El Senado, de mayoría republicana, votó 50 a 49 en la madrugada del sábado, poco antes del receso legislativo, para confirmar a Todd Blanche al frente del Departamento de Justicia. Blanche, exabogado personal del presidente Donald Trump, dirigía la agencia de forma interina desde abril, cuando Trump destituyó a la entonces fiscal general Pam Bondi, y se convierte en el segundo fiscal general confirmado de este mandato y en el titular número 88 del cargo. En una publicación en X, Blanche se declaró "profundamente honrado" por la confianza depositada por Trump y agradeció a los senadores haber sesionado hasta tarde para completar el proceso.

La votación cerró una batalla de confirmación inusualmente accidentada, marcada por reparos, de republicanos y demócratas, sobre la independencia del Departamento de Justicia frente a la Casa Blanca. Se opusieron las senadoras republicanas Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska), además de toda la bancada demócrata; el republicano Mitch McConnell no participó en la votación. Buena parte de las objeciones se concentró en un controvertido acuerdo derivado de la demanda de Trump contra el IRS: bajo presión, Blanche se comprometió por escrito a desistir del fondo de compensación de USD1.800 millones propuesto para aliados del presidente y a limitar la parte del acuerdo que protegería a Trump y a su familia de auditorías fiscales.

Ese compromiso resultó decisivo para el senador republicano Bill Cassidy, quien anunció su respaldo el viernes y definió la mayoría. Cassidy, que perdió sus primarias este año ante un rival respaldado por Trump, sostuvo que la decisión "no es un referéndum sobre el presidente Trump", sino sobre el candidato en circunstancias específicas, y sugirió que la experiencia de Blanche como abogado defensor podría hacerlo más eficaz para exponer los límites legales de las exigencias presidenciales. El presidente del Comité Judicial, el republicano Chuck Grassley, respaldó a Blanche y afirmó que ha dirigido el departamento "con distinción".

Blanche, exfiscal federal en Nueva York, alcanzó notoriedad como abogado principal de la defensa de Trump, incluido el juicio por los pagos de dinero en Nueva York y los dos casos penales federales presentados durante la administración Biden. Ingresó al Departamento de Justicia el año pasado como subprocurador general bajo la dirección de Bondi, con la supervisión de las operaciones diarias y como rostro público en asuntos de alto perfil, entre ellos la divulgación de millones de archivos vinculados al fallecido financista Jeffrey Epstein.

Sus partidarios sostienen que su trayectoria como fiscal federal y la confianza ganada ante Trump lo hacen más apto para explicar a la Casa Blanca las restricciones legales de sus demandas, y han elogiado sus esfuerzos frente a la delincuencia violenta, la inmigración irregular y el narcotráfico. No es claro si Blanche logrará satisfacer las expectativas de Trump con mayor éxito que Bondi. Poco después de asumir de forma interina, el Departamento de Justicia inició un proceso para acusar a Comey por una publicación en redes sociales, caso cuya desestimación piden sus abogados al alegar irregularidades procesales. Blanche también designó a Joseph diGenova, exfiscal de la era Reagan, para supervisar en Florida una investigación sobre una presunta conspiración de exfuncionarios de seguridad e inteligencia contra Trump, aunque aún no se sabe si derivará en cargos penales.

El Senado, de mayoría republicana, aprobó en una votación durante la madrugada del sábado, por 90 votos a favor y 6 en contra, un proyecto de ley para mantener la financiación de las agencias federales hasta el 11 de diciembre y evitar un cierre de Gobierno. De no prorrogarse los fondos, la Administración se quedaría sin financiación el 30 de septiembre, con el consiguiente cierre a partir del 1.º de octubre. La actuación es inusual por su antelación: el Senado abordó el asunto casi dos meses antes del vencimiento del año fiscal.

