Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos expresaron dudas sobre la legalidad de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, en un caso con profundas implicaciones para la economía mundial.

Tanto magistrados conservadores como liberales cuestionaron si el presidente Trump se excedió en su autoridad al imponer tarifas amparado en una ley de 1977 destinada a situaciones de emergencia nacional.

Durante más de dos horas y media de alegatos, los jueces interrogaron al procurador general D. John Sauer, representante del Gobierno, sobre si la aplicación indefinida de esa norma requería una autorización explícita del Congreso. El debate giró en torno a la llamada “doctrina de las grandes cuestiones”, que exige que las acciones del Ejecutivo con gran impacto económico o político cuenten con una autorización clara del Poder Legislativo. Varios jueces indicaron que la utilización de esta ley para fijar aranceles globales podría vulnerar esa doctrina.

Los aranceles fueron impugnados por 12 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y por empresas afectadas, tras fallos judiciales previos que consideraron que Trump había excedido su autoridad. Las tasas, que se aplican a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, podrían generar hasta billones de dólares en la próxima década. El presidente ha defendido que estas medidas fortalecen la posición del país en las negociaciones internacionales y sirven como instrumento de seguridad nacional.

El presidente Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para justificar los aranceles, argumentando que los déficits comerciales representaban una “amenaza extraordinaria” para la economía y la seguridad del país. Según Sauer, levantar los aranceles “expondría a Estados Unidos a represalias comerciales despiadadas” y debilitaría su posición frente a competidores globales. No obstante, varios jueces cuestionaron si la ley realmente concede al presidente la facultad de imponer impuestos a las importaciones.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, recordó que la Constitución otorga al Congreso la potestad de establecer impuestos y aranceles. “La imposición de tributos a los estadounidenses siempre ha sido una competencia central del Congreso”, señaló Roberts, quien añadió que las medidas de Trump parecían “recaudar ingresos” más que responder a una emergencia. La jueza Amy Coney Barrett también desafió a Sauer a identificar algún precedente histórico en el que “regular la importación” significara imponer tarifas, algo que el abogado no pudo precisar.

Trump es el primer presidente en usar la IEEPA para imponer aranceles, ampliando de forma inédita su alcance. La Casa Blanca sostiene que la ley le permite “regular el comercio” en caso de amenaza nacional, mientras que sus críticos advierten que esto distorsiona el propósito original de la norma, concebida para sancionar a enemigos extranjeros o congelar activos, no para modificar el sistema comercial global. Entre febrero y septiembre, los aranceles basados en la IEEPA generaron US$ 89 000 millones en ingresos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Durante la audiencia, el juez Samuel Alito preguntó si otra norma, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, podría servir como base alternativa para las tarifas de Trump, insinuando que la administración buscaría otros fundamentos legales en caso de un fallo adverso. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había adelantado que los aranceles permanecerían vigentes, aunque la Corte dictaminara contra la IEEPA, lo que refleja la intención del Gobierno de mantener su política comercial sin cambios sustantivos.

Varios jueces liberales subrayaron que el Congreso diseñó la IEEPA precisamente para limitar el poder presidencial. La jueza Ketanji Brown Jackson recordó que la ley “fue concebida para restringir, no expandir, la autoridad del Ejecutivo”, mientras que Elena Kagan señaló que la potestad de imponer impuestos y regular el comercio exterior son “atribuciones esenciales del Congreso”. En contraste, el juez Brett Kavanaugh mostró simpatía hacia los argumentos del Gobierno al mencionar un precedente de Richard Nixon, quien en los años 70 impuso aranceles globales bajo una norma similar.

El juez Neil Gorsuch expresó una de las preocupaciones más fuertes sobre el equilibrio de poderes, advirtiendo que aceptar la interpretación de la Casa Blanca significaría una “transferencia irreversible” de autoridad legislativa al Ejecutivo. “Si el presidente puede imponer aranceles sobre cualquier producto, de cualquier país y por cualquier tiempo, ¿qué impide al Congreso abdicar por completo de su responsabilidad?”, cuestionó. Gorsuch advirtió que esto conduciría a “una acumulación continua de poder en la rama ejecutiva”.

