La política arancelaria de Estados Unidos volvió a quedar atrapada entre dos fuerzas que avanzan en direcciones opuestas: por un lado, la administración de Donald Trump logró mantener temporalmente vigente el arancel global de 10% a las importaciones; por el otro, el propio Gobierno ya procesa miles de millones de dólares en devoluciones por gravámenes anteriores que la justicia consideró ilegales.

La decisión más reciente vino de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, que suspendió de manera temporal el efecto de un fallo del Tribunal de Comercio Internacional contra el arancel global de 10% impuesto bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Con esa suspensión administrativa, los gravámenes pueden seguir aplicándose provisionalmente mientras avanza la apelación presentada por el Gobierno. La medida no resuelve el fondo del debate, pero sí mantiene viva, por ahora, una de las principales herramientas comerciales de presión de la Casa Blanca. 

El caso tiene un alcance jurídico y económico relevante. El Tribunal de Comercio Internacional había considerado ilegal la aplicación de esos aranceles para los demandantes —dos empresas importadoras y el estado de Washington—, pero no ordenó una suspensión universal del cobro. Washington logró participar en la demanda por pagos realizados a través de la Universidad de Washington, una institución pública que importa equipos e insumos para investigación. El tribunal señaló, además, que la reparación debía limitarse a quienes tenían legitimación directa en el proceso, evitando convertir el caso en una orden de alcance general. 

La suspensión concedida por la Corte de Apelaciones le da oxígeno temporal a la administración Trump, pero no elimina la fragilidad jurídica de la medida. Los demandantes cuentan ahora con un plazo para oponerse a una suspensión más prolongada, mientras el tribunal evalúa si mantiene congelado el fallo de primera instancia durante el trámite de apelación. En términos prácticos, el arancel de 10% sigue vigente para los actores cobijados por la pausa judicial, pero su permanencia continúa dependiendo de una disputa legal aún abierta. 

El trasfondo es más amplio. Este arancel global fue adoptado después de que la Corte Suprema limitara buena parte de los gravámenes que la administración Trump había impuesto previamente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida como IEEPA. Esa decisión obligó al Gobierno a buscar nuevas bases legales para sostener su estrategia comercial, entre ellas la Sección 122, que permite medidas temporales frente a desequilibrios en la balanza de pagos. 

Mientras ese nuevo frente judicial avanza, Estados Unidos enfrenta una consecuencia fiscal y operativa de gran magnitud: la devolución de aranceles ya cobrados. De acuerdo con documentos presentados ante la justicia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, había procesado al 11 de mayo US$35,46 mil millones en reembolsos, incluyendo intereses, por aranceles declarados ilegales. La agencia reportó 126.237 solicitudes recibidas y 86.874 validadas, correspondientes a 15,1 millones de entradas de importación elegibles. De ese universo, 8,3 millones de operaciones ya tenían calculado el monto de devolución. 

La escala del proceso explica la tensión institucional. En total, hasta US$166 mil millones cobrados bajo IEEPA podrían estar sujetos a devolución. El sistema diseñado para administrar esos pagos, conocido como CAPE, fue desarrollado por CBP para procesar un volumen inusual de reclamaciones, que involucra a más de 330.000 importadores y más de 53 millones de operaciones de importación. 

El resultado es una política comercial en transición permanente. Las empresas enfrentan simultáneamente aranceles que pueden seguir cobrándose, decisiones judiciales que cuestionan su legalidad, reembolsos que comienzan a materializarse y nuevos litigios que pueden modificar nuevamente el panorama. Para los importadores estadounidenses, el debate no es solo jurídico: afecta costos, flujo de caja, precios, contratos, inventarios y decisiones de abastecimiento.

Para los socios comerciales de Estados Unidos, el mensaje también es claro. La política arancelaria dejó de ser únicamente un instrumento de negociación comercial para convertirse en un campo de disputa entre el Ejecutivo, los tribunales, el Congreso y los operadores económicos. La administración Trump mantiene su intención de usar los aranceles como herramienta de presión, pero cada nuevo fundamento legal será sometido a escrutinio judicial.