El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde su trámite es incierto, pues el texto del Senado difiere de la versión que esa cámara ya había aprobado. Entre las diferencias figuran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quedan financiados hasta el final del mandato presidencial, y un bloqueo temporal a una norma propuesta sobre subvenciones federales.

Tanto republicanos como demócratas han manifestado su intención de evitar un cierre en plena campaña, que dejaría sin sueldo a miles de empleados federales, afectaría el funcionamiento de las principales agencias e incluso podría generar problemas en el tráfico aéreo. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, situó la aprobación de la financiación entre sus prioridades antes del receso legislativo de cinco semanas.

El trasfondo son los cierres registrados en el último año. El más largo de la historia, de 43 días, se extendió entre octubre y noviembre de 2025 y se originó en el desacuerdo sobre la extensión de los subsidios a los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), que la oposición demócrata buscaba prorrogar. A comienzos de este año, una disputa distinta dejó sin financiación durante varias semanas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de que legisladores demócratas condicionaran los fondos en el marco del debate sobre el control migratorio, tras la muerte de dos personas a manos de agentes federales de inmigración en Mineápolis.

En las elecciones legislativas del 3 de noviembre estará en juego el control del Congreso, donde la mayoría republicana respalda la agenda de la Administración de Donald Trump.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolgadr, condicionó la reapertura del tráfico marítimo por Ormuz una modificación en la postura de Washington, de acuerdo con un comunicado recogido por la agencia estatal IRNA. Entre las seis condiciones, Teherán reclama el levantamiento del bloqueo naval, el fin de las sanciones, la liberación de los activos iraníes bloqueados y una compensación por los daños de lo que calificó como dos guerras impuestas, punto que, según el funcionario, ya figuraba en el memorando de entendimiento firmado a mediados de junio.

Zolgadr agregó como exigencias el cese de las amenazas contra Irán, el fin de las operaciones militares contra el país y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, y la retirada de las fuerzas estadounidenses desplegadas en torno a la República Islámica. Sostuvo que se trata de las demandas del pueblo iraní y afirmó que la institución no cederá ni en el plano militar ni en la mesa de negociación.

Las declaraciones se sumaron a las de otros altos cargos iraníes. El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, condicionó la reapertura a que Estados Unidos compense sus presuntas violaciones del memorando de junio, y anunció que Irán está "muy cerca" de un acuerdo con Omán sobre el mecanismo jurídico, la gestión del paso y la definición de las rutas de navegación. Por su parte, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Mohebí, señaló que la reapertura dependerá de que Washington acepte plenamente las condiciones de Teherán y deje de interferir en las negociaciones regionales.

Omán, país ribereño del estrecho, calificó de positivas las conversaciones con Teherán, pero advirtió que los ataques contra buques en esa ruta, donde Irán ha realizado varias operaciones recientes, podrían afectar las negociaciones. El pronunciamiento omaní se produjo poco después de que Emiratos Árabes Unidos denunciara un ataque iraní contra un buque cisterna de la petrolera estatal ADNOC en el estrecho, una acusación sobre la que Irán no se ha pronunciado.

Irán anunció a mediados de julio un nuevo cierre de Ormuz, por donde, antes de la guerra, transitaba cerca del 20 % del crudo mundial, en medio de ataques cruzados con Estados Unidos. Washington respondió restableciendo el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes, lo que paralizó las negociaciones en el marco del memorando de entendimiento para la paz suscrito el 17 de junio.

La prolongación del cierre de Ormuz mantiene la presión sobre los precios internacionales del petróleo, los costos de fletes y seguros marítimos y la estabilidad de las cadenas de suministro energético. Un eventual acuerdo entre Teherán y Omán sobre las rutas de navegación podría aliviar parte de esa presión, aunque las condiciones planteadas por Irán y los incidentes contra buques mantienen la incertidumbre sobre los plazos.