El fallo de la Corte Suprema podría redefinir el alcance de las facultades presidenciales en materia comercial. Una decisión contra Trump pondría en duda la legalidad de los aranceles impuestos a China, México, Canadá y otras economías, además de abrir la puerta a reclamaciones de reembolso por parte de importadores estadounidenses. Si, por el contrario, la Corte respalda a la administración, se consolidaría un precedente histórico que ampliaría el poder del Ejecutivo sobre la política económica y exterior de Estados Unidos. El Gobierno ha solicitado un fallo expedito, aunque la fecha del veredicto aún no ha sido fijada.

Claves del día

• Dudas desde el bloque conservador. El presidente de la Corte, John Roberts, y la magistrada Amy Coney Barrett cuestionaron que “regular la importación” bajo la Ley Internacional de Poderes Económicos en Caso de Emergencia equivalga a poder fijar aranceles. Subrayaron que, cuando el Congreso pretende delegar autoridad tarifaria, suele decirlo de forma explícita en otras normas.
• El antecedente de 1971 no cierra el caso. El magistrado Brett Kavanaugh indagó el episodio en que Richard Nixon impuso un recargo general del 10% a las importaciones, luego defendido con base en la Ley de Comercio con el Enemigo (en inglés Trading with the Enemy Act). Aun así, la historia legislativa posterior sugiere límites y controles cuando se autorizan aranceles excepcionales.
• Lo decidido en tribunales inferiores. Fallos previos de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos y de un Tribunal Federal de Apelaciones concluyeron que la Ley Internacional de Poderes Económicos en Caso de Emergencia no autoriza los aranceles impugnados, aunque permitieron que siguieran vigentes mientras el caso escalaba.
• La “doctrina de las preguntas de gran importancia”, en juego. Los demandantes piden aplicar el criterio según el cual, ante decisiones de enorme impacto económico, se exige autorización clara del Congreso. La novedad es si el Tribunal lo aplicará en un contexto de política comercial y emergencia declarada.
• ¿Reembolsos millonarios? Si la Corte invalida los aranceles, podría abrirse la puerta a devoluciones de pagos para importadores. La propia discusión reconoció que el volumen recaudado asciende a decenas de miles de millones de dólares, lo que anticipa complejidad operativa.

Por qué importa

• Equilibrio de poderes. Un revés a la Casa Blanca acotaría la vía de emergencias como atajo para fijar aranceles; un aval ampliaría el margen de acción unilateral del presidente en comercio exterior.
• Impacto económico directo. Más allá del litigio, los aranceles encarecen importaciones y presionan costos para empresas y consumidores; un cambio de rumbo obligaría a ajustes rápidos en precios, contratos y flujo de caja.
• Coherencia jurisprudencial. Tras limitar iniciativas de gran alcance por falta de mandato claro del Congreso en otros ámbitos, los observadores miran si la Corte será consistente cuando se trata de tarifas comerciales.

Qué mirar hacia Adelante

• Calendario probable: decisión en 2026.
• Escenarios posibles:

• Invalida el uso de la Ley Internacional de Poderes Económicos en Caso de Emergencia para aranceles amplios → posible ola de reembolsos y retorno de la discusión al Congreso.
• Valida parcialmente → autoriza tarifas más acotadas en tasa y duración, condicionadas a una emergencia definida.
• Valida plenamente → poder presidencial reforzado y precedente expansivo en política comercial.

UN DIA BUENO NO HACE TENDENCIA: LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES SIGUEN PRESENTE

Las elecciones del 4 de noviembre dejaron un mensaje mixto para el Partido Demócrata: hubo avances relevantes y mejores resultados de lo previsto, pero no un mandato para cambiar de rumbo sin matices. Más que un giro ideológico, lo que funcionó fue una propuesta práctica, centrada en el bolsillo de los votantes y defendida por candidaturas que encajan con la identidad de sus territorios.