En ese contexto, la incertidumbre no proviene solamente de la existencia de un arancel, sino de su estabilidad. Una tarifa que se aplica hoy, se suspende mañana, se devuelve parcialmente después y reaparece bajo otra base legal genera un entorno complejo para las cadenas de suministro y para los países que buscan preservar acceso competitivo al mercado estadounidense.

La conclusión es prudente, pero contundente: Estados Unidos no ha cerrado el capítulo arancelario; lo ha trasladado a una etapa más judicializada, más técnica y más incierta. La política comercial sigue siendo una prioridad de la Casa Blanca, pero su ejecución dependerá cada vez más de la capacidad del Gobierno para demostrar que sus instrumentos no solo son políticamente útiles, sino legalmente sostenibles.

LA INFLACIÓN EN EE.UU. ESCALA A 3,8% IMPULSADO POR LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA

La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse en abril y alcanzó 3,8% interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023, impulsada principalmente por el aumento en los precios de la gasolina derivado de la guerra con Irán. Según el Departamento de Trabajo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,6% frente a marzo, mientras que los precios de la gasolina aumentaron 5,4% en el mes y más de 28% frente al mismo periodo del año anterior.

El impacto energético se ha convertido en uno de los principales focos de presión para los hogares estadounidenses, especialmente después de que Irán restringiera el paso por el estrecho de Ormuz tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. La interrupción parcial del tránsito marítimo en una ruta por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo disparó las cotizaciones internacionales del crudo y elevó rápidamente los precios de los combustibles en Estados Unidos.

Aunque la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, mostró un comportamiento más moderado con un aumento de 2,8% interanual, otros bienes esenciales también comenzaron a registrar incrementos. Los precios de los alimentos aumentaron 0,7% entre marzo y abril, impulsados principalmente por mayores costos en productos cárnicos, mientras que distintos sectores productivos ya advierten señales de debilitamiento en el consumo y en la confianza de los hogares.

El deterioro del poder adquisitivo empieza además a reflejarse en los salarios reales. En abril, el ingreso promedio por hora cayó 0,3% frente al año anterior una vez descontada la inflación, lo que representó la primera disminución anual en tres años. Economistas advirtieron que el aumento en el costo de vida está absorbiendo completamente las mejoras salariales y obligando a muchas familias a reducir gastos discrecionales, especialmente en bienes no esenciales.

Las empresas también comenzaron a reportar impactos directos derivados del conflicto y del deterioro de la demanda. Whirlpool informó que sus ingresos trimestrales cayeron cerca de 10% y calificó el entorno actual como una contracción comparable a una recesión para el sector industrial. Consumidores consultados por medios estadounidenses señalaron que el aumento en gasolina, alimentos y servicios básicos está obligando a limitar gastos en ropa, entretenimiento y compras no prioritarias.

El nuevo escenario inflacionario también complica las perspectivas para la Reserva Federal, que había sido presionada por Donald Trump para recortar tasas de interés este año. Sin embargo, el banco central ha adoptado una postura más cautelosa mientras evalúa cuánto tiempo persistirá el conflicto en Medio Oriente y si el aumento de los precios energéticos termina trasladándose de manera más amplia al resto de la economía estadounidense.

EL SENADO CONFIRMA A KEVIN WARSH COMO NUEVO GOBERNADOR DE LA FED

El Senado de Estados Unidos aprobó la nominación de Kevin Warsh como nuevo gobernador de la Junta de la Reserva Federal, con una votación de 51 votos a favor y 45 en contra, abriendo el camino para que asuma próximamente la presidencia del banco central estadounidense. La confirmación se produce pocos días antes de que concluya el mandato de Jerome Powell como presidente de la Fed, aunque Powell continuará como miembro de la junta hasta 2028.