Gremios que respaldan buena parte de la agenda económica del presidente Donald Trump están llevando sus reparos migratorios directamente a los departamentos de Seguridad Nacional, Trabajo y Agricultura y a la Casa Blanca, según CNN. Aunque la escasez de mano de obra es un problema de años en varios sectores, los gremios sostienen que el reciente fin de las protecciones contra la deportación para 1,3 millones de personas que trabajaban legalmente en el país, junto con la intensificación de los controles a nivel nacional, agrava la situación. Tres fuentes conocedoras del debate interno indicaron a CNN que la tensión entre las inquietudes de la industria y la aplicación de la ley migratoria ha generado desacuerdos dentro de la administración sobre cómo abordar los controles en los lugares de trabajo.

En el centro de la discusión está el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, cuestionado por sectores de la base del mandatario que lo perciben como flexible en materia migratoria. En la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores, Mullin afirmó que una fuerza laboral indocumentada "solo fomenta la actividad ilegal" y no impulsa la economía a largo plazo, y pidió cambios en los programas de visas de trabajo para atender la escasez de personal. Sus declaraciones generaron reacciones de figuras del movimiento MAGA, la activista Laura Loomer escribió en X que está "harta de Markwayne Mullin", y horas después el funcionario publicó en esa red que no contempla una amnistía y que quienes se encuentren de forma irregular en el país serán detenidos y deportados.

El episodio ilustró el equilibrio que enfrenta la administración entre impulsar deportaciones, que alcanzan, por ejemplo, a trabajadores de la construcción, y cumplir otras promesas, como reducir los precios de la vivienda. Jim Tobin, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), dijo a CNN que ambos objetivos podrían estar en conflicto y que el gremio continúa exponiendo su posición, sin que, según él, la administración haya ofrecido garantías más allá de su compromiso con la aplicación de la ley. Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional respondió que quienes quieran trabajar en el país deben hacerlo por la vía legal, mientras que la vocera de la Casa Blanca, Lauren Bis, sostuvo que no faltan trabajadores estadounidenses para ampliar la fuerza laboral.

La presión más reciente proviene del endurecimiento de las medidas contra beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite residir y trabajar legalmente en el país. Jennie Murray, presidenta del Foro Nacional de Inmigración, calificó esa ofensiva como particularmente fuerte y advirtió que inquieta a las empresas y a la economía; de acuerdo con la organización, los haitianos suelen concentrarse en el cuidado de adultos mayores y la manufactura, y los salvadoreños en riesgo de perder el TPS, en la construcción. Los partidarios de una política más estricta sostienen que debe priorizarse la fuerza laboral estadounidense y reforzarse la fiscalización en los lugares de trabajo; Simon Hankinson, investigador de la Heritage Foundation, señaló que esa vigilancia debe ser parte de la estrategia, aunque reconoció que no es viable inspeccionar todas las fábricas y granjas en pocas semanas. El asesor de la Casa Blanca para asuntos fronterizos, Tom Homan, ha dicho públicamente que espera que ese tipo de operaciones se intensifique.

En la construcción residencial, el déficit se estima entre 200.000 y 400.000 trabajadores, según Tobin, tras décadas de baja inversión en oficios especializados. Los trabajadores extranjeros representaron más de una cuarta parte de la fuerza laboral del sector en 2024, un máximo histórico según datos de la NAHB, y superan la mitad en oficios como la instalación de paneles de yeso, la pintura y la colocación de pisos. Michael Bellaman, presidente de la Asociación de Constructores y Contratistas (ABC), resumió el panorama como "caótico", mientras Brian Turmail, de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC), advirtió que resulta difícil encontrar y reemplazar mano de obra en medio de la creciente demanda de centros de datos.

