sociales como salud y educación. La inclusión del componente social en la agenda bilateral es un matiz relevante: Restrepo sostuvo que "lo social es el punto de partida para seguir manteniendo y fortaleciendo nuestra democracia y nuestro crecimiento", un mensaje que alinea la agenda de desarrollo con la narrativa de estabilidad democrática que Washington valora en sus aliados hemisféricos.

La jornada también incluyó un encuentro en la Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce), donde más de 40 representantes de empresas estadounidenses, acompañadas por AmCham Colombia, participaron en el diálogo en el que se abordaron los principales desafíos que enfrentan los inversionistas en Colombia y se discutió una agenda conjunta orientada a atraer nuevas inversiones y generar empleo. Restrepo envió un mensaje directo a la comunidad empresarial al afirmar que "Colombia is again open for business", señalando que el nuevo gobierno trabajará de forma coordinada con el sector privado para recuperar la confianza de los inversionistas.

La misión en Washington también produjo un resultado operativo concreto. El vicepresidente electo anunció que, como resultado de las gestiones realizadas durante la visita, el Export-Import Bank de Estados Unidos (Exim Bank) desplegará una misión técnica en Colombia para identificar proyectos estratégicos en inversión, tecnología e infraestructura que puedan activarse desde el primer día de gobierno. El compromiso del Exim Bank — la agencia oficial de crédito a la exportación de EE.UU. — representa una acción tangible derivada de la gira en Washington y convierte a Colombia en destinatario de un instrumento de financiamiento que la administración Trump ha utilizado para competir con la banca de desarrollo china en mercados estratégicos del hemisferio.

La jornada del miércoles cerró el ciclo más intenso de la misión en Washington con dos señales concretas. Desde el gobierno estadounidense, la formulación de "socio de elección" indica que Washington ve en la transición colombiana una oportunidad para reposicionar su influencia económica en un mercado donde ha perdido terreno frente a competidores globales. Desde el ecosistema empresarial de Washington, la participación de más de 40 empresas refleja un interés activo del sector privado estadounidense en la nueva agenda colombiana.

 

ECONOMÍA

Gobierno electo reafirma apertura a la inversión desde Estados Unidos en diálogo con empresarios en Washington

En el marco de su agenda en Washington, la delegación del gobierno electo de sostuvo una mesa redonda con el U.S.-Colombia Business Council (USCBC) y en la que participaron el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, el ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín y el ministro designado de Defensa, general Jorge Eduardo Mora junto a representantes del sector privado estadounidense que invierte en Colombia.

Durante el encuentro, en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y en la que participó AmCham Colombia, el gobierno entrante envió un mensaje claro de apertura a la inversión, bajo el principio de que “Colombia está abierta a los negocios”, y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho, la estabilidad institucional y la independencia judicial como pilares para la confianza inversionista. “Venimos a escuchar, identificar los desafíos que hoy enfrentan quienes invierten en Colombia y construir, de manera conjunta, una hoja de ruta que fortalezca el comercio, la inversión y la generación de empleo”, dijo el vicepresidente electo Restrepo.

Asimismo, se destacó la disposición de la nueva administración para mantener un diálogo permanente con el sector privado de Estados Unidos, en un momento clave de transición, con el objetivo de consolidar una agenda conjunta que impulse el comercio bilateral, la inversión y el crecimiento económico.

El encuentro también permitió evidenciar un compromiso compartido entre el gobierno y las empresas para reconstruir la confianza y fortalecer la relación comercial entre ambos países, en línea con una estrategia de largo plazo para profundizar la cooperación económica.

Desde AmCham Colombia señalamos que este encuentro “envía una señal clara: existe interés en seguir invirtiendo, creciendo y construyendo confianza en Colombia. Estados Unidos es nuestro principal inversionista extranjero. Convertir este interés en más inversión, empleo y desarrollo dependerá de garantizar estabilidad, confianza y reglas claras”

 

ECONOMÍA

FMI advierte que el mercado petrolero quedó con menor capacidad de respuesta tras la crisis en Medio Oriente

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el mercado mundial de petróleo logró absorber el impacto provocado por la guerra en Medio Oriente, pero alertó que los mecanismos que evitaron una crisis energética de mayor magnitud se encuentran prácticamente agotados. En un análisis publicado este miércoles, el organismo señaló que la economía global quedó en una posición más vulnerable frente a eventuales interrupciones futuras del suministro, al tiempo que llamó a los gobiernos a fortalecer su capacidad de respuesta.

