En julio de 2025, el mercado laboral estadounidense mostró señales de estancamiento, con una creación de solo 73.000 empleos no agrícolas, manteniéndose prácticamente sin cambios desde abril. La tasa de desempleo se ubicó en 4,2%, estable respecto a los meses anteriores, y los indicadores clave como la participación laboral (62,2%) y la ratio empleo/población (59,6%) también mostraron poca variación. Sin embargo, se observaron aumentos en los desempleados de largo plazo y en los nuevos entrantes al mercado. Estos datos sugieren un mercado laboral que se enfría gradualmente.

El informe destaca un crecimiento sostenido en sectores como salud (+55.000 empleos) y asistencia social (+18.000), especialmente en servicios ambulatorios y hospitales. En contraste, el empleo federal volvió a caer (-12.000), acumulando una pérdida de 84.000 plazas desde enero. Otros sectores clave —incluyendo manufactura, construcción, comercio, y ocio— mostraron poca o ninguna variación, lo que apunta a una pérdida de dinamismo generalizado en el mercado laboral. Las cifras revelan una dependencia creciente del empleo público estatal y local y del sector salud.

En cuanto a los ingresos, los salarios promedio por hora aumentaron un 0,3% mensual hasta los 36,44 dólares, acumulando una variación interanual del 3,9%. También hubo una ligera alza en las horas promedio trabajadas (34,3 horas), lo que indica que algunas empresas están respondiendo a la menor creación de empleo con más horas por trabajador. Aunque el crecimiento salarial aún supera la inflación, no parece suficiente para estimular una recuperación robusta del consumo o del empleo.

Una señal preocupante fue la fuerte revisión a la baja de los datos de mayo y junio, con un recorte conjunto de 258.000 empleos respecto a lo reportado inicialmente. Estas correcciones, mayores a lo habitual, reflejan una desaceleración más marcada de lo que se pensaba. El impacto acumulado sugiere que la economía podría estar más cerca de una meseta laboral, y plantea dudas sobre la solidez del crecimiento económico en el segundo semestre del año.

En conjunto, el informe refuerza la percepción de que el mercado laboral estadounidense ha perdido tracción, con mejoras sectoriales puntuales y señales de tensión estructural, como el aumento del desempleo de largo plazo y de la población que desea trabajar pero no está buscando activamente. Para la Reserva Federal, estos datos podrían inclinar la balanza hacia mantener las tasas de interés estables o incluso considerar futuros recortes si se consolida la desaceleración económica.

TRUMP DESPIDE A LA RESPONSABLE DE LAS CIFRAS DE DESEMPLEO TRAS DATOS DECEPCIONANTES DE JULIO

El presidente Donald Trump ordenó este viernes la destitución de Erika McEntarfer, comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), tras la publicación de cifras de empleo que mostraron una desaceleración en el mercado laboral de Estados Unidos. El informe del mes de julio reveló un aumento del desempleo al 4,2% y la creación de apenas 73.000 empleos, por debajo de las expectativas de los analistas.

Trump criticó duramente a McEntarfer, a quien acusó de haber sido designada por su antecesor, el demócrata Joe Biden, y de haber manipulado datos en 2024 “para beneficiar políticamente” a la entonces candidata demócrata Kamala Harris. “Necesitamos cifras precisas”, escribió en su plataforma Truth Social, donde también anunció que será reemplazada por alguien “más competente y cualificado”.

El mandatario alegó que “una estadística tan importante no puede estar en manos de personas con intereses políticos” y defendió que bajo su gestión la economía está “floreciendo”, a pesar del decepcionante desempeño laboral reciente.

La decisión se suma a una nueva ofensiva de Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien volvió a calificar como “testarudo idiota” por negarse a bajar las tasas de interés. Trump advirtió que si Powell no recorta pronto los tipos “sustancialmente”, la Junta de la Fed “debería intervenir para lograrlo”.

Estas declaraciones llegan luego de que la Fed mantuviera esta semana su tasa clave entre 4,25% y 4,5%, en su quinta reunión del año, ignorando las presiones del presidente para estimular la economía con más agresividad.

Con las elecciones en el horizonte, Trump parece decidido a consolidar un mensaje de firmeza en materia económica, aunque sus recientes ataques a las instituciones clave como el BLS y la Fed podrían generar incertidumbre sobre la independencia técnica de los datos oficiales.

