El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una sesión de emergencia para examinar la situación en Venezuela después de la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero que derivó en la captura de Nicolás Maduro. El debate reflejó fuertes divergencias sobre el encuadre jurídico del uso de la fuerza, la legitimidad de los argumentos presentados por las partes y los riesgos de escalamiento e inestabilidad con impacto regional.

En nombre del secretario general António Guterres, la subsecretaria general para Asuntos Políticos advirtió sobre el potencial de deterioro de la seguridad interna, efectos humanitarios y presiones migratorias en países vecinos. Reiteró la vigencia de los principios de la Carta de la ONU —incluida la prohibición del uso de la fuerza— y llamó a evitar una escalada, privilegiar canales diplomáticos y promover una salida política pacífica mediante diálogo inclusivo y conforme al derecho internacional.

Estados Unidos defendió la operación como una acción limitada y dirigida, enmarcándola como un procedimiento de “cumplimiento de la ley” contra amenazas transnacionales y sosteniendo que no se trata de una ocupación ni de una intención de administrar el país. Washington argumentó que el objetivo es reducir riesgos asociados a crimen organizado y narcotráfico, e insistió en que sus medidas buscan impedir que redes ilícitas utilicen territorio venezolano o flujos financieros para operar en el hemisferio.

Desde la contraparte, la representación venezolana denunció la operación como un acto de fuerza incompatible con el derecho internacional, cuestionó su legalidad y sostuvo que las instituciones estatales continúan funcionando. En la misma línea, varios Estados plantearon que el Consejo debe preservar la autoridad de la Carta y evitar que se normalicen acciones unilaterales, subrayando que el uso de la fuerza fuera de supuestos estrictos puede agravar conflictos y erosionar el orden internacional.

Apoyo explícito a la operación estadounidense

Argentina respaldó la actuación de Estados Unidos, enmarcándola como un golpe contra redes criminales y señalando que podría abrir una oportunidad para recomposición institucional y política en Venezuela. Paraguay sostuvo que la salida de Maduro abre la puerta a la restauración democrática y que la reconstrucción debe basarse en la voluntad popular expresada en las urnas.

Condena y llamados a la no intervención

México y Brasil rechazaron la acción militar subrayando soberanía, no intervención y la necesidad de una salida pacífica y política; Brasil advirtió sobre el riesgo de establecer precedentes que faciliten “protectorados” o fórmulas de tutela externa. Chile y Panamá, en la misma línea, insistieron en soluciones pacíficas, democráticas y multilaterales, evitando escaladas y priorizando mecanismos diplomáticos.

La representante de Colombia ante Naciones Unidas condenó la operación estadounidense y la caracterizó como una vulneración directa de los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial. En su intervención, sostuvo que “Democracy cannot be defended or promoted through violence and coercion, and it cannot be superseded, either, by economic interests.” 

En la misma línea, remarcó un criterio jurídico categórico frente al uso unilateral de la fuerza, afirmando: “There is no justification whatsoever, under any circumstances, for the unilateral use of force to commit an act of aggression.”

Al referirse al impacto político y al precedente para la región, advirtió que lo ocurrido evocaba antecedentes históricos negativos, al señalar que la operación era reminiscentes de “the worst interference in our area in the past”. 

Finalmente, la delegación colombiana vinculó el debate a los riesgos inmediatos para la estabilidad regional —incluidos efectos humanitarios y migratorios— y defendió que la comunidad internacional privilegie la desescalada, el respeto estricto de la Carta de la ONU y una vía política verificable que reduzca el sufrimiento civil y evite una ampliación del conflicto. 

Condena frontal y acusaciones de “agresión”

Venezuela, Cuba y Nicaragua denunciaron la operación como agresión y como una vulneración de la soberanía, alegando motivaciones vinculadas a recursos estratégicos. Cuba y Nicaragua reclamaron la liberación de Maduro y de Cilia Flores. China y Rusia calificaron el operativo como contrario a la Carta de la ONU, alertaron contra la lógica de “policía del mundo” y reclamaron que no se normalicen acciones unilaterales sin autorización del Consejo.

Sociedad civil y expertos alertan sobre precedentes

Representantes de la sociedad civil venezolana denunciaron la relación entre corrupción, crimen organizado y violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo el régimen de Maduro, mientras expertos como Jeffrey Sachs advirtieron que lo que está en juego no es solo Venezuela, sino la vigencia del principio internacional que prohíbe el uso de la fuerza para imponer cambios políticos.

EMBAJADOR DE EEUU ANTE LA ONU DEFIENDE EL OPERATIVO DEL 3 DE ENERO EN VENEZUELA COMO UNA ACCION DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Durante la sesión del Consejo de Seguridad, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, sostuvo que la acción del 3 de enero en Venezuela constituyó una operación “quirúrgica” de aplicación de la ley, facilitada por apoyo militar estadounidense, y no una guerra ni una ocupación contra el país o su población. 