Según el FMI, el conflicto iniciado a finales de febrero provocó el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo. Entre marzo y mayo dejaron de llegar al mercado más de 1.100 millones de barriles de crudo, un volumen que superó el impacto registrado durante episodios como la crisis petrolera de 1973, la guerra entre Irán e Irak y la Guerra del Golfo. No obstante, el precio internacional del petróleo se mantuvo entre US$90 y US$100 por barril, por debajo de las previsiones iniciales.

El organismo atribuyó esa estabilidad a la combinación de tres factores. Por un lado, la desaceleración de la demanda, especialmente en Asia, donde el encarecimiento de la energía impulsó el uso de fuentes alternativas. A ello se sumó el incremento de la producción en países como Estados Unidos, Venezuela, Guyana y Rusia, así como la utilización masiva de inventarios comerciales y reservas estratégicas para compensar un déficit cercano a los 4 millones de barriles diarios durante varios meses.

Sin embargo, el FMI advirtió que esos mecanismos de contención ya fueron ampliamente utilizados y que el margen de maniobra para enfrentar una nueva interrupción es considerablemente menor. El organismo señaló que la reposición de inventarios será fundamental para recuperar la resiliencia del mercado, ya que, de no hacerlo, cualquier nuevo shock podría tener efectos mucho más severos sobre el suministro y los precios internacionales.

El análisis coincide con las advertencias que líderes del sector energético realizaron meses atrás durante la conferencia CERAWeek by S&P Global, en Houston. En ese escenario, ejecutivos de la industria y funcionarios estadounidenses señalaron que la principal preocupación ya no era el nivel de los precios, sino la capacidad del sistema para garantizar el flujo físico de petróleo y combustibles. En ese sentido, el FMI estimó que, incluso tras el acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, la normalización del suministro tomará entre dos y tres meses y podría enfrentar limitaciones adicionales si algunas instalaciones permanecen inactivas por un periodo prolongado.

Como parte de sus recomendaciones, el Fondo planteó tres prioridades para los responsables de política económica. La primera consiste en reconstruir las reservas estratégicas e inventarios comerciales; la segunda, avanzar en la diversificación tanto de las fuentes de energía como de las rutas de transporte para reducir la dependencia de puntos críticos como el estrecho de Ormuz; y la tercera, mantener medidas de apoyo a los consumidores únicamente de manera temporal y focalizada, con el fin de proteger las finanzas públicas y preservar los incentivos para el ahorro energético.

El organismo concluyó que la reciente crisis dejó al descubierto la importancia de fortalecer la seguridad energética global mediante una mayor diversificación del suministro y una mejor preparación frente a futuras disrupciones. En este escenario, los países con capacidad para ampliar su producción de hidrocarburos podrían adquirir un papel más relevante en el mercado internacional, mientras que los gobiernos deberán equilibrar las necesidades de abastecimiento con la sostenibilidad de sus políticas fiscales.

 

ECONOMÍA

Candidato de Trump para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales avanza en el Senado

El Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles la nominación de Brett Matsumoto para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, BLS), acercándolo a la votación definitiva en el pleno de la cámara. La candidatura del economista, propuesta por el presidente Donald Trump, fue respaldada por 12 votos contra 11, siguiendo la división partidista del comité.

La BLS es la entidad encargada de elaborar algunos de los principales indicadores económicos de Estados Unidos, entre ellos las cifras de empleo e inflación, utilizadas por la Reserva Federal, inversionistas, empresas y analistas para evaluar el desempeño de la economía. Matsumoto trabaja en la oficina desde 2015 y actualmente se encuentra en licencia mientras desempeña funciones en el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

Durante su audiencia de confirmación en junio, Matsumoto afirmó que no considera que las estadísticas de la BLS hayan sido manipuladas o falsificadas, en contraste con las acusaciones realizadas anteriormente por Trump. También expresó su confianza en el trabajo del personal técnico del organismo y aseguró que garantizará que los datos elaborados por los funcionarios de carrera sean los que finalmente se publiquen.