EE. UU. NO DESCARTA NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES SI CUMPLEN CONDICIONES FIJADAS POR TRUMP

El Gobierno de Estados Unidos dejó abierta este viernes la posibilidad de negociar nuevos acuerdos comerciales para reducir aranceles, aunque aclaró que solo se avanzará si las condiciones “tienen sentido” para el presidente Donald Trump. Así lo expresó Jamieson Greer, representante comercial y miembro clave en las conversaciones con China, en una entrevista con Fox News.

Según Greer, el nuevo esquema comercial estadounidense ofrece dos vías: avanzar con pactos bilaterales o aplicar aranceles como política por defecto. “Como dice el presidente, un arancel es un acuerdo”, aseguró. A partir del 7 de agosto, entrarán en vigor nuevos gravámenes superiores al 30 % para los países que no lograron cerrar acuerdos antes del 1 de agosto, cuando finalizó la tregua arancelaria.

El plan prevé un arancel base del 15 % para países con balanza comercial negativa frente a EE. UU., y un 10 % para socios con saldo positivo. Entre los que lograron acuerdos a tiempo están la Unión Europea (15 %), Reino Unido, China, Japón, Vietnam, Corea del Sur, entre otros. En cambio, Canadá fue penalizada con un aumento del 25 % al 35 % para productos fuera del T-MEC, en respuesta a sus “represalias” en la guerra comercial. Brasil recibió un castigo del 50 %, en aparente reacción al juicio contra Jair Bolsonaro.

En cuanto a México, Trump concedió una prórroga de 90 días tras hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Respecto a China, Greer afirmó que Washington mantiene conversaciones “constructivas”, aunque advirtió que EE.UU. no dudará en ejercer presión si lo considera necesario. “Tenemos ventajas: controlamos productos clave, y el dólar sigue siendo esencial para su comercio exterior”, subrayó.

El funcionario insistió en que el objetivo es evitar una guerra comercial abierta, pero que Trump está dispuesto a utilizar todas las herramientas a su disposición para proteger el interés nacional. La estrategia de la Casa Blanca combina coerción arancelaria con negociación selectiva, manteniendo la flexibilidad de ajustar su política caso por caso.

SUIZA EN SHOCK TRAS ARANCEL DEL 39% IMPUESTO POR TRUMP PESE A NEGOCIACIONES COMERCIALES

Suiza amaneció consternada tras conocerse que el gobierno de Donald Trump impuso un arancel del 39% a sus exportaciones, el más alto aplicado a un país europeo. La medida sorprendió por su severidad, superando incluso los gravámenes anticipados durante la escalada arancelaria global iniciada por Trump en abril. El Gobierno suizo había logrado un principio de acuerdo con Washington, pero este fue ignorado por la Casa Blanca, que alegó que Suiza no ofreció concesiones suficientes. Las autoridades helvéticas han expresado su decepción y aseguraron que seguirán buscando una solución negociada.

El déficit comercial de EE. UU. con Suiza, que alcanzó los 38.500 millones de dólares en 2024, fue el argumento principal de la Casa Blanca para justificar el arancel. A pesar de que el 99,3% de los productos estadounidenses ya entran sin barreras a Suiza, Washington exigía más aperturas, en un contexto marcado por una ofensiva proteccionista sin precedentes. La presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, había mantenido contacto directo con Trump y confiaba en un pacto más razonable. Sin embargo, un último intento de negociación falló horas antes del anuncio de las sanciones.

Los sectores más afectados son las exportaciones químicas, farmacéuticas, relojería y maquinaria, que representan la mayor parte del comercio suizo hacia Estados Unidos. Las amenazas de Trump también se han extendido a las grandes farmacéuticas suizas, presionadas para bajar precios en el mercado estadounidense. Suiza, además, es uno de los mayores inversores en EE. UU., con filiales que generan cerca de medio millón de empleos, lo que agrava la sorpresa por la dureza del castigo arancelario aplicado.

Desde el ámbito económico, asociaciones industriales como Economiesuisse y Swissmem han criticado duramente la decisión, calificándola de arbitraria, injustificada y perjudicial para la competitividad de Suiza frente a países como Reino Unido (10%) o la Unión Europea (15%), que lograron acuerdos más benignos. Swissmem alertó sobre el posible cierre de plantas y pérdida de miles de empleos. Las reacciones políticas también han sido contundentes: todos los partidos han urgido al Gobierno a retomar el diálogo y reforzar la cooperación europea.

Este nuevo episodio de la guerra comercial de Trump confirma una estrategia agresiva basada en el unilateralismo económico, incluso con países tradicionalmente aliados. Para Suiza, el golpe no solo tiene consecuencias económicas inmediatas, sino también geopolíticas: refuerza la urgencia de cerrar un nuevo marco institucional con la Unión Europea y de reducir su vulnerabilidad frente a decisiones imprevisibles de grandes potencias. Mientras tanto, Berna espera que el diálogo se reabra antes de que el arancel entre plenamente en vigor y profundice la crisis en su sector exportador.

