La Embajada de Colombia en Washington respondió a los cuestionamientos de funcionarios y congresistas de Estados Unidos por el fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe. En un comunicado oficial, la sede diplomática reafirmó la independencia del poder judicial colombiano y rechazó cualquier señalamiento de instrumentalización política. Recordó que la separación de poderes es un principio constitucional esencial, respaldado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La delegación también pidió respeto por la institucionalidad colombiana.

El pronunciamiento surge tras las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y de congresistas republicanos, quienes calificaron la condena como un uso político de la justicia. Frente a esto, la Embajada enfatizó que Uribe ha tenido acceso pleno al debido proceso, con garantías procesales intactas. El exmandatario aún cuenta con dos recursos adicionales para apelar el fallo. La misión diplomática subrayó que el caso se ha desarrollado dentro del marco legal previsto.

En el comunicado, la Embajada señala que tras la renuncia de Uribe al Senado en 2020, el expediente fue trasladado al sistema de justicia ordinaria. La Fiscalía presentó cargos en 2023 y el juicio comenzó en febrero de 2024. El reciente fallo de primera instancia ha generado reacciones encontradas tanto en Colombia como en el exterior. La Embajada recalcó que el sistema judicial colombiano está preparado para asegurar imparcialidad en todas las etapas. La institucionalidad nacional, señaló, merece plena confianza de la comunidad internacional.

En Washington, algunos congresistas republicanos han comparado el proceso judicial contra Uribe con prácticas autoritarias de gobiernos de izquierda en la región. En respuesta, la Embajada reiteró que Colombia es una democracia sólida, con mecanismos de control y equilibrio entre los poderes del Estado. El comunicado también recordó que el respeto por la legalidad es un pilar del orden democrático colombiano. Cualquier insinuación de persecución política, dijo, desconoce el funcionamiento real de la justicia nacional.

La Embajada expresó su disposición a mantener el diálogo con actores políticos y diplomáticos estadounidenses para aclarar inquietudes. La relación bilateral con Estados Unidos, añadió, se basa en principios compartidos de institucionalidad y estado de derecho. En un momento de alta polarización interna, la delegación pidió evitar interpretaciones erradas que puedan afectar la confianza mutua. El respeto por la soberanía judicial es clave para preservar los valores democráticos que unen a ambos países, concluyó.

En medio del creciente debate, el presidente Gustavo Petro también se pronunció y pidió expresamente a la Embajada de Estados Unidos en Colombia no interferir en los asuntos judiciales del país. A través de un mensaje público, recordó el sacrificio de jueces, magistrados y fiscales colombianos en la lucha contra el narcotráfico, muchos de los cuales han sido asesinados en cumplimiento de su deber. Petro afirmó que esas muertes reflejan una valentía histórica que merece respeto, incluso por parte de quienes han sido sus aliados internacionales. Además, solicitó a las asociaciones de jueces y trabajadores judiciales estadounidenses expresar su solidaridad con la justicia colombiana, a su juicio injustamente señalada por un gobierno extranjero.

Por su parte, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, también destacó su descontento con la situación. “Una de las tendencias más preocupantes de nuestro tiempo es el uso de los sistemas judiciales como arma contra los oponentes políticos. Nuestras diferencias políticas deberían resolverse en las urnas, no en los tribunales. Obviamente, esto no significa que nadie deba gozar de inmunidad ante la aplicación neutral de la ley, pero los fiscales y jueces deben garantizar que la ley se aplique de forma neutral a los adversarios políticos. Lamentablemente, esto no ha sucedido en la gran nación de Colombia. Ese país tiene una orgullosa tradición de independencia judicial, por la que muchos jueces han pagado con sus vidas, pero esa tradición ahora se ha visto manchada por la sentencia de ayer contra el expresidente Álvaro Uribe. Como amigo de Colombia, espero y confío en que las cortes de apelaciones colombianas pongan fin a este abuso procesal y judicial.”

En contraste, el Representante demócrata, Jim McGovern, a través de su cuenta de X, señaló que el proceder del Secretario de Estado, Marco Rubio, fue incorrecto, a propósito del mensaje del funcionario.