Según Washington, la operación tuvo como objetivo la captura de dos personas requeridas por la justicia estadounidense, Nicolás Maduro y Cilia Flores, a quienes el Gobierno de Estados Unidos describió como “fugitivos” imputados en su jurisdicción. Waltz señaló que el proceso judicial se desarrollaría ante tribunales federales, en el marco de lo que presentó como el Estado de derecho. 

Estados Unidos sostuvo que Maduro no era un jefe de Estado legítimo, en un contexto de disputas sobre la legitimidad del proceso electoral venezolano de 2024. En esa línea, distintos gobiernos pidieron mayor transparencia sobre los resultados y el informe interino del Panel de Expertos convocado por el Secretario General de la ONU describió deficiencias en estándares básicos de transparencia e integridad electoral. 

El embajador comparó el operativo con la captura de Manuel Noriega en 1989, argumentando que ese precedente fue invocado por Washington para enmarcar acciones de este tipo como medidas orientadas a la seguridad regional, y no como un esfuerzo de administración directa del país intervenido. 

En materia de seguridad, Washington afirmó que Maduro encabezaba el Cartel de los Soles, organización que Estados Unidos designó como Organización Terrorista Extranjera en 2025. En el mismo marco discursivo, la delegación estadounidense vinculó la amenaza a redes criminales transnacionales como el Tren de Aragua, que ha sido objeto de designaciones estadounidenses bajo regímenes de terrorismo. 

Estados Unidos añadió que no permitirá que Venezuela sea utilizada como “hub” operativo por actores externos o redes ilícitas; Waltz mencionó específicamente a Irán, Hizbulá y agentes de inteligencia cubanos como parte de esa caracterización de riesgos. Asimismo, la narrativa estadounidense sobre narcotráfico se apoya en investigaciones y acusaciones federales que describen a Venezuela como punto de tránsito dentro de dinámicas regionales del tráfico de cocaína, y en materiales de UNODC que documentan rutas de tráfico basadas en incautaciones reportadas.

El diplomático también vinculó el caso con la seguridad energética. En términos de contexto, Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo según estimaciones de la U.S. Energy Information Administration, mientras que Waltz sostuvo que dichas reservas no deberían permanecer bajo control de actores que Washington considera adversarios ni, en su planteamiento, desvinculadas del bienestar de la población venezolana.

En el plano humanitario y de derechos humanos, la posición estadounidense citó de forma general la existencia de reportes internacionales sobre violaciones graves (incluidas detenciones arbitrarias y malos tratos) y el impacto regional del desplazamiento. En cifras de referencia de organismos del sistema ONU, el número de refugiados y migrantes venezolanos se ubica en casi 7,9 millones a escala global. 

Finalmente, el embajador sostuvo que Estados Unidos mantendrá su enfoque de seguridad frente al “narcoterrorismo” y reiteró que, en su narrativa, la meta de fondo es una Venezuela estable y en paz, integrada a un hemisferio con menores amenazas transnacionales.

MADURO SE DECLARA NO CULPABLE EN NUEVA YORK Y SU DEFENSA ANUNCIA DISPUTA JUDICIAL POR LEGALIDAD DE SU CAPTURA

Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, donde se declaró no culpablede los cargos penales presentados por la justicia de Estados Unidos, en su primera audiencia formal tras su captura durante el fin de semana en una operación ordenada por Washington, según reportes de prensa y autoridades estadounidenses. La diligencia fue presidida por el juez federal Alvin Hellerstein y se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, con presencia de manifestantes a favor y en contra en los alrededores del tribunal. 

Durante la audiencia —de aproximadamente media hora— Maduro utilizó audífonos para seguir la traducción al español y, a través de un intérprete, afirmó: “I am innocent. I am not guilty. I am a decent man. I am still president of my country”, antes de ser interrumpido por el juez, quien indicó que habría un momento procesal posterior para discutir objeciones más amplias. Maduro compareció con vestimenta carcelaria y grilletes en los tobillos. 

Cilia Flores, quien también enfrenta cargos federales, se declaró igualmente no culpable. El tribunal fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo, y de acuerdo con lo informado, ninguno de los dos solicitó en esta etapa la libertad bajo fianza. 

La acusación federal sostiene que Maduro incurrió en conductas vinculadas a narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas (incluida la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conforme a la tipificación estadounidense). La Fiscalía alega que el esquema habría operado durante años y que involucró alianzas con organizaciones criminales, mencionando entre ellas al cartel de Sinaloa, Los Zetas, estructuras asociadas a la FARC y la organización venezolana Tren de Aragua.

A la salida de la audiencia, el abogado defensor Barry Pollack anticipó una estrategia legal centrada en cuestionar la legalidad de lo que calificó como una “military abduction” y plantear argumentos asociados al estatus y a posibles inmunidades, aunque subrayó que, por ahora, su cliente no está solicitando su liberación. Por su parte, el abogado de Flores pidió que se le practique una evaluación médica y se le realicen exámenes, alegando que presentó lesiones durante el operativo de captura. 