TRUMP RESTABLECE EL TEST DE APTITUD FÍSICA PRESIDENCIAL Y REFUERZA EL CONSEJO NACIONAL SOBRE DEPORTE Y SALUD

El presidente Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva que revive el Presidential Fitness Test y fortalece el Consejo Presidencial sobre Deportes, Aptitud Física y Nutrición, con el fin de revertir lo que califica como una crisis nacional de salud, especialmente entre la juventud. En el documento, Trump advierte sobre el impacto del sedentarismo, la obesidad y la mala nutrición en la economía, la seguridad nacional y el rendimiento académico del país. Este paso forma parte de su agenda “Make America Healthy Again”, lanzada al inicio de su segundo mandato.

La orden revoca el decreto de 2018 y modifica el de 2002 para establecer nuevas funciones y objetivos para el Consejo, con énfasis en restablecer el Test de Aptitud Física Presidencial, que será supervisado por el Departamento de Salud y en coordinación con Educación. El objetivo es convertirlo nuevamente en una herramienta central para medir y premiar el desempeño físico estudiantil, tal como se hacía tradicionalmente desde su creación en los años 50 bajo el presidente Eisenhower.

Trump enmarca este relanzamiento en la proximidad del 250º aniversario de EE. UU. en 2026 y en la serie de eventos deportivos globales que el país acogerá, como los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Fútbol. Se busca promover un renacimiento nacional en torno al deporte, la nutrición y la excelencia física, apelando al patriotismo, la preparación militar y el liderazgo global de Estados Unidos en el deporte y la salud.

El Consejo estará integrado por hasta 30 miembros nombrados por el presidente, con una duración de dos años prorrogables. Además de asesorar al mandatario, recomendará metas de salud ambiciosas, campañas cívicas de ejercicio y nutrición, y estrategias contra amenazas como la obesidad infantil, que Trump vincula directamente con la seguridad nacional y la preparación del futuro personal militar y civil del país.

El decreto también permite la creación de subcomités, estipula el apoyo operativo del Departamento de Salud, y establece que la nueva versión del Consejo durará al menos dos años, con posibilidad de prórroga. Este movimiento refuerza la narrativa de Trump de que la recuperación del “orgullo nacional” también pasa por mejorar el cuerpo y la disciplina física de los ciudadanos, especialmente de las generaciones jóvenes.

BRASIL DESAFÍA SANCIONES DE TRUMP MIENTRAS AVANZA JUICIO CONTRA BOLSONARO POR INTENTO DE GOLPE

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, afirmó que ignorará las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump y garantizó que el juicio contra Jair Bolsonaro por su intento de revertir los resultados electorales de 2022 continuará con total independencia. En un discurso firme, De Moraes defendió la transparencia del proceso y reafirmó que no se dejarán intimidar por presiones externas, insistiendo en que todos los involucrados serán juzgados según las pruebas disponibles. El proceso se retomará en el segundo semestre de 2025.

La reacción de la Administración Trump incluyó la revocación de visados y la inclusión de De Moraes en la Ley Magnitsky, una herramienta que permite sanciones por corrupción y violaciones de derechos humanos. Como represalia adicional, se decretó un arancel del 50% a ciertas importaciones brasileñas, con argumentos políticos disfrazados de medidas comerciales. Estas acciones han tensado las relaciones bilaterales y evidencian la creciente injerencia de EE.UU. en asuntos judiciales internos de otros países. Aun así, Brasil ha respondido reafirmando su soberanía judicial.

De Moraes denunció que las maniobras de presión no solo provienen del exterior, sino también de actores internos ligados al bolsonarismo. Señaló como “traidores de la patria” a quienes intentan obstruir la justicia desde el extranjero, con aparente referencia al hijo del expresidente, Eduardo Bolsonaro, residente en EE.UU. desde hace cinco meses. Según el juez, existe una estructura organizada con intereses políticos que pretende deslegitimar el proceso judicial y forzar su archivo, lo que sería un atentado directo contra el Estado de Derecho.

La investigación también abarca una pieza separada que indaga las gestiones de Jair y Eduardo Bolsonaro ante el gobierno de Trump para condicionar decisiones judiciales brasileñas. El juez calificó estas acciones como parte de una “organización criminal miliciana” con conexiones internacionales. Denunció amenazas contra autoridades y sus familias, lo que ha incrementado la tensión institucional. A pesar de ello, reafirmó que el Supremo no cederá y que el juicio se desarrollará bajo parámetros legales y democráticos, sin excepciones.