El nominado señaló además que buscará solucionar algunos problemas técnicos que han afectado la calidad de las estadísticas oficiales en los últimos años, aunque evitó respaldar las afirmaciones del presidente sobre una supuesta manipulación política de los indicadores económicos. Trump destituyó a la anterior comisionada de la BLS, Erika McEntarfer, tras cuestionar las revisiones realizadas a las cifras mensuales de empleo.

Con la aprobación en comité, la nominación de Matsumoto queda lista para ser considerada por el pleno del Senado, donde la mayoría republicana decidirá si confirma al economista al frente de la agencia responsable de producir algunos de los datos económicos más relevantes para Estados Unidos.

 

MIGRACIÓN

Trump restablece las paradas de tráfico de ICE y ordena retomar los operativos migratorios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reanudar las paradas de tráfico realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), menos de 24 horas después de que su propia administración suspendiera temporalmente esta práctica a nivel nacional. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario defendió esta herramienta como un componente esencial de la estrategia de control migratorio y combate contra el crimen.

"Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un gran trabajo, uno que debe hacerse", afirmó Trump. El presidente sostuvo que "el crimen está muy por debajo en Estados Unidos, en muchos casos con cifras que no se habían visto en décadas", y atribuyó el aumento de la inmigración irregular a la política de fronteras abiertas de la administración de Joe Biden. Además, aseguró que "no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen: ¡la parada de tráfico!", ordenando a los agentes "volver y hacer su muy importante trabajo".

La suspensión de estos operativos había sido anunciada el 14 de julio, luego de dos tiroteos fatales ocurridos durante procedimientos migratorios en un lapso de seis días. En ese momento, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, explicó que la decisión correspondía a una revisión de corto plazo para evaluar los procedimientos y garantizar la seguridad de los agentes, insistiendo en que no representaba un cambio permanente en la política migratoria del Gobierno.

Las paradas de tráfico permiten a los agentes de ICE detener vehículos en la vía pública para identificar a sus ocupantes y, cuando corresponde, efectuar detenciones por motivos migratorios. La medida ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los migrantes debido a que cualquier conductor o pasajero puede quedar involucrado en un operativo, incluso cuando no era el objetivo inicial de la investigación.

La revisión de esta política fue motivada por dos tiroteos fatales ocurridos durante operativos migratorios en los últimos días. El 14 de julio, un agente de ICE abatió al ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine, mientras que el 7 de julio otro agente disparó contra un ciudadano mexicano en Houston. El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) reconoció que ninguno de los dos hombres era el objetivo previsto de las operaciones, situación que desencadenó protestas y reabrió el debate sobre el uso de cámaras corporales por parte de los agentes migratorios.

El caso de Durán Guerrero también generó reacciones de alto nivel. La exvicepresidenta Kamala Harris afirmó que "esta es la segunda vez en una semana que agentes de ICE matan a una persona que —según su propia admisión— no era el objetivo de su operación" y agregó que "ahora Sebastián está muerto, su muerte fue presenciada por su hija de tres años". Harris sostuvo que "esto no puede ser aceptable en Estados Unidos" y pidió "una investigación inmediata, independiente y transparente", además de que "cualquier responsable de una conducta indebida debe rendir cuentas". En respuesta, el presidente Gustavo Petro aseguró que "ICE es una organización que debe ser denunciada a escala mundial", afirmó que "cualquier juez del mundo puede procesar crímenes contra la humanidad" y cuestionó la falta de un pronunciamiento del presidente electo sobre el caso.

Con la decisión anunciada por Trump, las paradas de tráfico volverán a formar parte de las estrategias de control migratorio de ICE, dejando sin efecto la pausa anunciada un día antes por su administración. La medida mantiene abierta la controversia sobre el alcance de estos operativos y el equilibrio entre el fortalecimiento de la política migratoria, la protección de los derechos de los migrantes y los mecanismos de supervisión de las actuaciones de las autoridades federales.

SEGURIDAD

Estados Unidos intensifica los ataques contra Irán mientras Teherán mantiene el cierre del estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva contra objetivos militares iraníes con el propósito de debilitar la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. El Comando Central de Estados Unidos (United States Central Command, CENTCOM) informó que la operación se prolongó durante 90 minutos y estuvo dirigida contra sistemas de defensa costera, depósitos de armamento y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicadas en la isla de Gran Tunb, en el golfo Pérsico.