McGovern afirmó: “La administración de Trump dice que los líderes extranjeros no deberían estar sujetos al estado de derecho si dicen cosas agradables sobre Trump.

[Secretario Rubio] Es un grave error apoyar la impunidad de un hombre fuerte que rinde cuentas ante los tribunales de su propio país. Esta declaración es vergonzosa, y usted lo sabe”.

Finalmente, según El Tiempo, el exembajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, comentó que no está claro si la administración Trump adoptará con Colombia una postura similar a la que tomó con Brasil durante el caso Bolsonaro. Según Whitaker, aunque Uribe cuenta con aliados importantes en Washington, no mantuvo una relación cercana con Trump como sí lo hizo el exmandatario brasileño. “El expresidente Uribe tiene aliados muy importantes en Washington, pero no tuvo una relación con Trump como la tuvo Bolsonaro. Y, como sabemos, con Trump todo es personal”, puntualizó el exdiplomático.

MINCOMERCIO MENCIONA QUE COLOMBIA NEGOCIA BAJO RESERVA CON EE. UU. PARA FRENAR ARANCEL DEL 10 %

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia confirmó que el país adelanta conversaciones técnicas y confidenciales con el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de reducir o eliminar el arancel base del 10 % impuesto por Washington a productos colombianos.

La ministra Diana Marcela Morales informó que el pasado 16 de julio envió a su contraparte en EE. UU. una carta formal, estratégica y estructurada, en la que solicitó la revisión del esquema arancelario y propuso una hoja de ruta en construcción. Según la ministra, existe una disposición bilateral para avanzar en un entendimiento técnico que permita mitigar los efectos del arancel sobre sectores sensibles de la economía nacional. Sin embargo, el proceso sigue bajo un acuerdo de confidencialidad, de acuerdo con información atribuida por medios al Ministerio de Comercio.

Sin embargo, se entiende que estos intercambios no constituyen una negociación formal, sino que corresponden a una fase preparatoria de diálogo técnico y estratégico, orientada a resolver temas pendientes, identificar puntos de fricción e identificar condiciones habilitantes para una futura negociación estructurada. El objetivo de esta etapa es que, cuando se abra una mesa formal de negociación, Colombia llegue con el camino despejado y con una posición nacional sólidamente construida.

Este espacio de interlocución y la existencia de canales activos de comunicación son valorados. No obstante, se reconoce que Colombia enfrenta un rezago frente a otros países que iniciaron sus gestiones con antelación y con mayor volumen de comercio bilateral con EE. UU. En la práctica, el país se encuentra en una especie de “lista de espera técnica”, lo que exige redoblar esfuerzos institucionales y presentar una propuesta integral, sólida y técnicamente robusta.

Aunque el arancel del 10 % aún no ha generado impactos críticos generalizados, sí ha afectado la competitividad de sectores que compiten directamente con países que gozan de acceso preferencial, como México. Esta situación ha tenido efectos en productos clave de exportación y, de no corregirse, podría traducirse en mayores desventajas para Colombia frente a otros socios comerciales. Desde la Cámara Colombo Americana se advierte que la falta de una respuesta oportuna podría impactar negativamente el empleo, la inversión extranjera y los encadenamientos productivos nacionales.

Frente a este panorama, el Gobierno colombiano ha reiterado que preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense constituye una prioridad estratégica, no solo para mantener el dinamismo exportador, sino también para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo formal. En esa línea, ha planteado una estrategia integral que articula diplomacia económica, diálogo público-privado y acercamientos con el Congreso estadounidense, con el fin de explicar y sustentar los argumentos del país.

La ventana de oportunidad sigue abierta, pero se estrecha con el paso del tiempo. El costo de no lograr una solución concertada y a tiempo podría ser elevado para la economía nacional, especialmente en un contexto de competencia global creciente y reajuste en las cadenas de valor.

EMPRESARIOS ESPAÑOLES RECHAZAN ACUERDO ARANCELARIO ENTRE EUROPA Y EE. UU

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) manifestó su “más absoluto rechazo y máxima preocupación” frente al nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, que establece un arancel fijo del 15% a las exportaciones europeas. La organización considera que el pacto, lejos de responder a una negociación equilibrada, es producto directo de la presión ejercida por la administración Trump, que ha amenazado repetidamente con mayores restricciones comerciales.