Warsh, de 56 años y exgobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011, fue propuesto por Donald Trump en enero para reemplazar a Powell. Debido a la mayoría republicana en el Senado, su designación como presidente del banco central requiere únicamente mayoría simple, una meta que parece alcanzable luego de que el senador demócrata John Fetterman anunciara públicamente que respaldará su nombramiento.

La llegada de Warsh ocurre en un momento complejo para la economía estadounidense, después de que la inflación anual alcanzara 3,8% en abril, el nivel más alto desde 2023. El aumento en los precios de la energía y de los alimentos, impulsado por la guerra con Irán y las tensiones en los mercados petroleros, ha limitado la capacidad de la Reserva Federal para avanzar hacia recortes de tasas de interés y ha incrementado la presión sobre la política monetaria.

El proceso también estuvo marcado por fuertes tensiones entre la administración Trump y la Reserva Federal durante los últimos meses. La Casa Blanca promovió intentos de destitución contra miembros clave de la junta, incluyendo a Lisa Cook, mientras el Departamento de Justicia abrió y posteriormente archivó una investigación relacionada con Jerome Powell y un proyecto de renovación de la sede del banco central. La Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la legalidad de los intentos de remover a Cook de su cargo.

En paralelo, las discusiones dentro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) han mostrado crecientes divisiones frente al rumbo de las tasas de interés. En la más reciente reunión, tres miembros respaldaron modificar el lenguaje oficial para mantener abierta la posibilidad de nuevos incrementos de tasas, en medio de una inflación persistente y señales mixtas en el mercado laboral estadounidense.

Durante su audiencia de confirmación, Warsh buscó despejar dudas sobre una posible influencia política de la Casa Blanca sobre la Fed y afirmó que mantendrá la independencia institucional del banco central. “Absolutamente no seré un títere del presidente”, declaró ante el Senado. Los mercados financieros ahora descuentan que la Fed mantendrá las tasas sin cambios en junio, aunque aumenta la expectativa de una eventual subida antes de finalizar el año si las presiones inflacionarias continúan elevadas.

UNITED AIRLINES RETOMA OPERACIONES EN VENEZUELA DESPUÉS DE CASI UNA DÉCADA

United Airlines anunció que restablecerá en agosto los vuelos directos entre Houston y Caracas, una ruta suspendida desde 2017 y que vuelve a operar tras casi una década de interrupción. El primer vuelo está previsto para el 11 de agosto, con salida desde el Aeropuerto Internacional George Bush de Houston hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana.

La decisión convierte a United en la segunda aerolínea en reactivar una conexión directa entre Estados Unidos y Venezuela, después de que American Airlines retomara el 30 de abril sus vuelos entre Miami y Caracas. Ese regreso marcó el reinicio del servicio aéreo comercial de pasajeros entre ambos países tras siete años de suspensión y abrió la puerta a una recuperación gradual de las rutas bilaterales.

El anuncio también tiene una lectura política y económica, porque ocurre mientras Washington y Caracas avanzan en la reconstrucción de canales de cooperación tras años de ruptura diplomática, sanciones y restricciones de movilidad. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó que el vuelo de United representa “otro avance emocionante en la relación” entre los dos países y señaló que la conexión será relevante para transportar trabajadores del sector energético, en medio de los esfuerzos por ampliar la producción y generar nuevas oportunidades económicas.

La suspensión de vuelos directos se remonta al endurecimiento de la política estadounidense hacia Venezuela durante el primer mandato de Donald Trump, cuando el Departamento de Transporte ordenó en 2019 frenar las operaciones comerciales y de carga hacia el país sudamericano por motivos de seguridad. Ahora, la reactivación de rutas por parte de American Airlines y United muestra un cambio en la relación bilateral, en la que la conectividad aérea vuelve a convertirse en una herramienta para facilitar movilidad, negocios y una recomposición más amplia de los vínculos económicos.