El caso más ruidoso llegó desde Nueva York, donde un dirigente joven y abiertamente socialista conquistó la alcaldía con una ola de participación que ilusiona a la izquierda demócrata. Su victoria ratifica que los mensajes de redistribución, vivienda y servicios públicos pueden movilizar a una gran ciudad liberal. Sin embargo, Nueva York no es el termómetro del país: históricamente vota demócrata a nivel nacional, y las posibilidades de transformar de raíz la ciudad están acotadas por leyes, equilibrios institucionales y aritmética fiscal. Lo que entusiasma a su base no necesariamente traduce una receta ganadora en estados competitivos.

Las señales más replicables vinieron de las gobernaciones. En Virginia, Abigail Spanberger, exfuncionaria de seguridad nacional, y en Nueva Jersey, Mikie Sherrill, exoficial naval, construyeron mayorías cómodas sobre un relato de competencia y servicio. Su promesa fue concreta: aliviar el costo de vida, mejorar la calidad de los servicios y gestionar con eficacia. Sus biografías de servicio público, además, blindaron a ambas frente al ataque habitual de los republicanos que intenta caricaturizar a los demócratas como ajenos al patriotismo o al orden. En otras palabras, el tono moderado y la solvencia técnica resultaron más persuasivos que la grandilocuencia ideológica.

De ahí se desprenden las lecciones útiles. La primera: economía y asequibilidad deben ser el centro de gravedad. En un contexto de presión sobre los hogares, gana quien ofrece respuestas claras a problemas cotidianos —transporte que funciona, facturas más manejables, trámites que no sean un laberinto— y demuestra capacidad de cumplir. La segunda: candidatos que calzan con su territorio. Los perfiles moderados, con credenciales de servicio y una narrativa de pertenencia comunitaria, facilitan la construcción de coaliciones amplias en suburbios y condados pendulares. La tercera: evitar el papel de defensor del “status quo”. En tiempos de malestar, presentarse como continuidad burocrática es una desventaja; lo que premia el votante es cambio responsable y resultados verificables.

Nada de esto implica que la izquierda urbana carezca de valor. Su energía moviliza voluntarios, abre debates necesarios y empuja agendas sociales que, con el tiempo, pueden volverse mayoritarias. Pero convertir esa energía en victorias nacionales exige traducirla a un lenguaje pragmático, con números que cierran y prioridades ordenadas. La frontera entre inspirar y gobernar es exigente: entusiasmar al núcleo duro no basta para ganar en estados que decidirán mayorías en el Congreso o la Casa Blanca.

Persiste, además, un riesgo estratégico: la marca nacional demócrata sigue asociada —para una porción clave del electorado— a posiciones en inmigración, clima y debates raciales que perciben como alejadas de sus preocupaciones inmediatas. Cuando el partido eleva como estandarte a figuras que simbolizan su flanco más ideológico, corre el riesgo de reforzar esa distancia y de ofrecer munición a la estrategia republicana. Si la conversación pública se desplaza hacia etiquetas y no hacia soluciones, los demócratas pierden el terreno donde son más competitivos: la gestión.

La conclusión es menos épica y más operativa. Un buen día en las urnas no corrige problemas estructurales, pero sí muestra la ruta: priorizar el costo de vida, escoger candidaturas con anclaje local y rehuir la complacencia institucional. El éxito reciente de gobernadores moderados sugiere que la combinación de reformas posibles, disciplina fiscal y servicios que mejoran la vida diaria puede construir mayorías sostenibles. Nueva York aporta pasión y nuevas ideas; Virginia y Nueva Jersey, el método para convertirlas en gobierno. Entre ambos polos se juega el futuro demócrata: inspiración que moviliza, sí, pero sobre todo resultados que convencen.