Este conflicto marca una nueva fase en la geopolítica regional: la presión de Washington, en especial bajo Trump, combina sanciones judiciales y arancelarias como herramientas de influencia. Brasil, por su parte, se planta como un caso emblemático de resistencia judicial frente a injerencias extranjeras. Las implicaciones van más allá del caso Bolsonaro, pues podrían redefinir los límites de la soberanía legal en América Latina frente a la política exterior de Estados Unidos, y afectar el tono de las futuras relaciones diplomáticas entre ambas potencias.

JUSTICIA DE EE. UU. FRENA INTENTO DE TRUMP DE CANCELAR EL TPS: “SU PRESENCIA NO ES UN DELITO”

Una jueza federal de California bloqueó temporalmente la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de hondureños, nicaragüenses y nepalíes que residen legalmente en EE. UU. desde hace décadas. La magistrada Trina L. Thompson argumentó que la medida carece de una evaluación objetiva sobre las condiciones en los países de origen y que está influida por prejuicios raciales y xenofobia. La protección queda extendida al menos hasta el 18 de noviembre, cuando se revisará el fondo de la demanda.

Thompson criticó duramente a la administración republicana, señalando que sus decisiones están marcadas por “animadversión racial” y por un discurso que estigmatiza a los inmigrantes como criminales o amenazas. Citó expresiones de Trump y de su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como evidencia de un sesgo discriminatorio. En su fallo, recalcó que “la presencia [de los beneficiarios del TPS] no es un delito” y destacó su aporte legal y económico al país. Según la jueza, los migrantes buscan libertad y seguridad, no representan una amenaza.

La cancelación del TPS se sustentaba en el supuesto de que las condiciones en Honduras, Nicaragua y Nepal han mejorado. Sin embargo, la jueza discrepó firmemente: subrayó la persistencia de la violencia política en Honduras, las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y la inestabilidad derivada de desastres naturales en Nepal. Las cifras oficiales muestran que 72.000 hondureños, 12.700 nepalíes y 4.000 nicaragüenses han sido beneficiarios del TPS, con miles de ellos ya convertidos en residentes permanentes legales.

La política migratoria del actual gobierno republicano ha intensificado los intentos de cancelar el TPS para diversas nacionalidades. En meses recientes, Trump eliminó estas protecciones para haitianos, venezolanos, ucranianos, afganos y cameruneses, alegando que ya no enfrentan circunstancias extraordinarias. Esta ofensiva coincide con su retórica de campaña, centrada en endurecer la migración y “recuperar el control” de las fronteras. La jueza Thompson, no obstante, se desmarcó con firmeza, insistiendo en que el proceso debe guiarse por criterios legales y humanitarios.

Este fallo no solo representa una victoria judicial para los beneficiarios del TPS, sino también un revés político para Trump en su intento de desmantelar programas migratorios clave. La decisión subraya el papel del poder judicial como contrapeso frente a políticas discriminatorias y politizadas. En términos geopolíticos, también reabre el debate sobre las condiciones estructurales en Centroamérica y Asia que obligan a miles a migrar. Por ahora, la continuidad del TPS ofrece un respiro temporal, pero el litigio está lejos de resolverse definitivamente.

ESTADOS UNIDOS CIERRA CAPÍTULO EN AFGANISTÁN TRAS DESPILFARRAR US$D24.000 MILLONES

Tras 17 años de fiscalización, el Inspector Especial General para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) cerró operaciones con un informe demoledor: al menos 24.000 millones de dólares fueron malgastados durante la intervención estadounidense. El organismo, creado en 2008, documentó 1.319 casos de fraude, corrupción y despilfarro, reflejando el fracaso de la estrategia de reconstrucción. Su último balance destaca que, pese al elevado costo económico y humano, EE.UU. no logró crear una nación democrática ni libre de terrorismo, su objetivo declarado.

Entre los casos más notorios figura el esquema de los “soldados fantasma”, donde comandantes afganos inflaban nóminas para desviar sueldos financiados por EE.UU. También se expone la construcción de instalaciones inservibles, como un cuartel fronterizo de 26 millones de dólares convertido en gallinero. El informe señala que la corrupción fue tolerada por Washington para no obstaculizar metas políticas inmediatas, debilitando los cimientos de una reconstrucción sostenible. Estos errores minaron la legitimidad del proyecto desde sus inicios.