PRESIDENTE TRUMP ASEGURA QUE BUSCARÁ LA LIBERACIÓN TOTAL DE PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración trabajará para lograr la liberación de “todos” los presos políticos que permanecen detenidos en Venezuela, en medio del acercamiento entre Washington y Caracas tras meses de recomposición diplomática. Durante declaraciones ante periodistas en la Casa Blanca, Trump afirmó que su Gobierno continuará presionando para ampliar las excarcelaciones y sostuvo que ya se han conseguido avances importantes con la liberación de numerosos detenidos políticos.

El mandatario también sorprendió al elogiar públicamente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al señalar que “está haciendo un gran trabajo” y afirmar que “el pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado”. Trump vinculó además el nuevo momento de la relación bilateral con la llegada de compañías petroleras estadounidenses al país sudamericano, asegurando que “Exxon, Chevron y todas las grandes compañías están entrando” nuevamente a Venezuela, impulsadas por la flexibilización de restricciones y la apertura gradual del sector energético.

Aunque el Gobierno venezolano comenzó a liberar presos políticos desde enero, organizaciones de derechos humanos sostienen que todavía permanecen cientos de personas detenidas por razones políticas y advierten que las excarcelaciones siguen siendo parciales. Diversos sectores opositores han criticado a la Casa Blanca por no exigir con mayor firmeza una liberación total ni acelerar un calendario electoral claro para una transición democrática, pese al respaldo que Washington ha dado a la administración temporal encabezada por Rodríguez.

Las declaraciones de Trump se producen mientras Estados Unidos y Venezuela avanzan en un proceso de normalización política y económica tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de este año. Desde entonces, Washington ha respaldado un esquema de transición dividido en fases de estabilización, reconstrucción y reorganización institucional, al tiempo que ha flexibilizado sanciones y promovido el regreso de inversiones energéticas y conexiones aéreas entre ambos países.

En medio de ese acercamiento, Trump volvió además a generar polémica al bromear sobre la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos, una idea que fue rechazada tanto por Delcy Rodríguez como por la líder opositora María Corina Machado. Rodríguez respondió que Venezuela es “un país soberano” y descartó cualquier posibilidad de integración política con Estados Unidos, insistiendo en que la relación bilateral debe construirse sobre cooperación y respeto mutuo.

RENUNCIA EL JEFE DE LA FDA EN MEDIO DE PRESIONES POLÍTICAS Y CRÍTICAS DE LA INDUSTRIA

El director de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA), Marty Makary, presentó su renuncia apenas 13 meses después de haber sido confirmado para liderar la principal agencia reguladora sanitaria del país. Su salida se produjo tras meses de tensiones con ejecutivos farmacéuticos, grupos antiaborto, empresas de cigarrillos electrónicos y sectores conservadores cercanos al presidente Donald Trump, que cuestionaban distintas decisiones regulatorias tomadas durante su gestión.

Makary, cirujano e investigador reconocido por sus críticas a las medidas sanitarias durante la pandemia de COVID-19, llegó al cargo respaldado por sectores republicanos y con la promesa de reducir trámites regulatorios dentro de la FDA. Sin embargo, enfrentó dificultades para estabilizar la agencia luego de despidos masivos, cambios constantes de liderazgo y conflictos internos relacionados con decisiones científicas que, según críticos y funcionarios, terminaron condicionadas por intereses políticos impulsados desde la Casa Blanca y por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Uno de los principales focos de controversia estuvo relacionado con las políticas sobre vacunas y medicamentos. Vinay Prasad, el principal colaborador de Makary en temas de vacunas y biotecnología, fue removido dos veces de la agencia después de enfrentamientos con farmacéuticas especializadas y organizaciones de pacientes con enfermedades raras. Bajo su liderazgo, la FDA endureció revisiones sobre nuevas vacunas contra el coronavirus y tratamientos experimentales, generando choques con empresas del sector y con funcionarios técnicos de carrera.

Las tensiones también aumentaron por la presión de grupos antiaborto que acusaban a Makary de retrasar decisiones para restringir el acceso a la píldora abortiva mifepristona, autorizada en Estados Unidos desde hace 25 años. Estas organizaciones exigían revertir las normas que permiten enviar el medicamento por correo, mientras que sectores ligados a la industria del vapeo reclamaban que la FDA bloqueaba la aprobación de nuevos cigarrillos electrónicos saborizados considerados fundamentales para la supervivencia comercial del sector.