EL CIERRE DE GOBIERNO ENTRA EN RECORD Y TENSIONA LA ECONOMIA

El cierre del gobierno de Estados Unidos alcanzó su día treinta y seis y ya es el más prolongado de la historia del país. Las negociaciones avanzan sin ruptura, pero tampoco muestran una salida inmediata. En el Senado, los demócratas intentan aprovechar el impulso político de las elecciones más recientes para empujar a los republicanos hacia un acuerdo que permita reabrir las agencias y normalizar el funcionamiento del aparato estatal.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se reunió con legisladores del Partido Republicano y les advirtió que el estancamiento les está pasando factura en términos políticos. En ese contexto, insistió en que la vía más efectiva para reabrir el gobierno sería eliminar la regla de obstrucción parlamentaria del Senado, un paso extraordinario que el liderazgo republicano ha rechazado hasta ahora por sus implicaciones institucionales de largo plazo.

Mientras tanto, los costos prácticos del cierre se acumulan. La Administración Federal de Aviación anunció que reducirá en un diez por ciento el tráfico aéreo en cuarenta aeropuertos a partir del viernes si no se pone fin al bloqueo presupuestal. La medida, presentada como temporal y ligada a la falta de personal y a criterios de seguridad operacional, anticipa demoras, cancelaciones y mayores costos logísticos para empresas y viajeros.

El impacto se extiende más allá de los aeropuertos. Cientos de miles de empleados federales siguen sin recibir salario o trabajan sin paga, lo que debilita el consumo en múltiples comunidades y agrava el desgaste en servicios públicos clave. La tramitación de permisos, inspecciones, programas sociales y atención en parques y oficinas gubernamentales opera a mínimos, con efectos en cadena sobre pequeñas y medianas empresas que dependen de la actividad estatal.

En el terreno político, ambas partes miden el costo de ceder. Los demócratas calculan que el clima de opinión les favorece y por eso insisten en un acuerdo que incluya sus prioridades, mientras que el Ejecutivo intenta cambiar el marco de la discusión hacia las reglas del Senado para liberar la aprobación con una mayoría simple. Sin embargo, la eliminación de la obstrucción parlamentaria abriría un precedente que podría utilizarse en el futuro contra cualquiera de los dos partidos, algo que inquieta a sectores conservadores y moderados por igual.

A corto plazo, el desenlace dependerá de si se impone una solución parcial que reabra agencias mientras se negocian los puntos de fondo, o si se alcanza un canje directo que combine reapertura inmediata con compromisos concretos de política. Si nada de eso ocurre, la presión operativa crecerá a la par de la presión política, con un país enfrentando retrasos en sus vuelos, familias con ingresos reducidos y una economía sometida a incertidumbre innecesaria.

TRUMP PIDE ELIMINAR LA OBSTRUCCIÓN EN EL SENADO MIENTRAS SE PROLONGA EL CIERRE DEL GOBIERNO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los senadores republicanos a eliminar la regla de la obstrucción como vía para poner fin al cierre del Gobierno, que ya se ha convertido en el más largo de la historia del país. Durante un desayuno en la Casa Blanca, Trump afirmó que la única forma de “reabrir el país” era terminar con esa norma, que exige una mayoría de 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes en el Senado. “Sería un error trágico no hacerlo. Es hora”, enfatizó el mandatario.

Sin embargo, su propuesta no tuvo eco inmediato entre los legisladores de su propio partido. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, rechazó la idea al señalar que no existen los votos necesarios para abolir la obstrucción. “Matemáticamente es imposible. No está ocurriendo”, declaró Thune, aunque expresó optimismo en que las conversaciones bipartidistas puedan lograr un acuerdo “en los próximos días” para poner fin al cierre gubernamental.