Según CENTCOM, los ataques redujeron aún más la capacidad de Irán para afectar la navegación comercial en el estrecho, por donde transita cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo. La ofensiva se produjo un día después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses restablecieran el bloqueo a los buques con destino u origen en Irán y lanzaran una nueva ronda de bombardeos, en el marco de la escalada iniciada tras la ruptura del acuerdo de alto el fuego anunciada por el presidente Donald Trump.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) afirmó que el estrecho de Ormuz "permanecerá cerrado hasta el fin de las acciones malignas de Estados Unidos". En un comunicado, el cuerpo militar aseguró que la interrupción del tránsito energético será una consecuencia directa de las acciones de Washington y advirtió que "las exportaciones de petróleo y gas de la región son para todos o para nadie", elevando la presión sobre los mercados internacionales de energía.

La nueva fase del conflicto también ha generado reacciones entre los aliados de Washington en la región. El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) acusó a Irán de arrastrar a Oriente Medio hacia una mayor inestabilidad mediante ataques contra países árabes miembros del bloque y contra Jordania. Arabia Saudita, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Omán mantienen estrechos vínculos de defensa con Estados Unidos y albergan instalaciones o presencia militar estadounidense.

La confrontación continúa profundizándose luego de varios días de enfrentamientos, bombardeos y medidas de presión sobre el estrecho de Ormuz, una ruta por la que normalmente circula alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. Mientras Washington busca limitar la capacidad militar iraní en la zona, Teherán mantiene su postura de no reabrir el paso marítimo hasta que cesen las operaciones militares estadounidenses, lo que prolonga la incertidumbre sobre la seguridad energética mundial.

 

SEGURIDAD

EE. UU. refuerza el bloqueo naval a Irán tras interceptar dos buques comerciales

Estados Unidos informó que desvió dos buques comerciales que intentaban atravesar el bloqueo naval restablecido contra los puertos iraníes, en una nueva muestra del endurecimiento de las medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump frente a Teherán. El Comando Central de Estados Unidos (United States Central Command, CENTCOM) señaló que las operaciones buscan garantizar el cumplimiento de las restricciones marítimas impuestas en medio de la escalada del conflicto en el estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el CENTCOM indicó que, desde la reactivación del bloqueo naval, las fuerzas estadounidenses obligaron a cambiar de rumbo a dos embarcaciones comerciales que intentaban ingresar a puertos iraníes. El comando militar añadió que sus fuerzas "se mantienen vigilantes y preparadas para garantizar el cumplimiento absoluto" de las medidas, mientras continúa la supervisión del tránsito marítimo en la zona.

El bloqueo fue restablecido el martes, poniendo fin a la suspensión vigente desde el 18 de junio, cuando Washington y Teherán alcanzaron un memorando de entendimiento para reducir las hostilidades. Según datos del propio CENTCOM, durante el anterior periodo de bloqueo, entre abril y junio, las fuerzas estadounidenses desviaron más de 140 embarcaciones comerciales, inmovilizaron nueve buques que incumplieron las órdenes de la coalición y facilitaron el paso de más de 50 naves con ayuda humanitaria.

Las operaciones marítimas coinciden con una nueva campaña militar estadounidense sobre territorio iraní. Horas después de informar sobre el desvío de los buques, el CENTCOM confirmó ataques de precisión contra sistemas de defensa costera, depósitos de armamento y plataformas de lanzamiento de misiles en la isla de Gran Tunb. De acuerdo con el comando, la ofensiva redujo aún más la capacidad de Irán para amenazar el tráfico comercial que transita por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

La reanudación del bloqueo responde a la decisión del presidente Trump de incrementar la presión sobre Irán, al considerar que el régimen continuó atacando embarcaciones comerciales pese a los compromisos asumidos semanas atrás. En respuesta, las autoridades iraníes acusaron a Washington de incumplir el memorando de entendimiento que permitió suspender temporalmente las restricciones marítimas y responsabilizaron a Estados Unidos por la intensificación de las operaciones militares en la región.