Aunque la FDA aprobó recientemente nuevos lineamientos más flexibles para productos de vapeo y autorizó por primera vez cigarrillos electrónicos con sabores frutales, la decisión no logró contener las críticas. Donald Trump se limitó a declarar que Makary “es un gran médico” y reconoció que estaba atravesando “algunas dificultades” dentro de la agencia. Mientras tanto, Kyle Diamantas, actual jefe del área de alimentos de la FDA y abogado cercano al entorno de Donald Trump Jr., asumiría de manera interina la dirección del organismo.

Durante su gestión, Makary intentó acelerar revisiones de medicamentos mediante procesos simplificados, uso de inteligencia artificial y mecanismos de aprobación rápida para tratamientos considerados estratégicos para los intereses nacionales de Estados Unidos. Sin embargo, varias farmacéuticas cuestionaron la falta de estabilidad y previsibilidad regulatoria dentro de la agencia, especialmente después de que múltiples medicamentos para enfermedades raras recibieran nuevas objeciones o solicitudes de estudios adicionales pese a haber obtenido previamente aval técnico de funcionarios de carrera.

La salida de Makary deja además incertidumbre sobre el futuro de varias reformas regulatorias impulsadas durante el último año, muchas de las cuales aún no han completado el proceso legal requerido para convertirse en normas permanentes. Legisladores demócratas ya cuestionaban la legalidad de algunos de esos programas acelerados de aprobación de medicamentos, mientras la Casa Blanca deberá ahora definir un reemplazo permanente que deberá ser confirmado nuevamente por el Senado.

DEPARTAMENTO DE ESTADO IMPONE RESTRICCIONES DE VISAS A SOCIOS DE REDES DE TRÁFICO DE FENTANILO

El Departamento de Estado anunció nuevas restricciones de visas contra 13 personas vinculadas a KS International Traders, una farmacia en línea con sede en India señalada por las autoridades estadounidenses de participar en el tráfico ilícito de fentanilo hacia Estados Unidos. Según Washington, la organización habría distribuido cientos de miles de píldoras falsificadas mezcladas con fentanilo ilícito, afectando a consumidores que desconocían la composición real de los medicamentos adquiridos.

La medida se produce después de que el presidente Donald Trump designara el fentanilo como un “arma de destrucción masiva” mediante la firma de una Orden Eejcutiva, elevando la prioridad de las acciones federales contra las redes de narcotráfico vinculadas a opioides sintéticos. El Departamento de Estado indicó que las sanciones migratorias fueron adoptadas bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad y estarán dirigidas contra personas consideradas colaboradoras cercanas de las operaciones comerciales de KS International Traders y de su propietario.

Washington sostuvo que las restricciones forman parte de una estrategia más amplia para desmantelar cadenas internacionales de producción y distribución de drogas sintéticas, particularmente aquellas que utilizan plataformas digitales y farmacias ilegales para ingresar sustancias ilícitas al mercado estadounidense. Las autoridades estadounidenses reiteraron que el tráfico de fentanilo continúa siendo una de las principales amenazas de salud pública y seguridad nacional para el país.

El Gobierno estadounidense también destacó la cooperación con India para enfrentar estas redes criminales y afirmó que ambos países mantienen un compromiso conjunto para interrumpir los flujos de narcóticos y perseguir a quienes participan en el tráfico ilegal de opioides. El Departamento de Estado advirtió que las personas implicadas en actividades relacionadas con el envenenamiento de ciudadanos estadounidenses mediante fentanilo serán privadas de ingreso a territorio estadounidense.

EE.UU. IMPONE RESTRICCIONES DE VISAS A FUNCIONARIOS DE SUDÁN DEL SUR

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visas contra integrantes del Gobierno transitorio de Sudán del Sur, acusándolos de obstaculizar el acuerdo de paz firmado tras la guerra civil y de alimentar el conflicto mediante actos de corrupción. El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que las medidas se adoptan bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad y estarán dirigidas contra personas vinculadas con el incumplimiento del alto el fuego y con actividades que han debilitado el proceso de estabilización del país africano.