En el plano legislativo, un grupo de congresistas republicanos pidió a finales de julio a los secretarios de Trabajo, Estado y Seguridad Nacional atender las demoras y barreras del programa de trabajadores agrícolas temporales H-2A. El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, G.T. Thompson, presentó un proyecto que propone una vía de legalización temporal para algunos trabajadores agrícolas indocumentados, iniciativa que generó rechazo entre los sectores más restrictivos del partido, como el Caucus de la Libertad. La administración, por su parte, ha buscado extender el H-2A a sectores como el lácteo; Trey Forsyth, de la Federación Nacional de Productores de Leche, subrayó que las vacas deben ordeñarse los 365 días del año y que las afectaciones a la mano de obra terminan trasladándose al costo de los productos lácteos hasta el consumidor.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó el sábado que avanza para dotar de cámaras corporales a todos sus agentes de campo antes de finales de agosto, una expansión acelerada que podría ofrecer un registro visual sin precedentes de las operaciones federales de control migratorio. La difusión de ese material, no obstante, dependerá en buena medida de la propia agencia.

ICE defendió su política de cámaras corporales frente a los cuestionamientos sobre las disposiciones que permiten a su dirección retener o aplazar de forma indefinida las grabaciones tras lesiones graves o muertes bajo custodia. El director interino, David J. Venturella, sostuvo que esas restricciones buscan proteger las investigaciones y la privacidad, y que son coherentes con la ley federal y con las políticas de otras agencias federales de aplicación de la ley.

La declaración de Venturella respondió a un informe de la agencia Associated Press (AP) sobre la política de ICE, que incluye una disposición que contempla la difusión acelerada de imágenes tras una lesión grave o una muerte bajo custodia cuando se determine que conviene a los intereses de la agencia. Venturella afirmó que AP tergiversó la política al confundir esa disposición con la facultad más amplia de ICE para divulgar grabaciones, y precisó que no deben difundirse imágenes cuando ello pueda comprometer investigaciones o la privacidad.

La agencia se encuentra bajo escrutinio desde el tiroteo mortal, en julio, contra un conductor de 25 años en Maine a manos de un agente de ICE con antecedentes de comportamiento violento. Días antes, otro agente había dado muerte a un constructor de viviendas de Houston cuando se dirigía a su trabajo. Ninguno de los dos hechos quedó registrado con cámaras corporales. Venturella reiteró que ICE mantiene su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

En su reporte, AP citó al profesor de sociología Christopher Schneider, de la Universidad de Brandon (Canadá), quien señaló que la difusión selectiva de grabaciones es habitual en algunas agencias policiales, aunque por lo general no se plantea de forma tan explícita en la política. El informe también recordó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), agencia hermana de ICE, no ha divulgado las imágenes del tiroteo mortal contra Alex Pretti, ocurrido en enero en Mineápolis; su comisionado, Rodney Scott, indicó a los legisladores que el material forma parte de una investigación y que se haría público cuando resultara apropiado.

La nómina no agrícola de Estados Unidos se contrajo en 23.000 puestos en julio, según el informe divulgado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), en contraste con la creación de cerca de 83.000 empleos que anticipaban los analistas. El resultado supuso un giro respecto de los meses previos de crecimiento positivo. De manera simultánea, la tasa de desempleo descendió levemente, de 4,2% a 4,1%.

El descenso del desempleo, sin embargo, no obedeció a una mayor contratación, sino a la salida de personas del mercado laboral. La tasa de participación cayó a 61,4%, su nivel más bajo en más de cinco años, mientras la fuerza laboral se redujo en 264.000 personas y el empleo medido por la encuesta de hogares retrocedió en 87.000. Varios economistas advirtieron que la mejora del indicador responde a una razón desfavorable, la falta de trabajadores, y señalaron que la inmigración, que en los primeros años de la expansión pospandemia había compensado el envejecimiento de la fuerza laboral, ya no cumple ese papel.

El panorama se debilitó también en retrospectiva. Las cifras de los dos meses anteriores fueron revisadas a la baja: mayo pasó de 129.000 a 63.000 empleos y junio, de 57.000 a 20.000, lo que dejó el promedio mensual de los últimos doce meses en apenas 34.000 puestos.