GOBIERNO DE TRUMP PLANEA REUNIONES CON PETROLERAS DE EE. UU. PARA IMPULSAR PRODUCCIÓN EN VENEZUELA

La administración del presidente Donald Trump planea reunirse esta semana con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses para analizar opciones que permitan incrementar la producción de crudo en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, según una fuente con conocimiento del tema.

De acuerdo con la información, estos encuentros son considerados clave para los planes del gobierno estadounidense de facilitar el retorno de grandes empresas energéticas al país sudamericano, luego de que, hace casi dos décadas, Venezuela nacionalizara proyectos liderados por compañías de Estados Unidos. El objetivo de Washington sería aprovechar que Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, cuyo crudo puede ser procesado por refinerías especializadas en territorio estadounidense.

Sin embargo, ejecutivos del sector señalaron que las principales petroleras de Estados Unidos no han sostenido conversaciones previas con la Casa Blanca sobre operaciones en Venezuela, contradiciendo afirmaciones recientes del presidente Trump, quien aseguró haber dialogado con “todas” las compañías del sector antes y después de la captura de Maduro. “Nadie en esas tres empresas ha hablado con la Casa Blanca sobre operar en Venezuela, ni antes ni después de la salida de Maduro”, indicó una fuente de la industria.

La Casa Blanca evitó comentar detalles sobre las reuniones previstas, pero aseguró que la industria petrolera estadounidense estaría dispuesta a invertir. Un vocero afirmó que las empresas estarían listas para realizar grandes inversiones destinadas a reconstruir la infraestructura petrolera venezolana, deteriorada por años de mala gestión, falta de inversión y sanciones internacionales.

Analistas advierten, no obstante, que reactivar significativamente la producción venezolana requeriría años de trabajo y miles de millones de dólares, en medio de profundas incertidumbres sobre el futuro político del país, el marco legal y la consistencia de la política estadounidense hacia Venezuela.

Actualmente, Chevron es la única gran petrolera estadounidense que mantiene operaciones en Venezuela, exportando crudo hacia la costa del Golfo de EE. UU. bajo licencias específicas.

ESTADOS UNIDOS RECUERDA SUSPENSIÓN TOTAL Y PARCIAL DE VISAS PARA NACIONALES DE 39 PAÍSES, SEGÚN TRAVEL.STATE.GOV

El Departamento de Estado de Estados Unidos recordó hoy, a través de las redes oficiales de Travel.State.gov, la suspensión total y parcial de la emisión de visas para ciudadanos de 39 países, como parte de la implementación de la Proclamación Presidencial 10998, orientada a restringir y limitar la entrada de extranjeros para proteger la seguridad nacional.

Según la información divulgada, la medida entró en vigor el 1 de enero de 2026 a las 12:01 a.m. (hora del Este) y amplía restricciones ya existentes bajo la Proclamación 10949. El gobierno estadounidense señaló que estas decisiones responden a la aplicación de procedimientos más estrictos de evaluación y verificación de seguridad, con el fin de evitar riesgos para la seguridad nacional y el orden público.

De acuerdo con la información en Travel.State.gov, Estados Unidos suspenderá completamente la emisión de visas, tanto de inmigrante como de no inmigrante,  para nacionales de 19 países: Afganistán, Birmania, Burkina Faso, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Malí, Níger, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen, así como para personas que viajen con documentos emitidos o avalados por la Autoridad Palestina.

Estas suspensiones contemplan excepciones limitadas, como ciertos visados diplomáticos, residentes permanentes legales y casos de interés nacional.

Adicionalmente, el Departamento de Estado informó una suspensión parcial de visas para nacionales de otros 19 países, entre ellos Venezuela, Cuba, Nigeria, Angola, Senegal y Zambia, que afectará principalmente las visas de turismo y negocios (B-1/B-2), así como visas estudiantiles y de intercambio (F, M y J), además de la mayoría de visas de inmigrante. En el caso de Turkmenistán, la restricción parcial aplicará únicamente a visas de inmigrante.

La comunicación oficial aclara que la proclamación solo aplica a extranjeros que se encuentren fuera de Estados Unidos al momento de su entrada en vigor y que no posean una visa válida en esa fecha. Las visas emitidas antes del 1 de enero de 2026 no serán revocadas, y quienes ya cuenten con una visa vigente no estarán sujetos a la nueva restricción.

Finalmente, el Departamento de Estado indicó que, de manera excepcional y caso por caso, las autoridades estadounidenses podrán autorizar viajes que se consideren de interés nacional, en coordinación con los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia. Aunque los solicitantes afectados podrán presentar solicitudes y agendar entrevistas, podrían resultar inelegibles para la emisión de la visa o la admisión al país bajo las nuevas disposiciones.