El llamado de Trump se produjo un día después de que el Senado fracasara por decimocuarta vez en aprobar un proyecto de financiación del Gobierno hasta el 21 de noviembre. Los demócratas se niegan a apoyar la medida mientras no se renueven ciertos créditos fiscales para ayudar a familias de bajos ingresos a pagar seguros médicos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Con los republicanos controlando solo 53 escaños, necesitan al menos ocho votos demócratas para avanzar, algo que hasta ahora no han conseguido.

La obstrucción, una práctica que permite a una minoría bloquear proyectos de ley mediante el requisito de 60 votos, es considerada por muchos republicanos como un pilar de la tradición senatorial. Algunos, como el senador Mike Rounds, reconocieron que el presidente planteó “un buen argumento”, pero advirtieron que eliminar la norma podría permitir que una futura mayoría demócrata impusiera su agenda partidista. “El Senado fue diseñado para encontrar soluciones estables a largo plazo. No podemos sacrificar eso”, afirmó Rounds.

Trump insistió en que el cierre del Gobierno, que ya cumple 36 días y supera el récord anterior de 35, está afectando la economía, las aerolíneas y los beneficios alimentarios SNAP para los más vulnerables. También atribuyó parte de las derrotas republicanas en las elecciones recientes al impacto político del cierre, que, según dijo, “ha perjudicado más a los republicanos que a los demócratas”. Pese a las resistencias, el mandatario reiteró que eliminar la obstrucción permitiría a su partido “aprobar leyes populares” y mantener el control político en el Senado.

CHINA SUSPENDE ARANCELES Y RESTRICCIONES TRAS LA TREGUA COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS

China anunció la suspensión durante un año del “arancel adicional” del 24% aplicado a productos estadounidenses, en el marco de la tregua comercial acordada la semana pasada entre el presidente Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su encuentro en Corea del Sur. La medida, que entrará en vigor el 10 de noviembre, busca “implementar los resultados y consensos alcanzados en las consultas económicas y comerciales entre ambos países”, según informó la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado.

Durante este periodo, se mantendrá vigente un gravamen adicional del 10% sobre determinados bienes de Estados Unidos, aunque Pekín no ha especificado cuáles. La decisión prolonga por doce meses la moratoria sobre los llamados “aranceles recíprocos”, anunciada inicialmente en marzo como respuesta a las tasas impuestas por Washington en el marco de la guerra comercial. La medida confirma la aplicación de los compromisos asumidos en la cumbre bilateral, donde las dos mayores economías del mundo acordaron un año de desescalada arancelaria.

El pacto de Busan contempla la reducción gradual de aranceles, la reanudación del comercio agrícola, la suspensión de los controles chinos a la exportación de tierras raras y la congelación temporal de las tasas portuarias que se habían impuesto mutuamente. En paralelo, Estados Unidos anunció una rebaja de sus aranceles medios a los productos chinos, que pasarán del 57% al 47%, mientras que Pekín eliminará gravámenes de hasta el 15% sobre bienes agrícolas y energéticos estadounidenses.

La Comisión Arancelaria destacó que la suspensión de los aranceles refleja “la voluntad de ambas partes de estabilizar el comercio global y fortalecer la cooperación bilateral”. Con esta decisión, China pretende también aliviar la presión sobre sus importadores y dar señales de confianza a los mercados internacionales, tras meses de incertidumbre provocada por la escalada arancelaria y las restricciones tecnológicas entre ambos países.

En otro anuncio complementario, el Ministerio de Comercio de China informó que levantará desde el 10 de noviembre las restricciones de exportación impuestas a 15 compañías estadounidenses y mantendrá suspendidas, por un periodo de doce meses, las aplicadas a otras 16. Estas empresas habían sido incluidas entre marzo y abril en listas de control de exportaciones que prohibían el envío de productos de doble uso —artículos con aplicaciones civiles y militares—.

Los exportadores chinos que deseen vender este tipo de artículos deberán solicitar una licencia conforme a la normativa de control de exportaciones, y las autoridades evaluarán cada caso “de acuerdo con la ley y la regulación vigente”. Según el comunicado oficial, las medidas se ajustan a “los cambios en el entorno comercial” y buscan garantizar un clima más predecible para las empresas de ambos países.