Por sectores, las pérdidas se concentraron en el gobierno local, encabezado por la educación pública, con unos 50.000 empleos menos, y en el comercio minorista, que restó 19.000. En sentido contrario, el empleo privado aumentó en cerca de 30.000 puestos y el sector salud sumó unos 22.000.

El informe llegó en un entorno de inflación persistente, en torno al 3,5 %, por encima de la meta del 2% de la Reserva Federal, y con precios de la energía todavía elevados: la gasolina promediaba unos 4,04 dólares por galón, alrededor de un 36 % más que a finales de febrero, cuando se inició el conflicto con Irán. Ante los datos más débiles, las probabilidades de un alza de tasas en la reunión de septiembre de la Fed disminuyeron. El BLS precisó, además, que los datos de octubre de 2025 no se recolectaron por el cierre del Gobierno federal.

La combinación de un mercado laboral que pierde impulso, inflación por encima de la meta y costos energéticos altos configura un entorno de mayor incertidumbre sobre las decisiones de la Reserva Federal, la demanda del consumidor estadounidense y la trayectoria del principal mercado de exportación de la región. Es un escenario relevante para las compañías con exposición al mercado de Estados Unidos y sensibles a la evolución de las tasas de interés y del dólar.

Amazon reconoció que respalda financieramente una planta privada de gas en el condado de Pecos, en el oeste de Texas, conocida como GW Ranch y desarrollada por Pacifico Energy. De acuerdo con los permisos previamente presentados, la instalación contaría con 35 turbinas y una capacidad de 7,65 gigavatios, superior a la de cualquier planta de gas actualmente en operación en el país. La información fue revelada inicialmente por la firma de inteligencia de mercado Cleanview, que vinculó, mediante imágenes satelitales, tres permisos de construcción de centros de datos presentados esta semana por Amazon con el proyecto energético.

Según el permiso ambiental, la planta estaría autorizada a emitir más de 30 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año, cifra que la ubicaría por encima de cualquier otra fuente individual del país, aunque las instalaciones rara vez operan en su tope autorizado. Grupos ambientales y analistas advierten que, si bien las plantas de gas contaminan menos que las de carbón, siguen siendo fuentes significativas de emisiones y de fugas de metano, además de partículas finas, óxidos de nitrógeno y otros contaminantes atmosféricos.

El proyecto responde a un modelo de generación aislada de la red, conocido como behind-the-meter, en el que la planta operaría de forma independiente del sistema eléctrico de Texas, al menos inicialmente, para suministrar energía directamente al campus de centros de datos. Este esquema permite a las empresas tecnológicas sortear las demoras de conexión a la red y poner en marcha con mayor rapidez sus operaciones de inteligencia artificial. La práctica, impulsada inicialmente por xAI con turbinas móviles en Memphis en 2024, es hoy seguida por otras grandes tecnológicas como Meta, Microsoft y Oracle; según estimaciones de Cleanview, hay cerca de 97 gigavatios de proyectos de este tipo en distintas etapas de planeación.

Amazon sostuvo que mantiene su compromiso de alcanzar cero emisiones netas en 2040 en el marco de su Climate Pledge y que ha habilitado 40 proyectos de energía libre de carbono por cerca de 10 gigavatios en Texas. La compañía argumentó que, al generar su propia energía, evita trasladar el costo a los consumidores, cuyas facturas eléctricas han aumentado a medida que las empresas de servicios públicos cobran la nueva infraestructura asociada al auge de la IA; un vocero afirmó que Amazon asume el costo completo de alimentar sus operaciones.

El caso ilustra una transformación estructural en la demanda energética asociada a la inteligencia artificial y en las estrategias corporativas de abastecimiento eléctrico. La proliferación de plantas privadas aisladas de la red plantea implicaciones para los mercados eléctricos, la inversión en centros de datos, las cadenas de suministro tecnológico y los criterios ambientales y de sostenibilidad que las compañías con exposición a estos sectores suelen monitorear.