Según la entidad, el nuevo arancel rompe con los principios del libre comercio, genera inseguridad jurídica y supone un retroceso frente al sistema multilateral que rige las relaciones económicas internacionales. Además, alerta que el acuerdo otorga a EE. UU. un margen amplio para modificar sus condiciones de forma arbitraria, dejando a las empresas europeas expuestas y sin capacidad real de respuesta.

La CEOE advierte que la medida fragmenta los mercados internacionales y perjudica especialmente a sectores industriales conocidos, golpeando con mayor fuerza a algunas compañías sin criterios claros. Esto, según su análisis, crea un entorno de competencia desigual, reduce la competitividad de las exportaciones y debilita la posición global de las empresas españolas, que operan en un contexto ya marcado por alta incertidumbre.

En su comunicado, la organización empresarial reitera su apoyo a acuerdos que fortalezcan el multilateralismo, aseguren un marco previsible para el comercio y fomenten la cooperación transatlántica. Sin embargo, afirma que este acuerdo no cumple ninguno de esos objetivos, sino que contribuye a la inestabilidad global y mina los principios de un sistema basado en reglas claras y estables.

Por último, alerta que las consecuencias del pacto podrían ser más profundas si no se corrigen sus términos, ya que abre la puerta a un proteccionismo renovado liderado por EE. UU. y sienta un precedente negativo para futuras negociaciones. Concluye que la respuesta europea debe ser firme y orientada a restablecer condiciones justas para el comercio entre ambos bloques.

RECAUDO POR ARANCELES EN EE. UU. ALCANZA RÉCORD MENSUAL EN JULIO, CON US$150.000 MILLONES ACUMULADOS EN 2025

El Gobierno de Estados Unidos recaudó cerca de US$28.000 millones en aranceles durante julio, marcando el mayor valor mensual del año y elevando el total acumulado en 2025 a un récord de US$150.000 millones, según datos del Departamento del Tesoro. Esta cifra supera el anterior máximo registrado en junio (US$27.000 millones) y refleja el fuerte incremento desde enero, cuando los ingresos por aranceles eran de apenas US$7.900 millones.

El alza coincide con la fase final del cronograma arancelario global del presidente Donald Trump, quien ha logrado en la última semana acuerdos comerciales clave con la Unión Europea y Japón. La administración estima que estos tributos podrían generar más de US$300.000 millones al cierre del año.

No obstante, aunque los mayores ingresos han sido presentados como un logro fiscal, expertos advierten que el costo real recae sobre las empresas estadounidenses, que enfrentan mayores impuestos a las importaciones, lo que podría trasladarse a los consumidores mediante precios más altos.

FMI MEJORA SU PRONÓSTICO GLOBAL ANTE TREGUA PARCIAL EN LA GUERRA COMERCIAL

El Fondo Monetario Internacional elevó ligeramente su previsión de crecimiento mundial para 2025 al 3%, dos décimas por encima del cálculo previo. El organismo reconoce cierta resiliencia en la economía global frente a la reciente oleada arancelaria impuesta por Estados Unidos, aunque advierte que la recuperación sigue siendo frágil. Las tensiones comerciales han cedido moderadamente, lo que ha suavizado el impacto temido inicialmente. Sin embargo, los niveles de aranceles siguen siendo históricamente altos. La incertidumbre comercial persiste como un riesgo relevante.

La revisión llega pocos días después del acuerdo comercial entre EE. UU. y la Unión Europea, que impone un arancel del 15% a las exportaciones europeas, lo cual el FMI considera una cesión significativa. Pese a ello, la suspensión de medidas adicionales por parte de Washington ha evitado escenarios más adversos. La institución destaca que solo unos pocos países han logrado acuerdos comerciales estables. El sistema multilateral, base del orden económico actual, sigue bajo presión ya que Trump ha desafiado directamente las reglas de ese marco.