Finalmente, el Gobierno chino comunicó la suspensión de los aranceles “antidumping” impuestos en septiembre a las importaciones estadounidenses de fibra óptica monomodo con punto de corte desplazado, utilizadas en redes de telecomunicaciones de largo alcance. Los recargos, que alcanzaban hasta el 78,2% para algunas empresas, dejarán de aplicarse el 10 de noviembre. Con esta decisión, Pekín pone en marcha una serie de gestos económicos que consolidan la tregua de Busan y apuntan a un proceso gradual de distensión en la guerra comercial más prolongada de la última década.

TRUMP VUELVE A NOMINAR A EMPRESARIO Y PILOTO VINCULADO CON MUSK PARA DIRIGIR LA NASA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación de Jared Isaacman, empresario y piloto asociado a SpaceX, como nuevo Administrador de la NASA. La designación se produce cinco meses después de que el propio mandatario retirara su nombre por desacuerdos con Elon Musk, socio y amigo cercano de Isaacman. Trump destacó su trayectoria como empresario, filántropo y astronauta, afirmando que “su liderazgo abrirá una nueva era de innovación y grandeza para la exploración espacial estadounidense”.

Isaacman, fundador de la plataforma de pagos Shift4 y comandante de la misión Inspiration4 —el primer vuelo orbital civil de SpaceX—, había sido la primera elección de Trump al inicio de su segundo mandato. Sin embargo, la nominación fue suspendida temporalmente luego de la ruptura de relaciones entre el presidente y Musk, que llevó al nombramiento provisional del secretario de Transporte, Sean Duffy, al frente de la agencia.

La relación entre Trump y Musk parece haberse normalizado en las últimas semanas, y la “renominación” de Isaacman fue celebrada por el magnate con varios emoticones de alegría en su cuenta de X. Para la Casa Blanca, el regreso del empresario al proceso de confirmación refleja el interés de la administración en fortalecer la cooperación público-privada en el ámbito espacial, un eje clave de su agenda tecnológica y económica.

La nominación deberá ser aprobada por el Senado antes de que Isaacman pueda asumir oficialmente el cargo. Hasta entonces, Sean Duffy continuará como administrador interino de la NASA, supervisando las misiones en curso y los preparativos para el próximo programa lunar Artemis. Según Trump, “Isaacman representa el espíritu pionero que siempre ha definido a Estados Unidos: audacia, innovación y liderazgo en el espacio”.

PRESIDENTE TRUMP AFIRMA QUE BOMBARDEOS CONTRA “CÁRTELES TERRORISTAS” NO SE LIMITARÁN SOLO A VENEZUELA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los bombardeos ordenados por su Gobierno contra “cárteles terroristas” no se restringen únicamente a Venezuela, sino que involucran a “otros países” de la región. Durante su intervención en el America Business Forum (ABF) en Miami, el mandatario defendió la ofensiva militar que desde el 1 de septiembre ha dejado al menos 66 muertos en casi 20 embarcaciones destruidas por el Comando Sur en aguas del Caribe y del Pacífico.

“Estamos estallando cárteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de Maduro y otros. Miren, no es solo Venezuela, pero un montón de cosas están viniendo”, afirmó Trump sin precisar qué otras naciones podrían estar siendo blanco de los ataques. El mandatario justificó las operaciones señalando que “por cada embarcación bombardeada se salvan 25.000 estadounidenses”, en referencia a los cargamentos de droga que, según él, han sido destruidos antes de llegar a territorio estadounidense.

“Estamos liberando nuestras ciudades del flagelo del crimen violento, haciendo nuestro país seguro y hermoso de nuevo”, declaró Trump, al tiempo que aseguró que su administración está arrestando y deportando a “miles de peligrosos pandilleros” del MS-13 y del Tren de Aragua. “Estos son criminales, personas malas. Las estamos sacando fuera del país, de vuelta a donde vinieron. Renombramos el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra”, agregó el mandatario.