La tensión también ha generado reacciones entre los aliados de Washington en Oriente Medio. Mientras el Consejo de Cooperación del Golfo responsabilizó a Irán por ampliar el conflicto mediante ataques contra países de la región, la Administración Trump mantiene abiertas conversaciones con Teherán, aunque el presidente estadounidense aseguró que, por el momento, no contempla iniciar negociaciones directas. La situación mantiene la incertidumbre sobre la estabilidad del estrecho de Ormuz y sus efectos sobre el comercio internacional de energía.

 

SEGURIDAD

Trump lidera cumbre para fortalecer la base industrial de defensa de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará este miércoles una cumbre sobre defensa en el Colegio de Guerra del Ejército en Carlisle, Pensilvania, con el propósito de resaltar los avances del país en tecnología militar, fortalecer la base industrial de defensa y promover nuevas inversiones estratégicas. El encuentro, organizado por el senador republicano David McCormick, se desarrolla en un momento en el que Washington busca acelerar el desarrollo de capacidades militares frente a un entorno internacional marcado por crecientes tensiones de seguridad.

La cumbre reúne a altos funcionarios de la administración estadounidense, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine; el secretario del Ejército, Dan Driscoll; el director de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA), John Ratcliffe, y el embajador ante las Naciones Unidas, Mike Waltz. También participan directivos de algunas de las principales compañías del sector financiero, tecnológico y de defensa, como JPMorgan, Blackstone, Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, SpaceX y Palantir, con el objetivo de explorar oportunidades de inversión vinculadas a la seguridad nacional.

Durante la primera jornada del evento se anunciaron nuevas inversiones enfocadas en innovación tecnológica. La empresa ZeroEyes informó que destinará US$10 millones a investigación y desarrollo en inteligencia artificial aplicada al análisis de amenazas, mientras que Gecko Robotics confirmó la apertura de una nueva planta en Pittsburgh para ampliar la integración de soluciones robóticas en la industria de defensa. La Casa Blanca destacó que estas iniciativas buscan fortalecer la capacidad industrial estadounidense y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías al sector militar.

El impulso a estas inversiones responde también a los desafíos que enfrenta la industria de defensa. Un informe publicado en mayo advirtió que los contratistas estadounidenses necesitarían al menos tres años para reponer los inventarios de misiles Tomahawk, Patriot y THAAD utilizados en operaciones recientes contra Irán. En ese contexto, Trump propuso un presupuesto de defensa cercano a US$1,5 billones para 2027, aunque la iniciativa aún enfrenta discusión en el Congreso. Desde el sector privado insistieron en la necesidad de acelerar las cadenas de suministro para incrementar la producción de sistemas estratégicos.

En paralelo, Estados Unidos formalizó con Marruecos un memorando de entendimiento para crear el Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio, una instalación militar que será construida en Tan-Tan y cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2030. El proyecto incluirá un área de entrenamiento multidominio, una academia especializada en drones para la formación de personal marroquí y africano, así como un centro de innovación destinado a impulsar la cooperación entre la industria, las universidades y los centros de investigación de ambos países.

De acuerdo con el Comando de Estados Unidos para África (United States Africa Command, AFRICOM), el nuevo centro también servirá como plataforma para la experimentación de tecnologías inalámbricas y de sensores, facilitando el desarrollo conjunto de capacidades militares y nuevas oportunidades para la industria de defensa de ambos países. Además, las maniobras African Lion 2027 serán utilizadas como ensayo previo a la apertura oficial de la instalación, en un esfuerzo por fortalecer la preparación operativa y la cooperación estratégica entre Washington y Rabat.

 

POLÍTICA

Nominado de Trump a fiscal general defiende la gestión del caso Epstein ante el Senado

Todd Blanche, nominado por el presidente Donald Trump para ocupar de manera permanente el cargo de fiscal general de Estados Unidos, defendió este miércoles la actuación del Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) en la divulgación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein durante su audiencia de confirmación ante el Comité Judicial del Senado. El actual fiscal general interino respondió a los cuestionamientos de legisladores demócratas sobre la publicación y edición de los documentos del caso.