En el caso de España, el FMI mantiene su previsión de crecimiento para 2025 en 2,5%, consolidándola como la economía desarrollada con mejor desempeño del año. Para 2026, se anticipa una moderación al 1,8%, aunque aún en los primeros puestos del ranking. La revisión estable refleja tanto la fortaleza del consumo como la resiliencia del sector exterior español. No obstante, el FMI advierte que las mejoras no son homogéneas. El crecimiento se sustenta en un entorno externo todavía volátil.

Entre los factores que han amortiguado el golpe comercial destacan tres: el adelanto de exportaciones antes de la entrada en vigor de los aranceles, condiciones financieras más laxas y un mayor estímulo fiscal en economías clave. Además, la depreciación del dólar ha mejorado la competitividad de otras regiones. El FMI cree que estos elementos han impulsado momentáneamente la actividad económica en Europa y Asia. Sin embargo, no garantizan una recuperación sostenida. La debilidad estructural persiste en varios frentes.

Finalmente, el organismo encabezado por Kristalina Georgieva advierte que, a pesar de la aparente estabilización, la economía global sigue expuesta a riesgos geopolíticos, financieros y comerciales. La incertidumbre en torno a la dirección de la política estadounidense añade presión sobre las decisiones de inversión y comercio. El FMI reclama acuerdos duraderos que refuercen el multilateralismo y den previsibilidad al entorno económico. La recuperación dependerá, en buena parte, de la capacidad de los países para evitar una nueva escalada arancelaria.

POLÍTICAS MIGRATORIAS DE TRUMP AGRAVAN LA CRISIS DE CUIDADO DE ADULTOS MAYORES EN EE. UU.

Las nuevas restricciones migratorias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump han provocado una crisis en el sector de cuidado a adultos mayores, especialmente en Florida, donde hasta el 75% de los cuidadores son inmigrantes. La revocación de permisos como el parole humanitario y el Estatus de Protección Temporal (TPS) ha dejado a miles sin autorización para trabajar, lo que ha obligado a centros de atención a reducir personal y poner en riesgo la continuidad del servicio.

Los efectos han sido especialmente duros en el sur de Florida, donde se concentra la mayor parte de esta fuerza laboral. Muchas empresas han tenido que despedir a empleados con años de experiencia, afectando no solo su operatividad, sino también el bienestar emocional de los pacientes, que pierden vínculos construidos con sus cuidadores. El proceso para sustituir a estos trabajadores es lento y costoso, lo que genera pérdidas económicas y desorganización interna.

Organizaciones como LeadingAge y el sindicato SEIU han advertido que estas políticas están debilitando una infraestructura esencial para millones de personas. Argumentan que los inmigrantes no solo ocupan funciones críticas, sino que representan una parte fundamental de un sistema ya tensionado por bajos salarios, altos costos operativos y una creciente demanda de atención geriátrica en EE. UU.

Estudios recientes vinculan directamente la escasez de personal con un deterioro en la calidad de los cuidados, incluyendo el uso excesivo de sedantes en residencias. La falta de cuidadores ha obligado a algunas instituciones a operar con menos personal o incluso a considerar reducir su capacidad de atención. Esto afecta no solo a los usuarios actuales, sino al sistema en su conjunto, especialmente ante el envejecimiento acelerado de la población.

Tanto expertos como operadores del sector coinciden en que la situación podría volverse insostenible si no se revierte la actual política migratoria. Urgen al Gobierno a establecer vías legales permanentes y estables para trabajadores extranjeros en el cuidado a largo plazo. Sin ello, advierten, el sistema corre el riesgo de colapsar, afectando no solo a los inmigrantes, sino a millones de familias estadounidenses.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR REPUNTA A 97,2: MEJORA EL OPTIMISMO, PERO PERSISTEN DUDAS SOBRE EL FUTURO

The Conference Board dio a conocer el índice de confianza del consumidor en Estados Unidos, el cual aumentó a 97,2 puntos, marcando una mejora de 2,0 puntos frente al dato revisado de junio (95,2). Este repunte refleja una leve recuperación del optimismo de los hogares, impulsada por un avance de 4,5 puntos en el Índice de Expectativas, que se ubicó en 74,4. No obstante, esta última cifra continúa por debajo del umbral de 80 que suele anticipar recesiones, prolongando esa señal por sexto mes consecutivo. En contraste, el Índice de Situación Actual retrocedió 1,5 puntos y se situó en 131,5, evidenciando una percepción menos favorable sobre las condiciones actuales de negocios y empleo.