Antes de la intervención de Trump, la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, respaldó la estrategia del presidente estadounidense. “Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump la está terminando”, expresó de forma virtual en el ABF. Machado calificó a Nicolás Maduro como “jefe de una estructura narcoterrorista” y sostuvo que la política de Trump es “absolutamente correcta” para enfrentar “una guerra contra el pueblo venezolano”.

NUEVA CRITICA DE PETRO CONTRA TRUMP INCLUSIÓN EN LA LISTA OFAC

El presidente Gustavo Petro volvió a criticar su inclusión en la lista OFAC en un mensaje en redes sociales. “El presidente de la República representa la unidad nacional ante el extranjero; lo que hizo Trump contra mí y mi familia no es solo un profundo acto de grosería, sino un insulto a la nación colombiana, una humillación”, afirmó Petro en X y acusó al presidente estadounidense de actuar movido por “intereses políticos” y de atentar contra la soberanía de Colombia.

Petro también responsabilizó al secretario de Estado Marco Rubio de influir en la decisión de la Casa Blanca. “Aconsejado por Rubio, y Rubio aconsejado por su equipo en Florida —que recibió a políticos colombianos ligados familiar y directamente con la mafia de la cocaína—, ha dejado una huella imborrable, que como el robo de Panamá, nunca olvidarán las siguientes generaciones de colombianos y latinoamericanos”, escribió el jefe de Estado.

PUTIN ABRE LA PUERTA A NUEVAS PRUEBAS NUCLEARES TRAS EL ANUNCIO DE WASHINGTON

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Rusia analizará la posibilidad de retomar pruebas de armas nucleares si Estados Unidos u otros países firmantes del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares reanudan esas detonaciones. Afirmó que Moscú “ha cumplido y sigue cumpliendo” sus compromisos, pero que respondería de forma “apropiada y proporcional” si otros dan el primer paso. La advertencia llega después de que en Estados Unidos se anunciara la reactivación de programas de pruebas, lo que encendió las alarmas sobre una eventual ruptura del tabú nuclear vigente desde los años noventa. 

El telón de fondo es doble. Por un lado, el propio Putin ha presumido en días recientes de avances en sistemas estratégicos, incluida la prueba de “Poseidón”, un torpedo submarino de propulsión nuclear pensado para burlar defensas y generar daños masivos en costas enemigas. Ese mensaje forma parte de una campaña de disuasión y señalamiento político que Moscú usa para presionar a Occidente en plena guerra contra Ucrania. Por otro lado, en Washington hubo confusión inicial tras un mensaje presidencial sobre retomar pruebas; sin embargo, el secretario de Energía aclaró después que, si se realizan, no implicarían explosiones nucleares, sino ensayos “no críticos” para verificar componentes del arsenal. 

La situación es especialmente sensible porque, aunque el tratado de prohibición de ensayos nunca entró formalmente en vigor, estableció un paréntesis global: Rusia revocó en 2023 su ratificación, pero asegura que mantendría la moratoria si Estados Unidos no prueba; y Estados Unidos, que firmó pero nunca ratificó, no detona un arma desde 1992, apoyándose en programas de simulación y verificación. Reabrir el ciclo de pruebas implicaría costos políticos y ambientales, y pondría en cuestión décadas de control de armamentos. 

En el terreno práctico, Rusia ha repetido que su polígono de Novaya Zemlya está técnicamente listo para ensayos en caso de una orden política, un recordatorio de que la capacidad no se ha perdido y de que los tiempos de preparación —de meses a años, según expertos— podrían acelerarse si se diera luz verde. La sola posibilidad presiona a aliados y rivales por igual y añade volatilidad a una agenda ya cargada de conflictos y sospechas de rearme.