Washington aseguró que durante años las autoridades sursudanesas han retrasado la implementación del Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur (R-ARCSS), firmado originalmente durante el primer mandato de Donald Trump. Según el Departamento de Estado, organismos internacionales de investigación han documentado casos en los que funcionarios y entidades privadas desviaron recursos del tesoro nacional y fondos de ayuda internacional destinados a la población civil.

La administración estadounidense también señaló directamente a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF), controladas por el presidente Salva Kiir, por operaciones militares en el estado de Jonglei del Norte que habrían provocado el desplazamiento de cerca de 300.000 personas. Además, Estados Unidos afirmó que existen reportes creíbles sobre violaciones de derechos humanos y asesinatos motivados étnicamente contra miembros de la comunidad nuer, una de las principales etnias del país.

El Departamento de Estado reiteró que continuará utilizando herramientas diplomáticas y sancionatorias para promover rendición de cuentas contra funcionarios, militares y actores vinculados con corrupción y violencia en Sudán del Sur. Washington sostuvo que seguirá respaldando a la población sursudanesa y defendió que las medidas buscan presionar avances reales en materia de paz, estabilidad institucional y protección humanitaria.

EL PENTÁGONO ELEVA A US$29 MIL MILLONES EL COSTO DE LA GUERRA CON IRÁN

El Pentágono elevó a US$29 mil millones el costo estimado de la guerra con Irán, una cifra que representa un incremento de aproximadamente US$4 mil millones frente al cálculo presentado hace apenas dos semanas. Durante una audiencia en el Congreso, el director financiero interino del Departamento de Defensa, Jules Hurst III, explicó que los costos continúan ajustándose a medida que avanzan las operaciones militares y se actualizan las necesidades logísticas y de mantenimiento.

La nueva estimación se conoció el mismo día en que Estados Unidos reportó un aumento de la inflación hasta 3,8% interanual en abril, el nivel más alto desde mayo de 2023. El dato estuvo impulsado, en parte, por el encarecimiento de la energía derivado de la guerra y de las tensiones en Medio Oriente, un factor que ha comenzado a trasladarse a combustibles, transporte y costos industriales, generando nuevas presiones sobre la economía estadounidense y complicando el panorama para la Reserva Federal.

En paralelo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, compareció ante la Cámara de Representantes y el Senado para defender la solicitud presupuestaria de US$1,5 billones para el Pentágono el próximo año. Sin embargo, ese monto no incorpora todavía el paquete separado que cubriría los costos específicos de la guerra con Irán, lo que ha generado críticas de legisladores que exigen mayor claridad sobre el impacto fiscal del conflicto y sobre los recursos necesarios para sostener las operaciones militares en la región.

Durante la audiencia, congresistas demócratas cuestionaron la falta de información detallada sobre gastos relacionados con mantenimiento de buques, reabastecimiento de municiones, combustible, reparación de instalaciones y reposición de equipos destruidos. La congresista Betty McCollum advirtió que el Capitolio necesita conocer con precisión cuánto costará financiar la campaña militar, especialmente en un momento en que el deterioro fiscal y las presiones inflacionarias se han convertido en una preocupación creciente para los mercados y para la discusión presupuestaria en Washington.

La discusión ocurre además en medio de un frágil alto el fuego y de negociaciones inciertas entre Washington y Teherán. El presidente Donald Trump aseguró que no tiene prisa por cerrar un acuerdo de paz que no cumpla con los objetivos estratégicos de Estados Unidos e Israel, argumentando que el bloqueo naval sobre las costas iraníes mantiene ventaja para Washington en la mesa de diálogo. Sus declaraciones reflejan que, pese a los esfuerzos diplomáticos, la administración todavía contempla un escenario prolongado de presión militar y económica sobre Irán.