La mejora en las expectativas respondió a una menor preocupación por el empleo y las condiciones económicas futuras, así como a un leve optimismo respecto a los ingresos. Sin embargo, los consumidores siguen mostrando inquietud sobre la situación laboral presente: el 18,9 % indicó que los empleos eran difíciles de conseguir, el nivel más alto desde marzo de 2021. A pesar de ello, el 30,2% aún percibe que los empleos son abundantes.

El repunte en la confianza fue liderado por consumidores mayores de 35 años y se observó en casi todos los niveles de ingreso, salvo entre los hogares que ganan menos de 15.000 dólares al año. Por afinidad política, la confianza aumentó entre republicanos y se mantuvo estable entre demócratas e independientes. Entre las principales preocupaciones siguen figurando los aranceles y la inflación, a pesar de que las expectativas inflacionarias a 12 meses cayeron levemente a 5,8%.

En cuanto al gasto, los planes de compra de vehículos y viviendas disminuyeron, mientras que las intenciones de adquirir productos electrónicos subieron ligeramente. Las intenciones de gasto en servicios mostraron debilidad por segundo mes consecutivo, destacando una caída en categorías como restaurantes, transporte y viajes. Aunque comer fuera sigue siendo la principal categoría de gasto en servicios, también fue una de las más afectadas en julio.

Finalmente, la percepción sobre las tasas de interés mostró una leve moderación: menos consumidores esperan subidas, y más anticipan caídas, especialmente en hipotecas y préstamos para vehículos. Aun así, los consumidores creen que las tasas de tarjetas de crédito serán las más propensas a subir. En conjunto, el informe sugiere una estabilización de la confianza, aunque aún persiste una actitud precavida frente al panorama económico.

ESTADOS UNIDOS REPLANTEA SU VISION SOBRE DIVERSIDAD E INCLUSION BAJO LA ADMINISTRACION TRUMP

La administración del presidente Donald Trump ha iniciado una ofensiva institucional para desmontar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que durante años se promovieron desde agencias federales, universidades y entidades contratistas. Lo que está ocurriendo no es simplemente un giro en el enfoque del gobierno, sino una reconfiguración profunda de los principios sobre los cuales se estructuraban las políticas públicas orientadas a la equidad.

A través de órdenes ejecutivas emitidas en enero de 2025, el presidente ordenó la eliminación de oficinas dedicadas a DEI en el gobierno federal, revocó directrices que exigían enfoques inclusivos en la contratación y prohibió expresamente cualquier requisito relacionado con diversidad en contratos públicos. Estas medidas han sido complementadas con nuevas disposiciones que limitan el uso de inteligencia artificial en las agencias federales, estableciendo que no podrán emplearse modelos que contengan enfoques relacionados con justicia racial, teoría crítica de la raza, identidad de género u otros conceptos considerados como parte de la llamada “wokeness”.

Además, el gobierno ha empleado instrumentos de presión indirecta, como la amenaza de retención de fondos federales o el bloqueo de fusiones empresariales, para incentivar que instituciones privadas y universidades abandonen iniciativas de inclusión. Esto ha generado un efecto de autocensura o retirada progresiva de programas de diversidad en distintos sectores. Casos como las investigaciones abiertas a universidades como Duke y George Mason, o la reciente renuncia del presidente de la Universidad de Virginia, ilustran el impacto que estas políticas están teniendo en el mundo académico.

Aunque la administración argumenta que su enfoque promueve la meritocracia, sus críticos advierten que en realidad se está sustituyendo un modelo de inclusión por una versión ideológica controlada desde el poder ejecutivo, lo que plantea interrogantes sobre la neutralidad institucional y la pluralidad en una sociedad diversa. En la práctica, el gobierno ha convertido la política pública en un mecanismo para moldear el discurso cultural del país, utilizando el aparato estatal no solo para desmantelar políticas existentes, sino para imponer una visión alternativa de lo que debe entenderse por diversidad.