Durante la audiencia, Blanche reconoció que se presentaron errores en el proceso de censura de algunos documentos divulgados, aunque aseguró que estos fueron corregidos. "Se realizaron grandes esfuerzos para aplicar las censuras adecuadas, se cometieron errores y aproximadamente el 1% de las censuras tuvieron que corregirse después de que publicáramos los archivos de Epstein", afirmó. No obstante, añadió que "eso no justifica los errores", pero demuestra que el Departamento de Justicia actuó para subsanarlos.

El funcionario también aseguró que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas y reiteró el compromiso de las autoridades de actuar si aparecen nuevas evidencias. "Si nos enteramos hoy, la semana que viene o el mes que viene de que existe un individuo al que podamos investigar, imputar y procesar a raíz de los archivos de Epstein, tengan por seguro que lo haremos", sostuvo. Asimismo, afirmó que el Gobierno continuará escuchando a las víctimas y defendió que la publicación de los documentos respondió al compromiso de la Administración Trump con la transparencia.

La controversia en torno al caso resurgió luego de que el Departamento de Justicia anunciara el año pasado que no divulgaría información adicional sobre Epstein y descartara la existencia de una supuesta lista de clientes famosos utilizada para extorsión, una afirmación que ha sido impulsada por diversas teorías conspirativas. Posteriormente, Trump respaldó la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, tras el amplio apoyo que recibió la iniciativa en el Congreso.

Blanche ha desempeñado un papel central en la gestión del expediente desde que asumió como fiscal general adjunto y posteriormente como fiscal general interino tras la salida de Pam Bondi en abril. Entre sus responsabilidades estuvo la supervisión de la publicación de los archivos y el interrogatorio realizado en prisión a Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Epstein, condenada por delitos relacionados con el tráfico sexual de menores.

Además de responder por el caso Epstein, Blanche fue consultado sobre el fondo destinado a compensar a aliados de Trump que enfrentaron investigaciones durante la administración de Joe Biden. El funcionario aseguró que esa iniciativa "ha muerto" y no continuará adelante. Tras la audiencia, el Comité Judicial del Senado evaluará si recomienda su nominación para la votación definitiva en el pleno de la cámara.

 

SANCIONES

Tesoro de EE. UU. sanciona red internacional vinculada al suministro de armas para la Guardia Revolucionaria de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), anunció nuevas sanciones contra una red internacional acusada de apoyar la adquisición de armamento para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). La medida fue adoptada tras los recientes ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y busca interrumpir los mecanismos utilizados por Teherán para sostener sus programas militares.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que "el presidente Trump ha sido claro en que Irán debe desnuclearizarse" y aseguró que el Gobierno estadounidense "seguirá atacando y desmantelando las redes ilícitas de adquisición que financian los programas de armas y la maquinaria de guerra iraní". Según OFAC, la red sancionada utilizaba empresas extranjeras de aviación y transporte, intermediarios financieros y coordinadores de viajes para ocultar la participación de la IRGC en la compra internacional de equipos y materiales.

Las sanciones alcanzan a siete personas y entidades ubicadas en Irán, Rusia, Italia y Nigeria. Entre ellas figura Behrouz Namazi, director general de la empresa iraní Nika Jet Company, señalado de gestionar la obtención de armamento para la IRGC. También fueron designados la empresa nigeriana Vanguard Tactical Supply Limited, la ciudadana italiana Dounia Ettaib y la compañía rusa Avratek OOO, así como funcionarios y empleados vinculados a estas organizaciones que, según el Tesoro, facilitaron operaciones financieras, logísticas y de transporte relacionadas con la adquisición de material militar.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la red habría coordinado el suministro de bienes, servicios y apoyo financiero para fortalecer las capacidades militares de la Guardia Revolucionaria iraní. Las autoridades estadounidenses sostienen que este tipo de estructuras permite a Irán evadir controles internacionales mediante el uso de empresas y operadores en terceros países, facilitando tanto el movimiento de materiales como el desplazamiento de personal involucrado en estas actividades.

Con esta decisión, la Administración Trump amplía la presión económica sobre la infraestructura internacional que respalda los programas militares iraníes y reafirma su estrategia de limitar el acceso de la Guardia Revolucionaria a recursos financieros, tecnológicos y logísticos. El Tesoro señaló que continuará identificando y sancionando a las personas y entidades que contribuyan a las actividades de proliferación de armas y a las operaciones que, según Washington, representan una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.