El informe también denuncia el colapso administrativo tras el fin de la misión: la fusión improvisada de USAID con el Departamento de Estado dejó a las ONG sin instrucciones claras. La falta de continuidad se evidenció cuando el mismo Departamento admitió no poder recuperar datos de programas clave porque el personal responsable había sido despedido. Este cierre desordenado contrasta con los esfuerzos finales de ayuda humanitaria posteriores a la retirada militar en 2021, canalizados mayoritariamente por organismos multilaterales.

Desde la llegada de los talibanes al poder, EE.UU. canalizó casi 4.000 millones de dólares en ayuda indirecta para aliviar la crisis humanitaria sin fortalecer al nuevo régimen. Sin embargo, esta etapa también concluyó con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que en 2025 ordenó cortar toda financiación a Afganistán. Con ello, se pone fin a 24 años de presencia económica, militar y diplomática estadounidense en el país centroasiático, marcando un punto de quiebre en su política exterior post-11S.

Este cierre deja profundas lecciones en materia de intervención extranjera, reconstrucción postconflicto y rendición de cuentas. El informe de SIGAR no solo documenta pérdidas financieras, sino también el fracaso estructural de una estrategia guiada más por metas políticas que por realismo operativo. Desde una perspectiva geopolítica, el retiro total de EE. UU. reconfigura la influencia en Asia Central, dejando un vacío que podría ser aprovechado por potencias como China, Rusia e Irán. El destino de Afganistán afirma SIGAR, queda ahora en manos del propio pueblo afgano.

EE. UU. REFUERZA PRESENCIA HUMANITARIA EN GAZA EN MEDIO DE CRECIENTE VIOLENCIA Y CAOS

El enviado estadounidense Steve Witkoff visitó este viernes un punto de reparto de alimentos en Rafah, al sur de Gaza, operado por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), según imágenes difundidas por medios locales. La visita no fue confirmada oficialmente ni por el Ejército israelí ni por voceros de la organización, pero fue interpretada como un gesto simbólico del gobierno republicano de Trump para reforzar su compromiso con la ayuda humanitaria en la región. La portavoz Karoline Leavitt aseguró que el objetivo es diseñar un nuevo plan para ampliar el suministro de alimentos a la población palestina. Trump evaluará el informe de Witkoff antes de decidir una estrategia definitiva. Esta visita representa un intento de posicionamiento diplomático en medio del conflicto.

Las condiciones en los centros de reparto son extremadamente precarias y peligrosas. Imágenes de la llegada de Witkoff muestran a ciudadanos recogiendo alimentos del suelo, mientras la zona está fuertemente militarizada. La GHF cuenta con cuatro puntos de distribución en Gaza, todos excluyendo el norte del enclave, lo que deja fuera a miles de personas necesitadas. Naciones Unidas ha criticado duramente estos centros, calificándolos como una “militarización” de la ayuda, al estar protegidos por soldados israelíes y mercenarios estadounidenses. La operación humanitaria, lejos de ser ordenada, se ha transformado en focos de violencia y caos.

La inseguridad en torno a estos puntos ha resultado en tragedias humanas. Más de 1.300 palestinos han muerto tiroteados al intentar acceder a los centros de distribución o mientras esperaban camiones con comida. Dentro de los mismos centros se ha documentado el uso de granadas de sonido y fuego real por parte de los mercenarios para controlar a la población. Testimonios recogidos por EFE muestran que los alimentos se dejan sin resguardo en la madrugada y los asistentes deben disputarlos en medio del desorden. Muchos regresan a casa con las manos vacías, alimentando el desespero social.

Durante la visita de Witkoff a Rafah se produjo un nuevo incidente fatal: un niño palestino murió por disparos cerca del punto de reparto SDS2, según reportó el Hospital Nasser. La agencia Wafa informó que cinco personas perdieron la vida en ese mismo tiroteo. Testigos aseguraron no haber visto al enviado estadounidense en el lugar, pero las imágenes difundidas coinciden en tiempo y ubicación. El suceso agrava la percepción de que la intervención estadounidense no ha logrado garantizar ni siquiera condiciones mínimas de seguridad.

La visita de Witkoff se da en un contexto en el que Estados Unidos busca reafirmar su papel en la región, pero lo hace en medio de críticas por el carácter militarizado de su ayuda. El respaldo logístico de Israel a la GHF y la falta de coordinación con agencias humanitarias internacionales como la ONU han generado tensiones diplomáticas. A nivel geopolítico, Washington intenta contrarrestar la influencia de actores como Irán y Turquía en Gaza, pero la falta de legitimidad en terreno complica su misión. Las escenas de violencia y desorden podrían debilitar aún más la narrativa humanitaria impulsada por el gobierno republicano.